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Fue una emboscada del FUSDEG a la UPOEG lo que ocurrió en Tlayolapa, sostiene el gobierno

Tras la muerte de siete civiles en un enfrentamiento del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contra la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Tlaloyapa, Juan R. Escudero, el Grupo Coordinación Guerrero pidió que los grupos de civiles armados no busquen venganza y que favorezcan el diálogo para evitar la violencia.
Sin una acción para dar seguridad, el gobierno del estado relegó su responsabilidad y señaló al gobierno federal como a quien corresponde el desarme de los dos grupos, bajo el argumento de que cuentan con armas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea.
La tarde de este martes en el edificio Centro del Palacio de Gobierno el Grupo de Coordinación Guerrero dio una conferencia de prensa para dar su versión de lo ocurrido el lunes entre el FUSDEG y la UPOEG.
El vocero Roberto Álvarez Heredia pidió a los civiles armados que no recurran a la venganza y colaboren con las autoridades competentes.
“Hacemos un atento y un enérgico, pero enérgico llamado a que exista un alto total de las hostilidades por el bien no solamente de ellos mismos, sino de los vecinos donde viven, quienes están siendo presas del miedo y de la zozobra y es una situación que no puede ser tolerada”, advirtió.
En la conferencia participó el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez quien detalló que se abrió una carpeta de investigación bajo el número 036 por homicidio y lesiones por arma de fuego a quien resulte responsable.
“No hay inculpados, hasta el momento se está haciendo la investigación y está como quien resulte responsable, el lugar de los hechos fue en Tlayolapa”, municipio de Juan R. Escudero.
Relató que en la madrugada del lunes llegaron a la comunidad integrantes de la UPOEG y en ese punto se encontraban parapetados integrantes del FUSDEG para evitar el ingreso del otro grupo.
“Acto seguido según testimonios recabados por la Fiscalía, los segundos (FUSDEG) abrieron fuego contra el grupo de la UPOEG teniendo como resultado siete personas muertas y dos más heridas como se apuntó”, agregó.
Dijo que la Fiscalía fue informada por el FUSDEG de los hechos, por lo que un grupo multidisciplinario integrado por dos fiscales cinco agentes del Ministerio Público, y cinco peritos en criminalística forense se dirigieron al lugar.
“Los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos, siendo trasladados Juan Arismendi miembro del FUSDEG a la comunidad de Tlayolapa y los de Hugo Moctezuma, Anastasio Valente, Salustio Mayo, Silvino Carrillo y Valente Sonora, a la cabecera de Teocoanapa, mientras que los lesionados fueron llevados al hospital general del municipio de Ayutla”, mencionó, pero sólo mencionó los nombres de seis de los siete muertos.
Más tarde en un boletín la Fiscalía expuso, “al arribar al lugar, el equipo multidisciplinario se percató que los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos siendo trasladado Juan “N” (miembro del FUSDEG), a la comunidad de Tlayolapa y los cuerpos de Hugo “N”, Anastasio “N”, Salustrio “N”, Rigoberto “N”, Silvino “N” y Valente “N”, a la cabecera municipal de Tecoanapa para entregarlos con sus familiares, mientras que los lesionados Norvi “N” y Valfre “N” fueron trasladados a Ayutla para atención médica”.
“Respecto a los lesionados Norvi “N” se encuentra estable de salud y continua recibiendo atención médica en el Hospital General de Ayutla, mientras que Valfre “N” por la gravedad de las lesiones se trasladó al Hospital General de Chilpancingo, donde su estado de salud es delicado pero estable”, agrega.
En la conferencia el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes relató, “a las 11:40 de la mañana a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa fueron localizados dos cuerpos tirados sobre las vías de comunicación al lado de los vehículos, de los cuales más tarde se tendría conocimiento que serían integrantes del grupo de la UPOEG que había sido emboscado alrededor de las 4:30 de la mañana, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Dijo que a raíz de los hechos el gobierno del estado determinó integrar una operación en la que participan 208 policías estatales que se distribuyeron en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, para cubrir el territorio de El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar que se registre otro enfrentamiento.
“En el transcurso de la noche a pesar de la tensa calma los informes policiales no reportaron novedad, sin incidentes aunque en la zona prevalece una situación tensa, pero continúan los patrullajes”, agregó.
Afirmó que a las 8 de la mañana supieron de la presencia de 200 integrante de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, mientras que del FUSDEG 350 hombres estaban en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas.
“Se detectó que los hombres armados portaban armas inclusive del Ejército, Fuerza Área y Armada Nacional”, puntualizó.
A pesar de indicar este hecho de la portación ilegal de armamento no se informó cómo se procedería al respecto.
En una segunda intervención el secretario de Seguridad dijo que para garantizar la seguridad se debe estar “consciente” de un problema que existe en Guerrero “la existencia de grupos civiles armados al margen de la ley”.
“El gobierno del estado ha sido muy tolerante, y ha trabajado mucho en la operación política para que en coordinación con la policía se proceda a su desarme o por lo menos en una convivencia pacífica respetando el derecho de algunos pueblos de sus usos y costumbres, aunque ha habido una extralimitación”, agregó.
Dijo que la Policía del Estado está en la zona actuando con la responsabilidad y prudencia para destensar la situación, aunque no están acabados los trabajos políticos.
“Nosotros estaremos pendientes si es necesario reforzar con mas efectivos, hasta que la razón sea rebasada y tengamos que actuar de otra forma, pero serán otras instancias las que determinen la solución”, agregó.

