La presidenta municipal de Copala, la perredista Guadalupe García Villalva, se deslindó ayer de la privación de la libertad y el asesinato del coordinador municipal del PVEM, Jesús González Ríos y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para coadyuvar en las investigaciones.
En conferencia de prensa que se difundió por Facebook, la alcaldesa “condenó” y “repudió” los hechos y pidió la colaboración de las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones y se llegue al esclarecimiento de la privación de la libertad y el homicidio del dirigente del PVEM.
“Guadalupe García Villalva es la primera interesada en que se realicen las investigaciones y va a coadyuvar en lo que realicen y decidan las dependencias. En Copala podemos tener diferentes formas de pensar, diferentes ideologías religiosas y militar en diferentes partidos políticos pero nunca hemos sido enemigos”, dijo.
La alcaldesa rechazó las acusaciones en su contra, y dijo: “a estas personas que se han empeñado en seguir difamando a mi persona los invito para que presenten las pruebas ante las instancias correspondientes”, en referencia a quienes la han responsabilizado del homicidio en las redes sociales, derivado del video que dejó el ahora occiso en el que la acusa de haberlo mandado a amenazar de muerte a través de un grupo armado.
La alcaldesa envió sus condolencias a los familiares de la víctima y les dijo que el Ayuntamiento está dispuesto a coadyuvar para que se realicen las investigaciones necesarias.
“Yo, Guadalupe García Villalva, estoy abierta a cualquier investigación. Soy una madre de familia y con estas cosas que han pasado en México, en Guerrero y en la Costa Chica, también somos vulnerables y tememos por nuestra vida”.
Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayuden para concretar la paz en Costa Chica.
Expresó que va a seguir trabajando en su oficina del Palacio Municipal hasta el último día de su gobierno, “porque el que nada debe nada teme y vamos a seguir luchando para que juntas y juntos evitemos que pasen estas tragedias tan lamentables”.
Dijo que la violencia no está solamente en Copala, sino en toda la región, en el estado y en el país y pidió a sus paisanos a organizarse para ayudar a la gobernadora y al presidente de la Republica para que ya no sigan pasando estas “terribles tragedias”.
“Desde el día de hoy me pongo a la disposición de las autoridades para que juntos hagamos una investigación y que se castiguen a todos los responsables”, ofreció.
Respecto al video que circuló en las redes sociales, en el que el dirigente del PVEM denuncia que lo mandó a amenazar a través de un grupo armado y la responsabilizo de cualquier cosa que le llegara pasar a él o a su familia, respondió que desconoce “los motivos que hayan orillado al ingeniero a publicar esos videos, pero están las instancias correspondientes para que investiguen que hay de fondo, que hay atrás de eso y yo estoy aquí para coadyuvar como gobierno y como ciudadana”.
El director de Seguridad Pública, Martín Aparicio Mora, habló de la coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de Jesús González Ríos, sin resultados hasta ayer en la mañana que se dieron los hechos “tristes y lamentables”.
También se dijo en la mayor disposición para apoyar en la investigación.
Un reportero le preguntó a la alcaldesa si está dispuesta a pedir licencia mientras se hacen las investigaciones y respondió: “lo que me indiquen la ley y las instancias, yo estoy dispuesta”. Y reiteró: “yo soy la más interesada de que esto se aclare porque el que nada debe nada teme” y dijo que confía en la justicia y en las leyes.
Informó que también está desaparecido desde hace 15 días el policía municipal, Mario Alberto Medina Parra, de quien hasta ayer no se sabía nada de su paradero.
“Es un elemento de los mejores, muy calmado, humilde, imagínense cómo me siento yo que me levanten a un policía, pónganse de este lado, estamos muy consternados de todo lo que está pasando, pero todo se lo pongo en manos de las autoridades”.
Informó que lo siguen buscando pero que no han encontrado indicios de su paradero pero tienen fe en que lo encontrarán.
El director de la Policía Municipal Aparicio Mora informó que ese caso ya está en manos de la FGE y son ellos los que están investigando el caso, “ya nosotros hemos hecho lo que nos corresponde coordinados con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno”.
Hallan muerto al dirigente del PVEM en Copala un día después de ser secuestrado
Encuentran a Jesús González Ríos en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, en Florencio Villarreal. Había grabado un video donde denunciaba amenazas de muerte, a través de un grupo armado, de la alcaldesa Guadalupe García Villalva, y la responsabilizaba de lo que le pasara
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Jesús González Ríos en una marcha del PVEM en Copala, Fue candidato a alcalde en las elecciones de 2021 Foto: Tomada de Facebook
El coordinador municipal del PVEM en Copala, Jesús González Ríos, quien estaba desaparecido desde las 11 de la mañana del miércoles, fue hallado muerto la mañana de ayer en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, en el municipio vecino de Florencio Villarreal.
El hallazgo fue confirmado por fuentes de la la Fiscalía General del Estado (FGE), y por familiares cercanos del político costachiquense.
“Cualquier situación que suceda mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipa (la perredista) Guadalupe García Villalva, dado que ella me mandó amenazar a través de un grupo armado, en donde me dicen que tengo que quitarme del camino, que ya no participe”, había advertido González Ríos en un mensaje videograbado.
Después de que se confirmó el hallazgo de su cuerpo, familiares y amigos levantaron el bloqueo que mantenían desde las 12 del día de miércoles en la entrada de la ciudad en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
Familiares informaron que a las 8 de la mañana recibieron la noticia de que su cuerpo fue hallado en medio de un ramal cerca de la carretera en una brecha que comunica con la Laguna de Chautengo.
El cadáver fue encontrado desollado del rostro y cabeza, con un short negro y playera azul y blanca, en medio de un camellón.
