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Atacan a balazos a locutora de habla ñomndaa al salir de RTG en Ometepec; está grave, informa la Ssa

 

 

La mañana de este sábado, la locutora indígena de habla ñomndaa de Xochistlahuaca, locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) y activista en Ometepec, Marcela de Jesús Natalia fue agredida a balazos cuando salía de las instalaciones de RTG, ubicadas en el barrio del Carmen, en la calle de Benito Juárez de la ciudad de Ometepc.
La comunicadora fue hallada en el piso con un impacto en la oreja derecha, lo que le provocó que perdiera el conocimiento y quedara tendida.
En un boletín, el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia dijo que, por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, la Secretaría de Salud le proporcionó la atención médica de urgencia en el Hospital General de Ometepec, y posteriormente fue trasladada al puerto de Acapulco en el helicóptero del gobierno del estado, matrícula XC- LKX.
Después de recibir las primeras atenciones médicas, Marcela de Jesús fue trasladada al Hospital Militar de la avenida Adolfo Ruíz Cortines, para luego ser internada en un nosocomio del puerto, en donde se practicaron los exámenes para determinar su condición.
Más tarde, vía telefónica, Álvarez Heredia explicó que, a la 1:40 de la tarde, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que al concluir la valoración médica se determinó no intervenir quirúrgicamente a Marcela de Jesús Natalia, ya que la bala no afectó las partes vitales del cerebro y se espera que pueda recuperarse, aunque su estado se considera como grave.
Según testigos, los agresores fueron dos hombres que huyeron a bordo de un carro blanco con vidrios polarizados.
Indicó que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), buscan intensamente a los agresores, y se integró la carpeta de investigación número 12160670200245030617.
Añadió que el gobernador dispuso la activación inmediata del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría General de Gobierno.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Guerrero, designó un asesor jurídico y también, en su momento, se prestará atención psicológica.
Igualmente, se notificó el caso a la Coordinación Nacional del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que la locutora sea incorporada al mecanismo; asimismo, el hecho se hizo del conocimiento a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR).
La FGE decretó como medidas de protección el acompañamiento policial de la víctima directa y custodia de los familiares, que está aplicando la SSP.
Asimismo, en un boletín de prensa, la presidenta municipal de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez repudió el ataque a la comunicadora y expresó su solidaridad con su familia.
Exigió a las autoridades esclarecer los hechos para llevar ante la justicia a los responsables del acto que calificó como atroz y cobarde.

No se desalojó a los policías de Zihuatanejo; se impidió que usaran armas, dice el vocero

 

Los policías de Zihuatanejo no fueron desalojados de sus instalaciones, la Policía Estatal les impidió tomar sus armas a los 31 que fueron detenidos la semana pasada y liberados posteriormente, porque siguen bajo investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), dijo el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario aclaró que la PGR investiga la legitimidad de las armas y las municiones que usan.
Los policías municipales de Zihuatanejo denunciaron el domingo que policías estatales los desalojaron de su cuartel en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal, quienes asumieron la seguridad de ese municipio desde el 16 de mayo, luego de que militares y policías estatales detuvieron a 51 municipales (el gobierno estatal dijo que fueron 60 y que nueve fueron liberados de inmediato, pero éstos afirmaron que nunca estuvieron detenidos) acusados de estar infiltrados por la delincuencia organizada.
“Toda la policía (de Zihuatanejo) está desarmada porque hay una investigación federal en curso. Se trata de una revisión minuciosa, administrativa y operativa”, dijo.
Informó que la investigación es del armamento y las municiones de los elementos municipales, “porque tiene que cuadrar el arma con las municiones que se autorizaron por la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la investigación es porque pudiera ser que un arma que utiliza algún policía es legal, pero con municiones que no se sabe de donde salieron. “O sea, hasta ese punto está llegando la investigación que se realiza”, informó el vocero.
Aclaró que aunque fueron liberados los 31 que habían sido detenidos el 16 de mayo, junto con los 20 que están a disposición de la PGR, siguen siendo investigados sus documentos y el armamento y balas que utilizan, al igual que el resto de los agentes que están en funciones.
“Toda la policía sigue sujeta a una investigación, porque hay que recordar que hay 20 elementos que están en el Cereso de Acapulco y se le pidió al juez de control la ampliación del término constitucional hasta 144 horas, para hacer el acopio de pruebas que puedan comprobar que hay una vinculación con la delincuencia organizada, por esa razón se sigue la investigación”, dijo Álvarez Heredia.
Insistió en que no se trató de un desalojo como lo denunciaron los policías municipales, “los policías estatales simplemente les pidieron que no tocaran las armas y que se hicieran un lado mientras se hacían las investigaciones”.
Informó el domingo que de un total de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que de 82 está en proceso su dictamen pero ha evadido responder por qué en algunos municipios los policías que ya se encuentran certificados no han recibido su armamento.
Cuando menos el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores y el perredista de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes han denunciado que a pesar de que los elementos de su corporación han pasado los exámenes de control de confianza no les han regresado sus armas que les quitaron desde 2014, tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

En la detención de policías de Zihuatanejo no hay nada político, responde el vocero

