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Guerrero, segundo lugar en deportaciones de indígenas de 2015 a 2019, informa la Segob

Agencia Reforma

Ciudad de México

Entre 2015 y 2019 se produjeron de Estados Unidos a México al menos 92 mil 851 deportaciones de migrantes mexicanos hablantes de alguna lengua indígena y pertenecientes a un pueblo o comunidad étnica, reportó la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Lo que representa 14.4 por ciento del total de eventos de devolución registrados durante ese periodo”, señala el estudio titulado Análisis de la Migración Indígena: una mirada a través del retorno migratorio involuntario desde Estados Unidos a México, 2015-2021.
“En contraparte, 85.6 por ciento de los eventos de devolución captados correspondió a personas migrantes mexicanas no indígenas. En otras palabras, esta población es minoritaria dentro de los flujos de devolución desde Estados Unidos hacia las diferentes entidades”.
El estudio, elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Segob, con base en una Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, indica que cada año se contabilizaron alrededor de 18 mil 570 deportaciones en promedio.
Revela que el 83.7 por ciento de las personas indígenas migrantes devueltas a México correspondió a hombres y 16.3 por ciento a mujeres; dos terceras partes de esta población, es decir, el 66.3 por ciento se encontraban entre los 15 y 29 años.
Los tres estados que concentraron cerca del 70 por ciento de la población indígena migrante devuelta desde Estados Unidos entre 2015 y 2019, fueron Oaxaca con un 35.35 por ciento, Guerrero con 18.56 por ciento y Chiapas con el 15.13 por ciento.
La Segob informó que, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, entre enero y septiembre de 2020, Chiapas registró 21 mil 824 eventos de devolución, lo que la ubicó en el primer lugar a nivel nacional como sitio de origen de esta población.
Esto representa un cambio significativo frente a años anteriores, pues el 2015 esta entidad se ubicaba en la posición número 10, con 9 mil 18 repatriaciones.
Entre 2020 y 2021, los principales municipios de origen de la población chiapaneca repatriada desde Estados Unidos fueron Tapachula con mil 368, Las Margaritas con mil 233, Chamula con mil 138 y Ocosingo con mil 35.
“En los últimos 20 años, dentro de los flujos de personas mexicanas devueltas a nuestro país por las autoridades migratorias estadounidenses, hay una composición crecientemente indígena”, agrega el estudio.
“Mientras que, en 1999 el 6.2 por ciento de esa población hablaba alguna lengua indígena, para 2019 este porcentaje se ubicó en 10.1 por ciento. Se estima que, actualmente, 1 de cada 10 eventos de personas migrantes mexicanas que cruza de forma irregular hacia Estados Unidos y es devuelta por las autoridades de ese país corresponde a una persona indígena”.

 

Pide Siempre Vivos a la Segob y al gobernador que “paren las masacres en Chilapa y Zitlala”

 

El presidente del colectivo de familiares Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro se reunió este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, a quien le solicitó su intervención ante el titular de la Secretaría, Miguel Ángel Osorio Chong, y ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “que ya paren las masacres en Chilapa y Zitlala”.
Consultado vía telefónica, Díaz Navarro informó que el encuentro fue breve, a las 2 de la tarde en la oficina del funcionario federal.
“Le dijimos que ya no pueden seguir esas masacres y que ya deben de intervenir, y le pedimos que de inmediato debería de intervenir ante el secretario de Gobernación, ante el gobernador Astudillo y ante quien corresponda para que haya una inmediata atención al problema de Chilapa, porque ya no pueden seguir esas masacres”, relató.
Dijo que le pidió que intervenga ante el gobierno del estado porque no está trabajando ni diseñando una estrategia efectiva, “la que están aplicando tiene años y no funciona”, reprochó Díaz Navarro.
El presidente del colectivo Siempre Vivos dijo que, según el funcionario federal, inmediatamente iba a plantearle la situación al secretario Osorio Chong y que se comunicaría con el gobernador de Guerrero.
En Chilapa, en menos de 24 horas dos mujeres, una de ellas embarazada, y tres hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos ocurridos entre la noche del sábado y el domingo. Además, una joven resultó herida en uno de los ataques. Mientras tanto, la noche del domingo al menos tres cuerpos calcinados fueron dejados en un vehículo cerca del retén militar y policiaco que se encuentra en el arco de entrada a esa ciudad.
Al respecto, Díaz Navarro informó que ésta es parte de la guerra entre los grupos criminales Los Rojo y Los Ardillos, “el problema es que en esa guerra se están llevando a mucha gente inocente, y los gobiernos federal y estatal no están haciendo nada para frenarlos”.
Explicó que, según los comentarios que ha escuchado de la gente, se suponía que en los últimos meses Los Ardillos ya habían prácticamente desplazado a Los Rojos de Chilapa, “pero nuevamente se han reforzado Los Rojos, y ahorita están dando la batalla para recuperar la plaza, y hay una fuerte confrontación, por eso se está dando esta situación”.
Dijo que el problema es que “están ocupando” a gente desarmada, como a niños y mujeres, para mandarse sus mensajes y demostrar su brutalidad, “creo que matar inocentes es una forma de imponer el terror, el miedo y el control”.
En cuanto a las declaraciones del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, en el sentido de que hay 500 militares desplegados en Chilapa, José Díaz declaró que, “si los hay, estarán en el cuartel yo creo, o están en sus filtros, pero no hacen nada, ya ves el carro de ayer (en la noche), fue incendiado a 100 metros del retén con tres cuerpos”.
Añadió que mientras no atrapen a los jefes de los delincuentes, la guerra no se va a acabar, que la Fiscalía General del Estado ya tiene órdenes de aprehensión, “yo no sé por qué no las ejecuta”.

