Padres de familia de la primaria Crecencio A. Miranda, de la colonia La Libertad, acordaron suspender clases debido a la inseguridad que impera en el lugar, pues hay constantes balaceras, y reanudar labores el 8 de enero de 2018; mientras que la secundaria Bicentenario de la Independencia 2010, en San Agustín, también decidió adelantar las vacaciones, a pesar de tener dos militares resguardando el plantel.
A principios de noviembre personas desconocidas se metieron a robar a la secundaria, por lo que suspendieron clases durante dos semanas, y el 21 de noviembre reanudaron luego de que las autoridades educativas gestionaron la presencia de militares en la escuela.
En una visita a la escuela, unos vecinos informaron que el último día de clases fue el miércoles, donde nada más hicieron su posada.
Donde ya reanudaron clases, a principios de la semana, es en la primaria Niños Héroes y el jardín de niños José Vasconcelos, ambas con presencia militar. El preescolar este viernes no tuvo clases por ser el Consejo Técnico, pero en la primaria sí hubo labores y se pudieron observar al menos a tres militares en el perímetro de la escuela.
En la primaria Crecencio A. Miranda los padres de familia tuvieron una reunión, donde hablaron del tema de la inseguridad y si se adelantaban o no las vacaciones. La mayoría optó por adelantar la salida, porque no tienen vigilancia militar y la zona es muy insegura.
Agregaron que no hay ni vigilancia privada para que controle la entrada y salida del plantel, por lo que no iban a poner en peligro a sus hijos ni a los maestros. El regreso a clases será el 8 de enero.
Etiqueta: Violencia
Cierran civiles armados cuatro horas la carretera a Acapulco en Petaquillas, cerca de Chilpancingo
Integrantes del grupo civil armado que opera en Petaquillas, que se presenta como policía rural, bloquearon más de cuatro horas los cuatro carriles de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a un lado del retén que tienen en la entrada a Chilpancingo, ante la amenaza de que irían policías estatales y federales a desarmarlos tras la detención de un comandante que después fue liberado.
A las 12 del día inició el bloqueo con llantas atravesadas en la vialidad. Los manifestantes impidieron tomar fotografías y en un primer momento no quisieron dar información del motivo del bloqueo en la transitada carretera federal que se dirige a los pueblos del valle de El Ocotito donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), donde desde el domingo han sucedido ataques armados por la irrupción del grupo del crimen organizado Los Ardillos, según denuncias de la UPOEG.
Antes de las 12 del día se observó un convoy de seis patrullas de la Policía Estatal, dos de la Policía Ministerial y dos del Ejército que se dirigían a Chilpancingo tras los enfrentamientos a balazos del domingo y martes en Buenavista de la Salud y Palo Blanco.
Después los civiles armados que están en el retén cerca de la colonia La Cinca, en la entrada a Chilpancingo desde Acapulco, cerraron con llantas los cuatro carriles de la carretera federal.
Aunque la mayoría de los manifestantes no quisieron informar del motivo de la movilización, los civiles armados que se autodenominan policías rurales de Petaquillas, de los cuales se deslindó el gobierno del estado, dijeron que las autoridades policiacas pretenden desarmarlos tras los asesinatos y ataques a balazos en el valle de El Ocotito.
Retienen a comandante del grupo de civiles armados en Petaquillas
Un autodenominado policía rural de Petaquillas dijo que después de las 10:30 de la mañana su comandante Germán Alvarado Flores acompañado de su chofer y otro joven iban en un vehículo Focus rojo, al llegar a la gasolinería en la entrada a Petaquillas fue detenido por la Policía Estatal, la Ministerial y militares.
Comentó que los uniformados sacaron del auto al comandante, “lo golpearon en la espalda, le escupieron, le quitaron su radio, dos cartuchos y una pistola, lo tuvieron retenido más de 15 minutos y después lo liberaron”.
Dijo que como forma de presión para las autoridades bloquearon la carretera federal, después vecinos de Petaquillas se sumaron al movimiento para exigir la entrega de sus pertenencias al comandante.
“Lo que pasa es que íbamos a bordo del auto Focus rojo, no tenía logotipos que nos identificaran como policías y las corporaciones nos confundieron como personas sospechosas, yo como chofer y a mi acompañante no nos detuvieron, sólo a nuestro comandante lo retuvieron como unos 15 minutos”.