El juez de control federal que tiene en sus manos el caso de los 20 policías municipales de Zihuatanejo, acusados por los delitos de delincuencia organizada, portación y acopio de armas de uso exclusivo Ejército, así como uso de estupefacientes, resolverá la vinculación a proceso o su libertad aproximadamente hasta el próximo miércoles.
El proceso se prolongó debido a que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la defensa de los policías solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 48 hasta 144 horas para aportar pruebas, informó el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario rechazó “totalmente” que haya tintes partidistas o políticos en la revisión y la detención de los policías de ese municipio, como lo denunciaron la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga, y el ex alcalde de Zihuatanejo, el perredista Amador Campos Aburto, pues insistió en que “hay elementos suficientes que determinaron que los policías están vinculados con la delincuencia”.
Aseguró que la federación y el estado están revisando la situación de las policías de los 81 ayuntamientos y que están dando prioridad a los municipios más importantes y en donde hay mayor incidencia delictiva.
Consultado vía telefónica, el funcionario no detalló qué juez de control de Acapulco tiene en sus manos el caso y en qué sala se desahogará la audiencia de vinculación a proceso o la libertad de los 20 policías, vencidas las 144 horas, “entiendo que por motivos de seguridad no me dan el dato”, justificó Álvarez Heredia.
Informó que en este lapso de tiempo, lo que está haciendo la PGR y la defensa de los policías es aportar todos los medios de prueba para poder probar que sí son responsables de los delitos que se les imputa, mientras que la defensa aporta los suyos para demostrar que son inocentes.
En cuanto al reclamo de la secretaria general del CEN del PRD, Mojica Morga, para que la revisión de las policías municipales se realice sin tintes partidistas y la acusación del ex alcalde de Zihuatanejo Campos Aburto, de que hubo trasfondo político en la detención de los agentes de ese municipio, el vocero respondió que “rechazo totalmente esos señalamientos, se está cuidando el debido proceso, la presunción de inocencia y se hace a partir de una realidad que también comparten otros municipios del color que sea”.
Explicó que el eslabón más débil de la estrategia de seguridad son las corporaciones preventivas municipales y que en el caso de Zihuatanejo, de acuerdo con los elementos con los que se contaban “fue necesario hacer un operativo conjunto de las instituciones federales y estatales para poder proceder a un desarme y a la revisión de cada uno de los elementos, sus documentos y antecedentes”.
Añadió que de esa revisión se definió que en 20 elementos “existe la probable responsabilidad de que sean responsables de los delitos de delincuencia organizada y portación de armas, y en esto no hay ninguna valoración de tipo político o partidista. Se está cuidando el debido proceso, la presunción de inocencia y salvaguardando los derechos humanos que tienen los detenidos”, dijo.
– Pero primero acusaron a 60 de estar infiltrados por la delincuencia organizada, y resultó que nueve nada tenían que ver y los liberaron, luego también no se les comprobó nada a 31, y los 20 que siguen detenidos aún no se define si son responsables o no –cuestionó el reportero.
– Pero insisto, existían elementos que propiciaron que actuaran las instituciones federales y estatales en materia de seguridad, por la posibilidad de que existiese colusión entre un grupo delictivo con la operación de la corporación policiaca que hasta este momento ya está en manos de un juez, para poder determinar la probable responsabilidad.
“Sobre estos temas tan delicados no puede caber la parte política ni partidista, sino que se tienen que cuidar los derechos humanos de los detenidos, el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo.
El vocero reveló que la misma revisión se está haciendo a los 81 ayuntamientos, pero que se está dando prioridad, “y se le da una doble atención a aquellos municipios más importantes o en donde ocurre el mayor número de homicidios”, entre estos mencionó a Teloloapan, Chilapa y Acapulco, en los que, dijo, “se está buscando la manera de reducir cualquier situación de que exista una colusión entre cuerpos de seguridad municipales con la operación de grupos delictivos”.
Insistió que la revisión en todos los ayuntamientos se realiza recordando lo que pasó en Iguala, “donde un grupo delictivo recibió de un cuerpo policiaco municipal a 43 estudiantes que actualmente siguen desaparecidos y que mataron a otras 6 personas”.
Anunció que en breve se dará a conocer la valoración que resultó de esta revisión en los otros municipios.
Álvarez Heredia dijo que también actualizará la información con el Consejo Estatal de Seguridad, respecto a cuándo serán entregadas las armas a los policías municipales que ya han sido certificados, luego de que los alcaldes de los municipios de Taxco y Eduardo Neri se han quejado que hay policías en sus corporaciones que ya están certificados y aún no han recibido las armas que les recogieron desde 2014.
El vocero proporcionó un reporte respecto al status del control de confianza de los policías estatales, ministeriales y municipales.
Informó que en cuanto a los policías estatales, de un total de 3 mil 937 elementos, 3 mil 842 han sido evaluados, de los cuales 3 mil 122 aprobaron y 611 no aprobaron, mientras que 109 está en proceso su dictamen.
El reporte indica que el estatus para la evaluación de 2016 es de no evaluados 95, mientras que 2 mil 137 tienen su vigencia vencida y 2 mil 232 elementos están por evaluar.
Con respecto a Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que de un total de mil 396 agentes, mil 287 han sido evaluados de los cuales aprobaron 852 y no aprobaron 319, mientras que 116 está en proceso su dictaminarían.
El estatus de avaluación de 2016 fue de 106 no evaluados, 85 tienen su vigencia vencida y 191 elementos están por evaluar.
Mientras que las policías municipales, de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que 82 está en proceso su dictamen.
El estatus de evaluación de 2016 es de 532 no evaluados, 636 tienen su vigencia vencida y mil 168 elementos están por evaluar.
En cuanto a la evaluación concretamente del municipio de Zihuatanejo de un total de 245 policías han sido evaluados 244, de ellos 115 fueron aprobados y 129 no fueron aprobados.
En tanto que el status de 2016 es de un elemento no evaluado, 16 elementos tienen su vigencia vencida y hay 17 elementos por evaluar.