Bloquean vecinos de la sierra de Atoyac tres horas la carretera; piden un puente y la salida del Ejército

Habitantes y comisarios del brazo serrano de Pie de la Cuesta en el municipio de Atoyac bloquearon por más de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir se les cumpla con la construcción de un puente y se retire el Ejército de esa zona.
Los manifestantes de las comunidades de La Cebada, Plan del Carrizo, Santo Domingo, Pie de la Cuesta y Las Fundiciones cerraron la vía federal de manera intermitente a la altura del entronque de la Y Griega y luego como a las 11 de la mañana cerraron el paso de manera total.
Solo se permitió el paso a ambulancias que trasladaban enfermos a la ciudad de Atoyac y Acapulco.
Cerca de 80 comisarios y campesinos exigieron la construcción de un puente en la localidad de Plan de El Carrizo después fue arrasado por la tormenta Manuel en 2013.
El vocero de los comisarios, Ignacio Ciprés Caballero dijo que el alcalde de Atoyac, Dámaso Pérez Organes, se había comprometido en campaña a que se iba construir un nuevo puente en esa zona.
A casi dos años de gobierno municipal, señaló que sólo quedó en promesas “por eso bloqueamos a ver si nos hacen caso, desde el 2013 estamos afectados, hemos sacado varios carros entre toda la gente porque se los lleva el río, por eso estamos aquí”.
Adelantó que no descartan hacer movilizaciones más radicales en caso de no ser atendidos.
Reiteró que el alcalde Dámaso Pérez se comprometió con los vecinos de la zona que no sólo iba a hacer un puente sino dos “pero con que nos haga el principal está bien”.
Los manifestantes dieron a conocer que en época de lluvias unos 3 mil habitantes de seis comunidades se quedan incomunicados.
Informaron que los pueblos más afectados son los de la parte alta de Santo Domingo, Pie de la Cuesta y Las Fundiciones, que quedan sin comunicación con la cabecera municipal.
Abundaron que el río de ese tramo es muy caudaloso en lluvias y ha arrastrado varias camionetas incluso murió un menor ahogado.
Además solicitaron que el Ejército regrese a los cuarteles ya que los militares abusan y tratan mal a los habitantes en los retenes de revisión que instalan.
Los pobladores acusaron que la revisión aparte de ser física también es en los celulares así como en sus productos que transportan como son despensa, “y es molesto además de que nos quita mucho tiempo, que regresen a sus cuarteles” pidieron.
A la hora del bloqueo fue retirado el retén de militares sobre el bulevar Atoyac-Y Griega, en la colonia Nuevo Horizonte.
Aproximadamente a la 1 de la tarde llegó el secretario de Gobierno municipal, Abel Gómez Ozuna, para dialogar con los manifestantes.
Después los manifestantes liberaron la vía y se trasladaron a la Ciudad de los Servicios (sede del Ayuntamiento) para firmar una minuta de acuerdos y programar una audiencia con el alcalde para que sean atendidos.

No se presentarán a la evaluación 420 de los 515 maestros notificados, informa la CETEG

