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Entregan organizaciones la presea Lucio Cabañas al Partido de los Pobres en Atoyac

Organizaciones sociales entregaron la presea Lucio Cabañas al Partido de los Pobres (PDLP) en la ceremonia del 49 aniversario luctuoso del guerrillero, en Atoyac.
Con honores a la bandera y una ofrenda floral en el Zócalo de la Ciudad de Atoyac, organizaciones sociales conmemoraron el 49 aniversario de la muerte de Lucio Cabañas Barrientos, asesinado por militares en combate en El Otatal en el municipio de Tecpan de Galeana.
La ceremonia se llevó a cabo en la explanada del Zócalo junto al obelisco donde yacen lo restos del también maestro rural, quien tomó las armas ante el acoso del gobierno y en demanda de condiciones dignas de vida para la población.
Ahí se entregó por tercera ocasión la presea Lucio Cabañas.
La hija del combatiente, Micaela Cabañas reseñó que por tercera ocasión se entrega a quienes desde sus trincheras han buscado un cambio.
La primera presea se entregó a la Normal Rural de Ayotzinapa, donde se formó y estudio el maestro guerrillero.
La segunda se entregó a la dirigencia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que recibió Hilario Mesino.
En esta ocasión se entregó al Partido de los Pobres, la recibió la llamada Niña guerrillera, Guillermina Cabañas quien destacó que este premio va para todos los que apoyaron y hasta dieron su vida por el movimiento, asó como a todas las mujeres que fueron violadas, desaparecidas, torturadas y asesinadas “por formar parte de este movimiento de inconformidad”.
Dijo que estos eventos son importantes para que se conozca la lucha del profesor rural y se mantenga la memoria histórica.
Hace falta que se vea un cambio y que los funcionarios que salieron del partido de Morena bajen con el pueblo, y se vea la transformación hacia comunidades que fue lo que busco Lucio, porque “no se ve igualdad ni justicia”.
“Se debe seguir luchando como Lucio que estuvo en condiciones desiguales, pero no le falló al pueblo.
Se cito el daño colateral y la falta de justicia a los familiares de desaparecidos que siguen exigiendo atención del actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. (Francisco Magaña / Atoyac).

Destacados luchadores sociales de Atoyac y de otros lugares de Guerrero, en la ceremonia en el 49 aniversario de la muerte de Lucio Cabañas Barrientos Foto: Francisco Magaña

Lleva despensas la OCSS a damnificados de pueblo serrano en Coyuca de Benítez

Ante la falta de apoyo de los tres órdenes de gobierno a las comunidades de la zona rural del municipio de Coyuca de Benítez que resultaron damnificados por el huracán Otis, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), llevó despensas a las familias de El Posquelite.
La dirigente de la organización, Norma Mesino informó este martes que en esa comunidad viven unas 50 familias y aunque ya fueron censadas no han recibido ninguna ayuda, aun cuando perdieron casas, muebles y sus cosechas.
De acuerdo a la dirigente social, tuvieron que caminar tres horas para llegar a esa comunidad en donde les repartieron despensas a las familias y se percataron que son los mismos pobladores quienes están reconstruyendo sus casas y los caminos que quedaron destrozados por el paso del huracán Otis la noche del 24 de octubre.
Informó que las despensas fueron donadas por el Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), maestros y científicos, que han estado haciendo donaciones para las comunidades rurales.
Informó que el domingo pasado fueron a El Posquelite porque esa comunidad está muy apartada y nadie les ha llevado nada, “son tres horas caminando por un camino muy accidentado debido a que nunca se le ha hecho ningún rastrilleo si quiera”.
Contó que son los propios pobladores los que están arreglando las casas; “ellos mismos recogieron sus laminas, su madera que todavía servía y están reconstruyendo, porque dijeron que si esperan a que alguna autoridad les vaya a ayudar, nunca van a ir”.
Reprochó: “El Posquelite y Chiripas, son dos pueblos de los más abandonados totalmente”, denunció.
“Lo que nosotros constatamos es que además de sus casas, toda la gente perdió su cosecha de maíz, aparte de que hubo sequía, el huracán destruyó sus sembradíos de jamaica, de maíz, calabaza, ajonjolí, y sus huertas de papaya y mango, todo lo perdieron”, agregó.
Informó que en El Posquelite viven unas 50 familias quienes perdieron todo porque el huracán se desvío para esa ruta de la sierra de Coyuca de Benítez desde Las Tranquitas, Pueblo Viejo, Tepetixtla, Textlalcingo, Aguas Blancas.
La dirigente de la OCSS dijo que también las familias de estos pueblos tienen derecho a que el gobierno les reconstruya sus casas, pero sobre todo sus caminos.
Reconoció que las familias de esas comunidades les informaron que la semana pasada ya los fueron a censar, “pero solamente fueron a eso, apoyo no les llevaron”.
Mesino declaró que espera que con el censo los tomen en cuenta para todo; para la reconstrucción de sus viviendas, la entrega de muebles y enseres domésticos y para mitigar los daños en sus cosechas. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

