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Enfrenta Aguirre 32 observaciones de la ASF, informa el contralor del gobierno del estado

Además del caso de los 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero no pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), también enfrenta 32 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fueron enviadas a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para que inicie el procedimiento de responsabilidades en su contra, informó el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen
Consultado al término de la inauguración de la Feria Anticorrupción 2016 que se instaló en la alameda Granados Maldonado de la capital, Ramos del Carmen no quiso precisar, sin embargo, a cuánto ascienden los recursos no solventados por la administración aguirrista.
Añadió que la ASF también pidió a la dependencia estatal dar seguimiento a observaciones por recursos federales ejercidos por el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez.
Y mientras una fuente de la dependencia estatal confirmó que existe ya una demanda penal que presentó la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que le dé seguimiento la Contraloría Estatal, cuyo documento está archivado en la Contraloría, Ramos del Carmen rechazó esa versión y sólo reconoció que da seguimiento a los procedimientos administrativos.
Aseguró que los procedimientos podrían derivar en sanciones, como la inhabilitación y el resarcimiento de los recursos no solventados, pero negó que existan ya demandas de carácter penal, como aseguró un funcionario de su misma dependencia, quien dijo que existe una demanda que está archivada, pero que el secretario no le ha dado seguimiento.
El sábado, el secretario de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, informó que existe un requerimiento del SAT al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos por concepto del ISR que el gobierno de Aguirre Rivero no pagó de la secretaría de Educación y Salud.
–¿Qué se está haciendo para resarcir el daño financiero provocado por esa situación? –se consultó al secretario.
–Nosotros estamos haciendo las auditorías. También como hay mucha inversión de recurso federal, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública están trabajando en lo mismo. De tal manera que tenemos ya bastante información de lo que hemos trabajado aquí en colaboración y coordinación con las dependencias que le acabo de mencionar.
–La ASF interpuso una demanda ante la PGR en contra de 11 ex gobernadores, entre ellos está Ángel Aguirre, ¿está notificado de eso? -consultó otro reportero.
–Nosotros no tenemos esa información, tenemos información de 32 asuntos que nos ha enviado (la ASF) y que nosotros le estamos dando seguimiento para el procedimiento de responsabilidades administrativas, porque nosotros somos competentes solamente para el área administrativa.
–¿De qué ejercicio fiscal?
–Hay 2013, 2014, 2015 y quizás 2012.
–¿Sólo responsabilidad administrativa, no existe demanda penal?
–Bueno, eso sí, pero tiene que mandarse la denuncia a otro lado, ahorita nosotros estamos en la etapa de lo que tenemos facultad que son las responsabilidades administrativas, que son las sanciones como la inhabilitación, el resarcimiento de lo que no se haya podido solventar.
El funcionario aclaró, sin embargo, que las observaciones de la ASF no solamente corresponden al periodo de Aguirre Rivero, sino también al periodo de Rogelio Ortega Martínez. “Los asuntos los tenemos ya en nuestras manos y vamos adelante”.
–Se supone que hubo un proceso de entrega-recepción. Han pasado once meses (de la actual administración) y todavía están en el procedimiento administrativo, cuando son reiterados los señalamientos públicos de que se encontraron adeudos al SAT o faltantes por créditos que se entregaron a trabajadores a quienes se les cobró pero no se reportó el dinero…
–Bueno, porque es resultado de una auditoría y de la fiscalización física y financiera cuando se trata de la construcción de obras.
–¿No se trata de solapamiento?, porque nada más se denuncia y en los hechos no pasa nada…
–No, lo que pasa es que para que se llegue a todo esto (la sanción), necesita integrarse el expediente perfectamente y tener todos los elementos, si no nos ganan los asuntos.
–¿Pero cuando será esto?
–Pues estamos en los juicios, ya pasó la etapa de solventación y ya va la cuestión de responsabilidad.
–Si ya las anteriores administraciones no solventaron, ¿qué va a proceder, se hará denuncia ante la Procuraduría…?
–No, están en nuestra etapa administrativa, resultado de auditorías que hemos hecho nosotros y la ASF. Nosotros vamos a fincar las responsabilidades.