 

No ha detenido del todo la CFE la construcción de la presa La Parota, dicen organizaciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los gobiernos federal y estatal, no han parado por completo las actividades de la construcción de la presa La Parota, se establece en el informe que entregó el lunes pasado la coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
El documento señala que antes que detenerse los trabajos en la presa, “por el contrario, parecen seguir avanzado, ya que la CFE y el gobierno del Estado de Guerrero han hecho diversas manifestaciones de continuar con su construcción y han realizado actividades para promover su realización, como es la publicación de convocatorias de licitaciones públicas internacionales en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que empresas se sumen a la construcción”.
Las agrupaciones advierten que “se siguen poniendo en peligro los derechos, territorios, viviendas y tradiciones” de comunidades de los municipios de Acapulco, San Marcos y Juan R. Escudero.
También denuncian que desde 2003, cuando se intensificaron las acciones, se han cometido abusos a derechos humanos, a los derechos indígenas, a la tierra y el territorio, a la vida digna; asimismo, señala que se han cometido acciones de intimidación y amenazas, criminalización, y detenciones arbitrarias y agresiones contra los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
El proyecto de La Parota, en Guerrero, es uno de los 60 casos que organismos ambientalistas, de derechos humanos y organizaciones sociales incluyeron en su informe México: Empresas y Derechos Humanos, entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, y se encuentra en el apartado Energía (hidroeléctricas y eólica).
El informe menciona que la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota se viene planeando desde 1976, cuando se hicieron los primeros estudios técnicos, pero que es a partir de 2003 cuando la presa comienza a tomar mayor relevancia, “tanto por el nivel de insistencia por parte de la CFE, como por el nivel de rechazo y resistencia organizada a partir del CECOP”.
Se denuncia que a raíz de la lucha en contra del proyecto, varios de los integrantes del Consejo han sido sujetos de amenazas y criminalizaciones de diversos tipos, como los casos de Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de la Cruz Dorantes Zamora y Julián Blanco Cisneros. Los dos primeros fueron acusados “injustamente” de delitos que no cometieron, y se evidenció “el uso faccioso” del sistema penal para incriminarlos.
En el caso de Suástegui, denuncian que al ser detenido fue trasladado “de manera ilegal” a un reclusorio de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, “siendo que el delito por el que se le acusaba no aludía a que se le trasladará a un reclusorio con esas características, por lo que varias organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron y exigieron justicia para Marco”.
En el caso de Julián Blanco Cisneros, denuncian que fue víctima de agresiones directas de soldados del Ejército, quienes lo amenazaron de muerte a él y a su familia, “a tal punto que fue incorporado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los organismos advierten que, ante la falta de una debida actualización de los riesgos, el gobierno le retiró las medidas otorgadas con dicho mecanismo, pese a que continúan las amenazas en su contra.
Refieren que, en la criminalización de los miembros del Cecop se han visto implicados tanto elementos de fuerzas de seguridad como el Poder Judicial del estado, “ya sea en detenciones ilegales como en la construcción de delitos en contra de los integrantes del Consejo”.
El documento advierte que los ataques contra los miembros del Cecop siguen latentes, debido a su oposición al proyecto. “Especialmente Julián Blanco ha expresado que le siguen llamando y dirigiendo amenazas en su contra y de su familia, inclusive de muerte, refiriéndole principalmente que se aleje de las actividades del CECOP”.
Aseguran que se ha intentado un diálogo con la CFE y parte de las comunidades afectadas, “pero no se han derivado resultados concluyentes”.
El documento recuerda que las actividades de defensa de las comunidades inician desde la creación del Cecop, en 2003, para promover una estrategia de defensa jurídica que inicio con el conocimiento de las afectaciones, además informa que el Cecop ha promovido la impugnación de las asambleas agrarias en las que la CFE había incurrido en diversas irregularidades, por lo que en el año del 2007, “se lograron nulificar 4 asambleas que se habían celebrado de esta forma por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 41, que conoció del caso”.
Desde ese momento, la CFE ha intentado continuar con la construcción y ejecución del proyecto, pero la CECOP también ha promovido que no se haga efectivo.