González Ríos fue privado de su libertad por hombres armados en la esquina de la calle Miguel Alemán y Leona Vicario, de la colonia La Loma, en la cabecera.
Desde entonces no supieron nada de él hasta la mañana de ayer, y su esposa acudió a realizar el reconocimiento del cadáver.
Después de la identificación del cuerpo por sus familiares, y la confirmación por parte del fiscal regional de la Región Costa Chica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jiménez Romero, los familiares retiraron el bloqueo “para guardar el duelo”.
Pero uno de ellos advirtió que después del sepelio realizarán las acciones “que sean necesarias” para exigir a las autoridades la investigación, el esclarecimiento del caso y castigo a los culpables.
González Ríos fue candidato a la alcaldía por el PVEM en las elecciones del 2021, pero perdió ante la actual alcaldesa Guadalupe García Villalva, del PRD, y se promovía nuevamente como aspirante del mismo partido.
La noche del miércoles circuló un video en las redes sociales en el que denunció que desde el 1 de mayo había sido amenazado de muerte por la presidenta municipal García Villalva, a través de un grupo armado, como consecuencia de su activismo político.
El video tiene una duración de 2 minutos con 50 segundos: “Muy buenas tardes amigas y amigos, a través de este video quiero comentarles algo muy delicado y grave a la vez de lo que me está pasando en estos últimos días”, dijo el político copalteco.
Agrega: “Para ser exactos, desde el día 1 de mayo, ya hace más de un mes y medio, a través de un grupo armado, la presidenta municipal de Copala, la química Guadalupe García Villalva, me manda amenazar, diciéndome a través de estas personas que yo tengo que quitarme de la política, que ya no participe, que me tengo que quitar del camino para que deje libre y puedan ganar cualquiera de sus candidatos que ella anda postulando”.
González Ríos, expone: “Les soy sincero, tengo mucho miedo, mucho temor, porque a partir del 1 de mayo se ha tornado un ambiente complicado para mí y para mi familia, estoy muy preocupado de que algo les pueda pasar a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos, sobre todo a mí, a mi persona, porque obviamente estamos en el proyecto político con miras al 2024 y la alcaldesa municipal de Copala me manda amenazar a través de un grupo armado”.
Y entonces plantea: “La verdad yo quiero externar que cualquier situación que suceda mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipal Guadalupe García Villalva, dado que ella me mandó amenazar a través de un grupo armado, en donde mi dicen que tengo que quitarme del camino, que ya no participe”.
El aspirante a la alcaldía, concluye: “Por tal motivo quiero dejar este video, y si es necesario utilizarlo, la verdad tengo mucho miedo de seguir haciendo actividades, si se dan cuenta ya no subo nada a las redes sociales, debido a esas amenazas que me hicieron, estamos y no nada más yo estoy vulnerable, mi familia, somos nosotros gente pacífica de bien”.
Durante el bloqueo del miércoles, la madre del dirigente, Valentina Ríos, informó a los medios que a raíz de esa amenaza “como le dijeron que se hiciera a un lado mi hijo ya no iba a participar, él habló conmigo y me dijo que se iba a hacer un lado”.
Condenas de Carabias y Velasco
Mediante un comunicado de prensa, el dirigente del PVEM en el estado, Alejandro Carabias Icaza, condenó el crimen del González Ríos, y exigió a las autoridades estatales y federales que se investigue a fondo ese caso” para que no quede impune como muchos otros.
Asimismo, exigió garantías para todos quienes realizan actividades políticas.
El ex gobernador de Chiapas y uno de los seis aspirantes de la candidatura presidencial de Morena, Manuel Velasco Coello condenó el asesinato y exigió castigo para los responsables.
“Condenamos enérgicamente el crimen perpetrado en contra de nuestro compañero Jesús Gon-zález Ríos, líder del PVEM en Copala, Guerrero. Exigimos a las autoridades castigo a los responsables para que su muerte no quede impune. Nuestro pésame y solidaridad con sus seres queridos”, escribió en Twitter antes de mediodía.
Se deslinda del asesinato la alcaldesa de Copala y se pone a disposición de la FGE
En conferencia que difunde por Faceboook, la perredista Guadalupe García Villalva, dice que condena y repudia los hechos y que es “la primera interesada” en que se investiguen
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Copala, la perredista Guadalupe García Villalva, se deslindó ayer de la privación de la libertad y el asesinato del coordinador municipal del PVEM, Jesús González Ríos y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para coadyuvar en las investigaciones.
En conferencia de prensa que se difundió por Facebook, la alcaldesa “condenó” y “repudió” los hechos y pidió la colaboración de las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones y se llegue al esclarecimiento de la privación de la libertad y el homicidio del dirigente del PVEM.
“Guadalupe García Villalva es la primera interesada en que se realicen las investigaciones y va a coadyuvar en lo que realicen y decidan las dependencias. En Copala podemos tener diferentes formas de pensar, diferentes ideologías religiosas y militar en diferentes partidos políticos pero nunca hemos sido enemigos”, dijo.
La alcaldesa rechazó las acusaciones en su contra, y dijo: “a estas personas que se han empeñado en seguir difamando a mi persona los invito para que presenten las pruebas ante las instancias correspondientes”, en referencia a quienes la han responsabilizado del homicidio en las redes sociales, derivado del video que dejó el ahora occiso en el que la acusa de haberlo mandado a amenazar de muerte a través de un grupo armado.
La alcaldesa envió sus condolencias a los familiares de la víctima y les dijo que el Ayuntamiento está dispuesto a coadyuvar para que se realicen las investigaciones necesarias.