Liberan a los 31 policías que tenía la Fiscalía; los otros 20 serían trasladados a la SEIDO

Los 31 policías municipales de Zihuatanejo que el martes fueron detenidos por agentes estatales y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por usurpación de funciones, quedaron en libertad la tarde de ayer, luego de que comprobaron que son integrantes de esa corporación en activo.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia vía telefónica, dio a conocer que los 31 acreditaron que son policías en activo, “que tienen una antigüedad entre nueve a 20 años. Las 31 personas no aprobaron el examen de control de confianza, esta circunstancia no es una irregularidad que merezca tenerlos detenidos”.
“Ya se hizo la investigación, ya se comprobó en la Plataforma México que son policías en activo, que solamente no pudieron pasar sus pruebas de control de confianza, ya firmaron su salida y en las próximas horas se completará su libertad”, agregó.
En cuanto a los 20 policías que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), Álvarez Heredia dijo que no tenía información.
La llegada a Zihuatanejo de los 31 policías municipales se esperaba que fuera antes de la medianoche de ayer, y que hicieran declaraciones de su detención en el sentido de que el gobierno se equivocó al relacionarlos con la delincuencia organizada, según informaron sus compañeros en Zihuatanejo.
Al respecto el vocero dijo, “no podría yo tomar una posición por el carácter que tengo de portavoz del Grupo de Coordinación, solamente hablar sobre los hechos que están sucediendo, es lo que puedo decir, nada más”.
Los 20 acusados de delincuencia organizada

Mientras, los 20 agentes remitidos a la subdelegación de la PGR en Acapulco continuaron en las instalaciones rindiendo su declaración, en el Ministerio Público federal.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que los policías municipales, entre ellos los comandantes Víctor Manuel, Martiniano y el ex director de la Policía Municipal de Petatlán, Javier, El Cadete, acusados de su participación en delitos de la delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, serían enviados a la SEIDO a la ciudad de México.
Ayer el Ejército recorrió las dos corporaciones para supervisar el avance de las declaraciones de los policías detenidos.
En la mañana se supo que los policías municipales de Zihuatanejo enviados a la Fiscalía regional de Acapulco rindieron su declaración en el Ministerio Público del fuero común.
A la Fiscalía Regional de Acapulco acudió el encargado de la Coordinación General de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado Palacios.
Familiares de los detenidos en la PGR y en la Fiscalía de Acapulco estuvieron esperando respuesta de la situación de los policías, que todo el día estuvieron declarando en los ministerios públicos.
Una señora familiar de un policía dijo afuera de las instalaciones de la Fiscalía, que continuarían ahí hasta que los agentes queden en libertad.
Sin embargo ayer en la tarde se supo que los 31 policías municipales quedaron en libertad, luego de su declaración en el MP en la Fiscalía.
El martes militares del 75 Batallón de Infantería y policías del estado ocuparon durante 9 horas la Dirección municipal de Seguridad Pública de Zihuatanejo, donde detuvieron a 60 policías municipales, según el vocero Roberto Álvarez Heredia (aunque ayer los agentes afirmaron que fueron 51), quien dijo que esa corporación está infiltrada por criminales.
Álvarez Heredia dijo que “derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de la Policía Municipal de Zihuatanejo, el gabinete de seguridad federal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó la determinación de efectuar el desarme de los elementos de dicha corporación”.

Toma la SEIDO la Dirección de Seguridad de Zihuatanejo; investigan a los policías

 

Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), ocuparon las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Zihuatanejo para investigar a los 20 policías municipales detenidos, señalados de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas federales.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia vía telefónica informó que la presencia de los agentes de la SEIDO es parte de la operación de las autoridades policiacas estatales y federales.
Comentó que si este tipo de acciones se hubieran hecho en Iguala antes de septiembre de 2014, “se pudo haber evitado la tragedia que significó la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Continuó, “el Estado mexicano en su conjunto debe implementar medidas para evitar la infiltración del crimen en las corporaciones policiacas, principalmente en aquellas que son, digamos, en estos momentos las más débiles, que son las policías preventivas municipales. En el estado de Guerrero se requiere una reconstrucción de todas, de las 81 policías preventivas municipales para que puedan sumarse a la estrategia que mantienen las instituciones del gobierno federal con las instituciones del gobierno del estado en el combate frontal al crimen organizado”.
Manifestó que “lo que pudimos observar en Iguala fue una infiltración a todas luces del crimen en la corporación municipal de Iguala, que la misma sociedad igualteca observó, vio pero no se hizo absolutamente ninguna acción preventiva o de revisión de cuál era la situación de la policía preventiva municipal de Iguala, y que finalmente a la larga provocó lo que todos lamentamos, la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes”.
De los 20 policías de Zihuatanejo dijo que el MP federal tiene como facultad solicitar una ampliación del término constitucional de 48 a 144 horas, “para proseguir en las investigaciones en dado caso de que así lo requiera la institución federal que es la PGR”.
De acuerdo a información proporcionada por fuentes policiacas de Seguridad Pública, unos veinte agentes de la SEIDO llegaron a esa dependencia a la una de la mañana de este jueves, donde con una lista en mano con los nombres de los 20 detenidos interrogaron a los policías municipales y trabajadores administrativos, con preguntas como si los conocen y desde cuándo son policías.
Las fuentes dijeron que los agentes federales mandaron a llamar a los policías que no se encontraban en el lugar porque cambiaron de turno, están de vacaciones o de incapacidad, para interrogarlos.
Se conoció que a los uniformados con algún grado o mando les solicitaron que presentaran la copia de su declaración patrimonial del 2017.
Se conoció que los agentes también revisaron “exhaustivamente” la documentación del área administrativa de esta dependencia, especialmente la del departamento del programa federal Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios (Fortaseg), “están revisando absolutamente todo, los papeles, el contenido de las computadoras, todo”, dijo la fuente.
A las 4 de la tarde tres agentes de la SEIDO salieron de las instalaciones y abordaron una camioneta, al ser abordados por los reporteros se negaron a hacer declaraciones con el argumento de que no estaban autorizados.
Por otra parte se informó que la noche del miércoles la PGR solicitó por escrito al gobierno municipal que presentara toda la documentación que acredite como policías e integrantes de esa corporación municipal a los 20 uniformados que están puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, señalados de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego para uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La dependencia federal dio un plazo de 5 horas para la diligencia, “pero sí se entregó toda la documentación que requirieron”.
Mientras tanto, la Policía Estatal continuaba ayer con el control absoluto de la Dirección de Seguridad Pública.
Ante la presencia de los agentes de la SEIDO sólo permitían la entrada a las personas que iban a hacer algún tipo de trámite a la delegación de Tránsito.
En un recorrido en la zona hotelera de Ixtapa y por el centro de la ciudad se observaron patrullas de la Policía Estatal, militares haciendo patrullajes de vigilancia por las calles y avenidas, así como resguardando la entrada de algunos bancos.
Del control que la Secretaría de Seguridad Pública del estado tiene sobre la seguridad en el municipio, el secretario particular del alcalde perredista Gustavo García Bello, Arturo Arzeta Serna aseguró que no tenía ninguna información al respecto ya que no había sido notificado que esa dependencia estaría a cargo.
Arzeta Serna fue el único funcionario de primer nivel que ayer se encontraba en el Ayuntamiento, en las oficinas del alcalde los síndicos procuradores y el secretario general del Ayuntamiento no se vieron.
El secretario particular justificó la ausencia del presidente municipal argumentando que se encontraba “en el gobierno del estado”, y que el director municipal de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón estaba en el puerto de Acapulco para asistir a los policías que fueron remitidos a la Fiscalía y a la PGR, “para apoyar y hacer alguna declaración si es que se la requieren”.

Detiene el Ejército a 62 policías de Zihuatanejo; se infiltró la delincuencia, dice el vocero

Policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante 9 horas la Dirección municipal de Seguridad Pública de Zihuatanejo, donde detuvieron a 62 policías municipales, corporación que según el vocero Roberto Álvarez Heredia está infiltrada por criminales.
Poco después de la una y media de la tarde Álvarez Heredia dijo que “derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de la Policía Municipal de Zihuatanejo, el gabinete de seguridad federal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó la determinación de efectuar el desarme de los elementos de dicha corporación”.
Dijo que “en una acción conjunta de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado, a partir de las 7 horas del día de hoy (ayer), se logró la detención de tres presuntos delincuentes que están siendo trasladados fuera del municipio para someterlos a proceso”.
“Dichos individuos desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal del municipio de Zihuatanejo de Azueta, y están vinculados con grupos delictivos”, afirmó.
Añadió que fueron detenidos también “otros 42 individuos que sin estar debidamente acreditados como elementos policiales fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza, portaban armamento de la licencia oficial colectiva número 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional” y que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades.
La Dirección de Seguridad Pública está en la avenida Bicentenario frente a los campos de fútbol de la unidad deportiva, y a un costado del penal de esta ciudad.
Poco antes de las 8 de la mañana, una hora antes de que concluyera el turno, más de 28 patrullas de la Policía Estatal y de militares se estacionaron a lo largo de la avenida. Sus ocupantes ingresaron a las instalaciones de la dependencia donde durante nueve horas tuvieron a los policías formados en la explanada, mientras que a los trabajadores administrativos los mantuvieron en sus áreas de trabajo vigilados.
Según la información que se dio en el transcurso de las horas, los policías estatales revisarían el armamento de los municipales, declaró a su llegada casi a las 9 de la mañana el director de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón, quien visiblemente desencajado dijo que se trataba de una revisión de rutina y que estaba ahí “para dar la cara”.
Sin embargo conforme pasaba el tiempo se observó que sacaron a tres policías municipales y a dos trabajadores administrativos y los subieron a las patrullas con dirección al centro de la ciudad, un rato después regresaron con ellos a las instalaciones.
Después entró el comandante de la Policía Ministerial de Zihuatanejo acompañado de dos agentes ministeriales y uno del Ministerio Público del fuero común, quienes llevaban documentos en las manos.
Poco después de las 11 de la mañana los policías estatales sacaron de uno por uno a tres uniformados, el primero fue el comandante Víctor Manuel, a quien durante la revisión que los militares y policías estatales hicieron al armamento de la corporación municipal el 10 de abril, le encontraron un fusil Galil y una pistola escuadra calibre 9 milímetros sin licencia. El segundo policía fue identificado como el comandante Martiniano S.R. y el tercero como Javier C.S., ex director municipal de Seguridad Pública de Petatlán, quien de acuerdo a las fuentes policiacas tenía dos semanas de haber llegado a esa corporación a ocupar el cargo de coordinador operativo.
A estos tres agentes los subieron en una patrulla y junto a ellos los policías estatales subieron una mochila en la que iban armas cortas y un radio portátil. La patrulla enfiló hacia la zona oriente de la ciudad y aunque se dijo que habían sido llevados a la subdelegación de la PGR, se conoció que de inmediato fueron trasladados al penal del puerto de Acapulco. No se conoció el motivo de la triple detención.
Poco a poco llegaron más policías municipales llevados por los estatales, algunos estaban resguardando instalaciones públicas y otros de descanso pero fueron llamados a presentarse de manera inmediata.

Nos tienen secuestrados, grita uno los municipales

Afuera se escuchaba cómo algunos policías preventivos decían que no tenían la culpa de no contar con la credencial que los incluye en la licencia colectiva 110 que les permite portar armas, pues no se las habían renovado, así como tampoco eran responsables de acreditar los exámenes de control de confianza, ya que los trabajadores administrativos y el director no llevan un registro de las fechas en que los policías deben de presentarse ante las dependencias porque no les quieren apoyar con viáticos pese a que es dinero que envía el gobierno federal para tal fin.
Un policía preventivo que se identificó como Marco Antonio Pérez Peralta subió a una de las torres de vigilancia que dan a la avenida Bicentenario en donde estaban los reporteros, gritó que los agentes estatales y soldados “nos tienen secuestrados” y que no les permitían comer, tomar agua ni ir al baño”, y que tampoco sabían a qué hora los dejarían salir, “no nos están golpeando pero se ponen agresivos, revisan hasta las bolsas, eso va contra la ley”.
Después de las 2 de la tarde llegaron unos 200 militares más, así como dos camionetas con marinos del Sector Naval a apoyar el traslado de, primero de 17 policías y posteriormente de 42, entre estos tres hombres vestidos de civil, según los mismos policías preventivos que no fueron detenidos.
Además de llevarse el armamento de la corporación municipal, los policías estatales sacaron en una cubeta de plástico varios radios de comunicación portátiles.
Poco antes de las 2 de la tarde llegaron esposas, madres e hijas y familiares de los policías a preguntar por los que tenían que regresar a sus casas el martes en la mañana, y se encontraron con la operación conjunta.
Cuando se dieron cuenta de la situación al ver el traslado de los primeros 17 uniformados, hombres y mujeres rompieron en llanto abierto y a gritos decían que sus familiares eran inocentes. Exigieron que el director también fuera detenido “porque él es el principal responsable de que no tengan sus credenciales de policías”.
Para cuando se dio el traslado de los 42 policías, varias de las esposas, madres e hijas se plantaron frente al portón con la intención de impedir que se los llevaran, pero fueron superadas en número y fuerza por los militares y policías estatales que a empujones las quitaron del camino para que pasaran las patrullas.
Los uniformados fueron llevados en un autobús a la unidad deportiva de la cabecera municipal de Petatlán, donde los esperaban dos helicópteros de la Policía Federal. Una versión indicó que serían llevados a la PGR en Acapulco y otra que los llevarían a la PGR en la Ciudad de México.

Encaran familiares al director de Seguridad

Pocos minutos después de las 4 de la tarde todos los policías estatales y los soldados se retiraron, entonces los familiares de los uniformados detenidos entraron a las instalaciones en busca de director David Nogueda, a quien encararon y responsabilizaron de haber permitido que sus familiares fueran detenidos.
El funcionario les mostró un documento firmado por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, con fecha del 15 de mayo, dirigido al alcalde perredista Gustavo García Bello, en el que le informa entre otras cosas que se haría una revisión extraordinaria al armamento de la corporación.
Agregó que él se sorprendió por lo que sucedió y que estaba en desacuerdo en que se los hayan llevado, aunque sostuvo que le informaron que sólo iban como presentados y no de detenidos. Aseguró que mediante la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento y del grupo de abogados de la corporación, se trasladaría a Acapulco a ofrecer las pruebas de que sí son policías municipales.