El responsable de la comisión política de Costa Grande de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Manuel Salvador Rosas Zúñiga informó que a la evaluación del próximo fin de semana, para la permanencia de maestros que tiene dos años en servicio, al menos 420 de los 515 a los que el Servicio Profesional Docente les envío notificación, no participarán.
Agregó que estos maestros se encuentran enlistados con la CETEG, “ya tiene conocimiento la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) de quiénes son; ellos de manera voluntaria decidieron reservarse el derecho de participar en ese proceso de evaluación”. En declaraciones, Rosas Zúñiga indicó que hay un acuerdo con el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, de que se respete el criterio voluntario de la evaluación, según los acuerdos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Informó que los 420 maestros no irán a ese examen de permanencia porque las condiciones en que fueron contratados son distintas a lo que se ha señalado; cuando esos maestros fueron contratados, en 2013 se estaba en una etapa de incertidumbre en Guerrero, ya que ante la lucha que se dio, la asignación de nombramientos fue bajo la características de “interinos ilimitados”, y la reforma educativa aterrizó en Guerrero hasta 2014.
Explicó que a los maestros les asiste el derecho a que no se les aplique la ley de manera retroactiva, pero además hay acuerdos políticos de que se respete el criterio de la evaluación voluntaria; lo que “le debe quedar claro a la SEG y al Servicio Profesional Docente es que no vamos a permitir que a ningún compañeros se le quiera obligar a participar en esto, tenemos un acuerdo político y, si ellos no lo cumplen, será la movilización del magisterio la que tendrá que encargarse de hacerlo cumplir”, dijo Rosas Zúñiga.
Señaló que la evaluación será voluntaria al menos hasta 2018, por lo que el proceso voluntario se debe respetar en Guerrero de acuerdo a las listas que se presentaron.
Los maestros manifestaron que tienen la confianza en que la ley educativa será derogada, porque no tiene futuro, no tiene cabida.

No puede haber ínsulas de no aplicación de la ley, dice Leyva Mena de la salida del Ejército

El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena declaró que no puede haber ínsulas de no aplicación de la ley, “de no tránsito de la autoridad, porque eso se convertiría en impunidad”, en referencia a las exigencias de vecinos de Petaquillas para que salga el Ejército de su comunidad.
El alcalde aseguró que se ha mantenido atento al asunto, y ayer se reuniría con el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, a quien le plantearía la posibilidad de permitir el libre tránsito de las corporaciones policíacas.
Este miércoles vecinos de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, transportistas y policías rurales se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, y con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, con quienes acordaron que la seguridad estaría en manos de la Policía Rural.
Esta reunión se dio tras las seis horas de bloqueo el martes, en la carretera federal México-Acapulco, al sur de Chilpancingo, como medida de presión de los manifestantes para exigir la salida de un campamento militar instalado frente a la entrada de petaquillas tras la irrupción de sicarios a la comunidad de Chacotla.
Consultado al concluir su participación en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en Palacio de Gobierno, el priista Leyva Mena señaló que tiene la misma información que el gobernador Héctor Astudillo Flores, “sobre de que de alguna manera esos grupos extraños están interesados en que no entre el Ejército”.
Agregó que la intervención del gobierno del estado en el conflicto es la reacción de una autoridad prudente y sensata, ya que, “si estiras mucho la liga, eso hubiera terminado obviamente en términos de enfrentamientos armados que no le convienen a nadie”.
Dijo que la acción de los gobernantes en este tipo de situaciones debe ser muy cuidadosa y ponderada en beneficio de la vida de sus habitantes.
Sobre la situación de inseguridad, reiteró que no es un problema nuevo y reafirmó que merece toda la atención de los tres órdenes de gobierno. “Por tratarse de estos grupos, le corresponde a la federación, para entrar en una ruta de estabilidad y buen gobierno”, señaló.
A pesar de que el alcalde no ha participado en la mesas de negociaciones con los habitantes de Petaquillas y el gobierno del estado, dijo que se avanza en un ruta de diálogo y razonamiento. “Yo entiendo que hay una población alarmada ante esta situación, y estamos en este momento coordinándonos con las autoridades para que no suceda un enfrentamiento”, comentó.
Aseguró que, a pesar de los hechos registrados en la comunidad, hay un riesgo controlado, ya que mientras haya diálogo, todo estará tranquilo para avanzar en la ruta de una solución a la petición de los pobladores.

Se va el Ejército de Petaquillas; la Policía Rural se encarga de la seguridad, acuerda con funcionarios

