El arzobispo Leopoldo González González convocó a no consentir la compra del voto ni la presión para dárselo a alguien, y expuso que es momento de discernir qué candidato luchará contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia y la fragmentación social.
Convocó a que los conflictos los resuelvan las instituciones encargadas, y no sean ocasión de enfrentamientos y agresiones.
González González viajará a Roma esta semana para recibir, el 29 de junio, del papa Francisco el Palio arzobispal, que es una especie de estola blanca circular que se lleva sobre los hombros, y lo usan el Papa y los obispos que tienen a su cuidado una provincia eclesiástica como la de Acapulco.
En el comunicado dominical de la Arquidiócesis de Acapulco, el arzobispo convocó a que “nadie consienta que le compren su voto o lo presionen a hacerlo en una determinada línea. Esto acaba con la democracia. Nuestro voto es completamente libre para ayudar a esta libertad y responsabilidad, el voto se emite en secreto”.
Pidió a los ciudadanos que lleguen a las casillas sabiendo por quién van a votar, y para eso en los días que faltan les pide que reflexionen y haga un juicio acerca de la confiabilidad, transparencia y firmeza de cada candidato.
“Es momento de discernir quiénes nos dan la seguridad de que, con sentido de justicia, lucharán contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia y la fragmentación social. Nos hemos dado una idea acerca de sus capacidades para administrar o para legislar”, indicó.
González González convocó a reflexionar en el México que se desea construir para tener una vida acorde con la propia dignidad humana, derechos a la vida, al matrimonio y a la familia, a la libertad religiosa fincada en valores éticos y morales que salvaguarden el bien propio y ajeno. “Dentro de ocho días habrá que ir a las urnas y mediante el voto expresar lo que cada uno juzga lo más conveniente”.
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Marginación, olvido y violencia, la vida de una mujer nahua de 78 años en Ayotzinapa, Tlapa
Doña Francisca tiene 78 años, unos 50 los vivió en el ir y venir de su comunidad a los campos de cultivos del norte del país como jornalera, para mantener a sus hijos, desde que se casó a los 13 años.
Sentada en una piedra, afuera de su casa de adobe y lámina en la comunidad nahua de Ayotzinapa, del municipio de Tlapa, doña Francisca Modesto Ortiz contó que no sabe leer, no fue a la escuela porque tuvo que ayudar a su mamá en los quehaceres de su casa, por ser la mayor de cinco hermanos.
Ella se casó a los 13 años, pasó cinco recibiendo golpes de su marido, y agresiones verbales de la familia porque no se podía embarazar, “no era mujer y tenían que curarla”.
Después de ese tiempo, tuvo a su primera hija, parto que coincidió con el nacimiento de uno de sus hermanos y la muerte de su mamá, de quien no pudo despedirse.
Desde entonces empezó a salir como jornalera al corte de pepino, chile, tomate y jitomate, entre otras verduras, a Morelos, Sonora, Sinaloa y Baja California, con su esposo, para que les alcanzara para mantener a sus hijos.
En ese recorrido por el país como jornalera enviudó mientras trabajaban en Morelos, no supo las causas de la muerte de Agustín de la Cruz, su marido, lo que si recuerda es que andaba bebiendo y la dejó muy joven, porque apenas tenían cinco hijos, y que recogió su cuerpo para sepultarlo en Ayotzinapa.
Siguió alquilando su mano de obra como jornalera al responder los llamados de los mayordomos o enganchadores oriundos de su comunidad, donde no hay trabajo, la agricultura es de temporal y para subsistir unos meses.
Es una comunidad de muy alta marginación, con mil 693 habitantes, donde más del 70 por ciento es analfabeta y sin educación básica terminada; su casa no tiene drenaje, agua potable ni electricidad.
Otra actividad que tenía la comunidad era la venta de leña, pero los árboles de encino y pino se sobrexplotaron y ahora las montañas están erosionadas.
La manufactura de sombreros de palma en greña, que los acaparadores compran en la localidad, es parte del ingreso adicional de estas familias desde hace décadas. Hoy les pagan a 5 pesos cada sombrero, a 60 pesos la docena, compran el ciento de palma a 65 pesos y hacen uno o dos sombreros al día.
Otra actividad que les permite tener ingresos es la siembra del maíz, “a los que se van, cuando vuelven, nosotros les vendemos maíz o lo intercambiamos con los que ellos traen”, dijo.
Doña Francisca dijo que en los últimos 10 años dejó de trabajar como jornalera; porque acordó con su hija, Aurelia de la Cruz Modesto, que se quedaría a cuidar a sus nietos, porque su marido la dejó por otra mujer y el único trabajo que puede hacer es el de jornalera.
Sin embargo, eso no duro mucho tiempo, porque su hija Aurelia fue asesinada en el camino al poblado; la gente dice que el asesino es su ex pareja, por lo que la abogada Neil Arias Vitinio, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, exigió que su caso se considerara feminicidio.
No recuerda cuántos años han pasado, tres o cuatro, sólo sabe que le quedó la responsabilidad de cuidar a dos nietos: Agustina y Martín Francisco, quien era un bebé el día que mataron a su mamá y terminó en su espalda, amarrado en su rebozo, lleno de sangre y mojado por la lluvia de esa mañana.
Recuerda que su hija salió a buscar crías de cerdos al poblado de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, para vender la carne en un negocio que habían emprendido para dejar de salir como jornaleras; les estaba funcionado, pero eso se acabó la mañana del martes, cuando le avisaron de su muerte.
Tras el feminicidio, la falta de dinero y con la responsabilidad de dos nietos y sus 78 años, doña Francisca intentó regresar a los campos como jornalera, pero esta vez se topó con que ya no recibían a los adultos mayores, “nomás con que te vean tres pelos blancos en la cabeza, ya no te reciben”, se queja.