Sus policías tomaron armamento tras el asesinato de sus compañeros, dice el alcalde

Para el presidente municipal perredista de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, la detención de los 62 policías preventivos municipales “no fue algo extraordinario”.
Afirmó que aunque no tenían permiso tomaron el armamento para buscar a los responsables materiales del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido en el módulo de vigilancia en la zona comercial de Ixtapa el 25 de abril, pero que ahí él no pudo hacer nada para impedirlo.
Ayer a las 8 de la noche García Bello ofreció una conferencia de prensa en la sala de Cabildo, para hablar de la detención de los policías hecha por policías estatales apoyados por militares y marinos. García Bello aseguró que fueron 48 policías los que se llevaron detenidos.
Dijo que ya había instruido al jefe jurídico del Ayuntamiento y a los abogados que emprendan la defensa legal de los policías, “todos son policías, por ahí creo que se decía que algunos habían sido detenidos sin acreditar ser elementos, pero todos son policías preventivos y ya estarán los abogados por ahí para ver su situación legal y llevar en este caso los documentos para aclarar su situación jurídica”.
De la versión del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero en el sentido de que tres de los detenidos son presuntos delincuentes, el alcalde respondió, “yo no desmiento a nadie, son órdenes de gobierno que debemos que respetar, en este caso la revisión del armamento le compete al gobierno federal a través de la Sedena y si hubiera alguno de los elementos involucrados en algún delito, eso es ya una cuestión que tiene que ver con el armamento, aquí no estamos desmintiendo a nadie, pero si hay alguna investigación en contra de alguno de los elementos que están ahorita detenidos pues la va a haber, ahí no podemos meter nosotros la mano, cada quien es responsable de sus hechos”.
Luego de que se fueron los policías estatales y los militares de las instalaciones de Seguridad Pública, el director David Nogueda Salmerón, informó que sólo se llevaron a 50 policías “en calidad de presentados, no de detenidos”.
Los policías estatales traían una lista de los agentes que no cuentan con una identificación como policía “cosa que es mentira”, dijo.

Se va a “sacudir” a la Tierra Caliente de los grupos delictivos, anuncia el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que en los bloqueos de carreteras y caminos, así como en la quema de vehículos que afectaron durante dos días a varios municipios de Tierra Caliente, participaron no solamente miembros de La Familia Michoacana sino también Los Tequileros, a quienes identificó como “las dos partes”, y que también intervinieron delincuentes “de otro estado”.
En declaraciones en Acapulco, el gobernador sostuvo que las operaciones de seguridad desplegadas van a “sacudir” Tierra Caliente y que las fuerzas de seguridad pública van contra Los Tequileros y La Familia Michoacana. “No hay favoritismo ni protección para nadie”, subrayó el gobernador ante señalamientos del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan de que la banda de El Tequilero cuenta con el apoyo del Ejército y de la policía estatal.
El gobernador ofreció a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en Casa Guerrero, acompañado por el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle; el comisionado de la Policía Federal, David Portillo Menchaca; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Pedro Almazán Cervantes; el fiscal general del estado Javier Olea Peláez; el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el vocero en materia de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Astudillo aseguró que el gobierno del estado “con todo el apoyo de la federación, ha hecho frente a la delincuencia que ha venido operando en esta región y que ha venido causando un problema muy serio”, dijo con respecto a los hechos de violencia en Tierra Caliente.
“Es importante subrayarles que los acontecimientos que se dieron el día de ayer (el sábado), son acontecimientos especialmente complicados y delicados por la cantidad de vehículos quemados”, dijo y agregó que “la participación de la delincuencia organizada no fue de una parte, fueron de las dos partes. Fue como una competencia de a ver quién generaba conflictos para echarse las culpas”, explicó.
Dijo que recibieron información de que “parte importante de la delincuencia de otro estado también vino a incursionar el día de ayer, para ayudar a los de la Tierra Caliente y en todas las complicaciones que generaron en la carretera”, pero no precisó qué grupo criminal recibió el apoyo de otro estado aunque La Familia Michoacana tiene miembros precisamente en ese estado y sobre todo en el de Estado de México donde se ha reportado su presencia en los municipios vecinos de Tlatlaya y Tejupilco.
Después aseguró que a esa hora, 11 de la mañana, ya había paso vehicular “absoluto” en la carretera de Iguala a Ciudad Altamirano, “no hay en sí un bloqueo que impida el tránsito de vehículos, salvo los que están atravesados, y que se tienen que retirar.”, destacó.
Luego, el vocero reiteró que fueron retirados en total 14 bloqueos y 144 vehículos que fueron utilizados por la delincuencia para impedir el paso, y que hubo un detenido.
Detalló que según las primeras investigaciones, la Fiscalía General del Estado concluyó que los vehículos fueron incendiados directamente por los delincuentes y que igualmente se estableció que en las acciones violentas participaron integrantes “del grupo delictivo La Familia Michoacana y de Los Tequileros”.
Precisó que la delincuencia incendió ocho autobuses, 14 camionetas de 3.5 toneladas, un tráiler, cuatro torton, una grúa y un vehículo particular; además de que se encontraron abandonados tres autobuses, 46 vehículos de pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, cinco tráilers, 18 camionetas cerradas, dos camiones y tres vehículos de volteo, también utilizados para los bloqueos.
Dijo que los vehículos usados durante los bloqueos fueron retirados por grúas y están siendo trasladados a los corralones, donde quedaron a disposición de quienes acrediten su legítima propiedad.
Pero acusó a concesionarios del servicio de grúas en la región que se han negaron a prestar el servicio y “de igual forma, algunas concesionarias de estaciones de gasolina negaron la venta de combustible a las fuerzas del orden”.

