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Sigue lenta la remodelación dentro del recinto de la Feria de Navidad y Año Nuevo en la capital

Las instalaciones del Recinto Ferial en la colonia Los Ángeles al oriente de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

En las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, ubicadas en la colonia Los Ángeles, todavía no instalan las lonas para ubicar a los comerciantes y ayer tampoco laboraron los trabajadores.
Durante un recorrido dentro del recinto ferial, se observó que el espacio destinado para los vendedores de comida, antojitos mexicanos, frituras, ropa y artesanías ubicado a un lado de la Plaza de Toros Belizario Arteaga sólo está aplanado con tierra.
En los terrenos donde se ubicaban los puestos de ropa, artesanías, trastes, cobijas, enseres domésticos y juegos, aún lucen los montones de tierra y permanecen sin avance los cimientos de muros de concreto con varillas.
El sitio donde se encontraba el palenque de gallos, al otro lado de la plaza de toros, permanecen igual sólo las gradas y varillas.
En la obra de la remodelación de las instalaciones del recinto ferial, no se había ningún trabajador, a pesar que las autoridades del municipio pidieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) que se entregue el lugar para habilitarlo y colocar a los vendedores.
Mientras que en las canchas de fútbol de la colonia Los Ángeles, tampoco han colocado las lonas y los juegos.
El viernes en una entrevista para El Sur, el presidente del Patronato de la Feria Cristian Valadez González, informó que el 7 de diciembre iniciarán los trabajos para habilitar una parte de las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, para que se lleve a cabo esta celebración y mencionó que los comerciantes de comida aceptaron el lugar que se les asignó.
El martes pasado, comerciantes que venden sus productos en la feria, bloquearon una hora y media las calles Heroínas del Sur y Velázquez de León, al lado del recinto ferial, para exigir a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez y a Valadez González la cancelación de la celebración; argumentaron que no hay condiciones para instalar sus puestos, debido a la remodelación del lugar que no ha concluido y se quejaron de los altos costos de permisos por vender sus productos. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

No les pagan a trabajadores del Fonden porque se acabó el presupuesto, argumenta la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello aseguró que el incumplimiento del pago de los salarios devengados de los trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), se debió a que el presupuesto se terminó, pues la construcción y reconstrucción de obras para damnificados en 2013 se prolongó, cuando se esperaba que en dos años se terminara.
Aseguró que la Sedatu está buscando definir de dónde se les pagará, pero que le informaron que ya estaban capturando la nómina y que en cualquier momento se liberaría.
Mientras, un trabajador que pidió que no se publicara su nombre contó que el martes se reunieron con el delegado, quien les dijo que este miércoles sus pagos, que son de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales, estarían depositados, pero no fue así, por lo que definirán un plan para acudir a la Sedatu en la Ciudad de México.
El 10 de diciembre, los trabajadores denunciaron que no les habían pagado salarios ni viáticos de cuatro meses, y que estaban poniendo de su bolsa para trasladarse a los lugares donde supervisan la reconstrucción de obras que dañó la tormenta Manuel, y anunciaron el inicio de un paro laboral ese mismo día.
“Cuando se crea el fideicomiso para atender las consecuencias de los fenómenos Manuel e Ingrid se dota de una capacidad presupuestal para la ejecución de las acciones por un monto determinado, la operación de ese programa específico representa el 4 por ciento de la inversión total”, explicó el delegado en consulta telefónica, sin embargo no supo precisar la cantidad presupuestal, dijo no lo tenía a la mano.
Expuso que ese porcentaje estaría destinado al trabajo administrativo, es decir, la supervisión de las obras. Agregó que se esperaba que el proceso de reconstrucción se terminara en un periodo máximo de dos años después del paso del fenómeno en septiembre de 2013. Sin embargo, dijo que los trabajos llevan más de tres años, y el presupuesto se terminó.
“En términos presupuestales, esto representa cerca de 1.8 millones mensuales, el gasto que genera la unidad técnica, ahí te estoy hablando de honorarios, te estoy hablando de vehículos, te estoy hablando de combustibles, viáticos”, detalló.
Sostuvo que el dinero nunca estuvo en la delegación, sino en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que la delegación solamente pide con una comprobación para los pagos, y así lo liberan. Pero el dinero se agotó, y desde marzo comenzaron a gestionar recursos en las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México, pero es complejo porque se tiene que buscar la manera de justificar que 58 personas tienen que trabajar en una delegación, “es atípico”, abundó.
Armenta Tello agregó que, “se ha buscado de muchas maneras la forma de solucionarlo, finalmente creo que ya hay uno, porque me decían que incluso ya estaba capturando la nómina”.

