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El cuartel militar que no llega y la violencia que aumenta

El anuncio de la construcción de un cuartel militar en esta cabecera municipal, y que el gobernador desconoció, la hizo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, tras una reunión del gabinete de seguridad el 21 de enero del 2016, cuando se anunció el despliegue en éste municipio de 3 mil 500 militares para reforzar la seguridad.
Sin embargo, desde entonces la violencia no ha cesado en ésta zona. Incluso, los grupos criminales que se disputan el territorio, obligaron a los maestros a cerrar las escuelas de manera paulatina a partir del 25 de septiembre, cuando los maestros comenzaron a recibir amenazas a través de mensajes por las redes sociales y vía Whatsapp.
En lo que va de este año, se han anunciado al menos tres operaciones militares y policiacas. El 18 de marzo el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 militares y policías del estado llegarían a Chilapa para garantizar la seguridad de los pobladores y visitantes en el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre el gobernador Héctor Astudillo y la secretaría de Seguridad Pública del estado, informaron mediante un boletín que se intensificaría la vigilancia en la carretera Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de los constantes asesinatos de choferes de urvan que cubren esa ruta y que se vieron obligados a suspender el servicio.
El 12 de octubre el vocero Álvarez Heredia informó nuevamente en un boletín que policías estatales, militares y ministeriales harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados y personas armadas para garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
Sin embargo, a pesar de los anuncios, la violencia se incrementó sobre todo en este municipio de la Montaña Baja, según un recuento de El Sur, hasta el 17 de octubre se habían cometido 190 asesinatos.

No hay condiciones para regresar a clases, dicen maestros de Chilapa, Zitlala y Hueycantenango

Tras el anuncio de la operación militar y policiaca que hizo este lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores en Chilapa, para “proteger” a los maestros y alumnos en sus escuelas, algunos profesores consultados en esta cabecera municipal consideraron que aún no hay condiciones para que regresen a sus labores.
Un dirigente de los maestros del sistema estatal declaró que darán el beneficio de la duda a esta nueva operación anunciada, y que irán primero de dos a tres días a laborar para valorar las condiciones, “y dependiendo de la situación decidiremos si regresamos definitivamente”.
El dirigente de los maestros del sistema estatal consultado vía telefónica, a condición de que no se revelara su identidad, informó que acordaron ir de dos a tres días a sus centros de trabajo, y que “dependiendo” de las condiciones, como vean la situación, decidirán si se reincorporan a sus labores definitivamente.
“Primero necesitamos ver resultados. Más allá de un discurso tendremos que ver que en realidad se esté cumpliendo lo que se ofreció”, dijo.
Informó que este lunes algunos maestros ya acudieron a sus centros de trabajo “a platicar con los padres de familia y a tener un acercamiento con los alumnos, evaluamos, revisamos algunos trabajos que les dejamos, de tal manera que le estamos dando el beneficio de la duda al gobierno del estado”, declaró.
Dijo que “personalmente” no ve que con la operación que se anunció verdaderamente se brinde seguridad al 100 por ciento a los maestros y alumnos, “por eso vamos a valorar y dependiendo de cómo se vaya dando la situación vamos a decidir si regresamos definitivamente”.
En un recorrido en esta cabecera municipal este lunes se comprobó que todas las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas.
Un maestro de secundaria de la localidad de Hueycatenango, municipio de José Joaquín de Herrera, informó que en esa población acordaron seguir el paro de labores debido a que ven que los gobiernos federal y estatal no les garantizan seguridad.
El maestro quien fue encontrado circunstancialmente en el Zócalo de Chilapa, después del anuncio de la operación para proteger a maestros y alumnos que se encuentran en paro por la violencia, denunció que en el camino que conduce a Hueycantenango hay unos 200 presuntos policías comunitarios a los que tienen desconfianza, porque “no sabemos si son realmente comunitarios”.
Otro maestro de una escuela primaria de Zitlala informó que el alcalde priista Roberto Zapoteco Castro les avisó entre sábado y domingo que este lunes tendrían una reunión, para analizar si era conveniente o no regresar a clases e implementar medidas de seguridad.
Sin embargo se quejó de que el alcalde dejó plantados a los docentes por acudir a la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, a la que convocó de última hora el gobernador Héctor Astudillo en Chilapa.
Dijo que los profesores de Zitlala acordaron que tampoco van a regresar a clases.

