Maestros de la Preparatoria 1 de la UAG bloquearon durante tres horas la calle Nicolás Catalán, del centro de la capital, para exigir que se anule la elección de director y que no fuera nombrado el reelecto Jorge Ángeles Manzo.
Desde las 7:30 de la mañana, unos diez profesores y alumnos cerraron la calle para exigir al Consejo Universitario no validar el triunfo del director, por varias anomalías, como la entrega de dobles boletas a los estudiantes.
La maestra Vania Berenice Jorge Román informó por la mañana se presentarían a protestar en la sesión del consejo; sin embargo, fueron recibidos por el rector Javier Saldaña, donde los maestros denunciaron que dos grupos fueron reprobados por cuatro maestros porque los alumnos no apoyaron al candidato oficial y lo hicieron a favor el ex candidato Edgardo Mercado.
Entre los acuerdos, se informó que el lunes el rector recibirá a una comisión de estudiantes que fueron reprobados y agredidos durante la jornada electoral del pasado 22 de mayo.
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Denuncian trabajadores despedidos del Poder Judicial “triquiñuelas” durante su audiencia
Integrantes del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), separados de su cargo en el 2017, denunciaron que durante la audiencia de este martes, la parte patronal empleó “triquiñuelas” al no notificar de la audiencia al demandante para posponer la siguiente audiencia, y además demostrar que fueron notificados de la separación de su cargo, cuando esta notificación no ocurrió
El 28 de abril de 2017, cinco integrantes del comité central del Sindicato Independiente que encabezó el paro de labores durante tres meses en 2014, fueron cesados de sus puestos sin notificación y ninguna respuesta; el cese de los cinco trabajadores se dio durante la administración de Robespierre Robles Hurtado.
El pasado 2 de mayo en Ciudad Judicial, la comisión sustanciadora actuó indebidamente en el proceso al no notificar de la audiencia al demandante, en este caso el presidente del Poder Judicial, el magistrado Alberto López Celis, que tiene su oficina en el edificio 1 del complejo de justica, a 600 metros de la oficina de la comisión sustanciadora.
La secretaria general adjunta del SISPPJE, Perla Maldonado Rodríguez denunció que en esta segunda audiencia del mes, “como era de esperarse”, la parte patronal, es decir, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dio constancia a la demanda laboral, pero solicitó la suspensión de la audiencia.
“Determinó la regularización del procedimiento para acumular a este procedimiento laboral burocrático, los procedimientos para procesales que inició para notificarnos la rescisión laboral que nunca hicieron, cuya falta fue motivo del amparo, y a la vez del juicio laboral burocrático citado”, agregó.
Insistió en que el Poder Judicial del Estado de Guerrero pretende subsanar las deficiencias que son motivos de transgresión a las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso.
“Olvidando el señor presidente del Tribunal, Alberto López Celis, que tanto él como el director de Finanzas del Poder Judicial, Rafael Antonio Cancino Calvo, han rendido informes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y al juez Primero de distrito en el Estado de Guerrero, en los que afirmaron habernos notificado la rescisión citada”, agregó.
Dijo que el actuar de la parte patronal demuestra lo incongruente que es, lo que se podría constituir como delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial en la que se lleva el proceso.
En la anterior audiencia se denunció que la comisión sustanciadora está actuando del lado de la parte patronal, prolongando el juicio que iniciaron el año pasado tras el cese de los cinco trabajadores que encabezaron la huelga de 2014 más de tres mes.
Detectó la Unicef cobros indebidos y dobles actas en el Registro Civil, dice la coordinadora
Representantes de la Oficina Nacional de Protección a la Infancia de Unicef en México se reunieron en privado con la coordinadora técnica del Sistema Estatal de Registro Civil, María Inés Huerta Pegueros, para informarle de irregularidades de oficiales de esa dependencia en Guerrero, que cobran y generan un doble registro a ciudadanos con doble nacionalidad.
Este martes en la oficina de la coordinadora, en el edificio Juan N. Álvarez del centro de Chilpancingo, se le informó a la funcionaria sobre esta irregularidad.