Incumple la Sedatu su compromiso de liberar bonos para construir casas de integrantes del FDP

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no liberó, en la primera semana de enero como prometió, los bonos para construir 317 casas de integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP), luego de que la delegación no entregó a tiempo la documentación en las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México en octubre.
El 19 de diciembre, integrantes de la organización se manifestaron afuera de las instalaciones de la delegación y bloquearon el bulevar del río Huacapa porque la delegación de la Sedatu no entregó a tiempo la documentación para solicitar bonos para viviendas, cuando en otros estados ya incluso los habían liberado.
Ese día se reunieron con representantes de la Sedatu que les dijeron que enviarían nuevamente la documentación de uno de los cuatro grupos que se formaron para entregar los documentos, y que para el martes enviarían el resto para que, a más tardar en 15 días liberaran los bonos, y en enero compraran los materiales de construcción. Se cumplió el plazo y no sucedió.
Consultada telefónicamente la dirigente de la organización, Clemencia Guevara Tejedor informó que no les liberaron los bonos, y por ellos, sus representantes nacionales acudirían a una reunión en la Ciudad de México al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), donde preguntarán qué pasó con los apoyos para el FDP en Guerrero.
Agregó que temen que no les den los bonos pretextando las reformas estructurales y el alza de los precios de la gasolina.
“Con todo lo que está sucediendo en el país nos queda claro que la intención no es resolver los problemas de la ciudadanía sino agravarlos, y eso ya lo veníamos anunciando desde antes, que las reformas estructurales no nada más perjudicaban a los maestros, perjudicaba a todos; el terrorismo de estado que están sembrando… están sembrando psicosis y tratan de involucrarnos (diciendo) que somos las organizaciones que andamos saqueando, cuando no es así”, acusó.
Guevara Tejedor también asegura que no los han citado para hablar sobre la persecución de hombres armados en una camioneta que los siguieron en Tierra Colorado, luego de que el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas Vargas les prometió que este mes se reunirían con el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Se compromete la Sedatu a dar el viernes una fecha para pagar a trabajadores del Fonden

Trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), se reunieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, con quien acordaron que, a más tardar el jueves les avisarán cuándo les pagarán los salarios y viáticos que les adeudan, esto después de que el viernes bloquearon y tomaron las instalaciones de la dependencia en Chilpancingo.
El viernes, los trabajadores se plantaron ocho horas afuera de la Sedatu, y durante seis horas bloquearon el bulevar del río Huacapa, al sur de la ciudad, para exigir el pago de tres meses y los viáticos que les adeudan a unos 15 compañeros, de los 50 que laboran en el programa. Además colocaron pancartas en las que se leían su exigencia a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga.
Luego de no ser atendidos, los trabajadores se retiraron sin despegar las cartulinas y dejando el edificio cerrado con candados para retomar este lunes la protesta indefinidamente.
Ayer, cuando los trabajadores comenzaron su protesta, les dijeron que al mediodía el delegado Armenta Tello se reuniría con ellos y les daría información, por lo que ya no protestaron.
Al término de la reunión privada con el delegado, se preguntó a los inconformes si les habían dado solución a sus demandas. Un trabajador, que pidió reservar su nombre, dijo que aún no tenían una respuesta, y que les dijeron que a más tardar el jueves les dirán qué día les pagarán los adeudos.
“Hay una propuesta de oficinas centrales, en México, y se abrió una puerta, una posibilidad que ya se agilice el pago esta semana; entonces, pues ya con eso nos quedamos; la verdad, también es algo desgastante”.
Los trabajadores del Fonden acordaron ya no bloquear y descolgar sus cartulinas, pero no regresarán a trabajar hasta que les resuelvan totalmente su demanda.
Los adeudos son de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales a cada trabajador; desde hace un mes no supervisan ni hay reconstrucción de obras dañadas durante las tormentas Ingrid y Manuel, pues tendrían que poner de su bolsa para continuar laborando.