Asesinan a un ganadero cerca de Altamirano y a dos hombres en Coyua de Catalán

Un ganadero fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en la comunidad de La Bolsa del municipio de Pungarabato, a 10 minutos de Ciudad Altamirano.
El hombre fue identificado como Héctor de aproximadamente 40 años quien estaba cuidando a sus animales muy temprano cuando se escucharon balazos.
Los pobladores hallaron el cuerpo y fue trasladado de manera inmediata a su casa y posteriormente llegaron peritos de la Fiscalía.

Detienen a dos hombres y les decomisan armas

Este domingo por la tarde dos hombres fueron detenidos por el Ejército y la Policía del Estado cerca de Archimoro, Coyuca de Catalán, y se les decomisaron dos AK-47 y dos AR-15, además de equipo táctico.
Según el reporte oficial durante la mañana del domingo soldados del Ejército fueron atacados cerca de Achimoro, después hubo una persecución entre criminales y militares.
Esta localidad está cerca del kilómetro 75 en las colindancias entre Coyuca de Catalán y Zihuatanejo por la carretera federal.
El Ejército reportó que en el crucero de Pinzán Morado detuvo a dos hombres, según el reporte uno de ellos se disparó un balazo en el pie para aparentar que había sido secuestrado, sin embargo fue delatado y fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) junto con un menor de 16 años.
En un boletín se informó que les decomisaron una fornitura tipo militar con cuatro cargadores para fusil AR-15 y 4 mil 550 pesos. Se dio a conocer que el menor de edad ya había sido aprehendido por la Policía Estatal el 7 de septiembre cuando traía un arma de fuego.
Fueron localizados entre la maleza dos fusiles AR-15. Además fueron hallados dos fusiles AK-47, uno con un cartucho en la recámara y un cargador con capacidad para 60 cartuchos y el otro de fabricación China con un cartucho en la recámara y un cargador con capacidad para 60 cartuchos. También hallaron tres cargadores para fusil AK-47 y cuatro cargadores de AR-15, dos fornituras y 202 cartuchos de AR-15, así como 138 cartuchos para AK-47.
También se halló una camioneta negra Toyota  modelo 1989 con placas de circulación KT41691. En la batea de la camioneta fueron localizados dos costales con yerba verde seca con características de la mariguana y cuatro cartuchos de AK-47, y 5 cartuchos percutidos de AR-15.

Dos muertos en enfrentamiento

En la comunidad de Zihuaquio en la sierra de Coyuca de Catalán se confirmó la muerte de dos hombres en un enfrentamiento ocurrido el pasado viernes.
Se reportó que los dos fueron trasladados a Coyuca de Catalán donde fueron identificados por sus familiares, al parecer son originarios de dicha cabecera municipal.
Zihuaquio es una zona mezcalera dentro de la sierra de Coyuca de Catalán y su ruta se dirige a varias localidades de la parte alta.

Es mediático el anuncio de seguridad para Chilapa del gobernador, advierte el Centro Morelos