“Yo, Guadalupe García Villalva, estoy abierta a cualquier investigación. Soy una madre de familia y con estas cosas que han pasado en México, en Guerrero y en la Costa Chica, también somos vulnerables y tememos por nuestra vida”.
Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayuden para concretar la paz en Costa Chica.
Expresó que va a seguir trabajando en su oficina del Palacio Municipal hasta el último día de su gobierno, “porque el que nada debe nada teme y vamos a seguir luchando para que juntas y juntos evitemos que pasen estas tragedias tan lamentables”.
Dijo que la violencia no está solamente en Copala, sino en toda la región, en el estado y en el país y pidió a sus paisanos a organizarse para ayudar a la gobernadora y al presidente de la Republica para que ya no sigan pasando estas “terribles tragedias”.
“Desde el día de hoy me pongo a la disposición de las autoridades para que juntos hagamos una investigación y que se castiguen a todos los responsables”, ofreció.
Respecto al video que circuló en las redes sociales, en el que el dirigente del PVEM denuncia que lo mandó a amenazar a través de un grupo armado y la responsabilizo de cualquier cosa que le llegara pasar a él o a su familia, respondió que desconoce “los motivos que hayan orillado al ingeniero a publicar esos videos, pero están las instancias correspondientes para que investiguen que hay de fondo, que hay atrás de eso y yo estoy aquí para coadyuvar como gobierno y como ciudadana”.
El director de Seguridad Pública, Martín Aparicio Mora, habló de la coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de Jesús González Ríos, sin resultados hasta ayer en la mañana que se dieron los hechos “tristes y lamentables”.
También se dijo en la mayor disposición para apoyar en la investigación.
Un reportero le preguntó a la alcaldesa si está dispuesta a pedir licencia mientras se hacen las investigaciones y respondió: “lo que me indiquen la ley y las instancias, yo estoy dispuesta”. Y reiteró: “yo soy la más interesada de que esto se aclare porque el que nada debe nada teme” y dijo que confía en la justicia y en las leyes.
Informó que también está desaparecido desde hace 15 días el policía municipal, Mario Alberto Medina Parra, de quien hasta ayer no se sabía nada de su paradero.
“Es un elemento de los mejores, muy calmado, humilde, imagínense cómo me siento yo que me levanten a un policía, pónganse de este lado, estamos muy consternados de todo lo que está pasando, pero todo se lo pongo en manos de las autoridades”.
Informó que lo siguen buscando pero que no han encontrado indicios de su paradero pero tienen fe en que lo encontrarán.
El director de la Policía Municipal Aparicio Mora informó que ese caso ya está en manos de la FGE y son ellos los que están investigando el caso, “ya nosotros hemos hecho lo que nos corresponde coordinados con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno”.
Inicia la FGE investigación por el asesinato de Jesús González
Redacción
La Fiscalía General del Estado informó que inició la carpeta de investigación por el homicidio del dirigente pevemista Jesús Gonzále Ríos, aunque situó en un lugar diferente el hallazgo del cuerpo: en la comunidad de Santa Clara, Cuautepec.
La FGR informó que inició una carpeta investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de “Jesús N”, por los hechos ocurridos en el lugar conocido como Las Marías, en un punto cercano a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de Santa Clara, municipio de Cuautepec.
Aunque de acuerdo con los familiares, el cuerpo del líder del PVEM fue hallado en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, municipio de Florencio Villarreal.
La FGE informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo actos de investigación.
“En ese sentido se logró la plena identificación del cuerpo con base en los protocolos correspondientes”, informó la dependencia.
Indicó que el 28 de junio recibió la denuncia por el delito de privación de la libertad personal, “por lo que se procedió a brindar atención directa y asesoría a los familiares de la víctima.
Piden en el IEPC garantías para candidatos tras el asesinato del pevemista de Copala
Tras la condena de los partidos al hecho, la presidenta Fabiola Matildes responde que al organismo sólo le corresponde ser enlace en las solicitudes
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los representantes de partidos condenaron el asesinato del dirigente del PVEM en Copala, Jesús Gon-zález Ríos, y los consejeros pugnaron por condiciones para un proceso electoral con tranquilidad.
El representante del PVEM en el Consejo General, Juan Manuel Maciel Moyorido, condenó la privación de la libertad de González Ríos, conocido como Chucho Ríos, el miércoles, y el hallazgo de su cuerpo este jueves.
Exigió a las autoridades estatales que no haya impunidad, y al IEPC que tome las medidas necesarias para que los aspirantes en general, y los actores políticos, tengan seguridad, porque a dos meses del arranque formal del proceso electoral hay temor de que amenazas coarten el derecho legítimo de participar, “si eso le sucede a personas destacadas, la democracia se irá acabando”.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, aclaró que el organismo sólo está facultado para ser enlace en la solicitud de medidas de protección a candidatos registrados, a petición de parte.
Se sumaron a las condolencias y la demanda de justicia por la paz en las elecciones, los representantes del PRD, Mariano Hansel Patricio; del PRI, Manuel Saavedra Chávez; Esther Araceli Gómez Ramírez, de Morena; Isaías Rojas Ramírez, del PT y Lorenzo González, del PAN.
La presidenta compartió que las autoridades resuelvan este cas que ocurre “a unas semanas de inicio del proceso electoral, entonces estaremos pendiente. Mi más sentido pésame, licenciado, por este fallecimiento de Jesús González Ríos”.
La consejera Vicenta Molina Revuelta compartió las condolencias y “por velar que en el estado y en todo el país contemos con la paz y la tranquilidad que todas la ciudadanas y ciudadanos necesitamos”.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, expresó preocupación por las condiciones que se estarán generando para el inicio del proceso electoral.