Vecinos de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, transportistas y policías rurales se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, y con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, y acordaron que la seguridad en esa comunidad estará en manos de la Policía Rural y que con ésta, el Ejército y fuerzas federales y estatales harán operaciones conjuntas.
La reunión fue resultado de más de seis horas de bloqueo el martes a la carretera federal a Acapulco, al sur de Chilpancingo, como medida de presión de los manifestantes que exigieron la salida de un campamento militar instalado frente a la entrada a Petaquillas tras la irrupción de sicarios a la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán, que ejecutaron a seis jóvenes. Según los inconformes, los militares interrogaron a algunas personas, presuntamente sobre esos hechos.
En la reunión se iba a tratar el retiro del campamento militar, pero horas antes de que comenzara la reunión, éste ya se había levantado.
A las 10:30 de la mañana inició la reunión en la comisaría municipal de Petaquillas, a la que asistieron el comisario Mario Flores Castrejón, el representante de transportistas de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, Romuel Vázquez Vélez, representantes de la Policía Rural y dichos funcionarios.
En la reunión, los funcionarios de los gobiernos federal y estatal informaron a los inconformes que la madrugada del miércoles se retiró el campamento del Ejército, ubicado cerca de la Unidad Académica de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), donde había 50 militares.
Además, acordaron que el Ejército y policías federales y estatales, participen en operaciones de seguridad con la Policía Rural en Petaquillas para evitar intimidaciones y roces.
El transportista Romuel Vázquez Vélez explicó que las corporaciones policiacas avisarán a los policías rurales cuando ingresen a Petaquillas a hacer recorridos u operativos de seguridad cerca de esta comunidad, “para que no haya un mal entendido con nuestros policías y para trabajar tranquilos”.
Comentó que ya no habrá intimidaciones policiacas a los vecinos, “para sacarles información de personas que ni conocemos y no sabemos porqué lo hacen, y en algunos casos encañonaban a la gente, además no dejaban trabajar a la Policía Rural, había roces entre ellos, ese es el problema”.
Vázquez Vélez dijo que los policías rurales trabajan las 24 horas y están al servicio de la comunidad, en la que ofrecen paz y tranquilidad a la población.
Un vecino se quejó de que las autoridades militares, federales y estatales no brindan seguridad, mientras que “nuestra Policía Rural sí atiende nuestras demandas; de qué sirve que los militares sólo se pasean, se van y no pasa nada, y nuestros policías, a la hora que sea atienden las denuncias”.
Otro vecino de Petaquillas reprochó a Ávila Morales y a Maldonado del Moral que, cuando suceden hechos de violencia, llaman al número de emergencia 066, ahora 911, “no nos hacían caso, llamábamos muchas veces, no nos pelaban y la población estaba desprotegida, pero ahora que tenemos nuestra policía estamos más tranquilos”.
La noche del martes, cuando los pobladores de Petaquillas, transportistas y policías rurales bloquearon seis horas la carretera federal México-Acapulco en la entrada del fraccionamiento Río Azul, ahí el delegado de la Segob, Ramiro Ávila Morales dijo que fuerzas federales y militares llegaron a Petaquillas por protocolos de seguridad tras los hechos de violencia que han ocurrido en la región.
La noche del lunes 30 de enero, sicarios irrumpieron en la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán, se llevaron a ocho vecinos, dos de ellos mujeres, y la mañana del miércoles mataron a los seis hombres. Ávila Morales dijo que “este operativo fue para brindar seguridad y detener a los presuntos responsables”.
Otra demanda de los vecinos de Petaquillas al gobierno del estado es que intervenga para que el Ayuntamiento de Chilpancingo les devuelva el carro de la basura para que se restablezca el servicio, “cuando el Ayuntamiento nos quita el carro de la basura, con nuestros propios vehículos tiramos la basura, lo cual es injusto”.
El transportista Vázquez Vélez pidió la construcción de un puente peatonal en las colonias Agua Zarca y Loma Bonita para beneficiar a los estudiantes la Secundaria Técnica 80, porque “cuando fue la tormenta Manuel, en septiembre 2013, se cayó el puente”.
En la reunión firmaron un documento de acuerdos: “Primero.- Retiro de las fuerzas federales y estatales del pueblo que Petaquillas. Segundo.- La seguridad de Petaquillas y sus colonias queda en manos de su policía. Tercero.- Darle seguimiento a la minuta firmada por autoridades municipales y federales en agosto pasado. Cuarto.- Darle seguimiento a la gestión para la construcción del puente peatonal que comunica a la secundaria técnica No. 80 Australia, ubicada entre las colonias Agua Zarca y Loma Bonita”.
El martes, en el bloqueo total a la carretera federal participaron vecinos de Petaquillas, transportistas de las rutas Tepechicotlán, Colotlipa y Mochitlán, que llegan a la capital y policías rurales.
Entonces, el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón informó que militares y federales, “la noche del lunes espantaron a la gente y encañonaron a algunos vecinos para sacarles información”.
El comandante de la Policía Rural, quien se reservó su nombre, comentó que tras los hechos de violencia en Chacotla, municipio de Mochitlán, “el gobierno implementó operativos de seguridad en esa zona y las corporaciones policiacas que pasaban por Petaquillas intimidaban a los policías rurales, y esto hubiera ocasionado una balacera”.

