El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el Ejército ya entregó toda la información existente respecto al caso Ayotzinapa, a pesar de que los padres consideran lo contrario.
“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información, entonces estamos haciendo de nuevo un acopio, no de información, sino a ver qué nos piden, qué se ha entregado, qué falta y si existe”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, se le preguntó sobre la reunión que sostuvo con los padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes el miércoles y la postura que afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) posee información relevante en el caso.
“Ellos sostienen eso y la Defensa sostiene que ya se entregó toda la información y lo que estoy planteando es que se haga desde ayer una revisión de todo, para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ‘ya entregamos toda la información, esto es lo que se tenía’ o ‘en efecto faltaba entregar otra información’ o ‘ya no hay más’, pero resolver este asunto en definitiva porque si no, empieza la manipulación o se intensifica la manipulación”, respondió López Obrador.
De igual forma señaló que se deben evitar “juicios sumarios” y que en caso de que el Ejército haya participado en la desaparición, se debe revisar quiénes fueron y su nivel de participación.
“No se puede decir es el Ejército, que es una institución fundamental del Estado mexicano, cuando son elementos del Ejército que presuntamente participaron y son responsables en estos hechos y cuál es el nivel de responsabilidad que tienen, que es lo que estamos buscando en la investigación”, explicó.
López Obrador reiteró su compromiso con los padres de familia de los estudiantes para lograr el esclarecimiento del caso, aceptando que está a un año y días de concluir su administración y lograr su cometido.
“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto.Y por eso también quería yo la reunión ayer con ellos, para informarles”
Agregó que el lunes se tendrá una reunión en Palacio Nacional donde se dará resolución al oficio que entregaron los padres solicitando la información concreta de la Sedena, en el que entregará un expediente a cada padre con la información sin testar.
“Quiero entregarles el lunes a cada uno, cada padre, cada madre un expediente. Nada de documentos testados o con renglones tachados o borrados, no, no, no, completo de todo lo que se tenga”, concluyó.
Indicó que el informe que se les entregó a los padres en la reunión del miércoles, ellos tienen la facultad de decidir si lo hacen público o no, además de señalar que “vamos a proteger” a toda persona que pueda brindar información relevante sobre el caso.
El presidente López Obrador comentó que la complicación del caso Ayotzinapa se dio debido a una mala actuación por parte de las autoridades, razón por la cual se han tardado en dar con el paradero de los jóvenes.
“Fue el caso de Ayotzinapa, si en su momento hubiesen dicho; ‘esto fue lo que sucedió y vamos a buscar a los jóvenes y vamos a castigar a los responsables y decir la verdad’ y no inventar algo que no sucedió, la llamadad verdad histórica, pues entonces se complicó más el problema, se ha demorado saber el paradero de los jóvenes y se han afectado incluso las instituciones y los más dañados han sido los familiares de los jóvenes. Entonces ¿por qué ocultar las cosas?”.
Envió cartas a la Sedena para que se aplicara la ley a militares
En la conferencia el presidente expuso una carta que envió el 12 de agosto de 2022 al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en la que menciona a los militares José Rodríguez Pérez, José Martínez Crespo, Francisco Macías Barbosa, Fabián Alejandro Pirita Ochoa, Eduardo Mota Esquivel.
“Por nuestra parte, como usted sabe general, aplicar la ley contra estos miembros del Ejército sin permitir la impunidad, no solo es un acto sublime de justicia sino la oportunidad de reafirmar que las Fuerzas Armadas de México no deben mancharse por la actitud delictiva de nadie y, bajo ninguna circunstancia, perder su respetabilidad y su compromiso de rectitud y lealtad al pueblo, porque se trata de una institución fundamental del Estado social, democrático y de derecho que debe prevalecer en nuestro país” dijo
De igual forma, presentó una carta dirigida a Sandoval el 26 de mayo de 2023 en el que el fiscal de la Unidad Especial pa-ra la Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Rosen-do Gómez Piedra, iba a solicitar órdenes de aprehensión de 16 elementos de tropa, oficiales y mando de la Sedena.
“Estoy consciente de la complejidad de la aplicación de esta instrucción; sin embargo, como lo hemos hablado muchas veces, la mala conducta de servidores públicos no puede tolerarse mediante encubrimiento o impunidad, porque ese proceder afecta a las instituciones e impide vivir en una sociedad con apego a la legalidad y a la justicia”.
La gobernadora Evelyn Salgado en la ceremonia de Entrega de Patrullas a la Fiscalía General del Estado, afuera de la puerta dos de Casa Guerrero Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció que la seguridad es la principal demanda del pueblo de Guerrero, y destacó las sesiones diarias de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con autoridades de los tres tres órdenes de gobierno, que dan una “oportunidad invaluable” al estado y municipios de coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.
Ratificó que las acciones de su gobierno van “en el camino correcto para la paz y el bienestar del pueblo”, basadas en dos vertientes: la economía y programas sociales, para garantizar el Estado de Derecho “sin distinción, pactos o privilegios para nadie”.
Dijo esto, en la entrega protocolaria de 15 patrullas que el gobierno estatal entregó a la Fiscalía General del Estado.
En el estacionamiento de Casa Guerrero, cercado con vallas y con fuerte vigilancia policial, añadió que los aseguramientos y detenciones que se han realizado en materia de seguridad y procuración de justicia “mueve algunas cosas, hay muchos que no van a estar muy a gusto con que la Fiscalía esté trabajando”.
Inversión 26.7 millones en 15 patrullas
De las 15 patrullas, el subsecretario de Finanzas del gobierno del estado, Ricardo Salinas, indicó que las camionetas Ram, tipo Pick Up, doble cabina, cumplen con los requerimientos estándar que señala el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública para la operación, con una inversión de 26.7 millones de pesos.
Después de los agradecimientos, la fiscal, Sandrá Luz Valdovimos Salmerón, señaló que, con el equipo van a fortalecer la capacidad operativa de la dependencia, en el procesamiento de detenidos, el esclarecimiento de los hechos y en el combate a la impunidad que hay en el estado, “para asegurar el acceso pleno al derecho a la Justicia, con respeto a los derechos humanos”.
