Irregularidades Archivos - Página 4 de 6 - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

Su impugnación no afecta preparar la campaña de Morena para 2024: Amílcar

Daniel Velázquez

El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros dijo que no dará marcha atrás en su impugnación a la elección de consejeros de Morena del año pasado, porque busca recuperar la esencia del ese partido, pues hubo “muchas irregularidades graves” en la elección interna.
Sandoval Ballesteros llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) su inconformidad por el desarrollo de la elección interna de consejeros de Morena en el distrito 04 que se realizó el 30 de julio del año pasado. El Trife la remitió la queja a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, la cual emitió la resolución apenas el pasado 22 de marzo, lo que causó una nueva queja de Sandoval Ballesteros ante el Trife, organismo que volvió a remitirla a la instancia intrapartidista.
En reacción a la impugnación del diputado federal, el presidente Jacinto González Varona y el secretario de Organización Jonathan Marquez Aguilar, del Comité Ejecutivo Estatal, opinaron que los liderazgos del partido deben superar la elección interna y concentrarse en la campaña del próximo año.
Consultado por teléfono, Pablo Amílcar Sandoval sostuvo que la impugnación es porque hubo muchas irregularidades, “encontramos boletas en la basura” y se tienen testimonios notariados de las irregularidades.
“Tenemos una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y ante el Tribunal y se debe resolver conforme a derecho, las irregularidades son muy graves”.
“No hemos querido hacer un golpeteo pero tendrá que resolverse conforme a derecho, no es nuestro interés dañar al partido sino que se salve la esencia del partido”.
Del llamado de los dirigentes estatales a superar la elección de 2022 y trabajar para el 2024, Sandoval Ballesteros señaló que el recurso interpuesto no es un obstáculo para ellos “trabajen y hagan lo que tengan que hacer para 2024, hay mucho por hacer, hay una gran expectativa para lo que sigue respecto a Morena y queremos ver todo ese trabajo, que no se preocupen por esto, ellos no tienen ninguna injerencia.
Indicó que serán los tribunales los que decidirán que es lo que se debe hacer para resarcir el daño que se le hizo al partido con una elección interna en la que hubo muchas irregularidades, “encontrar boletas marcadas, en la basura, no es cualquier cosa, todos los testimonios que hubo, son bastante alarmantes”.
“Lo que necesitamos es un partido fuerte sólido y eso implica cumplir y hacer cumplir los estatutos de Morena, no solamente tener el título de dirigente sino respetar la normatividad interna y la vida interna de nuestro partido”.

Impugna Amílcar ante el Trife la resolución de la CNHJ de Morena por elección de consejeros