La reacción del gobierno del estado frente a la construcción de la presa ha sido ambigua, señalan

Mientras tanto, las organizaciones se quejan que la reacción del gobierno estatal “ha sido ambigua”, dado que en los espacios de diálogo que ha abierto con los ejidatarios y comuneros opositores a La Parota, ha expresado su compromiso de no impulsar desde el gobierno estatal el proyecto, “sin embargo, reiteradamente se negó a firmar los Acuerdos de Cacahuatepec, documento que dejaría registro de su compromiso a respetar la decisión de los comuneros y a no promover ninguna acción que pueda detonar la reactivación del proyecto hidroeléctrico”.
Se menciona que en la construcción de la presa se han visto envueltas principalmente la CFE y el gobierno del Estado, así como el gobierno federal, “quienes han apoyado el actuar de la Comisión en todo momento, teniendo un carácter débil ante las exigencias de las comunidades y por el contrario, brindando las facilidades para la continuación del proyecto”.

Acuerdan que entren taxis de Acapulco a 3 pueblos de Juan R. Escudero que no tienen transporte

 

Ante la ausencia de transporte público en las comunidades de Plan de Lima, Tepehuaje y Amatlán, del municipio de Juan R. Escudero, y la posibilidad de un enfrentamiento entre vecinos y transportistas, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del gobierno del estado autorizó un permiso temporal para los pobladores, y que tres taxis de la ruta Xolapa-El Playón, pertenecientes a Acapulco, brinden servicio en esos lugares.
Este martes se celebró una reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, encabezada por el presidente de la Comisión de Transportes del Legislativo, Antelmo Alvarado García, y el director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del gobierno del estado, Miguel Ángel Piña Garibay.
En el encuentro estuvieron comisarios de las comunidades de Plan de Lima, Tepehuaje y Amatlán, y líderes y choferes de taxis y combis de la ruta Xolapa-El Playón, entre quienes hay un conflicto porque en los poblados no hay transporte público propio, y los segundos se niegan a que los comisarios accedan a permisos temporales o concesiones para resolver el problema.
Durante el encuentro, la comisaria de Plan de Lima, Blanca Sánchez García, explicó que, esas comunidades nunca han tenido transporte propio que los lleve a Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, a donde van a hacer sus compras, trámites y consultas médicas.
Comentó que, ante la falta del servicio los habitantes de estos tres pueblos recurren a las unidades de la ruta Xolapa-El Playón, que pertenecen a Acapulco y pasan por Plan de Lima y Tierra Colorada.
Explicó que aunque el servicio era malo, sí se atendía la demanda de los tres pueblos; sin embargo, hace cinco meses los choferes cambiaron sus combis por taxis, lo que redujo considerablemente su capacidad, pues en una combi podían trasladarse hasta 16 pasajeros, mientras que en los taxis se limita a cinco.
Así, cuando los taxis pasan por Plan de Lima, casi siempre van llenos, dejando a sus pobladores y a los de las comunidades vecinas sin el servicio.
La Comisión de Transportes autorizó entonces tres permisos temporales a las autoridades de esos pueblos para que contaran con su propio transporte; sin embargo, de inmediato la acción fue impugnada por un líder transportista de la ruta Xolapa-El Playón que obligó al gobierno estatal a retirárselos, lo que molestó a los pobladores, pues los transportistas no tenían la capacidad para atender la demanda, pero también les impedían hacerse de su propia ruta, situación que ha motivado discusiones y el riesgo de un enfrentamiento a golpes entre ambas partes.