Siguen damnificados de 2013 en zonas de alto riesgo en el cauce del río Huacapa en Chilpancingo

En Chilpancingo, el gobierno y las familias damnificados no aprendieron la lección que les dieron hace tres años la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
El gobierno incumplió las reparaciones de los daños ocasionados por las lluvias de los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2013, y para mitigar daños similares posteriores. Tampoco reubicó a todas las familias que viven en zona de alto riesgo a lo largo del encauzamiento del río Huacapa.
Mientras tanto, más de 100 familias damnificadas se negaron a ser reubicadas y siguen viviendo en las márgenes del cauce que hace tres años se desbordó al botarse las compuertas de la presa del Cerrito Rico y que dejó daños incuantificables.
Algunas de estas familias, incluso, viven allí, a pesar de que tienen asignadas viviendas en el fraccionamiento El Mirador que construyó al sur de la capital la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para las familias damnificadas de Ingrid y Manuel.
El vicepresidente del Comité de Desarrollo de la colonia Industrial I, Juvencio Díaz Palemonte, y el presidente del Comité de Desarrollo de la colonia San Carlos, Fidel Salmerón Salvador, denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependiente del gobierno federal, desvió los recursos destinados para el encauzamiento del río Huacapa, porque en la parte norte de la ciudad quedó más de un kilómetro y medio sin encauzar y falta construir un puente vehicular.
Consultados por separado, ambos dirigentes aseguraron que cuando conocieron el proyecto, el encauzamiento abarcaba hasta al pie de la presa del Cerrito Rico y un puente en la colonia San Carlos, que comunicaría a los habitantes de seis colonias del poniente de la ciudad.
Díaz Palemonte declaró que las colonias de esta zona de la ciudad ya se organizan para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise el destino del dinero para esta obra que quedó inconclusa.
Por su lado, Salmerón Salvador acusó que los recursos fueron desviados a las campañas electorales de 2015, “que casualidad que antes de estas elecciones decían que había presupuesto suficiente, y después suspendieron las obras por falta de presupuesto”, dijo.
Díaz informó que, en las colonias de la parte norte de la ciudad, la Conagua construyó sólo un kilómetro y medio del encauzamiento y dejó inconcluso otro kilómetro y medio.
Algunas de estas familias siguen viviendo ahí, pese a que tienen asignadas viviendas en el fraccionamiento El Mirador, que construyó al sur de la capital la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para las familias damnificadas de Ingrid y Manuel.
La Conagua se comprometió a encauzar el río Huacapa de la colonia Lucía Alcocer de Figueroa hasta al pie de la presa del Cerrito Rico, que es un tramo de aproximadamente 3 kilómetros, en donde hubo mayores daños, pues a unas 60 casas se las llevó la corriente y a otras las derribó. En ese lugar aún no se había encauzado el río.
Mientras tanto, de esa colonia al sur de la ciudad hasta la tienda departamental Liverpool, el encauzamiento ya estaba construido antes de Ingrid y Manuel. En este tremo, las constructoras contratadas por Conagua solamente parcharon las partes dañadas.
“El gobierno federal nos prometió que se iba a hacer el encauzamiento total, resulta que la obra se realizó solamente en un poco menos del kilómetro y medio, la otra mitad sigue igual, los trabajos están suspendidos desde el año pasado”, denunció Juvencio Díaz.
Declaró que, “es extraño porque la obra se realizaría con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que se supone que están etiquetados, disponibles, y que son urgentes para disponerse y aplicarse; pero en este caso no se han ejecutado”.
Díaz Palemonte insistió en que está convencido de que lo que pasó aquí fue un desvío de los recursos asignados, y anunció que las colonias de esta zona se organizan para solicitar a la ASF que se audite el presupuesto que se autorizó para estas obras, puesto que debió ser aplicado.
El tramo de encauzamiento que se construyó, abarcó las colonias Lucía Alcocer, San Rafael Norte, Industrial I, El Amate y Asentamiento Jacarandas, y quedó pendiente poco más de un kilómetros y medio, en el que se hallan el Asentamiento Jacarandas, colonia Jacarandas, San Carlos, Brisas Norte y la colonia del SUSPEG.
En un recorrido el miércoles 7 de septiembre, en el trayecto de esas colonias se observaron más de un centenar de casas que permanecen asentadas en las márgenes, a pocos metros del río sin encauzar.
Una de las zonas de mayor hacinamiento de viviendas está entre la colonia El Amate y la colonia Jacarandas.
Aquí, una mujer joven que se presentó con el nombre de Joaquina, desde la puerta de su improvisada casa, construida de madera y lámina galvanizada, dijo que ahí viven su madre y una hermana. Declaró que las tres tienen casas asignadas en el fraccionamiento El Mirador que construyó Sedatu para las familias damnificadas, al sur de la ciudad.
La mujer informó que, de las tres sólo su hermana se fue a vivir a su casa de El Mirador. Explicó que ella y su madre seguirán viviendo aquí en tanto que no tengan todos los servicios públicos en El Mirador. Reconoció que, además, tienen que cuidar su casa y su terreno con el que se quedaron en la margen del río Huacapa. “Creo que no es posible que vuelva a llover tanto como hace tres años. No creo que pase nada”, respondió la vecina a la pregunta sobre los riesgos de permanecer en este terreno.
Díaz Palemonte informó que hay muchas familias que vivían en las márgenes del encauzamiento a las que ya les asignaron su departamento en El Mirador, para que el área que se supone que será de las vialidades quede liberada y disponible para cuando continúe la obra.
Sin embargo, en las colonias que están cerca de la presa, el área sigue invadida de decenas de casas habitadas.

