Irregularidades Archivos - Página 3 de 6 - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

Denuncian padres que hubo “fraude” en la integración del Cabildo infantil de Chilpancingo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la integración del Cabildo Infantil 2023, organizado por el Ayuntamiento de Chilpancingo y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), hubo “fraude”, pues de acuerdo con algunos padres de familia, los cargos que se entregaron no correspondieron a la lista original que se publicó.
Derivado de las irregularidades, al menos uno de los 16 integrantes del Cabildo infantil no asistió al evento y tampoco estuvieron los integrantes del jurado calificador, o al menos, no fueron presentados durante la representación.
La sesión del Cabildo Infantil 2023, de acuerdo con la convocatoria, se realizaría el 10 de julio, pero se suspendió por los hechos de violencia, pues ese día más de 3 mil pobladores de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec, irrumpieron violentamente en Chilpancingo, así como entraron a las sedes del Congreso local y al Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que se pospuso para este jueves.
Antes del 10 de julio, el Ayuntamiento había publicado la lista de los niños que fueron designados por un jurado calificador para integrar el Cabildo.
De acuerdo con esa convocatoria, los menores electos fueron Mia Paola Antúnez Ángel, de la primaria Morelos; Adeline Ixchel Hernández Ramírez, de la Escuela Patria; Héctor David Martínez Rodríguez, de la colonia México; Estrella Elizabeth Manzano Neri, de Mi Patria es Primero; Víctor Alexander Rodríguez Rivera, de la colonia 24 de Febrero; Manuel Gatica Sánchez, de la colonia 24 de Febrero; Arleth Sarí Morales Salmerón, de la colonia Ignacio Manuel Altamirano; Nathalí Susana Santillán, de la colonia Jardines de Zinia; Arturo Farid Bernabé Cortés, de la Escuela Patria; Nicole Elizabeth Ángel Santiago, de la colonia 24 de Febrero, y César Octavio Núñez Galeana, de la colonia Simón Bolívar.
Asimismo, Nikté Yaritzi Rodríguez Millán, de la escuela Ignacio Zaragoza; Lenin Xavier Hipólito Campuzano, de la escuela Mi Patria es Primero; Elena de Jesús Gómez Nava, de la escuela Caritino Maldonado; Dayli Teresa Hernández, de la escuela José María Morelos, y María Regina Patricio Galeana, de la colonia México.
Sin embargo, la inconformidad de algunos padres radicó en que quien quedó en el lugar 12 de la lista, fue cambiada al primer lugar y designada “presidenta municipal”, cuando de acuerdo con la primera lista le correspondía a otra niña a quien cambiaron al lugar cuatro y quedó como segunda síndica procuradora y el lugar cuatro de la lista la mandaron hasta el 10, como regidora.
Los cambios, de acuerdo con los padres de familia, los realizó “a su arbitrio” la secretaria general del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos, lo que generó la inconformidad desde cuando se realizaron los ensayos y fue la causa de que este jueves, uno de los 16 integrantes del Cabildo no asistiera al evento.
Tampoco asistieron los integrantes del jurado calificador, o al menos, no fueron presentados durante el evento.
La instalación del Cabildo infantil estuvo presidida por la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, y la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama; además de la propia secretaria general del Ayuntamiento, Heredia Barrientos, síndicos, regidores y consejeros del IEPC.
Las autoridades municipales y del IEPC entregaron las “constancias de mayoría y validez de la elección” a los menores que fungirán en el cargo por un año.
La organización corrió a cargo de la secretaria general del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos, y la consejera Vicenta Molina Revueltas.
Heredia Barrientos dijo que la experiencia que adquirieron los niños “los va a marcar de manera positiva de por vida”.
En tanto que la presidenta Hernández Martínez, en declaraciones al final, dijo que la participación de los niños coadyuva para que las autoridades fortalezcan las políticas públicas a favor de los menores.
“Nos pusieron a trabajar y estamos contentos por escucharlos, y vamos a atender algunas solicitudes que ellos nos están planteando”, declaró.
Los temas que disertaron, durante tres minutos, cada uno de los niños, versaron sobre violencia, bullying, discriminación, equidad de género, democracia y participación ciudadana; así como corrupción, deserción escolar y algunos plantearon los problemas que enfrentan en sus escuelas, sobre todo la falta de servicios públicos.