La Fiscalía está interesada en revisar el asesinato de Rocío Mesino: OCSS

Luis Daniel Nava

Chilapa

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) está interesada en revisar el caso del asesinato de su hermana Rocío, perpetrado el 19 de octubre de 2013.
Pidió que si el gobierno de Evelyn Salgado y la fiscal Sandra Luz Valdovinos tienen voluntad de investigar, tienen que crear una fiscalía especial para los casos de activistas sociales asesinados “extrajudicialmente”.
También reveló que Orlando Ávila Mesino, integrante de la organización y preso desde 2012, será liberado en una o dos semanas, y dijo que espera que Antonio Barragán Carrasco obtenga el indulto antes de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La líder social fue entrevistada en Chilapa el sábado después de la conmemoración del sexto aniversario del asesinato de Ranferi Hernández, su esposa, suegra y ahijado.
A propósito de los 10 años que cumplirá el homicidio de su hermana Rocío Mesino, informó:
“El 19 de octubre se cumplen 10 años de impunidad del asesinato extrajudicial de Rocío Mesino y está vigente la demanda de justicia como un derecho irrenunciable”.
Adelantó que el 18 de octubre en el Zócalo de la cabecera de Atoyac se presentará el documental Rocío de la Esperanza, que retrata su lucha y obra en la organización. También habrá bailes, poesía, canto y una exposición fotográfica.
El 19, agregó, se realizará una ofrenda floral, un acto político y la develación de un mural realizado por Oscar Montalvo, El Tecuán, en la comunidad de Mexcaltepec donde fue privada de la vida mientras atendía un comedor comunitario.
En la entrevista, Norma Mesino reveló que hace dos semanas un comandante de la FGE se acercó a la organización para decirles que el gobierno del estado está interesado en revisar el caso de Rocío.
“Se acercó a nosotros para decir que el gobierno del estado está interesado en investigar el caso de Rocío Mesino, y que le presentáramos todas las pruebas para que ellos pudieran investigar”.
“Le decíamos que todas las pruebas y evidencias fueron destruidas por las instancias de procuración de justicia, violaron el derecho de los familiares cuando fueron a dar su testimonio, fueron hostigados, presionados”.
“Hubo un retrato hablado (del asesino), hasta la fecha nunca se ha visto un avance de eso. Todos los videos de los lugares públicos nunca fueron solicitados por la Fiscalía”.
“Ellos querían darle seguimiento al caso, pero se habían borrado muchas evidencias en el 2013”, dijo.
Detalló que en ese tiempo no fueron protegidos los lugares donde los asesinos dejaron sus huellas y que la moto en la que viajaban fue hallada por la Policía Municipal, que la entregó a su dueño.
“La Policía Municipal no fue investigada, no la puso a disposición y el Ministerio Público no la solicitó. La cadena de custodia no fue protegida, resguardada”.
En ese año, recordó, era alcalde Eric Tabares Cisneros, gobernador Ángel Aguirre Rivero y procurador Iñaki Blanco Cabrera.
Mencionó que recientemente las autoridades dijeron que el responsable del homicidio había sido el crimen organizado, pero se retractaron, y a 10 años no hay ningún responsable, culpable o procesado.
Norma Mesino hizo un llamado a que si la gobernadora o la fiscal realmente tienen voluntad de investigar, “tienen que buscar una fiscalía especial que se encargue de investigar los casos de activistas sociales que fueron asesinados”.

La liberación de Orlando

También informó que Orlando Ávila Mesino, acusado de un asesinato por un sujeto que no lo conocía bajo tortura, cumplió 12 años preso y que está por salir por una reducción de condena.
“Orlando debió ponerse en libertad, pero el poder Judicial jamás va aceptar que estuvo preso durante 12 años de manera injusta, no lo va a reconocer. Era la libertad o la sentencia mínima, se fueron por la sentencia”.
“Cuando salga vamos a desenmascarar al poder Judicial”, dijo.
Se refirió al caso de Antonio Barragán Carrasco, otro integrante de la organización detenido en 2001 sin orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro.
Se está solicitando el indulto y esperan que se dé antes de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde su fundación en 1994, la OCSS tiene un recuento de 35 asesinados, cuatro desaparecidos, más de 100 familias desplazadas y decenas de encarcelados por delitos fabricados.
Sus demandas han sido servicios, salud y educación, el alto a la represión policiaca y a la tala inmoderada encabezada por caciques de la región. Además, la presentación y justicia por los desaparecidos de la guerra sucia, muchos de ellos parientes de los integrantes de la organización.

