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Incinera la FGR más de 2 toneladas de droga en Chilpancingo

La Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero destruyó más de 2 toneladas de narcóticos, principalmente clorhidrato de cocaína, metanfetamina y mariguana, relacionados con diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas, iniciadas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades.
De acuerdo a un comunicado la incineración se realizó en Chilpancingo el miércoles. La droga destruida consistió en dos toneladas 122 kilos 412 gramos 79 miligramos de clorhidrato de cocaína, 90 kilos 239 gramos 300 miligramos de mariguana, tres kilos 469 gramos 900 miligramos de semillas de amapola, dos kilos 584 gramos 950 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un kilo 515 gramos 200 miligramos de diacetil morfina, y un kilo 104 gramos 900 miligramos de semillas de marihuana.
También fueron inutilizados 157 litros 910 mililitros de dihidrocodeína, 113 litros 713 mililitros de diacetil morfina, 277 gramos 800 miligramos de goma de opio, 34 gramos 400 miligramos de plantas de amapola, once gramos 300 miligramos de cocaína, nueve gramos 800 miligramos de opiáceos, seis gramos 800 miligramos de carbonato de sodio, un gramo 600 miligramos de sustancia negativa y 10 plantas de mariguana.
Además de 10 objetos, una planta de amapola, 480 kilogramos de videogramas y fonogramas, 5 mil 360 unidades de fornituras, porta cargadores, antenas, baterías, placas balísticas, y diversos objetos del delito. (Redacción)

Incinera la FGR más de 340 kilos de droga en Chilpancingo

La Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero incineró más de 340 kilogramos de narcóticos, plantas y semillas de enervantes, puestos a disposición del Ministerio Público Federal por autoridades de los tres niveles de gobierno, en las instalaciones militares de la comunidad de Xocomanatlán, en Chilpancingo.
La FGR difundió un comunicado en el que detalló que la droga decomisada consta de: 326 kilos 642 gramos 440 miligramos de mariguana, 7 kilos 730 gramos 600 miligramos de opio, 2 kilos 941 gramos de semillas de amapola, un kilo 140 gramos de semillas de mariguana, 921 gramos 798 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 302 gramos 800 miligramos de metanfetamina y 460 gramos 400 miligramos de sustancia negativa.
Además, fueron inutilizados cuatro litros 130 mililitros de morfina, 57 gramos 199 miligramos de clorhidrato de cocaína, 10 gramos 200 miligramos de terrones de opio, un gramo 400 miligramos de codeína, un gramo 400 miligramos de morfina y 62 plantas de amapola y mariguana, que fueron incineradas en las instalaciones militares de la comunidad de Xocomanatlán, municipio de Chilpancingo.
Los narcóticos, plantas y semillas de enervante incineradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR por autoridades de los tres órdenes de gobierno.
En el evento estuvieron según el boletín autoridades militares y del Órgano Interno de Control de la FGR,” que supervisó el proceso en términos de la normatividad aplicable en la materia”.
“La diligencia ministerial dio cumplimiento al Programa de Destrucción de Narcóticos, así como a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, el cual prevé la incineración de drogas aseguradas y los objetos que son instrumento del delito”, concluye el boletín. (Redacción / Chilpancingo).

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

Etiquetas: México, Guerrero, Iguala, Ayotzinapa, Cocula, 43, desaparecidos, Normal Rural de Ayotzinapa, Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Comisión de la Verdad

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

Regresa la PGR a La Gavia, Totolapan; le reportan que El Tequilero secuestró a un maestro