Cuenta que los mayordomos le dijeron que las empresas no quieren contratar a personas mayores porque ya no rinden.
Ahora la única opción que le queda es sembrar maíz en su tierra, alquilarse como trabajadora y tejer sombreros para sostener a Agustina, que cursa el cuarto grado de primaria, y a Francisco, que está en preescolar, con la resignación de que su nieta repita la historia de ella y su hija, casarse antes de los 15 años y ser jornalera, hasta que envejezca.
Viven de la elaboración manual de tortillas y su venta unas 2 mil mujeres en la capital, calculan
En Chilpancingo hay más de 2 mil mujeres que sobreviven y mantienen a sus familias de la elaboración y venta de tortillas hechas a mano; doña Elvira Castro de 53 años es una de ellas, lleva más de 10 subsistiendo de esta labor, que aprendió de su mamá.
De acuerdo con los empresarios del sector de la Masa y la Tortilla, la capital es la ciudad de Guerrero con más productoras, seguida de Acapulco, con menos de 300.
Las mujeres que se dedican a esta labor no aplican las medidas de salubridad y protección civil, por lo que los empresarios las consideran una competencia desleal.
Elvira Castro sólo terminó la primara, y ya no pudo continuar sus estudios porque significaba un gasto para sus padres, por lo que se dedicó junto con su madre a la venta de tortillas; a los 18 años se casó y su marido la mantuvo.
“Yo deje de hacer tortillas porque mi marido trabajaba para los dos, y pues yo me dediqué a la casa y a mis hijos, y sólo hacía tortillas para nosotros”, relata.
Hace 10 años tuvo que volver a hacer tortillas, porque su marido, quien era albañil, cayó de un primer piso y quedó postrado de por vida en una cama, sin seguridad social, lo que implicó para la familia un gasto para su cirugía y medicamentos.
“Yo sólo estudié la primaria, ya no pude estudiar más, no había suficiente dinero para que me compraran libros y uniforme, sólo un hermano fue el que estudió, yo sólo aprendí a hacer tortillas”, cuenta.
La mirada cansada, manos arrugadas y cabello canoso no reflejan la verdadera edad de doña Elvira, la hacen ver mayor; calcula que trabaja más de 12 horas diarias, entre preparar el maíz, el nixtamal, llevarlo al molino, dar de comer a su familia, cuidar de su marido, abrir su negocio durante nueve horas y regresar a su casa a hacer lo mismo.
En su local, por el que paga mensualmente 2 mil pesos de renta, describió que su día empieza a las 6 de la tarde, después de cerrar su negocio, ya que prepara el maíz que desgranó durante una hora para el nixtamal.
“A las 6 de la tarde ya debo de tener desgranado el maíz para el nixtamal, que es la mezcla del grano con cal en agua, debo dejarlo tres horas y después lo saco”, detalla.
Al día siguiente se levanta a las 5 de la madrugada para ir al molino, donde le cobran 2.50 por cada kilogramo que se muele, generalmente 40 kilogramos, es decir 100 pesos diarios, sólo de la molienda.
“Dependiendo de la época es como puedo comprar el maíz, ahorita ya bajó un poco, porque el costal nos esta costando 400 pesos, y nos alcanza para más o menos tres días”, agregó.
Detalló que, diariamente, del molino que se ubica a medio kilómetro de su casa, le da a su hijo 100 pesos para que lleve las dos cubetas de masa, de 20 kilogramos cada una, al negocio que se ubica en la calle Abasolo, en el Centro de la capital, es decir, un gasto de unos 2 mil 500 pesos mensuales, poco más de lo que paga de renta por el local.
Doña Elvira, abre su negocio poco antes de las 8 de la mañana. Para cocinar las tortillas gasta un tanque de 30 kilos de gas a la semana, que le cuesta 650 pesos; su hija le ayuda, pero también contrata a otra mujer, a la que le paga 100 pesos diarios.
Su hija tampoco continuó sus estudios por la falta de dinero, sólo terminó la primaria, como su mamá.
Doña Elvira calcula que diariamente hacen, entre las tres, unas 500 tortillas, aunque no todas se venden; cuando no se venden todas, termina regalándolas.
“Si me sobra masa, pues no la puedo vender, porque ya ni eso compran, se las regalo a quien tiene animales”, agregó.
La masa es un producto sensible que no aguanta de un día para otro, se aceda y puede provocar enfermedades si se consumen.
“Uno no puede subirle de precio porque simplemente no me compra la gente, se va y ya no regresa”, lamenta. En la misma cuadra hay tres mujeres más que hacen tortillas al mismo precio que ella, 50 centavos.
Mantienen civiles armados un retén en la carretera y amenaza con irrumpir en Quetzalcoatlán, denuncian
Entre el temor a la violencia, la extrema pobreza, la escasez de alimentos y el abandono de las autoridades estatales y municipales, sobreviven 16 de un total de las 43 familias que vivían en Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, antes del 6 de enero de 2016 cuando civiles armados de Tlaltempanapa, irrumpieron en este pueblo y mataron a seis vecinos.
A más de dos años de la tragedia los 62 habitantes que aún viven en Quetzalcoatlán, entre niños adultos y adultos mayores, siguen sufriendo la embestida del grupo criminal, amparado en la impunidad y la complicidad de las autoridades que no han investigado los asesinatos ni detenido a los responsables, se quejaron los vecinos, quienes recibieron ayer la visita de defensores del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
A pesar de las condiciones de riesgo y la miseria en que viven los vecinos decidieron ayer que no van a abandonar su comunidad, como lo proponen las autoridades municipales como una alternativa a la grave situación en que se encuentran, en vez de garantizarles la seguridad, los servicios y una vida digna.