Justicia por los crímenes en Guerrero para alcanzar la paz, exigen en foro en la Loyola

Ramón Gracida Gómez

Durante el foro de justicia y seguridad que se realizó este sábado en la Universidad Loyola de Acapulco, organizaciones sociales, familiares de víctimas y académicos exigieron justicia a las autoridades por los crímenes que se perpetran en Guerrero, para alcanzar la paz.
El padre Jesús Mendoza Zaragoza dijo que se debe “construir la paz con justicia social” y atender las necesidades de las víctimas, recuperar los territorios controlados por los grupos criminales, así como crear “instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional”.
La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, señaló que “si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”.
La esposa del desaparecido Vicente Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Samantha Colón, dijo que los familiares buscan la verdad y la justicia por sus propios medios y son revictimizados cuando buscan a las instituciones.
El representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, aseguró que en el territorio donde operan no hay inseguridad gracias a esta organización, que va a seguir trabajando “en los hechos”, a pesar de los últimos reveses judiciales.
El foro forma parte de otros eventos similares, que se han realizado en los últimos meses, en varios estados, a propuesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Conferencia de Superiores Mayores de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, como respuesta al asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la sierra tarahumara, en junio del año pasado y a la violencia generalizada en el país.
Después de un performance cultural del grupo escénico La Gruta, sobre los desaparecidos, que impactó a los asistentes, el párroco del poblado La Sabana, Jesús Mendoza, planteó “construir la paz con justicia social”, trabajando en algunos puntos, entre los cuales está la urgencia del acompañamiento a las víctimas de la violencia, cuyas necesidades son la verdad, la justicia y la reparación de daños, es decir, una “sanación integral”.
Dijo que “es necesario que el Estado provea instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional. Es necesario ver cómo estas instituciones tengan el presupuesto y personal que se requiere para atender estas situaciones tan dolorosas”.
Urgió a “la recuperación de los territorios controlados por las bandas criminales y urge la presencia suficiente de las instituciones del Estado, sobre todo, las que tienen que ver con seguridad y justicia”, además, también tienen que ser atendidos los temas de salud, educación y economía.
El también articulista de El Sur, aseguró que “el tejido social está desgarrado por todas partes, en parte por el control territorial de las bandas criminales, también por rencillas comunitarias, por el individualismo que se ha ido imponiendo, por la ausencia del Estado de derecho, y por la impunidad”.
Asimismo, se debe reconstruir la economía “desde abajo, al neoliberalismo hay que hacerle frente desde arriba y desde abajo. Donde la delincuencia va prosperando es donde hay dinero”, explicó.
Después participó la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Javiera Donoso, quien planteó que existe una “violencia endémica” en algunas colonias de Acapulco, y particularmente en la periferia, donde no hay cohesión social, porque las nuevas poblaciones están conformadas por los desplazados de la violencia que no se conocen entre ellos.
El evento continuó con la mesa Justicia Cotidiana, donde Sabás Aburto, resumió el origen de la CRAC-PC después de los hechos de inseguridad que se vivían en las regiones de Costa Chica y Montaña, antes de su creación en 1995.
Aseguró que actualmente en la zona donde opera la policía comunitaria, “no sabemos de secuestros, los maestros no cierran escuelas por miedo a que los asalten o los extorsionen. No hay cierre de centros de salud, los productores de campo van a trabajar todos los días, sin miedo, uno transita en vehículos particulares, taxis, u otro tipo de vehículos tranquilamente, trayendo ahora su dinero, su reloj. Antes no andábamos así, antes de 1995”.
Lamentó que el ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores presentó una iniciativa “para sacarnos de la Ley 701, él y su secretario general, Florencio Salazar, y es lo que hace poco volvieron a validar o rectificar los del Congreso del Estado, y finalmente hace poco, un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó lo que hicieron ellos, sin consultarnos realmente a los pueblos indígenas, como debe ser, según el marco jurídico internacional”.
Sin embargo, “seguimos nosotros como CRAC-PC, cuidándonos nosotros mismos en los hechos”, aseveró Aburto Espinobarros y denunció que la actual fracción de Morena, está “alineada mayoritariamente con lo que marca la fracción del PRI, la fracción del PRD”.
