La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Acapulco, Luz María Meraza Radilla, sostuvo que no es necesario el cambio de uso de suelo para la construcción del hospital del ISSSTE en el Centro de Convenciones, pero la dependencia federal debe cumplir ciertos requisitos como el estudio de impacto urbano, ambiental y de protección civil.
En declaraciones en su oficina, la funcionaria dijo que el predio en donde está el Centro de Convenciones tiene uso de suelo de equipamiento urbano, y por lo tanto puede construirse un hospital, pero debido a que es un inmueble grande, entre los requisitos que debe entregar quien construirá el nuevo hospital es un estudio de impacto urbano y ambiental.
“Al ser un hospital de mucha capacidad, ahí aparte de que en la licencia se requiere un dictamen de impacto urbano, es un requisito que debe llevar la solicitud, porque el hospital en sí en su vida interna impacta el entorno, por esa razón es que proyectos de este calado requieren de un estudio de impacto urbano”.
Abundó que cualquier desarrollo que quiera solicitar una licencia de construcción en primer paso es el alineamiento del predio, consiste en comparar lo que dicen las medidas de las escrituras con el registro del plano regulador del municipio.
Recordó que la subdelegación del ISSSTE hasta el momento nada más ha tramitado el alineamiento, “el dueño es del Instituto de Administraciones de Bienes Nacionales, porque el Centro Acapulco es una propiedad federal. En este concepto que están planteando de que una parte será para el hospital y el área de convenciones, tiene que hacer una subdivisión y ese es otro trámite que hay que hacer también”.
“Los trámites es identificación, el trámite de la escritura y solicitar el trámite de subdivisión. Y si los documentos estarían en diez días, pero después de tener esos dos documentos (alineación y subdivisión) entraría la solicitud de licencia y esa no la tenemos, porque para que como institución o desarrollador tienes que tener un proyecto y no hay trámite, para empezar no hay ningún trámite de licencia”.
Abundó que cualquier persona que quiera tramitar una licencia de construcción debe tener un proyecto ejecutivo, “y la licencia si cumples con todo de acuerdo a las normas la debes tener en diez días, siempre que esté completo, pero si no se tiene un documento se queda parado hasta que completes y eso puede prolongarse un mes, dos, pero depende del cliente”.
De la opinión de arquitectos de que para la construcción del hospital del ISSSTE se requiere un cambio de uso de suelo, respondió: “no, el uso de suelo del predio es de equipamiento urbano, porque tiene predominante tiene de uso turístico porque ahí fue creado y concebido el Centro Acapulco y por eso es que está como equipamiento urbano”.
“Cuando hablamos de un hospital el requerimiento es mayor porque se requiere un dictamen de impacto urbano, por eso que suma un requisito más porque estamos en una zona turística”, explicó la secretaria. Reiteró que cualquier proyecto del tamaño como en el Centro de Convenciones requiere más requisitos de factibilidad de servicios de agua, drenaje, electrificación, y eso lo da por un lado CAPAMA, Comisión Federal de Electricidad y el de impacto ambiental la Semarnat.
“Se tiene que tener completa la documentación con todas estas factibilidades para que pueda proceder la construcción” dijo. Y en el caso de que si se requiere permisos especiales por la construcción de la planta de tratamiento, respondió: “es igual que los hoteles de la zona Diamante, que se les exige una planta”.
De si hay inversión del municipio para esa zona, respondió que en Coplademun se autorizó una ciclovía alrededor del Centro Acapulco: “si los trabajos se inician antes de que termina el año no podríamos porque eso entorpecería mucho y tenemos que esperar hasta que este terminado y de momento ese recurso lo vamos a disponer porque hay grandes necesidades, como el Mercado Central”.
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, Luz María Meraza Radilla, informó que la subdelegación del ISSSTE tramitó un alineamiento para saber cuáles son las colindancias del Centro de Convenciones.
Ayer en declaraciones en el Palacio Municipal sobre el anuncio que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para construir el hospital en el Centro de Convenciones, dijo que “a través de la Subdelegación del ISSSTE han solicitado de manera oficial el alineamiento, que es determinar el frente que tiene el predio y su número oficial y eso es lo único que oficialmente nosotros conocemos”.
Abundó que oficialmente ella no conoce el proyecto, sólo sabe que la propuesta es que el nuevo hospital se quiere construir en el Centro de Convenciones.