Uno de los vecinos del pueblo, Salomón Lara Tlatempa denunció que las 62 personas que aún viven en Quetzalcoatlán, de un total de 295 que eran antes de la irrupción del grupo de sicarios, todavía no reciben los apoyos que les prometió el gobierno como condición para que regresaran después de su desplazamiento a Zitlala debido a la violencia en enero de 2016.
Las autoridades tampoco han cumplido totalmente las medidas de protección que prometieron. Los pobladores son resguardados sólo por siete policías a bordo de una patrulla y apenas el 24 de marzo recibieron la más reciente amenaza de sus vecinos de Tlaltempanapa, les exigieron que saquen de su pueblo a la Policía Estatal “o vamos a ir a sacarlos a todos ustedes con todo y policías”.
Enviaron la amenaza al comisario a través de su esposa a quien retuvieron junto a 12 señoras que habían ido a la cabecera municipal, en el retén que mantienen los civiles armados en la carretera a la salida de Tlaltempanapa, en donde siguen actuando a pesar de las denuncias en su contra por asesinatos y desapariciones de personas que se han dado al pasar por ese pueblo.
Las familias (la mayoría no hablan ni entienden el español) mediante Salomón Lara Tlatempa a quien a partir del 2016 ya le mataron a dos hermanos, un hijo y a un compadre, demandaron a las autoridades estatales y municipales la ayuda prometida, seguridad y que les amplíen las medidas cautelares.
Los vecinos de este pueblo ubicado a unas 2 horas de Zitlala en vehículo y a 3 de la capital tomando la Autopista del Sol para dar vuelta en la caseta de Paso Morelos y entrar por el municipio de Copalillo, para evitar toparse con el grupo criminal que controla Tlaltempanapa, viven en la zozobra.
El 6 de enero de 2016 civiles armados de Tlaltempanapa que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia, que según organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos están vinculados con el grupo criminal Los Ardillos, irrumpieron en Quetzalcoatlán y mataron a seis vecinos. A partir de entonces todas las familias salieron desplazadas hacia Zitlala, la cabecera municipal.
El 12 de marzo regresaron con la promesa de los gobiernos del estado y municipal de que les arreglarían su sistema de agua entubada y que cada mes les entregarían despensas a cada una de las familias. Sin embargo a dos años sólo una vez acudió el alcalde priista Roberto Zapoteco Castro a distribuirles despensas y no ha regresado, y la red de agua tampoco ha sido reparada. Los vecinos tienen que traerla por sus propios medios mediante mangueras de un manantial que se encuentra a unos 10 kilómetros en la parte alta de la comunidad.
Para Salomón las condiciones de pobreza y carencia de víveres y alimentos sería lo de menos si vivieran en paz, pero no ha sido así. Las agresiones y las amenazas han sido frecuentes.
Después de la irrupción del 6 de enero de 2016, el 12 de julio del 2017 los integrantes del mismo grupo atacaron a Salomón y a su compadre Benigno Marabel Tlatempa, cuando esperaban en Zitlala a los policías estatales que los llevarían de regreso a Quetzalcoatlán. Ese día murió Benigno y Salomón resultó herido de tres balazos.
Ayer contó que quienes les dispararon primero quisieron estar seguros que eran de Quetzalcoatlán, y supone que contaron con la complicidad de los policías estatales que supuestamente los resguardaban.
Dijo que los policías los llevaron a él y a Benigno a un lugar de Zitlala y les dijeron que allí los esperaran, pero antes de que regresaran llegaron dos vecinos de Tlaltempanapa en una camioneta vieja que atravesaron en la calle.
Del vehículo bajó uno de ellos y le preguntó a Benigno que de donde era y éste le contestó que de Quetzalcoatlán, entonces le pidió una identificación, en seguida le preguntó también a Salomón y a otros dos de Zitlala que estaban cerca de ellos.
Cuando los sicarios comprobaron que ellos dos eran de Quetzalcoatlán les dispararon y mataron a Benigno, y a Salomón lo dejaron herido de tres disparos, uno en la frente en donde aún tiene alojada la ojiva y le ha provocado la pérdida de vista del ojo derecho, otro disparo lo recibió en el antebrazo derecho y un rozón en la costilla derecha.
Igual que la masacre del 6 de enero del 2016, el asesinato de Benigno y las heridas causadas a Salomón no han sido investigados y los integrantes del grupo criminal siguen actuando en la impunidad, e impidiéndoles el paso por Tlaltempanapa.
El 24 de marzo pasado un grupo de 12 mujeres fueron citadas a una reunión de Prospera en la cabecera municipal. Su traslado fue en una camioneta manejada por un chofer que les proporcionó el presidente municipal Zapoteco Castro.
Algunas de las mujeres aprovecharon el viaje para llevar a sus hijos a vacunar y otras a vender sus productos.
Contra la voluntad del grupo de mujeres, el chofer tomó la carretera que pasa por Tlaltempanapa, en donde las mujeres fueron retenidas por el grupo de hombres armados. Ellas le habían pedido que le diera por otra ruta.
La amenaza
Ayer la esposa del comisario municipal declaró a condición de que no se publicara su nombre que ese día no tuvieron problemas cuando de Quetzalcoatlán se dirigían a Zitlala, pero que de regreso el grupo de civiles armados las retuvo a la salida de Tlaltempanapa en donde mantienen el retén.
Con la ayuda de una traductora del Centro Morelos la indígena nahua contó que uno de los hombres armados les preguntó que quien iba al frente del grupo, y que algunas de las mujeres le contestaron que iba la esposa del comisario, quien al ser identificada fue obligada a bajar de la camioneta y la separaron del grupo.
Denunció que mientras algunos le apuntaron con sus armas uno le dijo: “No vuelvan a pasar por este camino. Tú sabes que quien no respeta esta orden le puede pasar lo que sucedió hace dos años”.