Samantha Colón recordó que Vicente Suástegui fue desaparecido hace casi dos años, el 5 de agosto de 2021, y dijo que fue por su participación en la defensa de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, “que tuvo que ver el Estado y participaron también la Policía Estatal en la desaparición de mi esposo y que estuvieron involucrados también gente que estaba en la Fiscalía en ese momento”.
La también integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, dijo que esta desaparición forzada no es un hecho aislado e indicó que los familiares son revictimizados, “yo en lo particular cuando me acerqué a la Fiscalía a poner la denuncia de mi esposo, lejos de que me ayudaran, me revictimizaron como no tienen idea, me trataron de la peor manera las personas que estaban encargadas en ese momento”.
“Entonces ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que tocar puertas, tenemos que ir a buscar verdad y justicia por nuestros propios medios. Por nuestros propios medios tenemos que buscarles, tenemos que ir a tocar las puertas, tenemos que bloquear una calle para luego ser reprimidos, para después quizás ser amenazados o quizás ser desaparecidos también”, expuso.
Nicomedes Fuentes, uno de los cinco comisionados de la Comisión de la Verdad (Comverdad), dijo que los territorios donde se perpetró la contrainsurgencia del Estado, contra los movimientos sociales, eran pacíficos antes de estos crímenes y que las guerrillas son producto de la violencia de Estado.
Indicó que todavía no hay una cifra final de desaparecidos porque hay varias listas que se repiten, se entrecruzan, pero sobre todo “no se termina porque todavía existe el terror en la gente de no acercarse a nadie, de los organismos que participamos en la búsqueda”.
Señaló que la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento (Coveh), creada por el actual gobierno federal, “está funcionando lento, el problema es el Ejército todavía. Creo que se requiere voluntad política para que nos digan dónde están nuestros compañeros”.
Hugo Ozuna, del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), indicó que la tortura “es generalizada y sistemática”, además de que mitad de las desapariciones del país son de 2018 a la fecha.
Luego siguió la mesa de Seguridad Ciudadana, donde la representante de la OCSS, Norma Mesino, leyó un pronunciamiento colectivo de varias organizaciones sociales, con el que recordó las masacres perpetradas en Guerrero desde 1960 hasta la actualidad, como Aguas Blancas, así como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de diversos luchadores sociales, entre ellos, la de su hermana Rocío.
Norma Mesino dijo que “el dolor que representa este calendario manchado de sangre nos une a los familiares, a sobrevivientes, a organizaciones sociales de derechos humanos, para plantear a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como al Congreso de Guerrero, la necesidad de establecer una agenda que contemple el esclarecimiento de los crímenes y la impartición de justicia para todas las víctimas de la violencia”.
“Si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”, exclamó.
El doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Omar Villarreal, indicó que para entender la violencia criminal de los últimos años se tiene que entender la violencia política del pasado. “Los agentes represores son, en realidad, los primeros ejecutores de las empresas criminales que hoy conocemos como crimen organizado o cárteles”, expuso.
También participaron el ex fiscal especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, Víctor Parra, quien comentó que no hay recursos suficientes para atender todas las desapariciones, que han aumentado exponencialmente, y el director de Quadratín Guerrero, Ricardo Castillo, quien dijo que Guerrero es el segundo estado más peligroso para ejercer el periodismo.
La última mesa fue Tejido Social, en donde artistas y promotores culturales expusieron el trabajo artístico que se realiza en Acapulco y cómo eso ayuda a construir paz. El fundador del grupo La Gruta, Manuel Maciel Campos, planteó la necesidad de trabajar con los niños, porque es un sector vulnerable a ser cooptado por el crimen organizado.
El escultor Jorge Alfaro y el fotógrafo Luis Arturo Aguirre contaron cómo crearon los espacios de arte, el primero con El Fortín y el segundo en la calle Quebrada, ante los recortes al presupuesto destinado a este sector y la escasez de lugares similares.
El evento, que duró alrededor de seis horas, fue organizado por la Universidad Loyola, Fundación para la Paz en Guerrero, Iniciativa Guerrero es Primero y el Grupo de Estudios para el Desarrollo del Sur (Gedesur). Asistieron unas 80 personas, entre activistas sociales e integrantes de colectivos de víctimas, como Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón; el director de Gobernación del Ayuntamiento de Acapulco, Ramón Montiel Mejía, y la directora de la Mujer, Sandra Yolanda Rodríguez Zaragoza.