Piden su reinstalación trabajadores despedidos de Prospera en una reunión con el delegado de la Segob

Miembros de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, Juan Moreno Barrios, para dialogar sobre el despido injustificado de siete trabajadores de la delegación de Prospera.
En el encuentro, solicitaron la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa federal en el estado, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia.
Por segundo día, la Dirección Colectiva, a la que se unieron los trabajadores despedidos, mantienen tomadas las instalaciones de Prospera en la capital para obtener una respuesta positiva a sus peticiones.
Este miércoles, los trabajadores despedidos junto con miembros de la Dirección Colectiva se reunieron en el restaurante Verona con el delegado, la subdelegada de la Segob en el estado, Edith Marel Panchi Giles, y el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Jesús Romero Hernández, pero no acudió el delegado del programa federal, pese a que se informó un día antes que estaría.
En la reunión los trabajadores Mayra Morales, Felícitas Martínez Guzmán, Roselia Francisco Tranquilino, Rubén García García, Arturo de la O Nava, Manuel Vega Hernández y Adolfo León de Jesús entregaron un pliego petitorio al delegado, en el que exponen sus peticiones y agregan que, además de exigir el despido del delegado, también exigen el despido del subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano.
Manifestaron a los funcionarios su confianza en que darán solución a su demandas, y además solicitaron una reunión urgente con la coordinadora nacional de Prospera, Paula Angélica Hernández Olmos.
Nuevamente señalaron los motivos por los cuales están “en pie de lucha” y tomaron la delegación, y además de su despido injustificado denuncian que cuando laboraron en el programa los reprimían laboralmente.
Resaltaron que el delegado, cuando se entrevistaba con las trabajadoras les preguntaba de su estado civil, su número de hijos y, en tono de broma, les pedía sus tallas, lo que consideraron acoso sexual y violencia de género.
Añadieron que los jefes los obligan a hacer proselitismo político a favor del PRI, solapan el pago de viáticos a quienes no les corresponde y que, cuando sus compañeros han sido secuestrados lo único que les importa son los vehículos de la dependencia.
Además de los siete trabajadores hay otros 24 que fueron despedidos también, algunos desde octubre, sin embargo no quieren denunciar por temor a represalias.
Los trabajadores aseguraron que durante los años que laboraban en la delegación, nunca quedaron mal en su trabajo, no tuvieron ningún reporte y hasta sacrificaron momentos con su familia.
Calificaron de injusto el problema y que el delegado y los demás funcionarios los despidieron para poder para contratar a gente afín a ellos.
Asimismo, denunciaron que nuevamente dos hombres rondaron las instalaciones, tomaron fotos y grabaron con un celular, que los vieron platicar con un trabajador de Prospera.

Les sugieren proceder jurídicamente sin olvidar que son empleados por contrato

En la reunión, el delegado expuso que la Segob se rige por el respeto, la integridad física de los trabajadores, la no discriminación y contra la xenofobia, y que quien usurpa funciones que no le corresponden se da de baja; además, les sugirió que también procedieran jurídicamente.
Les aclaró que, como son trabajadoras por contrato no fueron despedidas, sino que se terminó la relación laboral, y que si llegaran a demandar tienen que decirlo, así como su antigüedad laboral.
Acordaron que la información que les proporcionaron se la darán al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, para que conozca de la situación, y que buscarán una reunión con la coordinadora nacional.
Los integrantes de la Dirección Colectiva acordaron mantener tomadas las instalaciones.

En Guerrero, 2 mil 213 asesinatos en 2016, casi 10% más que en 2015; siguió primero en el país

En Guerrero, 2016 fue el segundo año más violento en las dos últimas décadas con 2 mil 213 víctimas de homicidios dolosos, que representan un aumento del 9.77 por ciento respecto a 2015 y proyectaron una tasa anual de 61.67 ejecuciones por cada cien mil habitantes. El estado ocupa el primer lugar en el país por el número total de crímenes y el segundo por el índice de violencia, superado sólo por Colima.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación (Segob), en su página de Internet, en los 12 meses del año pasado hubo 2 mil 213 homicidios dolosos en el estado, es decir, seis asesinatos al día, y los delitos del estado representan el 10.64 por ciento de los 20 mil 789 cometidos en todo México.
Además el SESNSP informó que el año pasado se denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 72 secuestros, 199 extorsiones, 2 mil 61 robos de vehículos con violencia y 2 mil 291 sin violencia.
Al comparar las cifras de los últimos 20 años, desde 1997, la cantidad de víctimas de homicidios dolosos de 2016 sólo es superada en 2012, cuando hubo 2 mil 310 víctimas, en el último año del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y ya en el período del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En 2013 la cifra disminuyó a 2 mil 87, en 2014 se redujo a mil 514 pero al siguiente año repuntó a 2 mil 16, y en 2016 ocurrieron 197 asesinatos más que en 2015.
En comparación con el resto del país, Guerrero se sitúa en primer lugar por las 2 mil 213 personas asesinadas el año pasado, seguido por el Estado de México donde hubo 2 mil 53 casos y en tercer lugar se ubica Michoacán con mil 287.
El SESNSP detalló que mil 474 de los asesinatos fueron a balazos y 101 con arma blanca. Del total, 166 ocurrieron en enero, 160 en febrero, 188 en marzo, 178 en abril, 165 en mayo, 195 en junio, 215 en julio, el mes más violento fue agosto con 217 víctimas, en septiembre fueron 170, en octubre 178, en noviembre 212 y disminuyeron en diciembre a 169.
En cuanto a la tasa de homicidios dolosos, la dependencia federal informó que la incidencia más alta se registró en Colima con 81.55 víctimas por cada cien mil personas, seguida por Guerrero con la tasa de 61.67 crímenes, 23.1 puntos arriba del tercer lugar que ocupa Sinaloa con una tasa de 38.57 homicidios de este tipo. Mientras que el promedio nacional fue de 17 víctimas por cada cien mil mexicanos.
En el otro extremo de la violencia, el SESNSP reportó que en Baja California Sur no ha ocurrido un solo secuestro desde 2011; que en Tlaxcala no hubo extorsiones el año pasado; que tampoco se registraron robos de vehículos con o sin violencia en Campeche, Colima, Tabasco y Yucatán; y que los estados menos violentos son Aguascalientes y Nayarit, con 39 homicidios dolosos cada uno.
Seis municipios suman el 70 por ciento de las muertes; en Acapulco hubo 918

