La exfiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón también se amparó en contra de las autoridades militares, porque, según ella, pretendían detenerla “de manera ilegal”.
El expediente que se integró “contra actos del Juez de Control del Primer Juzgado Militar de Control adscrito a la I Región Militar, y otras autoridades con residencia en la Ciudad de México”, es el 352/2024 de fecha 16 de marzo pasado, mismo que fue publicado en estrados el 19 de marzo.
La ahora exfiscal fue removida del cargo a petición de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el 14 de marzo por irregularidades del caso del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y a partir de entonces ha promovido otros tres amparos en contra del gobierno estatal, en uno se queja de amenazas de muerte por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, otro fue para evitar su detención y el tercero porque, según ella, fue removida de manera irregular y busca echar abajo la determinación de la gobernadora Salgado Pineda.
En tanto que con el amparo 352/2024 busca evitar su detención por parte de las autoridades militares.
Derivado de la queja de la exfiscal, un juzgado federal requirió, con fundamento en Ley de Amparo, “a las autoridades señaladas como responsables” un informe del caso, mismo que debieron haber rendido dentro del término de cuarenta y ocho horas, a partir del 19 de marzo.
Para ello, el Juzgado fijó las 10 de la mañana del 26 de marzo para la audiencia incidental, pero no se informó el resultado de dicha audiencia, según se argumentó, por ser información confidencial.
La ex fiscal dijo en su demanda de amparo al Juez de Control del Primer Juzgado Militar de Control adscrito a la I Región Militar, “como responsables ordenadoras y ejecutoras (de) la detención ilegal que pretenden realizar sobre mi persona, lo anterior sin encontrarse reunidos los elementos mínimos indispensables que para el efecto la ley exige, violándose así en mi perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La medida cautelar se pidió, “para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no se ejecuten los actos reclamados que ya quedaron precisados”.
El Juzgado determinó que los actos reclamados se hacen consistir en la detención ilegal en contra de la quejosa, y refiere que ello puede tener efecto restrictivo de la libertad de la incidentista, por lo que determinó conceder el amparo “en razón de que se satisfacen los requisitos previstos en los arábigos 128, del ordenamiento legal en cita, ya que fue solicitada en su escrito de demanda”.
En el expediente se destaca que no procederá que se le prive de su libertad con motivo de la orden de detención o aprehensión que reclama, en caso de que goce de fuero constitucional, “lo anterior, tomando en consideración que la solicitante de la tutela constitucional, refiere que se desempeña como Fiscal General del Estado de Guerrero, desde el día veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que desde esa perspectiva preliminar, los antecedentes de la demanda revelan que es probable que la incidentista goce de fuero constitucional”, refiere el documento, aunque Sandra Luz Valdovinos, fue removida del cargo el 14 de marzo.
Mediante oficio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) requirió a 18 militares que estaban comisionados en distintos cargos en la Fiscalía General del Estado (FGE), con la ahora exfiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que se concentren a esa institución.
“Para su conocimiento y efectos, debiendo incorporarse desde luego a este organismo y contestar de enterado para antes de las 18:00 (horas) del 26 de marzo del 2024”, se establece en el breve escrito. Sandra Luz Valdovinos Salmerón fue removida del cargo el 14 de marzo a petición de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a raíz de las irregularidades en el caso del asesinato del estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta ocurrido la noche del 7 de marzo.
La entonces fiscal se reveló a la determinación de la gobernadora y advirtió que haría valer su derecho y el procedimiento administrativo ante el Congreso local.
El 12 de marzo estudiantes de la Normal de Ayotzinapa irrumpieron en el estacionamiento de la institución e incendiaron 11 automóviles y lanzaron petardos a las instalaciones, a partir de ese día, a la fiscal ya no se le vio trabajar de manera normal en sus oficinas y personal de la institución informó que entraba en sigilo.
El Congreso local avaló su remoción el 19 de marzo y ese mismo día emitió la convocatoria para el registro de los aspirantes a nuevo o nueva fiscal.