Acción penal contra diez dirigentes del movimiento en su contra, pide al gobierno la alcaldesa de Apango

La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, demandó ayer al gobierno estatal que no se deje presionar por el grupo opositor que pide la revocación de su mandato y, por el contrario, pidió que se ejerza acción penal en contra de 10 dirigentes que encabezan el movimiento, contra quienes presentó demandas penales.
Muñiz Gómez ofreció al medio día de ayer una conferencia de prensa en esta capital, acompañada por un grupo de campesinos que, dijo, eran comisarios municipales de varias comunidades, aunque solamente tres de ellos se presentaron como tales.
La edil aseguró que tiene pruebas de que el grupo opositor que tiene tomado el Palacio Municipal desde mayo pasado ha venido cometiendo hechos de violencia en la cabecera municipal.
Insistió que la quieren sacar de la presidencia municipal “por violencia de género”, no les cabe en la cabeza que una mujer gobierne el municipio en dos periodos consecutivos”, dijo.
También insistió en lo que ha venido declarando en el sentido de que 10 de los dirigentes que encabezan el movimiento le pidieron 10 millones de pesos para que la dejen trabajar.
Entre estos dirigentes mencionó al ex presidente municipal Crisóforo Nava Barrios, quien se encuentra preso por el delito de despojo, derivado de hechos distintos al movimiento en contra de la alcaldesa; el presidente del Comité Municipal del PRI, Pedro Ángel Salazar; el dos veces alcalde por el PRI, Edilberto Nava García; el vocero del movimiento, Aureliano Palacios Celino; el ex alcalde del PRD, Gerardo Celino Flores; el ex dirigente del PRI municipal, Sergio Mota Sánchez; el ex candidato a la alcaldía del Panal, Manuel Gómez Zámano, y el esposo de la ex candidata a la alcaldía por el PRI, Dulce Camacho Gómez, Leopoldo Muñiz Nava.
La alcaldesa aseguró que cuenta con el respaldo de los ciudadanos, “y si soy presidenta municipal por segunda vez es por el voto de los ciudadanos”, pero dijo que el grupo opositor no la deja gobernar simplemente porque no les cabe en su cabeza que una mujer gobierne el municipio, pero además insistió en que se negó a darles 10 millones de pesos a cambio de que la dejaran trabajar.
Denunció que las casas que han saqueado los disidentes son de sus padres, de sus hermanos y del tesorero municipal, quienes, aseguró, han tenido que abandonar la cabecera municipal debido a las amenazas de los disidentes.
En su caso, dijo que teme por su vida porque la han amenazado de muerte, pero reiteró que no va a solicitar licencia al cargo como se lo piden, y demandó que el gobierno del estado intervenga para que se termine con la presión de este grupo que no ha dejado gobernar a ningún presidente municipal desde hace 25 años, según dijo.
La presidenta municipal denunció que en el tiempo que lleva el movimiento, el síndico Benito Sánchez Ayala, los tres regidores que la siguen, así como los dirigentes que están atrás de ellos, han saqueado cemento, fertilizante, varilla y lámina galvanizada que es del Ayuntamiento.
Aseguró que parte de este material lo han vendido, algo más se lo han quedado y alguna parte lo han repartido entre sus seguidores.
La presidenta municipal se hizo acompañar por unas 15 personas, hombres y mujeres, a quienes presentó como comisarios de varias comunidades del municipio.
Aunque en la conferencia de prensa sólo se presentaron Isidro Hernández, de la comunidad de Hueyitlalpan; Margarito Jiménez, de la comunidad de Tlamamacán, y Jesucita Morales, también de la comunidad de Hueyitlalpan.
Al final de la conferencia de prensa Muñiz Gómez mostró fotografías en las que aparecen el síndico Sánchez Ayala y los regidores que simpatizan mientras reparten material que han saqueado de su casa y de la de sus familiares, también del almacén del Ayuntamiento, y mostró gráficas de los destrozos que han ocasionado a sus casas y las de sus familiares.
En cuanto a los señalamientos de corrupción en su contra dijo que serán las instancias fiscalizadoras las que resolverán al respecto, pero aseguró que son acusaciones sin fundamento e insistió que quienes la acusan buscan chantajearla.
La alcaldesa dijo que desde que inició el movimiento en su contra no ha respondido a la provocación y a ninguna de las acciones que han realizado en su contra, “porque sabemos cuál es nuestra responsabilidad”.