En su mensaje, la gobernadora señaló que los tres poderes caminan de la mano, por la presencia, constante en los actos que encabeza, de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yanelly Hernández Martínez, la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Joaquín Badillo Escamilla,y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez.
Destacó que muy temprano todos los días, sesionan en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, con instituciones de los tres niveles de gobierno. Defendió que es importante la realización de esas mesas porque es donde se definen las acciones diarias para combatir la inseguridad.
Aclaró que, si no se realizaran la mesas, cada quien “estaríamos jalando por su lado” sin coordinación entre instituciones. Recordó que esta política de seguridad la implemento el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Esta (la inseguridad) ha sido una constante desde hace muchos años, en la que se rompió parte del tejido social en nuestras comunidades. Se inició este complejo fenómeno de la violencia que ha afectado durante muchos años a las familias de Guerrero, por eso, hoy las autoridades de los tres niveles tenemos la obligación, así lo vemos, y jamás rehuimos de esa obligación del servir al pueblo de Guerrero y de dar resultados sobre todo en materia de seguridad. Tenemos la obligación de atender y resolver este fenómeno con inteligencia, con coordinación, con transparencia y con voluntad”.
Confirmó que tienen retos pendientes pero se están implementado políticas que los llevan por el “camino correcto”. Por un lado, señaló la política social y económica que atiende a los sectores más vulnerables y que, según el último informe del Coneval, permitió que salieran de la pobreza casi 190 mil guerrerenses.
En segundo término, mencionó la consolidación del Estado de Derecho “sin distinción, sin privilegios, sin pactos ni intereses oscuros, por encima de la ley nadie, fuera de la ley nadie, aquí siempre lo hacemos de manera institucional, constitucional, y con la absoluta coordinación”.
Ratificó el mensaje a los alcaldes que no los van a dejar solos “tienen el acompañamiento de todos los que integran la mesa. Al mismo tiempo, señaló que el estado se siente arropado por la federación en el proceso de construcción de la paz.
BOM en Chichihualco
Con un boletín, el gobierno del estado informó que en la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se evaluó la operación de las Base de Operaciones Mixtas en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo
Asimismo, indica que se delineó la estrategia de seguridad para atender los temas prioritarios, y acordaron las acciones operativas en los municipios de la zona Centro del estado, así como en los municipios considerados como prioritarios en coordinación con la federación, fuerzas militares, navales e instituciones civiles del estado y municipios.
En los tres días de la campaña del canje de armas en Chilpancingo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Ayuntamiento de la capital recibieron cuatro granadas, cuatro armas largas, ocho armas cortas, 847 cartuchos de diferentes calibres y 21 cargadores para diferentes armas, informó la secretaria de Seguridad Pública municipal, Martha Isela Velázquez Adame.
En la campaña, del 16 al 18 de agosto, en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, de acuerdo a la funcionaria invirtieron en el canje de ese armamento, 34 mil 771 pesos.
Las armadas de fuego y los cargadores que se canjearon fueron destruidos durante la misma campaña en presencia de los ciudadanos en plaza cívica.
En tanto que los cartuchos útiles y las granadas fueron trasladadas a las instalaciones del 50 Batallón de Infantería para que fueran destruidos por personal de materiales de guerra.
De acuerdo a la funcionaria municipal durante los tres días de la campaña lo que más llamó la atención de los ciudadanos fue la recepción de las granadas que fueron canjeadas.
Estas fueron una granada de fusil calibre 40 milímetros, otra de fragmentación calibre 40 milímetros, una de mortero calibre 60 milímetros y otra granada de humo.
Los soldados y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibieron también cuatro armas largas y un cañón de rifle deportivo. Las armas largas fueron dos escopetas calibre 12 y dos rifles de los conocidos como cerrojos calibre 410.
En tanto que las armas cortas fueron dos pistolas tipo escuadra calibre 22, dos pistolas tipo revólver calibre 22, una pistola tipo revólver calibre 38 especial, una pistola calibre 25, una pistola revólver calibre 32 y una pistola calibre 380. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
En la Ciudad Industrial de Iguala, como cada mes, ayer a 106 meses de la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de tres, padres de los estudiantes y miembros de organizaciones sociales participaron en un mitin, en la estela dedicada al joven torturado y asesinado, Julio César Mondragón Foto: E Sur
Redacción
Iguala
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega García, afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no se realizó con la intención de “joder”al gobierno, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o a la estructura del Estado.
Ortega García aseguró que el objetivo es que las instituciones tengan verdad y justicia, al cumplirse 106 meses del ataque y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Además recordó que los padres de los 43, organizaciones sociales y normalistas dieron su respaldo al informe del GIEI.
“No estamos en contra de la política del presidente de la República, sólo queremos que cumpla con su palabra cuando firmó el decreto presidencial con el que todas las dependencias federales están obligadas a entregar toda la información, incluida la Sedena”, indicó Melitón Ortega.
Este jueves a las 12:30 del mediodía y al cumplirse ocho años y 10 meses del caso Ayotzinapa, padres de familia, junto con estudiantes de la Normal Rural e integrantes del Bloque Democrático, así como representantes de Tlachinollan, colocaron una ofrenda floral en la Estela de Luz, erigida en memoria del normalista desollado del rostro, a quien le sacaron los ojos, Julio César Mondragón Fontes, ubicada en la Ciudad Industrial.
En este lugar, uno de los representantes de Tlachinollan criticó que haya una contradicción y manipulación en la información que dio el Ejército Mexicano sobre la forma en que fue encontrado el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón, debido a que el GIEI establece que fue asesinado en la comunidad de Mexcaltepec, del municipio de Taxco, y que no fueron animales carroñeros los que se comieron su rostro, sino que fue gente “experta” la que le sacó los ojos y le quitó el rostro de la cara.
Es por ello que piden que el gobierno siga la línea de investigación que dejó el grupo de expertos y, de esta forma, se haga una investigación a fondo de lo que sucedió con Mondragón Fontes.