Después en tono conciliador le pidió que llevara un recado al pueblo de Quetzalcoatlán, que les dijera que corrieran a los policías que resguardan el pueblo, porque para ellos es “incómodo” que los policías estén pasando constantemente cuando tienen que hacer sus relevos, y que cuando la gente de Tlaltempanapa tiene que ir a Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, seguido están encontrando a los policías que resguardan Quetzalcoatlán de las Palmas.
Enseguida le advirtieron que si no los corrían los van a ir a sacar con todo y policías, “van a tener que salir todos parejo”, amenazaron.
En cambio le aseguraron que si los sacaban “las cosas van a volver ser como antes, todo lo que ya pasó va a quedar en el olvido, vamos a empezar a convivir otra vez como antes”.
Dijo que incluso le dijeron que gestionarían proyectos para beneficio de ambos pueblos.
Al llegar a su pueblo la mujer dio el “recado” a su esposo, el comisario municipal y a su tío, Salomón Lara Tlatempa.
Ambos convocaron a una reunión a los pocos vecinos que quedan en el pueblo (16 familias) y a pesar de las amenaza decidieron quedarse y no pedir el retiro de la Policía Estatal que se encuentra allí desde el 12 de marzo de 2016, cuando regresaron a su comunidad tras haber estado refugiados tres meses en la cabecera municipal por la masacre del 6 de enero de ese año.
Lara Tlatempa declaró que no existen garantías de que si se va la policía ya no van a ser agredidos por el grupo armado de Tlaltempanapa.
A partir de entonces pidieron a través de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) que se amplíen las medidas cautelares, que se incremente el número de elementos policiacos y que se obligue al chofer que los traslada a Zitlala cuando tienen que ir a hacer sus gestiones para que tome otra ruta; que bien puede ser por la ruta de la comunidad de La Esperanza o por Copalillo para que ya no pasen por Tlaltempanapa en donde se encuentra el grupo armado.
Sin embargo dijo que solamente aumentaron de 4 a 7 policías estatales y que el chofer les ha dicho que no puede darle por otra ruta porque él es “pariente y compadre” de algunos del grupo de Tlaltempanapa y que eso es garantía de que no les harán nada.
Lara Tlatempa, informó que el presidente municipal Roberto Zapoteco les ha propuesto que abandonen el pueblo y que va a reubicarlos, pero que decidieron quedarse en su pueblo porque no saben trabajar en otra cosa, explicó que aquí teje la palma y en la temporada de lluvia siembran maíz, frijol y calabazas.
“Nosotros no sabemos trabajar de chofer, de albañil, de peón, no sabemos hacer otra cosa, y tampoco tenemos a donde ir, aquí nos vamos a quedar”, dijo resuelto Salomón a quien en la irrupción del 6 de enero del 2016 le mataron a dos hermanos y a su hijo. El 12 de julio le mataron en Zitlala a su compadre, Benigno Marabel Tlatempa.
Mientras tanto el ambiente en Quetzalcoatlan es de desolación, la mayoría de las casas están abandonadas y ruinosas, las pocas familias que se quedaron en la comunidad se concentraron en las casas del centro del pueblo y son vigiladas por siete policías estatales a bordo de una patrulla, pero a pesar de su presencia es evidente el temor de nuevos ataques de parte del grupo armado que controla Tlaltempanapa.
Además los pobladores sufren la escasez de alimentos debido a que no se pueden trasladar con frecuencia a Zitlala o a Copalillo para surtirse de víveres por temor a ser atacados en el camino.
Salomón explicó que aprovechan cuando los policías vienen a la cabecera municipal o a la capital para encargarles chiles, cebollas y jitomates, “lo que no nos falta aquí es la tortilla, gracias a Dios siempre tenemos maicito”, dijo.
Invirtió 436 millones en programa alimentario este año, dice la Sagadegro
El Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (Pesa), que pertenece a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), invirtió este año 436 millones de pesos en 71 de los 81 municipios de Guerrero calificados como de extrema pobreza por el Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para 2017, el presupuesto se redujo en un 10.48 por ciento en comparación con 2016, ya que el gobierno federal distribuyó en el estado 486 millones de pesos en más de mil 357 comunidades incluidas en el programa.
De acuerdo con la medición de la pobreza que hizo el Coneval en 2016, en Guerrero había 2 millones 315 mil personas pobres, mientras que en situación de pobreza extrema había 825.2.
El subsecretario de Desarrollo Rural Sustentable, Salomón Sánchez Rosas detalló que en el estado son atendidas mil 375 localidades en extrema pobreza, a las que se les destinaron 436 millones de pesos para proyectos
Este programa consta de dos etapas, una de producción de alimentos en traspatios (agrícolas o pecuarios), milpa y obras para captación de agua a nivel comunitario.
La segunda etapa es la generación de ingresos mediante proyectos, como invernaderos, frutales, producción orgánica o turismo rural, dependiendo de la madurez y dependiendo del perfil se puede incluir proyectos de ahorro.
Las dos etapas, por el momento, se aplican de manera separada, pero en realidad son parte de un proceso, ya que inicia con el productor autosuficiente hasta lograr su consolidación como agricultor comercial.
Tras este proceso, explicó Sánchez Rosas, la Sagadegro, se queda al pendiente de que cada proyecto se apruebe en asambleas comunales para determinar a quién beneficiará.
Dijo que cada uno de los proyectos tarda en consolidarse al menos cuatro años, tiempo durante el que reciben la asesoría, esperando beneficios directos para la familia y después para la comunidad.
El 95% de los proyectos logra mantenerse, dice
Se le preguntó al funcionario sobre la efectividad y desarrollo de los proyectos iniciados por familias de escasos recursos, a lo que respondió que el 95 por ciento de los presentados logran mantenerse.
Se le insistió sobre cuáles de los 71 municipios en pobreza extrema han salido adelante a través del programa, pero dijo que desconocía cuántos y en qué porcentaje se avanzaba.