Rechaza Morena sentencia del TEE; ya no es militante Sánchez Esquivel, aduce

Dhaniel Velázquez

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena declaró improcedente la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que le ordenaba revisar el caso del diputado Alfredo Sánchez Esquivel contra Yoloczin Domínguez Serna, pues los comisionados sostienen que el promovente ya no es militante de Morena.
El 16 diciembre de 2022 Sánchez esquivel recurrió a la justicia intrapartidaria para denunciar “presuntas faltas graves realizadas contra los estatutos” de Morena, pues la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) habló de irregularidades en la de-molición de la biblioteca del Con-greso, durante el periodo en el que el diputado presidía esa instancia.
En febrero de 2023, la Comisión declaró improcedente la denuncia, porque se presentó fuera de tiempo. Inconforme con el dictamen, Sánchez recurrió al TEE, que ratificó el falló de la comisión el 23 de marzo de este año. El 29 de marzo, el diputado recurrió a la sala regional de Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), la cual el 18 de mayo ordenó a la CNHJ que, en un plazo de 15 días hábiles, “se pronuncie respecto de la procedencia de la queja presentada por (Sánchez Esquivel) el 16 de diciembre de 2022”.
En su demanda, el diputado acusó a Domínguez Serna de asociarse con el PRI para expresar ideas en contra de Morena. Señala que “ha realizado de manera sistemática, reiterada y pública, señalamientos infundados y repetitivos, como ‘daño patrimonial’ o ‘decisión unilateral’, todo esto en detrimento de nuestro partido y con estas conductas se transgreden las normas contenidas en documentos básicos y estatutos”.
Y solicitó que la comisión se pronunciara en el sentido de que Yoloczin Domínguez había rebasado los límites del derecho a la libertad de expresión y creado una opinión negativa, “en contra de nuestro movimiento”.
En un acuerdo del 8 de junio, la CNHJ argumentó que “en las pruebas ofrecidas se advierte que las actas de sesión, el dictamen de seguridad estructural, las publicaciones en redes sociales y las manifestaciones hechas en entrevistas a medios de comunicación, están encaminadas a los actos de investigación derivados de la demolición” de la biblioteca y opiniones de diputadas que “el promovente señala como infundadas”.
“De lo anterior, se desprende que los motivos de disenso no están sujetos a un control por parte de esta comisión, ya que no se trata de un asunto interno partidista, sino del ejercicio de la función pública legislativa” de sus integrantes.
Inconforme con el fallo, Sánchez Esquivel recurrió otra vez al TEE el 8 de junio. El recurso fue enviado a la comisión el 14 y admitido el 15. El TEE resolvió el juicio el 4 de julio y determinó revocar el acuerdo de incompetencia y que la CNHJ de Morena “analice las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos de la denuncia” para establecer si “se esta? en presencia de facultades y actividades legislativas, que no le son dable su estudio por ser actos relativos a inmunidad parlamentaria, o por el contrario, que el contexto de la denuncia sí le permite el estudio y resolucio?n del caso sometido a su jurisdiccio?n interna; ante la actualizacio?n del segundo supuesto, debera? avocarse a estudiar el fondo de los planteamientos”.
El 19 de julio, la comisión resolvió que la queja presentada por Sánchez Esquivel era improcedente porque ya ha sido expulsado del partido, en referencia a la resolución del 13 de julio, emitida por el órgano intrapartidista por la queja presentada contra el diputado por la trabajadora del Congreso y militante de Morena Arlen Siu Sarabia Peña, “al ya no contar con sus derechos intrapartidistas, carece de legitimacio?n ante esta autoridad intrapartidaria”.