Antes de las 3 de la tarde llegaron al bloqueo el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado del Moral y el vicefiscal Nelson Fiallo, quienes atendieron a los inconformes.
Los funcionarios negaron la intención de desarmar a los policías rurales quienes controlan la comunidad de Petaquillas tras expulsar a balazos al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), hace más de un año, y pidieron a los manifestantes que liberaran la vialidad.
Los pobladores y civiles armados pidieron que les entregaran el radio de comunicación, dos cartuchos y una pistola para que liberaran la carretera, la respuesta de los funcionaros fue que les entregarían dinero en efectivo y los manifestantes aceptaron la propuesta.
Después de las 4 de la tarde los manifstantes se retiraron y se reanudó la vialidad de la carretera federal México-Acapulco en la comunidad de Petaquillas, ubicada a 12 kilómetros del centro de Chilpancingo.
Se “veían venir” las sanciones de la SEG, dice la CETEG; convoca a una protesta en Acapulco
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, dijo que se “veían venir” las sanciones administrativas a los maestros de la Montaña Baja que no se presentaron a laborar de manera regular, luego del oficio que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les envió el 17 de noviembre pasado.
Maestros de escuelas de la Montaña Baja, principalmente de Chilapa, Zitlala y José Joaquín Herrera (Hueycantenango) suspendieron clases porque recibieron amenazas del crimen organizado.
Las autoridades desplegaron un esquema de vigilancia para dar seguridad en 12 rutas, y la SEG llamó a los docentes a reanudar laborales porque consideró que ya había garantías para que éstas se llevaran a cabo.
El miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, acudieron a Chilapa para asistir a reunión del Grupo de Coordinación Guerrero. Ahí, el gobernador aseguró que el 93 por ciento de las escuelas cerradas por inseguridad en la Montaña Baja ya estaban laborando y que las únicas cerradas estaban sin actividades por conflictos “gremiales”; mientras que González de la Vega Otero dijo que la CETEG ha puesto “pretextos” para no reanudar actividades.
Expresó que la SEG ha sido tolerante por la situación complicada, pero que la próxima semana se aplicarán los descuentos correspondientes.
Consultado al respecto, Ramírez Perulero dijo que el magisterio disidente anticipó que la SEG aplicaría descuentos a los docentes de la Montaña baja y por ello convocó a una marcha estatal el 6 de diciembre, en Acapulco, contra las represiones administrativas, “vamos a defender los derechos de los compañeros, sean o no de la CETEG, no vamos a permitir que se violenten sus derechos”.
Expuso que el problema de la inseguridad en la Montaña Baja no se va a resolver con una estrategia mediática, como las 12 rutas de vigilancia; además de que cuando las autoridades acudieron a visitar la zona, fueron resguardadas por escoltas, Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército, pero los maestros y pobladores de las comunidades no cuentan con este tipo de blindaje.
Llamó a González de la Vega Otero a “que se ponga en los zapatos” de los maestros, que actuaron según las circunstancias que prevalecen en la región. Dijo que el asesinato de la niña de 13 años Diana Paulina Rendón Alcaraz en Chilapa, “seguramente alumna de secundaria”, es una muestra de que la seguridad no está garantizada y los crímenes prevalecen.
“Sabemos que el problema es grande y transciende a la SEG, hemos visto que ellos mismos han hecho el llamado a la federación para que intervenga en esta problemática, porque se han visto en la incapacidad para enfrentarla, pero nuestro papel es defender a nuestros compañeros”, declaró.
Ramírez Perulero acudió este jueves a Acapulco para llamar a las bases a participar en la marcha estatal del 6 de diciembre, en la que también exigirán la abrogación de la reforma educativa, que se suspenda la aplicación de la Evaluación del Servicio Profesional Docente y que los recursos aplicados al proceso se destinen a las escuelas que fueron dañadas por el sismo del 19 de septiembre pasado.
“El llamado es a todo el magisterio. En la medida en que estemos unidos las autoridades no tienen por qué violentar nuestros derechos laborales, profesionales, sociales y económicos”, concluyó.
Cierran comercios y escuelas en el valle de El Ocotito
El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo
El gobernador pregunta por la seguridad que pregona la UPOEG y dice que hay un conficto entre dos grupos y urge la responsabilidad de la federación
Zacarías Cervantes
Chilapa
El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.