Consultada al concluir el encuentro, la funcionaria explicó que el representante de Unicef en México, Leonardo Mier, le expuso los datos y denuncias de que en Guerrero los oficiales del Registro Civil están haciendo cobros indebidos y desacreditando el programa Soy México, que está diseñado para mexicanos repatriados en el que se inscribe la doble nacionalidad, a quienes se les apoya con la traducción del acta y se hace el trabajo en coordinación con el Registro Nacional de Población (Renapo).
“Nos informaron que se está creando un problema muy grave… porque los oficiales generan un doble registro”, dijo.
Agregó que no se resuelve la situación cuando un oficial los vuele a registrar, sino que se complica, porque no entregan sus documentos de manera legal sin crear un nuevo documento.
Señaló que la sede en México de la Unicef detectó que en las oficialías, además, se les está cobrando 4 mil pesos por un trámite que es gratuito, argumentando que es para agilizarlo.
Se le preguntó en qué regiones han detectado esta irregularidad, pero la funcionaria sólo dijo que no se entró en este detalle, sin embargo adelantó que solicitará a los alcaldes de los 81 municipios que revisen esta anomalía.
Recordó que su dependencia aún no cuenta con la independencia para coordinar y vigilar a sus oficiales, ya que dependen de los gobierno municipales, por lo que reiteró su interés en que se vuelva un ente autónomo.
También señaló que se detectó que en ninguno de los municipios se está entregando el registro de recién nacidos de manera gratuita, inclusive se tiene fijadas cuotas que no deberían cobrarse.
Abundó que en la reunión también se planteó que a la Unicef apoyará con equipo de cómputo a la dependencia estatal para mejorar la atención a la ciudadanía infantil, en los próximos días. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Verificará Tránsito irregularidades en transporte público en la capital, indica
El subsecretario de Tránsito y Vialidad, Diego Armado Torres Avilés informó que comenzarán a hacer revisiones en busca de irregularidades en el transporte público de Chilpancingo, como choferes que no visten el uniforme o no exhiben su cédula de identificación.
En un comunicado emitido por el Ayuntamiento capitalino, se informa que representantes de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad, la Delegación de Transportes y el Consejo del Autotransporte, se reunieron con el delegado regional del área, Mario Catalán Zamora.
En el escrito, se da a conocer que las autoridades de Transporte acordaron verificar “que los choferes cuenten con su cédula de identificación y la porten en el lugar que se indique, traer el uniforme reglamentario y licencia de manejo. Por parte de la unidad motriz, debe contar con su documentación en regla, placas, tarjeta de circulación o permiso de sustitución, seguro del viajero, documentos y condiciones que debe operar la unidad del servicio público”, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Transporte y Vialidad del estado.
Acordaron dar seguimiento mediante operaciones de revisión, pero antes exhortarán a permisionarios a que regulen sus vehículos y los registros de sus trabajadores. (Beatriz García / Chilpancingo).
Llama planilla opositora a la abstención en las elecciones de hoy del STAUAG
La planilla Independencia Sindical, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a la que se le negó el registro en el proceso de cambio del Comité Ejecutivo Central, llamó a los universitarios a que hoy gane el abstencionismo y no la planilla Unidad Sindical, que encabeza Ofelio Martínez Llanes.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) el representante legal de la planilla opositora, Román Ibarra Flores, aseguró que la Administración Central de la universidad pretende “controlar” a los trabajadores mediante el STAUAG y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), por ello se replicó la reelección, como en el caso del rector Javier Saldaña Almazán.
Dijo que “lo ideal” sería que gane la abstención en las elecciones, pues de esa forma el proceso tendría que reponerse; además, con esta práctica de abstención, la planilla Independencia Sindical medirá la fuerza y el poder de convocatoria que tiene en el STAUAG.
Señaló que los académicos también tienen la opción de no presentarse a emitir su voto y recordó que en su administración pasada, Martínez Llanes no logró aumentar el aguinaldo de 70 a 90 días y tampoco incrementó ninguna otra de las prestaciones de los universitarios.
Por su parte, el candidato a secretario de Trabajo de la planilla sin registro, Cándido Cruz Vargas, informó que la Comisión Electoral no cumplió con publicar los padrones electorales de escuelas de la universidad en Chilapa y Tixtla, por lo que no se deben instalar las casillas correspondientes, y agregó que esta es una irregularidad más que demuestra que el proceso no será transparente.