El 20 de marzo trabajadores administrativos de la FGE agremiados a la sección séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) marcharon y tomaron las instalaciones para pedir la salida de todos los militares que llegaron al organismo con Valdovinos Salmerón. El movimiento lo levantaron al día siguiente y anunciaron que volverán a protestar el 6 de abril.
En su oficio de fecha 26 de marzo pasado, la Sedena pide que se reincorporen a esa institución 18 de los militares que ocupaban cargos en la FGE, aunque en el organigrama y en la nómina de la FGE no aparecen todos los nombres de la lista que se incluye en el documento.
Entre los notificados está el mayor de artillería Aarón Pérez Lemaroy, quien en el organigrama de la FGE aparece como secretario particular de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
También el mayor de Justicia Militar, Ricardo Ferrer Martínez, quien ocupaba el cargo de vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia.
Asimismo, el mayor de Justicia Militar, Oscar David Hernández Velázquez, quien fue agente titular del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Costa Azul de Acapulco.
El capitán primero de Justicia Militar, David Flores García, quien fungió como fiscal en la Región de la Montaña y en la zona Norte.
El capitán primero, Herman Castillo Cervantes, quien en el organigrama aparece como director general de Apoyo Técnico y Logístico.
Además, el capitán segundo de la Policía Militar, Fernando Alfredo Díaz Martínez, quien no aparece en el organigrama de la institución.
El capitán segundo de Justicia Militar Jorge Abraham Zamorano García, quien en el organigrama aparece como fiscal Regional de la zona Norte.
La Sedena también requiere a la teniente Diana Isabel Ramírez Reséndiz, a la subteniente Verónica Huachina Martínez y a la subteniente Pamela Quiroz Villicaña, la tercera aparece como encargada de la Fiscalía Especializada en Atención al Turista.
En el documento se requiere, también, a los sargentos segundo, Pedro Jesús Carrasco Ramírez, César Mezquititia Cruztitia, Bertino Pablo González, así como a los cabos de infantería y de caballería Antonio López Sánchez y Marcos Beatriz Castillo, respectivamente.
Asimismo, a la cabo Karen Pacheco Valdovinos, quien en la nómina de la FGE, aparece como agente de la Policía Ministerial, al cabo de la Policía Militar Álvaro García Carvajal y a la integrante del Servicio de Inteligencia (Sid) de la Policía Militar, Diana Laura Martínez Hernández. Los tres últimos, según personal de la FGE, eran parte de la escolta de la exfiscal Valdovinos Salmerón.
La ex fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, acusó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de mandar asesinarla o desaparecerla, en su argumentación de la solicitud de un amparo que presentó ante la justicia federal después de ser removida del cargo.
Sandra Luz Valdovinos fue removida del cargo por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien anunció las renuncias del secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad Pública, general brigadier Rolando Solano Rivera, derivados del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, el 7 de marzo.
Ayer, en el noticiero de las 10:00 de la noche de Milenio Televisión se informó que la teniente coronel Valdovinos Salmerón acusa a Salgado Pineda de haber dado una orden verbal de atacar su libertad personal y de ser asesinada o desaparecida.
En su demanda de amparo acusa directamente a la gobernadora, al secretario de Seguridad Pública y a otros mandos de la Policía Estatal como responsables.
El caso fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, que otorgó una suspensión para que cesaran los posibles actos contra la integridad de Valdovinos Salmerón, pero no contra su destitución como fiscal.
El 22 de marzo la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo quien es representante legal de la gobernadora respondió el amparo negando las acusaciones.
Otra de las quejas de la ex fiscal fue la omisión del procedimiento y de citación para respetar su derecho a una audiencia y que la decisión de removerla viola la Constitución del estado de Guerrero.
Sin embargo, el artículo 142 de la Constitución del estado faculta a la gobernadora para remover a la fiscal del cargo por causas graves.
Valdovinos Salmerón también tramitó otro amparo indirecto con la finalidad de no ser detenida por una posible orden de aprehensión. (Redacción).