Niegan amparos a ex funcionarios de la ASE acusados de dejar prescribir cuentas públicas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) recurrieron a amparos para evitar procedimientos administrativos y penales, por dejar prescribir 537 cuentas públicas del mismo número de municipios, y por sus autoliquidaciones; sin embargo, éstos fueron negados o desechados.
Las liquidaciones que los titulares de cuatro auditorías especiales se autorizaron, presuntamente de forma irregular, por más de 4 millones de pesos; así como el acuerdo con el que dejaron prescribir 537 cuentas públicas de municipios, fueron denunciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el auditor Marcos César Paris Peralta Hidalgo.
Los procesos administrativos y penales podrían tener sanciones, que van desde amonestaciones, multas económicas y hasta la inhabilitación para trabajar en el servicio público de uno hasta 20 años.
En entrevista en la ASE, el titular del órgano interno de control Francisco Javier Curtidor Méndez, detalló que las autoliquidaciones irregulares fueron “de todo el staff de primera línea que tenía la encargada” de la ASE, Natividad Pérez Guinto, por lo que se tomó la decisión de atacar el problema por la vía administrativa y penal.
Los mismos procesos se iniciaron contra los acuerdos de prescripción de 537 procesos de fiscalización, del mismo número de cuentas públicas de municipios.
En el caso de las liquidaciones, comentó que los ex funcionarios también apelaron el acuerdo de la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa, pero el tribunal valida el inicio del procedimiento en su contra.
También estos funcionarios recurrieron al amparo para evitar este procedimiento.
Si este procedimiento concluye en que los ex funcionarios sí cometieron una irregularidad al autoasignarse las liquidaciones, tendrían que regresar a la ASE “el excedente”, porque tenían derecho a un finiquito pero “es mucha la diferencia”, comentó el contralor interno.
De confirmarse la irregularidad, el propio tribunal podría emitir otras sanciones para quienes autorizaron estos pagos, como “multas o la inhabilitación”.
Se trata de la ex titular Natividad Pérez y los ex directores generales de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas.
En el caso de los 537 expedientes, Curtidor Méndez comentó que durante el proceso legal se generan “ralentizaciones”, porque después de que se inicia la etapa de investigación, se radica en la unidad investigadora de la ASE y después pasa a la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa.
En esta segunda unidad ya se citó a los ex funcionarios que autorizaron estas prescripciones, donde se detuvo porque los presuntos responsables solicitaron juicio de amparo, argumentando que “no se habían valorado todas las pruebas y que no había suficientes elementos para poder iniciar el proceso de responsabilidades”.
Los ex funcionarios impugnaron este procedimiento ante el TJA, donde promovieron “un recurso de queja”, pero este tribunal determinó que la iniciación del procedimiento es correcta, por lo que los señalados deciden presentar un juicio de amparo, que se radicó en el juzgado sexto de distrito, pero fue desechado por lo que los ex funcionarios recurrieron a “la queja”.
En este caso de los 537 expedientes que presuntamente se dejaron prescribir, ya se “celebró la audiencia” ante la unidad sustanciadora y se integró el expediente, desde donde se notificó a los ex funcionarios y se turnó al tribunal a mediados de julio.
El TJA determinará si toma como buenas las pruebas o las desechan, luego escuchará a las partes, la ASE y los ex funcionarios “presuntos responsables”.
Tras esta valoración, el tribunal dictaría una resolución de responsabilidad administrativa o regresaría la carpeta para que se vuelva a integrar, también, podría desechar el caso como totalmente concluido, si no encuentra elementos suficientes para sancionar. Esto ocurriría entre octubre y noviembre.
Se trata de dos ex funcionarios, el que era director jurídico y la ex encargada Natividad Pérez, que emitieron estos acuerdos de prescripción y quienes podrían ser sancionados con inhabilitación, de “un año y un día, hasta 20 años”.
El auditor Marcos César Paris comentó que se trabaja en las propuestas que plantearán al Congreso local, para la reforma a la ley de fiscalización, “hemos notado que son demasiados tiempos de oportunidad, hay artículos que deben ser reformados”.
Comentó que el secretario técnico de la ASE, Carlos Alberto Villalpando Milián, realizó ya un análisis de la ley de fiscalización para tener propuestas que presentar al Congreso del Estado.

Protestan enfermeras del Hospital de la Madre; no las incluyeron en los contratos del Insabi