Con un bloqueo, exige la OCSS en Coyuca de Benítez “alto a la guerra” contra zapatistas

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur bloquearon el sábado durante 10 minutos la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el puente de Coyuca de Benítez Foto: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) bloquearon 10 minutos en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez el puente de la carretera, exigieron un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas de parte de grupos de la delincuencia organizada y paramilitares en Guerrero y Chiapas.
También exigieron que se detenga el ataque armado contra la comunidad de Moisés Gandhi, en Chiapas, se respete su territorio autónomo, castigo a los autores materiales e intelectuales de los ataques que han sufrido, y la liberación inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN.
El sábado, integrantes de la OCSS se manifestaron en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, marcharon hacia el puente Coyuca donde hicieron una parada de 10 minutos en los que paralizaron la vialidad.
La mayoría eran mujeres quienes portaban pequeñas pancartas en las que exigieron “alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”.
En un comunicado difundido el mismo día, la OCSS se pronuncia “en contra de la guerra contrainsurgente que se vive en el país”, la cual expresaron, el “Estado mexicano y sus grupos paramilitares siguen implementando” contra las comunidades zapatistas, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y pueblos indígenas y campesinos en el estado de Guerrero.
Denunciaron el encarcelamiento de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, y los ataques perpetrados anteriormente y tras su recrudecimiento a partir del 27 de mayo de este año, en la comunidad Moisés Gandhi, por parte de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), al que señalaron es un grupo paramilitar que opera bajo el cobijo de los tres órdenes de gobierno con toda la impunidad.
Manifestaron que la creciente influencia de los grupos de la delincuencia organizada en Chiapas y Guerrero tienen como fin la destrucción y el debilitamiento de las autonomías, que los pueblos han construido por décadas y que ha logrado frenar la muerte y violencia del sistema capitalista que rige el mundo y protege el mal gobierno mexicano, “escudado en su 4T, nosotros le llamamos Cuarta Destrucción, como buen capataz sigue las políticas neoliberales que sólo despojan y asesinan a las comunidades que resisten a las políticas destructoras que quieren desaparecer a las comunidades originarias de México y el mundo”.
Expresa que las comunidades guerrerenses sufren los mismos desplazamientos y asesinatos, a lo cual resisten a diario, y que sus compañeros zapatistas “no están solos y que si tocan a uno nos tocan a todos”.
Dijeron que son un ejemplo para defender la autonomía, “porque es la única salida a la guerra de exterminio del narco Estado, seguiremos defendiendo el agua, los montes, selvas, bosques, mares y en general seguiremos defendiendo la madre tierra”.
Aseveraron que se suman al llamado del Congreso Nacional Indígena y también exigen que se garantice la salud de Jorge López Santís, quien resultó herido y se encuentra grave de salud en un ataque armado de la Orcao, “que se brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera”.
Añadieron que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y se respete su territorio autónomo; que sean castigados los autores materiales e intelectuales de los ataques; que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas; y la libertad inmediata de Manuel Gómez, del que consideran está injustamente encarcelado.

Deposita la OCSS?una ofrenda en el obelisco a Lucio Cabañas por los 25 años de El Charco

La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) conmemoró el 25 aniversario de la masacre de El Charco depositando una ofrenda floral en el obelisco Lucio Cabañas en el Zócalo de Atoyac.
Destacó que el movimiento social en Guerrero por este hecho de represión realizó actos simultáneos con organizaciones sociales en el aniversario de la masacre de indígenas de la comunidad de El Charco, de Ayutla de los Libres.
Indicó la OCSS que las organizaciones exigen justicia para los deudos, ya que acusan que fue un crimen perpretado con alevosía y ventaja y no fue enfrentamiento “fue una emboscada a una reunión con pobladores, en la escuela Caritino Maldonado en lo alto de la comunidad, una masacre de lesa humanidad pues afectaron familias enteras al dejar en el desamparo mujeres y hijos de los campesinos y dejar morir a los heridos”.
La OCSS señaló que este crimen violó los derechos fundamentales de los indígenas que en su mayoría habitan está zona y que se encontraban en el abandono social.
Citó que El Charco y la masacre de Aguas Blancas son casos que no han sido resueltos ni han sido castigados los culpables intelectuales a pesar de que los casos ya se encuentran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el expediente 166/18 .
Se solidarizó la organización campesina con los deudos a quienes expresaron su apoyo y lamentó que tenga que correr sangre para que llegue el progreso a estos pueblos pero siguen sin justicia. (Francisco Magaña/Atoyac).