Agentes del Ministerio Público federal ingresaron en un convoy a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, a inspeccionar la zona donde fueron atacados los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y asesinados cuatro de ellos el 20 de junio.
Unas 10 patrullas de la PGR llegaron a San Miguel Totolapan alrededor de las 9 de la mañana y junto a policías estatales ingresaron a La Gavia, que fue el bastión del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, quien secuestró a un maestro a inicios de este mes, según denunciaron ayer sus familiares.
Los agentes hicieron peritajes es inspecciones forenses en la zona donde sufrieron la emboscada la madrugada del 20 de junio, cuando intentaban detener a El Tequilero pero fueron recibidos a balazos.
Los agentes estuvieron en La Gavia durante 4 horas y se retiraron.
No habían podido ingresar a esa comunidad porque estaba bajo el control de la banda Los Tequileros, incluso un día después de la emboscada hubo gente que impidió el trabajo a los agentes de la Fiscalía General del Estado.
La investigación incluye la inspección de la zona donde fue sepultado Agustín de Almonte primo de El Tequilero e integrante de su grupo criminal, quien murió en la refriega el día de la emboscada.
En La Gavia también recibieron el reporte de un maestro de la comunidad de Las Mesas, quien fue secuestrado el 2 de agosto por el grupo de El Tequilero.
Se trata de un nuevo caso de un maestro jubilado que vive en su pueblo natal y que de acuerdo al reporte se lo llevaron el 2 de agosto, y fue liberado este lunes después de pagar por su rescate.
El profesor es de la familia Bustamante quienes pidieron que se inicie la investigación oficial de este caso, ante lo que hubo un diálogo con los policías estatales y federales.
La comunidad de Las Mesas se ubica aproximadamente a 30 kilómetros de La Gavia detrás de cerros, y que según el reporte hombres armados llegaron a ese pueblo y se lo llevaron a la parte alta de la sierra.
Se trata de un nuevo maestro que se suma a la lista de profesores secuestrados por el grupo de El Tequilero, al que en los últimos 3 años le adjudicaron el secuestro de 16 profesores de los cuales cuatro fueron asesinados. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Terminan las diligencias en el pozo Meléndez en busca de desaparecidos; no hay restos, informan

Familiares de víctimas de desaparición del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala esperan que les muestren los videos que fueron grabados en la diligencia de ayer en el pozo Meléndez, para comprobar o descartar la presencia de restos humanos como parte de su plan de búsqueda de 500 desaparecidos que tienen registrados.
Ayer durante casi 5 horas en el segundo día de la diligencia encabezada por la Procuraduría General de la República (PGR), con agentes del Ministerio Público federal de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas agentes de la Policía Federal división Gendarmería, de la Fiscalía del estado y de la Secretaría de Protección Civil se hizo el descenso al respiradero de 160 metros de profundidad.
Según la secretaria del colectivo, Adriana Bahena Cruz, en declaraciones minutos antes de las 4 de la tarde al término de la diligencia, les informaron que no habían sido hallados restos humanos.
Informó que como parte del plan de búsqueda que marca el reinicio de los trabajos con la PGR, esperarán a que les muestren los videos que se grabó en lo profundo del pozo Meléndez un agente de la Secretaría de Protección civil del estado, que fue quien descendió al respiradero natural.
Ayer la zona fue acordonada a unos 100 metros de distancia del pozo, lugar a partir del que se impedía el paso a reporteros.
Este mítico respiradero del que fueron rescatados cuerpos de personas arrojadas en años pasados, está ubicado en la comunidad de Puente Campuzano, a unos 300 metros de la carretera federal México-Acapulco, colinda con las instalaciones de la Universidad Politécnica.
Bahena Cruz explicó que fue una diligencia que estaba pendiente con la PGR, luego de que en noviembre, “no fue fructífera porque no se pudo llegar al fondo porque no llevaban el material necesario para hacer el descenso de 160 metros que tiene el pozo”.
Informó que ayer bajaron al fondo del respiradero y sólo esperan que se les muestren los videos, para analizarlos.
Dio a conocer que para hoy se hará una exploración a otro respiradero ubicado en la misma zona, en el que no descartó la posibilidad de que sean localizados restos humanos, ya que las cavernas de unos 80 metros de profundidad están abiertas y no selladas con rejas como en el caso del pozo Meléndez.
Agregó que su interés de explorar nuevamente el pozo Meléndez fue porque en otros momentos muchas personas fueron arrojadas a esta cavidad, ubicada a unos 300 metros de la carretera hacia Taxco.
Una reportera le preguntó de una excavación y movimiento que se vio de agentes de la Gendarmería y familiares de desaparecidos junto a una bodega de fertilizantes, y aclaró que en el lugar fueron halladas probables fosas clandestinas, pero que al hacer las excavaciones sólo encontraron enterrados huesos de animales.
Ante la pregunta dijo que ayer iniciaron el plan de búsqueda de sus desaparecidos con el apoyo de la PGR, y que cada mes se harán dos búsquedas en puntos ya señalados por testigos, entre éstos las minas de San Francisco Cuadra, también en este municipio de Taxco, y otras posibles fosas clandestinas en las que prevén que en algunas pueda haber hasta 10 cuerpos inhumados.