Dijo que la Comisión Electoral podría “falsear” la información de los votos, para que se piense que la planilla Unidad Sindical resultó ganadora, con más del 90 por ciento a favor, por lo que llamó a los universitarios a actuar de acuerdo con los nulos resultados que Martínez Llanes mostró en su administración pasada.
Hoy se llevará a cabo la elección del Comité Ejecutivo Central del STAUAG. El padrón electoral lo conforman 2 mil 500 académicos, los resultados de la votación se presentarán en el Congreso General Ordinario, que se llevará a cabo el 18 y 19 de diciembre en Acapulco, donde también se tomará protesta de los nuevos representantes.
De acuerdo con la planilla Independencia Sindical, en el recorrido que se hizo en distintas escuelas de la universidad se vio la inconformidad de los académicos por las fallas de la administración pasada, por ello confía en que un porcentaje considerable vote por la abstención.
Exigen representantes de PRD, Morena y MC la remoción de los siete consejeros del IEPC
Los representantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se agilice la demanda que presentó en marzo pasado el representante de Morena para la remoción de los siete consejeros, por graves y reiteradas violaciones a la ley, omisión de sus responsabilidades, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos asignados al organismo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a las 3 y media de la tarde de este miércoles, los representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; de Morena, Sergio Montes Carrillo, y de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, también cuestionaron los altos sueldos que perciben, que, en el caso de la presidenta Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 pesos y los consejeros 237 mil 564 mensuales.
“Son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero, que establece que ningún servidor público debe ganar más que el gobernador”, dijo en su caso el perredista Adame Serrano.
El representante de Morena, Montes Carrillo, presentó el 2 de marzo pasado ante el INE, a través de su vocalía local, una demanda de remoción de los siete consejeros del IEPC, que se recibió con el número de queja 26/72 y una vez radicada en la unidad responsable del INE le asignaron el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley, omisiones de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
Pero Montes Carrillo se quejó de que a más de cuatro meses de que presentó la denuncia no han tenido respuesta, y tampoco el INE ha realizado ninguna acción en contra de los consejeros, ni ha hecho ninguna petición o aclaración a él como promovente, a pesar de que aseguró que ha estado presentado las pruebas supervenientes necesarias para fortalecer el expediente.
Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia del representante de Morena, para que el INE “le dé respuesta ya” a su demanda y explicó que la denuncia que presentó el representante de Morena en contra de los consejeros fue por realizar una promoción ilegal de funcionarios electorales, explicó que personas que no contaban con el perfil y los lineamientos que establece el INE fueron promovidos a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos: el de Margarito Cortés, quien de auxiliar lo ascendieron a titular de la oficialía electoral. Otro caso fue el de Norma Liliana Ramírez Eugenio, quien habiendo sido candidata suplente del PAN en 2012, fue nombrada titular de una unidad técnica del IEPC.
Al respecto, Montes Carrillo explicó que después de que se presentó la denuncia ante el INE, los dos funcionarios electorales que habían sido ascendidos fueron removidos y liquidados, lo que también fue presentado como pruebas supervenientes en el desarrollo del expediente.
Consideró que es importante que el INE resuelva ya la denuncia que presentó, “porque no podemos ir al proceso electoral de 2018 con consejeros señalados de omisiones en sus funciones”.
Asimismo, dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con los requisitos que señala el lineamiento del INE para ocupar un cargo de titular de una unidad técnica del IEPC, aunque de éstos no precisó a quienes.
Otra de las causales que planteó Morena en su demanda es la “notoria negligencia en el desempeño de sus funciones, con lo que violaron los principios rectores del organismo electoral”.
Explicó que en diversos órganos distritales en el proceso electoral de 2014-2015, como en los distritos 14, 16, 18 y 28 se cometieron una serie de irregularidades “que quedaron plenamente acreditadas en los expedientes donde se impugnaron las elecciones municipales o distritales”.
Dijo que ante esa situación el órgano electoral nunca hizo nada para sancionar a sus funcionarios, reprochó el representante de MC.
Añadió que esa negligencia está ocasionando que en el nuevo proceso de ratificación y nombramiento de consejeros distritales muchos de ellos se inscribieran, aunque al respecto los representantes de los partidos ya expresaron su oposición, concretamente en contra de algunas personas y los tres representantes partidistas advirtieron que impedirá que no pasen, por haber cometido irregularidades que violentaron la ley en el proceso electoral anterior.