Sale de la cárcel Gilberto Aguirre; pide a AMLO que no se olvide de los presos políticos

El integrante de la OCSS y sobreviviente de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre Bahena (al frente) sale de la cárcel de Acapulco despues de 21 años preso, acompañado por la dirigente de laOrganización Campesina, Norma Mesino Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

El integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y sobreviviente de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre Bahena pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se olvide de los presos políticos que todavía faltan por ser liberados porque se les han fabricado delitos.
Aguirre Bahena fue liberado este miércoles a las 11 de la mañana, luego de estar preso durante 21 años detenido y acusado bajo tortura de secuestro y homicidio de la hija de un policía de Morelos. Fue detenido el 16 de mayo del 2002 y el 30 de marzo pasado obtuvo su libertad anticipada.
Al salir del reclusorio, Gilberto Aguirre pidió al presidente que voltee a ver a las cárceles porque hay mucha gente inocente, y que dé prioridad y agilidad a sus compañeros que siguen encarcelados.
Dijo que seguirá en la OCSS para luchar por la libertad de sus demás compañeros.
Aguirre Bahena expuso que en el penal de Morelos donde estuvo cuatro años, recibió amenazas y fue torturado, así como golpeado por el director del penal.
Pidió su traslado al penal de Acapulco donde estuvo más de 17 años donde, “traté de estar lo más bien que se pudiera”.
Indicó que su proceso “tuvo muchas anomalías, estuvo viciado y por eso nunca me dieron mi libertad, por eso perdí mi caso porque fue pura fabricación de pruebas”.
Pidió a sus compañeros Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino que no se pongan tristes, no se “achicopalen porque vamos a seguir luchando por su libertad. Vamos a seguir luchando para que ellos obtengan su libertad también”.
Hizo un llamado al presidente López Obrador “para que voltee a ver los casos de nuestros compañeros Orlando (Ávila Mesino )y Antonio (Barragán Carrasco), que ya agilicen sus casos y revisen muy bien sus expedientes porque hay muchas pruebas que son fabricadas. Ellos no pueden seguir estando presos porque yo sé que son inocentes”.
A la una de la tarde dio una conferencia de prensa en la casa de gestoría de la diputada federal Rosario Merlín, donde estuvo acompañado por dirigentes sociales como Norma Mesino de la OCSS, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López y el presidente de la organización Solidarios de la Voz del Amate, Miguel Ángel Zenón.
En la conferencia vía telefónica, el también sobreviviente de Aguas Blancas y quien todavía sigue preso, Antonio Barragán agradeció a las organizaciones sociales que los han estado apoyando para que les puedan dar la libertad. Agregó que sin su apoyo “no se hubiera dado la libertad de Gilberto”, está libre no porque el gobierno le haya querido dar la libertad, sino por la presión política.
Dijo que han sido torturados y se les han fabricado delitos, “nuestros expedientes están llenos de fabricación de pruebas. En el proceso no tuvimos abogados particulares sino de oficio, abogados que no tenían cédula profesional, fueron audiencias ilegales”.
Dijo que quien quiera apoyarlo en su caso está en la disposición de dar entrevistas porque sin el apoyo de la gente es difícil alcanzar la libertad.
Reconoció el apoyo de la dirigente de la OCSS, Norma Mesino quien no los ha dejado solos, “confío en que yo también voy a salir libre, tengo la fe que no voy a tardar preso porque cuento con el apoyo de la OCSS”.
En la sesión de preguntas, a Gilberto Aguirre Bahena le preguntaron si buscará la reparación del daño y respondió, “yo que no quisiera que me pagaran el daño. Quisiera decirle al presidente que sí necesito de la reparación del daño porque 21 años estando preso no cualquiera aguanta”, y que sería algo justo que le pagaran la reparación del daño.
El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López explicó que la reparación del daño es fruto de la vía de la determinación de víctima de tortura, y por lo tanto “debe dejarse muy claro que las Fiscalía de los estados ha sido omisa en la investigación, y es por eso que el caso está ante el Comité de Tortura de Naciones Unidas y será desde ahí que se pueda reclamar”.
Agrego que en términos de legalidad la modalidad que tiene “hoy Gilberto no le facultaría para obtener la reparación, pero por eso se sigue luchando porque además la posibilidad de acreditar la tortura es la posibilidad de la libertad de Antonio (Barragán Carrasco)”.

Acuerdan la OCSS y la Segob que se facilitará la libertad de dos presos; termina el plantón