Niegan el TSJ y la Fiscalía información sobre los casos en el nuevo sistema de justicia penal

 

A más de un mes de que comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la zona centro del estado, y a partir del 1 de junio en todo el estado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen en la opacidad los datos relacionados con las carpetas de investigación que se han integrado y cómo se van resolviendo.
La discreción en que se mantiene la información se da a pesar de que la transparencia y la publicidad de los casos son una de las características que rigen este nuevo sistema de justicia penal.
El veterano abogado y profesor de la materia de derecho procesal penal desde hace 15 años en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Román Ibarra Flores, declaró que la transparencia es una de las características del nuevo sistema y que los periodistas no deben andar “mendigando” la información porque es obligación del presidente del TSJ (Robespierre Robles Hurtado) y del fiscal general (Xavier Oléa Peláez), proporcionarla.
En el distrito de los Bravo, con cabecera en Chilpancingo, comenzó la implementación del nuevo sistema de justicia penal a partir del 20 de mayo, sin embargo desde entonces se desconoce el número de carpetas de investigación que se han integrado y cómo se han resuelto.
El reportero acudió a la Comisión Implementadora del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a cargo de Luis Camacho Mancilla, sin embargo la respuesta fue que solicitarían la información a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia, pero al final el organismo dijo que la información debe solicitarse directamente ante ambas instancias.
Sin embargo, la Fiscalía informó que las estadísticas las tiene el TSJ, pero esta instancia a través del área de prensa informó que toda la información se encuentra publicada en la página de internet, pero en dicha página no se han subido las estadísticas y solamente se encuentra la información relacionada con la agenda de los juicios orales.
En esta agenda sólo se incluyó, en el caso del distrito de los Bravo con cabecera en Chilpancingo, el asunto relacionado con la carpeta C-07/2016, que se desahogó en la sala de juicios orales el 21 de junio a las 16 horas. El tipo de audiencia fue “por vinculación a proceso”.
Consultado respecto a la opacidad con que se está manejando la información del nuevo sistema de justicia penal, Román Ibarra Flores recordó que la transparencia y la publicidad de los casos y carpetas de investigación es una de las características del nuevo sistema de justicia.
Agregó que es una obligación del presidente del Tribunal Superior de Justicia en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura del estado -en este caso es el magistrado Robespierre Robles Hurtado-, dar la información con detalle respecto a cuántas carpetas de investigación están integradas a partir de que comenzó a implementarse el nuevo sistema.
Informó que el otro funcionario obligado a proporcionar la información es el fiscal general del Estado, Xavier Oléa Peláez.
“Los periodistas no tienen por qué andar mendigando la información; el presidente del TSJ y presidente del Consejo de la Judicatura está obligado a proporcionarla, él debe estar enterado de todos los procesos penales que hay en el estado, desde que se inician”, declaró.
Añadió que, por igual, el fiscal general debe estar enterado de todas las investigaciones penales, “porque en el procedimiento hay la obligación de informarle”, dijo Ibarra.