Siguen los vehículos que fueron incendiados el martes pasado en la explanada de la Fiscalía General del Estado durante la protesta de estudiantes de Ayotzinapa luego de que se enteraron de la fuga del policía señalado de disparar contra Yanqui Kothan Gómez Peralta Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En sigilio y después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la destituyó del cargo el 14 de marzo ante las irregularidades cometidas en el caso del asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón, entrega la Fiscalía.
A pesar de que la funcionaria advirtió que haría valer su derecho de audiencia ante el Congreso local y que continuaría desempeñando su función constitucional, a partir del viernes ya no participó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y en su lugar estuvo el vicefiscal de investigación Gabriel Alejandro Hernández, quien, según los trabajadores de confianza de la dependencia que acudieron a laborar ayer, en los hechos es quien está desempeñando la función de encargado de despacho de la Fiscalía.
Refirieron que, en tanto, a Valdovinos Salmerón no la han visto desde el martes, tras la irrupción de los normalistas en el estacionamiento de la dependencia, y que sólo por sus superiores saben que está entregando su encargo “pero que no es cosa de uno o dos días”.
Desde afuera del edificio, ayer se pudo ver que continúan los vehículos incinerados en el estacionamiento, y el ambiente, adentro, se nota que es de desolación total.
Una fuente contó que los vehículos no pueden ser retirados hasta que se haga cargo el seguro y para ello tienen que terminar las indagatorias por parte del Ministerio Público.
De acuerdo con los trabajadores, las agencias del Ministerio Público, policías ministeriales y servicios periciales continúan trabajando de manera normal, puesto que las afectaciones fueron sólo en las oficinas administrativas del edificio central.
Denuncias por irregularidades administrativas y despidos injustificados
En medio de la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el estado, en la Fiscalía no hay labores normales desde el martes pasado cuando estudiantes de la Normal de Ayotzinapa irrumpieron en el estacionamiento de la dependencia e incendiaron al menos 11 vehículos.
Derivado de ello, martes y miércoles la mayoría del personal no acudió a laborar “por la falta de condiciones de seguridad”, según informó el jueves en una asamblea la líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) Adela Hernández Angelito.
En tanto que el miércoles, la directora General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la FGE, Doménica Fernández Juárez, envió la circular 011 en la que informó que la FGE determinó “por única ocasión” como días inhábiles el 14 y 15 de marzo, “atendiendo la situación de inseguridad que prevalece en esta ciudad y con el firme propósito de salvaguardar la integridad física del personal que labora en este Órgano de Procuración de Justicia”.
Ayer lunes la dependencia siguió sin labores debido al “puente largo” por el día de asueto del 21 de marzo.
En medio de esta parálisis en la FGE, el jueves la gobernadora Evelyn Salgado anunció que notificaría a la fiscal Valdovinos Salmerón su remoción y el proceso administrativo ante el Congreso local, debido a las irregularidades en el caso del asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Y mientras aseguraron que la fiscal Valdovinos entrega en sigilo la dependencia, comenzaron a ventilarse diversas denuncias en su contra por parte de los trabajadores.
Denunciaron que aprovechándose de la inactividad que hay, en los hechos desde el martes, y oficialmente a partir del jueves, los trabajadores cobrarían sus salarios de la primera quincena de marzo hasta este martes, y que igual están suspendidos sus bonos y viáticos.
Igualmente trabajadores de la dependencia denunciaron que durante el tiempo que estuvo Valdovinos Salmerón fueron despedidos “injustificadamente” unos 600, mismos que ahora se encuentran en la incertidumbre porque no han recibido su liquidación conforme a derecho.
Aseguraron que entre los despedidos hay policías, agentes del Ministerio Público, peritos y personal administrativo.
Algunos trabajadores tenían una antigüedad de 15 y hasta 30 años, según denunciaron, y que fueron cesados “para abrir plazas a militares con mayores salarios, pero sin experiencia”.
Denunciaron que tras los despidos, los trabajadores recibieron amenazas, acosos y hostigamiento para que no denunciaran, aunque algunos iniciaron juicios laborales en contra de la FGE y están en proceso.