–¿Ya solicitaron la licencia de construcción?
–Para eso se requiere fundamentalmente el primer paso que estoy comentando, cualquiera que va a solicitar una licencia, el paso número uno es el alineamiento y ese es uno de los tantos requisitos que se necesitan para solicitar una licencia de construcción y se tiene que tener el proyecto, como yo te estoy comentando no han hecho ningún trámite en ese sentido, tampoco conocemos extraoficialmente el proyecto, sólo sabemos la declaración de que va a ser el hospital de tercer nivel, pero los detalles como tal no los conozco.
Del planteamiento que hacen los presidentes de colegios de arquitectos e ingenieros de que el Centro de Convenciones se declare patrimonio arquitectónico, respondió que el pasado miércoles se reunió con el Comité Técnico, que aglutina a todos los representantes de colegios, asociaciones y universidades, “todos ellos se han pronunciado en contra, yo les digo que nosotros como institución respetamos lo que dice la ley y la norma”.
“El espacio está considerado como equipamiento urbano preferentemente con fines turísticos, pero eso no es limitativo, entonces lo que digo es una postura ciudadana es importante su postura, pero también les he comentado que ustedes quieren que se declare, pero qué es lo que quieres hacer, de manera institucional respondo que ahí está determinado como plan director como equipamiento urbano y eso lo permite”, declaró.
Abundó que el espacio permite la construcción de una clínica, pero para un hospital regional como el que se pretende construir debe ir acompañado de un dictamen de impacto urbano, “porque una instalación como esa tiene que ver con todo su entorno y por eso se requiere, para otorgar una licencia, todo ese análisis del entorno, no nada más es sólo el hospital, sino la parte que en su operación va a resultar afectada o beneficiada”.
“El impacto urbano lo tienen que contratar con un Director Responsable de Obra de los que están inscritos en la dependencia, eso es un requisito indispensable”, declaró la funcionaria y explicó que el impacto es el “entorno (del lugar), lo que se teme una de las cuestiones que ocasiona el tema de la oposición es pensar que pueda existir una situación de ambulantaje y que eso es uno de los temores, el estacionamiento, que he dicho que si es caótico se tiene que pensar en una solución donde haya estacionamiento suficiente para doctores, enfermeras, administrativos, pero también para el derechohabiente y eso tiene que considerarse dentro del proyecto para no afectar, eso es básicamente la forma de como vas a llegar en las, todo ese análisis es el dictamen de impacto urbano para que con esos elementos determinar si es procedente o no la licencia”.
Se construiría el hospital de ISSSTE en el flanco derecho del Centro de Convenciones
El lado izquierdo se mantendría para eventos, que es donde se encuentra el Teatro Juan Ruiz Alarcón, de acuerdo con un documento oficial. Se plantea un hospital regional de alta especialidad de 250 camas con una planta baja para urgencias y consulta externa, un primer nivel para cirugía y un segundo nivel para hospitalización
Ramón Gracida Gómez
De acuerdo con un documento oficial que circula y que muestra el plano del nuevo hospital del ISSSTE de Acapulco, éste será construido a lo ancho del flanco derecho del Centro de Convenciones, donde está el salón Teotihuacán y las áreas verdes del Jardín Sur utilizadas para conciertos, y la infraestructura del lado izquierdo se mantendría para eventos, que es donde se encuentra el teatro Juan Ruiz Alarcón.
Según el plano, se plantea un hospital regional de alta especialidad de 250 camas con una planta baja para urgencias y consulta externa, un primer nivel para cirugía y un segundo nivel para hospitalización.
El documento indica que el terreno del Centro de Convenciones mide 70 mil metros cuadrados y la superficie de construcción existente es de 9 mil 164.73 metros cuadrados.
También se puede ver el dibujo del Centro de Convenciones y líneas punteadas de color rojo que delimitan la superficie donde sería construido el hospital del ISSSTE y que ocupa la mitad de todo el terreno. El documento indica que la superficie de la construcción del hospital es de 39 mil 77 metros cuadrados.
A un costado derecho de la entrada principal, en la avenida Costera, el proyecto marca un espacio dedicado a “patio maniobras/servicios”. Es el lugar donde hay unas oficinas, que sirvieron para Atención Turística y hace unos años estaba ahí la Alianza Francesa y también fueron la taquilla de la feria decembrina.