En la reunión de ayer, el mediador fue el director de Transportes, Miguel Ángel Piña, quien escuchó las posturas de ambas partes más de dos horas.
Luego de que cada parte hizo su exposición, Piña Garibay propuso que los transportistas destinen tres taxis que trabajen solamente la ruta Plan de Lima-Tierra Colorada, a fin de que lo habitantes de esos tres pueblos tengan garantizado el transporte.
Además planteó que se autorice un permiso temporal para la comisaría de Plan de Lima a fin de que haya un vehículo más que, además de brindar el servicio de manera regular, se quede en el pueblo para que se utilice en casos de emergencias, como el traslado de personas enfermas a los centros médicos.
En un primer momento, los transportistas se negaron a aceptar que se otorgara el permiso a la comisaría y exigían que el cuarto vehículo también lo proporcionaran ellos, sin embargo, luego de otra hora de diálogo, accedieron.
La minuta de acuerdos se firmará el viernes en Tierra Colorada; si los transportistas no cumplen con su responsabilidad, los comisarios podrían acceder a más permisos o, en su caso, se realizará un estudio socioeconómico para determinar si se crea una nueva ruta y, en consecuencia, se entreguen concesiones para atender la demanda.

El ministerial quiso agredir con su arma al comunitario y se defendió, explica el FUSDEG

 

El comandante municipal del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en Tierra Colorada, Maximino Alejo Prudencio, informó que el policía ministerial intentó agredir con su arma al policía comunitario sólo “porque se veía sospechoso” pero éste se defendió disparando al ministerial en dos ocasiones. Los hechos ocurrieron el sábado en la comunidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo.
Consultado por teléfono, Alejo Prudencio reveló que el policía ministerial Margarito García Marqués pretendía detener con su arma y de manera agresiva al policía comunitario pero éste se defendió y le disparó; el ministerial recibió dos disparos, uno en la cabeza y el otro en el cuello. El herido fue trasladado al Hospital General Raymundo abarca Alarcón para recibir atención médica, y hasta ayer estaba grave.
El comandante de la FUSDEG declaró que “el ministerial llegó de manera agresiva con su arma para agredir a nuestro compañero, pero no pensó que es comunitario y se defendió”. Descartó que el policía comunitario halla atacado al policía ministerial.
Fuentes  ministeriales informaron que  la tarde del sábado, el policía ministerial Margarito García Marqués resultó herido de bala tras ser atacado por un policía comunitario del FUSDEG.
Por otro lado, luego que el domingo integrantes del FUSDEG presentaron en la comandancia en Juan R. Escudero (Tierra Colorada) al chofer de la ex panista y ahora perredista Nelly Pastrana Santaella, Alejandro Martínez Carbajal detenido por el delito de robo de un taxi y de 13 mil pesos, Alejo Prudencio informó que mantendrán retenido al chofer para ser reeducado y no lo entregarán a las autoridades correspondientes, “porque los liberan a los detenidos, como el caso de Alberto Adame Aguirre y a su hijo Rodrigo Adame Navarrete que los detuvimos el martes en Xolapa, Acapulco por el robo de una camioneta, el intento de homicidio de un arquitecto y los entregamos a la fiscalía y nos informaron que ya los liberaron”.
El domingo, integrantes del FUSDEG presentaron en la comandancia en Juan R. Escudero, al chofer de la ex panista y ahora perredista Nelly Pastrana Santaella, Alejandro Martínez Carbajal detenido por el delito de robo de un taxi y de 13 mil pesos, quien además ya había sido detenido anteriormente por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Detiene el FUSDEG al chofer de la perredista y ex panista Nelly Pastrana; lo acusa de robo de un taxi en Tierra Colorada

