Con el objetivo de “generar un espacio de diálogo plural incluyente para articular iniciativas locales y construir una agenda nacional de paz que atienda la realidad de la inseguridad y violencia que impera en el país”, e invitando a actores de la sociedad, académicos, gobiernos locales, indígenas, empresarios, analistas sociales, universitarios, campesinos, víctimas constructoras de paz, diversas confesiones religiosas, jóvenes y medios de comunicación, la Iglesia católica representada en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y la Conferencia de Superiores Mayores de México (CIRM), realizará del 21 al 23 de septiembre próximo, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, el Encuentro Nacional por la Paz.
Después de múltiples conversatorios por la paz desde el año pasado y de decenas de foros regionales sobre seguridad, justicia y reconstrucción del tejido social, a lo largo y ancho del país, desde el mes de mayo, ahora se tendrá este espacio nacional para buscar y encontrar caminos para la paz desde la sociedad civil.
¿Qué sucederá en este foro nacional?
Es fundamental el ejercicio de diálogo que se tendrá en este encuentro, orientado a la escucha y a la elaboración de propuestas para la paz. En tiempos de polarización social y política nos está siendo muy complicado el diálogo cuando cada quien pretende tener la verdad de su lado y se cierra a la verdad de los demás. Estamos en tiempos de descalificaciones, de difamaciones y de insultos que no nos permiten escucharnos unos a otros. Ejercitar el diálogo como una actitud básica de las personas y de las instituciones puede abrir caminos de entendimiento y de reconciliación social, tan necesarios para la democracia y para el desarrollo integral y sostenible del país.
Conociendo los resultados de todos los conversatorios realizados en parroquias, en universidades y otros espacios sociales, y de los foros regionales anteriores, además de paneles de expertos, se buscará entender las violencias que se han dado en el país y en cada una de sus regiones. Antes de buscar salidas a las violencias y a la inseguridad que padecemos, tenemos que entenderlas desde sus raíces, con la colaboración de todos los actores sociales que participen. Se trata de elaborar análisis y diagnósticos colectivos sobre el contexto que ahora tenemos, desde sus causas en el pasado. Es necesario reconocer la complejidad de la realidad para entenderla en sus diferentes facetas desde la económica, la política, la cultural, y en sus diferentes dimensiones como la estructural, la comunitaria, la institucional y la personal.
Otra cosa importante en este encuentro será la exposición de las buenas prácticas que se han dado en el país, tanto en seguridad ciudadana, justicia cotidiana, como en la reconstrucción del tejido social. Es indudable que hay múltiples experiencias dispersas que han sido exitosas a lo largo y ancho del país, que puedan ser conocidas, explicadas y promovidas, de manera que estimulen la construcción de iniciativas locales por todas partes. No se trata de una búsqueda de recetas sino de una creativa expansión de las buenas prácticas que hasta ahora se hayan tenido en diferentes contextos.
La intencionalidad de este Encuentro Nacional por la Paz es propositiva y para nada polémica, ya que ésta suele ser estéril y desgastante. En el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, que la CEM estableció, se señala una matriz de cambio para la Iglesia en México. En el número 175 se señala que “la necesidad inaplazable por construir una paz firme y duradera en nuestro país, reclama que la Iglesia pueda sentarse a la mesa con muchos otros invitados: organizaciones ciudadanas, confesiones religiosas, autoridades civiles, entidades educativas, sectores políticos y medios de comunicación, entre otros, para que juntos, y aportando lo que les es propio a cada uno, podamos reconstruir el tejido social de nuestro país. Creemos que es urgente trabajar por la paz de nuestros pueblos y llegar a compromisos concretos. Como sociedad mexicana es necesario combatir todas aquellas situaciones de corrupción, impunidad e ilegalidad que generan violencia y restablecer las condiciones de justicia, igualdad y solidaridad que construyen la paz”.
Hay dos grandes resultados esperados en este evento de carácter nacional. Uno de ellos se refiere a la formalización de una Red Nacional de Paz en la que estén representados todos los estados del país para dar seguimiento y articulación a las iniciativas locales de paz y la agenda nacional de paz. El segundo es, precisamente, redactar un primer documento de Agenda Nacional de Paz, que recoja los aportes de todos los conversatorios y de todos los foros habidos antes del Encuentro Nacional. Una red y una agenda son necesarias para impulsar las acciones de la sociedad civil en todas sus categorías de organización como víctimas de las violencias, universidades, escuelas, iglesias, organizaciones sociales, profesionales y empresariales.