Más a la derecha está lo que se conoce actualmente como Jardín sur, donde se hacen conciertos, y ahí se pretende construir un área de Alta Medicina con una superficie de 4 mil 290 metros cuadrados. Sería la sección del hospital más cercana a la avenida Costera.
Al centro de las aún áreas verdes se construiría el área de Consulta externa de 3 mil 326 metros cuadrados. En el plano se encuentra después un rectángulo grande que incluye Urgencias, Tococirugía/cirugía y Hospitalización, y mide 7 mil 860.9 metros cuadrados.
Luego está un pasillo que es el espacio que divide al Jardín sur con el salón Teotihuacán y sirve de estacionamiento actualmente. El dibujo del salón Teotihuacán es un rectángulo y está partido en dos, la parte derecha dice “construcción existente” y la parte izquierda dice Servicios generales, gobierno y relación, área del hospital que mediría 4 mil 553 metros cuadrados.
Por ahí está la puerta 5 del terreno y da a la calle Fernando Magallanes. El dibujo del hospital indica “Plaza acceso”.
Atrás se encontraría, como actualmente, el estacionamiento. Se enumeran mil 170 cajones con la misma entrada de la avenida Comandante Bouganville y la otra que está en Comandante Baresford.
El plano del proyecto en el Centro de Convenciones mantiene intacto el flanco derecho del terreno, pues se ve el Teatro Ruiz Alarcón, el Teatro al aire libre Nezahualcóyotl y el espacio que el documento denomina Sala de conferencias y servicios, y donde están los salones como el Dolores Olmedo.
Después de una larga discusión sobre la ubicación del nuevo hospital del ISSSTE, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró el 22 de junio que el nosocomio sería construido en el Centro de Convenciones porque “hay terreno suficiente”.
Esta decisión ha causado revuelo en el sector empresarial acapulqueño que dice que se debe respetar la edificación como tal, pues tiene una vocación turística.
La operación del Centro de Convenciones es producto de un fideicomiso federal y actualmente es operado por el gobierno del estado. En noviembre del año pasado la presidenta, Abelina López Rodríguez, pidió reactivar el lugar con la donación del terreno al municipio.
El secretario de Turismo estatal, Santos Ramírez Cuevas, respondió después que en mayo de 2022 esta dependencia y el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) habían firmado un convenio para que este último le traspasase la posesión del inmueble.
Previamente, Fonatur firmó otro convenio con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en 2021, para que Fonatur recibiera el inmueble.
Tramita el ISSSTE un alineamiento para conocer las colindancias del inmueble
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza, informa que es el primer paso para solicitar una licencia de construcción
Aurora Harrison
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, Luz María Meraza Radilla, informó que la subdelegación del ISSSTE tramitó un alineamiento para saber cuáles son las colindancias del Centro de Convenciones.
Ayer en declaraciones en el Palacio Municipal sobre el anuncio que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para construir el hospital en el Centro de Convenciones, dijo que “a través de la Subdelegación del ISSSTE han solicitado de manera oficial el alineamiento, que es determinar el frente que tiene el predio y su número oficial y eso es lo único que oficialmente nosotros conocemos”.
Abundó que oficialmente ella no conoce el proyecto, sólo sabe que la propuesta es que el nuevo hospital se quiere construir en el Centro de Convenciones.
–¿Ya solicitaron la licencia de construcción?
–Para eso se requiere fundamentalmente el primer paso que estoy comentando, cualquiera que va a solicitar una licencia, el paso número uno es el alineamiento y ese es uno de los tantos requisitos que se necesitan para solicitar una licencia de construcción y se tiene que tener el proyecto, como yo te estoy comentando no han hecho ningún trámite en ese sentido, tampoco conocemos extraoficialmente el proyecto, sólo sabemos la declaración de que va a ser el hospital de tercer nivel, pero los detalles como tal no los conozco.
Del planteamiento que hacen los presidentes de colegios de arquitectos e ingenieros de que el Centro de Convenciones se declare patrimonio arquitectónico, respondió que el pasado miércoles se reunió con el Comité Técnico, que aglutina a todos los representantes de colegios, asociaciones y universidades, “todos ellos se han pronunciado en contra, yo les digo que nosotros como institución respetamos lo que dice la ley y la norma”.
