Etiqueta: Guerrero

No ha entregado la PGR los nueve cuerpos identificados, informan familiares de Los Otros Desaparecidos de Iguala

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, informaron en la asamblea de ayer que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha entregado aún los nueve cuerpos de familiares que logró identificar, y hasta ayer los familiares desconocían quiénes son las víctimas.
Desde noviembre de 2014, cuando se integró el grupo de Los Otros Desaparecidos tras el caso Ayotzinapa, familiares de víctimas de desaparición forzada han hallado más de 90 fosas clandestinas, de las que la PGR ha exhumado 143 cuerpos, y de éstos ha identificado 24, de los cuales sólo 15 han sido entregados a sus familiares.
En la asamblea de este martes en el sótano de la parroquia de San Gerardo, un representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó a familiares que en un plazo de cuatro semanas integrará los expedientes de los desaparecidos y sus familias, para que éstas puedan acceder a algunos beneficios como becas o el fondo para la alimentación, el cual se propone a cambio del apoyo para viáticos que les fue suspendido desde enero y que hasta ayer no les daban.
Familiares se inconformaron porque en la reunión del 22 de marzo el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Joaquín Torrez Osorno les dijo que ayer les mostraría el catálogo de prendas de los cuerpos que han sido exhumados de fosas clandestinas, por lo que llegaron más de 150 familiares a la asamblea, pero el funcionario de la PGR nunca llegó.
En declaraciones, uno de los coordinadores del comité, Jaime Velázquez dio a conocer que por el pliego de peticiones que le entregaron al alcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, ya les ofrecieron condonarles el pago de agua potable a unas 50 familias de desaparecidos que son de Iguala, y que el beneficio será desde la fecha en que su familiar está ausente.
Informó que también se valora la condonación del pago del impuesto predial a las familias de Iguala, y todo se hará con base en los expedientes de sus denuncias ante el Ministerio Público y la PGR, para evitar que en la lista haya personas que no son del grupo.
También comentó que como parte de las gestiones ante el DIF municipal, les fueron entregadas 150 despensas, las cuales son parte de una remesa que entregó el DIF estatal desde el periodo de Rogelio Ortega Martínez, y se quejó de que la leche que traían ya estaba caducada, por lo que ésta fue retirada de las cajas antes de entregárselas a los familiares.
Jaime Velázquez abundó que en el DIF les informaron que las despensas eran parte de una remesa que el DIF estatal entregó a los DIF municipales en el periodo de Rogelio Ortega, y que les aclararon que el único producto que estaba caducado era la leche, y ante la necesidad de las familias aceptaron las despensas, pues contenían granos básicos, avena y una lata de sardina.
Además indicó que les poyarán con láminas de cartón para los techos de las viviendas de las familias que así lo necesiten.
Sobre las oficinas de la extinta empresa Fertigro que piden para hacer sus oficinas, informó que sólo les han dicho que las gestiones se siguen haciendo ante el gobierno del estado y que va por buen camino.

Muestran propuestas para el memorial de los desaparecidos a los familiares

En la asamblea de ayer, el arquitecto Frumencio Ramírez Cardona, quien fue el encargado de la construcción de las estelas en memoria de los normalistas asesinados de Ayotzinapa, mostró a familiares de desaparecidos dos propuestas para la construcción del Memorial de los Desaparecidos, el cual podría ser construido cerca del Monumento a los Héroes, en el bulevar Heroico Colegio Militar, donde también está el estadio de futbol Ambrosio Figueroa.

Entrega la CRAC-PC de Huamuxtitlán a sus familiares a cinco retenidos acusados de abigeato

 