Tampoco supo precisar los 10 municipios que no están considerados dentro del sector de extrema pobreza, pero advirtió que Acapulco, a pesar de ser el principal recaudador de dinero en el estado, se registra pobreza extrema.
Durante la entrevista en su despacho Sánchez Rosas señaló que a pesar de no manejar dinero en efectivo, ya que todo es depositado a través de las tarjetas electrónicas que son entregadas a los beneficiarios, algunos trabajadores que acuden a comunidades violentas, siguen algunos protocolos de seguridad como avisar a los productores para que los acompañen o a las autoridades municipales para ser escoltados durante su labor.
Dijo que el programa significa un avance en el estado de Guerrero, porque también ayuda a dar opciones a las familias para evitar la violencia.
Evidencian los datos del Coneval el fracaso de las políticas públicas, señala Abel Barrera
Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) que revelan que el 64.4 por ciento de los guerrerenses (2 millones 315 mil 400 personas) vive en pobreza, y el 23 por ciento en pobreza extrema y no tiene para comprar la canasta básica, evidencian el fracaso de las políticas públicas, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El antropólogo dijo que ese es el resultado de la apuesta del gobierno solamente a la inversión extranjera, sobre todo a las empresas extractivas, como las mineras, y de que no invierta para el desarrollo en el campo. Añadió que también es el resultado de la corrupción y de la aplicación “clientelista” de los programas sociales. Dijo que a la clase política del país le conviene que sigan así las condiciones para tener clientela política cautiva.
Consultado por teléfono sobre los resultados del estudio del Coneval, Barrera Hernández declaró que el modelo económico que se ha impuesto en el país y en el estado, “es un modelo para generar programas compensatorios que solamente van paliando el problema del hambre, de la salud, de la educación”.
Expresó que no existe una política construida desde la base comunitaria y pensando en el bienestar de la comunidad, y que esas estadísticas reflejan los contrastes abismales entre los municipios de alto poder adquisitivo, como Nuevo León, con los municipios más empobrecidos de la Montaña de Guerrero, como Metlatónoc o Cochoapa El Grande.
“Es la expresión de la desigualdad al máximo. Estamos en un estado totalmente desigual y totalmente marginal de las políticas sociales que solamente son corporativas, clientelares y los programas netamente asistencialistas para asegurar clientela cautiva entre los sectores empobrecidos y, sobre todo, tratar a la población como objeto de conmiseración, no como sujeto de cambio o como actor que transforme la realidad”, denunció Barrera Hernández.
El antropólogo declaró que por eso no se consulta a los pueblos y se imponen modelos de desarrollo extractivistas, como la entrada de empresas extranjeras para extraer los minerales, “porque ese es el modelo a nivel global, y las autoridades mexicanas lo siguen a pie juntillas y a lo único que le están apostando las autoridades es a que venga la inversión extranjera a hacer una derrama de inversión, pero su inversión no se compara con la riqueza y el tesoro que se llevan”, lamentó.
Barrera dijo que, además esas empresas vienen a destruir el hábitat, a contaminar los ríos y a devastar toda la riqueza natural, “y vemos, en contraste, que no hay una apuesta por reactivar el campo, por recuperar los cultivos tradicionales como la siembra mesoamericana del maíz, frijol, calabaza y el chile”.
Dijo que esa política ha llevado a que a las comunidades de la Montaña se lleve hasta chile, maíz y frijol de las ciudades, porque el gobierno retiró el subsidio al campo para hacer dependientes del sector empresarial urbano a los campesinos, “por eso ha descapitalizado al campo”, acusó.
La reforma del campo fue para volcar la estructura agraria hacia el capital, señala
Explicó que la reforma agraria fue precisamente para transformar la estructura agraria e irla volcando hacia el capital. “Ahora, las estructuras corporativas imponen los paquetes tecnológicos al sector agrario para tener el control de los electores, y eso, lamentablemente es lo más perverso que se está dando en la implementación de políticas para el desarrollo… En verdad, la información del Coneval está constatando el fracaso de esas políticas públicas que no están apostándole al desarrollo local, al desarrollo comunitario, y están trayendo tecnología basada en el petróleo, que lo único que está haciendo es acelerar el problema del calentamiento global”, dijo Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan alertó que “nos vamos a seguir hundiendo, lamentablemente, si se sigue este modelo extractivista, privatizador, depredador y saqueador sistemático de los recursos naturales”.
Denunció que otra de las causas de los resultados del Coneval es la corrupción endémica de las empresas que han llegado a construir obra pública y que sólo se vienen a llevar los recursos porque no hacen la obra pública.
Agregó que los programas que ha implantado el gobierno son sólo un negocio de los proveedores, y que hay un contubernio entre funcionarios públicos que aprueban los proyectos con grupos de proveedores para hacer negocio con la venta de los insumos.
“Todo es un robadero en los proyectos, al campesino solamente le queda de recuerdo de los programas de PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria) es un alambre tirado y raído, una parcela montosa, y pequeñas aulas de lo que fue la granja, o los invernaderos todos abandonados… se implementan para sacarse la fotografía o enriquecer a los políticos”.
Aseguró que en el campo no se ve un programa que invierta directamente en las familias del campesino.
“El campo se trasformó en una mina de oro, pero para los grandes inversionistas de empresas tanto agroindustriales, como farmacéuticas o metalúrgicas, para una explotación a escala global”, dijo Barrera.
Demuestra el Coneval que han sido erradas las políticas de desarrollo social: Eloísa Hernández
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso local, diputada perredista Eloísa Hernández Valle opinó que las políticas de desarrollo social del gobierno federal no han funcionado y que “han sido erradas”.
Dijo que muestra de ello son los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), en referencia a los datos que revelan que el 64.4 por ciento de los guerrerenses (2 millones 315 mil 400 personas) vive en pobreza, y a 23 por ciento no le alcanza para comprar la canasta básica.