El 70.26 por ciento de las ejecuciones ocurridas el año pasado en Guerrero, mil 555, se concentraron en tan sólo seis municipios en los que se encuentran las principales ciudades: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Chilapa y Coyuca de Benítez.
Acapulco continúa siendo el municipio más violento con 918 asesinatos en 2016, que representan el 41.48 por ciento del total del estado, y un promedio de 2.5 víctimas diarias, una ejecución cada nueve horas; 663 se cometieron con arma de fuego. La cifra supera por 16 casos al total de homicidios que reportó el SESNSP en el municipio en 2015, 902.
De las víctimas, 64 murieron en diciembre, otras 64 en noviembre, 68 en octubre y 68 más en septiembre, agosto fue el mes más violento con un centenar de víctimas, en julio sumaron 88, en junio 79, en mayo 72, en abril 83, en marzo 93, en febrero 74 y en enero 65.
En Chilpancingo los homicidios del año sumaron 234, 152 de ellos a balazos. En diciembre hubo 26 víctimas, 20 en noviembre, 26 más en octubre, 17 en septiembre, 20 en agosto, 26 de julio, 22 en junio, 15 en mayo, 11 en abril, 13 en marzo, 17 en febrero y 21 en enero.
En Iguala hubo 139 personas asesinadas en hechos violentos, entre los cuales 75 murieron a balazos y una decena con arma blanca. En Zihuatanejo, las víctimas sumaron 96, 64 de ellas con arma de fuego y tres con arma blanca.
En Chilapa hubo 85 víctimas en el año, de las que 39 murieron por disparos y el resto por heridas de arma blanca o de otro tipo que no se precisó. Mientras que en Coyuca de Benítez hubo 83 víctimas, 71 de ellas a balazos.

Repuntan las extorsiones y los robos de vehículos con violencia

Según las cifras del SESNSP, el secuestro se redujo el año pasado en Guerrero en comparación con 2015 porque el año pasado se denunciaron ante la FGE -que envía los datos a la dependencia federal- 72 víctimas de este delito. En 2015 fueron 81 víctimas, en 2014 sumaron 110 y 2013 fue el año con más casos en las dos últimas décadas, 207.
Por secuestro, Guerrero tiene una tasa de 2.01 por cada cien mil habitantes, la quinta más alta del país de una lista que encabeza Tamaulipas con 4.33 delitos por cada cien mil personas.
El mayor número de casos denunciados se registró en enero con una decena de víctimas, en febrero fueron 7, en marzo cuatro, en abril otros 7, en mayo 8, en junio nuevamente 7, en julio disminuyó a cinco casos, en agosto fueron seis, septiembre tuvo el menor número de víctimas, tres, en octubre fueron cinco, cuatro en noviembre y seis en diciembre.
De las extorsiones se informó que en Guerrero el año pasado ocurrió el mayor número de delitos desde 1997 con 199 víctimas y el delito aumentó un 38.1 por ciento en comparación con el año antepasado porque en 2016 sumaron 199 y en 2015 fueron 144. En este delito la tasa es de 5.55 víctimas por cada cien mil guerrerenses.
Por otra parte, los robos de vehículos también tuvieron el repunte más alto en los últimos 20 años y aumentaron 40.5 por ciento en el caso de los crímenes con violencia y en comparación con 2015. En 2016 se reportaron en el estado dos mil 61 delitos con violencia, 595 más que el año anterior; y dos mil 291 sin violencia, 533 menos que en 2015.