Enfermeras que cubren incidencias (ausencias del personal de base) cerraron las oficinas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud estatal, para demandar justicia laboral Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Enfermeras de contratos precarios, del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, protestaron y cerraron alrededor de dos horas la Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Salud estatal, para exigir justicia laboral.
Denunciaron que nadie del personal de base del nosocomio fue considerado en la relación de los 646 contratos nuevos del Insabi, con mejora de salarios, que se entregaron el lunes pasado, donde otro grupo ya denunció irregularidades.
Despues de la protesta, indicaron que hubo una mesa de trabajo con el subdirector de Recursos Humanos y descubrieron que fueron alteradas las listas con los años de antigüedad en el servicio y perfil académico del personal eventual, que recibieron en oficinas centrales desde las jefaturas de recursos humanos del hospital.
Indicaron que realizaron un cotejo de la información con el subdirector Manuel Avilez Valladares, donde se percataron de que los trabajadores fueron registrados con dos y hasta cuatro años menos de antigüedad de los que realmente tienen en el servicio.
Según los trabajadores de oficinas centrales, el responsable es el subsecretario de Administración y Finanzas, Humberto Soto López.
Los manifestantes, que protestaron con sus uniformes de trabajo, llegaron a las 10 de la mañana a la Subsecetaría, antes oficinas del Insabi, donde cerraron la reja exterior y colocaron lonas y pancantas en el exterior.
A las 12 del día abrieron el paso, pero la reunión de trabajo continuó hasta la 1:30 de la tarde.
Luego de esto, una de las inconformes explicó que los funcionarios estatales y federales de salud se comprometieron con respetar su antigüedad y el perfil académico, para la entrega de mejoras salariales y basificaciones.
Este jueves, exigieron saber cuáles fueron los criterios de asignacion de la primera ronda de contratos del Insabi, homolagos al de los trabajadores de base, de donde fueron excluidas.
Encontraron que la relación de los eventuales del hospital que tiene la Secretaría de Salud fue alterada. “Entonces, nos toca rectificar la antigüedad, porque nos están quitando años. Es algo que se tiene que corregir ahora mismo”.
También demandaron que se les incluya en el proceso de evaluación para participar en el nuevo esquema del IMSS-Bienestar, en transición, porque hay trabajadores que no fueron considerados. El funcionario de Salud les dijo que en oficinas centrales no estaban enterados.
“No tenía idea de que hay mucho personal con más de cinco años de servicio, que no fue evaluado por el sólo hecho de que no tienen el antecedente, un contrato como tal, como la secretaria, no fue tomado en cuenta, pero están en el hospital laborando. Ya sea con un contrato eventual del hospital o del gobierno, debe ser tomados en cuenta”.
La declarante señaló que solventaron muchas dudas y que el acuerdo es que todos serán tomados en cuenta. Dijo que hay unos 50 trabajadores de contrato, aparte de los llamados cubreincidencias, que asisten durante las ausencias del personal de base.
Confió en que en el hospital los respalden para corregir la de antigüedad en los servicios, como un reconocimiento a su labor. “Gracias al personal de enfermería y médico, que no es reconocido, el hospotal ha obtenido certificaciones y reconocimientos”.
Adelantó que el lunes se espera otra lista de contratos homologados a los salarios de trabajadores de base, y en octubre se espera que comience la entrega de basificaciones el sistema de salud federal.

Exigen docentes la salida del supervisor de la zona 3 de telesecundarias por acoso laboral

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Docentes de la zona escolar 3 de telesecundarias, con sede en Chilpancingo, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la destitución de su supervisor, Leonel Loaeza Lozano, por acoso laboral e irregularidades.
En conferencia de prensa afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, los maestros denunciaron las irregularidades del supervisor.
El asesor técnico pedagógico de la zona, Valentín Alvarado Flores, informó que en su caso, el supervisor ha “coaccionado” a los directores, pidiendo su salida de esta zona escolar por medio de amenazas.
Alvarado Flores mostró documentos en los que dijo que ha informado de las irregularidades del supervisor, entre ellas, el ingreso de docentes a esa zona escolar, principalmente mujeres sin documentación oficial.
Detalló que Loeza Lozano se ha adjudicado a estas maestras de nuevo ingreso como asistentes personales, aun y cuando en la estructura educativa no existe esa figura.
El asesor técnico pedagógico informó que el supervisor ha autorizado el cambio de los maestros, pese a que es facultad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Informaron que interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y pidieron a la SEG que intervenga.