Aún sin edificio, pero el nuevo sistema penal funcionará en Tierra Caliente: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que no hay dinero para concluir la sede del nuevo sistema de justicia penal en Coyuca de Catalán, y dijo que se terminará el próximo año, pero aun así dijo que se trabaja para que el sistema funcione a partir  del 18 de junio como está programado.
En declaraciones al concluir el acto de entrega del premio estatal del Espíritu Emprendedor, que se llevó a cabo en un salón del Centro de Convenciones Mundo Imperial de Acapulco, a Astudillo Flores se le preguntó si en Tierra Caliente va a entrar en funcionamiento el sistema de justicia penal, pues el edificio no está terminado, y respondió que en algunos lugares está más avanzado que en otros.
Añadió que en algunos lugares se está pensando “hacer cosas de instalaciones materiales que van a ser temporales, porque los edificios se están construyendo, como en el caso de Acapulco que está muy avanzado, el de Chilpancingo y el de Ometepec que está terminado en un 98 por ciento”.
Añadió que en el caso especifico de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente, “en este momento no hay recursos para hacer una construcción, pero seguramente el próximo año sí lo habrá, mientras haremos todo lo que nos alcance y nos sea posible para que el sistema penal acusatorio funcione a partir del 18 de junio”.
Astudillo Flores dijo que trae varios asuntos en el escritorio, como es el sistema penal acusatorio, y adelantó que junio será un mes muy movido por el caso del Acabús.
Señaló que en los últimos días ha sostenido reuniones para ver diversos puntos, y dijo que “vamos a recibir a una serie de grupos de transportistas para hablar con ellos, el gobernador tiene toda la disposición para poner la parte que corresponda para que el sistema avance, porque no es un proyecto de beneficio para Héctor Astudillo, es un proyecto de beneficio para la colectividad”.
Un reportero le preguntó si había un plan B en caso de boicot al Acabús, y el gobernador respondió que no, que el único plan que tiene es el de atender todos los problemas que se vayan presentando, “no hay plan B, es atender lo que se vaya presentando, sé, entiendo, advierto, me imagino que por supuesto es un tema que va a ser utilizado para aparecer, pero al final de cuentas las cosas grandes cuestan trabajo y esta sin duda es una acción grande para Acapulco, para quienes utilicen el servicio”.
Sobre si continuarán las demandas contra los que realicen protestas, como la del lunes, que llevó a cabo el Bloque 1 de la Costera, Astudillo Flores subrayó que “yo no hago ni promuevo denuncias contra nadie que no infrinja la ley, mientras alguien no infrinja la ley el gobernador no tiene ningún problema con nadie, no son problemas del gobernador, la realidad es que hay asuntos que se tienen que cuidar porque son de beneficio colectivo y nadie está por arriba de los intereses de la mayoría de Acapulco”.
Sobre el magisterio y cuántos maestros quedarán fuera de la nómina, el gobernador Héctor Astudillo respondió que no tenía el dato en ese momento, “yo creo que es un asunto que ya son tantos números que ya no sé ni cuál tomar, pero no lo sé, no lo puedo precisar en este momento, yo diría que hay que darle mucha certeza a una respuesta que no la tengo con precisión, seguramente el secretario de Educación podrá dar una información en el transcurso del día”.

Municipios sin policías

En declaraciones posteriores en Chilpancingo, donde se reunió con policías estatales en el hangar de la aeropista, Astudillos Flores sostuvo que muchos de los municipios que no suscribieron la carta de adhesión al Mando Único policial fue porque “ni siquiera tienen policías”.
Dijo que los ayuntamientos que no enviaron su solicitud, aunque no lo hayan hecho, lo van a tener que hacer. “Aunque no lo hayan firmado, lo van a tener que necesitar en los hechos, yo creo que es parte de eso”.
Sobre los municipios que suscribieron la carta de adhesión al Mando Único policial, dijo que están confirmados 55 de los 81, lo que significa que el 85 por ciento de los guerrerenses “podrán disfrutar” de los beneficios del modelo federal para la seguridad.
A pregunta expresa sobre cuántos municipios son los que no cuentan con policías, dijo que son varios, y si algunos llegan a tener sólo son entre tres, cuatro o cinco, “que sólo sirven para cuidar la puerta del ayuntamiento”.
“Pues entonces dicen; no tengo policías, entonces para qué firmo el Mando Único”, señaló.
Agregó que esos municipios “lo van a hacer aunque no lo quieran, porque no tienen policías, o en otras palabras, van a operar como siguen operando con la policía del estado”.

Guerero está en la atención de todo México

En la mañana, Héctor Astudillo asistió a la inauguración del acto de la entrega del premio estatal del Espíritu Emprendedor, donde indicó que siempre va a apoyar iniciativas como ese reconocimiento.
Dijo que se necesitan más dichas acciones, porque se necesita colocar en una ruta de creatividad  a los jóvenes porque éstos tienen muchas energías y por eso se tiene que buscar cómo éstos aprendan a hacer algo que les dé dignidad y los coloque en un camino de trabajo, porque eso los dignifica.
Por su parte, el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación (Segob), Juan Salgado Brito, aseguró que el gobierno federal va a seguir jalando parejo y hombro con hombro con el gobernador Astudillo Flores para que llegue la paz, pues la “paz de Guerrero es en buena parte y en mucho la paz de México”.
En su mensaje en la inauguración del acto de la entrega del premio estatal del Espíritu Empren-dedor, al que acudió en representación del titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, el funcionario federal recordó que el presidente Enrique Peña Nieto ha estado en Guerrero como en ningún otro estado, no solamente para apoyar los esfuerzos extraordinarios del gobierno estatal y del gobernador Héctor Astudillo en materia de seguridad, de combate a la violencia y a la delincuencia, sino también con programas sociales y de infraestructura.
Ante un salón lleno de jóvenes de diversas escuelas, Salgado Brito aseguró que Guerrero está en la atención de todo México y de todos los mexicanos, “empezando por el compromiso y el interés con la paz, porque lo hemos visto y lo reiteramos, la paz de Guerrero es en buena parte y en mucho la paz de México, por eso como en ningún otro estado la presencia del gobierno federal es constante”.
Estuvieron en el acto el delegado de Economía, Álvaro Burgos; el secretario de Economía del estado, Abel Arredondo; el coordinador de la UAG en la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, y el organizador Víctor Manuel Jorrín.