Señaló que en otros hubo situaciones de violencia hacia quienes participaban e hizo votos porque las instituciones “tengamos la responsabilidad de generar las condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabalidad y con la certeza de que se respetará la integridad de las personas que participan en política”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes hizo votos “para que pronto regrese la paz, y se puedan desarrollar el proceso electoral en las mejores condiciones y garantías de seguridad a la ciudadanía”.
Consultada por separado, Ma-tildes Gama recordó que en cada proceso electoral se forma un grupo con instituciones de seguridad pública, las fuerzas armadas y la Fiscalía, donde invitan a los órganos electorales para que informen sus necesidades de seguridad pública.
La Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) lamentó lo que ocurrió en la Preparatoria 29 de Tixtla, y dijo que no es un órgano sancionador, pero recomienda que el director pida permiso de tres a seis meses, mientras se investiga.
En tanto, las alumnas que mantenían tomada la escuela la abrieron, al informarles que acudirá la policía cibernética para revisarla.
Por teléfono fue consultada la ombudsman universitaria, Olivia Álvarez Montalbán, quien dijo: “Es un asunto muy reprobable, desde ayer (martes) se instaló una mesa de diálogo”.
Consideró que eso no puede pasar en ninguna escuela, en ningún lugar, “quién va a querer ser vigilado haciendo sus necesidades fisiológicas. Eso no debe pasar”.
Informó que el jueves volverán a dialogar para quedar de acuerdo con los padres de familia, quienes están pidiendo la destitución del director José Francisco Calvo Hernández.
Olivia Álvarez enfatizó: “Nosotros estamos pidiéndole al director que pida permiso de tres a seis meses, para que de manera libre se pueda hacer la investigación”.
Indicó que la Defensoría Derechos Humanos no es “un órgano sancionador. Los padres están en su libre albedrío de recurrir a otras instancia, no somos órgano sancionador, pero sí podemos recomendar que no se repitan estos actos de dicha naturaleza”.
Las alumnas informaron que reanudarán las clases este jueves, luego de que les prometieron que acudirá la policía cibernética y trabajadores del área del jurídico de la UAG, para hablar con todos los docentes.
El acuerdo con el que también llegaron fue que no abrirán la dirección de la escuela, ni el área de cómputo, mientras se realizan las investigaciones.
El pasado 23 de febrero alumnas de la preparatoria localizaron “mini cámaras” en los baños. El lunes y martes se manifestaron y tomaron la escuela, para exigir una explicación y que se sancione a los responsables. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila se comprometió a que la próxima semana entregará un informe del avance de las investigaciones de ocho de los 20 asesinatos que tienen una carpeta de investigación y para los que las familias solicitaron ayuda.
Consultado por teléfono, el rector dijo que en el encuentro compartió información de seguridad de la Universidad y de los universitarios asesinados, para que la Fiscalía tenga más elementos y avance en las investigaciones.
Recordó que 12 de los 20 casos, han tenido avances en sus investigaciones e incluso se han esclarecido y castigado a los responsables.
El rector informó al fiscal de algunas nuevas amenazas que, vía mensaje y llamadas de celulares, han recibidos maestros de Acapulco, pero por lo delicado de la amenaza se reservó dar mayores detalles.
Abundó que la información que compartió de la UAG a la FGE, es para que la dependencia se coordine con las autoridades estatales y militares que cuidan los alrededores de las facultades ubicadas en Chilpancingo y en Acapulco.
Además, informó que acordaron la firma de un convenio de colaboración para que maestros de la universidad capaciten a los trabajadores de la Fiscalía en el nuevo sistema penal acusatorio. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Colectivo El Grito, Bad Tlapa, organización Popular Independiente de Guerrero y Colectivo Tioko, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que agilice la investigación de la ejecución del activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Antonio Vivar Díaz, a manos de policías federales en la colonia Tepeyac, durante la jornada electoral de 2015.
También demandaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que concluya la investigación y emita la recomendación, y que el estado garantice seguridad a los familiares, quienes solicitaron medidas cautelares ante las amenazas del grupo de choque que participó en la agresión a los maestros. Para recordar la exigencia de justicia, al anochecer presentaron un festival musical. (Antonia Ramírez / Tlapa).
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), con el resguardo de la Gendarmería, cumplieron ayer cuatro días de diligencias en las faldas del cerro Gordo, al poniente de Iguala, en completo hermetismo, relacionadas con las investigaciones de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El miércoles, agentes de la PGR, a bordo de tres camionetas y dos helicópteros con el resguardo de unos 50 gendarmes que se movilizaban en nueve patrullas, cumplieron diligencias en las faldas del cerro Gordo, ubicado entre los parajes La Joya, Monte Hored y La Laguna.
Ese día, de manera extraoficial trascendió el hallazgo de fosas clandestinas en las que habrían hallado cuatro cuerpos, sin embargo la información no fue confirmada por ninguna fuente oficial.
Tras hacer un recorrido entre los cerros, a unos 5 kilómetros del periférico poniente, y tras cruzar las colonias Villa de Guadalupe, Chapultepec, Loma del Zapatero y otras, se toma un camino de terracería usado como saca cosechas, se pasa por los parajes Monte Hored y La Laguna, donde entre 2013 y 2016 fueron hallados más de 40 fosas clandestinas, y en las faldas del cerro se confirmó la presencia de los agentes federales.
La zona en la que se vio ayer a los agentes de la PGR, está a unos 300 o 400 metros del sitio donde se les vio el miércoles, en un pequeño cerro de enfrente, y para llegar a éste se toma un camino diferente. En el predio se alcanza a ver la instalación de una carpa donde al parecer trabajan los agentes federales.