Entregan opositores a Saldaña nueva inconformidad por la elección en la UAG

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, en conferencia en el lobby del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), entregó este lunes ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) el recurso del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
En ese requerimiento se pide que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revise las irregularidades que se cometieron en la elección de rector de la UAG y la inelegibilidad del ya rector electo, Javier Saldaña Almazán.
Ello, luego de que el TEE desechó la semana pasada el juicio electoral ciudadano que presentaron ante ese organismo local.
“Venimos a combatir la arrogancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que al igual que otros tribunales, cuando se trata de intereses políticos, se hacen de la vista gorda y de oídos sordos, en este caso en el que estamos frente a un atraco monumental, visto por miles de guerrerenses, menos por magistradas y magistrados”, leyó en una declaración el abogado Rubén Cayetano García, en conferencia de prensa después de que entregaron el documento en la oficialía de partes.
Explicó que la impugnación mediante el juicio ante la Sala Regional del Trife, “es porque en Guerrero se niega el derecho humano de acceso efectivo a la justicia o protección judicial, que se encuentra establecido como garantía constitucional en el artículo 17 de la Constitución federal y es la base de un Estado democrático de derecho”.
Cuestionó que el TEE haya declarado improcedente el juicio electoral ciudadano TEE/JEC/033/2023, aplicando una causal de incompetencia para proceder a desecharlo, “pero si es incompetente, debió considerar la posibilidad de reencauzar la demanda al órgano jurisdiccional, que hubiese considerado competente, atendiendo al principio de acceso efectivo a la justicia prevista por el artículo 17 constitucional”.
Añadió que al desechar dicho recurso, el TEE “abortó la posibilidad de estudio de las irregularidades planteadas como agravios, imposibilitando resolver sobre un proceso y resultados, en el que se sobajó la ley orgánica 178, por un estatuto contrario a la misma y una convocatoria que violó la paridad de género, que permitió la inelegibilidad del candidato único y la periodicidad democrática de la universidad guerrerense, razón por la que la sala regional deberá analizar las causas y procedibilidad de nuestros agravios”.
Reprochó que el TEE impuso una interpretación “incorrecta y distorsionada de la autonomía universitaria, para proceder impunemente a justificar esa causal de improcedencia y declararse incompetente, pasando por alto que a la Universidad Autónoma de Guerrero la ley no la excluye de la estructura estatal, ni la exime de cumplir, como cualquier otro organismo autónomo”.
Añadió que en la UAG se deben observar los principios que, de acuerdo con su ley orgánica, deben regir la elección de sus órganos de gobierno o dirección, para considerar que el resultado es democrático.
“En tal sentido, es obligación de la autoridad jurisdiccional ponderar entre la autonomía universitaria y los derechos humanos que se estiman vulnerados. La autonomía universitaria no puede ser obstáculo para restringir algún aspecto del derecho humano de sus miembros, como es el principio de igualdad y no discriminación en un proceso electoral, en donde participan todos los universitarios con su voto directo”.
Advirtió que van a agotar todos los recursos legales que estén en sus manos, para lograr la defensa de la democracia en la UAG.
Acudieron a entregar el documento los abogados Cayetano García, Román Ibarra Flores y los ex aspirantes a la Rectoría, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo.

Cierran padres y maestros una primaria en Tixtla; piden la destitución de la directora

María Avilez Rodríguez

Tixtla

Un grupo de maestros y padres de familia de la primaria Leonardo Mier Peralta, de Tixtla, cerró la escuela para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la destitución de la directora, Natividad Torres de Jesús.
La mañana de este jueves, los manifestantes cerraron las instalaciones educativas, ubicadas en el barrio El Santuario y colocaron pancartas, para denunciar acoso laboral y varias irregularidades por parte de la directora.
Los padres indicaron que en noviembre del año pasado empezaron a exigir a la SEG que interviniera, debido a que notaron varias irregularidades dentro de la escuela, por parte de un grupo docentes y de Torres de Jesús.
Detallaron que algunos maestros participaron en una marcha y otros no. Colocaron sellos en la escuela como parte de su movimiento, para que no ingresaran docentes y estudiantes, pero los padres no lo permitieron y los quitaron, para que los 130 alumnos que acuden tuvieran clases.
Entre las quejas que presentaron por escrito ante la SEG están que no hay rendición de cuentas, que la directora no llega puntual a sus labores escolares y que cuando se construyó la escuela, quedó material y fue llevado a domicilios particulares sin tomarlos en cuenta.
Los manifestantes se quejaron de que no tuvieron respuesta por parte de las autoridades educativas, por lo que este jueves cerraron la escuela, para que haya solución a sus peticiones.
Uno de los padres, quien pidió omitir su nombre, dijo que piden a la SEG que se “esclarezcan las cuentas”, del dinero que ingresa y el que se gasta en la primaria.
También dijo que los docentes realizan sus reuniones sindicales dentro de la escuela, por lo que los alumnos no son atendidos y se quedan sin clases, “los padres hemos solicitado que no se realicen reuniones sindicales, aquí adentro, pero la directora ha ignorado la situación”.
El padre externó que el ambiente laboral que tienen los maestros con las autoridades “es muy tenso”.
Dijo que sus hijos les cuentan los problemas que hay en la escuela, “que los docentes se gritan, que hay agresiones y creo que son situaciones que van enfermando a nuestros hijos”.
Los padres de familia pidieron a la SEG la destitución de Natividad Torres de Jesús, porque que confronta a docentes y padres de familia, y no soluciona los problemas.
En tanto, los docentes informaron que la directora los acosa laboralmente, y que el trato no es igualitario entre la planta docente, pues a unos les da preferencia y a los otros los discrimina.
Los padres de familia y maestros pidieron la intervención de las autoridades educativas, para que los alumnos no se vean afectados, porque de lo contrario, los tutores adelantaron que ya no mandarán a sus hijos a esa escuela.
Al lugar acudieron autoridades de la SEG para dialogar con los manifestantes, y elaboraron un acta de acuerdos, la cual será presentada al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.