Llega un helicóptero por los retenidos por la autodefensa, pero los vecinos no los liberan

En San Miguel Totolapan el movimiento de autodefensa se negó a liberar al resto de los retenidos, luego de que entregó a policías del estado a la mamá del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero. Sólo dejó ir a una mujer.
Ayer los ciudadanos que formaron la autodefensa, policías federales y estatales se reunieron, los agentes del gobierno pidieron la libertad de los retenidos por el movimiento, quienes respondieron que los soltarán, pero demandaron que en tres días haya resultados del combate al grupo criminal de El Tequilero.
Ayer en la mañana la autodefensa dialogó con familiares de una de las mujeres que se encontraban retenidas y después de varios minutos acordaron dejarla en libertad. Salió de la casa que era la sede de la Comandancia de la Policía Municipal, pero que ahora ocupa la audefensa que está pintada de azul y blanco y ahí escribió al frente la leyenda de Movimiento por la Paz.
Cerca de las 10 de la mañana llegó la Policía del Estado a San Miguel Totolapan, a diferencia de otras ocasiones cuando rodea la zona donde están las autodefensas, ahora se quedó en ese punto, y se quedaron varios grupos en la zona.
A las 11 y media llegaron 10 patrullas de la PF, al mismo tiempo se vio a un helicóptero de esa corporación que aterrizó en una cancha deportiva y ahí se quedó. El motivo era pedir la liberación de los retenidos y llevárselos en la aeronave a la ciudad de México para presentarlos ante un agente del Ministerio Público federal, según los reportes.
Sin embargo las condiciones de diálogo no lo permitieron, pues las autodefensas piden resultados concretos de la búsqueda y detención del grupo criminal Los Tequileros, y garantías del gobierno de que de verdad se hará la operación que el gobernador anunció desde hace más de una semana en San Jerónimo, en Ajuchitlán, en contra de ese grupo.
El grupo pidió públicamente tres días para que las autoridades muestren acciones y resultados, “una muestra de que están combatiendo al grupo” contra el que se están enfrentando.
“Ahí están en la entrada de San Miguel todos los ministeriales dormidos desde el miércoles en la gasolinera, en la sombra. La verdad no sé qué le digan al gobernador, si están trabajando, si de verdad están buscando algo, o no sabemos si esas son las órdenes reales del gobernador, de quedarse dormidos en la gasolinera sin hacer nada”, le reclamaron los vecinos a los policías federales.
Pese a que fueron varias las horas de diálogo, a las 3 de la tarde se retiró el helicóptero, vacío. No hubo acuerdos y los policías federales se retiraron del lugar, aunque los policías federales se mantuvieron.

Desabasto de víveres

A pesar de que poco a poco las tiendas comienzan a reactivarse en sus ventas, hay desabasto en San Miguel Totolapan porque no hay suficientes distribuidores que quieran ir a esa localidad a vender.
Algunos miembros de las autodefensas están llamando a empresas distribuidoras de Altamirano para que surtan esa localidad. Las empresas piden que ahí se abran las puertas al comercio y que les garanticen que no habrá presión de cobros de piso o secuestros si acuden.
También buscan que se reactive el transporte en la ruta que va a Poliutla y que los une con la carretera federal a Arcelia y a Altamirano, que lleva más de 6 meses parado debido a amenazas de la delincuencia organizada.
Las escuelas están cerradas por miedo de los maestros. Tampoco hay actividades en el centro de salud.

Excava la PGR fosas señaladas por un testigo en Mezcaltepec, Taxco; no contenían cuerpos