Sólo se vio a cinco patrullas de la Gendarmería y tres de la PGR, pero de acuerdo con información de vecinos de colonias cercanas, durante la mañana sobrevolaron dos helicópteros a baja altura, y los mismos trabajos se hicieron el jueves.
El paraje en el que trabajan ahora los agentes de la PGR, es la única zona de esa parte del cerro que se ve que fue limpiada con la quema de pastizales.
De acuerdo con información de vecinos de colonias cercanas, desde el martes han visto el movimiento de los policías y el recorrido de helicópteros, y durante la tarde del martes vieron una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo) que subió al cerro entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche.
“Ya nos acostumbramos a ver los helicópteros y los policías por esta zona”, dijo un vecino ayer.
Estas diligencias del gobierno federal en cerros de Iguala se han hecho en completo hermetismo y con sigilo, y hasta ayer no se había dado a conocer información oficial sobre los resultados obtenidos.
Integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, consultados ayer vía telefónica, dijeron que estas diligencias no están relacionadas con sus casos, sino con las investigaciones del caso Ayotzinapa, y que la PGR tampoco les está informando a ellos de estos trabajos.
Las diligencias de la PGR se llevan a cabo cerca de los parajes La Laguna, La Joya, El Maizal, y la barranca del Tigre, donde el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala han recuperado 150 cuerpos de fosas clandestinas halladas entre 2014 y 2017, de los cuales la PGR ha identificado a 37.
En este año, 15 maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fueron asesinados en el estado, mientras que dos alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de Acapulco permanecen desaparecidos, y el ex director de la Preparatoria 2, Evaristo Zaragoza Patricio, fue secuestrado.
De acuerdo con información publicada en El Sur, desde enero y al 20 de diciembre de 2017 se registraron 15 asesinatos en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Coyuca de Benítez, Iguala y Cuajinicuilapa.
El 21 de octubre pasado, durante la conmemoración del inicio de la lucha por la autonomía, el rector Javier Saldaña Almazán pidió justicia para los 27 universitarios que han sido asesinados en los últimos cuatro años; sin embargo, la UAG no proporcionó información actual de los crímenes que El Sur solicitó.
La tarde del 8 de enero, el cuerpo de la integrante del Comité Ejecutivo Central (CEC) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, fue hallado a un costado de la Autopista del Sol, en el tramo entre Chilpancingo y Tierra Colorada; mientras que su ex esposo, el médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Altamirano, Nicéforo Cabrera Rojas, y su hijo de 13 años de edad, Isaac Daniel Cabrera Rosado, fueron asesinados a balazos en su casa ubicada en la colonia Recursos Humanos, atrás del Palacio de Gobierno, en la capital.
El asesinato de Rosado Peña y su familia conmocionó a los universitarios, quienes no sólo la despidieron con un homenaje en las oficinas centrales del STAUAG en la capital, también marcharon y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva con resultados. Aunque más tarde se informó que tres vehículos, presuntamente robados de la casa de Rosado Peña el día de los homicidios, fueron localizados, uno en Cuernavaca, Morelos, no se detuvo a ningún presunto responsable de los hechos.
El 29 de enero la estudiante de la Preparatoria 16, Cinthia Pamela Quiroz, de 18 años, fue asesinada a balazos en el centro de Coyuca de Benítez. El 31 de marzo, el maestro de la Unidad Académica de Enfermería 2, José Luis Cruz Hernández, fue ahorcado junto con su esposa en una casa ubicada en la colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco.
Mayo fue el mes en que los asesinatos de los universitarios impactaron a la sociedad y motivaron distintas manifestaciones en la capital, para exigir el cese la violencia en el estado, así como el esclarecimiento de los crímenes.
El 8 de mayo, el cuerpo decapitado del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Jahaziel Gálvez Ayatle, de 22 años, fue hallado en Chilapa. El 13 de mayo, el estudiante de la facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, Cristian Santiago Navarrete, de 22 años, fue asesinado durante el enfrentamiento entre el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
El 17 de mayo, el estudiante de la Preparatoria 32, Samuel González Saavedra, fue asesinado y su cuerpo desmembrado se encontró en la colonia Adolfo López Mateos, de Iguala. El 24 de mayo, el estudiante de la Escuela Superior de Artes, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, fue asesinado a balazos en el bulevar Vicente Guerrero en la capital.
Según consta en un video que se difundió en redes sociales, Barrientos Miranda no murió al instante tras recibir los impactos de bala; el joven trató de incorporarse, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica por parte de los policías estatales y agentes ministeriales que llegaron para acordonar la zona. Las imágenes trascendieron, y a pesar de que los universitarios salieron a las calles a exigir justicia, no se informó de ningún detenido por los hechos o avances en la investigación.
El 23 de agosto, el estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT), que imparte la Facultad de Ingeniería de la Universidad en Chilpancingo, Engelbert Martínez de la Cruz, fue asesinado a balazos cerca de la alameda Granados Maldonado, en la capital.
El 30 de septiembre, el director de la Preparatoria 2, José Villanueva Arce, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su automóvil en la avenida Ruiz Cortines en Acapulco; su asesinato motivó que Saldaña Almazán emplazara a la FGE a resolver el crimen en tres días, y a exigir seguridad en el estado, antes su administración se limitaba a condenar los homicidios mediante esquelas.
Ante el llamado de justicia de Saldaña Almazán, la FGE investigó el crimen de Villanueva Arce y determinó que no fue premeditado, sino que se trató de un hecho circunstancial por el que tampoco se informó de algún detenido.
El 6 de octubre fue hallado el cuerpo desmembrado de un estudiante de la Preparatoria 26, quien fue identificado como Alberto, de 19 años de edad, hallado en la calle Poniente 10 en Chilapa. Mientras que el 12 de octubre un estudiante de quinto semestre del turno vespertino de la Facultad de Psicología, fue encontrado ensabanado y con un torniquete a un lado del hospital privado Magallanes, a una cuadra de la avenida Costera, en Acapulco.