Suspenden clases también en Acahuizotla y Palo Blanco, tras ataque a balazos el martes
En las comunidades de Acahuizotla y Palo Blanco, del municipio de Chilpancingo, se suspendieron las labores en las escuelas de todo los niveles educativos, tras los hechos de la noche del martes, cuando civiles armados atacaron a policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en su retén en la entrada a Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco.
Con éstas, son siete comunidades del valle de El Ocotito donde no hay clases, luego del enfrentamiento del domingo entre civiles armados y policías estatales que dejó un civil muerto y dos policías heridos en Buenavista de la Salud.
Un integrante del Consejo de Autoridades de El Ocotito, informó que ayer se acordó que no se reanudaran las clases suspendidas desde el lunes en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, por los hechos de violencia de la noche del martes en Palo Blanco, y que además se sumaron Palo Blanco y Acahuizotla.
Señaló que esta medida es para que estudiantes y maestros no corran el riesgo en caso de un enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y hombres armados.
La noche del martes, un ataque de civiles armados a policías de la UPOEG en Palo Blanco, dejó un muerto y dos policías heridos de bala. (Luis Blancas/Chilpancingo).
Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG
El ejecutado en un automóvil el martes era un ex policía ciudadano, informa Ernesto Gallardo. Destituyeron a ocho integrantes de la organización que tenían acuerdos con los criminales, afirma. Aterroriza a vecinos de Palo Blanco el rumor de una balacera, cierran locales y se refugian en sus casas
El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.
Retenes no reactivan la vida cotidiana
Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.(Alina Navarrete Fernández / Palo Blanco, Chilpancingo).
Abrió el 93% de escuelas cerradas ante la violencia, informa el gobernador
Abrió el 93% de las escuelas de la Montaña Baja cerradas ante la violencia, informa el gobernador
De 496 centros educativos de Chilapa, Zitlala y Hueycantenango están trabajando 462, en los que estudian 48 mil alumnos, afirma. El resto no se ha sumado “por situaciones de carácter gremial”. La operación militar y policiaca va a durar el tiempo que duren las clases, anuncia. Pero se vio que en algunos planteles los soldados se han retirado. Los maestros de la CETEG “han venido poniendo pretextos para no regresar” y la semana próxima habrá descuentos, advierte la SEG
Zacarías Cervantes
Chilapa
Tras una reunión de evaluación del Grupo de Coordinación Guerrero este miércoles en Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que el 93 por ciento de las escuelas de la región educativa Montaña Baja que estaban cerradas por la inseguridad han reanudado sus labores, y que el resto se mantiene cerradas por conflictos “gremiales”.
Antes de la reunión en un recorrido por la cabecera municipal se comprobó que la seguridad militar que se había instalado afuera de las escuelas se ha retirado. Personal de algunos centros educativos informaron que contaron con resguardo solamente la semana pasada y que a partir de este lunes ya no regresaron los militares, en otros informaron que se retiró la vigilancia a partir del martes y en algunos más desde este miércoles.
En la reunión de ayer estuvieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia y el presidente municipal priista Jesús Parra García.
El encuentro comenzó a las 12 del día y terminó casi a la 1:30. Al término Astudillo Flores emitió un breve mensaje a los representantes de los medios de comunicación y contestó cuatro preguntas a los reporteros.
Astudillo Flores aseguró en la conferencia de prensa que ya hay avances en la investigación del asesinato de Diana Paulina, pero que “por razones obvias no podemos dar detalles”.
En cuanto a las escuelas dijo que de acuerdo con los datos recabados en 12 rutas que se establecieron en esta región, de 496 escuelas están trabajando 462, que significan el 93 por ciento, en las que estudian alrededor de 48 mil alumnos. Argumentó que el resto no se ha sumado “por situaciones de carácter gremial no han facilitado que regresen al 100”, en referencia a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) que son los que han rechazado regresar a sus labores.
Precisó que la operación militar y policiaca para garantizar la seguridad a maestros y alumnos se ha establecido en 12 rutas y aseguró que “ha venido funcionando, y este día podemos decir que tenemos un avance del 93 por ciento y esperamos que en el transcurso de los próximos días con la participación de algunos grupos gremiales que no han colaborado mucho pueda esto llegar al 100 por ciento”.
Un reportero pidió que precisara en qué municipios se encuentran esas 460 escuelas que según ya regresaron a sus labores con normalidad, y en dónde están las otras escuelas que no han abierto por conflictos magisteriales. Astudillo dijo que están principalmente en Chilapa, 358 escuelas, en Zitlala 71 y en José Joaquín Herrera (Hueycantenango).