Ayer integrantes del Frente Unido de Seguridad para el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) presentaron en la comandancia en Juan R. Escudero (Tierra Colorada), al chofer de la ex panista y ahora perredista Nelly Pastrana Santaella, Alejandro Martínez Carbajal detenido por el delito de robo de un taxi y de 13 mil pesos.
En una reunión con vecinos e integrantes del FUSDEG que se realizó en la base de la Policía Comunitaria en Tierra Colorada, el comandante municipal Maximino Alejo Prudencio, informó que el martes detuvieron a dos hombres por el delito de robo de un taxi, maquinaria e intento de homicidio de un arquitecto en Acapulco, uno de los detenidos pertenece al grupo criminal de los Zetas, se dijo.
Alejo Prudencio relató que el viernes les reportaron del robo de un taxi y de 13 mil pesos en la colonia San Antonio y de acuerdo con las investigaciones acudieron la casa de los presuntos asaltantes, ahí detuvieron a Alejandro Martínez Carbajal y su compañero Luis Ángel Martínez Castro y los trasladaron a la comandancia del FUSDEG.
El comandante municipal dijo que hace dos meses Alejandro Martínez fue detenido en Chilpancingo por portar un arma de uso exclusivo del Ejército.
Informó se procederá legalmente ante la agencia de Ministerio Público (MP) para que los presuntos asaltantes sean detenidos por las autoridades correspondientes y agregó que el inculpado seguirá retenido en el FUSDEG  para ser reeducado.
Reveló que Nelly Pastrana al enterarse de la detención de su chofer, acudió a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para presentar una denuncia en contra del FUSDEG por violentar sus derechos humanos “ella dice que sólo rompió el parabrisas del taxi, pero no fue así, a través de una denuncia de robo detuvimos Alejandro Martínez Carbajal”.
El comandante de la FUSDEG acusó al líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido, y a la perredista Nelly Pastrana de desprestigiar al FUSDEG y los responsabilizó de los hechos del 30 de marzo ocurridos en el crucero de San Juan del Reparo, en la carretera federal Ayutla-Tierra Colorada, en una emboscada en la que murieron cinco policías comunitarios del FUSDEG y un policía ciudadano de la UPOEG.
Asimismo, Maximino Alejo informó que el martes recibieron una llamada anónima que alertaba la presencia de sicarios en Xolapa, municipio de Acapulco, y llevaron a cabo un operativo y detuvieron a Alberto Adame Aguirre y a su hijo Rodrigo Adame Navarrete, quien pertenece al grupo delincuencial de los Zetas, otros dos sujetos lograron escapar.
Agregó que en la detención decomisaron una camioneta y maquinaria de construcción de un arquitecto originario de Acapulco, los dos detenidos fueron puestos a disposición a la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la reunión los integrantes del FUSDEG y vecinos del municipio se quejaron porque  la FGE no ha dado avances de las investigaciones de los homicidios de los policías comunitarios que perdieron la vida en el enfrentamiento para defender su pueblo.