A consecuencia del crimen, el Consejo de Unidad, académicos y directivos de la Facultad de Psicología suspendieron clases, por tratarse de “una situación delicada”, así como por temor ante los constantes crímenes en Acapulco.
El 16 de noviembre el cuerpo del estudiante de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública, Ángel Iván Argüelles, fue hallado en el viejo libramiento a Tixtla, con huellas de tortura. El joven era militante activo del PRI.
Durante lo que va de diciembre ocurrieron dos asesinatos en Acapulco, el 2 de diciembre una estudiante de Enfermería 2 fue hallada decapitada, envuelta en una lona, cerca del contenedor de basura de la colonia Carabalí; mientras que el 5 de diciembre, una estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración fue asesinada a balazos en el conjunto habitacional Infonavit, en la colonia Alta Progreso.
Por otra parte, el 7 de diciembre fue hallado el cuerpo del estudiante de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de 24 años, Jorge Cortés Carmona, en Cuajinicuilapa, luego de haber desaparecido el 28 de octubre. Su tío, sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez, exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, ante la incapacidad que demostró la FGE para resolverlo.
Los desaparecidos
Saldaña Almazán informó que Zaragoza Patricio fue privado de su libertad el 10 de diciembre. A la fecha se desconoce el paradero del académico, que es originario del municipio de Azoyú, cuenta con dos licenciaturas, Físico-Químico y Licenciatura en Ciencias Biológicas, ambas las cursó en la máxima casa de estudios, donde ingresó para trabajar como académico en 1987; ha sido dos veces director de la Preparatoria 2, con sede en Acapulco, así como subdirector académico.
Mientras que dos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, del mismo grupo de la joven asesinada a balazos el 5 de diciembre, están desaparecidos. Aunque el rector no abundó en detalles de los casos, dijo que se trata de una situación “compleja” y “muy delicada”, por la que solicitó vigilancia militar en las escuelas de la UAG.
Comisiones que no dan informes
El 13 de enero de este año, antes de contender por la Rectoría por segunda ocasión consecutiva, Saldaña Almazán manifestó ante el Consejo Universitario su preocupación por la violencia y la inseguridad en el estado, por lo que propuso la creación de una comisión que se encargaría de hacer un análisis de la situación en la materia, escuela por escuela.
La conformación de la comisión y la publicación de un pronunciamiento para condenar los crímenes en Guerrero se aprobaron por unanimidad. Dicha comisión fue integrada por los ex rectores Florentino Cruz Ramírez y Ramón Reyes Carreto; el investigador Sergio Paredes, quien es especialista en encuestas; y los secretarios generales del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González.
A la fecha no se informó del avance en la investigación, que se realizaría para revisar los protocolos de seguridad, pues según Saldaña Almazán los establecidos por la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) “obviamente se quedan cortos”.
Mientras que una sesión extraordinaria, el 2 de junio de este año, el Consejo Universitario volvió a aprobar la creación de una Comisión Especializada para conocer los problemas en materia de seguridad de cada escuela y así, implementar los protocolos de seguridad necesarios. Tampoco se dieron a conocer los avances o resultados del trabajo que haría la comisión.
De manera constante Saldaña Almazán solicita seguridad de los tres órdenes de gobierno, no sólo para las escuelas de la UAG, sino para la sociedad guerrerense.
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto encabezó el sábado una reunión de la Coordinadora Ciudadana Estatal en la que informó que un día antes las dirigencias nacionales de su partido, del PRD y del PAN registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la coalición electoral, que ahora se denomina Por México al Frente.
De acuerdo con un boletín de prensa, el ex alcalde de Acapulco dijo en la sesión que la coalición Por México al Frente tiene como ejes centrales “el desarrollo humano, la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible”.
Walton destacó que el partido ya “tiene presencia política en 61 municipios, que concentran el 90 por ciento de la lista nominal de electores, y contamos con casi 3 mil 200 círculos ciudadanos”.
En la misma reunión se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que esclarezca los homicidios de los dirigentes regionales del partido: Ángel Vergara Chamú y Armando Arturo López Solano.
El coordinador regional de Movimiento Ciudadano en Tierra Caliente, Ángel Vergara Chamú, fue asesinado el 26 de septiembre, ejecutado a balazos dentro de su vehículo en Chilpancingo; mientras que Armando Arturo López Solano, quien era dirigente de Movimiento Ciudadano en Quechultenango y ex candidato a alcalde, fue asesinado la noche del 23 de noviembre en la cabecera de dicho municipio.
Este sábado sesionó en privado la Coordinadora Ciudadana Estatal de Movimiento Ciudadano, en las oficinas del partido en Acapulco.
En declaraciones por teléfono, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, informó que fue la última sesión del año de la Coordinadora, que en ella se aprobó el informé del coordinador de los diputados locales del partido, Ricardo Mejía Berdeja; el informe de la tesorería del partido y el informe del presidente de la Coordinadora, Gilberto Cueva.
En su informe, el diputado Ricardo Mejía habló sobre la actividad legislativa del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. “Hemos presentado iniciativas en temas fundamentales como seguridad ciudadana, violencia de género, transparencia, derechos humanos y combate a la impunidad”, también se quejó de la falta de interés del Congreso local por aprobar leyes como la de “no más fuero” y las que conciernen a seguridad.
El director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (Cocytieg), Víctor Hugo González Torres, informó que hubo una baja participación en la convocatoria del 22 Foro de Estudios sobre Guerrero, debido a inconformidades de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), quienes denunciaron la mala administración de la dependencia.