Hay autoridades municipales invitadas a este evento y van a participar compartiendo también sus buenas prácticas y aprendiendo de otras. El evento tiene una voluntad de incidencia social y política a la vez. Incidencia política en cuanto que se puedan hacer propuestas o recomendaciones a los tres niveles de gobierno, logrando una vinculación entre sociedad y gobiernos. Si la sociedad pone su parte, las autoridades políticas podrán sentirse beneficiadas en cuanto que sus estrategias se enriquecen con aportes de la sociedad. De hecho, hay experiencias de gobiernos municipales que tienen ya una colaboración con la sociedad civil y que están abriendo caminos hacia la paz.
La expectativa está en que este Encuentro Nacional por la Paz abra un camino de colaboración social para la construcción de la paz, puesto que la estrategia gubernamental tiene esta carencia hasta ahora. La paz es posible cuando todos nos involucramos y hacemos lo que a cada cual le toca para avanzar. Gobiernos y sociedad lo podemos hacer. Esta es la apuesta.

Por iniciativa del presidente Gustavo Petro y con la participación del presidente mexicano, este fin de semana se desarrolló en la ciudad colombiana de Cali la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, con el fin de replantear este grave flagelo que ha originado tanta violencia en varios países de América Latina, sobre todo en Colombia, en México y otros más. Creo que es muy importante el tratamiento de este tema por los países latinoamericanos que están sufriendo los estragos de este complejo asunto.
Lo que más llamó la atención es el cuestionamiento a la política prohibicionista impuesta por Estados Unidos, que ha consistido en un esquema de proscripción del cultivo, el tráfico y el consumo de estupefacientes que, en la práctica, ha fracasado. La intención de esta Conferencia de Cali es cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas, que ha castigado enormemente a los países más débiles con las terribles situaciones de violencia y de inseguridad, sobre todo. Hasta ahora, ha sido visto como un problema policiaco y militar. Hay que reprimir, perseguir y castigar, tanto el cultivo, el tráfico y el consumo de las drogas. Y lo que ahora se busca es definirlo como un problema de salud pública, reduciendo la demanda mediante la prevención, tratamientos de recuperación, la rehabilitación y la educación como herramientas claves.
Esto significa que, en el caso de México, la lucha antidrogas tendría que estar en las manos de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública. Y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las diferentes policías tendrían tareas específicas de respaldo a una nueva política antidrogas. Esto significaría que el enfoque central no sería prohibicionista, sino el de una regulación legal para disminuir sustancialmente este problema y sus efectos.
¿Qué está haciendo Estados Unidos para disminuir drásticamente el inmenso consumo que se da entre su población? ¿Y qué hace el Estado mexicano al respecto? Si se disminuye el consumo puede disminuir el tráfico de las drogas que en nuestro país ha estado generando situaciones críticas de violencia. Estamos ante otra lógica, en la que se haga posible abatir el consumo de manera que disminuya el comercio ilegal de las drogas.
Sería necesario plantear una regulación legal, de una manera fina, que dé lugar a políticas públicas de salud, de educación y de mercado. Esta regulación la tendría que gestionar el Estado para tomar el control de las diferentes fases del cultivo, la comercialización y el consumo, mediante una consulta nacional en la que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de estas políticas públicas y de sus necesarios controles.
México está enfermo y necesita de una salud integral. Los síntomas los miramos en las horrorosas violencias que estamos padeciendo por todas partes. Los violentos están enfermos y sus víctimas también. Los niveles de rabia, rencor, tristeza y deseos de venganza nos están poniendo en serios riesgos. La salud mental está seriamente comprometida y necesita una intervención inmediata. Están enfermas las relaciones familiares, comunitarias, sociales y políticas, como para prever desgracias. Nuestras carencias afectivas nos siguen dañando, al grado de requerir de las drogas para sustituirlas. La carencia del amor que necesitamos nos está desgastando y necesitamos superar dicha carencia para contar con mejores condiciones de vida y de relaciones entre todos.
Por otra parte, la educación requiere una gran capacidad de responsabilización de todos. Los niveles de violencias y de corruptelas que tenemos tienen que sanearse desde dentro de cada persona y de cada familia. El magisterio puede cumplir esta gran responsabilidad para bien del país.