“No hay favoritismo ni protección para nadie”

En Acapulco, después de dar el banderazo de arranque a los trabajos de desazolve del río de La Sabana, Astudillo sostuvo que no habrá favoritismo en las operaciones de seguridad que llevan a cabo el Ejército y la policía estatal en San Miguel Totolapan.
A pregunta sobre si las operaciones de seguridad desplegadas en la cabecera se extenderían al poblado de La Gavia, donde presuntamente se esconde el líder de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, el gobernador dijo que van a entrar en todos lados porque buscan “sacudir” Tierra Caliente.
“Vamos por la delincuencia organizada, llámense como se llame. Se va a entrar donde se tenga que entrar, los objetivos son el que tu mencionas (El Tequilero) y también los otros (Familia Michoacana), lo que hay que sacudir este mal a la Tierra Caliente”.
El gobernador pidió a los reporteros que en su declaración se citara que las acciones de seguridad emprendidas en San Miguel Totolapan son contra los dos grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. “Por favor, citen a los dos, porque luego nada mas citan a uno”.
Astudillo Flores agregó que fue “muy lamentable, muy preocupante” y “muy delicado” lo que encontraron en San Miguel Totolapan, pues los delincuentes reciben “apoyos de grupos organizados”.
Recordó que la intervención de las fuerzas federales y estatales fue para “proteger a la sociedad”, no para enfrentarse a ella y convocó a los ciudadanos a volver a la actividad normal.
El gobernador dijo que “no fue un asunto sencillo” retomar el control en San Miguel Totolapan, por la cantidad de bloqueos que se instalaron en los que participaron los transportistas. “Esto es algo muy lamentable, la participación, muchos de ellos entendemos, por presión y por temor a la delincuencia organizada”.
Astudillo Flores informó que la Fiscalía General del Estado ya abrió carpetas de investigación contra quienes se negaron a colaborar con las fuerzas de seguridad pública durante su incursión en San Miguel Totolapan, como las gasolineras y servicios de grúas. “Se están haciendo las carpetas de investigación para realizar las investigaciones correspondientes y aplicar responsabilidades”.

En Tixtla, la primera balacera se oyó a las 7:20; a las 9 seguían los hombres armados en las calles

 

 

El ataque y la persecución del martes en Tixtla, que concluyó por la noche con el hallazgo del comandante de la Policía Municipal muerto en Chilpancingo, comenzó a las 7:20 de la mañana en una zona de escuelas al norponiente de la cabecera municipal, y hoy, la vida de la ciudad siguió su curso en aparente normalidad
Desde el anonimato, testigos accedieron a hablar del suceso, y en ciertos casos con temor, no obstante que locales y mercados estaban abiertos, en las escuelas hubo clases y en las calles se mantuvo la circulación, tal vez en menor medida que lo habitual, reconocieron.
Es probable, como señaló uno de los testigos, que los vecinos se acostumbraron a los hechos de violencia, incrementados desde el homicidio del presunto líder del grupo de narcotraficantes Los Rojos, José Luis Ortega Abarca alias La gringa, medio hermano del entonces presidente municipal Gustavo Alcaraz Abarca, en un enfrentamiento entre bandas rivales del narcotráfico, según los reportes periodísticos del 26 de enero de 2015. Se menciona que en esa fecha, “la plaza cambió de membrete” pero se mantienen las confrontaciones.
A partir de los testimonios, se estima que el rapto del comandante Daniel Vázquez Gutiérrez, y la persecución de policías municipales al grupo que se llevó al mando policiaco, duró entre 20 y 25 minutos, hasta que salieron de la ciudad, según los reportes oficiales, hacia la carretera que lleva a Quechultenango.
Alrededor de las 7:20 de la mañana, se escucharon los primeros balazos, cerca de una barranca donde se presume que un grupo armado acorraló el automóvil donde iba el comandante de la Policía Municipal, cerca de un Colegio de Bachilleres, un secundaria federal y la preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde comenzaban las clases del día.
Se mencionó que en el primer ataque dejaron un automóvil abandonado con impactos de bala, cerca de la cancha de futbol Cruz Verde, y los agresores huyeron al norte, por la colonia Guerrero, la Villita y Chichipico, donde se continuaron registrando reportes de balazos.
A las 7:30 llegó otra camioneta con más hombres armados vestidos de civil por la misma calle de las escuelas, al parecer como refuerzos y el rescate del comandante, y comenzó la persecución. Luego se dijo que del vehículo abandonado sacaron varias mochilas negras, pero no se precisó si las tomaron los agresores o los refuerzos.
Como a las 7:40 de la mañana un grupo armado llegó con un herido al hospital comunitario que se encuentra en la avenida Insurgentes, en el primer acceso a Tixtla, desde el libramiento viejo de Chilpancingo. Para entonces y había persecuciones por el Ayuntamiento y en la subida por la avenida Insurgentes para llegar al nosocomio.
La versión del hospital comunitario es que el personal médico recibió por norma al herido de bala y cuando preguntaron sus datos personales para el registro de trámites, los acompañantes se negaron a proporcionarlos, entonces se dieron cuenta de que iban armados. Por protocolo, comenzaron a preparar el traslado en una ambulancia hacia Chilpancingo con chofer, médico y enfermero para su atención en el hospital general en la capital, al salir fueron interceptaron y obligados a cambiar de rumbo a Quechultenango. Al final ni los médicos ni la ambulancia salieron de Tixtla, fueron dejados en la carretera.
Hay versiones de que hasta las 9 de la mañana seguían hombres armados en las calles alrededor del barrio de El Santuario.
Mientras la Policía Estatal en patrullas llegó a las 10 de la mañana a Tixtla, en una operación que contó incluso con un helicóptero que sobrevoló la ciudad. Estuvieron hasta la una o 2 de la tarde, cuando se retiraron hacia a Chilapa.
A su paso realizaron cateos en la calle Morelos, antes de llegar a la avenida Insurgentes, en domicilios particulares de los que se permitieron fotografías, y se omitieron de los reportes oficiales.
Desde ayer se asignaron dos grupos de la Policía Estatal a Tixtla, uno de los cuales se encuentra permanente dentro del hospital, hasta nuevas instrucciones, señalaron los uniformados.

