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Anuncia el PRI que recurrirá al Trife para mantener la regiduría que ganó en Chilapa

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Después de que el pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinó que una regiduría del municipio de Chilapa, que por número de votos le correspondía al PRI pero por paridad le fue asignada a Morena, el representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Manuel Alberto Saavedra Chávez, informó que se recurrirá a la Sala Regional del tribunal federal para que les respeten su espacio.
Vía telefónica, Saavedra Chávez aclaró que como representante aún no tenía en su poder la sentencia del TEE, por lo que primero se le analizaría, para conocer los argumentos de esa instancia y determinar la ruta jurídica a seguir. Aseguró que en el transcurso del día le sería notificado el acuerdo, según los tiempos judiciales que marca la ley.
“Lo que se buscaba era la paridad de género y lo que nosotros pedimos es que se nos respete un espacio, que por número de votos nos corresponde, y eso es lo que vamos a defender y una vez tengamos todos los elementos, que conozcamos la sentencia, vamos a recurrir a la siguiente instancia que es la Sala Regional del Trife (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)”.
Agregó que como partido buscarán que se les respete la sexta regiduría del Cabildo de Chilapa, que les corresponde, de acuerdo con el número de votos obtenidos en los cómputos distritales y que en un primero momento, el Consejo Distrital 25 no asignó, porque por un tema de paridad, el PRI ya no tenía candidatas a regidoras, por lo que el espacio quedó sin registro.
Al estar sin registro la sexta regiduría, el TEE determinó otorgar una regiduría de más a Morena, espacio que originalmente le correspondía al PRI por el número de votos que obtuvo, pero por un tema de paridad, y al no tener más mujeres en su listas, no se logró conformar la planilla paritaria que marca la ley electoral.
Durante la sesión pública de resolución, celebrada el martes, se explicó que la determinación se debe a que la planilla de regidurías del PRI en Chilapa era de seis candidaturas, tres hombres y tres mujeres, pero el consejo distrital, al realizar la asignación oficial no logró conformar el Cabildo paritario.
A pesar de que le correspondían seis espacios al PRI, ya no hubo más mujeres para alcanzar la paridad de género en el Cabildo, y fue por ello que la sexta regiduría quedó sin registro, por lo que el TEE ordenó que ese espacio lo ocupe Morena.
La regiduría en cuestión, de acuerdo con las listas del PRI, le correspondía a Alfredo de la Cruz Guevara, pero finalmente el TEE se la otorgó a la morenista Jazmín Arzate Sánchez. El magistrado José Inés Betancur Salgado fue el único que se opuso al proyecto, que fue aprobado por mayoría.
“En el caso en cuestión, el PRI, según constancias del expediente, no cuenta con más fórmulas del género femenino, por lo que es válido con base en los lineamientos de integración paritaria, y a la luz de una interpretación sistemática y funcional, realizar el ajuste (sustitución del género hombre por el género mujer) en el siguiente partido con más votos. Tal ente es el partido Morena, que es el segundo lugar en votaciones y en su lista posee la sexta fórmula del género mujer, registrada en la acción afirmativa indígena”, se lee en parte de la sentencia aprobada el martes por el TEE.

 

Revoca el Trife la sentencia del TEE contra Alfredo Sánchez por violencia de género