Aunque las políticas prohibicionistas son transnacionales, puesto que tienen vigencia más allá de nuestro país, necesitamos comenzar para que se dé el cambio en la política ante las drogas. Ni permisivismo ni autoritarismo nos ayudan Por eso es necesaria una regulación de las drogas para responder a los intereses de todos los mexicanos. Hay que abrir este camino que nos ayude a recuperar la esperanza de que sí vamos a salir de este interminable túnel en el que estamos debido al manejo policiaco del problema.

Millones de víctimas de la pobreza extrema están por todas partes; miles de víctimas de las múltiples violencias –asesinados, desaparecidos, desplazados, extorsionados y de género–. Además de las víctimas de la corrupción y de la impunidad que sobreviven con una dignidad herida. Por el otro lado, están los victimarios, autores intelectuales y materiales de todas sus desgracias, que no saben de dignidad alguna, que han normalizado el sufrimiento de los débiles y de los descartados. Las víctimas, con su dignidad herida, y los victimarios que han olvidado el sentido de su propia dignidad y, por lo mismo, destrozan la de otros. ¿Qué sucede con la dignidad de unos y de otros?
Uno de los aportes de la modernidad ha sido ese, recuperar el valor de la dignidad humana que sustenta los derechos humanos en todas sus generaciones. Las personas, como sujetos de derechos, en razón de su propia naturaleza, han sido reconocidas como fuentes de derechos universales, inalienables e inviolables. El caso es que donde quiera se violan derechos y, por lo mismo, se hiere la dignidad humana.
La dignidad humana deteriorada de víctimas y de victimarios tiene que ser reconstruida o desarrollada desde dos ámbitos diferentes pero complementarios: desde lo objetivo y desde lo subjetivo. En la medida en que se combinan e interactúan estos dos mundos, interno y externo, en esa medida resplandece la dignidad en cada persona y en la sociedad.
Veamos el lado objetivo, que se refiere a las condiciones necesarias para que las personas se desarrollen a sí mismas como sujetos de su propia historia. Estas condiciones suelen estar amparadas en las leyes y definidas en los derechos de cada persona. Pongamos un caso concreto. La mujer suele ser una víctima favorita de esta sociedad machista amparada sobre una cultura patriarcal y con una estructura androcéntrica que, en la práctica, permite tantas formas de violencia desde la familia, la empresa, la iglesia, la escuela, los partidos políticos y gobiernos, la universidad y demás.
Poner las condiciones objetivas para que las mujeres vivan sin violencias y con la garantía de todos sus derechos, es una parte necesaria para lograr la dignificación de las mujeres. Leyes, reglamentaciones, costumbres, actitudes y conductas tienen que alinearse para que los derechos humanos de las mujeres sean garantizados y vivan sin violencias.
Pero no es suficiente la parte objetiva, pues es necesaria la parte subjetiva que se refiere a la conciencia de la mujer misma. Yo me he encontrado con cientos de casos de mujeres con una conciencia muy deteriorada cuando, víctimas de diferentes violencias, ya no creen en sí mismas y se sienten tan incapaces y tan incompetentes para hacer un proceso de recuperación de su conciencia de mujer y de persona. Han perdido la sensibilidad hacia su propia dignidad cuando no se consideran a sí mismas como sujetos de derechos y se resisten a hacer un camino muy personal para recuperarse a sí mismas, para sanarse a sí mismas y para recuperar el sentido de su dignidad. Muchas prefieren vivir en las sombras de la desesperanza y de la frustración. Así de deterioradas suelen quedar como consecuencia de todas las violencias que han sufrido.
Es necesario acompañarlas en un camino de encuentro consigo mismas en el que reconozcan los lados luminosos que aún quedan en sus conciencias para que se acepten a sí mismas con su grande caudal de sufrimiento y para que reconociendo las heridas que llevan en el alma, decidan y den pasos decisivos hacia la recuperación de su propia dignidad. He tomado el caso de las mujeres porque en ellas confluyen tantas violencias: las que sufren en sus propias familias, las que les vienen de las condiciones de pobreza extrema y las que vienen del entorno social.