“No podemos iniciar el nuevo proceso electoral con la incertidumbre de que algunos consejeros electorales del máximo órgano local tengan alguna imputación de haber cometido ilegalidades y que conserven el cargo para seguir desempeñando sus funciones”, dijo en su momento el representante de MC.
Exigió al INE que resuelva la denuncia que presentó Morena para iniciar un proceso electoral, “tal y como lo marca la ley, protegiendo siempre los principios rectores que establece la ley electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Adame Serrano, igual que el de Morena y de MC se sumó a la exigencia de que el INE remueva a los consejeros electorales, porque dijo que comparte las causales de remoción.
Pero además añadió que no se puede ir a un proceso electoral “con un órgano que constantemente está violando la legalidad”, como dijo que lo hace con los altos sueldos y prestaciones que perciben. Dijo que en el caso de la presidenta, Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 y los consejeros 237 mil 564 mensuales, “son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero”, cuestionó.
Agregó que también violentan el artículo 189 de la ley electoral local, que en su fracción séptima dice que las atribuciones de la consejera presidenta son proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, de los titulares de las unidades técnicas del IEPC; sin embargo, denunció que en las direcciones y unidades técnicas la presidenta ha nombrado a puros encargados, “porque no quiere que el consejo general se los cuestione”.
Acusó a la presidenta de que con ello está incurriendo en ilegalidad y clara violación a la ley electoral, porque ya dejó pasar mucho tiempo con puros encargados en las áreas del organismo.
Mencionó que otra violación es que asuntos que le competen al Consejo General, la presidenta los traslada a la Junta Estatal, en donde tiene a puros encargados y por consecuencia tiene el control, “por eso los lleva allí”.
Destacó que otra irregularidad es la opacidad en el manejo de los recursos, sobre todo, dijo, el relacionado con la nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores eventuales en el presupuesto de 2017, el Consejo General aprobó 18 millones 668 mil 535 pesos, que divididos entre 12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711 pesos, “pero esa nómina no sabemos porqué no aparece en la página de Transparencia”. Lo que pasa, explicó, es que en esta nómina la presidenta y los consejeros meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos directivos tienen un salario de 132 mil 989 pesos que son los más altos, pero que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en 2016, donde se asignan los salarios, prestaciones y honorarios.
“En lo que no estamos de acuerdo es que se diga que se bajaron el sueldo por un proceso de austeridad, cuando en el presupuesto de egresos de 2016 y 2017, la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en el salario base”, denunció.
Explicó: “Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones y ese es un engaño, porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos, pero en los hechos se lo aumentaron, vía prestaciones para evadir impuestos”.
Agregó que los consejeros también incurrieron en la ilegalidad, porque en enero y febrero otorgaron financiamiento a los partidos Nueva Alianza y a Encuentro Social, a pesar de que en las elecciones de 2015 perdieron su registro. Recordó que la ley señala que los partidos que no alcanzan el 3 por ciento de la votación pierden el registro.
Además, acusó que la presidenta y los consejeros no presentaron el proyecto de dictamen de pérdida de registro de esos partidos, como lo establece la ley electoral, “entonces no sólo no presentaron el dictamen, sino que les dieron financiamiento en enero y febrero”, dijo e informó que el organismo electoral erogó por ese concepto 806 mil 581 pesos por los dos partidos en esos dos meses.
Informó que el organismo les suspendió el financiamiento hasta que los partidos políticos recurrieron a los organismos jurisdiccionales, para que se corrigiera esta ilegalidad.
El representante del PRD aseguró que todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido la presidenta las han denunciado en las sesiones, pero que no se corrigen los señalamientos.
“En conclusión, es muy grave que saque el proceso electoral este consejo, cuando su presidenta maneja el instituto como su empresa particular y los consejeros son sus cómplices por omisión”, se quejó.
Hay 40 procedimientos por irregularidades en pasados gobiernos, informa el contralor
El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, informó que 40 procedimientos por irregularidades encontradas en las pasadas administraciones se encuentran en la fase de responsabilidad administrativa. Aunque no precisó cuántas dependencias son las que tiene señalamientos, dijo que entre ellas están Salud y Educación.