Daniel Velázquez

El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena sobre la elección de consejeros para el tercer Congreso Nacional Ordinario.
La elección interna se llevó a cabo en dos etapas. La primera fue el 30 de julio y la segunda el 25 de agosto, para reponer el proceso en sedes donde no se pudo llevar a cabo la votación. Sandoval Ballesteros impugnó los resultados de la elección de consejeros en el distrito 04 de Acapulco por el que es diputado federal. El 4 de septiembre de 2022 lo hizo per saltum en el Trife y el caso fue remitido a la CNHJ de Morena el 9 del mismo mes y año. La resolución se publicó el pasado 22 de marzo mediante la cual la instancia partidista declaró “inoperantes, infundados e ineficaces” los agravios expuestos por el denunciante.
En reacción a la decisión de la CNHJ, Sandoval Ballesteros recurrió nuevamente al Trife el 25 de marzo para impugnar la resolución, la cual fue nuevamente remitida a la Comisión, que dio cuenta el 27 de marzo de haber admitido el caso.
Sandoval Ballesteros señala que la Comisión incurrió en acciones en su perjuicio como la dilación en la resolución, omisión en la valoración de pruebas y análisis subjetivos.
En el recurso promovido, el diputado federal alega que el cierre del proceso fue el 21 de septiembre de 2022 pero la resolución la emitió hasta el 22 de marzo de 2023, lo que significa que “la autoridad responsable con su actuación ha dilatado la atención y resolución del procedimiento sancionador”.
En su escrito, el diputado enfatiza que transcurrieron 187 días, desde el cierre de la instrucción hasta la emisión de la resolución, cuando debió hacerlo en un plazo de 5 días o hasta 30 días como lo establece el Reglamento de la Comisión, “lo que demuestra una dilación en la procuración de justicia”.
“Resulta indudable la violación grave al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita por parte de los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como órgano intrapartidario en su función jurisdiccional”.
También señala que la CNHJ violentó seis artículos de la Constitución, sus derechos humanos pues hubo “una indebida y falta de valoración de las pruebas en su totalidad”, lo que perjudicó sus derechos como militante y aspirante al Congreso Nacional de Morena, pues la Comisión realizó “una indebida valoración de las pruebas, pues es claro que con suma ignorancia y bajo un criterio sesgado se limita a analizar de forma superflua los elementos de prueba”.
Agrega que como interesado en el caso, aportó los requisitos de modo, circunstancia y lugar, pruebas testimoniales y 23 videos “que debieron ser valoradas en su conjunto con las técnicas y no meramente de manera aislada lo que demuestra un claro perjuicio en desarrollar de manera ociosa por la responsable una simple afirmación y conjetura sin ir mas allá”.
Señala que la Comisión perdió tiempo y nada hizo por realizar diligencias que pudieran aportar al esclarecimiento del caso y resolver conforme a derecho, como solicitar un informe al gobierno municipal sobre la participación de la policía dentro y fuera de las sedes de votación en el distrito federal 04 de Acapulco; analizar la totalidad de la paquetería electoral para verificar que no se contabilizaron boletas electorales falsas; y verificar la totalidad de las actas de computo y resultados, que los testigos ofrecidos nunca fueron llamados a comparecer.
También se queja de que las pruebas ofrecidas fueron analizadas de manera “sesgada y subjetiva”, lo que derivó en que se declararan como insuficientes.
En su queja, el diputado solicitó al Trife que deje sin efecto la resolución de la CNHJ de fecha 22 de marzo y ordene a la misma “entrar al estudio de fondo del asunto planteado y resolver conforme a derecho”.
La votación para la elección de consejeros para el tercer Congreso Nacional Ordinario se realizó el 30 de julio. En el distrito 04 de Acapulco hubo tres sedes para recibir la votación: la cancha techada de la colonia Zapata, la explanada del parque Papagayo y en la cancha techada de Pie de la Cuesta. Las mujeres que resultaron electas en esa votación fueron la secretaria de Bienestar de Acapulco Leticia Lozano Zavala, la directora de Desarrollo Económico del municipio Elizabeth Parras Gutiérrez, la diputada local Beatriz Mojica Morga, Paula Jaimes Cabello y la líder vecinal Bernarda Torres Olmedo.
Entre los hombres electos también estuvieron funcionarios municipales como el director de Prevención Social y encargado del programa de Pipas de Acapulco, Estanislao Vital Radilla, el entonces director de Obras Públicas Alfredo García Vázquez, el ex coordinador de Servicios Públicos Alejandro Sotelo Urióstegui, el ex director de Desarrollo Económico Rodrigo Ramírez Olmedo y Pablo Aranda Gallardo.
Los resultados oficiales de los ganadores de la votación se presentaron el 1 de septiembre de 2022 y el 5 de septiembre se instaló el Consejo Estatal de Morena.