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Sala Regional de Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero que declaraba existente la violencia política en razón de género por parte del diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, en contra su compañera de bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
La sentencia, votada por unanimidad en la sesión que se difunde en redes sociales, concluye que no se actualiza la denuncia de violencia política hacia las mujeres en razón de género.
En la síntesis del proyecto se detalla que se acumularon los juicios 259 y 260, a fin de analizar, por un lado, los agravios señalados por el imputado y la denuncia de Domínguez Serna sobre “la inexacta calificación de la conducta”, para que la sala regional se pronunciara sobre la sanción, así como las medidas de reparación integral y no repetitivas impuestaa a Sánchez Esquivel.
De entrada, la sala estableció que los tribunales electorales sí tienen competencia en la resolución de controversias de naturaleza parlamentaria, en aquellos actos que no se enmarquen en el ejercicio de la función legislativa, que argumentó como agravio el imputado.
Por otro lado, señaló que no se podía imputar de manera directa y exclusiva al acusado la autoría de un comunicado firmado por la fracción parlamentaria de Morena, el 14 de marzo de este año, como una de las acciones de violencia política en razón de género, “pues claramente se trata de un posicionamiento general de la bancada de ese instituto, como se advierte de su lectura integral”. Se trata de un posicionamiento sobre el nuevo sindicato en el Congreso local, que protestó en esas fechas.
Por tanto, aclaró: “No puede concatenar (el comunicado) con los demás, para ser considerado como parte de las conductas que en su caso pudieran ser generadores de violencia política contra la denunciante”.
Pero declaró infundado el agravio que planteó el diputado, sobre la incongruencia de la resolución que se pronunció por violencia simbólica, cuando la denuncia fue por violencia psicológica. Explicó que, con independencia del tipo de violencia que se argumente, los tribunales deben hacer un análisis de todos los posibles tipos de violencia.
Confirmó que Sánchez Esquivel tiene razón al afirmar que los escritos de respuesta en la denuncia “no se pueden considerar como una confesión expresa, pues es evidente que se trata de argumentos generales, donde sostiene que los planteamientos de la denunciante son dentro del debate parlamentario y están fuera de la competencia electoral, maxime que contestó en lo individual cada uno de los casos denunciados”.
El tribunal determinó que fueron incorrectas las consideraciones del tribunal local sobre la existencia de la mayoría de los actos denunciados, dado que los hechos sucedieron fuera del debate parlamentario, en reuniones de trabajo del grupo parlamentario de Morena, sin una agenda legislativa, en pasillos del órgano legislativo, entre las curules del salón de plenos y en la presidencia de la Jucopo, excepto la reunión del 17 de mayo, y no está acreditada la totalidad de las frases que fueron imputadas al acto.
Enfatizó que en la violencia política de la que se le acusó sólo se deben considerar expresiones efectivamente probadas.
Por lo anterior, dijo que no se advierte algún tipo de violencia contra la denunciante, en menoscabo o para anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos político-electorales o en razón de su género.
Sobre el juicio que promovió Domínguez Serna, indicó que los agravios son “inatendibles, porque su pretensión es que esta sala regional revise si la sanción y las medidas de reparación integral y no repetitivas, ordenadas por el TEE, resultan apegadas a derecho o no”.

 

Entregan opositores a Saldaña nueva inconformidad por la elección en la UAG

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, en conferencia en el lobby del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), entregó este lunes ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) el recurso del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
En ese requerimiento se pide que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), revise las irregularidades que se cometieron en la elección de rector de la UAG y la inelegibilidad del ya rector electo, Javier Saldaña Almazán.
Ello, luego de que el TEE desechó la semana pasada el juicio electoral ciudadano que presentaron ante ese organismo local.
“Venimos a combatir la arrogancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que al igual que otros tribunales, cuando se trata de intereses políticos, se hacen de la vista gorda y de oídos sordos, en este caso en el que estamos frente a un atraco monumental, visto por miles de guerrerenses, menos por magistradas y magistrados”, leyó en una declaración el abogado Rubén Cayetano García, en conferencia de prensa después de que entregaron el documento en la oficialía de partes.
Explicó que la impugnación mediante el juicio ante la Sala Regional del Trife, “es porque en Guerrero se niega el derecho humano de acceso efectivo a la justicia o protección judicial, que se encuentra establecido como garantía constitucional en el artículo 17 de la Constitución federal y es la base de un Estado democrático de derecho”.
Cuestionó que el TEE haya declarado improcedente el juicio electoral ciudadano TEE/JEC/033/2023, aplicando una causal de incompetencia para proceder a desecharlo, “pero si es incompetente, debió considerar la posibilidad de reencauzar la demanda al órgano jurisdiccional, que hubiese considerado competente, atendiendo al principio de acceso efectivo a la justicia prevista por el artículo 17 constitucional”.
Añadió que al desechar dicho recurso, el TEE “abortó la posibilidad de estudio de las irregularidades planteadas como agravios, imposibilitando resolver sobre un proceso y resultados, en el que se sobajó la ley orgánica 178, por un estatuto contrario a la misma y una convocatoria que violó la paridad de género, que permitió la inelegibilidad del candidato único y la periodicidad democrática de la universidad guerrerense, razón por la que la sala regional deberá analizar las causas y procedibilidad de nuestros agravios”.
Reprochó que el TEE impuso una interpretación “incorrecta y distorsionada de la autonomía universitaria, para proceder impunemente a justificar esa causal de improcedencia y declararse incompetente, pasando por alto que a la Universidad Autónoma de Guerrero la ley no la excluye de la estructura estatal, ni la exime de cumplir, como cualquier otro organismo autónomo”.
Añadió que en la UAG se deben observar los principios que, de acuerdo con su ley orgánica, deben regir la elección de sus órganos de gobierno o dirección, para considerar que el resultado es democrático.
“En tal sentido, es obligación de la autoridad jurisdiccional ponderar entre la autonomía universitaria y los derechos humanos que se estiman vulnerados. La autonomía universitaria no puede ser obstáculo para restringir algún aspecto del derecho humano de sus miembros, como es el principio de igualdad y no discriminación en un proceso electoral, en donde participan todos los universitarios con su voto directo”.
Advirtió que van a agotar todos los recursos legales que estén en sus manos, para lograr la defensa de la democracia en la UAG.
Acudieron a entregar el documento los abogados Cayetano García, Román Ibarra Flores y los ex aspirantes a la Rectoría, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo.