Están sin sentencia 46.3 por ciento de los presos en las 15 cárceles de Guerrero, informa la Segob

 

El 46.3 por ciento de los presos de las cárceles en Guerrero están en espera de que se les dicte sentencia, de acuerdo con el reporte mensual de información estadística penitenciaria nacional de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El reporte, que corresponde a julio 2016, informa que 2 mil 367 reos están en proceso y 2 mil 740 ya están sentenciados, todos viven amontonados en alguna de las 15 cárceles del estado.
Por delitos del fuero común, mil 992 reos están en proceso, de los cuales mil 853 son hombres y 139 son mujeres. Por delitos federales, 349 reos están en proceso, de los cuales, 349 son hombres y 27 son mujeres.
Los que están sentenciados por delitos del fuero común son 2 mil 225 presos, de los cuales 2 mil 109 son hombres y 116 mujeres. Por delitos federales, los sentenciados son 515 reclusos, 488 hombre y 27 mujeres.

La sobrepoblación en los penales

En la cárcel de Acapulco, más del 50.3 por ciento de los internos esperan que se les dicte sentencia, es decir, mil 126, de un total de 2 mil 235. La cárcel de Acapulco tiene capacidad para mil 676 reos, pero en ella viven 2 mil 235, su capacidad está rebasada en 50. 2 por ciento.
En el reclusorio de Chilpancingo, el 45 por ciento de los presos están en espera de sentencia, 449 de un total de 981. Esta cárcel tiene capacidad para 624 reos, pero en ella viven 981, con una sobrepoblación de 357.
En el penal de Iguala, el 49 por ciento de los presos están en espera de sentencia, 223 de un total de 450. Esta cárcel tiene capacidad para 412 internos, pero viven ahí 450, con una sobrepoblación de 38 internos.
En la cárcel de Tlapa, el 46.3 por ciento de los presos esperan sentencia, 121 de un total de 261. Esta cárcel tiene una capacidad para 60 internos, pero viven en ella 261, tiene una sobrepoblación de 201 reos, y está rebasada en 335 por ciento.
En la prisión de Zihuatanejo, el 24 por ciento de los presos estná en espera de recibir sentencia, 66 de 275. Tiene capacidad para 67 internos, pero viven en ella 275, es decir, una sobrepoblación de 209 reos, está rebasada en 410.4 por ciento.
En la cárcel de La Unión, 14.8 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 37 de 250. Con una capacidad para 200 internos, hasta julio de 2016 había 250.
En el penal de Chilapa, 15.17 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 44 de 290. Tiene capacidad para 92 internos, una sobrepoblación de 198 reos.
En el reclusorio de Ayutla, el 23.18 por ciento de los presos esperan sentencia, 32 de 138. Con una capacidad para 131, viven ahí 138 reos, tiene una sobrepoblación de ochp presos.
En Tecpan, el 15.22 por ciento de los internos no han sido sentenciados, 44 de 289 reclusos. En esta prisión, con capacidad para 56 internos, viven 289, tiene una sobrepoblación de 233 reos.
En San Luis Acatlán, el 58.75 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 47 de 80. Esta prisión, tiene capacidad para 55 reos, tiene 80, una sobrepoblación de 25 presos.
En la cárcel de Coyuca de Catalán el 43.95 por ciento de los presos no ha sido sentenciados, 40 de 91. Esta penitenciaria tiene capacidad para 36 internos, pero en ella viven 91, una sobrepoblación de 55 reos.
En la prisión de Arcelia, el 57.81 por ciento de los presos no ha sido sentenciados, 37 de 64. Este reclusorio tiene capacidad para 38 internos, pero ahí viven 64, tiene una sobrepoblación de 26 presos.
En Taxco, el 36.35 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 32 de 88, hay una capacidad para 69 presos pero en ella viven 88, tiene una sobrepoblación de 19 reos.
En la penitenciaría de Teloloapan, el 21.66 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 13 de 60. Este reclusorio tiene capacidad para 52 presos, pero en él viven 60, tiene una sobrepoblación de ocho presos.
En la prisión de Ometepec, el 48.8 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 61 de 125. Este penal tiene capacidad para 52 presos pero viven ahí 125, con una sobrepoblación de 73 presos.

 

Desechar la versión del basurero, pide en primera visita al país el mecanismo del caso Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer su primera visita al país, y presentó su plan de trabajo para atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El presidente de la CIDH, James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, e insistió en que se entreviste al Ejército, en particular a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques a los normalistas en Iguala.
Durante la presentación el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mecanismo, advirtió que existen recomendaciones técnicas específicas emitidas por el GIEI que aún están pendientes de ser cumplimentadas.
“Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, dijo.
James Cavallaro agregó que precisamente llegar a la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal deuda del Estado mexicano con los estudiantes, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula”, mencionó.