Paro laboral en Cultura Física y Recreación de la UAG; exigen mejores instalaciones

Trabajadores del Departamento de Cultura Física y Recreación, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pararon labores para denunciar irregularidades y exigieron mejoras laborales.
Los agremiados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) cerraron la entrada principal de las canchas de la universidad, donde están sus oficinas, minutos después de las 8 de la mañana.
El delegado sindical de la zona Centro, Edgardo Valle Bello, informó que piden una reunión con el rector José Alfredo Romero, para solicitarle que se mejore la infraestructura de sus instalaciones.
Indicó que piden la destitución de la jefa del Departamento de Cultura Física y Recreación, Dulce María Díaz Leyva, porque no ha atendido sus demandas, así como el rescate de becas deportivas.
“Queremos que nos volteen a ver, para tener las mejoras correspondientes en las instalaciones”, destacó Valle Bello. Dijo que además piden una auditoría de los ingresos del departamento.
Manifestó que desde antes de la pandemia, la encargada del departamento presentó su renuncia por las “presiones” que venían haciendo, porque no les solucionaba, pero continúa en el cargo.
El delegado informó que este miércoles tenían programada una mesa con representantes de la Rectoría, pero que los sindicalizados acordaron que pararían labores. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

El supervisor quiere cambiar injustamente a una maestra, denuncian padres de Coahuayutla

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Padres de familia de la primaria Niños Héroes, ubicada en la cabecera municipal de Coahuayutla, denunciaron que el supervisor de la zona escolar 99, Carlos Reyes Gervasio, de manera arbitraria pretende cambiar a una maestra de centro de trabajo, por lo que demandaron la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Este miércoles, vía telefónica, una de las madres de familia de la escuela, manifestó que los papás no están de acuerdo con la actitud del supervisor escolar, quien aseguró que se ha distinguido por cometer diversas irregularidades, entre éstas, favorecer a los profesores que simpatizan con él, pues les da adscripción en escuelas cercanas a la cabecera municipal y a los que no, a las más alejadas, pese a que llegan con un nombramiento distinto.
La ama de casa dijo que se enteraron que el supervisor pretende mover a una maestra de la escuela Niños Héroes a la primaria José María Morelos, “y no estamos de acuerdo, porque allá no tienen la misma cantidad de niños que tenemos en nuestra escuela, y si las autoridades no hacen algo, nosotros nos vamos a ver en la necesidad de cerrar la escuela y la propia supervisión, porque no está bien eso que el supervisor quiere hacer”.
Agregó que el jefe escolar del sector 10, Artemino Castillo Galarza, “sabe todas las cosas que está haciendo mal este supervisor, pero son muy cercanos y por eso se hace de la vista gorda. Él vino a acompañarlo para darle el nombramiento a la maestra en la escuela y ahora, de buenas a primeras, sale con que siempre no, que porque desde un principio su nombramiento había sido para la primaria Morelos y no en nuestra escuela”.
Enseguida, hizo un llamado al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, “para que haga algo, que intervenga y cambien a este supervisor. Ya no lo queremos en Coahuayutla, que vengan y que lo investiguen, esta injusticia que quiere hacer con la maestra no es lo único, se le saben muchas cosas injustas que hace con los maestros acá en el municipio”.
Dijo que antes de hacer esta denuncia pública, los padres de familia de esta escuela se organizaron y acordaron que darán un tiempo prudente, de una semana, para tener noticias por parte de la SEG, “pero si vemos que no hacen nada y al final cambian a la maestra, vamos a cerrar la escuela y la supervisión, porque ya estuvo bueno que alguien como ese maestro crea que porque él tiene más estudios que uno le vamos a estar aguantando que nos cambie a la maestra, nomás porque él quiere”, apuntó.