Se investiga el asesinato del comandante municipal: vocero

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, informó que la Fiscalía General del Estado investiga el asesinato del comandante de la Policía Municipal de Tixtla, Daniel Vázquez Gutiérrez, y la irrupción de hombres armados en el hospital comunitario.
Confirmó en un boletín que el hombre desmembrado hallado en bolsas la noche del martes en Chilpancingo, es del comandante, y fue identificado por dos hermanos.

 

Liberan a El Nene Granados y a cuatro de su grupo criminal; el vocero lamenta la decisión

 

Luego de más de ocho horas de audiencia, un juez de control del Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio en Acapulco dictó auto de libertad al líder del grupo criminal Los Granados, Rubén Granados Vargas El Nene, y a otros cuatro detenidos el martes 11 de abril en una brecha que conduce al poblado de El Guayabo, municipio de Tecpan.
El vocero de Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia dijo: “nos parece lamentable, pero respetamos la decisión del juez de control”.
Abundó que no sabe cuáles fueron causas, argumentos y razones jurídicas, para que el juez de control determinara la libertad de los cinco integrantes del grupo criminal.
Consultado por teléfono, indicó que desconoce si la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), apelarán la decisión del juez federal.
Álvarez dijo que la liberación del líder criminal, que estaba recluido en la cárcel de Las Cruces, será analizado en la próxima reunión del Grupo Coordinación que será convocado “en cualquier momento”.
Los integrantes de Los Granados, considerados objetivo prioritario por el gobierno federal, estaban acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y de delitos contra la salud. Además, El Nene Granados tenía vigente una orden de aprehensión por portación de arma de fuego.
El vocero indicó que la audiencia en la que se dictó la libertad del líder criminal y otros cuatro integrantes del grupo, comenzó la noche del martes y terminó a las 4 de la madrugada de este miércoles, “donde un juez de control resolvió dictar la libertad a favor de estas cinco personas”.
Anoche se desarrollaba otra audiencia para resolver la situación jurídica de otros cuatro integrantes del mismo grupo criminal, detenidos el 11 de abril, pero en San Luis la Loma, acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Ese día les decomisaron dos fusiles AK-47, dos fusiles AR-15 y una camioneta Tahoe.
La primera detención de El Nene la hicieron soldados el 14 de abril de 2009, pero no se supo de su liberación, hasta el martes de la semana pasada, cuando volvió a ser detenido, junto con Luis Fernando Pineda Cabrera, Antonio Nava Hernández, Rafael López Cebrero y Geovanny Meraz Mederos, a quienes les fueron decomisados una camioneta tipo Expedition o Tahoe, cinco armas largas, un arma corta, un costal de hierba con las características de marihuana, 400 cartuchos útiles de diferentes calibres y dos básculas.
En marzo de 2016, la PGR ofreció una recompensa de hasta 3 millones de pesos a quien aportara información para su detención.
Según información de la Policía Federal, en 2008 El Nene Granados se unió a los Beltrán Leyva y formó Los Granados junto a su hermano Salvador Granados Vargas El Chava. El grupo controla los municipios de La Unión, Coahuayutla de José María Izazaga y Zihuatanejo, según las autoridades.
En el mapa rojo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública estatal en donde ubica en cada zona de Guerrero a los 21 grupos delictivos causantes de la violencia, está el de Los Granados.
En entrevista con Reforma, Rubián Bistro, esposa del presunto delincuente, señaló que la detención de éste por la Policía Federal, se llevó a cabo el 11 de abril y no el 12, y que ocurrió en El Tule, no en el camino a El Guayabo. Dijo que los federales llegaron en helicópteros y, sin presentar una orden de aprehensión, se metieron a su casa, golpearon a su esposo y se lo llevaron.