“El espacio está considerado como equipamiento urbano preferentemente con fines turísticos, pero eso no es limitativo, entonces lo que digo es una postura ciudadana es importante su postura, pero también les he comentado que ustedes quieren que se declare, pero qué es lo que quieres hacer, de manera institucional respondo que ahí está determinado como plan director como equipamiento urbano y eso lo permite”, declaró.
Abundó que el espacio permite la construcción de una clínica, pero para un hospital regional como el que se pretende construir debe ir acompañado de un dictamen de impacto urbano, “porque una instalación como esa tiene que ver con todo su entorno y por eso se requiere, para otorgar una licencia, todo ese análisis del entorno, no nada más es sólo el hospital, sino la parte que en su operación va a resultar afectada o beneficiada”.
“El impacto urbano lo tienen que contratar con un Director Responsable de Obra de los que están inscritos en la dependencia, eso es un requisito indispensable”, declaró la funcionaria y explicó que el impacto es el “entorno (del lugar), lo que se teme una de las cuestiones que ocasiona el tema de la oposición es pensar que pueda existir una situación de ambulantaje y que eso es uno de los temores, el estacionamiento, que he dicho que si es caótico se tiene que pensar en una solución donde haya estacionamiento suficiente para doctores, enfermeras, administrativos, pero también para el derechohabiente y eso tiene que considerarse dentro del proyecto para no afectar, eso es básicamente la forma de como vas a llegar en las, todo ese análisis es el dictamen de impacto urbano para que con esos elementos determinar si es procedente o no la licencia”.
Ante el pleno del Congreso local rindió protesta Mayté Lucero Arce Jaimes como presidenta municipal de Cutzamala de Pinzón, tras la aprobación de la licencia por tiempo indefinido de su madre, la alcaldesa propietaria Rosa Jaimes López, del PRI.
Sin dar mayores detalles al Congreso local de porqué se separa del cargo y funciones, en su oficio de solicitud de licencia, la alcaldesa sólo señaló que fue “por motivos personales”. En la sesión se aprobó la autorización para separarse del cargo y rindió protesta la suplente, su hija.
Tras rendir protesta ante el pleno, Mayté Lucero Arce Jaimes no quiso dar detalles de los motivos del cambio, solo señaló que todo está bien en el municipio, incluido el tema de seguridad.
Ante las preguntas de los reporteros sobre los motivos del cambio en la alcaldía, sólo respondió que se trataba de asuntos personales y que todo estaba bien en el municipio “vamos a seguir trabajando como siempre, todo bien, todo bien, no se preocupen”, dijo.
Se busca desestabilizar con Xalpatláhuac: Sánchez Esquivel
El diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel cuestionó sobre lo que está detrás del conflicto en Xalpatláhuac
Sánchez Esquivel, que durante su paso como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), trató de limitar en diferentes momentos y con distintas justificaciones el acceso a reporteros a la sede del Poder Legislativo, ayer al inicio de su intervención reprochó la poca presencia de representantes de medios de comunicación.
El morenista dijo que está “muy preocupado” por lo que ocurre en Xalpatláhuac y demandó que se atienda “con prontitud” porque son los pueblos indígenas los más olvidados y afectados por gobiernos corruptos u omisos.
Sánchez Esquivel señaló en tribuna que “es imperativo la no criminalización de las policías comunitarias”, las cuales dijo están amparadas por la ley y la Constitución.
Y envió un mensaje de “total respaldo” a esas policías, porque ofrecen seguridad dónde no hay presencia de ninguna corporación de seguridad del Estado.
Se refirió a lo ocurrido el pasado viernes cuando militares, efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales derribaron la puerta de la oficina del tlayakanki, Nicolás Villareal Dircio, en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac, lo cual consideró “totalmente incorrecto” porque fueron utilizados para “confrontar al pueblo, eso es una falta de respeto”.
Y preguntó: “¿Quién los llevó allá?, ¿Qué interés se persigue de exhibir al Ejército, a la Guardia y a los policías en una situación que es meramente política?”, y demandó castigar a quienes irrumpieron en el Ayuntamiento para que regrese el gobierno municipal a la cabecera.
Afirmó que pudo ocurrir una masacre de indígenas y pidio “que se atienda Xalpatláhuac antes de que se convierta en una desgracia mayor de la que nos podamos arrepentir”.