Las observaciones de la ASF son para el gobierno anterior pero las atenderá, dice Norma Otilia

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidenta municipal capitalina, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que las observaciones que realizó al municipio la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por irregularidades en la cuenta pública, corresponden a la anterior administración, aunque su gobierno atenderá el requerimiento.
La semana pasada la ASF informó que hubo observaciones a 15 municipios por el mal manejo de recursos públicos, entre ellos está Chilpancingo, que deberá aclarar 7 millones de pesos 936 mil 790 pesos ejecutados como “servicios generales e inversión pública”.
En conferencia de prensa matutina en el Palacio municipal, Hernández Martínez precisó que estas observaciones corresponden al ejercicio fiscal 2021, del periodo enero y septiembre de la anterior administración, y que la ASF auditará en marzo su primera cuenta pública del 2022.
Recordó que hace un año la ASF notificó al municipio una observación de unos 8 millones de pesos, del ejercicio fiscal 2021 que corresponde a la anterior administración, “por lo que seremos responsables para dar seguimiento a lo que corresponde”.
Dijo que a nivel nacional Acapulco y Chilpancingo son los municipios más auditados, y lo más observado es la infraestructura, “a nosotros no van hacer la primera auditoría de la cuenta pública del 2022, por eso estamos apurados para comprobar los requerimientos que nos solicitan”.

No le ha informado la FGE del caso de los incendios provocados

Por otra parte, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado sobre los incendios provocados en el restaurante El Marino, donde murieron calcinados el velador y su hijo, ni de los 12 locales del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla el 20 de febrero pasado, e insistió que le informe de los avances de las investigaciones.
Hernández Martínez comentó que atender el problema de inseguridad depende de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos, que el municipio está haciendo lo propio en la prevención del delito, y agregó que la Fiscalía y la Mesa de Coordinación para la Paz deben de informar sobre las investigaciones de algún hecho y proceso penal de un presunto delincuente.
“La Fiscalía no ha dado ningún pronunciamiento de los hechos que ocurrieron el 20 de febrero, me encantaría que nos pudieran informar de los avances, por ejemplo los policías que agarran a los delincuentes no sabemos qué trato les están dando, si los ponen en libertad o en proceso”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Se-guridad Pública y Protección Ciu-dadana, Martha Isela Velázquez Adame informó que continúan los recorridos de militares, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales en el corredor del Valle del Ocotito, en donde se instaló una base de operación tras la petición de los comisarios que solicitaron seguridad en esta zona.
El 18 de febrero ocho integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, que antes pertenecían a la UPOEG, fueron detenidos y su base desmantelada en la comunidad Buenavista de la Salud, tras una irrupción por policías estatales, militares y efectivos de la GN.
Velázquez Adame informó que a traves de los operativos de los tres órdenes de gobierno, de enero la fecha han detenido 17 personas por los delitos de violencia familiar, robo dentro de un vehículo, casa habitación, violación, por portación de arma de fuego y cartuchos, robo de motocicleta, negocio y acoso sexual.
Además, han detenido 98 personas por faltas administrativas, por alteración de orden público, inhalar sustancias tóxicas, realizar necesidades fisiológicas en vía pública, agresión, graffiti y faltas a la moral.

Se manifiestan trabajadores del IEEJAG en oficinas centrales; denuncian irregularidades