Por su parte, el vocero de los padres, Melitón Ortega, dijo que gracias al informe del grupo de expertos hoy saben que hay un cambio y una alteración de todo el escenario del crimen, ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Hoy sabemos que se ha ocultado y se ha reservado la información de cómo sucedieron los hechos en contra de los estudiantes, por el régimen anterior, y que muchos de los que hoy están en la estructura de las dependencias encargada de investigar caso Ayotzinapa, no dejan que se avance desde la Sedena, la Fiscalía General de la República y desde la Comisión Presidencial y de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa”, enfatizó.
Mencionó que en el informe del GIEI se señala que el Ejército tuvo acceso total a todas las acciones, escenarios y movimientos que se realizaron la noche del 26 de septiembre, por todas las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y la participación de la delincuencia organizada, de manera conjunta.
Exigió al Estado mexicano y al gobierno de López Obrador profundizar este caso, del asesinato de Julio César Mondragón Fontes.
Agregó que en el sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto, los engañaron al decirles que nunca había participado el Ejército mexicano en coordinar las acciones represivas en contra de la vida de los estudiantes, cuando en el informe de los expertos se exponen todos los movimientos y comunicaciones que los militares hicieron esa noche.
El vocero de los padres también habló de que el representante de la Policía Federal durante la administración de Peña Nieto, Enrique Galindo, mintió al decir que sus elementos nunca intervinieron, incluso, hasta participó en la búsqueda de los normalistas acompañando a los padres.
“Hoy podemos decir que caminamos bajo esa desconfianza de la estructura de gobierno, al querernos confundir, y nos quisieron hacer creer que la verdad histórica era una investigación histórica, porque fue un hecho de complejidad, desde donde participaron los altos niveles de gobierno desde la Presidencia de la República hasta el más bajo para construir esa estrategia y engañar a los padres”, subrayó.
Por ello, pidió a las autoridades actuales castigar y encarcelar a Enrique Peña Nieto por ser el ser el jefe de las fuerzas armadas en su momento.
Al término del mitin, se trasladaron hacia la Estela de Luz ubicada en la esquina de la avenida Juan N Álvarez y Periférico Norte, en memoria de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solis Gallardo, en la que también colocaron una corona de flores.
En este punto, los representantes de Tlachinollan y de la normal rural señalaron que mantendrán su lucha y la exigencia de que el gobierno de Lopez Obrador continúe con la investigación que hizo el grupo de expertos y que de esa manera se castigue a los responsables para que, de esta manera, los padres de los 43 tengan acceso a la justicia.
En tanto, el vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega, reiteró el respaldo total de los padres al sexto informe del GIEI y que el informe no se realizó con la intención de “joder” al gobierno o a la Sedena, sino para tener verdad y justicia sobre el paradero de sus hijos.
Al cumplirse 106 meses del ataque y desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Ortega García dijo que ya no quieren más simulación ni más engaños por parte de los gobiernos, que sólo quieren verdad y justicia para los caídos y desaparecidos.
Reiteró la petición al presidente de la República, para programar una reunión urgente con los padres de familia y definir qué hará con la información que se dio a conocer en el informe, que el gobierno federal haga una investigación amplia, responsable y profunda, con datos que proporcione la Sedena, Marina y Cisen, “porque la investigación del grupo de expertos pone en evidencia la mentira del Ejército y hace falta información, porque la que han proporcionado ya es conocida y es insuficiente”.
Para finalizar, convocó a todas las organizaciones a sumarse y agruparse para ser parte de la inconformidad de los padres, al no tener verdad y justicia en la próxima jornada global para conmemorar los 9 años del ataque y desaparición de los 43.
Este sábado, efectivos del Ejército se llevaron detenidos a siete policías municipales de Cuajinicuilapa con las armas de cargo que llevaban consigo, y la patrulla que ocupaban “por presuntas faltas administrativas”, y los pusieron a disposición de la agencia del Ministerio Público federal en Acapulco, informó el Ayuntamiento en un boletín.
En breve declaración telefónica, el alcalde Edgardo Paz Rojas informó que hubo una revisión de los militares en el Ayuntamiento, con él y la síndica municipal cerca de la operación.
Explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó una revisión en la comandancia y todos los policías se presentaron a pasar revista. Los detenidos, fueron aprehendidos cuando regresaban de su turno a la comandancia, en una patrulla rentada por el Ayuntamiento para la seguridad pública.
Precisó que de los policías activos en el Ayuntamiento sólo 17 tienen certificación, un procedimiento que se está llevando a cabo de manera paulatina, por grupos de cinco o de 10 agentes, según las condiciones de la capacitación. Se entiende que los detenidos aún no están certificados.
Aclaró que la actuación de las autoridades está grabada en las cámaras de seguridad de la oficina.
En el comunicado, el Ayuntamiento detalló que la Sedena realizó una revisión rutinaria del armamento en resguardo de los policías municipales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública.
Añadió que después de una exhaustiva revisión, que duró varias horas, el personal de la Sedena aprehendió a siete policías municipales.
Indicó que el motivo de esta detención, según el oficial de la Sedena al mando, fue “que los siete policías serían llevados como testigos para acreditar una presunta falta administrativa y que regresarían en corto tiempo; incluso, el oficial expresó que más tardarían en viajar que en declarar, por lo que regresarían pronto”.
Añadió que la falta administrativa presuntamente cometida por las autoridades municipales, “fue extender credenciales de policías municipales sin tener la atribución respectiva”. Indicó que el mando militar les dijo que también se llevarían la patrulla 003 para que los policías municipales detenidos pudieran trasladarse a su regreso al municipio.
Sin embargo, señaló que más tarde se enteraron de que los siete policías fueron detenidos con sus armas de cargo y con la patrulla 003, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal en Acapulco, de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial alguna al respecto y estamos en espera de que se nos notifique oficialmente cuál es la situación jurídica de los policías municipales detenidos y de otras relacionadas con este asunto”, declaró.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló la necesidad de construir un nuevo hospital en el municipio de Tlapa, debido a la antigüedad y estado en el que se encuentra el Hospital General.