Dijo que hay a quienes les “conviene que siga ese conflicto” e insistió: “¿a quién le interesa que el tema de Xalpatláhuac no se resuelva?” y que se convierta en “un problema mayor… hay actores que construyen, y construyen fino para que ocurran cosas que al rato pareciera que nadie fue responsable, un Aguas Blancas, un Charco, un Acteal”.
“Aquí no se vale un silencio cómplice que, de pie al abuso, de quienes no cuidan al Ejecutivo y terminan poniendo en riesgo la gobernabilidad de Guerrero, tenemos una gobernadora que está preocupada pero no puede atender todo, pero hay actores políticos que son responsables y tiene que asumir lo que les corresponde”.
Afirmó que se han repetido casos de decisiones que toman “subordinados” y que han afectado la estabilidad del estado.
De Morena, la diputada María Flores Maldonado demandó que se intervenga y se solucione el problema en ese municipio de la Montaña, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, pero también los político-electorales de la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, del PRI.
La sesión
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto propuesto por diputado priista Adolfo Torales Catalán a los ayuntamientos que obtuvieron un resultado no satisfactorio en la obligación de transparencia de su ejercicio fiscal 2022, a los que llama a poner a disposición de la ciudadanía en sus portales de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que están obligados a transparentar.
En su propuesta detalló que de los 81 ayuntamientos solo 33 obtuvieron aprobación, según datos del ITAIGro, esto porque la mayoría no transparentó a la remuneración de los servidores públicos, programas sociales, reglas de operación, padrones de beneficiarios, procedimientos de licitación, contratos de adquisición de bienes o servicios, cuenta pública y ejercicio de recursos públicos.
El pleno aprobó un dictamen por el que se concede licencia definida a Romana Leonardo Apolonio para separarse del cargo de síndica procuradora del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, del 8 de marzo al 5 de junio del 2023.
También aprobaron un dictamen por el que se emite juicio en contra de Gloria Elena Lourdes Vargas Zamora, regidora del Ayuntamiento de Florencio Villarreal, para desempeñar funciones docentes y edilicias.
Maestros de la secundaria Margarito Damián Vargas, ubicada en Ciudad Renacimiento, tomaron la dirección de la escuela para exigir a las autoridades que se revise el problema laboral entre ellos y la encargada de la dirección, la subdirectora Blanca Esther Abarca, porque no informa de los recursos gestionados para mejorar la escuela.
En tanto, la encargada de la dirección de la secundaria, Esther Abarca, dijo que son falsos los señalamientos de los maestros, “no tienen fundamento, porque estoy en disposición de dar información”.
Este martes, los maestros colocaron unas cartulinas en la entrada principal de la dirección, donde se leía su inconformidad. No se suspendieron clases y los alumnos estaban en sus salones de clases, en tanto los maestros esperaban que los atendieran, para llegar a una solución de sus demandas y que no se repitieran sus problemas.
El profesor Moisés Armando Valle Paredes declaró: “Estamos exigiendo a las autoridades, de manera pronta y expedita, la salida de la escuela de la subdirectora, encargada de la dirección, Esther Abarca, porque consideramos que es un tema negativo para la convivencia sana, pacífica, dentro de la institución”.
Además, denunció que “no ha informado de los recursos económicos recibidos del programa federal de reforma educativa”. Denunció que la encargada de la dirección ya empezó a pedir a los padres de familia cuota voluntaria de inscripción para el próximo ciclo escolar, pero “tampoco ha dado información de la carpeta de robo a la institución”.
Detalló que desde que inició el ciclo escolar los 15 maestros inconformes han recibido “hostigamiento, abuso de poder y muchas situaciones más, que no hemos podido ventilar hasta que estalló este paro. Porque son muchas injusticias por parte de la encargada”. Mencionó que se también condicionó entrega de libros gratuitos a estudiantes.
El secretario general de la escuela, Sergio Vargas Jiménez, declaró que los maestros que se encuentran inconformes hicieron llegar un oficio con algunos problemas “laborales”, los cuales están siendo dialogados con la encargada de la dirección para llegar acuerdos, porque “al principio la maestra se negó a darlos y que no le competía dar el informe”.
Sostuvo que los maestros inconformes ya hicieron un escrito donde explican los motivos de la inconformidad y piden a la Contraloría de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que “revisen la situación”, en tanto que los maestros no van afectar el derecho de los alumnos a recibir educación, pero pidió a las autoridades dar solución.