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, anunció que terminará el plantón que está desde el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, porque en una reunión el lunes con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se acordó facilitar la liberación de los presos políticos Orlando Ávila y Gilberto Aguirre.
“El acuerdo al que se llegó ayer es que se va a liberar a dos compañeros. (son) El compañero Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, se les va a facilitar su proceso para que puedan salir en libertad”, dijo Mesino.
Aclaró que en el caso del preso Antonio Barragán Carrasco se seguirá trabajando para resolver las causas por las que se le acusa, y solicitó que apoyo para dar difusión a la situación que presenta.
“En el caso de Antonio Barragán Carrasco vamos a intensificar una campaña por su libertad, le pedimos a todos los medios que nos apoyen a darle difusión, es un preso inocente que lleva más de 21 años en la cárcel”, explicó Norma Mesino.
Agregó que la reunión del lunes se llevó a cabo con Cresencio Jiménez y Facundo Santillán, intengrantes de la Secretaría de Gobernación. Indicó que continuarán buscando la libertad de sus compañeros.
“Desde nuestro estado, la lucha por la libertad de cada uno de nuestros compañeros que ya no pueden estar en la cárcel, no podemos hablar de transformación si no hay justicia, no podemos hablar de transformación cuando hay presos en el estado”, expuso.
De igual forma aseguró que la OCSS ha resultado agraviada por el estado de Guerrero y el país, resaltando que hay más de 500 personas que mantienen el estatus de desaparecidas en la entidad.
“La OCSS ha sido una de las organizaciones más agraviadas del estado y del país, nosotros como militantes de esta organización, somos hijos, somos nietos, somos familiares de los más de 500 desaparecidos en el estado de Guerrero”, comentó.
Mediante un posicionamiento escrito, la OCSS indicó que los acuerdos alcanzados en conjunto con la Secretaría de Gobernación, resultaron en la gestión y trámites necesarios para la liberación de los apresados.
“En este sentido, los acuerdos a los que se comprometieron los funcionarios de las dependencias fueron: gestionar, ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios para concretar la libertad de nuestros compañeros sobrevivientes a la masacre de Agua Blancas”, manifestaron.
Expresaron que en la reunión se establecieron y pactaron compromisos con los funcionarios de las instituciones y visitarán Morelos y Guerrero para dialogar con las instancias correspondientes y agilizar los procedimientos.
En la reunión se establecieron una serie de compromisos, “en los que los funcionarios de las dependencias mencionadas se trasladarán a los estados de Morelos y de Guerrero para, con los presidentes de los Tribunales de Justicia de ambos estados, acordar y efectuar los procedimientos jurídicos necesarios para que nuestros tres compañeros obtengan su pronta libertad”, indicaron.

Sale de la cárcel el sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, Gerónimo Hernández

En Atoyaquillo el 14 de enero de 2000 Gerónimo Hernández y Marco Antonio Abadicio Foto: Maribel Gutierrez / Archivo

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Uno de los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas en 1995 y miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Gerónimo Hernández Refugio, fue liberado ayer luego de que el magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del estado, Félix Nava Solís aceptó el recurso de apelación que interpuso su abogado, y determinó su liberación inmediata tras cumplir una pena equivalente a 20 años años y tres meses de prisión.
La tarde de ayer el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame confirmó vía telefónica que la tarde del viernes fue liberado del penal de Chilpancingo, Gerónimo Hernández Refugio, pero seguían en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, para que “no quede ningún recoveco, y se está contemplando que mañana él (Gerónimo) dé una conferencia de prensa”.
Añadió que estaban dialogando para pedir por la seguridad y salud de Gerónimo Hernández, y precisó que la conferencia será a las 12 del día de este sábado.
Añadió que la libertad de Gerónimo se debía a “la voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en Guerrero a la de la gobernadora (Evelyn Salgado), al senador (Félix Salgado), estamos agotando ahorita los recovecos jurídicos con el presidente del Tribunal (Raymundo Casarrubias Vázquez) y otros actores que están aquí”.
También contactada por teléfono, la dirigente de la OCSS, Norma Mesino confirmó que este sábado darían su postura en una conferencia de prensa en la capital del estado, y reconoció al abogado Hegel Mariano Ramírez, de quien dijo, apoyó a Hernández Refugio a pesar de que como organización no le pagaron ningún peso para continuar la defensa jurídica de su compañero.
Mencionó que el caso de Gerónimo fue un proceso ilegal y amañado por las autoridades, similar a la de los otros tres sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas y presos, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco.
De acuerdo con la carpeta judicial EJ-58/2020-I, la resolución fue emitida por el magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio de Chilpancingo, Félix Nava Solís, quien declaró extinta la pena de prisión que ordenó la jueza de Ejecución, Maritza Jiménez Santiago, de 20 años de cárcel el 6 de diciembre de 2022, y le ordenó que enviara el oficio al penal de Chilpancingo, donde estaba encarcelado Gerónimo Hernández, para que fuera liberado de inmediato.
De acuerdo con el expediente, mediante la resolución SPU-EJ-I-14/2023 se debió a que el abogado Hegel Mariano Ramírez interpuso un recurso de apelación el 18 de enero de 2023, a la sentencia de la jueza de Ejecución, Maritza Jiménez, el 6 de diciembre de 2022, por el delito de secuestro en agravio de Andrés Astudillo Luviano.
De acuerdo con el expediente, Gerónimo Hernández ingresó al penal de Acapulco el 22 de octubre de 2002, porque había sido detenido por robo calificado en agravio de José Pindaro Mendoza Bello, y fue el 28 de octubre de ese año que se le decretó formal prisión, sin embargo el 28 de febrero de 2007 un juez dictó sentencia definitiva absolutoria.
El 31 de octubre de 2002 se inició otro proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y portación de arma de fuego sin licencia, y lo sentenciaron a una pena de 13 años y a un mes de prisión.
Sin embargo apeló la sentencia y se dictó una nueva el 8 de marzo de 2004, en la que le impusieron siete años, siete meses y tres días de prisión y una multa de 11 mil 250 pesos, pero la resolución nuevamente fue modificada el 16 de junio de 2004, para quedar en cuatro años y 30 días de prisión y multa de 5 mil 500 pesos.
En diciembre de 2002, se le acusó de secuestro en agravio de Andrés Astudillo Luviano y se le dictó formal prisión el 26 de octubre de 2011, con una sentencia de 20 años de prisión y una multa de 32 mil 200 pesos, además tenía que reparar el daño.
Tras una apelación su sentencia cambió el 18 de septiembre de 2018 y le impusieron 20 años de prisión, la multa de 32 mil 200 pesos y debía pagar 150 mil pesos para reparar el daño.
Su defensa apeló nuevamente dicha sentencia por lo que el 29 de octubre de 2019, la segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia emitió la resolución que confirmó la sentencia emitida en primera instancia, por lo que estaba actualmente preso.
La liberación de Gerónimo se da porque se argumentó que se tenía que tomar en cuenta los años que llevaba encarcelado desde que estuvo en prisión preventiva el 10 de diciembre de 2002 al 29 de octubre de 2019, que sumaban 16 años y 10 meses detenido por prisión preventiva, y se sumó la prisión punitiva de tres años, tres meses y 11 días, con los que equivale a un total de 20 años de prisión, impuesto por secuestro.