“Estos tres municipios son los que plantearon la problemática originalmente y a esto nos referimos del 93 por ciento de avance del regreso a escuela”, expuso.
Enseguida le pasaron una tarjeta y precisó que en José Joaquín de Herrera de 67 escuelas han regresado 65, y que es el municipio con el mayor avance en regreso a clases.
Dijo que en Zitlala de 71 han regresado 68 y en Chilapa de 358 han regresado 329. En tanto que en la cabecera de este municipio 60 escuelas de 65 ya regresaron.
Informó que la operación militar y policiaca va a durar el tiempo que duren las clases, y que posteriormente sólo estarán pendientes de lo que pase en Chilapa, porque, dijo, “es una zona que tiene un indicador muy especial respecto al tema de los homicidios dolosos”.
Precisó que primero Acapulco, en segundo lugar Chilpancingo y después Chilapa, “es un tema que por supuesto ocupa a la federación, ocupa al estado y ocupa, por supuesto, al municipio”.
En las preguntas se preguntó al gobernador por qué ya se había retirado la seguridad militar de las escuelas, y dijo que la seguridad se establece por rutas, que aquí “no es como en Acapulco, un militar en la puerta de las escuelas. Son rutas, esto es muy importante decirlo, en algunos lugares sí puede haberlo pero normalmente nos manejamos por 12 rutas”, argumentó sin precisar en qué consiste la seguridad por rutas.
También se preguntó al secretario de Educación, José Luis González de la Vega, quien argumentó que “es muy complicado que haya un soldado por cada una de las escuelas” y que por eso la seguridad se estableció por rutas, pero tampoco explicó en qué consiste este esquema, “allí si no le puedo decir, ellos (los militares) conocen muy bien los esquemas de seguridad y cómo se hacen las rutas, los relevos”.
Aunque informó que el lunes estuvo en esta cabecera municipal y visitó escuelas del centro, de la periferia y de algunas comunidades, “y si vi la presencia tanto del Ejército como de Seguridad Pública”.
Para el secretario sí está funcionando el esquema de seguridad mediante rutas porque “es notorio el regreso a clases de los maestros y alumnos de una semana para acá”.
El secretario de Educación abundó en la declaración del gobernador Héctor Astudillo cuando éste se refirió a que por conflictos gremiales no han abierto el 100 por ciento. De la Vega dijo que son los maestros de la CETEG los que “han venido poniendo pretextos para no regresar”.
Informó que la SEG envió un oficio a los maestros en el que les dijo que ya había las condiciones para que regresaran a sus labores “y solicitándoles su apoyo”, pero pusieron muchos pretextos, como que el sello fue colocado en el oficio del lado derecho cuando debería estar del lado izquierdo”.
El funcionario acusó que estos son, más bien, pretextos para no regresar. Advirtió que la dependencia ha querido ser tolerante por la situación difícil y complicada, pero que ya están preparando para la semana próxima los descuentos correspondientes.
El secretario de Educación informó que en la medida en que se establezcan bien las rutas también se podrán incorporar a las actividades los maestros de las escuelas de las comunidades, aunque aseguró que les costó más trabajo que regresaran en la cabecera municipal que en algunas comunidades, sobre todo las que están por Quechultenango.
En otro tema, la conferencia con el gobernador Astudillo, también confirmó la aparición con vida de la joven de 15 años de edad Zuleyca Yumiko, quien había sido reportada como desaparecida la tarde del viernes de la semana pasada por lo que, dijo, ya fue retirada la Alerta Ámber.
Del asesinato de la niña de 13 añosm Diana Paulina, informó que el caso también fue tema de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y aseguró que “hay avances en la investigación”, pero por “razones obvias no podemos dar detalles, pero hay avances muy importantes en torno a esa lamentable muerte”.
Una reportera le preguntó si tenía considerado incorporar al municipio de Chilapa en la alerta de violencia de género, ante el incremento de los asesinatos contra mujeres y el gobernador declaró que va a revisar el caso, “y yo creo que no hay ningún inconveniente que lo incorporemos de manera inmediata”.
Ya no resguardan militares algunas escuelas
Antes de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y la conferencia de prensa del gobernador, en un recorrido por varios puntos de la cabecera municipal se constató que fue retirada la vigilancia de soldados del Ejército afuera de las escuelas que abrieron desde la semana pasada.