Vía telefónica, la encargada de la dirección indicó que los maestros que se quejan es porque “están encaprichados, y quieren buscar la forma de perjudicarme”, porque dijo que en las reuniones de Consejo Técnico da la información de las acciones que se hacen en la escuela y “lo compruebo con hechos”.
Aseguró que nunca se ha negado a dar la información, “pero hay formas de pedirla. No tengo porqué darla a cada uno de manera personal” e indicó que la información la proporciona en los consejos técnicos y los maestros no se presentan.
“Ellos están encaprichados, uno de ellos no me trabaja, tiene licencia desde 2012 y quiere buscar la forma de perjudicarme. Ahorita me fui al jurídico para buscar una solución”, dijo.
Aseguró que ha hecho gestiones para mejorar las condiciones de la escuela, se logro tener la escritura de la escuela para tener luz eléctrica, de los recursos de los programas federales precisó que en las juntas de consejo se les informa a los maestros.
El director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Nabor César González Guerrero informó que el caso de la maestra del plantel de Iguala que presuntamente recibió amenazas del crimen organizado, está en proceso de investigación y en tanto no se determine que está en riesgo, no se le puede conceder la licencia con goce de salario que solicitó.
El viernes, en una llamada a la redacción de El Sur, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep en Guerrero (Staconalepg), Guillermo Coria Contreras denunció que, a principios de este mes una maestra recibió amenazas por su trabajo en el plantel de Iguala y que no se tomaron las medidas pertinentes para protegerla, por lo que solicitó una licencia con goce de salario para el próximo ciclo escolar 2018-2019, misma que González Guerrero se negó a otorgar.
Consultado vía telefónica sobre el caso, González Guerrero señaló que, hasta el viernes el caso no se había “ventilado”, y se dio a conocer porque los dirigentes sindicales buscan “protagonismo”; actualmente, el Staconaleps está en un proceso electoral para cambiar al secretario general, y según el director general del subsistema, Coria Contreras “está buscando votos”.
Señaló que la maestra que recibió amenazas, en un principio no quería dar a conocer su caso, pero después, “seguramente asesorada”, decidió denunciar el hecho y solicitar la licencia, pero la dirección general no puede otorgar un permiso “que no esté justificado, cuando se dé un veredicto de esa investigación y sea real, seguramente tendremos que apoyarla como debe ser, de lo contrario, todos los días hay amenazas en todas partes, todo mundo va a pedir permiso con goce de sueldo y nos vamos a quedar sin maestros”.
Aunque desconoce qué instancia investiga el caso, reiteró que si ésta determina que la maestra está en peligro, se le brindará “todo el apoyo que nos corresponde” de manera interna, pero no “por la presión política” del Staconalepg; precisó que la afectada entregó un oficio el 21 de junio pasado para solicitar la licencia, pero antes de esa fecha pidió a los directivos del plantel de Iguala que no interfirieran en el caso.
Sobre otros casos de trabajadores administrativos o maestros del subsistema amenazados, dijo que “ha habido posiblemente algunas situaciones de inseguridad, como sucede en muchas partes, de extorsiones telefónicas, rumores, dichos, y cada quien pone su denuncia, pero formalmente no tenemos ningún antecedente en este sentido, sería la primera”.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (Staconalepg), Guillermo Coria Contreras denunció que el director general del subsistema, Nabor César González Guerrero se niega a otorgar una licencia con goce de salario a una maestra del plantel de Iguala que recibió amenazas del crimen organizado.
En una llamada a la redacción, Coria Contreras informó que, a inicios de junio pasado, una maestra recibió amenazas “por su trabajo” en el plantel de Iguala, se reservó el nombre de la afectada para no poner en riesgo su integridad.
Señaló que no es el primer caso de un docente amenazado, aunque no refirió una cifra, pero para los anteriores “se tomaron las medidas pertinentes” en las escuelas, para resguardar a los afectados y, en el caso de la maestra a quien se le niega la licencia no fue así, y su situación es delicada.
Declaró que la afectada solicitó una licencia con goce de salario para el siguiente semestre del ciclo escolar 2018-2019, y a pesar de que se trata de una cuestión de seguridad, González Guerrero argumentó que está fuera de la normatividad, y se la negó.