Protestan organizaciones y colectivos en Atoyac; exigen a la Secretaría de Salud que abra la Clínica de la Mujer

Francisco Magaña

Atoyac

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de organizaciones sociales y colectivos de mujeres de Atoyac exigieron a la Secretaría de Salud que abra la Clínica de la Mujer -ubicada dentro del hospital general- que fue cerrada y dejó sin atención a quienes padecen cáncer.
Asimismo denunciaron que el mastógrafo está descompuesto, faltan especialistas y las mujeres tienen que realizarse estudios en clínicas particulares.
Ayer integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), el Colectivo de Mujeres Campesinas (Comucam) y Madres Solteras protestaron y pegaron pancartas afuera de la Clínica de la Mujer en Atoyac que permanece cerrada.
Durante la manifestación las inconformes exigieron una investigación porque aseguraron que tanto el Ayuntamiento como la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Costa Grande hicieron una inspección y aseguraron que todo está bien.
Acusaron que hace falta de atención por parte de los encargados de la clínica y que a las mujeres les están cobrando para interpretar sus estudios cuando debería ser un servicio gratuito. Señalaron que esto violenta el derecho a la salud de las mujeres en un tema tan delicado como el cáncer.
Comentaron que el cierre de las instalaciones desalienta a la mujer para atenderse contra la enfermedad que día a día va en aumento e insistieron en que se abra la Clínica de la Mujer.
Destacaron que el cáncer es una enfermedad silenciosa peligrosa “que no te dado mucho tiempo”.
Mencionaron que por la violación a su derecho a la salud y ante el incremento de casos de mujeres con cáncer decidieron manifestarse.
En otro momento resaltaron que la Clínica de la Mujer que ahora es “un elefante blanco le están sacando ellos provecho, y seguro lo estarán reportando que están en funciones y estarán cobrando sus honorarios”.
Expresaron que con este cambio de gobierno las cosas serían diferentes “se dijo se iba a trabajar bien que no iba a haber corrupción y es lo que estamos viendo desde el poder es la misma gata revolcada”.
Por su parte, la dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa Clemencia Guevara Tejedor, consideró que en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no es solo ponerse un moñito “es cuando debemos atención y acción”
Dijo que “hace unos días se denunció que había medicamentos caducados y se calificó como violencia institucional, violencia política desde que no hay un mastógrafo y debería de estar abierta la Clínica de la Mujer; y se dice que son nuestros derechos, tenemos el derecho a la salud, al trabajo, una vivienda a vivir sin violencia”.
Indicó que como organizaciones sociales son gestores y por eso llamó al Gobierno Federal de la 4T y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que “no nada más estén de pasarelas utilizando los trajes regionales o vistiéndose de naranja sino que implementen políticas públicas que coadyuven y que colaboren en los mecanismos para que las mujeres seamos libres de violencia”, destacó.