Esta situación la viven todas las víctimas en mayor o menor grado. Ellas tienen el riesgo de vivir victimizándose a sí mismas, cultivando la rabia y el rencor que, al final se van deteriorando a sí mismas. El caso es que sin este esfuerzo subjetivo de dignificación no pueden salir de sus propios abismos. Hay que hacer un proceso en el que la víctima se vaya transformando a sí misma y se vaya convirtiendo en persona capaz de ser sujeto de su propia historia y de ser un agente de transformación social. Por fortuna, he visto a mujeres víctimas de violencias que se han convertido en aguerridas constructoras de paz.
La tarea de dignificar cuenta con dos vertientes que se complementan entre sí. Una, la vertiente de las condiciones de vida del entorno, en la medida en que favorecen la dignificación de las personas y, otra, la vertiente que surge de la conciencia personal que se va transformando a sí misma. La dignificación viene de fuera y de dentro de cada persona. Una sin la otra, son insuficientes. La persona necesita ayuda para dignificarse, pero, a su vez, decide ella misma su proceso de dignificación.
Esta dignificación nos puede convertir en ciudadanos conscientes y responsables, capaces de asumir constructivamente lo público como un proceso social de dignificación, donde las personas no sean utilizadas o instrumentalizadas para fines políticos o económicos.
Así las cosas, las víctimas necesitan un proceso de dignificación, pero los victimarios también lo necesitan para que dejen de serlo. Son personas que han olvidado su dignidad personal. Han perdido el sentido de su dignidad y de la de otros y han perdido la noción de los derechos y de la sana convivencia social. Es decir, requieren su propio proceso de recuperación de sí mismos como personas capaces de vivir con dignidad. Se supone que esta tendría que ser la tarea del sistema penitenciario, que está muy lejos de cumplir.
He conversado algunas veces con sicarios que se han comportado como fieras haciendo daños inmensos, que terminan llorando porque no se entienden ni a sí mismos, se sienten perdidos y sin posibilidad de redención. Es tal su degradación personal y moral que se sienten incapaces de hacer un camino para recuperar su dignidad. El mundo de la delincuencia es tan vasto en nuestro país que se requiere un esfuerzo de la misma proporción para recuperar de quienes han sido atrapados en las garras del crimen organizado.
Sin la dignificación de las personas no puede haber democracia con futuro ni desarrollo sostenible y, aún menos, una cultura de paz, tan necesaria hoy. La dignidad humana es la clave para la edificación de una sociedad justa y pacífica, y no puede ser sustituida por programas políticos ni por ideas facciosas. Tenemos que pensar en la dignidad de todos, de absolutamente todos, pobres y ricos, indígenas y profesionistas, de un partido político o de otro, de gobernantes y de oposiciones, de todos. Sólo así podremos construir la paz que tanto necesita nuestro país y cada una de las personas de este país.

La legítima aspiración a una cultura democrática y a una democracia participativa sigue siendo necesaria y urgente. Tenemos que reconocer que aún padecemos un subdesarrollo democrático en México y, particularmente en el estado de Guerrero. Este subdesarrollo tiene un carácter cultural, a la vez que estructural. Aún hay mucho que hacer para lograr que la participación de los ciudadanos se forje en la conciencia personal y para que las instituciones políticas se distancien de las inercias antidemocráticas que hemos heredado a través de los corporativismos, los clientelismos y los mecanismos internos de los partidos y de los gobiernos.
En particular, quiero referirme a la oferta, patente o latente, de un puesto en la administración pública o de un empleo o de alguna ventaja personal que los partidos suelen hacer para conseguir el apoyo de líderes sociales, promoviendo aspiraciones políticas facciosas. A la vez, muchos ciudadanos tienen la aspiración de conseguir un empleo o un cargo en la administración pública al apoyar a un político o a un candidato. Se trata de un intercambio de favores que rompe con el espíritu de la democracia.
En el actual contexto de las “precampañas”, porque eso son, tanto del partido en el poder como en los partidos de la oposición ya se están manifestando esos intereses de los políticos y de los ciudadanos. Es que esa cultura de “intercambio de favores” tradicional sigue teniendo mucho peso en la práctica. No es un “proyecto de nación” ni las políticas públicas que incidan en la democracia, en el desarrollo o en la justicia lo que mueve a muchos ciudadanos ni a políticos y precandidatos.