Contaron que la fiscal, tras recibir la notificación de su separación del cargo se reunió “de manera privada” con su grupo “de operaciones especiales” y de las áreas administrativa y financiera, a quienes les pidió que se mantuvieran en sus cargos porque es posible que sean recontratados por los nuevos encargados de la dependencia, lo que ha provocado la inconformidad del personal basificado.
De acuerdo a la denuncia, la mayoría del personal que trajo la fiscal “cuentan con jugosos salarios” que van de los 150 a 180 mil pesos mensuales.
En tanto que trabajadoras de las agencias especializadas de Delitos Sexuales denunciaron en un documento interno que mientras estuvo al mando Valdovinos Salmerón, fueron permanentemente acosadas por sus superiores.
“Trabajamos sin suficiente material, el cual lo tenemos que comprar y los equipos de cómputo están deficientes y nunca contamos con el apoyo de ninguna autoridad”.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda en conferencia de prensa en Casa Guerrero, donde informó que recibió las renuncias de los secretarios Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aceptó las renuncias de los secretarios general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y ordenó la remoción de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos en el contexto de la crisis social y moral tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a los estudiantes y la fuga del autor material.
Con un mensaje desde Casa Guerrero difundido en línea, Salgado Pineda informó que aceptaba las renuncias de los dos integrantes de su gabinete y anunció que en ejercidio de sus facultades constitucionales notificaría a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, su remoción del cargo, mediante el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente del que dará vista al Congreso local.
De acuerdo con el artículo 142, numeral 7, de la Constitución del estado, “el Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves previstas en la propia Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.
Aunque la Constitución no señala dichas causas graves, la remoción de la fiscal también podría ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso local, que realiza el nombramiento.
El mensaje
Casi a las 2 de la tarde, desde el lobby de la residencia oficial Casa Guerrero, la gobernadora emitió el mensaje para la ciudadanía mediante las redes sociales, a una semana del asesinato del joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en el viejo libramiento a Tixtla en Chilpancingo.
Salgado Pineda ratificó que tiene “total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia” en el caso en el cual además del asesinato, secretarios de su gabinete difundieron una versión falsa de los hechos para responsabilizar a los normalistas y autoridades locales peermitieron la fuga del policía señalado de haber disparado contra el estudiante Gómez Peralta.
Informó que “en un ejercicio de responsabilidad moral, y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez y del secretario de Seguridad Pública, General Rolando Solano Rivera”.
Añadió que, “con base en mi facultad constitucional, se notificará a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Aseguró que en Guerrero “hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, trabajando en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad, en este y en todos los casos”.
En la parte final del mensaje enfatizó que su compromiso es con la verdad y la justicia, “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.
Tras el homicidio del normalista de Ayotzinapa, la noche del 7 de marzo, los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública dieron una conferencia de prensa a las 2 de la madrugada el 8 de marzo, unas horas después de los hechos, para decir que los policías fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta con reporte de robo donde encontraron drogas y un arma. La versión fue desmentida el lunes en su conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien también informó que los tres policías ya estaban presos y a disposición de la “Fiscalía General”. Y al día siguiente reveló que el policía que habría disparado contra el normalista se había escapado con la complicidad de autoridades locales.
El 25 de enero de este año, el general brigadier Rolando Solano Rivera sustituyó al capitán de la Marina Evelio Méndez Gómez, como secretario de Seguridad Pública en Guerrero. Llevaba mes y medio en el cargo.
Mientras que Ludwig Marcial Reynoso es un viejo colaborador del senador Félix Salgado Macedonio –con quien fue secretario general del Ayuntamiento cuando éste fue alcalde de Acapulco– y a pocos meses de la gestión de Evelyn Salgado sustituyó en el cargo al experimentado político de izquierda Saúl López Sollano.
En respuesta a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la Secretaría General de Gobierno sostuvo que la Constitución da facultades para que la gobernadora la remueva por causas graves.
En un comunicado de prensa a las 10:23 de la noche, después de que Valdovinos Salmerón afirmó que ejercería su debida defensa y que para su remoción se deben de agotar los procedimientos constitucionales y legales, la Secretaría General afirmó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda determinó la remoción de la fiscal con fundamento en el numeral 7 del artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
“El Fiscal general podrá ser removido por el gobernador de Estado por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de Congreso del estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción”.