 

Conmemoran maestros, normalistas, activistas y organizaciones los 45 meses de los ataques en Iguala

Integrantes de la CETEG, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la marcha en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, a 45 meses de los ataques en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Luego de 45 meses de los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la capital e hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, para exigir su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos.
En las acciones participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa, quienes se reunieron en la alameda Granados Maldonado, para marchar hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
“Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “no somos todos, nos faltan 43”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon al unísono durante el recorrido. Al llegar al antimonumento, un agente de Gobernación que tomó fotos de la protesta fue ubicado por los inconformes, quienes exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento en su contra.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expresó que durante 45 meses la lucha es por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 36 mil desaparecidos en el país, que llevan más de 5 años sin volver a sus hogares, por ello “las luchas deben hermanarse” y lamentó que en la protesta hubo pocos participantes.
Señaló que la mayoría de las personas están concentradas en el proceso electoral y tienen la esperanza de que con un nuevo gobierno cambiará la situación en el país, pero “la lucha de las madres, padres y los hijos de los desaparecidos va más allá de las urnas electorales”. Dijo que cuando terminen las elecciones “volverán a la realidad, se darán cuenta de que las urnas no dan libertad ni igualdad social, nunca nos van a hacer iguales unos con unos”, la burguesía será la que mandará, mientras el pueblo no se decida a movilizarse.
Declaró que en la lucha “están los que realmente sienten el compromiso con las mamás, con los papás, con todos los que han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción y la impunidad que han sembrado los gobernantes”.
Consideró que “es realmente indignante” que los procuradores y fiscales del país estén en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la reposición de la investigación y la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, porque los detenidos fueron torturados para declarar “lo que al gobierno le convenía”. Aseguró que “con esto” se acaban los intentos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cerrar el caso.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que “la tarea fundamental es la unidad”, pues a pesar de la actual efervescencia política, “gane quien gane habrá necesidades, habrá pobrezas, habrá perseguidos, habrá encarcelamientos y habrá asesinatos”, por ello es necesario que todos los sectores actúen de manera conjunta.
Recordó que ya viene la conmemoración de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas, y en ese sentido reconoció la labor del Centro Morelos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; así como “los compañeros que a nivel internacional han evidenciado al Estado” pues la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es legítima”, pues el Ejército y el Estado están involucrados en los hechos.
Por su parte, un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa expresó que “no es posible” que el sexenio de Peña Nieto esté por terminar, sin que haya resuelto el caso de la desaparición “de nuestros 43 hermanos”. Coincidió en que es necesaria la unidad de las organizaciones sociales y que es lamentable que la sociedad esté enfocada en el proceso electoral y se olvide de lo que está pasando en México, donde “ya sólo falta que nos privaticen el derecho a la vida”. Al concluir el mitin, los manifestantes entonaron el himno Venceremos.