Durante su conferencia de prensa de este viernes, al presidente se le preguntó sobre la transacción realizada con el gobierno de Takiyistán, correspondiente a la venta del avión presidencial, señalando que los recursos obtenidos serán destinados para la construcción del hospital en Tlapa, recordando que la Fundación Teletón ya realiza un centro de rehabilitación.
“Ahí se está haciendo también un hospital para atender a niños, a niñas con discapacidad, pero ese Hospital General se necesita, porque el hospital que hay en Tlapa tiene cerca de 50 años y está en muy mal estado, va a ser un hospital nuevo”, explicó el presidente.
Agregó que la construcción del hospital, correrá a cargo de ingenieros militares, informando que la edificación se realizará en un terreno de 60 hectáreas que es propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Los dos hospitales los va a construir la Secretaría de la Defensa, a través de los ingenieros militares. En el caso de Tlapa, para no tener que tirar el que está, se va a ubicar el nuevo hospital en un terreno que tiene la Secretaría de la Defensa, de alrededor de 60 hectáreas, para que quede bien ubicado”, comentó el mandatario.
De igual forma, señaló que espera que la construcción del hospital de Tlapa y del que se construirá en Tuxtepec en Oaxaca, finalicen antes septiembre de 2024, previo al cierre de su administración.
“De modo que vamos a construir pronto los dos hospitales, también ese de 80 camas con especialidades y vamos a inaugurar los dos hospitales antes de septiembre del año próximo, equipados y con médicos, y con especialistas, y con medicinas suficientes”.
López Obrador remarcó que parte de los recursos obtenidos por dicha venta, serán utilizados para la construcción de dos hospitales, detallando que tendrá capacidad de 80 camas.
“El dinero se va a emplear en la construcción de dos hospitales. Uno en la Montaña de Guerrero, en Tlapa, que es la zona más pobre de México, ahí se va a construir un hospital de 80 camas” indicó López Obrador.
En la conferencia de prensa matutina del pasado jueves, al presidente se le cuestionó sobre la posibilidad de la venta del avión, indicando que los recursos se utilizarían para la construcción de un hospital en Tlapa y otro en Tuxtepec.
El mismo jueves por la tarde, López Obrador informó la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán, mismo que pagó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, reiterando que los recursos serán para la construcción de hospitales.
“Este dinero se invertirá en dos hospitales, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca, que serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de terminar nuestro mandato” publicó en su cuenta personal de Twitter.
Ante dicha confirmación de la transacción, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, reconoció el compromiso del presidente López Obrador con Guerrero, celebrando la decisión. (Juan Luis Altamirano Uruñuela)
“El compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sigue firme con las zonas más vulnerables de Guerrero. Celebramos la gran noticia de que el dinero por la venta del avión presidencial servirá para construir dos hospitales; uno de ellos en el municipio de Tlapa de Comonfort, el corazón de la Montaña guerrerense”, manifestó Evelyn Salgado. .
La protesta de docentes, padres de familia y alumnos de la técnica 46 Rubén Uriza Castro, afuera del Palacio Municipal de Huitzuco, en contra de la donación de 2.5 hectáreas de la escuela para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional Foto: Cortesía de padres de familia
Alejandro Guerrero
Iguala
Unos 400 padres de familia, docentes, alumnos y ex alumnos de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, de Huitzuco, marcharon por la tarde y protestaron afuera del Palacio Municipal, contra la donación de 2.5 hectáreas de terreno que hizo el gobierno del alcalde Eder Nájera Nájera y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN).
La marcha de protesta salió de las instalaciones de la escuela, ubicada a orilla de la carretera estatal a Iguala y recorrió varias calles hasta llegar afuera del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin.
En la marcha, los inconformes llevaron mantas y cartulinas con su postura de rechazo a la donación de este terreno, de 25 mil 942 metros cuadrados, para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, y puntualizan que no se oponen a esa obra, pero que se realice en otro lugar.
En el mitin afuera del edificio sede del Ayuntamiento, una representante de los padres de familia advirtió que no van a permitir que el cuartel se construya en terrenos que pertenecen a la escuela, y subrayó que no se oponen a la llegada de este cuartel, pero sí a que se despoje de los terrenos que pertenecen a la técnica.
Mencionó que iban llegando de Chilpancingo, de una reunión que tuvieron con autoridades educativas, en la que presentaron otras opciones donde ese cuartel puede ser construido, “no nos negamos a que la construcción del cuartel se realice en nuestra ciudad, simplemente no lo vamos a permitir dentro de nuestra escuela”, advirtió.
De acuerdo con oficios compartidos por los padres de familia y docentes, el 6 de mayo pasado, luego de que el alcalde presentó el proyecto a la comunidad escolar, en una asamblea realizada dentro de la escuela, por unanimidad, los padres de familia y docentes rechazaron que la donación del terreno y la construcción del cuartel.
A pesar del rechazo de los padres y docentes, el gobierno de Nájera Nájera y la SEG hicieron la donación del terreno, bajo el argumento de que “ese predio no pertenece a la técnica sino a la SEG, por lo que esa dependencia decide la utilización del inmueble y espacios que tiene las instituciones”, por lo que el 17 presentaron una queja ante la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
El terreno donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Nacional está en la entrada a la cabecera municipal, entre la técnica y el CBTIS, y de acuerdo con los padres y docentes, esas parcelas además tener las canchas de fútbol y básquetbol, también son utilizadas para el cultivo de maíz de autoconsumo y pastoreo de ganado, además de que “con este proyecto se obstruye el aprendizaje de los alumnos de Tecnologías de Agricultura y Pecuarias” de nivel medio superior del CBTIS 175 y el Centro de Estudios Tecnológicos (CET).
Durante la marcha mostraron cartulinas con textos como: “No nos oponemos a la construcción del cuartel, pero no en nuestra institución”, “no a la construcción del cuartel militar en mi escuela” y “Guardia sí…en mi escuela no”. Mientras que en la marcha y mitin corearon: “Sí queremos el batallón, pero no en nuestra institución”, “sin respeto y con mentiras, nos quitan las canchas deportivas” y “a favor del batallón, pero no en nuestra institución”.