El funcionario estatal indicó que aun faltan por hacer su declaración tres de tres 103 funcionarios de nivel jefe de área hacía arriba, por lo que evalúan sancionarlos. Esto, por el compromiso que hizo el gobernador Héctor astudillo Flores, de que en su administración se aplicaría esta medida.
En declaraciones, después de la sesión del Comité Rector de Transparencia en un salón del hotel Princess Acapulco, el secretario de Contraloría y Transparencia dijo que están “haciendo muchas auditorías” sin precisar cuántas, y de éstas se han iniciado procedimientos.
De los procedimientos iniciados unos 40 se encuentran en la fase de responsabilidad administrativa por observaciones no solventadas. Las observaciones son por el uso del presupuesto en las pasadas administraciones.
De estos procedimientos algunos los lleva la Contraloría del estado y otras son recomendaciones que hizo la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública, “por el convenio de colaboración para que podamos intervenir en algunos asuntos donde hay inversión federal”.
En abril, Ramos del Carmen dijo que se realizarían 211 auditorías a diferentes dependencias del gobierno del estado por los recursos federales que se asignan a las autoridades para obras públicas.
De la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, la llamada tres de tres, Ramos del Carmen expuso que cuando se cerró el periodo para hacerla 585 funcionarios no la presentaron, por lo que se inició procedimiento a los que fueron omisos y están analizando sancionarlos.
Actualmente, faltan por presentar su declaración 103, de los cuales dijo es probable que algunos hayan sido dados de baja y la dependencia no ha informado al respecto. Los que están pendientes por hacer su declaración dijo son funcionarios de “nivel jefe de departamento hacia gobernador”.
Indicó que se podría sancionar a quienes no presenten su declaración con 30 a 60 días de suspensión, y se verá si pueden justificar por qué no presentaron la misma a tiempo. Confía en que el próximo año todos los funcionarios estatales presenten la declaración a tiempo.
Ya se audita a 30 dependencias por diversas anomalías, dice el contralor
El secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, informó que se realizan 30 auditorías a “algunas instituciones” por irregularidades.
En declaraciones a reporteros luego del inicio de la sesión de Comisión Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable, Ramos del Carmen detalló que algunas dependencias que se auditan en la actualidad son la Secretaría de Finanzas estatal, el área de Protección Social de Salud de la Ssa y la Promotora de Playas de Zihuatanejo “que salió un poco mal”.
“Son 30 (auditorías) que estamos haciendo pero después vendrá otra etapa de solventación, que si no son aclaradas las observaciones habrá una intervención jurídica”, explicó.
Acotó que algunas auditorías ya prescribieron pues son de años pasados, de las cuales no quiso dar detalles.
Anunció que este año la dependencia realizará de 250 o 260 auditorías en diferentes dependencias del estado y también de diferentes administraciones, “no solamente” estatales.
“Hay muchas, pero no quiero dar datos en ese sentido porque todavía estamos en una etapa de solventación y de allí vendrán otras cuestiones”, dijo.
A Ramos del Carmen se le preguntó desde cuándo mantiene procedimientos contra dependencias estatales o municipales y respondió: “algunas ya prescribieron”, no obstante continúan con las revisiones a los casos, de los que tampoco quiso abundar.
Cuando un reportero preguntó cuáles han sido los castigos a faltas y consecuencias legales de los procedimientos no solventados o recursos no comprobados, dijo: “ha habido inhabilitaciones, resarcimientos, y no crean que se van tan limpios porque llegan a la fiscalía, ahora de carácter penal”.
Mencionó que las auditorías tienen muchas etapas que incluyen procesos entrega-recepción, revisiones, observaciones a funcionarios salientes, aclaraciones del funcionario saliente, peticiones para que la Contraloría actúe en cuentas públicas o en supervisiones en infraestructura física.
Halla la AGE “graves irregularidades” en el último ejercicio presupuestal de Ángel Aguirre
El titular de la Auditoría General del Estado (AGE), Alfonso Damián Peralta dio a conocer ayer que el organismo encontró “graves irregularidades” en la ejecución de la obra pública por el gobierno del estado en 2014, cuando lo encabezaba Ángel Aguirre Rivero, y que el informe fue entregado al Congreso local para que determine las acciones que correspondan.