La convocatoria para participar en el foro se publicó en agosto pasado, los académicos de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Gloria Fernández Tilapa y Adolfo Román Román, consideraron que el consejo no cumple con sus funciones, establecidas en la ley 76, además de que el gobierno estatal no aporta recursos ni apoyos para los trabajos y sus publicaciones.
Criticaron que las comisiones internas del consejo no se reúnen de manera regular y no se presenta un informe transparente de los recursos que manejan; además, señalaron que la dependencia no ha sido dirigida por un investigador, sino por distintos funcionarios y políticos.
En conferencia de prensa en el restaurante La Finca, en la capital, González Torres dijo que el foro se llevará a cabo hoy en Acapulco, en el Fórum Mundo Imperial, donde se presentarán 126 trabajos en 73 modalidades de exposición oral, de cinco áreas de investigación, y 53 trabajos en la modalidad de exposición por cartel.
Respecto de la queja de los universitarios, González Torres reconoció que este año hubo una menor participación por parte de los investigadores del estado, en comparación con otras presentaciones, debido a las inconformidades que trascendieron en agosto pasado.
Señaló que este año hubo menos trabajos en el área de Ciencias Químico Biológicas, pero consideró que esto permitió que se impulsaran otras materias, como las que se presentarán en las cinco mesas: alimentos, desarrollo humanístico, educación, modernización tecnológica y desarrollo regional, y medio ambiente y recursos naturales.
Explicó que la Junta de Gobierno es la encargada de analizar las actividades y dictaminar al respecto, en pro de la investigación de manera anual. Aseguró que las comisiones se reúnen regularmente y que no hay recursos a disposición del consejo, sino que éstos se gestionan ante los gobiernos estatal y federal.
Añadió que solicitó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un programa específico de apoyo a la investigación, el cual está en proceso.
Dijo que uno de los propósitos del consejo es que se consigan apoyos reales para los 500 investigadores del estado, como material para laboratorios, equipo de cómputo y otros que les sirvan para desarrollar sus investigaciones.
Periodistas de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Zihuatanejo y Tierra Caliente se manifestaron y expusieron que este miércoles, cuando en los tiempos de la hegemonía del PRI se celebraba el Día de la Libertad de Prensa, no hay nada que festejar porque no hay garantías para ejercer la labor periodística en Guerrero.
Además, coincidieron en que los tres órdenes de gobierno deben de garantizar el ejercicio libre del periodismo y exigieron al gobierno del estado que informen sobre las investigaciones de los asesinatos de compañeros y que sean sancionados los agresores de reporteros.
Recalcaron que desarrollan su labor en un ambiente de violencia e inseguridad, que afecta a toda la población.
En Chilpancingo exigen que haya paz y tranquilidad para todos
En la capital los periodistas realizaron un mitin en la Plaza de la Libertad de la Expresión, en el centro de la ciudad, donde se congregaron miembros de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG).
Portaron pancartas en las que se leyó: “#NosEstánMatando prensa” y “Sin libertad de expresión no hay democracia”.
En el mitin, el reportero Jesús Saavedra manifestó que hay una situación de alerta en el estado, por las agresiones que han sufrdo compañeros periodistas y asesinatos que no han sido aclarados, que por tal motivo se decidió hacer la protesta.
En su intervención, el director del semanario Trinchera, Ulises Domínguez Mariano, a nombre de la APEG agradeció al SNRP por la invitación a manifestarse juntos, lo cual dijo que demuestra la unidad por la cual han estado trabajando.
“Le agradecemos al sindicato porque generalmente nosotros no conmemoramos esta fecha, por dos razones: una por su origen. Esta fecha tiene un origen oficialista, creo que todos saben que se instituyó en el periodo de Miguel Alemán en 1951, y fue iniciativa de José García Valseca, que era dueño de una cadena de medios grandísima ligada al poder, y lo hicieron con una forma de rendir pleitesía al poder”, abundó.
Criticó el nombramiento de una fiscal especiali para delitos contra el gremio, pues dijo que se ha visto que estas fiscalias no sirven, ninguna ha entregado avances de los casos que se le encomiendan.
Además recalcó que no se manifiestan para que el gobernador los convoque a reuniones y les pongan mecanismos especiales, ni policías para estarlos cuidando, porque dijo que el trabajo debería de hacerse en un clima de tranquilidad y paz.
Subrayó que no sólo los periodistas quieren garantías de seguridad, sino toda la población, y por eso demandan al gobierno que trabaje para lograr la paz y la tranquilidad de todo el estado.
El secretario general del SNRP, Erick Chavelas, resaltó que conmemorar este día bajo fuego es una labor que los reporteros ejercen en el estado y en el país, y mandó un saludo a los compañeros de las distintas regiones y les manifestó que no están solos.
También recordó que fue el gobierno federal quien instauró esta fecha, y dijo que la agrupación que dirige exige al gobierno del estado resultados de las investigaciones de los asesinatos de los compañeros periodistas.
Agregó que el gobierno debe garantizar el trabajo de los periodistass, pues las libertades de expresiòn y de prensa están consagradad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Implementar un mecanismo de protección de derechos humanos de periodistas, que a nivel nacional no ha dado resultados, es una clara política de no hacer nada por garantizar el trabajo de informar, sólo quiere atender agresiones que este mismo gobierno ha hecho, siendo el principal agresor”, reprochó.
También demandó la reparación del daño a los siete reporteros asaltados que fueron asaltados por miembros de un grupo delictivo en un retén en la carretera Arcelia-Teloloapan frente a Acapetlahuaya.