Trasladan al penal de Las Cruces al chofer que atropelló y mató a una bebé el lunes

Carlos Moreno A.

El chofer de camión urbano Aparicio Flores Jaramillo, detenido por el delito de homicidio culposo en agravio de una bebé de un año el pasado lunes, aceptó las acusaciones en su contra durante su declaración preparatoria en el juzgado Décimo Penal.
Según la información del Ministerio Público, el chofer Aparicio Flores el jueves presentó su declaración preparatoria en el juzgado Décimo Penal donde aceptó las acusaciones en su contra, lo cual quedó asentado bajo la causa penal 147-I/2015.
Allí, en la rejilla de presentación el chofer, aclaró que cuando conducía el camión urbano de el lunes pasado, no se percató de la carriola donde estaba la bebé de un año 11 meses, ni escuchó los gritos de la madre cuando atropelló a su hijo.
En la declaración hecha por la madre, Oyuki Ventura, indicó que había acudido a comprar a bodega Aurrera en el bulevar Vicente Guerrero, cuando caminaba por la banqueta y al cruzar la calle frente a Playa Seca, con otro hijo también menor de edad y la bebé en la carriola fueron atropellados, siendo la bebé quien falleció.
Aparicio Flores Jaramillo fue trasladado al penal de Las Cruces por el delito de homicidio imprudencial bajo la averiguación previa TAB/ZAP/04/413/2015, en agravio de una bebé de un año 11 meses.
El lunes, el chofer Aparicio Flores atropelló con un camión urbano a una bebé de un año 11 meses, quien venía acostada en una carriola, la cual quedó destrozada, en el bulevar Vicente Guerrero en el carril que de la colonia Vacacional a Las Cruces por Playa Seca.

Trasladan al penal de Las Cruces al vecino de El Cayaco que macheteó a su mujer

 

Este viernes, el vecino de El Cayaco, Daniel Oliva Aparicio, presunto asesino de su esposa, fue encerrado en la cárcel de Las Cruces y puesto a disposición del juez octavo penal por el delito de homicidio calificado.
En la rejilla de diligencias de la primera Secretaría de Acuerdos, Daniel Oliva fue breve en su declaración y aceptó que mató a Virginia Carvajal Rodríguez, el jueves por la madrugada, debido a que ésta se opuso que fuera a comprar más bebida para seguir con el festejo de su hijo Daniel y su novia Alma Rosa Encarnación.
En el expediente penal 70-1/2006, en la declaración que rindió el jueves con el Ministerio Público, Daniel Oliva negó el crimen, pero aceptó que tenía problemas maritales.
En un parte de esa declaración recordó que el miércoles en la noche festejaban que Alma Rosa Encarnación era novia de su hijo Daniel, alias El Pollo.
Explicó que peleó con Virginia porque se opuso a que siguiera bebiendo.
La declaración la tomó el primer secretario de acuerdos, José Guadalupe de Aquino Flores.
A partir de este viernes el detenido tiene 72 horas para que el juez resuelva si lo declara formalmente preso, además de que la defensa podrá aportar pruebas.

Ingresa al penal de Chilpancingo el cura que mató al presidente municipal

También encarcelan al padre Ernesto Rodríguez, como cómplice

 

Su confinamiento en la capital es por medidas de seguridad ante las protestas de habitantes de Xalpatláhuac, informa el director de Averiguaciones Previas de la PGJE, Joaquín Juárez Solano

Zacarías Cervantes Chilpancingo Los sacerdotes Lorenzo Cuéllar Vázquez y Ernesto García Rodríguez, detenidos como presuntos responsables del asesinato del alcalde de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal, fueron ingresados ayer al Centro de Readaptación Social de Chilpancingo y puestos a disposición del juez Jesús Campos.