El plan de trabajo

El plan de trabajo del mecanismo de seguimiento contempla visitas oficiales a México de los comisionados de la CIDH en abril, junio y noviembre del próximo año.
Adicionalmente, en el mismo lapso, el equipo técnico que trabajará en el caso realizará otras cuatro visitas al País, además de que se realizarán sesiones públicas en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH.
Durante cada visita a México, tanto el quipo técnico como los comisionados tendrán la facultad de reunirse con los padres de los normalistas y sus representantes, así como con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
También podrán sostener reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y acceder al expediente del caso o cualquier otra fuente de información.
El Mecanismo Especial de Seguimiento se regirá por cuatro objetivos específicos: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El mecanismo seguirá las recomendaciones del GIEI que más obstáculos han enfrentado del gobierno federal.
James Cavallaro destacó “la necesidad de unificar las investigaciones, de no seguir con la fragmentación y de investigar de forma integral”, dijo.
“Hay que seguir y conseguir las declaraciones testimoniales pendientes, hay muchos integrantes, por ejemplo, del Batallón 27 (del Ejército), hay que seguir buscando esas declaraciones”, demandó.
Resaltó la necesidad de continuar indagando los celulares de los normalistas que siguieron activos después del 26 de septiembre de 2014 y abundar en la línea de investigación del quinto autobús, relacionada con el tráfico de heroína a Estados Unidos.
La tortura que pudieron haber sufrido al menos 60 detenidos que mostraron lesiones corporales y el patrimonio de los presuntos responsables, fueron otros temas mencionados por Cavallaro.
“Hay que seguir investigando sobre la obstrucción de las investigaciones, el tema de qué pasó el día 28 de octubre de 2014, un día antes de que descubrieran los restos de uno de los normalistas”.
“¿Qué estaban haciendo agentes de la PGR (Procuraduría General de la República) un día antes sin registrar el hecho?, ¿qué está haciendo Tomás Zerón con un detenido que tenía varias lesiones corporales? Hay que investigar, tiene que haber consecuencias para ese tipo de actuación, ese es un tema que vamos a seguir?, adelantó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao informó que para garantizar el funcionamiento del mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado de cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo.
El funcionario de la CIDH destacó que tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”.
También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”.
Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“¿Habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?”, pregunta Cavallaro de los detenidos

El comisionado presidente de la CIDH consideró fundamental cambiar la narrativa oficial y dejar de buscar formas de reforzar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No hay que seguir hablando de diversas líneas de investigación, hay que hablar de líneas factibles, esa no es factible”, expuso.
“Lo que entendemos nosotros es que no se ha, en todos los espacios del Estado, descartado de forma definitiva esta hipótesis, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en estudios científicos que demuestra la imposibilidad (de la incineración de los jóvenes en el basurero)”.
De no descartar esta teoría, dijo que se reduce la urgencia de investigar por qué seis detenidos, quienes además presentaban signos de tortura, declararon algo falso.
“Si eso no pasó corresponde la pregunta ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido?, ¿qué habrá pasado? Bueno, varias de esas personas sufrieron lesiones corporales, graves en algunos casos.
“¿Por qué?, ¿habrá habido presiones?, ¿habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?, ¿y si se siguieran esas líneas de investigación se pudiera llegar a la posible obstrucción de justicia y a nuevas teorías de por qué habría interés en no seguir ciertas líneas?”, planteó.
Enrique Gil Botero quien coordinará el mecanismo de seguimiento destacó que entre los puntos mencionados por Cavallaro se concentran más de 200 líneas de investigación pendientes de explorar.
“O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis probatorias que no se han explorado”, explicó.

La PGR ha cumplido 93% de las recomendaciones del GIEI, informa el gobierno federal

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmó que hay plena disposición del gobierno federal para trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.
En la Segob el funcionario dijo que así se lo hicieron saber a Gil Botero y James Cavallaro.
Comentó que los objetivos específicos serán profundizar las labores de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, avanzar en la investigación ministerial y en las tareas de atención a las víctimas.
“Sabemos que es un elemento importante porque significa esperanza para los padres (de las víctimas) y por ello lo vemos con toda seriedad en el gobierno de México”, añadió.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del mecanismo el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”.
Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”.
Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las dependencias sostuvieron en su comunicado que la primera visita del mecanismo de seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.

Piden 11 organizaciones internacionales a Peña Nieto cooperar con la CIDH

Once organizaciones internacionales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto la cooperación plena del Estado mexicano con el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
“Creemos que es de suma importancia que el mecanismo cuente con la plena cooperación del Estado mexicano para que no enfrente obstáculos en su trabajo como los que experimentó el GIEI durante su mandato”, dicen en la misiva.
“El mecanismo especial es una oportunidad más para que el gobierno mexicano demuestre su compromiso con la verdad y justicia en el caso”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora del programa para México de WOLA.
“Mientras México no resuelva el caso Ayotzinapa a través de una investigación profesional, seria y confiable, la atención mundial seguirá puesta sobre la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para encontrar a los estudiantes y sancionar a los responsables”, advirtió.
Las organizaciones entre las que se encuentran la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Robert F. Kennedy Human Rights, demandaron que se investigue a fondo a funcionarios que pudieron participar en la obstrucción de justicia.