Cumplió la Conagua el 90 por ciento del reforzamiento de la presa Cerrito Rico, reconocen vecinos

Juvencio Díaz reconoció que en cuanto a la obra de reforzamiento de la presa del Cerrito Rico se cumplieron las observaciones, sobre todo el caso de la grieta que tenía más de 20 años e implicaba el peligro de colapso del vaso.
Informó que el reforzamiento se cumplió en un 90 por ciento, “porque hubo observaciones que no quisieron acatar la constructora ni la Conagua”. Aunque reconoció que cuando menos los vecinos de la zona ya no tienen que estar pendientes de la grieta que implicaba riesgo.
“A mí me entristece que nos olvidemos de lo que pasó hace tres años. Hace un año, convocamos a todos los vecinos de estas colonias y les dijimos que había la necesidad de mandar un oficio al presidente de la República, Enrique Peña Nieto para que se entere de que solamente se ha hecho la mitad de esta obra, pero a veces asisten pocos a las reuniones, a otras definitivamente no van, en fin, yo veo mucha dejadez de los ciudadanos”, se quejó Juvencio Díaz.
Dijo que, a lo mejor el presidente de la República piensa que las obras que se programaron se terminaron y que los recursos se ejercieron al 100 por ciento, cuando no es así.
“Por eso yo quiero alertar a la ciudadanía a que no seamos apáticos, que busquemos la manera de hacerle del conocimiento al Presidente de que falta la mitad del encauzamiento y que mientras esta obra no se construya, el problema persiste. No hay garantía al 100 por ciento, por lo menos en ésta zona, de que estamos seguros o de que no vamos a ser inundados en otra ocasión”, comento Díaz Palemonte.
Otro de los incumplimientos en esta zona fue la construcción de un puente vehicular en la colonia San Carlos, que comunicaría a seis colonias del lado poniente.
Actualmente, los vehículos atraviesan por un puente improvisado que está a punto de caerse. Mientras que los transeúntes pasan por un puente colgante hecho de pedazos de maderas sostenidas con alambre.
Las colonias asentadas al poniente del encauzamiento son la San Carlos, Las Brisas, Amate Amarillo, Cafce, 21 de Marzo y Las Palmitas.