Alumnos y trabajadores del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) se manifestaron en las oficinas centrales, para denunciar irregularidades y exigir una audiencia con la directora, Haydee Mares Galindo.
A la 1:30 de la tarde, 10 inconformes comenzaron a manifestarse en las oficinas, ubicadas en el centro de la capital, para exigir que se aplique examen a los alumnos y la rehabilitación de las plazas comunitarias.
El técnico docente, David Téliz Martínez, informó que piden una audiencia con la directora del IEEJAG, para darle a conocer sus inconformidades, pero no han tenido respuesta.
Detalló que los alumnos no han presentado sus exámenes, que en la zona centro son cerca de 6 mil estudiantes. Externó que muchos jóvenes quieren irse a la preparatoria, pero no pueden hacerlo porque no hay fechas para la aplicación de la evaluación, “y menos para una certificación”.
Además, dijo que las plazas comunitarias carecen del equipo básico para impartir las clases, porque no tienen internet ni equipo de cómputo, para el buen funcionamiento.
Téliz Martínez indicó que a los asesores pretenden pagarles febrero y marzo, pero no enero, pese a que está devengado su salario. Detalló que el pago consiste en 3 mil pesos al mes y se quejó que tampoco les dan sus viáticos.
Después de la protesta, a los manifestantes les programaron una reunión este jueves a las 5 de la tarde, con Mares Galindo, “esperemos solución, porque la directora es muy soberbia”, manifestó el técnico docente. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Observaciones de la ASF a 15 municipios por mal manejo de recursos durante 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Además del Ayuntamiento de Acapulco, al que le realizó observaciones superiores a 64 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las cuentas de los gobiernos municipales de Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez; además de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlapa, Teloloapan, Pilcaya, La Unión, General Heliodoro Castillo, Cuautepec y Cocula.
Les demandó aclarar el uso de 74 millones 821 mil 161 pesos, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
Las observaciones de la ASF son porque los gobierno municipales no acreditaron el pago de servicios, contratos de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, de materiales, útiles, equipos de oficina, material de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, entre otros.
En la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que publicó en febrero de este año la ASF, detalla que el gobierno municipal de Ajuchitlán del Progreso, que preside el priista Víctor Hugo Vega Hernández, debe aclarar tres millones 853 mil 532.25 pesos, que gastó en “materiales y suministros” y “servicios generales” con recursos económicos que recibió del Ramo 28, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública. El alcalde gobernó en el periodo 2018-2021.

Los ayuntmientos

Al gobierno municipal de Arcelia, presidido por el priista Bulmaro Torres Berrúm, la ASF le pide aclarar la ejecución de 345 mil 779 pesos, que gastó en “materiales y suministro”, pero del que no da más detalles.
En el caso del gobierno de Chilapa, que preside el priista Aldy Esteban Román, deberá aclarar el gasto de 22 millones 411 mil 806 pesos, ya que no comprobó la ejecución de un gasto en “servicios personales”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, deberá aclarar siete millones 936 mil 790 pesos, que ejecutó como “servicios generales e inversión pública”, y es que argumentó, el ayuntamiento no entregó evidencia documental suficiente de “servicios prestados” establecidos en siete contratos, ni acreditó el pago de otros tres, en los que utilizó recursos económicos federales del ramo 28.
El gobierno de Cocula, que preside Carlos Alberto Duarte Bahena, de Morena, deberá aclarar 264 mil 322 pesos, porque no acreditó el pago de cinco pólizas de “materiales y suministros”.
El gobierno de Coyuca de Benítez, presidido por el morenista, Ossiel Pacheco Salas, debe aclarar dos millones 659 mil 500 pesos, ya que no entregó la documentación suficiente parar comprobar el gasto en un programa de mejoramiento denominado la “pinta de fachadas”, así como por la “implantación, desarrollo y soporte de aplicaciones y base de dato, capacitación, levantamiento de requerimiento y seguimiento del software Coram”.