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, el grupo de peritos, antropólogos y agentes del Ministerio Público federal de la Procuraduría General de la República (PGR), con el resguardo de unos 20 marinos, excavaron posibles fosas clandestinas en el paraje El Carmen, de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco.
Cerca de las 2 de la tarde de ayer, el grupo de peritos, antropólogos y agentes del Ministerio Público federal, resguardados por unos 20 efectivos de la Marina fuertemente armados a bordo de tres patrullas, y una comisión de seis familiares de desaparecidos, salieron de la parroquia de San Gerardo, después de la asamblea, para ir a una zona de posibles fosas que señaló un testigo anónimo.
El lugar donde ayer se buscaron entierros clandestinos y fueron excavados siete posibles fosas, fue en el paraje El Carmen, junto a la colonia del mismo nombre, en la comunidad de Mezcaltepec, en el municipio de Taxco, antes de llegar a los cerros de Las Antenas y El Cristo, donde ya se han localizado fosas clandestinas y se han exhumado 26 cuerpos entre los dos lugares, en febrero de 2014, y uno el pasado miércoles, que fue hallado envuelto en una cobija y presumiblemente desmembrado.
Uno de los familiares integrante del Comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informó vía telefónica, casi a las 7 de la noche de ayer, que ubicaron siete probables fosas, las cuales fueron excavadas por los peritos y antropólogos de la PGR; sin embargo, no hallaron cuerpos.
Informó que esta semana se suspenderán los trabajos hasta que el grupo de búsqueda de fosas localice más puntos positivos y que la PGR haga las excavaciones y las exhumaciones, en su caso.
Desde el 23 de noviembre de 2014, cuando se formó el comité de familiares de Los Otros Desaparecidos, tras el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los familiares han localizado cerca de 90 entierros clandestinos de, los que la PGR ha exhumado 132 cuerpos, de los que, 16 meses después, sólo ha identificado y entregado 15 a sus familiares.

Detiene la PF en Iguala a tres hombres implicados en el asesinato y la desaparición de normalistas

La Unidad de Inteligencia de la Policía Federal detuvo entre la noche del jueves y la mañana de ayer en Iguala a tres hombres, dos de ellos hermanos, presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado del rostro.
Uno de los detenidos es Mauro Taboada Salgado de 40 años, ejidatario y hermano del presidente del Comisariado Ejidal de Iguala, Cirilo Taboada Salgado.
Fuentes de Seguridad Pública federal informaron que entre las 6:30 y las 7 de la noche del jueves, policías federales detuvieron en la colonia Villa de las Flores a los hermanos Bernabé Sotelo Salinas El Peluco o El Botitas de 28 años y a Cruz Sotelo Salinas El Tísico o El Oaxaco de 19 años, a quienes les hallaron al momento de su detención un fusil AR-15 con un cargador con 20 cartuchos útiles y una pistola .9 milímetros.
En un parte informativo se menciona que uno de los detenidos declaró a las autoridades que entre los 43 estudiantes “venían tres miembros de La Familia Michoacana, los cuales fueron incinerados”; según el mismo informe, los detenidos confesaron haber participado en el asesinato de al menos dos normalistas.
Se dio a conocer que, tras verificar sus nombres se comprobó que ambos están implicados en diferentes averiguaciones con el ataque y desaparición de los 43 normalistas, por lo que fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, aunque el gobierno federal dijo que los llevaron a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Entre las 7:30 y las 8 de la mañana de ayer, extraoficialmente se supo de la detención de un tercer presunto implicado en el caso Ayotzinapa y el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, cuyo cuerpo fue hallado la mañana del 27 de septiembre en la zona industrial al norte de Iguala desollado del rostro y con huellas de tortura.
La tarde de ayer, sin mayor detalle, fuentes de Seguridad Pública federal informaron que el tercer detenido, Mauro Taboada Salgado, al que las autoridades federales señalan “directamente relacionado con el homicidio del normalista Julio César Mondragón Fontes”.

Son integrantes de Guerreros Unidos, dice Renato Sales

A la 1 de la tarde, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, en conferencia de prensa informó de las detenciones de los presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, “según las investigaciones estos sujetos estarían involucrados en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”, indicó.
El funcionario federal relató que Bernabé y Cruz Sotelo Salinas “habrían recibido a los jóvenes por parte de elementos de la Policía Municipal de Iguala”.
También dijo que Cruz Sotelo habría estado “presumiblemente” a cargo del armamento del grupo delictivo, mientras que Mauro Taboada estaría implicado en el asesinato del normalista Julio César Mondragón, “según se advierte de la declaración de Gildardo López Astudillo, El Gil”, quien actualmente se encuentra detenido por su participación en la desaparición de los normalistas.
También comentó que Bernabé Sotelo llevaba una maleta que contenía un arma larga, con cargador abastecido de 20 cartuchos útiles, mientras que Cruz portaba un arma corta en la cintura, al igual que Mauro Taboada.
Informó que los detenidos fueron llevados a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, donde obran investigaciones en su contra.
Sales remarcó que, en primer término, se puso al tanto a los familiares de los normalistas desaparecidos sobre las detenciones.
“Ahorita el gobierno a todos los que agarran ya dicen que son de Guerreros Unidos”, dice un familiar de Taboada