El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández opinó que la nueva operación militar y policiaca que anunció el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “proteger” a los maestros y alumnos, se trata de un anuncio “mediático” y para crear “falsas expectativas”.
Declaró que está comprobado que el problema de la violencia en esta región del estado no es por falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los gobiernos federal y estatal dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
El secretario técnico del Centro Morelos, organismo que acompaña los familiares de las víctimas de desapariciones, asesinatos y desplazamientos como consecuencia de la violencia, fue consultado después de la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero en esta cabecera municipal.
“Nosotros consideramos que este tipo de operaciones de momento pudieran parecer buenas, pero a la larga van a ser un fracaso porque el riesgo no solamente es para los maestros y alumnos de la cabecera municipal (Chilapa), en donde se concentra a los militares y policías, las amenazas son para los maestros en general y no se está considerando vigilancia para los maestros de las comunidades”, advirtió.
Por eso, dijo que la operaciónno es garantía real de seguridad de todos los maestros y alumnos, “mucho menos para la ciudadanía en general, porque finalmente a principios de enero de 2016 se anunció un operativo con la participación de 3 mil militares y otras fuerzas policiacas, y eso no sirvió para que se detuvieran las ejecuciones o desapariciones”.
El defensor de derechos humanos dijo que no cree que ahora sea diferente, y que la presencia de militares y policías sirva para detener la criminalidad.
Afirmó que el gobierno está dejando de lado la prevención de la violencia que tiene que ver con políticas públicas que, para su aplicación, implicaría una consulta a todos los sectores para que ellos definan cómo quieren que se les dé seguridad.
“No es posible que se le siga apostando a la militarización cuando desde el 2006, cuando se declara la guerra al narcotráfico y a la delincuencia, y hasta la fecha, no podemos contar con policías seguros ni confiables”, cuestionó.
Se quejó de que los gobiernos federal y estatal no han tomado con seriedad el problema de la violencia, pero sobre todo, dijo que no se les ve oficio político ni voluntad para poder atender el problema.
Añadió que desde enero del año pasado cuando el gobierno anunció la participación de 3 mil 500 militares en una operación en Chilapa para combatir la violencia, se vio que el problema no es por la falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los tres niveles de gobierno dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
“Creo que la garantía de seguridad pasa indudablemente por el combate a la corrupción, que es la que ha generado ese manto de impunidad con el cual se cubren los grupos de la delincuencia organizada”, acusó.
Cuestionó, lo primero que tendría que plantearse el gobernador es el combate a la corrupción, “y tendríamos que preguntarnos ¿qué alternativas o estrategias está ofreciendo Héctor Astudillo para acabar con la corrupción?”.
Insistió en que mientras no se combata la corrupción, la impunidad con que actúan los grupos criminales va a seguir, “y entonces todos los delincuentes saben que no van a ser castigados y que pueden seguir haciendo lo que quieran, y la ciudadanía va a seguir pagando las consecuencias”.
En este contexto dijo que la operación que anunció ayer el gobernador, es “mediática” de “falsas expectativas” y que lo que se prevé, “aunque a muchos no les guste, es que van a aumentar las violaciones a los derechos humanos”.

Ingresa la Gendarmería a la minera Media Luna; es una provocación, dicen paristas