Que se aplique la ley a opositores en plantón, piden a Zeferino en Juan R Escudero




Aplicar el Estado de derecho contra los opositores a La Parota que mantienen plantones en comunidades ubicadas dentro de la zona del proyecto, el pago justo por sus tierras y denuncias de hostigamiento y amenazas, fueron las quejas que expusieron ante el gobernador Zeferino Torreblanca en el municipio de Juan R Escudero.
En su intervención, el alcalde de Tierra Colorada, Héctor Vela Carbajal, dijo que por los beneficios que traerá la presa “la filosofía debe ser apoyar el proyecto…por consenso, por mayoría, pero también tenemos que respetar la dignidad y el derecho de las minorías”.
En la unidad deportiva La Pinta, en donde según el dirigente de la CNC no oficial, Evencio Romero Sotelo, se encontraban cuatro mil “comuneros auténticos” de los 19 núcleos agrarios que serían afectados con La Parota, unos 200 policías estatales resguardaban las entradas y se apostaron en los cerros para impedir cualquier intento de boicot por parte de los opositores.
El acto fue organizado por la CNC no oficial y la dirigente de la Central Campesina Independiente, Aluvia Deloya.
Allí se vio también al asesor del director de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayub, Cuitláhuac Rangel, quien daba instrucciones a Romero Sotelo minutos antes de que partiera la marcha y de que llegara el gobernador a encabezarla.
Ante Torreblanca Galindo, quien era acompañado en el templete por Vela Carbajal y por el síndico Carlos Arizmendi, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Jesús Crisantos Arellano, pidió que haya un pago justo a las tierras “porque somos mayoría”, también demandó “el libre tránsito” para los comuneros.
Asimismo el presidente del Consejo de Vigilancia de ese mismo núcleo, Simón Cruz, solicitó a Torreblanca Galindo su intervención para que la CFE “nos dé un pago justo por nuestras tierras”.
La ejidataria de Tierra Colorada, Adriana González, aseguró que de cancelarse el proyecto se incrementaría la migración de los guerrerenses a Estados Unidos, por ello pidió al mandatario que no permitiera que se fuera la inversión toda vez que los beneficios no serían “para una generación, sino para las que vienen”.
Aluvia Deloya, en su intervención, expresó que esa reunión estaba planeada para “hablar sin pelos en la lengua”, e incluso dijo que en ahí se encontraban opositores que “dejaron sus machetes allá, porque no son pendejos para traerlos aquí”.
Señaló que en muchos de los casos los comuneros “tuvimos que salir a escondidas, por eso pedimos que se aplique el Estado de derecho”.
Aluvia Deloya dijo que hay renuencia de parte de algunos campesinos “porque la CFE no ha dicho el precio que pagará por nuestras tierras, nos dice cuál es el valor convencional, pero la gente se opone porque no nos da el precio real. Desde aquí le decimos a la Comisión que suelte el gallo, que nos diga”.
Al tomar la palabra, la ejidataria de Dos Arroyos, Ascensión Vinalay Ramírez, justificó que el recién electo comisariado de Bienes Comunales, Manuel Zapata –quien estaba en la lista de oradores–, no acudió a ese acto “porque está amenazado de muerte por los opositores, no dejan salir a la gente por sus plantones, estamos como un pueblo sin ley”.
Incluso exigió a Torreblanca Galindo que “limpiara el paso en la Autopista del Sol porque ahí están con machetes, esperándonos. Le pedimos que se aplique el Estado de derecho, nos impedían el paso y parece que tenemos más pantalones las mujeres que los hombres, les tiene miedo. ibamos a elegir al comisario y echaron a correr porque les tiene miedo, pero ¡ya basta!, ya, ya, yo pienso que ya es justo que haga algo y tómennos en cuenta, que esto no se lo lleve el aire, por favor”.
Una vez que termino el acto, Ascensión Vinalay insistió al gobernador su petición de quitar los plantones de los opositores. Torreblanca Galindo con mímica pidió calma y después argumentó “si los desalojo después van a decir que yo soy el malo de la película”.
En su discurso, Vela Carbajal dijo a los comuneros que “al igual que ustedes creo que estamos convencidos de que el proyecto se dé de la mejor forma, sin pisotear los derechos de todos”.
Señaló que junto con el gobierno del estado y los alcaldes de los municipios que abarca el proyecto –Acapulco, Chilpancingo, San Marcos y Tecoanapa– “vamos a ser avales de que los acuerdos con la CFE se cumplan”.