Personal de algunas instituciones declaró que la vigilancia permaneció solamente la semana pasada como en la escuela Justo Sierra, en el centro de Chilapa, y ayer ya no había soldados, algunos padres de familia informaron que la vigilancia se retiró a partir de hoy, según los directivos para dar prioridad a la seguridad a la visita del gobernador, pero que es posible que regresen este jueves.
Tampoco se vio seguridad en el jardín de niños Amado Rodríguez, en esta institución una de las educadoras dijo que desde el lunes ya no regresaron los soldados y que cuando preguntaron les dijeron que fueron trasladados a otras zonas del estado.
La seguridad también se retiró, en la USAER (Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) 131, en donde el personal aseguró que desde el martes ya no cuentan con la seguridad que les brindaron los soldados la semana pasada.
Ayer solamente se vieron patrullajes en varios puntos de la ciudad pero no la vigilancia de dos o tres militares como la semana pasada.
Abrió el 93% de las escuelas de la Montaña Baja cerradas ante la violencia, informa el gobernador
Tras una reunión de evaluación del Grupo de Coordinación Guerrero este miércoles en Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que el 93 por ciento de las escuelas de la región educativa Montaña Baja que estaban cerradas por la inseguridad han reanudado sus labores, y que el resto se mantiene cerradas por conflictos “gremiales”.
Antes de la reunión en un recorrido por la cabecera municipal se comprobó que la seguridad militar que se había instalado afuera de las escuelas se ha retirado. Personal de algunos centros educativos informaron que contaron con resguardo solamente la semana pasada y que a partir de este lunes ya no regresaron los militares, en otros informaron que se retiró la vigilancia a partir del martes y en algunos más desde este miércoles.
En la reunión de ayer estuvieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia y el presidente municipal priista Jesús Parra García.
El encuentro comenzó a las 12 del día y terminó casi a la 1:30. Al término Astudillo Flores emitió un breve mensaje a los representantes de los medios de comunicación y contestó cuatro preguntas a los reporteros.
Astudillo Flores aseguró en la conferencia de prensa que ya hay avances en la investigación del asesinato de Diana Paulina, pero que “por razones obvias no podemos dar detalles”.
En cuanto a las escuelas dijo que de acuerdo con los datos recabados en 12 rutas que se establecieron en esta región, de 496 escuelas están trabajando 462, que significan el 93 por ciento, en las que estudian alrededor de 48 mil alumnos. Argumentó que el resto no se ha sumado “por situaciones de carácter gremial no han facilitado que regresen al 100”, en referencia a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) que son los que han rechazado regresar a sus labores.
Precisó que la operación militar y policiaca para garantizar la seguridad a maestros y alumnos se ha establecido en 12 rutas y aseguró que “ha venido funcionando, y este día podemos decir que tenemos un avance del 93 por ciento y esperamos que en el transcurso de los próximos días con la participación de algunos grupos gremiales que no han colaborado mucho pueda esto llegar al 100 por ciento”.
Un reportero pidió que precisara en qué municipios se encuentran esas 460 escuelas que según ya regresaron a sus labores con normalidad, y en dónde están las otras escuelas que no han abierto por conflictos magisteriales. Astudillo dijo que están principalmente en Chilapa, 358 escuelas, en Zitlala 71 y en José Joaquín Herrera (Hueycantenango).
“Estos tres municipios son los que plantearon la problemática originalmente y a esto nos referimos del 93 por ciento de avance del regreso a escuela”, expuso.
Enseguida le pasaron una tarjeta y precisó que en José Joaquín de Herrera de 67 escuelas han regresado 65, y que es el municipio con el mayor avance en regreso a clases.
Dijo que en Zitlala de 71 han regresado 68 y en Chilapa de 358 han regresado 329. En tanto que en la cabecera de este municipio 60 escuelas de 65 ya regresaron.
Informó que la operación militar y policiaca va a durar el tiempo que duren las clases, y que posteriormente sólo estarán pendientes de lo que pase en Chilapa, porque, dijo, “es una zona que tiene un indicador muy especial respecto al tema de los homicidios dolosos”.
Precisó que primero Acapulco, en segundo lugar Chilpancingo y después Chilapa, “es un tema que por supuesto ocupa a la federación, ocupa al estado y ocupa, por supuesto, al municipio”.