Unos 80 policías de la Gendarmería Nacional, cuerpo de élite de la Policía Federal, ingresaron la tarde de este lunes a las instalaciones de la minera Media Luna, a 11 días de que los trabajadores iniciaron un paro laboral en demanda del cambio del contrato laboral del sindicato de la CTM al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Los agentes llegaron en seis patrullas y en un autobús a las 4 y media de la tarde, informó el delegado en Guerrero del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones, y denunció que se trata de una provocación  de la minera y del gobierno federal.
Dijo que a pesar de los riesgos los trabajadores y sus familias decidieron este lunes que van a continuar el movimiento, hasta sus últimas consecuencias.
Pérez Morones informó que durante el ingreso de los gendarmes no hubo ningún incidente, porque la dirigencia sindical llamó a los trabajadores y a sus familias concentradas a no caer en provocaciones.
Los trabajadores cumplieron ayer 11 días en paro, y la empresa no ha entablado contacto con los representantes; por el contrario mandó a la Gendarmería a resguardar las instalaciones. Pérez Morones dijo que seguramente la presencia de la Gendarmería obedece a que la minera pretende ingresar a unos 200 trabajadores “foráneos” que no apoyan el movimiento, para que reanuden los trabajos, pero advirtió que “eso si no lo vamos a permitir”.
“Para nosotros es una provocación, no sabemos con qué intención”, dijo el delegado sindical quien informó que desde el momento que les dijeron que iban los gendarmes llamaron a concentrar a los trabajadores y los pobladores de la zona, “y lo que acordamos es que no vamos a caer en sus provocaciones porque eso es lo que ha de querer la empresa, que entremos en un enfrentamiento para debilitar el movimiento”.
Añadió que los trabajadores están conscientes de su movimiento y que van a seguir hasta donde se tenga que llegar con el paro laboral.
Celebró que también se estén uniendo al movimiento los pobladores de las comunidades vecinas, “porque aquí no solamente los trabajadores están recibiendo el golpe de la empresa y del sindicato, también las comunidades, la minera tiene compromisos con los pueblos que no ha cumplido”.
Denunció que la empresa y el sindicato de la CTM han violado los derechos que tienen los habitantes de las comunidades.
Dijo que las concesiones del transporte que tienen los habitantes de las comunidades fueron excluidas de los contratos, porque los líderes sindicales de la CTM tienen acaparadas las concesiones, mientras que a las de las comunidades las tienen a la deriva.
Expuso que hubo varias personas que compraron sus unidades con el propósito de meterlas para el servicio de la empresa, y ahora se quedaron con las deudas porque la minera no los contrata, y los líderes sindicales acapararon todas las concesiones.
Informó que por eso la gente de los pueblos también se está sumando al movimiento.

No hay acuerdos sobre el basurero intermunicipal, dice el alcalde de Tixtla

El alcalde perredista de Tixtla, Hossein Nabor Guillén informó que aún no hay un acuerdo sobre el relleno sanitario intermunicipal que propuso el gobierno del estado para resolver el problema de la basura en los tres municipios colindantes.
“No hay un arreglo, no habrá arreglo, hasta que se presente el proyecto, hay un acuerdo sólo de conocer la propuesta que están trabajando”, dijo.
Al mediodía de este lunes, el alcalde asistió al encuentro regional de Prevención Social de la Región Centro, en el que sólo permaneció lo que duró la inauguración; a su salida declaró a reporteros que sólo hay un acuerdo de analizar el proyecto de la construcción de una celda emergente que ayude a combatir el problema de la basura, principalmente en Chilpancingo.
El perredista señaló que no lo están incluyendo en las negociaciones del gobierno del estado con el alcalde de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes, quien es coordinador de alcaldes perredistas en el proyecto de construcción del relleno sanitario intermunicipal.
“El (alcalde Pablo Higuera) trae acuerdos con el gobierno del estado y con el Ayuntamiento de Chilpancingo, yo no quiero verter opinión al respecto con mi amigo, las decisiones políticas de ese municipio las desconozco”, agregó.
Agregó que él no ha sido informado sobre la compra o el monto de inversión para un nuevo relleno sanitario, ya que se comprometió con el gobernador a que recibirá la información esta semana.
Insistió que su gobierno espera la presentación de la propuesta del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y después se planteará al cabildo de Tixtla, para determinar si participarán y dejarán que se construya.
Recordó que, hacer tres semanas, después de la renuncia del alcalde priista capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, se reunió en privado con el gobernador, quien le planteó la posibilidad de que se construya de momento una celda emergente para atender el problema de Chilpancingo.