El gobierno municipal de Cuautepec, gobernado por el perredista César Iván Pérez Vargas, deberá aclarar un millón 69 mil 927 pesos, ya que no entregó evidencia documental con el que comprobara la adquisición de “materiales, consumibles de oficina y cómputo”, y no acreditó “el pago total de dos pólizas” de servicios prestados por contrato.
En el caso de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), gobernado por el priista Serafín Hernández Landa, la ASF lo pidió aclarar un millón 350 mil pesos, porque no entregó las facturas de los pagos, fotografías, reporte de actividades, documentación que demuestre o acrediten un servicio, pero del que no da más detalle.
El alcalde David Gama Pérez, del PRI, en el municipio de Iguala, deberá aclarar cuatro millones 913 mil 661 pesos, porque no entregó evidencia documental suficiente de los servicios prestados establecidos en 14 contratos adjudicados a un mismo proveedor, por “arrendamiento de maquinaria y/o equipo”, así como de 10 contratos adjudicados al mismo proveedor por “la prestación de servicios para realizar el trabajo de proceso de validación de impuesto sobre la renta participable y timbrado de la nómina de los meses de noviembre 2020 a agosto 2021”.
Sin embargo, en el periodo de 2018 a 2021, en Iguala gobernó el morenista, Antonio Salvador Jaimes Herrera.
En La Unión, gobernado por el perredista Crescencio Reyes Torres, deberá aclarar la ejecución de cinco millones 117 mil 470 pesos, por no entregar la documentación y acreditar los servicios prestados de tres contratos, ni el pago de la cuenta donde se administraron los recursos de participaciones federales de cuatro pólizas de egresos. Tampoco reportó las actividades de la operación y servicio de los camiones recolectores de basura, reporte fotográfico y actas de entrega de dos obras denominadas recolección y acarreo de basura al relleno sanitario municipal.
El gobierno panista de Pilcaya, de Sandra Velázquez Lara, debe aclarar la ejecución de dos millones 674 mil 512 pesos, porque no comprobó los servicios de tres proveedores por la adquisición de productos químicos para la planta tratadora de agua, por la prestación de servicios de asesoría legal de enero a diciembre de 2021 y por la adquisición de una impresora multifuncional. Tampoco acreditó documentos de la propiedad o los derechos de propiedad del lugar donde se efectuó la obra pública, ni el finiquito de los trabajos y el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Del gobierno municipal de Taxco, que encabeza Mario Figueroa Mundo, por Fuerza por México, las ASF le pide aclarar 11 millones 261 mil 110 pesos, luego de que comprobó los servicios prestados establecidos en seis contratos con los que se adquirió “materiales y suministros, servicios generales y bienes inmuebles e intangibles”.
El gobierno municipal de Teloloapan, del perredista Homero Hurtado Flores, debe aclarar a la ASF un millón 323 mil 953 pesos, porque no comprobó la adquisición de bienes, un servicio y dos gastos sin contrato, del que se precisó, fue un servicio profesional para la gestión ante el SAT para la devolución de los pagos efectivamente realizados del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de enero a junio del 2020, periodo en el que gobernó, el perredista Efrén Ángel Romero Sotelo.
En el caso de Tlapa, gobernada por el priista Gilberto Solano Arreaga, debe aclarar dos millones 593 mil 947 pesos, porque no entregó evidencia documental de las adquisiciones y servicios prestados de dos contratos, y de gastos sin contrato a dos proveedores por la adquisición de “materiales, útiles y equipos menores de oficina y la adquisición de material de limpieza”.
El municipio de Zihuatanejo, del priista Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo, debe aclarar siete millones 644 mil 846 pesos, porque no comprobó tres servicios que se formalizaron en tres contratos, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de seis contratos por el “arrendamientos de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, asignados a cuatro proveedores”.