Ya se debe emitir la convocatoria para nuevo director, piden maestros de la UPN Las Cruces

Karina Contreras

Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), agrupados en el colectivo La Lucha Sigue, demandan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que instruya para que se emita la convocatoria para designar nuevo director y se trabaje para terminar con el conflicto que afecta a la escuela, donde ya se ha involucrado a los alumnos.
También piden la intervención de la Contraloría de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para que se investiguen las irregularidades que hay en los procesos de titulación, donde señalan que hay “corrupción, porque se pide dinero”.
En conferencia de prensa en el restaurante 100 por Ciento Natural de La Condesa, el maestro Epifanio Espinosa Tavera dijo que las autoridades educativas deben cumplir su palabra de emitir la convocatoria para nuevo director, y que mientras no se cambie el director interino Jovanni Ramírez Páez, porque se está al final del ciclo y reconocer firmas llevaría tiempo, lo que perjudicaría a los que están por egresar.
Acusaron los docentes del grupo contrario, que apoyan al ex director Mateo Carmona Martínez Dorantes, de exponer a los estudiantes en bloqueos en el bulevar Vicente Guerrero, cuando el conflicto es entre maestros.
Espinosa Talavera dijo que exigen que las autoridades educativas emitan una convocatoria “académicamente exigente, para elegir al director definitivo por tres años, y que se investiguen las implicaciones y se valore la pertinencia de cambiar de director interino, cuando sólo falta una semana para el cierre del ciclo escolar”.
Indicó que Ramírez Páez cambió a la Comisión de Titulación, por señalamientos de corrupción, y exigen que se respeten esos nombramientos que no los puede revertir un director interino.
El portavoz de este colectivo, Epifanio Espinosa, dijo que las autoridades deben hacer que se retome la normatividad en la UPN, para “regular los procesos de ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos al personal docente. Así como acabar con procesos que confrontar al personal, por el peso que tienen la herencia de plazas, el nepotismo y el lucro económico”.
Los maestros agregaron, en un boletín, que exigen a las autoridades de todos los niveles relacionados con la educación universitaria pedagógica, el “cumplimiento cabal de la ruta que plantearon desde febrero de este año, para sanear nuestra universidad y hacerla una formadora digna de docentes”.
Se añade que lo que se quiere es una “convocatoria rigurosa y cuidadosa, que identifique a los directores con trayectoria y visión académica sólida, y no solo de los que están repletos de títulos y grados, que se consiguen en pseudounivesidades particulares”.
Subrayaron que no darán un paso atrás para “combatir al cacicazgo y las mafias que han corrompido las instituciones de educación superior y han deteriorado el trabajo académico”, como lo ha dicho el presidente, y la hora del cambio llegó a la UPN y “no nos bajaremos de ese tren”.

