Sólo unos cuantos políticos que acudieron al velorio del diputado local del PAN, José Jorge
Bajos Valverde, exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que cumpla con su
deber de garantizar la seguridad a los guerrerenses y a que convoque a toda la sociedad a
enfrentar al crimen organizado.
El más incisivo fue el diputado federal del PRD César Flores Maldonado, quien consideró
que hechos como este “laceran la unidad de la sociedad” y por eso hizo “un llamado al
gobernador para que el gobierno dé resultados”.
Al preguntarle sobre la pertinencia del ingreso de las fuerzas federales al estado, concedió
que “es evidente que deben de venir”, pero insistió en que “el gobernador está obligado a
dar resultados, y es una asignatura pendiente que tiene el gobierno estatal”.
Cuando se le planteó qué harán los diputados federales de su partido, reiteró que “la
fracción del PRD en el Congreso de la Unión debe exigirle al gobernador que haya mayor
atención a este rubro muy sensible”.
Aunque dijo que la violencia “no es privativa” de Guerrero, “es lamentable lo que está
ocurriendo y lo reprobamos con toda claridad y le exigimos al gobernador que haya
resultados en el combate a la delincuencia”.
En el mismo sentido, a su llegada a la funeraria, el presidente estatal del PRI Marco
Antonio Leyva Mena mostró su preocupación por las “355 ejecuciones” que, dijo, se
registraron el año pasado. Señaló la “falta de eficiencia por parte de la autoridad en la
materia” y reiteró su llamado de la víspera al gobernador Torreblanca para que “haga una
revisión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (Juan Heriberto Salinas Altés), que
merece todo mi respeto como militar, pero que en la materia no aprueba por las 355
ejecuciones y por el grado de impunidad que hay en el estado”.
Leyva Mena indicó que “desafortunadamente no vemos una acción precisa por parte del
gobierno del estado, no vemos una coordinación real entre los organismos federales,
estatales, para combatir con seriedad esta situación, que merece también una
convocatoria a la sociedad civil que también se ha mostrado apática a este problema, y que
también debemos de participar más a través de programas muy específicos como el de
testigo protegido”.
Agregó: “Pero necesitamos también que nos convoque el Ejecutivo, como el que ejerce el
liderazgo político para que todas las fuerzas políticas, sin un afán partidista y más aún, con
un afán de ayudar, podamos generar acciones, propuestas, para resolver este duro
escenario”
En tanto, el presidente de Convergencia, el senador Luis Walton, urgió a la coordinación de
los tres niveles de gobierno y llamó la atención sobre la situación de inseguridad que se
vive “en Acapulco y en Guerrero”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
(Codehum), Juan Alarcón Hernández, coincidió en que “es el momento de convocar a la
unidad de todas y todos los guerrerenses para hacer un frente común y que junto con las
autoridades se combata la criminalidad en el estado”.
Asimismo señaló que “cuando hay inseguridad se violentan los derechos humanos, por
acción o por omisión. Por lo tanto creemos que sí hay, en este caso, una violación a los
derechos humanos”.
El ex presidente estatal del PRD Octaviano Santiago Dionicio también opinó que “la
autoridad” debe tomar “con una mayor seriedad de lo que hasta hoy” el tema de la violencia
en el estado. Consideró que se requiere una “mayor participación del gobierno del estado,
del gobierno federal y de los gobiernos municipales”.
El también ex diputado local perredista expresó sus dudas sobre este crimen, pues dijo
que “ante este caso específico no le encuentro explicación alguna”, porque Jorge Bajos
“era un hombre de trabajo, no era un político en el sentido estricto”.
De manera muy breve, el diputado local del PRD Ramiro Solorio Almazán, quien debatió
frecuentemente con los integrantes de la Comisión de Presupuesto que presidía Bajos,
condenó la ejecución de su colega y dijo que “lo menos que podemos hacer es una
exigencia contundente de su esclarecimiento”.
En una breve declaración a reporteros pidió “que no quede impune” este crimen “que
enluta a los hogares de Acapulco y a todos nos consterna esta noticia”.
El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Carlos Reyes Torres
pidió “que el gobierno cumpla con esos compromisos de brindar seguridad a los
ciudadanos, el gobierno federal, el gobierno del estado”.
No obstante se refirió más en concreto al gobierno de Felipe Calderón, pues expresó su
preocupación por “lo que está haciendo el gobierno federal, estos operativos, que no
vemos resultados”.
Reyes Torres consideró que se trata de acciones previamente anunciadas por todos los
medios de comunicación, y que “tal pareciera que lo que buscan es que la gente aplauda
porque están combatiendo la inseguridad, y esto sea solamente un teatro para que la
gente considere que están trabajando en ese sentido”.
Por su parte, la ex alcaldesa de Atoyac y ex diputada federal del PRD, María de la Luz Núñez
Ramos, calificó de “grave” el asesinato de Bajos. “Sea el motivo que sea, no se puede
tolerar”, expresó.
Sin embargo, sobre los hechos de violencia en el estado opinó que “el gobernador, en este
caso ha tratado de trabajar en coordinación con el gobierno federal, ha hecho mucha
gestión”. Y agregó que “se está haciendo lo posible por salir de este estado”.