En Zihuatanejo subrayan que los crímenes siguen impunes
En Zihuatanejo, unos 30 periodistas, de las dos agrupaciones que hay en este municipio, participaron en una manifestación frente a las instalaciones de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir justicia por los colegas asesinados en el país y en la entidad.
La manifestación duró aproximadamente 45 minutos y como ocurre cada vez que los reporteros han acudido a manifestarse en la PGR, los guardias de seguridad privada cierran de inmediato las puertas y nadie sale a escuchar las quejas.
Al grito de “justicia” y “ni uno más”, los periodistas de Zihuatanejo hicieron un llamado al gobierno federal y al gobernador Héctor Astudillo para que garanticen la seguridad al gremio periodístico para hacer su trabajo.
Durante sus intervenciones al micrófono, los dirigentes de la Fra-ternidad de Periodistas de Zihua-tanejo y la Asociación de Periodistas de Zihuatanejo, Fernando Arriaga Ramírez y David Obscura Talavera, respectivamente, coincidieron en que cada día es más riesgoso ejercer la actividad periodística, principalmente si no se tienen las garantías para ejercer la labor.
Por su parte, el periodista Ranferi Rosas López hizo un recuento de todos los periodistas que han sido asesinados en el país y en Guerrero en los últimos cinco años. Subrayó que todos los crímenes de los periodistas en México tienen una característica en común: la impunidad en la que permanecen.
En Iguala exigen acceso a las se-siones de Cabildo
Convocados por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) , un grupo de 10 reporteros de diferentes medios de comunicación se congregaron a las 10 de la mañana en el hemiciclo a Juárez del zócalo de la ciudad.
El coordinador de delegados del SNRP en el estado y secretario general de la sección 30 de esta ciudad, Alejandro Aparicio Tetoto, dijo que “no hay nada que celebrar y sí mucho que exigir en este día”.
Repudió la agresión que sufrieron reporteros en Zihuatanejo, Leonardo Martínez Peralta y Eleazar Arzate Morales, quienes el lunes en el desempeño de su labor fueron encañonados por policías, “por lo que se pide a las autoridades que frenen estos agravios y se haga justicia para los compañeros”.
Después el grupo se trasladó a la sede del Ayuntamiento, donde se buscó una audiencia con el alcalde priista Herón Delgado Castañeda o con el secretario de Gobierno, Sergio Lugo Catalán, pero al no estar ninguno, se reunieron con la primera síndica, Leticia Márquez Ocampo, a quien se le pidió por escrito que las sesiones de cabildo o las mesas de trabajo del cabildo sean abiertas y que se permita el acceso a comunicadores, para el mejor desempeño de su actividad y difundir los acuerdos que allí se tomen.
Reporteros de Tierra Caliente se manifiestan mediante un video
Periodistas de Tierra Caliente se manifestaron mediante un video en el que señalaron que en los últimos 10 años el ejercicio periodístico en el país y la libertad de expresión ha sido sinónimo de muerte.
Exigieron a las autoridades no más simulación.
En el video, que dura un minuto 38 segundos, los periodistas expusieron con frases la situación de violencia que viven en la zona, y manifestaron que les han callado su voz, pero que la pobreza, desigualdad y la injusticia están a la vista de la sociedad.
“Por eso hoy levantamos nuestra voz para decir que no se está cumpliendo con el derecho constitucional de la libertad de expresión”, expresaron.
Hicieron un llamado a las autoridades civiles y militares para que cumplan la Constitución y respeten la libertad de expresión.
Dijeron que no quieren más represión, ni simulación de una libertad amordazada. “Señores políticos, matando periodistas no se asesina la verdad”, recalcaron.
En Chilapa ya no cubren información sobre la violencia
En la parte baja de la Montaña, los reporteros han dejado de cubrir la nota roja y han evitado salir a zonas de alto riesgo por los altos índices de violencia, además de que han adoptado medidas de auto protección, ante la desconfianza en las autoridades civiles y en las corporaciones de seguridad pública.
Félix Hernández Abarca, emblemático reportero de la nota roja en la zona desde 1994, reveló que se vio orillado a dejar de cubrir la fuente a raíz del incremento de la inseguridad, aunque aclaró que no ha sufrido amenazas o ataques.
Para Hernández Abarca en 2017 se llega en condiciones desfavorables para los reporteros de todas las fuentes.
“Llegamos en unas condiciones muy desagradables y desfavorables, ya no nos sentimos seguros de ejercer el oficio, de ir a cubrir, a tomar nota; ya no vamos a la nota roja o cualquier otro tipo, de política, con todo lo que se está viendo hay incertidumbre”.
“Mi respeto para los compañeros de la sección policiaca, los admiro y felicito porque estar jugándose la vida no es fácil; con el riesgo que existe debemos tomar las medidas de precaución, porque ya no hay confianza ni en las autoridades. En este momento en quién vas a confiar, más que en nosotros mismos, cuidarnos nosotros”.
En tanto, el camarógrafo Jesús Rojas Mendoza, quien ha colaborado en medios estatales y nacionales, como Televisa y Milenio, confirmó que no hay garantías de seguridad en la región por lo que se ha visto orillado a evitar zonas de alto riesgo en la ciudad y en la zona rural. Además de que ha empleado medidas de auto protección.
Ambos reporteros exigieron al Estado, por medio de sus representantes en el gobierno municipal, Jesús Parra García; estatal, Héctor Astudillo Flores, y federal, Enrique Peña Nieto, los tres de extracción priista, medidas de seguridad para todos los ciudadanos y poder generar condiciones para realizar su trabajo periodístico.
Al gobierno de Héctor Astudillo y al gobierno federal les demandaron el esclarecimiento de los casos de los periodistas asesinados en el estado, en 2016 y 2017, Francisco Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda Birto.