En las preguntas se preguntó al gobernador por qué ya se había retirado la seguridad militar de las escuelas, y dijo que la seguridad se establece por rutas, que aquí “no es como en Acapulco, un militar en la puerta de las escuelas. Son rutas, esto es muy importante decirlo, en algunos lugares sí puede haberlo pero normalmente nos manejamos por 12 rutas”, argumentó sin precisar en qué consiste la seguridad por rutas.
También se preguntó al secretario de Educación, José Luis González de la Vega, quien argumentó que “es muy complicado que haya un soldado por cada una de las escuelas” y que por eso la seguridad se estableció por rutas, pero tampoco explicó en qué consiste este esquema, “allí si no le puedo decir, ellos (los militares) conocen muy bien los esquemas de seguridad y cómo se hacen las rutas, los relevos”.
Aunque informó que el lunes estuvo en esta cabecera municipal y visitó escuelas del centro, de la periferia y de algunas comunidades, “y si vi la presencia tanto del Ejército como de Seguridad Pública”.
Para el secretario sí está funcionando el esquema de seguridad mediante rutas porque “es notorio el regreso a clases de los maestros y alumnos de una semana para acá”.
El secretario de Educación abundó en la declaración del gobernador Héctor Astudillo cuando éste se refirió a que por conflictos gremiales no han abierto el 100 por ciento. De la Vega dijo que son los maestros de la CETEG los que “han venido poniendo pretextos para no regresar”.
Informó que la SEG envió un oficio a los maestros en el que les dijo que ya había las condiciones para que regresaran a sus labores “y solicitándoles su apoyo”, pero pusieron muchos pretextos, como que el sello fue colocado en el oficio del lado derecho cuando debería estar del lado izquierdo”.
El funcionario acusó que estos son, más bien, pretextos para no regresar. Advirtió que la dependencia ha querido ser tolerante por la situación difícil y complicada, pero que ya están preparando para la semana próxima los descuentos correspondientes.
El secretario de Educación informó que en la medida en que se establezcan bien las rutas también se podrán incorporar a las actividades los maestros de las escuelas de las comunidades, aunque aseguró que les costó más trabajo que regresaran en la cabecera municipal que en algunas comunidades, sobre todo las que están por Quechultenango.
En otro tema, la conferencia con el gobernador Astudillo, también confirmó la aparición con vida de la joven de 15 años de edad Zuleyca Yumiko, quien había sido reportada como desaparecida la tarde del viernes de la semana pasada por lo que, dijo, ya fue retirada la Alerta Ámber.
Del asesinato de la niña de 13 añosm Diana Paulina, informó que el caso también fue tema de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y aseguró que “hay avances en la investigación”, pero por “razones obvias no podemos dar detalles, pero hay avances muy importantes en torno a esa lamentable muerte”.
Una reportera le preguntó si tenía considerado incorporar al municipio de Chilapa en la alerta de violencia de género, ante el incremento de los asesinatos contra mujeres y el gobernador declaró que va a revisar el caso, “y yo creo que no hay ningún inconveniente que lo incorporemos de manera inmediata”.
Ya no resguardan militares algunas escuelas
Antes de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y la conferencia de prensa del gobernador, en un recorrido por varios puntos de la cabecera municipal se constató que fue retirada la vigilancia de soldados del Ejército afuera de las escuelas que abrieron desde la semana pasada.
Personal de algunas instituciones declaró que la vigilancia permaneció solamente la semana pasada como en la escuela Justo Sierra, en el centro de Chilapa, y ayer ya no había soldados, algunos padres de familia informaron que la vigilancia se retiró a partir de hoy, según los directivos para dar prioridad a la seguridad a la visita del gobernador, pero que es posible que regresen este jueves.
Tampoco se vio seguridad en el jardín de niños Amado Rodríguez, en esta institución una de las educadoras dijo que desde el lunes ya no regresaron los soldados y que cuando preguntaron les dijeron que fueron trasladados a otras zonas del estado.
La seguridad también se retiró, en la USAER (Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) 131, en donde el personal aseguró que desde el martes ya no cuentan con la seguridad que les brindaron los soldados la semana pasada.
Ayer solamente se vieron patrullajes en varios puntos de la ciudad pero no la vigilancia de dos o tres militares como la semana pasada.
Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG
El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.