Paran labores trabajadores del Invisur en Chilpancingo y Acapulco; exigen prestaciones

Trabajadores de la sección 26 del sindicato del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), tomaron las delegaciones en Chilpancingo y Acapulco, para exigir el pago de becas y estímulos al servidor público, entre otras prestaciones, que les adeudan a partir de junio.
En la capital a las 7 de la mañana, unos 65 trabajadores tomaron la delegación en el bulevar Vicente Guerrero. Ahí, informaron que recibieron una circular para informarles que beneficios como permisos para faltar, serían suspendidos.
La secretaria seccional, Rocío Morales Hernández informó que el motivo de la protesta es la falta de pago de prestaciones desde junio. Dijo que buscaron el diálogo con el director de Invisur, Rodolfo Monreal Ávila, pero no tuvieron respuesta.
Morales especificó que les adeudan becas semestrales, el pago de un retroactivo, a una trabajadora le deben el estímulo por antigüedad de 15 años de servicio, a dos empleadas se les debe el bono del servidor Público, y un impuesto que se les descontó de la prima vacación.
Indicó que tienen acceso al plan flexible, y quincenalmente se les hacen los descuentos, pero no se ven reflejados, y el pago del Infonavit que también está pendiente; en total, se les adeudan unos 100 mil pesos.
La secretaria seccional  recriminó que las autoridades les dijeron a los trabajadores que no hay dinero, y que hacen un esfuerzo para buscar el presupuesto para hacer los pagos.
Manifestó que suspendieron labores en Ciudad Altamirano, Iguala, Acapulco y Chilpancingo, las delegaciones regionales, y afecta a más de 100 familias que laboran en Invisur.
Morales Hernández dijo que a la protesta acudió el director general, Rodolfo Monreal Ávila, con quien firmaron una minuta de acuerdos “favorable” para los trabajadores, y este mismo lunes les depositarían las prestaciones pendientes.
La toma de las oficinas concluyó a la 1 de la tarde, luego de que los trabajadores llegaron a acuerdos con el director general.
En Acapulco los trabajadores, aunque permanecieron en sus oficinas dijeron que la queja es porque les deben las prestaciones, las becas y el bono del día del burocrata.
Una trabajadora dijo que debieron pagarle la beca de 2 mil pesos para su hija en julio, pero “no la han pagado y ya viene diciembre”.
Los trabajadores piden la destitución del director Rodolfo Monreal Ávila, porque no ha respetado los logros sindicales, y piden que se les pague lo antes posible.
“Queremos que quiten al director porque nos deben muchos beneficios, las becas, el bono del día del burócrata, que debieron haber pagado hace dos meses”, acusó la trabajadora.

Inician jornaleros de la Montaña su viaje a campos de trabajo sin el apoyo de gobiernos


Sin el seguimiento ni la vigilancia de autoridades federales y estatales, cientos de familias de jornaleros agrícolas salieron este lunes de las comunidades de Chilapa rumbo a los estados del norte del país, principalmente a Sinaloa, en busca de trabajo.
Antes del mediodía, se vio a las familias abordar los autobuses, cargando sus petates, televisores, cobijas, envoltorios y bolsas que son lo poco de valor o lo necesario que pudieron llevarse. Entre los grupos se vieron adultos mayores y, mayoritariamente, niños en edad escolar auxiliando en el traslado de sus cosas a sus padres.
El 6 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que, en el contexto de la temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros indígenas de la Montaña sufren extorsiones, hostigamiento y la falta de apoyo gubernamental, que a pesar de conformar una comisión intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los abusos y problemas que padecen miles de campesinos que recorren cientos de kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país, ante la falta de trabajo en sus lugares de origen.
Ayer, no se vio a ninguna autoridad revisando las condiciones de seguridad en que viajan las familias indígenas a los estados del norte del país en busca de empleo.
En Chilacachapa, municipio de Tixtla, a orillas de la carretera Chilpancingo-Chilapa, se vio a mujeres, niños y adultos mayores abordando un autobús. Algunos familiares o vecinos salieron de sus casas a despedirlos. A un costado del autobús, aún se vieron amontonadas sus pocas pertenencias, que serían acomodadas en el portaequipaje.
En Chilapa, tres autobuses estacionados desde la mañana a una cuadra donde el gobernador, Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, esperaban a las decenas de familias que los abordarían después del mediodía.
Sentados en la banqueta, bajo la poca sombra que les proporcionaba la marquesina de una casa, una pareja con su hijo de unos siete años de edad almorzaban tortillas frías con chiles en vinagre, antes de partir hacia su viaje.
–¿Hacia dónde se van, mi amigo? –preguntó al padre de familia un reportero.
– A Sinaloa, –contestó cabizbajo el hombre, visiblemente contrariado y triste.
En los alrededores de dos autobuses, otras familias mataban el tiempo u ordenaban sus pocas partencias en cajas de cartón o bolsas.
Una cuadra más adelante, a orillas del bulevar Eucaria Apreza, cerca del mercado municipal, decenas de familias, algunas madres con sus hijos en brazos, corrían para abordar el autobús. Una joven de unos 20 años cargaba una pantalla y una antena, mientras que un niño de ocho años arrastraba un petate enrollado rumbo al portaequipaje del autobús.
Indiferentes a la escena, pasaron por ese sitio el gobernador, Héctor Astudillo Flores; el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza; el secretario de Educación, José Luis González de la Vega; y el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, acompañados de su séquito de colaboradores, rumbo a una conferencia de prensa en el Zócalo de la cabecera municipal.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó el 6 de noviembre que el flujo migratorio ha sido de 2 mil 500 jornaleras y jornaleros, “que en su diáspora hacia estados como Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California y Nayarit, entre otros, los atropellos en su contra no cesan”.
El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña denunció “una ola de extorsiones cometidas por parte de policías ministeriales de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares que traen placas de otros estados”.