Al finalizar la protesta, a la que no se presentó el alcalde Eder Nájera, los manifestantes tapizaron la puerta principal y la fachada del edificio con las cartulinas que llevaban.
Unos 300 miembros de la CETEG bloquearon los cuatro carriles centrales y las laterales, en Chilpancingo (imagen), para exigir a la SEG la entrega de nombramientos de recategorizaciones. En tanto, pobladores y padres de familia de la comunidad Xalitla, Tepecoacuilco, bloquearon ocho horas la carretera federal México-Acapulco para exigir la destitución de directivos y docentes de un plantel en el que, aseguran, hay tráfico de drogas. Además, habitantes de Huitzuco protestaron afuera del Palacio Municipal para oponerse a la donación de un terreno escolar para un cuartel de la Guardia Nacional; el alcalde aseguró que en la queja hay intereses políticos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Bloquea CETEG por completo la Autopista del Sol; exige a la SEG que dé nuevas categorías
Los cetegistas denuncian que tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, pero la reunión fue cancelada y eso originó que bloquearan la vía más de dos horas
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Unos 300 miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, bloquearon los cuatro carriles centrales de la Autopista del Sol y las laterales, en Chilpancingo, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la entrega de nombramientos de recategorizaciones.
El bloqueo inició a las 12:40 del día, en el sentido norte-sur, pero minutos después se extendió y el cierre fue total, a unos metros del restaurante Vips, y de la calle Recursos Hidráulicos, cerca del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado. La protesta duró alrededor de dos horas.
Los cetegistas denunciaron que este miércoles tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, para avanzar en la entrega y corrección de nombramientos a docentes con claves bajas, los que tienen un salario bajo, porque a más de un mes que fueron autorizados no han sido entregados, pero la reunión fue cancelada, lo que originó que bloquearan.
En la protesta, Héctor Torres informó que son unas 900 claves bajas de trabajadores que son aspirantes a docentes, que cumplieron con el perfil de licenciados en educación y se deben recategorizar a una clave docente superior, para que aumente su salario.
Dijo que, además, solicitaban el pago de la quincena de los docentes de la primera lista de recategorizados, “el problema que tenemos con las autoridades educativas es la entrega de nombramientos y las correcciones. Hemos sido muy tolerantes, pero por la falta de respuesta tenemos que protestar”.
A las 2 de la tarde, una comisión encabezada por Torres Solano fue recibida en el Recinto Estatal; en tanto, el bloqueo continuó hasta las 3 de la tarde, como medida de presión contra las autoridades educativas.
A las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la vialidad, luego de que se enteraron de que la mesa de trabajo fue instalada y en ella estaba presente el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y parte de su estructura.
Por el bloqueo, cientos de automovilistas se quedaron varados y algunos, por la desesperación de llegar a su destino, optaron por transitar dentro del encauzamiento del río Huacapa.
En un escueto comunicado, se informó que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, tuvo una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, con quienes llegó a acuerdos sobre la recategorización de 918 docentes con claves bajas.
Rodríguez Saldaña manifestó que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es la de atender, “con respeto, a todos los integrantes del sector educativo: trabajadores, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, y concentrarse fundamentalmente en elevar los indicadores educativos en la entidad”.
Normalistas bloquean avenidas en la capital; la SEG les niega sus plazas, aseguran
Egresados de las normales públicas y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), de la generación 2018-2022, bloquearon avenidas en la capital, debido que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, se niega a darles sus plazas.
A las 11:30 de la mañana, unos 50 inconformes salieron en marcha desde el monumento Las Banderas, realizaron pintas en la fachada de la Subsecretaría de Administración y Finanzas: “Fuera corruptos” y “queremos plazas”.
Los egresados llegaron al cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, así como las laterales de la Autopista del Sol, frente al museo interactivo La Avispa, donde bloquearon.
Uno de los inconformes, Saúl Efigenio García, detalló que son egresados del nivel secundaria, principalmente, y que en todo el estado son 170 afectados, quienes a pesar de que pasaron el examen, la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm) se niega entregarles las plazas.
“Las autoridades estatales han roto las mesas de diálogo”, porque incluso el pasado viernes tenían una mesa de trabajo, pero los funcionarios estatales no se presentaron, dijo Efigenio García.
Indicó que este miércoles acudieron a la Subsecretaría de Finanzas, porque el titular, Alejandro Moreno Lira, les aseguró que sí había presupuesto para las plazas, “por eso exigimos que ejerzan ese presupuesto, porque ya cumplimos con el proceso de evaluación”.
Los egresados reanudaron la marcha y volvieron a bloquear los dos sentidos del encauzamiento del río Huacapa, a unos metros del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Minutos después cerraron una de las puertas principales de las oficinas del poder Ejecutivo. Funcionarios del gobierno estatal dialogaron con los manifestantes y les propusieron una mesa de trabajo, los egresados aceptaron y se retiraron del lugar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Bloquean padres la carretera federal en Xalitla; denuncian tráfico de drogas en una secundaria
Los vecinos exigen la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de estupefacientes entre la comunidad escolar. También solicitan la reconstrucción de la escuela
Alejandro Guerrero
Iguala
Pobladores de la comunidad Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, con padres de familia de la secundaria técnica 111 Carlos Darwin, bloquearon durante ocho horas la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala, junto al parador turístico de esa comunidad.
Los vecinos exigieron la reconstrucción de la escuela, que fue tomada el martes, así como la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de drogas entre la comunidad escolar.
El bloqueo total a la carretera federal, que inició alrededor de las 9:30 de la mañana, contó con la participación de unas 100 personas y se levantó a las 5:20 de la tarde, luego de la firma de una minuta de acuerdos entre padres de familia y autoridades estatales, en la que se determinó la implementación de un proceso de investigación y la separación del cargo del director José Luis Pineda, la subdirectora Soraya Arellano y los profesores Fidel Álvarez García, Christopher Salgado Gante, Diego Rubén Alejo y Ángel de la Cruz Andrade.