Mientras tanto, el proceso de fiscalización para el 2015, que correspondería al periodo que cubrió el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, comenzará el próximo mes de marzo, informó el auditor.
Por otra parre, informó que como consecuencia de las 8 averiguaciones previas que se integraron en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de autoridades municipales por el incumplimiento en la presentación de las cuentas públicas, en la mayoría de los casos han solventado la información y todos los ayuntamientos ya cumplieron con el trámite.
Sin embargo, aseguró que la AGE ha procedido con la inhabilitación de algunos ex funcionarios, sin precisar los casos porque argumentó que no es su función.
Damián Peralta fue consultado al término de la presentación del informe semestral de la AGE correspondiente de julio a diciembre, así como la cuenta pública 2015, ante las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, que preside el diputado priista Eusebio González Rodríguez, y la de Vigilancia y Evaluación de la AGE, que preside el también priista Samuel Reséndiz Peñaloza.
La reunión se realizó en la Sala José Francisco Ruíz Massieu del Congreso local y también asistieron en representación de la Comisión de Gobierno, el diputado del PT, Fredy García Guevara, y de la de Justicia, el priista Héctor Vicario Castrejón.
En su informe de 100 días, el gobernador Héctor Astudillo Flores denunció el pasado 4 de febrero que “encontramos las arcas del estado vacías, sin recursos para pagar sueldos y aguinaldos, y muy marcadamente con serios pendientes a los pensionados y jubilados”.
Consultado respecto a las observaciones que ha hecho la AGE al respecto, el auditor declaró que en el ejercicio 2014 “se tienen observaciones en las distintas áreas que fueron fiscalizadas y en distintos rubros”.
Damián Peralta agregó que lo más trascendente tiene que ver en materia de obra pública, “en todos los casos se detectaron irregularidades, y están en proceso de solventación”, aclaró.
Detalló que se trata de irregularidades por “conceptos pagados y no ejecutados” o “volúmenes pagados en exceso”.
Sin embargo, el auditor evadió dar mayores detalles y argumentó que la información que tiene la AGE se derivó de la presentación de las cuentas públicas, que está consignada en los informes que entregó al Congreso local, “en donde se encuentran las observaciones”, y que “si hay necesidad se determinarán las acciones de otra índole que correspondan”.
El auditor también evadió dar datos precisos de las obras observadas y el monto de las irregularidades, pero dijo que se trata de irregularidades “grave en todos los casos”, pues, añadió, “toda irregularidad en el manejo de los recursos, por supuesto que es grave”.
Añadió que en todos los casos están corriendo los procesos de fiscalización y que los ex funcionarios tienen que presentar la documentación alterna.
En cuanto al ejercicio fiscal 2015, informó que el proceso de fiscalización comienza en el mes de marzo.
“En estos momentos estamos en espera de la presentación de la cuenta pública tanto de los tres poderes como de los ayuntamientos y órganos autónomos, y a partir de la recepción de la cuenta pública iniciará el proceso de fiscalización para determinar las observaciones correspondientes”, informó.
Explicó que en cuanto a la fiscalización de los ayuntamientos, siguen corriendo los procesos y que como consecuencia de las 8 averiguaciones previas que se integraron en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de autoridades municipales por el incumplimiento en la presentación de las cuentas públicas, en la mayoría de los casos han solventado la información y que todos los ayuntamientos ya han cumplido con el trámite.
El auditor no quiso señalar casos particulares, porque argumentó que no es su función.
En cuanto a la auditoría realizada a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), informó que ya notificó a la universidad las observaciones y que las autoridades universitarias han presentado la información con la que pretenden solventarlas.
Explicó que dicha información está siendo valorada por la AGE.
Antes, en su intervención con los presidentes de las comisiones, el auditor dijo que presentó con puntualidad el informe y la cuenta pública “para tratar de ser congruentes con lo que exigimos hacia afuera”, pues recordó que el mes de febrero está establecido como el límite para entregar las cuentas públicas y los informes financieros semestrales para todos los entes públicos que ejercen recursos.