Los dos clérigos fueron trasladados de los separos de la Policía Judicial del Estado a la cárcel de esta capital por una decena de policías de Seguridad Pública y de la PJE, así como por el director de Averiguaciones Previas de la PGJE, Joaquín Juárez Solano.

Vestido con una camisa a cuadros, negro con blanco, pantalón de mezclilla color negro y botas tipo militar, el sacerdote Lorenzo Cuéllar ingresó al penal cabizbajo y con un semblante triste. Atrás lo seguía el párroco Ernesto García Rodríguez, quien vestía una camisa verde, pantalón gris y huaraches. Ambos se negaron a hacer comentarios a la prensa.

Afuera del penal, presenció de lejos el ingreso de los dos clérigos la madre de Lorenzo Cuéllar, Agustina Vázquez, quien sólo iba acompañada por un joven que se dijo amigo de la familia.

“Esta es una situación grave tanto para una parte como para la otra”, dijo con una voz apenas audible, y agregó que desconoce lo que le espera a su hijo, “porque ese es un asunto de las autoridades, la justicia sabrá qué hacer”, señaló.

A los familiares del presidente municipal muerto les dijo que: “lo siento, se siente perder a un ser querido, yo también estoy sintiendo a mi hijo”, indicó y después se negó a hablar más.

Mientras que el director de Averiguaciones Previas de la PGJE, Joaquín Juárez Solano, dijo que los dos sacerdotes son probables responsables del delito de homicidio en agravio del alcalde de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal.

Y es que señaló que de acuerdo con testimonios y declaraciones hechos ante la Policía Judicial, también hubo alguna participación del párroco Ernesto García Rodríguez, porque en algún momento retuvo al alcalde y a su hijo mientras Lorenzo Cuéllar fue al curato por el arma con la que disparó.

También informó que una de las hipótesis es que los hechos se generaron por una confusión, porque durante el baile algunas personas agredieron a los sacerdotes, y que éstos los confundieron con el alcalde y su hijo cuando ya se retiraban.

Dijo que es apenas una de las hipótesis porque las investigaciones van a continuar hasta que se esclarezca el caso.

Juárez Solano reconoció que los detenidos fueron trasladados a esta capital por medidas de seguridad, toda vez que ciudadanos de Xalpatláhuac comenzaban a efectuar protestas en Tlapa, donde se encontraban detenidos.

La situación jurídica de los dos clérigos será resuelta en un plazo de 72 horas, por el juez Jesús Campos.

Trasladan al presunto integrante del EPR detenido al penal de Chilpancingo

 * Es por seguridad, dice Arturo Lima

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Por “medidas de seguridad”, el Juzgado Penal de Primera Instancia de Arcelia ordenó el traslado de c, detenido el sábado en la Tierra Caliente, al penal de Chilpancingo, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez.

El funcionario dijo ayer que para la dependencia el procesado es sólo una persona que tiene delitos configurados dentro del ámbito local y federal, “pero no puedo referirme a él dentro de la estafeta de los grupos subversivos”, en referencia a que si las “medidas de seguridad” eran por su presunta vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Santana Monje o Santana Bahena fue detenido en acatamiento a la causa penal 057/2001-II, por los delitos de secuestro y homicidio en agravio de Víctor Manuel Nevárez Vergara y de Félix Olivares Izazaga.

Asimismo, por la causa penal 171/2001, por el delito de secuestro en agravio de Rafael Solorio Arroyo y de Ignacio Camacho Maldonado; por la causa penal 26/2002-II, por el homicidio de Eloy Servando Reza, y por el expediente 07/CC/2002, en el que es acusado por los delitos de terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa.

El funcionario señaló que como responsable del área de rehabilitación en el estado, la dependencia a su cargo toma las medidas “adecuadas” para evitar cualquier problema.

Mientras tanto, la dirección de los centros de readaptación social en el estado informó que el detenido se encuentra a disposición del Juzgado Penal de Primera Instancia de Arcelia, y que será esta instancia la que determine el lugar y los tiempos para que se lleve a cabo el proceso contra Santana Monje o Santana Bahena.