La diputada perredista agregó que en Guerrero tampoco han funcionado las políticas sociales y por eso los guerrerenses siguen pobres, a pesar del “bastante potencial en recursos naturales”.
Hernández Valle fue consultada vía telefónica sobre los resultados del Coneval que establecen, además, que la población no pobre y no vulnerable de Guerrero es apenas el 8.6 por ciento, es decir, 307 mil 500 habitantes.
“Si partimos de las políticas públicas de la federación, me parece que no han funcionado, me parece que han sido erradas, y yo creo que si se bajan a cada uno de los estados, en Guerrero tampoco han funcionado porque vienen en cascada”, respondió.
Agregó que Guerrero cuenta con “bastante potencial” en recursos naturales y turismo de alto nivel, pero que son las políticas públicas federales las que no están funcionando.
La diputada opinó que, para revertir esta situación se necesita disminuir la corrupción y aumentar la transparencia en el manejo de los recursos, “en la medida en que logremos que se publiquen convocatorias de cada uno de los programas sociales, las listas de beneficiarios, que la gente sepa cómo acceder y cuándo, entonces estaremos logrando que se vigile de manera puntual, y que se apliquen en forma adecuada los recursos”, declaró.
Anunció que, a partir de los resultados que se dieron a conocer del Coneval, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso local solicitará una reunión de trabajo con la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado, Alicia Zamora Villalva, así como con funcionarios de las dependencias implicadas, para buscar una ruta coordinada, “en la que podamos establecer lazos de trabajo y reglas claras para que, en adelante, los programas puedan incidir verdaderamente en esta brecha que hay de pobreza”.
En el informe se establece también, que hay congresos estatales con mucho rezago, y entre ellos menciona al de Guerrero, que se coloca en décimo sitio, con 19 por ciento de participación de mujeres, por arriba del de Querétaro, Coahuila y Nuevo León, Puebla, Durango, Estado de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Tlaxcala y Guanajuato.
Sin embargo la diputada perredista, discrepó, y aclaró que en Guerrero hay 18 mujeres en el Congreso local, “estamos hablando que somos el 40 por ciento del total de los integrantes de esta 62 legislatura”.
Viven en situación de pobreza más de 2 millones 300 mil guerrerenses, el 64.4%: Coneval
El 64.4 por ciento de la población guerrerense –2 millones 315 mil 400 personas–, vive en situación de pobreza, y 23 por ciento no tiene para comprar la canasta básica, se encuentra en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), presentados ayer.
La Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 del Coneval indica que la población no pobre y no vulnerable de Guerrero (sin carencias sociales), es de apenas el 8.6 por ciento, es decir 307 mil 500 habitantes del estado.
Aunque 8.6 por ciento de la población es considerada no pobre, los indicadores del Coneval también dicen que 88.6 por ciento de la población (más de 3 millones de habitantes) tiene al menos una carencia social en educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o acceso a la alimentación. Hasta 41.7 por ciento, un millón 948.3 habitantes, no tiene acceso a tres de estos derechos.
De acuerdo con la tabla de porcentajes de población en pobreza promedio, por entidades federativas, Guerrero ocupa el tercer sitio en población en situación de pobreza, con 64.4 por ciento, después de Chiapas, que tienen 77.1, y Oaxaca, con 70 .4 por ciento; muy por encima de la media nacional estimada en 43.6 por ciento.
La entidad ocupa el lugar 10 en rezago de participación política de las mujeres
Un indicador nacional del desarrollo social es la participación política de las mujeres, y menciona que en la Cámara de Diputados federal tiene aproximadamente 41.4 por ciento de mujeres.
Por otro lado, indicó que hay congresos estatales con mucho rezago, entre ellos el de Guerrero, que se coloca en décimo sitio, con 19 por ciento de participación de mujeres, por arriba de Querétaro, Coahuila, Nuevo León (el de menor pobreza nacional) Puebla, Durango, Estado de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Tlaxcala y Guanajuato.
La medición de la pobreza del informe de Coneval 2016, considera el ingreso de los hogares, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como carencia alimentaria.
Para Guerrero, señala una disminución en la brecha de habitantes en situación de pobreza de 3.2 puntos porcentuales de 2010 a 2016, pero un incrementó de la población en pobreza moderada de 5.4 puntos.
Es decir, el porcentaje de población en pobreza moderada, fue de 35.7 en 2010 (un millón 232 mil.4), a 41.4 por ciento en 2016 (un millón 489.5 habitantes).
La pobreza extrema se habría reducido 8 puntos en el mismo periodo; de 31.8 por ciento en 2010, llegó a 23 por ciento en 2016, es decir, de un millón 97.6 habitantes, pasó a 825 mil 200 en seis años.
Resultó significativo que la población vulnerable por carencias sociales se incrementó en 2014, en lugar de reducir, como es la tendencia de las cifras oficiales. En 2012, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales era 21.1 por ciento, en 2014 subió a 26.2 por ciento, y el año pasado quedó en 23.8 por ciento.
En educación, la cuarta parte de la población estatal (25.2 por ciento) tiene rezago educativo, es decir no concluyó la educación básica.
La vulnerabilidad más amplia de la población es no tener acceso a la seguridad social, definida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante accidentes o enfermedades, o ante la vejez o el embarazo.
Hasta 2016, 73.9 por ciento de la población de Guerrero, 2 millones 567 mil personas, no tenía acceso a la seguridad social. La brecha de 2010 a 2016 se redujo en 5 puntos.
El mayor avance en los indicadores se encuentra en el acceso a la alimentación. En 2010, 47.2 por ciento no tenía acceso pleno, en 2016 se redujo a 27.8 por ciento.