Denuncian alumnas candidatas apoyo ilegal a Saldaña desde la dirección de prepa de Chilapa

La campaña para consejeros universitarios es suspendida en la Preparatoria 26 de la UAG por un festejo por el Día del Estudiante, pero se pagó una banda de música como apoyo a la planilla 3 Foto: Luis Daniel Nava

Luis Daniel Nava

Chilapa

Las candidatas a consejeras por la planilla 2 de la Preparatoria 26, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Chilapa, Mayra Nahomi Díaz y Paloma del Carmen Villalva, denunciaron que la dirección de la escuela pagó una banda de música de viento este lunes, como parte de su apoyo a Javier Saldaña y a su planilla de candidatos a consejeros.
Por la tarde, integrantes de las planilla 2 y 3 de la Preparatoria 26 dieron a conocer irregularidades en su contra, orquestadas por la directora de la escuela, Constantina García Zapoteco.
Este lunes fue el día designado para que las tres planillas a consejeros universitarios hicieran campaña entre los alumnos de los turnos matutino y vespertino. Pero la campaña fue suspendida abruptamente con una celebración por el Día del Estudiante.
Este lunes, la planilla 1 inició su campaña con una banda de música de viento y con el regalo de playeras a todos los estudiantes con el nombre de Javier Saldaña impreso, además de lapiceros, pulseras y dulces.
Esta planilla, representada por los estudiantes José Said Vázquez y Yeredi Gabriela Tejeda, respalda a Javier Saldaña Almazán, candidato único y por tercera ocasión a rector, también apoyado desde la dirección escolar y un grupo mayoritario de maestros.
Por la tarde, las candidatas a consejeras por la planilla 2, Mayra Nahomi y Paloma del Carmen, denunciaron que primero les fue negado su registro en la escuela, hasta que tuvieron que trasladarse a la capital del estado.
También dijeron que grabaron audios de sus propios compañeros, a quienes maestros del grupo de la directora les ofreció mejorar sus calificaciones si respaldan a la planilla 1 y salían a emitir su voto por Javier Saldaña.
En tanto, la candidata a consejera de la planilla 3, que también respalda a Javier Saldaña, Miriam Analí Ahuelicán, informó que sus propuestas son el respeto a los derechos de los estudiantes, así como combatir el acoso sexual y académico.
El festejo del Día del Estudiante se realizó desde el 28 de abril en un balneario.
La directora Constantina García se adjudicó la gestión del festejo, la comida y los regalos. Mientras, el grupo de maestros afines publicó en sus redes sociales fotos de la celebración, acompañadas de la frase: “Lo mejor está por venir. JSA”, en alusión al candidato a rector.
No se pudo consultar a la planilla 1 ni a la directora de la institución, pues durante la visita a la escuela se encontraban en aulas y en sus oficinas no salieron.

Acuerda asamblea de autoridades comunitarias y agrarias de Tlacoapa desconocer al Cabildo