Aseguró que no es posible que se le niegue la licencia a la maestra que es agremiada del Staconalepg, y llamó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que intervenga para que González Guerrero atienda el caso de manera inmediata. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
El alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dijo en su defensa que el informe financiero 2017 del Ayuntamiento de Chilpancingo, que fue entregado a El Sur confirma que los 110 millones de pesos desviados fueron utilizados para necesidades del propio municipio, y que tiene un plan de recuperación al que se le tiene que dar continuidad.
Consultado por teléfono, el alcalde priista con licencia advirtió que si se retrasa su autorización para regresar a su cargo, podrían ser afectadas gravemente las finanzas del municipio, pues la actual administración no siguió con el plan estratégico de recuperación de recursos, que él tenía programado.
Le recordó también al PRI, que la mejor manera de recuperar la estabilidad en el municipio es que se apeguen al estado de derecho, “y si se tiene que pasar por el juicio de revocación de mandato, adelante, yo no tengo ningún problema. Que se concluyan los procedimientos para que la gente pueda creer en las instituciones”.
Dijo que aún hay tiempo para estabilizar las finanzas del municipio, porque el proceso de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de la cuenta pública 2017 inicia hasta el 28 de febrero, que es la fecha limite para que el gobierno municipal entregue la cuenta pública.
Leyva Mena dijo que le sorprendió que la información se esté filtrando de manera anticipada, pero también festejó que se dé a conocer que los 110 millones de pesos que desvió de programas federales fueron utilizados en gasto corriente y no en una cuenta personal.
“Asumo mi derecho de defensa, todo lo que están comentando, eso se tiene que hacer saber a la ASE y a la Auditoría Superior de la Federación, y yo voy hacer frente”.
De la cuenta pública 2016, en la que se presumen el desvíos de recursos, recordó que fue aprobada por el Cabildo antes de ser entregada al órgano fiscalizador.
“Están tratando de mandar el mensaje de que este asunto (de la licencia y el juicio de revocación de mandato) fue por un tema financiero. Eso no es cierto, la recuperación de este recurso (desviado) estaba perfectamente programado”, porque afirmó que hay manera de recuperarlos, principalmente con el predial.
En el caso de la filtración de la información de los desvíos de recursos de programas federales, que fueron utilizados en gasto corriente, dijo que más que perjudicarlo le dan la pauta para precisar cómo se utilizaron esos recursos.
Dijo que para solventar los 110 millones de pesos están los recursos del predial, lo que se ahorra por la depuración de la nómina y el limitar el gasto corriente y los gastos superfluos. Dijo que incluso el tema de la basura podría generar recursos, “eso lo sabe el cabildo”.
Leyva Mena comentó “había una estrategia muy clara de recuperación, me alegra mucho que salgan este tipo de notas, porque eso quiere decir que el alcalde Marco Leyva no está haciendo un asunto (el desvío) para su peculio personal, está perfectamente demostrado donde está ese dinero, son traspasos de una cuenta a otra cuenta del Ayuntamiento, no a cuentas personales”.
Ejemplificó los problemas financieros del Ayuntamiento con el tema de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), que le cuesta al municipio 6 millones de pesos mensuales, mientras que los ingresos de la paramunicipal es de 2 millones y medio a tres millones de pesos, que representan un déficit anual de aproximadamente 36 millones.
Insistió en que la estrategia para tomar recursos de programas, para resolver problemas inmediatos, estaba “perfectamente planeada”, pero cuando inició el juicio de revocación de mandato “abruptamente nos cambió la estrategia”.
Confirmó que busca regresar al Ayuntamiento capitalino para continuar con lo que llama su estrategia financiera y poder regresar los recursos desviados a las cuentas o programas a los que pertenecen.
Pero también responsabilizó a la actual administración, que encabeza el alcalde suplente Jesús Tejeda, por no aceptar el plan financiero que tenía, y si no se continúa, la responsabilidad financiera será contra Leyva Mena.
Advirtió que el problema financiero del ayuntamiento capitalino será peor si no se le permite regresar al cargo constitucional, que ganó en el proceso electoral 2015. “No he tomado un solo centavo de recurso público para enriquecerme”.
Cuando se le preguntó por la postura del PRI y de la bancada priista en el Congreso local, que podrían buscar obstaculizar su regreso al Ayuntamiento, dijo que “lo único que tengo, es el respaldo de mucha gente en las colonias populares y también el respaldo de la ley, porque me respalda el voto ciudadano”.