Debido al bloqueo, decenas de automovilistas, que viajaban hacia Chilpancingo o Iguala, quedaron varados en ambos lados de la carretera. Los manifestantes instalaron una carpa a media carretera, atravesaron una cuerda en la que colocaron cartulinas, con sus exigencias, y pusieron piedras para evitar el paso de automóviles.
El martes los padres de familia tomaron la secundaria técnica Carlos Darwin, denunciando problemas dentro del plantel por la venta y consumo de drogas entre el alumnado, con la omisión de directivos y docentes.
Este miércoles, además de demandar la destitución de directivos y cuatro profesores, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reconstrucción de su escuela y la asignación de conserjes.
Al bloqueo llegaron agentes de la Guardia Nacional, quienes dialogaron con los manifestantes, pero éstos rechazaron retirar el bloqueo. También llegó el delegado de Gobernación, Felipe Adán Ramírez, y el director del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava, con quienes se realizó un recorrido de supervisión de las condiciones de la escuela y se entabló una mesa de negociaciones, pero sin retirar el bloqueo a la carretera.
Fuentes consultadas, informaron que además se acordó con los padres y madres de familia la aplicación de una auditoría administrativa integral, a los recursos financieros, materiales y humanos de la institución. También se ofreció que el próximo miércoles se le dará una fecha a la audiencia que los padres solicitaron con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
También se ofreció la asignación de dos conserjes, y en una primera etapa, la ejecución de un estudio técnico de las necesidades con las que cuenta el edificio de la escuela, por parte del IGIFE; además de la remodelación de tres aulas y el cableado de la institución.
Mientras, se harán las gestiones ante la SEG para dar continuidad a la atención de necesidades de la escuela, y en una segunda etapa con dinero del ejercicio fiscal 2024, así como evitar que haya represalias contra padres de familia y alumnos que participaron en la movilización.
Protestan en Huitzuco padres de la secundaria donde se quiere construir un cuartel de la GN
Alejandro Guerrero
Iguala
Unos 400 padres de familia, docentes, alumnos y ex alumnos de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, de Huitzuco, marcharon por la tarde y protestaron afuera del Palacio Municipal, contra la donación de 2.5 hectáreas de terreno que hizo el gobierno del alcalde Eder Nájera Nájera y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN).
La marcha de protesta salió de las instalaciones de la escuela, ubicada a orilla de la carretera estatal a Iguala y recorrió varias calles hasta llegar afuera del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin.
En la marcha, los inconformes llevaron mantas y cartulinas con su postura de rechazo a la donación de este terreno, de 25 mil 942 metros cuadrados, para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, y puntualizan que no se oponen a esa obra, pero que se realice en otro lugar.
En el mitin afuera del edificio sede del Ayuntamiento, una representante de los padres de familia advirtió que no van a permitir que el cuartel se construya en terrenos que pertenecen a la escuela, y subrayó que no se oponen a la llegada de este cuartel, pero sí a que se despoje de los terrenos que pertenecen a la técnica.
Mencionó que iban llegando de Chilpancingo, de una reunión que tuvieron con autoridades educativas, en la que presentaron otras opciones donde ese cuartel puede ser construido, “no nos negamos a que la construcción del cuartel se realice en nuestra ciudad, simplemente no lo vamos a permitir dentro de nuestra escuela”, advirtió.
De acuerdo con oficios compartidos por los padres de familia y docentes, el 6 de mayo pasado, luego de que el alcalde presentó el proyecto a la comunidad escolar, en una asamblea realizada dentro de la escuela, por unanimidad, los padres de familia y docentes rechazaron que la donación del terreno y la construcción del cuartel.
A pesar del rechazo de los padres y docentes, el gobierno de Nájera Nájera y la SEG hicieron la donación del terreno, bajo el argumento de que “ese predio no pertenece a la técnica sino a la SEG, por lo que esa dependencia decide la utilización del inmueble y espacios que tiene las instituciones”, por lo que el 17 presentaron una queja ante la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
El terreno donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Nacional está en la entrada a la cabecera municipal, entre la técnica y el CBTIS, y de acuerdo con los padres y docentes, esas parcelas además tener las canchas de fútbol y básquetbol, también son utilizadas para el cultivo de maíz de autoconsumo y pastoreo de ganado, además de que “con este proyecto se obstruye el aprendizaje de los alumnos de Tecnologías de Agricultura y Pecuarias” de nivel medio superior del CBTIS 175 y el Centro de Estudios Tecnológicos (CET).
Durante la marcha mostraron cartulinas con textos como: “No nos oponemos a la construcción del cuartel, pero no en nuestra institución”, “no a la construcción del cuartel militar en mi escuela” y “Guardia sí…en mi escuela no”. Mientras que en la marcha y mitin corearon: “Sí queremos el batallón, pero no en nuestra institución”, “sin respeto y con mentiras, nos quitan las canchas deportivas” y “a favor del batallón, pero no en nuestra institución”.
Al finalizar la protesta, a la que no se presentó el alcalde Eder Nájera, los manifestantes tapizaron la puerta principal y la fachada del edificio con las cartulinas que llevaban.
Hay intereses políticos detrás de las protestas por la obra del cuartel, asegura el alcalde
El morenista Eder Nájera afirma que es urgente la construcción de la infraestructura para la GN, por la inseguridad en Huitzuco y que dice que es parte de la violencia en la que están inmersos el estado y país
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, consideró que detrás de la queja de un grupo de maestros y padres de familia por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), hay grupos políticos contrarios a su gobierno.
También afirmó que es urgente la construcción del cuartel de la GN por la inseguridad que llega a su municipio “por olas”, violencia en la que está inmerso Huitzuco, el estado y país, que “no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”.
El pasado jueves 16 de marzo, padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, se manifestaron en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, contra la construcción del cuartel de la GN en los terrenos del plantel educativo. La tarde de ayer, los inconformes marcharon en la cabecera municipal, expresando su inconformidad en contra de la construcción.
El martes, en un video en vivo, el alcalde de Huitzuco (Morena) contó que desde noviembre de 2021, cuando el municipio vivió una crisis de inseguridad, el gobierno federal decidió instalar cinco cuarteles de la GN en Guerrero, que construirá el Ejército, uno de ellos en su demarcación, por lo que él acompañó a las autoridades encargadas en un recorrido por tres primeros terrenos, pero que no convencieron a los enviados de la GN, porque no cumplían los requisitos.