En la noche, familiares de Mauro Taboada confirmaron su detención y dijeron que fue ayer, entre las 7:30 y las 8 de la mañana, cuando éste iba hacia su trabajo.
Uno de sus familiares informó a este reportero que Mauro Taboada es ejidatario, y desde hace seis años trabaja en una granja de cría de cerdos ubicada al sur de Iguala.
Sobre la relación que hace el gobierno federal de Taboada con el caso Ayotzinapa y el asesinato de Julio César Mondragón, respondió, “ya cualquier persona que agarra el gobierno federal, ya lo relacionan con todo eso (de Ayotzinapa), ellos quieren justificar su trabajo”.
Dijo que el gobierno federal tendrá que comprobar lo que están señalando de Mauro Taboada, y criticó que antes de hacer las investigaciones ya lo estén señalando como probable responsable de ese delito, “ojalá la verdad salga a relucir, porque no se vale que estén culpando a gente inocente”.

Urgen familiares al gobierno estatal a crear la comisión sobre los desaparecidos en Chilapa

La organización civil Siempre Vivos urgió al gobierno del estado la creación y el inicio de operaciones de la comisión especial para investigar los casos de sus familiares desaparecidos en Chilapa.
Informó que, a ocho meses de que se organizaron no tienen información de 57 casos registrados entre 2014 y 2015.
Asimismo, integrantes de la organización exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, implementar un operativo de búsqueda en esta región similar al de Tierra Caliente para localizar a los vecinos de Arcelia y Ajuchitlán secuestrados y levantados la semana pasada.
Ayer, el grupo de familiares que desde mayo de 2015 inició la búsqueda de sus parientes y el registro de otros casos, informó que tras una evaluación, siguen como iniciaron, en la incertidumbre, sin que las autoridades ministeriales del estado y la federación les hayan informado algún avance en las investigaciones.
La organización tiene documentados los casos de 57 vecinos de la cabecera municipal de Chilapa desaparecidos des

de abril de 2014; el último es del 25 de noviembre de 2015.
Sus registros con denuncia ministerial indican que 16 casos ocurrieron del 9 al 14 de mayo, cuando unos 300 habitantes, comisarios y civiles armados de localidades del sur del municipio tomaron el control de las calles de Chilapa en busca de líderes de la delincuencia. De estos, 14 fueron denunciados ante el Ministerio Público federal.
Los integrantes de Siempre Vivos demandaron al gobernador Héctor Astudillo un operativo como el que implementaron en La Tierra Caliente con 500 policías, ahora para dar con sus familiares en Chilapa.
Recordaron que hicieron esa petición desde mayo al entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez y al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Asimismo, dijeron desconocer cuál es el avance de la creación de la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa que anunciaron el mandatario estatal, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez. Mientras no se instale, indicaron, no hay certeza de que estén investigando.

“Seguimos exigiendo, como desde el primer momento, la búsqueda y localización de los desaparecidos y que empiece a operar la comisión especial”, insistieron. Dijeron que tampoco tienen fecha para reunirse con el fiscal estatal.
Al término de una evaluación de resultados a ocho meses de búsqueda, los familiares concluyeron que están igual que como iniciaron, con nada.
“No hay información ni buena ni mala, no hemos sabido nada por parte de las autoridades. Los 57 casos están en ceros”, lamentaron.
A ocho meses, agregaron, no hay ni un solo familiar localizado, ni siquiera alguno de los vehículos en los que viajaban al momento de ser llevados por la fuerza.
En cuanto a la atención a las familias de las víctimas, informaron que han recibido 30 becas alimentarias de 2 mil pesos mensuales de los gobiernos municipal y estatal.
Además, dijeron, de la ayuda alimentaria

para otras familias, de mil a mil 500 pesos, de la Secretaria de Gobernación; mientras que representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según familiares de las víctimas, tienen más de un mes que no se han presentado y no han aportado los gastos de transporte.
La organización Siempre Vivos ya sufrió el asesinato de uno de sus activistas. Apenas el 22 de diciembre, Bernardo Carreto González, padre de tres hijos desaparecidos y hermano del ex director de la Policía de Chilapa, fue asesinado cuando regresaba a su comunidad, Ahuihuiyuco.