Retenes no reactivan la vida cotidiana
Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.
Matan a un hombre Acatempa, Tixtla, hieren a otro en Iguala y roban un auto en Acapetlahuaya
Un hombre en una motocicleta hirió de un balazo en una pierna a un joven en el centro de Iguala, otro fue ejecutado en la entrada de la comunidad de Acatempa, municipio de Tixtla y hombres armados interceptaron a un vecino de Chilpancingo y le robaron un automóvil en la carretera en Acapetlahuaya.
Del asesinado fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 8:35 de la noche había un hombre muerto en esa localidad.
El cuerpo de la víctima tenía una cobija encima y estaba tendido en la calle Adolfo López Mateo, en la colonia Centro de Acatempa.
Al lugar llegaron policías municipales, estatales que acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.
En otro hecho en Iguala, según fuentes de Seguridad Pública del estado, cerca de la 1 de la madrugada de ayer, Abel de 30 años ingresó al hospital general porque tenía un balazo en la pierna izquierda.
Otro joven que iba con él dijo y que tuvo una lesión en la frente tras arrojarse al piso para evadir las balas, contó que caminaban por la calle Galeana casi esquina con Juan R. Escudero de la colonia Centro cerca de la terminal de autobuses Estrella Blanca, ahí un hombre que pasó junto a ellos en una motocicleta sacó una pistola y les disparó sin decirles nada, después huyó.
Los dos jóvenes fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al hospital.
También se dio a conocer que cerca de las 8 de la mañana de ayer hombres armados robaron un Nissan Sentra blanco con placas de Guerrero a un vecino de la capital del estado en la carretera federal 51, en el tramo Acapetlahuaya-Arcelia, cuando iba hacia Ciudad Altamirano del municipio de Pungabarato en la región de Tierra Caliente.
Según un reporte policiaco, el robo ocurrió a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Teloloapan. En la carretera entre Acapetlahuaya y Altamirano, hombres armados a bordo de un Nissan Tsuru blanco se le emparejaron al conductor del Sentra y le apuntaron con armas y lo obligaron a detenerse.
El automovilista fue despojado de sus pertenencias y del vehículo, tras el robo fue abandonado ileso a orilla de la carretera en tanto que los pistoleros huyeron en los dos vehículos con dirección hacia Arcelia. Tiempo después fue auxiliado por un automovilista que lo llevó a Teloloapan donde denunció el robo en el Ministerio Público.
Por otra parte, el decapitado y desmembrado hallado la madrugada del martes en el centro de la cabecera municipal de Huitzuco fue identificado ayer como Rogelio de 27 años, era empleado de una frutería en ese municipio de donde era vecino.
Según fuentes policiacas, ayer el padre se presentó en el Servicio Médico Forense (Semefo) donde identificó y reclamó los restos.
Informó a las autoridades que su hijo era empleado de una frutería en el centro de Huitzuco y que la última vez que lo vio con vida fue la tarde del lunes cuando andaba tomando con un amigo de él. (Alejandro Guerrero y Luis Blancas / Iguala y Chilpancingo).
Atiende diariamente la Semujer 10 casos de mujeres violentadas en Zihuatanejo, informan
La delegada de la Secretaría de la Mujer (Semujer) en la región Costa Grande, Rosa Elena Raya Álvarez dio a conocer que en Zihuatanejo atienden diariamente a 10 mujeres violentadas física, económica o psicológicamente, y que no funcionan los cursos de concientización y sensibilización del gobierno del estado a servidores públicos, pues no son empáticos con las víctimas; “además de que las agrede el esposo, también las agreden los malos servidores públicos”, indicó.
Trabajadores de la delegación de la Semujer llevaron a cabo una campaña de concientización en la plaza Libertad de Expresión, en el centro de este puerto; ahí, Raya Álvarez habló de los tipos de violencia que sufren las mujeres que han sido atendidas por esa delegación.
A pregunta expresa, indicó que para disminuir o erradicar la violencia contra las mujeres, ellas se deben de empoderar, “y se necesita sensibilizar también a los funcionarios públicos… es muy cierto que la Secretaría de la Mujer, Derechos Humanos…, por instrucciones del gobernador tenemos muchas capacitaciones, todas las dependencias tenemos capacitaciones en equidad de género y para erradicar la violencia, todas van sustentadas en erradicar la violencia”.