Agrega el comunicado que en este contexto y en espera del proceso constitucional que “conlleva la designación de una nueva persona titular para la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de Congreso local, corresponde al vicefiscal de investigación atender
lo dispuesto por el artículo 144 del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Guerrero número 500, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.
Afirma que el gobierno estatal reitera su compromiso “absoluto con la justicia, la legalidad y el estado de derecho, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad”.
Fuentes de gobierno posteriormente explicaron que la fiscal general podrá ser removida por la persona titular del Poder Ejecutivo con base en el artículo 142 de la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, además de cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.
En un texto se señala que la “ahora ex titular” incumplió diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 68 señala que los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de
obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.
También que incumplió en los términos de los artículos 131, 149 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ordenar la detención de los policías involucrados.
Y señala que Valdovinos Salmerón “ha sido incapaz de reducir los índices delictivos y lograr avances significativos en la resolución de casos de alto impacto”.
La decisión de removerla se fundamenta “en la obligación de garantizar el cumplimiento de estas leyes, la eficiencia en la procuración de justicia y salvaguardar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, principios que son pilares fundamentales para el estado de derecho y la justicia” en el estado.
En la asamblea general de la sección 7 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), la secretaria general del Comité Ejecutivo Central (CEC), Adela Hernández Angelito, exigió al Congreso del Estado la destitución de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Argumentó que el martes, durante la irrupción de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en las instalaciones de la Fiscalía, Valdovinos Salmerón puso en riesgo la integridad física de los trabajadores y anunció que a partir de este miércoles iniciarían un paro laboral de tres días, para exigir al Congreso local la destitución de la fiscal.
Hernández Angelito informó que la fiscal puso en riesgo la integridad física de los trabajadores de la FGE al no permitirles salir antes de la protesta de los estudiantes de Ayotzinapa, “al no desalojar de manera oportuna a todos los compañeros trabajadores”.
En una asamblea, que se transmitió por Facebook, la dirigente sindical denunció que hubo omisión por parte de la dependencia y su titular, poniendo en peligro la vida de cada uno de los trabajadores, “por eso, hoy estamos tomando esta decisión y fijando este posicionamiento”, dijo Hernández Angelito.
Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, “que haga este cambio tan importante, porque desde la llegada de la fiscal no hemos visto avances para los trabajadores, puras amenazas, hostigamientos”.
También pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que tome cartas en el asunto.
A los diputados del Congreso local les solicitó que “regresen a ver a la población, no nada más a la base trabajadora que estamos viviendo un clima de zozobra. Somos seres humanos y también valemos igual que otro compañero que ha perdido la vida”.
La dirigente sindical dijo que en adelante ya no quieren diálogo con las autoridades del gobierno estatal, hasta que se vaya la fiscal, y los sindicalizados corearon, varias veces, “fuera la fiscal, fuera la fiscal”.
Hernández Angelito indicó que “ya basta de tanto hostigamiento de la fiscal hacia los trabajadores sindicalizados, y de incumplimientos, como el seguro de vida”.
“Se imaginan que pasara una desgracia tan grande, lo cual no queremos, queremos que se cumpla lo que por derecho nos corresponde”, señaló.
Denunció que hay muchas familias a las que no les han pagado el seguro de vida de los agremiados.
Informó que además del llamado público, enviarán un documento al Congreso del Estado, “si no tenemos respuesta, convocaremos a hacer otras actividades” y los trabajadores corearon: “Si no hay solución, nos vamos al plantón”.
La dirigencia sindical les dijo a sus agremiados que no tengan miedo, “que nos vamos a defender todos, para que se haga valer lo que por derecho nos corresponde. Basta ya de hostigamientos y pedimos la destitución de la fiscal”.
La secretaria general de la sección séptima del SUSPEG, Ana Jazmín Acosta González, convocó por su parte al personal operativo, policías ministeriales, peritos y administrativos de la FGE, que se sumen a la demanda de los sindicalizaos para la destitución de la fiscal.