Sin embargo, fueron la GN y el Ejército los que observaron el predio de la secundaria y le pidieron que investigara, por ello, Éder Nájera dijo buscó al director, quien a cambio del terreno pidió obras en el área de talleres, una cisterna y una barda ; en tanto, los militares solicitaron la donación de predio al gobierno estatal.
Expuso que fue el 28 de febrero de este 2023, cuando el Ejército, GN y el gobierno del estado valuó el terreno, el último de los requisitos para la donación, pero comenzaron los disgustos de maestras y padres de familia, quienes argumentaban que estaban en contra del cuartel, porque los efectivos embarazarán a las estudiantes y habrá ataques armados en la zona.
La tarde de este miércoles, contactado vía telefónica, Éder Nájera afirmó que las protestas son un asunto político, porque no fue una gestión oculta, que el avance de la construcción del cuartel lo difundió en su página de Facebook, y que incluso, hace ocho días se reunió con los padres de familia, donde le dijeron que no sabían nada, un año después de haber iniciado el proceso de construcción.
Reiteró que el director de la escuela siempre estuvo informado de la construcción del cuartel, pero ahora está en contra porque no esperaba el reclamo de los padres de familia, o “tiene alguien detrás que esté meneándole la cintura. Sí es un asunto político, o la otra es que ya no sepa qué hacer con la decisión que tomó en su momento, puesto que no lo había consensuado con sus maestros”.
Resaltó que el dueño del terreno no es el centro educativo, sino el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). También afirmó que no es un juego y el Ejército podría llevarse el cuartel a otro municipio.
Manifestó que si se hiciera una encuesta o un sondeo a la ciudadanía, se priorizaría la seguridad por encima de un terreno que representa una cuarta parte de la secundaria, y reprochó que el comité de padres de familia no le ha permitido reunirse con todos los padres de familia de la secundaria, para explicarles, que no es su decisión, sino del gobierno estatal y del Ejército.
“Yo creo que sí es político el asunto, y pues algunos nos quieren detener, ojalá y espero que no sea el caso, de que haya gente que prefiera que siga habiendo bajas ciudadanas (muertos) aquí en nuestro municipio, a que se resuelva lo más importante que es la seguridad, y que a lo mejor los créditos se los lleve un servidor. Yo creo que están apostando a eso y ojalá y no sea el caso”, aseveró.
Afirmó que actualmente no hay más propuestas de otros terrenos, porque buscar otras opciones, como las bodegas ocupadas anteriormente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) sería un conflicto con el ejido; además, afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar un predio con las condiciones de 2.5 hectáreas, como lo solicita la GN.
Afirmó que la discusión la podría llevar a una consulta popular en la cabecera, para saber si se prioriza “el dominio de un bien que no es de la secundaria o se priorizaría la seguridad pública”.
Sobre si es urgente la instalación del cuartel por la violencia en su municipio, respondió que sí, y que ha calificado el fenómeno de la inseguridad como olas, “cuando llega la ola se dan casos de enfrentamientos entre grupos criminales, cuando se va la ola, tal vez por así decirlo, y quiero imaginar, porque también no soy especialista. Sin embargo, trato de ser analista, cuando se van, cambian a veces de ring, y esas confrontaciones se trasladan hacia Atenango, Tepecoauilco, Iguala”.
“Creo que Huitzuco está inmerso, igualmente el estado y la nación, en un resultado de una estrategia fallida de hace mucho tiempo y esa estrategia aun cuando se han atacado con políticas públicas, en materia desarrollo social y bienestar social, y acciones inmediatas como la creación de la Guardia Nacional, no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”, precisó.
Aseguró que es necesario realizar acciones de contención, porque “nadie está salvo, yo mismo soy susceptible de que me pase algo, todos somos susceptibles. Pero teniendo el cuartel creo que nos vamos a sentir y vamos a estar mejor, porque no creo que vengan de vacaciones o a encerrarse en los cuarteles, tienen que hacer acciones de patrullaje y de contención”.
Dijo que esperará “el humo blanco” que emita el Ejército, que tendrá que ver no con sus opiniones, sino con lo que decida la federación con su estrategia de seguridad nacional y que esa decisión la respetará, al igual que lo diga la ciudadanía.
Efectivos del Ejército a su paso por la calle Colón en el centro de Chilpancingo, como parte de los recorridos de seguridad que realizan en la capital del estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, declaró por teléfono que los documentos de los hackers Guacamaya que señalan la existencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) en el 27 Batallón de Iguala, confirman lo que han venido señalando los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, de que en esas instalaciones hay información suficiente para esclarecer el caso.
“Definitivamente, esa información ya la teníamos nosotros. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encontró varios documentos relacionados con el caso Ayotzinapa que fueron obtenidos por el Cerfi con sede en Iguala”, declaró el abogado.
Añadió que, incluso, por eso los padres de los 43 estudiantes desaparecidos han estado pidiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que les abran los archivos de ese Centro, pero que el Ejército ha negado la existencia del Cerfi.
El abogado denunció que ha habido negativa de la Sedena para proporcionar la información que hay en ese Centro, “la poca información que ha salido es lo relacionado a una intervención telefónica que ellos (los del Cerfi), hicieron justamente el 26 de septiembre a las 10 de la noche, supuestamente al teléfono de Francisco Salgado Valladares (comandante de la Policía Municipal de Iguala) que este Centro intervino a las 10 de la noche.
Rosales Sierra agregó que por eso han estado pidiendo que los militares acudan al Ministerio Público para que se pueda “diligenciar” esta intervención telefónica y saber quién la llevó a cabo, cómo y por qué razones y todos los datos concernientes a ello, “pero el Ejército se ha negado, como ha negado la existencia de este centro”, reprochó el abogado.
El activista informó que tienen datos de que los militares estuvieron vigilando desde este Centro la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Sin embargo dijo que todavía no han determinado si van a aportar estos documentos como elementos probatorios en contra del Ejército en el expediente del caso Iguala, “porque primero habríamos de ver de qué forma se aporta al proceso”.