Reclaman vecinos que falta construir un puente que comunicaría a seis colonias capitalinas

El presidente de la colonia San Carlos, la más cerca del vaso de la presa, Fidel Salmerón Salvador dijo que además del encauzamiento que quedó inconcluso, a ellos no les construyeron un puente y que les preocupa que tras las lluvias del 3 y 4 de septiembre pasado, el agua de la presa estaba a punto de desbordarse nuevamente, y que como hace tres años quedarían incomunicados al aumentar el caudal del arroyo.
Denunció que cuando comenzaron las lluvias les prometieron que les mandarían unos tubos para ampliar el puente vehicular, “pero hasta la vez no llegan”.
El representante de los vecinos, dijo que cuando se anunciaron las obras para resarcir los daños de Ingrid y Manuel, “todo mundo sabía, porque el presidente Peña Nieto lo dijo, que autorizó mucho presupuesto para reparar los daños de Ingrid y Manuel, resulta que de buenas a primeras ya no hay presupuesto”.
Recordó que todavía antes de las campañas (para gobernador, diputados y presidentes municipales de 2015), decían que había presupuesto suficiente, pero después de las campañas dijeron que ya no había nada. “Me imagino que lo desviaron para las campañas, porque aseguraron que era mucho el que había para las obras”, se quejó.
Salmerón Salvador contó que los trabajadores de la constructora guardaban en su casa su herramienta, y cuando se fueron, en octubre del 2015, le dijeron que “por falta de presupuesto” se suspendía la obra del encauzamiento.
Comentó que los representantes le dijeron que en la primera quincena de agosto pasado “soltarían” más presupuesto para reiniciar los trabajos, pero que en mayo pasado fueron a buscar la herramienta, maquinaria y el material que les quedaba, “y hasta la vez no regresan”.

Clausura la Profepa las casas para damnificados en Papagayo; no se hizo el estudio de impacto, informa la Sedatu

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró la unidad habitacional para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid que construyó la empresa Materiales Elementales, en Papagayo, municipio de Juan R. Escudero, debido a que levantó las viviendas sin el estudio de impacto ambiental.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello confirmó que a las 12 del mediodía de ayer recibió la notificación de la Profepa, a raíz de diversas observaciones que se venían realizando al fraccionamiento, en donde, de paso, las casas no reúnen las especificaciones técnicas para ser habitadas por las familias damnificadas de esa localidad.
Allí se construyeron 27 de las 34 casas destinadas para familias damnificadas por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid.
Las viviendas con paredes de madera y techos de láminas de asbesto fueron sobrepuestas en tablas embarradas de cemento que simulan un piso firme, pero éste fue colocado sobre troncos de madera de 10 a 15 centímetros de diámetro y aproximadamente un metro de alto, y la mayoría de ellos han comenzado a podrirse antes de que las casas sean entregadas a las familias.
Las 27 casas fueron colocadas en la punta de un cerro al poniente de la carretera México-Acapulco, antes de cruzar el río Papagayo, y ante las malas condiciones en que se encuentran, las familias se negaron a recibirlas.
Desde septiembre del año pasado quedaron abandonadas y con el tiempo han sufrido deterioro y han sido saqueadas por delincuentes que se llevaron accesorios del baño, cocina y hasta el cableado eléctrico. La zona carece de todos los servicios y de un acceso propio, denunciaron las familias que serían beneficiadas, en un recorrido con el delegado de la Sedatu el 21 de marzo, y en otro realizado con reporteros de El Sur el 30 de marzo.
Armenta Tello reconoció en entrevista con El Sur el 4 de abril que las fallas en la construcción de esas viviendas “son un extremo”, y advirtió que la constructora Materiales Elementales, tiene dos opciones: volver a ejecutar la obra, “si es su voluntad”, o enfrentar una situación legal para que responda por estos trabajos “mal calificados”.
Vía telefónica ayer, el mismo funcionario federal confirmó que la Profepa clausuró el fraccionamiento como consecuencia de observaciones que venía realizando, y la advertencia de que si no se hacía la manifestación de impacto ambiental sería clausurada.
Armenta Tello aseguró que se trató de un procedimiento “normal” de la Profepa.
Dijo que la dependencia encontró “un impacto que no debió haberse hecho y que tampoco podía ser mitigado”.
El delegado de la Sedatu, agregó que ahora lo que sigue es encontrar otro predio para construir las 27 viviendas, “tomando en cuenta a la Profepa para que la obra se haga sin incumplir con el impacto, y que sea uno que Protección Civil dictamine como habitable”, explicó.
Reconoció que el problema es que no han encontrado otro predio, “tuvimos una propuesta pero el acceso no está garantizado y no podemos considerarla como viable, necesitamos que el acceso al predio pueda ser garantizado y ahora estamos buscando la participación del municipio para que nos ayude, ya sea para encontrar una vía de acceso al predio, o encontrar otra opción”.
El funcionario federal informó que el predio que se busca es para construir las 27 viviendas que se encontraban en el predio que fue clausurado.
Antes, el funcionario había informado que en este predio se construirían 34 casas, ayer aclaró que las construidas son 27, pero que tendrían que construirse 34 que son las familias que resultaron damnificadas en ese pueblo.