El bien común, la nación, el bienestar de todo aún no tiene peso en las prácticas políticas, puesto que el individualismo sigue prevaleciendo como un cáncer difícil de extirpar de las conciencias y de las instituciones políticas. ¡Cómo prevalece la idea de convertir al gobierno en una agencia de empleos para los allegados de sus titulares! Por eso, cada gobierno acomoda a su “propia gente”, y no sólo a quienes estarían en la administración, sino a muchos más, por los compromisos de campaña. Y por eso, muchos gobiernos municipales y estatales están tan obesos y con una baja productividad. Y se vuelven costosos con burocracias ineptas.
Hay que entender que a los gobiernos no les toca dar empleo a nadie. Esa no es su finalidad. Les corresponde poner las condiciones para que haya abundantes empleos y mejores condiciones de trabajo. Les corresponde mejorar las condiciones de las economías locales y regionales, mediante legislaciones, reglamentos, planeaciones y ejecución de políticas públicas para el desarrollo.
Cuando los políticos ofrecen puestos o empleos a quienes les apoyen para alcanzar el poder, pierden de vista la finalidad democrática de la política porque pierden de vista el bien público y los derechos de todos los ciudadanos a mejores condiciones de vida. Si, de todos, y no sólo de sus allegados. Y cuando los ciudadanos andan buscando un empleo o un puesto en el gobierno, restringen su participación a sus propios intereses y no la vinculan con la democracia.
Es necesario largar esta subcultura de “intercambio de favores” por su carácter antidemocrático y por los daños que genera en la sociedad. Y largar, también, la dañina cultura individualista que aún permea los espacios de la política. Es necesario que la política recupere su dignidad y deje de estar secuestrada por grupitos y grupotes de favorecidos.

Fluyen con extrema facilidad los adjetivos ofensivos en muchos ambientes. En los últimos años, fluyen en los espacios políticos, sobre todo, aunque también en los sociales y en los económicos. Derechista, ultraderechista, izquierdista, ultraizquierdista, fascista, comunista, tradicionalista, conservador, progresista, terrorista, y muchas más. Los adjetivos han sustituido a los sustantivos que son vaciados de sustancia para poner en su lugar un calificativo o, más bien, un “descalificativo”. El lenguaje digno ha sido sustituido por el lenguaje indigno.
El problema no está tanto en el lenguaje sino en su intencionalidad. Cuando este lenguaje es utilizado para ofender, insultar, calumniar y engañar, tiene en sus entrañas el rechazo y el desprecio hacia quien es descalificado. Es un verdadero lenguaje de odio que va deteriorando poco a poco a quienes odian, a quienes son odiados y, aún más, las relaciones y el tejido social. Este lenguaje sirve de vehículo para una de las violencias más frecuentes, la verbal.
Etiquetar a personas, a grupos, a sectores y a gobiernos se ha vuelto el deporte favorito de quienes han ido perdiendo la capacidad de razonar, de argumentar e intentan imponer su visión de la vida. Manifiesta un interés de manipulación de la realidad, el empeño por ocultar la verdad que no conviene se conozca. Etiquetar implica la imposición de una ideología con el fin de ocultar la realidad de una manera irracional. Es claro que una idea no puede sustituir a la realidad. Descalificar revela, pues, una fragilidad mental, afectiva y, además una autoestima disminuida.
Refleja, sobre todo, una discapacidad de fondo: la ausencia del reconocimiento de la propia dignidad y el interés por despojar a quienes descalifica de su propia dignidad. Es, pues, un asunto de dignidad, de la dignidad que todo ser humano tiene como persona, cual sea su condición o situación. La sustancia de la persona humana es, precisamente, su dignidad que se reconoce, se respeta y se promueve, cualquiera que sea su filiación política, social, económica o cultural. Hay, pues, una distorsión del concepto de persona, la que se define a través de sus filias o de sus fobias.
Una sociedad justa y fraterna presupone el reconocimiento y el respeto de la dignidad de cada persona. Una democracia sólo tiene futuro si se arraiga en la libertad de cada persona, como sujeto activo y responsable de su propio desarrollo y del desarrollo de la comunidad. En fin, las personas no debieran ser utilizadas para fines ajenos a su desarrollo ni a favor de proyectos económicos o políticos. La instrumentalización de las personas, de cualquier clase que sea, implica un atentado a la misma democracia y al desarrollo de los pueblos. En fin, el respeto a la persona humana es la sustancia misma de la democracia y del auténtico progreso. Por eso, hay que enfocar a la persona como sustantivo, como sujeto, como finalidad y no podemos reducirla a un calificativo –o descalificativo–, cualquiera que sea. Por esta razón, etiquetar y descalificar implican desprecio, rechazo, agresión y daño.