Organiza la Ssa brigadas médicas con el Ejército ante el cierre de centros de salud en la Montaña

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que ante el cierre de centros de salud por la inseguridad en municipios de la Montaña, se están organizando brigadas médicas conjuntas con el Ejército. Asimismo, dijo que los trabajadores de los centros de salud de Chilapa están saliendo una hora más temprano ante la inseguridad.
En el arranque de la campaña de lucha contra el cáncer de mama de la Estrella de Oro y la Fundación del Cáncer de Mama (Fucam), que hará mastografías gratuitas y dará 350 consultas, De la Peña dijo que en 2017 Guerrero ha registrado 65 fallecimientos a causa del cáncer.
Indicó que en el estado, en 2016 hubo 112 muertes, cifra anual que se mantenía desde 2012, pero en 2017 se han registrado 65 fallecimientos, por lo que es importante la detección oportuna.
Consultado al finalizar la actividad, Carlos de la Peña Pintos aseguró que los médicos de Chilapa no han pedido el cambio de adscripción ante el aumento de la inseguridad; “las manifestaciones de la inseguridad existen, pero el trabajador de Salud tienen una vocación especial de servicio y sabe que no puede dejar a la población sin servicio”.
Dijo que les han pedido a las autoridades municipales y a los ciudadanos proteger a los médicos y manejarse con cautela en determinados horarios; “en el caso de Chilapa, se recorrió una hora la salida, el horario en las horas problemáticas, es decir por la tarde-noche”.
El secretario indicó que hay unos tres centros de salud de la Montaña, sin especificar cuáles, que permanecen cerrados, pero “básicamente en Zitlala”, pero se sigue dando el servicio acompañado con el Ejército, que también da servicios médicos, “no tanto para cuidar, sino un trabajo en equipo”.
En centros de salud de la Tierra Caliente no hay surtido de medicamentos ni suero antialacránico, se quejaron usuarios el domingo, en la jurisdicción sanitaria, queja que el secretario minimizó, y sin precisar dijo que, “esta persona ya se había quejado de suero antialacránico”.
Aseguró que hay suficiente suero antialacrán, “pero en ese momento que acudió (el quejoso), se nos terminó”, sólo había cuatro, dijo, pero aseguró se está surtiendo el medicamente en general.
Dijo que ha observado que hay médicos que no se basan en las guías prácticas de clínica, que les indican qué medicamentos son de primera elección, los que la Secretaría de Salud se preocupa de surtir.