Sin embargo, dijo el documento no es tan relevante para el proceso del caso Ayotzinapa porque los datos que ya tienen con respecto a la participación del Ejército son más importantes, “nosotros ya tenemos el dato preciso de qué es lo que intervino, y ahora lo único que se dice que ese Centro es uno de los cinco que existen en el país, digamos que esa es la novedad, pero nosotros lo que tenemos son datos concretos de qué hizo ese centro la noche del 26 el Ejército mexicano a través de ese Centro”.
Rosales Sierra agregó que cuentan con al menos dos o tres datos precisos de lo que habría hecho el Ejército esa noche a través de ese Centro, pero insistió que el problema es que se niega a aceptar que exista esta instancia dentro de esas instalaciones y de su estructura.
“Pero que bueno que ahora sale a la luz y se hace público para que la gente sepa que efectivamente existe este Centro de Fusión de Inteligencia y que el Ejército está obligado a proveer toda la información que se generó ahí y que nosotros ya sabemos de lo que se hizo y estamos seguros de que existe más información respecto a lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014”.
El abogado informó que lo que aporta ahora el grupo de activistas de hackers Guacamaya es que el Centro de Inteligencia es un complejo militar tecnológico con muchas capacidades para monitorear y hacer trabajo de inteligencia, razón de lo cual nos da cuenta que el 26 de septiembre no pudo escapar nada al control del Ejército.
“Es decir, que el 27 Batallón estuvo al tanto de todo lo que estuvo ocurriendo y que seguramente sabe lo que pasó con los estudiantes y tiene información sumamente relevante de ello y la exigencia es que se pueda aportar esa información, que es lo que nosotros venimos exigiendo para que se aclare el caso”.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos rechazó la criminalización en contra del abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y advirtió que hay una inminente acción judicial en contra del defensor de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
En un comunicado la Red integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana señaló que, la “estrategia de Contrainsurgencia no sólo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño”.
El comunicado es en respuesta a una nota periodística publicada en el portal La Silla Rota, titulada “Guacamaya leaks: Sedena vincula a Vidulfo Rosales con secuestros y extorsiones”, en el que se afirma que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) describe la presencia de tres organizaciones civiles cometen diversos ilícitos y una, Tlachinollan, está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa.
En la nota se hace referencia a documentos obtenidos a partir del hackeo de Guacamaya, en los que la Sedena afirma que Vidulfo Rosales “forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública”, en referencia al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), que según el Ejército es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.
Pero la Red expuso que la información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del Ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental.
Explica que Rosales Sierra estuvo acompañando del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas en los bienes comunales de Cacahuatepec, Acapulco.
“Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales”, expone.
Lanzaron un llamado a los medios de comunicación debido a la importancia de su labor, y por eso pidieron que no se reproduzca irresponsablemente información que el Ejército tiene para reprimir y castigar a las y los defensores de derechos humanos, así como luchadoras y luchadores sociales.
La Red advirtió que “con lo anterior es indudable que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se acerquen a la verdad. A la fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del Ejército, gobernantes y políticos de alto nivel. La defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha, por lo que el Ejército busca neutralizarlo y silenciarlo y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra”.
La organización dijo que cuando la lucha es verdadera, honesta e inclaudicable afecta intereses económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando su lucha.
“La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al Ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia, al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados”.
Dice que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es la “inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos”.
La Red reclamó que “mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente, y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa, donde delincuentes de Guerreros Unidos convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas”.
“Ante esto las organizaciones demandaron el cese del hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, así como contra el director de Tlachinollan Abel Barrera, Rogelio Téliz García y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el Ejército por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales”, agrega.
Un documento hackeado por Guacamaya
En los documentos de la Sedena hackeados por Guacamaya que se dieron a conocer en una nota periodística del portal La Silla Rota, se acusa de diversos delitos al abogado Vidulfo Rosales y a luchadores sociales del Cecop.
El reporte militar de enero de 2020, dice que el Cecop es una fachada para proporcionar seguridad a sus comunidades, a fin de impedir la presencia de “autoridades legalmente constituidas” en el área, para realizar “con plena libertad” cobro de cuota, extorsión, abigeato, privación de la libertad, manipulando a la población, obligándola a cerrar líneas de acceso y con esto impedir que se lleven a cabo acciones de prevención del delito.
Identifica su estructura en un diagrama con fotografías del dirigente Marco Antonio Suástegui, su hermano Vicente de los mismos apellidos, actualmente desaparecido, y a un abogado del que no se distingue el nombre. En la siguiente línea de mando, a los defensores de derechos humanos de Tlachinollan, en el siguiente orden: Marco Antonio Rogelio Telliz, Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera Hernández.
“Debido al bajo nivel de escolaridad de las comunidades que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mpio. De Acapulco, los habitantes de la misma, representan un blanco fácil de manipular por los grupos desafectos del gobierno, por lo que inducen a la población a oponerse a todo tipo de acciones Gubernamentales, generando con ello que la presencia de Autoridades de los tres órdenes de gobierno en citada área, se limite o se vuelva nula”, dice una de las citas.
En riesgo, defensores de derechos humanos: Centro Morelos
La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, Teodomira Rosales Sierra, aclaró que la visión del Ejército no sólo coloca en riesgo a Vidulfo, su hermano, sino a todos los defensores y, por otro lado, confirma que ha hecho un buen trabajo en el acompañamiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“La inteligencia militar, en lugar de que haga su trabajo está criminalizando, difamando a una persona honesta, siento que es como un pretexto que está utilizando por temor a que se llegue a la verdad de los 43, y para llevar a prisión a los defensores”, recriminó.
Consideró que esta visión del Ejército sobre los defensores, es compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declaró que la ciudadanía ya no necesita ir acompañada a las instituciones. Sin embargo, recordó que en los hechos, los funcionarios no hacen caso a los ciudadanos cuando llegan solos a exigir servicio, seguridad o procuración de justicia. (Lourdes Chávez/Chilpancingo)