Al grito de “va caer, va a caer, Sandra Luz va a caer”, la secretaria general del CEC del SUSPEG informó que estos tres días, miércoles jueves y viernes, pararán labores.
La fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que presentó este miércoles ante el Congreso local su solicitud de “licencia temporal” para separarse del cargo de Fiscal General del Estado de Guerrero (FGE), por un periodo de seis meses sin goce de sueldo, “para atender asuntos de carácter personal y familiar que requieren de mi atención”.
La funcionaria se va temporalmente en medio de la crisis de violencia e inseguridad que ha dejado en distintos momentos sin el servicio de transportes a ciudades importantes de la entidad como Acapulco, Taxco, Iguala y Chilpancingo.
La presentación de su solicitud de licencia fue notificada la tarde de ayer mediante un breve boletín de prensa.
En él informó que conforme a la Ley de la materia en su ausencia, asumirá como encargado de despacho el vicefiscal de Investigación, Zipacná Jesús Torres Ojeda, “en el concepto que una vez que desaparezca la causa de la presente solicitud, continuaré desempeñando el cargo nombrado”, aclaró.
“Hago del conocimiento que en uso del ejercicio de mi derecho de petición de manera pacífica y respetuosa, el día de hoy (ayer) eleve ante el Honorable Congreso del Estado, mi solicitud de licencia temporal para separarme del cargo de Fiscal General del Estado de Guerrero, por un periodo de seis meses sin goce de sueldo, para atender asuntos de carácter personal y familiar que requieren de mi atención”, refiere el escrito.
Y agrega: asimismo, en mi ausencia asumirá el despacho el Dr. Zipacná Jesús Torres Ojeda, actual vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, conforme a la Ley de la materia; en el concepto que una vez que desaparezca la causa de la presente solicitud, continuaré desempeñando el cargo nombrado.
Ayer, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda urgió mediante un comunicado a la FGE “respetuosamente” que se realice la investigación y el esclarecimiento de todos los ataques a los transportistas y le pidió combatir la impunidad y entregar resultados.
La manta que explica por qué cerró la taquería y pozoleria Chely Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
Familiares de un comerciante asesinado a balazos el 14 noviembre pasado, colocaron una lona afuera de su restaurante frente a la playa Tlacopanocha, para anunciar su cierre definitivo y denunciar que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no otorgó seguridad, a pesar que denunciaron el delito de extorsión.
En declaraciones a reporteros, la comerciante Aracely Bautista Vicente reclamó que la fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, le recomendó, “que me fuera de Acapulco porque mi vida corría peligro”.
El negocio de venta de tacos y pozole se ubica a un costado del popular restaurante Tamales Licha, cerca de la cancha de la CROM.
Narró que su esposo fue asesinado en su presencia en su negocio, “dejando en total desamparo a su familia”.
Reprochó que ya había acudido a denunciar el delito de extorsión ante la Fiscalía Regional de Acapulco en dos ocasiones este año.
Criticó que la FGE no otorgó seguridad a su familia o al menos recorridos de la policía, afuera de su negocio que tenía 20 años funcionando, “yo pedí protección y llevé pruebas, pero no me hicieron caso”.
Indicó que el crimen ocurrió a cinco días de reactivar su negocio, luego del impacto del huracán Otis, “apenas íbamos otra vez a reactivar la economía y nos pasa esto”.
Sostuvo que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la citó, y en esa reunión lejos de hacerle justicia le dijo que se fuera de Acapulco.
Puntualizó que no “me queda otro remedio que irme de Acapulco con mis dos hijas y nietos”, pero exhortó a quienes han sido víctimas de la misma tragedia que denuncien y no se queden callados.
Admitió que por la delincuencia organizada la situación en Acapulco “es muy difícil”, pero dijo que tiene confianza en que cambien las cosas en el puerto.
Dijo que su esposo se llamó José Alfredo Orozco y fue atacado adentro del negocio.
“Era un negocio limpio y familiar y lamentablemente mi vida cambió y no me queda otra opción que irme de Acapulco”, concluyó.
El Vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el fiscal regional de Acapulco, Rafael Saldaña Julián en conferencia de prensa en Acapulco Foto: Jacob Morales
Jacob Morales Antonio
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fueron abatidos dos líderes y se detuvo a siete integrantes de una célula del grupo criminal Los Rusos, que operaba en el Mercado Central, a los que responsabiliza de 34 asesinatos.
“La mayoría de sus víctimas eran de bandas contrarias”, aseguró la dependencia, y agregó que también eran esponsables de extorsionar a negocios del centro de Acapulco, generando al mes casi 2 millones de pesos en “cuotas”.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Acapulco, la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón informó que la próxima semana se darán detalles sobre las detenciones e investigación del asesinato del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, ejecutado el 10 de septiembre pasado, dos días después de asumir como titular en esa región.
La fiscal dio a conocer que la noche del 28 de noviembre, agentes de la Policía Investigadora Ministerial acudieron a la colonia 20 de Noviembre para cumplimentar una orden de aprehensión, por el delito de desaparición de persona, cometida por particulares en contra de Ramiro “N”, alias El Marino y/o El Comandante 18, uno de los principales generadores de violencia en el puerto, y líderes del grupo criminal Los Rusos.
Durante esta operación los agentes fueron agredidos a balazos, repeliendo la agresión, abatiendo en el enfrentamiento a Ramiro y Francisco “N”, alias El 340, principal colaborador de El Comandante 18, sin que hubiera lesionados o bajas por parte de personal de la FGE.
En el lugar se aseguró un vehículo, armas de fuego y un machete, “destacando que la actuación del personal de la FGE se realizó con pleno respeto a los derechos humanos”.
La fiscal precisó que Ramiro era el líder de la célula que opera en el Mercado Central denominada Comandante 18, perteneciente al grupo delictivo Los Rusos, y “quienes mantienen una confrontación por el control de la zona centro del municipio de Acapulco, contra remanentes del Cártel Independiente de Acapulco (Cida)”, generado una creciente ola delictiva.
Informó que luego de labores de investigación, tanto en gabinete como en campo, el área de inteligencia supo de la existencia de la célula delictiva, conformada por al menos 50 personas, bajo el mando de Ramiro, quienes están distribuidos en su mayoría en la zona del Mercado Central, La Cima, Carabalí y 1 de Mayo, logrando identificar a algunos de sus principales integrantes, zonas de movilidad, vehículos en los que se transportan, puntos de halconeo, método de comunicación e incluso el inmueble habilitado como casa de seguridad, para la concentración de armamento y ejecución de homicidios, por desmembramiento y/o asfixia con torniquetes en el cuello.
A la fiscal se le preguntó por el número de bandas que mantiene presencia en el municipio, señalando que son tres, que se están disputando el territorio, “entre ellas, el grupo más fuerte es de Los Rusos”, que no está desarticulado porque quedan líderes prioritarios de esa organización por se capturados.
Valdovinos Salmerón afirmó que con las detención de estas personas habrá una baja en los homicidios en la zona Centro de la ciudad, Progreso, La Cima, La Laja y Alta Progreso.
Una reportera preguntó acerca de los motivos de los asesinatos y si éstos habían sido por delitos de secuestro y extorsión realizados por esta célula, “por lo general, podemos nosotros inferir, por las labores de inteligencia, que la mayoría de sus víctimas eran de bandas contrarias”.
Las víctimas de la célula Comandante 18
Valdovinos Salmerón dijo que Ramiro es “responsable de haber ordenado y participado en al menos 34 homicidios en lo que va del año, así como en la desaparición de decenas de personas”, entre éstos, los de cinco de las siete personas que fueron sacadas de un anexo en la colonia Bella Vista.
La fiscal puntualizó cada caso, en orden cronológico. El primero acontecido el 27 de enero de 2023, en la Unidad Habitacional Fovissste, donde fue localizado un hombre desmembrado, con dos cartulinas firmadas por “El Comandante 18”.
El asesinato de un hombre localizado el 1 de julio, en la calle Amates, con Carretera Federal Acapulco-Zihuatanejo, atado de pies y manos, con una bolsa de plástico blanca en la cabeza. El homicidio y la decapitación de tres hombres, cuyas cabezas fueron esparcidas el 27 de agosto en la avenida Ruiz Cortines, en la colonia La Laja, encima de tres vehículos.