Carmen González Benicio

Tlapa

Autoridades comunitarias, agrarias y vecinos del municipio de Tlacoapa determinaron en asamblea desconocer a los integrantes del Cabildo municipal ante los desacuerdos internos, los señalamientos de desvío de recursos, obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
El domingo 16 de abril, las autoridades: delegados, comisarios, comisariados ejidales comunales y vecinos en general, fueron convocadas a una asamblea para hablar de las irregularidades en la ejecución de la obra del camino artesanal, a propuesta de la síndica Carolina Cantú Morales y regidores, en la cual pidieron que estuviera el alcalde, Amado Basurto Gálvez. del PAN.
Tras más de diez horas de intercambiar información, de cuestionar a las autoridades participantes y siendo cerca de las 9 de la noche, acordaron someter a votación el desconocimiento del Cabildo municipal, crear una comisión para dar seguimiento al problema de transparencia y buscar la intervención del Congreso y las autoridades estatales con una auditoría ante  los señalamientos de desvío de recursos.
En este acuerdo votaron 215 asistentes y 16 estuvieron a favor de su continuidad. Entre ellos 46 autoridades de los 54 del municipio.
El punto central fue la información dada por la síndica Carolina Cantú, quien dijo que no quería ser parte de acciones de corrupción y de falta de transparencia en el Ayuntamiento, donde el presidente Amado Basurto Gálvez no la tomaba en cuenta, al igual que otros regidores.
Y que ella observó irregularidades en los documentos que le dieron a firmar para comprobar los gastos del camino artesanal, donde observó que estaban varios que no habían participado y hasta había una mujer me’ phaa que ya estaba muerta. Y que eso lo informó a quienes pudo de los 214 que estaban en la lista de raya.
Por ese motivo el 9 de marzo del 2023 tuvieron una primera reunión con los afectados. Ahí en la cabecera donde acordaron solicitar la presencia del presidente y regidores, comisarios, delegados, los afectados y personal del INPI para asamblea general informativa.
El 10 de marzo de 2023 se entregaron oficios para el presidente y todos los que estaban en la lista de raya que no  habían recibido nada ni participado en el camino artesanal para que participaran en otra reunión, donde el presidente aclarara por qué había firmas que no correspondían a las personas ahí anotadas y sus credenciales.
La síndica comentó que no tuvo respuesta del presidente por lo que nuevamente insistió el  20 de marzo porque las 214 personas le hacían llegar sus inconformidades, se sentían burlados por los funcionarios del Ayuntamiento que no daban respuesta del porqué se habían usado sus documentos oficiales sin su consentimiento.
Fue finalmente que la reunión se concretó el 16 de abril, en la cancha techada Comandante Donato Ramírez Gálvez, donde las más de 300 personas señalaron al presidente, Amado Basurto Gálvez, de falsificar firmas y usurpación de identidad con el fin de justificar un millón 781 mil 485 pesos destinados para “la mano de obra barata” en la carretera artesanal.
La reunión se desarrolló con nueve puntos del orden del día con los datos irregulares de dos listas de raya en la ejecución del camino artesanal  del gobierno federal que comunica a esta cabecera municipal  en el tramo Magueyera-Plan de Guadalupe que debía pavimentar 9.6 kilómetros, y según  dijo el presidente en esa reunión hicieron 10.6 kilómetros rebasando la meta que fue de más de 47 millones.
La síndica mencionó que el secretario general  le dio unos paquetes de papeles para firmar y dar visto bueno, por lo que pidió tiempo para revisarlos, ya que luego quieren que lo haga de inmediato.
Y en el primer paquete de contratos del 2022 vio un recibo dudoso del municipio de Atlixtac; otras hojas que estaban mal y le hizo las observaciones al secretario general diciendo que estaban mal los documentos y los recibos.
En los documentos sobre la carretera artesanal había una lista de raya donde estaban los nombres de los de seguridad y trabajadores del Ayuntamiento, así como ex delegados, ex comisarios del 2021 y del 2022 de  Totomixtlahuaca, Tenamazapa y Tlacoapa.
Y esa lista era de 214  y entre ellas ubicaron a la señora Emilia Ventura Gonzalez que ya murió. El integrante del Comité del camino artesanal presentó una lista de raya de 170 personas. Información contradictoria que generó las inconformidades.
La lista de raya presentada de 214 integrantes fue el gasto de un millón 781 mil, 471 pesos que correspondió a un mes, el de diciembre.
En la asamblea estuvieron algunas personas que consideraron eso un desvío, además de que dijeron que ellos no trabajaron, exigiendo al edil una explicación de cómo se obtuvo copia de su INE y firma y que eso ameritaba que se castigara a los responsables de falsificación y de tomar su  identidad sin consentimiento.
Los testimonios fueron que uno aparecía como albañil oficial, pero él no sabe el oficio; don Gerardo dijo que se enteró el 9 de marzo que apareció en la lista de raya, para justificar porque no dio su firma ni credencial.
Mujeres Me’phaa inconformes manifestaron que en ningún momento entregaron sus documentos y querían saber dónde fueron a robar sus papeles, porque ellas no fueron a pedir trabajo.
Al respecto el presidente dijo no saber de las listas y lo que debía verse es que se superó la meta al hacerse un kilómetro más.
El edil mencionó también que tenía notificaciones de revocación de mandato, del Tribunal Electoral y una demanda por acoso sexual.
En la participación de los regidoras reclamaron al alcalde de no facilitar vehículos del Ayuntamiento para recorrer las comunidades del municipio, así como facilitar patrulla y elementos de seguridad para el trabajo de seguridad de la sindicatura.
Mencionaron que no hay  obras sociales en Metlapilapa, Ahuejuyo, Tenamazapa varias comunidades del municipio.
En el municipio de Tlacoapa hay desacuerdo en las formas de administrar el Ayuntamiento entre el presidente y la síndica, quien ha denunciado que no es tomada en cuenta por el edil, quien no convoca a sesiones de Cabildo.
En su primer informe  de gobierno no acudieron ella y los regidores porque desconocían las obras y la manera de ejercer el recurso, y pidieron la intervención de la auditoría.
Recientemente el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero determinó que ella y regidores fueron vulnerados en sus derechos por el presidente al no pagarles sus remuneraciones.
En la asamblea estuvieron dos abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.