El secretario de Fomento Turístico del gobierno de Torreblanca, Ernesto Rodríguez
Escalona, dijo no tener “ninguna lectura” sobre el asesinato, pues dijo, “no es mi papel”, y
confió en que “seguramente las autoridades” harán su trabajo.
Sólo expresó que era este un “momento muy difícil, porque era mi amigo desde hace
muchísimos años, toda la familia”. Agregó que “nadie puede dudar de la calidad humana
de Jorge y de toda su familia”, y lo consideró “un hombre de trabajo, honesto, sencillo y
humilde, que no merecía esto”.
El cuerpo de Jorge Bajos fue velado en la funeraria Jardines del Tiempo, ubicado en la
calle Ciprés, acudieron políticos de todos los partidos, empresarios locales y
representantes de las familias tradicionales del puerto.
Llegaron funcionarios del gabinete de Torreblanca a dar el pésame a sus compañeros en
el gobierno, los hermanos César y José Antonio Bajos Valverde.
Además de los colaboradores cercanos de Torreblanca, estuvo por ahí su ex coordinador
de Asesores en su periodo como alcalde de Acapulco, Humberto Sarmiento Lubert, quien
estaría por llegar como coordinador de Políticas Públicas.
Cerca de Sarmiento se vio al ex director de Transportes en el periodo de René Juárez
Cisneros, René Morales Barrientos, a quien se menciona en el equipo de la dependencia
que está próxima a crearse.
Asimismo, en ese entorno se movió el ex secretario de Finanzas del Ayuntamiento de
Acapulco, Alberto Torreblanca Galindo, hermano del gobernador, acompañado del todavía
director de Personal del municipio, William Joseph Rosario Estévez.
Durante el día se mencionó la posibilidad de que llegara el ex gobernador René Juárez
Cisneros. Pero, como si en realidad estuvieran distanciados, se dijo que no lo haría hasta
que se retirara el gobernador Torreblanca, lo que no ocurrió. Incluso, por varias horas
estuvieron algunos de los guardaespaldas de Juárez Cisneros a la entrada de la funeraria,
quienes confirmaron que esperaban a su jefe.
También llegaron algunos colaboradores de éste como su ex secretario privado José
Manuel Armenta, hijo del contralor renejuarista que fue asesinado. Igual estuvieron el ex
secretario de Desarrollo Urbano, Juan Farill y el ex subprocurador Antonio Nogueda
Carbajal, quien permaneció en el cargo el primero año del gobierno de Torreblanca.
De los ex alcaldes de Acapulco estuvieron el priísta Alfonso Argudín, el ex priísta y ahora
panista Juan Salgado Tenorio, la priísta Ana María Castilleja y el perredista Alberto López
Rosas.
El secretario de Gobierno, Armando Chavarría llegó acompañado del senador David
Jiménez Rumbo, el diputado federal del PRD César Flores Maldonado y el hermano de
éste, el priísta Efraín. En el séquito de Chavarría también iba el presidente de la Comisión
de Gobierno del Congreso del Estado, el perredista Carlos Reyes Torres, representante del
Poder Legislativo.
De los priístas, además de su presidente estatal también estuvieron Guadalupe Gómez
Maganda, la ex secretaria general del Comité Directivo Estatal, Irma Ferrusca, el ex
presidente del PRI municipal y ex diputado local Jesús Bernal Román, y la alcaldesa de
Chilapa, Alicia Zamora Villalva, quien llegó acompañada de por lo menos tres
guardaespaldas. También hubo dirigentes cetemistas del PRI, como el secretario general
de la CTM Antelmo Alvarado y el dirigente de la Sección 12 Rodolfo Escobar.
De los presidentes de los partidos estuvieron Sebastián de la Rosa Peláez, del PRD; y Luis
Walton Aburto, de Convergencia. No llegó el del PAN, José de Jesús Zepeda, quien según
el secretario general estatal Ramiro Arteaga, ya venía de Chiapas.
De las familias tradicionales de Acapulco, llegaron distintos integrantes de los Pasta, los
Trani, los Castilleja, los Morlet, los Navarrete, los Rullán, los Villarreal, los Peláez, entre
otros, muchos de ellos lasallistas y egresados del Mac Gregor de la década de los 60.
Allí estuvieron la ex esposa del gobernador Zeferino Torreblanca, Gala Martin, con sus dos
hijas. Otros como la presidenta del grupo ACA, Eloína López Cano, el director del hotel
Elcano, Pedro Haces; el empresario filopriísta y amigo del gobernador Torreblanca,
Fernando Álvarez Aguilar; el empresario camionero Rafael Rodríguez Esquivel; y el ex
presidente de la OCVA, Pedro Álvarez Sutter.
También el ex alcalde de Acapulco y actual rector de la Universidad Americana de Acapulco,
Israel Soberanis Nogueda; y el rector de la Universidad Loyola del Pacífico, Sergio Lépez
Vela. El rector de la UAG Arturo Contreras, mandó una corona de flores.