Acusó que a muchos funcionarios públicos “nos entra por un oído y nos sale por otro”, ya que acuden a las capacitaciones a pasar lista, “pero cuando llegamos a donde vamos a aplicar, me convierto en una persona insensible”.
Indicó que en las agencias del Ministerio Público han tenido casos de mujeres violentadas por no querer tener relaciones sexuales con sus esposos, “ella dice ‘oiga, es que yo no quise tener relaciones con mi esposo, y me golpeó’, y contesta el funcionario público ‘ay mamacita, pues por eso te pegó, es que debiste de haber hecho caso, es que no ves que para eso se casan las mujeres’, pero esto se da donde quiera (…) qué tenemos que hacer, que nos nazca a nosotros, los servidores públicos, el querer apoyar a las mujeres, que nos duela la mujer… que ese funcionario se ponga en los zapatos de la mujer violentada y aplique la ley”.
Acusó que para no meterse en problemas, por pereza o simplemente porque son misóginos, los funcionarios ponen trabas, piden a mujeres violentadas cumplir varios requisitos, pese a que han tenido que salir de prisa de su casa para salvar su vida.
Vuelven a clases en Chilapa con vigilancia militar pero siguen sin labores los pueblos de la zona
Después de casi dos meses de suspensión de clases debido a las amenazas del crimen organizado y la imperante violencia en la región, a partir de este lunes la mayoría de las escuelas de Chilapa abrieron sus puertas, bajo la vigilancia militar y patrullajes permanentes en la cabecera municipal.
Sin embargo las labores no se han reanudado en las comunidades de los municipios que comprenden la región educativa Montaña Baja, mientras que dirigentes magisteriales informaron que acordaron de manera unilateral adelantar las vacaciones de diciembre a partir del 8 de diciembre, cuando prevén que recibirán el aguinaldo, ante el riesgo que implica permanecer en sus centros de trabajo.
Mientras tanto, cuando menos en la cabecera municipal ayer reiniciaron las actividades educativas en la mayoría de las escuelas, y los niños se vieron caminar y jugar uniformados, con sus mochilas al hombro por las calles después de las 12 del día, cuando salieron de sus aulas escolares.
En la escuela primaria Justo Sierra, uno de los dos soldados que resguardaban el inmueble a la hora de la salida informó que además de la vigilancia que mantienen afuera de las instituciones, hay patrullajes por toda la cabecera municipal en las zonas que se consideran de mayor riesgo.
En esta misma escuela un padre de familia y maestro a la vez de una escuela rural dijo que la vigilancia militar solamente se ha establecido en la cabecera municipal, pero no en las comunidades en donde todavía siguen suspendidas las clases, y desconocen cuándo reanudarán sus actividades.
“Que vayan allá, a las comunidades, que son las de mayor riesgo”, dijo el hombre quien a bordo de su bicicleta transportaba a su hija recién salida de la escuela.
Consultado por teléfono, un dirigente magisterial del Sindicato Único de Servidores Público del Estado de Guerrero (SUSPEG), dijo que acordaron que regresarían a sus labores primero los maestros de las cabeceras municipales como Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala para valorar la situación de riesgo, y que después se incorporarían los maestros de las comunidades.
Reconoció que esta es la segunda semana que no han recibido amenazas, pero que los asesinatos y los levantones continúan a pesar de la presencia militar, por lo que muchos maestros consideran que no hay condiciones para “normalizar” sus actividades.
Informó que el viernes de la semana pasada en una reunión en Chilpancingo analizaron la situación de riesgo a partir de que cobren su aguinaldo, que será a partir del 8 de diciembre, y los maestros del SUSPEG acordaron adelantar su periodo de vacaciones a partir de ese día.
En los municipios de la región Montaña Baja se suspendieron las clases desde el 19 de septiembre, primero para revisar las estructuras de las escuelas por el sismo, pero dos semanas después continuaron suspendidas las labores educativas por la paralización del servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa ante los asesinatos y levantones de choferes, y el despojo de las unidades de transporte.
También a partir del 25 de septiembre los maestros comenzaron a recibir amenazas a través de las redes sociales y mediante mensajes de Whatsapp.
Las clases comenzaron a reanudarse de manera paulatina a partir de la semana pasada después de que sesionó el Grupo de Coordinación Guerrero en esta cabecera municipal, donde las autoridades federales y estatales acordaron el despliegue de una operación militar parar resguardar con soldados las escuelas.