Sin embargo, la población con ingresos económicos inferiores a la línea de bienestar social (insuficiente para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria mensual) se estimó en 67.6 por ciento, o bien 2 millones 430 mil 300 guerrerenses.
Los que tienen ingresos menores para cubrir la línea de bienestar mínimo (valor de la canasta alimentaria) son el 35.2 por ciento de los habitantes del estado, es decir, un millón 264 mil 800.
No reciben su beca desde abril más de 500 estudiantes de nivel superior en Tierra Caliente, denuncian
Más de 500 becarios en Tierra Caliente del programa de Manutención y Transporte, no han recibido ningún depósito desde abril, cuando deberían de tenerlo cada mes, y ya comienzan a inquietarse y a reunirse en las escuelas para ver algunas medidas que podrían tomar.
El director del Instituto Tecnológico de Altamirano, Miguel Ángel Lee Rodríguez, dijo que tiene conocimiento de que varios estudiantes no han recibido el pago, pero que una vez que se comunicó a Chilpancingo recibió la promesa de que desde este viernes, a las 10 de la mañana, comenzarían a pagar.
En el Tecnológico de Altamirano son 250 los alumnos que tienen esa beca, más 130 de la unidad de Enfermería, 30 más de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, 120 de la facultad de Veterinaria y 30 de la facultad de Matemáticas.
Se trata de una beca por la que los alumnos reciben de 700 a mil pesos, dependiendo del grado que cursen, cada mes. Este dinero se les deposita en una cuenta. Pero desde abril, los alumnos de Tierra Caliente no reciben nada.
Esta beca es para estudiantes universitarios de escasos recursos, y pretende apoyar su economía para que no dejen sus estudios, y tienen que comprobar no sólo que son estudiantes y que no deben materias, sino también que la economía familiar es menor a 4 salarios mínimos, y que vienen principalmente de localidades de alta marginación.
Los alumnos confirmaron que a través de grupos en redes sociales, se han comunicado con otros estudiantes en Guerrero que sufren el mismo problema con los depósitos y que tampoco les habían dado alguna respuesta, pero que algunos estaban convocando a protestar en Chilpancingo.
Los alumnos salieron de vacaciones y esperaban que al cierre del ciclo escolar tuvieran algún pago. Están en espera de que este viernes les cumplan la promesa de recibir algún depósito.
Para sobrevivir a la pobreza, la mitad de la población nahua de San Juan Totolcintla se hizo migrante
San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), es un pueblo nahua casi abandonado. El 50 por ciento de sus aproximadamente 3 mil habitantes ha emigrado ante la insensibilidad de los tres órdenes de gobierno, pues a pesar de la abundante agua que les provee el río Balsas se debaten en la pobreza, viven marginados y olvidados del apoyo oficial.
La localidad se encuentra a unos 40 minutos de recorrido desde el entronque con la Autopista del Sol que está cerca del puente Solidaridad, y para llegar se debe pasar por las comunidades de Tula del Río y San Agustín Oxtotipan, también del municipio de Mártir de Cuilapan. Frente a estos pueblos, cruzando el río, están San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco y Ahuetlixpa, de Mártir de Cuilapan.
En todos estos pueblos sus habitantes se ven obligados a emigrar debido a la pobreza y la falta de empleos. En San Juan Totolcintla, del 50 por ciento que se van el 30 por ciento son jornaleros agrícolas, y un 20 por ciento son migrantes en Estados Unidos. Los primeros salen por temporadas de seis meses de su pueblo y los segundos los abandonan años, o ya no regresan.
Los migrantes han logrado algún progreso que se evidencia con amplias casas de arquitectura moderna, aunque la mayoría están abandonadas en las orillas del pueblo o en pleno centro, con vistosas fachadas de cantera.
En cambio las de los jornaleros se ven ruinosas y desvencijadas. Son construcciones pequeñas, de adobe o madera, pero igual permanecen abandonadas y cerradas hasta que sus propietarios regresan, “la mayoría peor que como se fueron, porque lo que fueron a ganar fue sólo para ir al día”, contó el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Totolcintla, Melquiades García Ríos, un ex jornalero que ha recorrido varios estados del país.
Muchos, incluso, no regresan con vida, como Fresnia Juárez Domínguez de apenas 13 años y su prima Diana Juárez Villegas de 18.
Ambas vecinas de esta comunidad perdieron la vida en un accidente automovilístico el 10 de febrero cuando eran trasladadas en una camioneta de redilas de Autlán de Navarro, Jalisco, a la huerta Casimiro Castillo donde se empleaban en el corte de tomate.
En ese accidente hubo ocho muertos, seis mujeres y dos hombres. De las mujeres cinco eran de Guerrero pero sólo tres fueron trasladadas el domingo 12 de febrero a sus comunidades de origen. Fresnia y Diana fueron sepultadas el 13 de febrero en San Juan Totolcintla y Evelin Domínguez Juárez, de 12 años, ese mismo día en Ahuetlixpa.
Las otras dos mujeres eran de San Francisco Ozomatlán, localidad de la misma zona nahua. Ellas no fueron trasladadas para ser sepultadas en su comunidad por la precariedad económica de sus familiares, quienes las inhumaron en Autlán, según contaron los vecinos de Totolcintla.
En el accidente también hubo 18 heridos, la mayoría originarios de estas comunidades bordeadas por el río Balsas.
Estas muertes consternaron a los habitantes de estos pueblos y responsabilizaron no sólo a las empresas que contratan a los migrantes por las condiciones en que los tienen trabajando, también a las autoridades de los tres órdenes de gobierno por la falta de proyectos y oportunidades para arraigar a los habitantes y evitar que salgan en busca de trabajo a otros lugares, a pesar de que se puso en marcha aquí en 2013 el programa federal Cruzada Nacional contra el Hambre que resultó un fraude, según la queja de don Melquiades García Ríos.