Así como los homicidios de cuatro personas, el 11 de septiembre, y cuyos cuerpos desmembrados fueron dejados dentro de un taxi azul robado horas antes, modelo Versa, en la calle Lerdo de Tejada, en el Centro.
Además, dijo que los integrantes de este grupo criminal son responsables de los 17 cuerpos localizados en fosas clandestinas, en la jornada de búsqueda de desaparecidos que se realizó del 18 al 27 de septiembre, en el poblado Carabalí, a 700 metros del Parque el Veladero, donde fueron localizados, de los cuales, 16 restos fueron identificados y entregados a sus familiares.
La fiscal dijo que un cuerpo más se localizó hace poco en la misma zona, sumando en total 18 personas. Entre las víctimas estaban los cuerpos de cinco de las siete personas que fueron privadas de su libertad del centro de rehabilitación Renovación Espiritual, el 1 de septiembre, en la colonia Bella Vista.
Otro de los crímenes que cometieron los integrantes de la célula criminal, son el registrado el 27 de septiembre en la calle del Mercado, de Hogar Moderno, donde se localizó un cuerpo desmembrado dentro de costales. Así como el 1 de octubre, con las mismas características, pero en la calle 6 de Enero esquina con Chilpancingo, en La Laja.
El 14 de octubre, en la misma colonia pero sobre la avenida Ruiz Cortines, fueron localizadas dos cabezas cercenadas sobre el toldo de un taxi azul modelo Chevy, mismo que fue robado. El 24 de octubre fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados, en la segunda sección de la quinta etapa Infonavit Alta Progreso, y el 22 de noviembre sobre la calle Coahuila, de la Progreso, fue localizado un hombre asesinado por asfixia con torniquete en el cuello, junto a una cartulina.
Detienen a cinco por el asesinato de un estudiante
La fiscal Valdovinos Salmerón informó que dentro de las acciones emprendidas para debilitar a este grupo delictivo, está la ocurrida el 23 de noviembre, cuando personal de la FGE, Ejército y Guardia Nacional, lograron la detención de cinco hombres en flagrancia, por el delito de homicidio calificado, cometido contra el estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, Axel Omar.
Los detenidos, cuyas fotos presentaron, son José “N” alias El 0 y/o El Gordo; Bladimir “N”, Víctor “N”, Rene Jhosimar “N” y Kevin “N”, integrantes de la célula El Comandante 18, quienes fueron vinculados a proceso por homicidio.
La fiscal explicó que la detención ocurrió en una casa de seguridad, que quedó bajo resguardo de la FGE, ubicada en la colonia Progreso, y se localizó sin vida a Axel Omar, quien horas antes había sido privado de su libertad.
“Este inmueble era utilizado como casa de seguridad para la concentración de armamento y privar de la vida a sus víctimas, generalmente por desmembramiento y/o torniquete. Asegurando, además, armas y granadas”, indicó.
Cayeron dos por extorsión a negocios
Para el 28 de noviembre personal de la FGE logró la detención en la colonia Providencia de Samir “N”, alias El 66 y Bernabé “N”, alias El 11, a este último se le aseguró un arma. Estas personas fueron vinculadas a proceso por el delito de extorsión.
Valdovinos Salmerón señaló que el grupo delictivo realizaba cobros “de cuota por descarga, derecho de piso y supuesta seguridad a comerciantes fijos y semifijos”, principalmente en el Mercado Central, en la colonia La Cima, Carabali y 1 de Mayo.
“Lo anterior, representa un duro golpe a la estructura criminal y financiera de Los Rusos, poniendo fuera de circulación a nueve individuos, y un ingreso aproximado mensual de 2 millones de pesos”. La fiscal agregó que “con la desarticulación de dicha célula, se prevé que los homicidios efectuados con la característica que los distinguía, se reduzcan en comparación a los meses pasados”.
La fiscal estuvo acompaña del vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, y el fiscal regional de Acapulco, Rafael Saldaña Julián.