Los 15 municipios observados por la ASF, suman un total de 74 millones 821 mil 161 pesos que deberán aclarar lo expuesto en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021
De acuerdo con la ASF, los municipios de Ajuchitlán, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, General Heliodoro Castillo, Iguala, La Unión, Pilcaya, Taxco, Teloloapan y Taxco no hicieron “una gestión eficiente y transparente de las participaciones federales a municipios en 2021”.
Además, consideró que no cuentan “con un adecuado sistema de control interno, que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Toman docentes y trabajadores la UPN de Iguala; piden la salida del director

Alejandro Guerrero

Iguala

Docentes y trabajadores administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 12-C, pararon labores y tomaron la escuela para exigir la destitución del director, Juan Nava Beltrán, por presuntas irregularidades y problemáticas que ha generado; además le solicitan que rinda un informe de sus dos años en el cargo.
A las 9 de la mañana, un grupo de 15 trabajadores, de los cerca de 50 con que cuenta la escuela, inició la toma, lo que provocó la suspensión de las clases para poco más de 500 alumnos.
El profesor José González Moreno denunció que el director Juan Nava ha tenido muchos problemas y ha generado conflictos con alumnos, docentes y en el área de planeación.
Indicó que han entregado su pliego de demandas a las autoridades del nivel superior, quienes les dieron un plazo de un mes para dar respuesta o solución a los conflictos, lo cual no ocurrió.
En declaraciones con reporteros, denunció que el director Nava Beltrán, de forma paralela es docente frente a grupo en otras escuelas del mismo nivel educativo, en las que presuntamente ha “degradado” a los profesores de la UPN, lo que consideró como un “grave delito”, en el que él valore a otros subsistemas donde se desempeña como docente, pero que a la vez critique el trabajo de los maestros de la que él es director.
Denunció una mala atención a los alumnos, principalmente a los de octavo semestre, a quienes les prometió constancias de estudio o la expedición de su expediente, para que ellos sigan su proceso de solicitud de plazas docentes; sin embargo, ahora se los están negando, porque les dijeron que “ya no son tiempos”.
Asimismo, dijo que le están exigiendo al director que rinda un informe financiero y académico, el cual no ha dado desde hace dos años, cuando asumió el cargo, a pesar de que fue un ofrecimiento en su plan de trabajo cuando se perfiló para ocupar el cargo; además, de que en este periodo no ha presentado un plan de desarrollo institucional.
El académico advirtió que el paro laboral y la toma de la escuela serán indefinidos, realizando plantones de 12 horas.
En una lona colgada en la reja de la escuela, junto al plantón realizado, se leía: “Autoridades educativas de nivel superior, exigimos la salida del director Juan Nava Beltrán, por los múltiples problemas generados por su falta de compromiso”.
Mientras que en cartulinas escribieron algunas más de sus demandas: “Exigimos informe financiero. Más de dos años de gestión y nada”, “abuso de autoridad y desorganización total de las actividades académicas. Fuera director” y “falta de compromiso y responsabilidad del director para el corrimiento de 11 docentes”.

Piden diputados en la Permanente investigar y sancionar irregularidades en el Zoochilpan

El secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso, Andrés Orozco Pintos y la subdirectora de Recursos Humanos Avilés Rodríguez, en conferencia de prensa la tarde de ayer para responder a señalamientos del sindicato que cerró las instalaciones Foto: Lenin Ocampo Torres

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión Permanente del Congreso realizó su sesión ordinaria en el hotel Holiday Inn, tras que la sede fue tomada por trabajadores. Ésta fue de trámite y no fue transmitida por ninguno de los medios institucionales, a pesar de que las sesiones deben ser públicas, por lo que la información que se conoce es solamente por boletines.
En la sesión se habló de las irregularidades en el zoológico de Chilpancingo Zoochilpan. La Mesa Directiva dio lectura a un documento del diputado del PVEM Manuel Quiñónez Cortés, en el que pidió garantizar el respeto a la vida de las especies animales que están bajo el resguardo de este parque.
El Zoochilpan, dijo en su escrito, debería ser un santuario para la protección, el buen cuidado, manejo, conservación y reproducción de las especies animales, pero “por crudo que se escuche”, resultó ser un “matadero y negocio de personas sin ética profesional y sin conciencia”.
Finalmente exigió a las autoridades ambientales que el resultado de las investigaciones concluya con las denuncias “y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”.
El diputado priista Rafael Navarrete Quezada intervino respecto al manejo inadecuado de animales, lo que constituye “no solamente faltas administrativas, sino también inobservancia y violaciones a las disposiciones del derecho positivo vigente y a las Leyes General de Vida Silvestre y de Bienestar Animal del Estado de Guerrero”.
El priista también exigió una investigación a fondo que permita saber qué pasó y qué está pasando en el Zoochilpan “emplazándolas a cumplir su responsabilidad de proteger a los animales y sancionar de manera ejemplar a quienes vulneren sus derechos”.
La diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz propuso incorporar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito de la administración pública, para el libre ejercicio de la función, la toma de decisiones y el acceso a los recursos y prerrogativas de ley, en pie de igualdad con los hombres, estableciendo medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia política en la administración pública del estado y sus municipios.
Y la morenista Jessica Alejo Rayo propuso una adición al artículo 170 Bis del Código Penal del estado para sancionar la elaboración y posesión de medicamentos clonados, alterados o caducados con fines de venta, comercialización y distribución de manera directa o en establecimientos no autorizados, con penas de 3 a 8 años de prisión.
De Morena, Angélica Espinoza García propuso reformas y adiciones al artículo 35 Bis de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado para incorporar a las artesanías guerrerenses dentro de los programas prioritarios de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo, que propicie la atención integral de toda la cadena de producción que integra la difusión, promoción y salvaguarda de esta actividad representativa de Guerrero.
Otro morenista, Osbaldo Ríos Manrique, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para incorporar entre los Premios Estatales a la Juventud una categoría referente a género y diversidad sexual, dirigida a personas jóvenes con liderazgo que promuevan la igualdad de derechos y combatan la discriminación de forma activa, las desigualdades y estigmatización de grupos vulnerables.
La Permanente desechó la iniciativa de ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Coyuca de Benítez, por no estar debidamente justificada ni existir un diagnóstico que fundamente su creación.