Los efectos dañinos de la instrumentalización de las personas los estamos viendo en la vida cotidiana en el escenario del país. Se instrumentalizan para lucrar, para hacerse del poder o para retenerlo, para engañar y para polarizar. El daño al tejido social se ha ido acrecentando en la medida en que fluyen las descalificaciones que, a futuro, no será fácil revertir o sanar. Los odios se exacerban y las injurias se agudizan por todos lados. Cuando la política se utiliza para descalificar, para mentir, para odiar se convierte en eso, en politiquería, en una degradante expresión pública. Tarde o temprano, quienes se dedican a desacreditar sufren su propia desacreditación.
Hay que recuperar la grandeza de la actividad política; este es un desafío que la democracia exige. Y el camino para hacerlo está ahí: en el reconocimiento de la dignidad humana de todos los ciudadanos, de militantes, simpatizantes, adversarios y quienes estén en cualquier lugar del escenario público. En este sentido, este es el primer mandamiento: respetar a todos.

(Primera de dos partes)

Muchos desafíos tenemos hoy para la construcción de la paz en México. Uno de los mayores es el educativo, que poco se ha atendido, tanto en el ámbito público como en el privado y el social. Es penoso que aún no se comprenda que la educación puede darnos lo que no nos podrán dar las fuerzas armadas y que, como consecuencia, el tema educativo tiene que pasar a primer plano en cuanto a la construcción de la paz. Para construir la paz, hay que poner condiciones objetivas, tales como la fortaleza y la salud de las instituciones públicas, un sistema de seguridad eficaz, un sistema de justicia competente, la gobernabilidad y la fortaleza del tejido social, entre otros. Pero también se requieren condiciones subjetivas que se construyen a través de la educación, pero no de cualquier educación, sino de aquélla que construya personas con las competencias necesarias para vivir en paz.
La educación para la paz tiene su propia textura. Busca construir en cada persona una cultura de paz, que implica una transformación personal con los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para que cada persona pueda convertirse en constructora de paz. Es preparar la mente, el corazón y las manos para esa gran tarea.
Ahora quiero referirme a tres casos que ponen de relieve la necesidad de incluir la educación para la no violencia como parte de la cultura de paz.
Primer caso: La revolución nicaragüense. El sacerdote Miguel D’Escoto, quien fue el primer canciller del gobierno sandinista de Nicaragua e, incluso, llegó a presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008, lamentaba hondamente la “necesidad histórica” del recurso a la guerrilla armada para poder derribar al tirano Somoza en el año 1979.
Al respecto, escribía que “tenemos que reconocer que, como Iglesia, jamás hemos enseñado la noviolencia activa y creativa como forma de vivir el profetismo colectivo o individual a que hemos sido convocados. Pero lo más triste es, no sólo que no consideramos la lucha no violenta como un elemento constitutivo en la proclamación del mensaje de Jesús, lo peor es que ni siquiera nos atrevemos a denunciar, con la debida firmeza, la violencia institucionalizada que es la que provoca la violencia revolucionaria de los oprimidos” (P. Miguel D’Escoto, Antiimperialismo y no violencia).
La posición del padre D’Escoto era de que, si la Iglesia hubiera enseñado el Evangelio en toda su hondura, no habría sido necesaria la lucha armada para vencer al tirano, pues del Evangelio se desprende una educación para la no violencia. Por ello, el virus de la violencia de la revolución nicaragüense tuvo como resultado una nueva dictadura, quizá peor que la de Somoza.
Segundo caso: Un relato colombiano. John Paul Lederach, conocido teórico y activista en procesos de paz y reconciliación en distintos países, relata en su libro La imaginación moral (2007), un caso que nos puede ayudar a entender la relevancia de la no violencia para la transformación social. Josué, Manuel, Héctor, Llanero, Simón, Oswaldo, Rosita, Excelino, Juan Roy, Miguel Ángel, Sylvia y Alejandro compartían varias cosas que los unieron entre sí para siempre. Vivían a lo largo del río Carare en una zona conocida como La India, en las selvas del Magdalena Medio en Colombia. Eran campesinos. Se consideraban gente corriente. Y afrontaban un reto extraordinario: cómo sobrevivir a la perversa violencia de los numerosos grupos armados que atravesaban sus tierras y les exigían lealtad. Por su territorio fluyen grupos de la guerrilla, traficantes de drogas, paramilitares y, por supuesto, los militares. En el año 1987, un capitán del ejército colombiano convocó a más de dos mil campesinos y les dio un ultimátum para escoger un bando en el conflicto: “o se arman y se unen a nosotros, o se van con la guerrilla, o abandonan la región, o se mueren”.