Consultado en una visita al pueblo, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales declaró que lo que hace falta en San Juan Totolcintla es mucha inversión del gobierno, “todos sabemos que aquí se echó a andar el plan piloto de la Cruzada Nacional contra el Hambre pero desgraciadamente nosotros nunca la vimos”.
Denunció que “así como llegaron los técnicos así se fueron, muchos ni nos dimos cuenta pero se llevaron la lana (el dinero) de las dependencias y nosotros seguimos igual, no hay empleo, no hubo proyectos productivos, no hubo inversión para arraigar a la gente, como se dijo que era el objetivo (del programa)”.
Dijo que por eso los habitantes se ven obligados a emigrar sobre todo a los estados del norte del país, e incluso a los Estados Unidos, “de donde nos han mandado también como a tres muertos porque se han accidentado, pero el gobierno no se da por enterado, se entierran con la cooperación de los paisanos que están allá”.
El 50 por ciento de los habitantes abandonó el pueblo
García Ríos dijo que los migrantes o jornaleros de este pueblo se van con la esperanza de sacar adelante a su familia, “pero muchos allá encuentran la desgracia, otros regresan peor que como se fueron porque lo que les pagan apenas les alcanza para ir al día”.
Mientras que los que se quedan se dedican a las labores del campo, sobre todo a la siembra de maíz para el autoconsumo, otros siembran sandía, cortan leña y las mujeres tejen la cinta o elaboran sombreros. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), San Juan Totolcintla cuenta con 3 mil 60 habitantes, de los cuales según Melquiades García Ríos el 50 por ciento ha abandonado la comunidad. De éstos el 30 por ciento se va de jornaleros agrícola a otros estados y el 20 por ciento es de migrantes que radican en Estados Unidos.
“Los que se van como jornaleros a otros estados del país como Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán o Morelos se van por temporadas, regresan cada seis meses. Pero los que van a Estados Unidos se van por 10 o 15 años, algunos, incluso desde que se fueron no han regresado”.
El líder agrario dijo que en el caso de los jornaleros la mayoría regresa en peores condiciones que cuando se fueron, “nunca regresan en mejores condiciones, si se van es para irla pasando con toda la familia. Se van todos porque aquí no hay un empleo y si aquí no lo encuentran se van para allá pero regresan otra vez sin nada, vienen a sembrar y otra vez se van. En realidad nunca mejora su condición de vida”.
De los que se van de migrantes a Estados Unidos reconoció que se ve la mejoría, “la mayoría está construyendo, tienen su dinero ahorrado en el banco, otros tienen ganado, y son pocos los que regresan igual o peor que cuando se fueron”.
Mencionó el caso de un amigo suyo, Faustino Linares, quien hace poco comenzó a construir en el Mirador, cerca del puente Solidaridad, un restauran y habitaciones tipo hotel, pero que el gobierno federal y el que tiene la concesión de la carretera no lo dejan, le quieren cerrar.
Cuando menos este martes 21 de febrero la soledad que denota el pueblo abandonado se disipó con la algarabía de sus pocos habitantes, que se concentraron en la Comisaría y en la cancha techada del centro del pueblo. Allí celebraron el Día Internacional de las Lenguas Indígenas.
Los maestros de la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Francisco Villa se encargaron del festejo, organizaron bailables, danzas, poesías corales y narraron cuentos en nahua y en español.
Desde la mañana la banda de música de viento del pueblo, en la que toca Melquiades García Ríos, amenizó la fiesta y acompañó a la danza de Los Chinelos.
En la mesa del presídium estuvieron las autoridades educativas y el comisario municipal, Marcial Barrios Jiménez.
No hay trabajo
Al final de la celebración, volvió a la realidad, “en San Juan Totolcintla no tenemos trabajo, por eso la gente sale a buscarlo a otros estados en donde se emplean en los diferentes cultivos”.
Después se quejó, “tenemos bastante agua en el río pero nos falta el recurso para poder extraerla y utilizarla, y la gente tiene que buscar la forma de sobrevivir, por eso abandona el pueblo”.
Denunció que el gobierno los tiene abandonados y que la gente que se queda, “algunos se mantienen de la siembra de sandía, de milpa o de papaya, pero lo hacen por su propia cuenta, no tienen los recursos como camionetas para transportar su producto y venderlo en otros lugares”.
Barrios Jiménez declaró que a los pocos que les va bien en este pueblo es a los que tienen familiares trabajando en Estados Unidos, pero que ahora ellos también están en riesgo por las medidas antiinmigrantes del nuevo presidente Donald Trump.
Contó que la gente que se va a Estados Unidos está temerosa por la amenaza de ser deportada, y dijo que entre enero y febrero dos habitantes de esta localidad ya fueron deportados.
Consideró que las medidas asumidas por el nuevo gobierno estadounidense van a afectar a San Juan Totolcintla porque los migrantes que trabajan en Estados Unidos envían recursos a sus familias, y la mayoría construye sus casas y da empleo a la gente de la región, pero que si las medidas en contra de ellos se endurecen van a tener que regresarse y dejar de mandar ese dinero.
Informó que los migrantes también aportan sus cooperaciones para las obras del pueblo, como drenaje, pavimentación de calles, agua o canchas deportiva.
Casi a las 3 de la tarde, San Juan Totolcintla volvió a ser un pueblo abandonado. Sus calles lucían solitarias y la mayoría de sus casas permanecían cerradas y abandonadas. La monotonía se interrumpía sólo por la música que se transmitía desde un altavoz colocado en lo alto de algún lugar del pueblo. A través del aparato “Cristian” mandaba saludos y felicitaciones a “Yamilet” por su cumpleaños.
Llamó la atención los nombres de los jovencitos, evidentemente contrastaban con el festejo que recién había terminado con motivo del Día Internacional de las Lenguas Indígenas que parece que también quieren emigrar, no han podido arraigarse.