Dijo que la AGE debe ser la primera en cumplir, de acuerdo con lo que establece la ley, y que con el acto de ayer dio cumplimiento a la entrega de la cuenta pública del último semestre del 3015 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el informe financiero semestral correspondiente a los meses de julio a diciembre ante la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la AGE.
El auditor pidió a todos los entes fiscalizables que presenten su cuenta pública antes del 29 de febrero, que es la fecha límite, de lo contrario advirtió que serán sujetos a las sanciones que la ley prevé.
Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, Eusebio González Rodríguez, exhortó a los entes fiscalizables, poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados, que cumplan con la presentación de sus cuentas públicas conforme a la ley, de lo contrario, pidió al auditor que en los que las presenten en forma extemporánea aplique las sanciones correspondientes.
Minimiza Apreza las irregularidades de empresas que concursan por un contrato de 400 millones
El secretario de Administración y Finanzas, Héctor Apreza Patrón, dijo que el proveedor de las despensas del DIF será la empresa que cumpla con los requisitos de la convocatoria, e informó que no se investigaron los antecedentes de las empresas participantes, pero que éstos no serán determinantes para el fallo de la licitación.
Hoy el gobierno del estado deberá informar qué empresa ganó un concurso para proveer un millón 240 mil 901 despensas para seis programas de asistencia alimentaria con una inversión de 400 millones de pesos.
Las dos empresas que compiten por el contrato son Productos Serel, filial del Corporativo Kosmos, multado en Jalisco por la intoxicación de 450 internos del Reclusorio Preventivo de Guadalajara, y Despensas y Provisiones de Alimentos, que reportó un domicilio en Iguala donde no hay rastro de ella.
En declaraciones a reporteros después de la ceremonia de inauguración de la exhibición y reunión internacional de negocios de la industria ferroviaria, Apreza Patrón indicó que la licitación la ganará la empresa que haya presentado la mejor propuesta económica.
El secretario de Finanzas, dependencia que emitió la convocatoria para la licitación, señaló que mientras las empresas participantes no estén inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública no hay ningún inconveniente en que puedan participar.
“No somos agencia ministerial investigadora en esa materia, nosotros estamos por que se cumplan las condiciones de la convocatoria, y desde luego que se le otorgará la licitación a la empresa que brinde el mejor precio, y segunda, a la que cumpla la parte de establecer aquí planta distribuidora”, dijo.
Al recordarle que una de las empresas está señalada por proveer productos que causaron intoxicación a reos en Jalisco, y si existe el riesgo de que ese caso suceda en Guerrero cuando los beneficiarios serán niños mediante los programas de desayunos escolares fríos y calientes, Héctor Apreza explicó que la razón de que el fallo se haya aplazado del 29 de enero para este viernes fue porque estaban en espera de los resultados del laboratorio, y adelantó que para evitar que productos alimenticios en mal estado provoquen intoxicación a los beneficiarios de despensas y desayunos escolares se pondrá “especial cuidado”.
El secretario señaló que la información publicada en El Sur el pasado martes sobre las empresas que participan en el concurso “no será elemento determinante” en la decisión para definir qué empresa proveerá los alimentos, porque las empresas podrían ampararse por esa resolución.
Al funcionario se le recordó que no es sólo una nota periodística, sino que Productos Serel es una empresa del corporativo Kosmos, que fue sancionado por el estado de Jalisco y los reclusos de una cárcel federal promovieron amparos por la mala calidad de los alimentos que les proporcionaba, y Héctor Apreza alegó que no defiende a ninguna empresa porque en la licitación podían participar aquellas que no estuvieran inhabilitadas.
Al insistirle si buscaron antecedentes de las empresas que participaron en la licitación, el secretario se mantuvo en la idea de que mientras no haya notificaciones de inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública “no podemos nosotros impedir la participación”.
Luego añadió que después de la información publicada por El Sur “habremos de poner particular atención para que eso no suceda y estaremos dándole un seguimiento permanente para que las despensas que contienen alimento en lugar de ser un beneficio para la gente sea en su perjuicio”.
Apreza Patrón también descartó que haya habido negociación, en particular con alguna de las empresas participantes para favorecerla con el fallo de la licitación, “ese tipo de cosas no ayudan, por eso nosotros no entablamos contacto con ningún posible proveedor”.