Termina la protesta de maestros de educación especial en la zona Norte; se reunirán con la SEG

Alejandro Guerrero

Iguala

Docentes de Educación Especial de municipios de la zona Norte, que tenían tomada la delegación de los Servicios Educativos, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), concluyeron su protesta el mediodía de este miércoles, luego de acordar con autoridades una mesa de trabajo para el 28 de este mes.
Este encuentro sería para revisar las presuntas irregularidades en las nuevas plazas, que se están ofreciendo a profesores de nuevo ingresos en las zonas preferentes, además de impugnaciones y adeudos que hay.
Las oficinas regionales de la SEG, ubicadas en la calle Hermenegildo Galeana, cerca del Periférico Sur, fueron tomadas desde las 8 de la mañana del martes, por unos 35 docentes de las zonas escolares 5 de Iguala, 6 de Teloloapan, 14 de Taxco y la 10 de Tierra Caliente, los que denunciaron nepotismo y tráfico de influencias en el otorgamiento de nuevas plazas. También exigieron un proceso justo, transparente, con apego a derecho y respetando la antigüedad del resto de trabajadores, que esperan un cambio de centro de trabajo en este proceso de nuevos nombramientos.
Uno de los maestros afectados, Yuruam Avilés Reyes, informó en declaraciones por teléfono que a las 12:30 del mediodía habían liberado las instalaciones y levantado su protesta, luego de que se logró un acuerdo “momentáneo” con las autoridades educativas.
Informó que se reunieron con el delegado de la SEG, Salomón Beltrán Barrera, y con el director de Educación Especial, Erasmo Díaz, quienes escucharon sus demandas y firmaron una minuta, en la que se acordó una mesa de negociaciones para el 28 de este mes, en Chilpancingo, con funcionarios de las áreas correspondientes.
Dijo que dieron el “voto de confianza” a las autoridades y acordaron la liberación de las oficinas de la SEG, en espera de la mesa de trabajo y, con base en los acuerdos que se logren, definirán si lo dan por resuelto o regresan las movilizaciones.
Este miércoles levantaron el paro de labores iniciado el martes y hoy ya se presentan a clases en sus respectivas escuelas.
Avilés Reyes indicó que en las semanas pasadas salió una lista de la tercera etapa de otorgamientos de nuevas plazas a profesores de nuevo ingreso, en las que se están otorgando espacios en lugares preferentes de las distintas zonas, lo que afecta derechos de los trabajadores con mayor antigüedad, que durante años han esperado llegar a esas escuelas. Dijo que lo que pelean es que haya transparencia y legalidad en estos procesos de cambios y corrimientos, para que se hagan conforme a derecho.
Explicó, además, que están exigiendo el resolutivo de impugnaciones que se han hecho por parte de algunos profesores, que reclaman que sus derechos fueron violentados por estos nombramientos de nuevo ingreso.