Josué, un líder comunitario, respondió de manera contundente al militar: “Vea, capitán, ¿cuánta gente armada hay en Colombia? Haciendo un cálculo por lo bajo, tenemos que hay unos 100.000 militares, otros tantos policías, quizá 20.000 guerrilleros, paramilitares, autodefensas, sicarios, y mafias ni se sabe, y ¿me quieren decir ustedes de qué ha servido todo eso? ¿qué han arreglado con eso? Nada se ha solucionado, mejor dicho, en Colombia hay más violencia que nunca. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que las armas no han solucionado nada, de modo que no tiene objeto que nos armemos nosotros también. Lo que necesitamos son créditos, herramientas, tractores y volquetas para mover la tierra. Usted, como miembro del ejército nacional, en vez de incitarnos a que nos matemos los campesinos entre nosotros, tendría que cumplir con lo que está escrito en la Constitución, que es defender al pueblo colombiano… nosotros tenemos que buscar nuestra propia solución”.
En esa región, las comunidades campesinas se organizaron en la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Practicaron la resistencia civil sin armas, siguiendo unos principios clave, tales como: ante el individualismo, solidaridad; ante el silencio, hablar alto; ante el miedo, el diálogo; y ante la violencia, hablar y negociar. Con gran creatividad, esta organización pudo lograr la reducción de la violencia en su región, mostrando el gran potencial de los grupos locales con capacidades de resistencia civil, dejando un mensaje firme: las soluciones sin violencia son posibles.
Tercer caso: Las autodefensas en Guerrero. Desde el año 2013 aparecieron en Guerrero las así llamadas “autodefensas” o policías “ciudadanas”, como una respuesta social al abandono del Estado que padecen pueblos y comunidades rurales en diversas regiones del estado de Guerrero. Posteriormente se han desarrollado en otros estados del país. Ciudadanos y ciudadanas sensibles ante las violencias generadas por la delincuencia organizada han tomado la iniciativa de defender y proteger a sus familias y comunidades tomando las armas en sus manos ante la incapacidad del Estado para dar seguridad. Han surgido en contextos de desesperación como medida de “autodefensión”. El problema está en la decisión de grupos civiles de defenderse con las armas, pasando al territorio de la violencia de sus agresores. Una vez armados, estos grupos están a merced de las dinámicas violentas generadas por la delincuencia organizada y de las fuerzas armadas, puesto que es complicado un proceso de desarme en estos contextos violentos.
¿Qué ha sucedido con las autodefensas a diez años de su surgimiento? Creo que, en diversos casos, han representado otro problema más para la pacificación de los pueblos, por algunas razones. En unos casos, dependen de sus propios liderazgos que utilizan a estos grupos para otros intereses extraños a la autodefensión de sus pueblos y, en otros casos se han vinculado con las bandas de la delincuencia organizada.
Hay que señalar que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Po-licía Comunitaria (CRAC-PC), se creó hace 28 años como una manera de responder a los derechos de los pueblos indígenas, con una organización y reglamentación que establece un vínculo firme con sus comunidades y con sus autoridades comunitarias. En este sentido, a la CRAC no la podemos incluir como una organización de autodefensa sino como una organización indígena que resguarda a las comunidades con las que tiene una vinculación firme a través de sus autoridades comunitarias.
En el caso de las autodefensas, al optar por una pacificación armada, se han metido en un círculo vicioso del que les es muy difícil salir. Ya no pueden desarmarse porque se quedarían indefensas ante los demás actores armados. Por ello, tienen que permanecer en el mismo territorio de los violentos a partir de la lógica de las armas y del control de los territorios.
Así las cosas, la no violencia activa, que evita el recurso a las armas, introduce en una dinámica de paz ligada a la razón, a la verdad y a la justicia para la defensa de los pueblos. Por eso, hay que entender el dinamismo interno de la no violencia, que tiene un alto potencial de pacificación desde una cultura de paz.