Sigue parada la construcción de casas de damnificados en El Mirador, en la capital

Las obras para la construcción de viviendas para familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en el fraccionamiento El Mirador, al sur de la capital, siguen suspendidos debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) emitió una sanción porque la obra carece de un estudio de impacto ambiental.
Mientras tanto, un grupo de ingenieros civiles revisa las viviendas ya construidas y el terreno para verificar el riesgo, tras la denuncia de los beneficiarios de las casas ya entregadas ante la inestabilidad del suelo.
A dos años y medio de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, no han sido terminadas las mil 200 viviendas que se comprometió a construir la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para igual número de familias damnificadas, y por el contrario, las que ya fueron construidas están siendo valoradas por ingenieros encabezados por el universitario Roberto Arroyo Matus.
Consultados al respecto, los ingenieros se negaron a adelantar los resultados del trabajo, pues argumentaron que no están autorizados hasta que concluyan la revisión.
Mientras tanto, cientos de familias siguen en espera de que se les asigne su casa, pues de las mil 200 viviendas que se comprometió a entregar allí la Sedatu, a las familias damnificadas, sólo unas 300 han sido reubicadas.
Sin embargo, tras la denuncia del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, en el sentido de que las familias beneficiadas con las casas corren riesgo por la inestabilidad del terreno, se comenzó una revisión de las casas y del terreno, pero aún no se ha concluido el trabajo.
La denuncia también motivó que la Profepa suspendiera la obra, debido a que no encontró que se haya hecho un estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó la suspensión de la entrega de viviendas a las familias damnificadas, según fuentes oficiales de la dependencia.
En estas circunstancias, a dos años y medio de la devastación ocasionada por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, el resto de las casas que se construyen en ese predio podrían no entregarse, pues se ha determinado que el suelo no es factible para la construcción, según insistió el dirigente de la APPG Chávez Adame.
Y es que el predio en el que se edifican las casas para las más de mil familias afectadas por los fenómenos de 2013, presenta deficiencias, y corren el riesgo de deslaves y grietas que afecten a las familias, por lo que las casas ya no serán entregadas en ese lugar.
Actualmente están habitando sólo unas 300 familias de las mil 200 que serían reubicas allí, según informó inicialmente la Sedatu.
El dirigente cuestionó, que si tardaron casi tres años en construir las viviendas, entonces qué tiempo requerirán ahora para iniciar desde cero las casas para cientos de familias que perdieron sus hogares.
Mientras tanto, los vecinos que ya habitan algunas de las casas informaron que no tienen conocimiento de cuál es el siguiente paso de las autoridades luego del anuncio sobre la inestabilidad del predio. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay poca vigilancia en el predio El Mirador de Chilpancingo tras el desalojo de los invasores, se quejan damnificados

 

Luego del desalojo implementado por el gobierno estatal en el predio para damnificados El Mirador para sacar a las familias que de manera irregular viven en las casas, se comprobó que cuenta con poca vigilancia en su interior, ya que únicamente ocho policías estatales en dos patrullas fueron observados durante el recorrido.
A las 4 de la tarde, en una visita al fraccionamiento ubicado junto a la Autopista del Sol, se observó que una caseta de vigilancia construida con madera en el acceso al predio, y en la manzana 1A se encuentra estacionada una patrulla estatal con cuatro policías a bordo.
En una de las orillas del terreno, aledaño a la Manzana 1A, se constató que otra caseta fue improvisada para albergar a los policías, donde había otra patrulla con dos policías y tres motocicletas de la Policía Estatal estacionadas.
No obstante, tras adentrarse entre las manzanas en las que se hallan las 598 casas del predio, se comprobó que solamente dos policías a píe vigilaban las zonas donde fueron reubicadas la mayoría de las familias damnificadas.
Durante el recorrido, 10 vecinos de las colonias El Amate y Renacimiento, quienes fueron reubicados en la manzana 4-A el domingo tras el desalojo de al menos 30 familias que de manera irregular habitaban el terreno, manifestaron su alegría y agradecimiento a las autoridades por su intervención.
Dijeron que la mayoría de las casas que recibieron presentaron imperfectos debido a que forzaron chapas y candados, y dañaron puertas y ventanas.
Una vecina contó que recibió su casa con el drenaje colapsado, y permanece a la espera de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) acuda a reparar el daño
Los vecinos remarcaron que el único servicio básico con el que cuentan las viviendas es el drenaje, mientras que de la luz y el suministro de agua potable, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, se comprometió a entregarlos en el transcurso de este mes.
Consultada, la vecina Angélica García Miranda consideró que las principales urgencias de los habitantes recién reubicados en El Mirador son la instalación de la energía eléctrica y la escasa vigilancia que quedó en el predio, luego del desalojo de invasores coordinado por el gobierno estatal el domingo.
En cuanto a las declaraciones hechas por Armenta Tello, quien manifestó que el fraccionamiento permanecería resguardado por la Policía Estatal para vigilar las viviendas que aún no han sido entregadas y evitar una nueva invasión o represalias en contra de los beneficiados, la señora Angélica García contó que luego de la inspección de las brigadas de Sedatu para actualizar el padrón de viviendas regulares e irregulares, la mayoría de policías federales y estatales se retiraron.
“Todavía ayer (lunes), durante la inspección que hizo la Sedatu notamos la presencia de los policías, sin embargo, luego de terminar sus trabajos se retiraron casi todos, sólo unos cuantos permanecen en la entrada; parece que los policías cuidaron solamente a los brigadistas y no a nosotros, como beneficiarios del predio”, lamentó.
Subrayó que la vigilancia fue acordada en las mesas de diálogo con funcionarios gubernamentales y el delegado Armenta Tello, “aquí la mayoría somos mujeres, niños y adultos mayores; necesitamos que cumplan lo señalado en materia de seguridad, con más policías que nos vigilen, ellos tienen los elementos y ya comprobamos que pueden hacerlo”, indicó.

Entregarán casas a damnificados de El Amate en la capital, tras más de dos años

 

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena se reunió en el Ayuntamiento a puerta cerrada con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, y con damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel de la colonia El Amate, para informar que desde esta semana y hasta el 23 de diciembre recibirán sus casas en El Mirador.
No se permitió la presencia de reporteros en la reunión, y en un boletín emitido por el Ayuntamiento se informó que el gobierno municipal se comprometió a proporcionarles a los damnificados los servicios básicos en sus nueva viviendas, que estarán ubicadas en el fraccionamiento El Mirador, y que a partir de este lunes hasta el 23 de diciembre estarán siendo entregadas por la Sedatu.
En el comunicado explican que, “durante los últimos dos años, un total de 13 familias habían permanecido en condiciones precarias en un predio adyacente en la colonia El Amate, que ellos mismos denominaron Ingrid y Manuel”.
De estas familias, ocho ya contaban con un folio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que los define como afectados por los fenómenos naturales registrados en el 2013, lo que permitió que el gobierno municipal, la Sedatu y el Fonden les brindarán una opción de vivienda.
El Ayuntamiento de Chilpancingo instalará los servicios de agua y luz a las nuevas viviendas, dice el comunicado. Además del alcalde y del delegado de la Sedatu, también estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Demetrio Arciniega Cisneros; el secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Leyva Acevedo; el director del Instituto Municipal de Vivienda, Rodolfo Ruíz Carrera, y el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), José Alberto Lara Vargas.
En la misma reunión, también estarían presentes damnificados que ya viven en El Mirador, sin embargo no acudieron porque el alcalde les puso como condición que no se presentara el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, con el argumento de que no es damnificado. Los habitantes de El Mirador respondieron que pertenecían a la organización de Chávez Adame, y que si él no estaba presente no irían a la reunión.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la APPG aseguró que se movilizarán en la capital ante las actitudes que están asumiendo las autoridades municipales y las de Sedatu que condicionaron a los damnificados, y que además pretenden cerrar el paso por la Autopista del Sol.