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Huamuxtitlán entregaron a sus familiares a cinco hombres que estaban retenidos desde el mediodía del pasado sábado por estar acusados de abigeato.
El integrante del Comité de Enlace de la CRAC-PC de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez,  dijo que la decisión fue porque no se ratificaron las acusaciones contra los detenidos y no se aportaron las pruebas del delito, además de que por ahora no pueden enviarlos a las casas de justicia de Espino Blanco en Malinaltepec y la de San Luis Acatlán porque “allá están en un proceso de organización interno ante el cambio de coordinadores”.
Agregó que espera que los retenidos asuman su responsabilidad y cambien “su actuar” pues los hombres reconocieron que llevaban ganado robado y se echaron la culpa de que fueron inducidos por uno de ellos al estar alcoholizados.
Con la firma de un documento de por medio, uno a uno de los retenidos fueron liberados y entregados a sus familiares. Fueron advertidos para que no cometan más faltas y que por su bien les recomendaban no pisar las comunidades cercanas, “es por su seguridad, hay gente que se siente ofendida por los robos y puede actuar por su cuenta”, le dijo a cada uno de los hombres, mientras éstos hacían movimientos de cabeza asintiendo la recomendación y terminaron dando las gracias y saludando de mano a los comunitario para después irse, la mayoría con sus padres.
Los retenidos y después liberados son Fidencio Santos Linares de 48 años, de la comunidad de San Miguel Axoxuca, del municipio de Tlapa; Miguel Santos Morales de 18 años vecino de la misma comunidad e hijo de Fidencio; José Vázquez Flores de 24 años, de la cabecera municipal de Tlapa, Víctor Loyola de 20 años y Hugo César Huerta de 18 años originario de Malinaltepec.
Los hombres fueron acusados de robo de dos reses, una pertenecía a Elfego Ortega Rodríguez y la otra a  Dante Ortega Coronel, del municipio de Cualac.

Van a salir en unas horas les dicen autoridades

Manuel Alejandro Gutiérrez detalló que el  pasado viernes, los cinco hombres que mantuvieron retenidos desde el sábado hasta ayer en la cárcel de la Comisaría de la comunidad de Conhuaxo, habían sido detenidos antes del mediodía por elementos de la Policía Municipal del municipio de Cualac, al recibir la denuncia de que andaban robando “vacas”, los detuvieron cuando iban a bordo de una camioneta roja propiedad de Fidencio Santos Linares, padre de uno los cuatro jóvenes.
Dijo que  los policías municipales les pidieron que acreditaran la propiedad de los animales y les entregaron documentos falsos por lo que se los llevaron y más tarde con la anuencia de la presidenta del PRI,  Evelia González Ortega, y el síndico procurador, los trasladaron a Huamuxtitlán a la  agencia del Ministerio Público del fuero común del distrito de Zaragoza, hasta donde llegaron ciudadanos y ganaderos locales exigiendo que los encarcelaran.
Sin embargo, denunció que el agente del Ministerio Público no quiso tomar las declaraciones para iniciar con la averiguación previa, “porque nada más iba a invertir tiempo y se iba a cansar  de hacerlo y ellos saldrían en unas horas”, reveló Alejandro Gutiérrez.
Agregó que por eso las personas que estaban en el lugar se molestaron y exigieron castigo e intentaron sacar a los hombres para hacer justicia con mano propia, pero como los policías comunitarios andaban por el lugar les dijeron que mejor ellos se los llevaran, aunque no todos aceptaron la propuesta pues insistían en “lincharlos”.
“Los tuvimos que rescatar y sacarlos de ahí, pero eso ya fue el sábado  y a las 2:30 de la tarde llegamos aquí (Huamuxtitlán), donde nos prestaron la Comisaría para resguardarlos  mientras se definía su situación porque de Cualac sólo los trajeron a ellos, las pruebas, las evidencias no”, dijo
Agregó que se solicitó a la presidenta de Cualac y a su síndico que entregaran las pruebas y las evidencias y respondieron que sí pero no lo hicieron, todavía el domingo las autoridades municipales indicaron que entregarían las pruebas o irían por los cinco retenidos “no fue ni una ni otra cosa, no llegaron y no sabemos los motivos” dijo Alejandro Gutiérrez.
“Por eso se decidió que se entregarían a sus familiares, además de que ya estaban transcurriendo las 72 horas y no se tenían más evidencias que lo que aceptaron los retenidos, el señor decía que era inocente y su  joven hijo y amigos lo habían engañado, otro que andaba borracho y no supo cómo llegó ahí y los otros desconocían si lo que hicieron fue ilícito, y aceptaban su responsabilidad” expresó.
Mencionó que la liberación fue porque no hubo compromiso del Ayuntamiento de Cualac para culparlos “nosotros los tuvimos porque los querían linchar y nos lo pidió la gente mientras se investigaba, pero Cualac no cooperó y no podemos hacer más”, se quejó.
Los pobladores que estaban en el lugar y policías comunitarios desdeñaron el argumento del único adulto del grupo que dijo que él no sabía y que fue convencido por los cuatro jóvenes, “como va a hacer eso, si hasta prestó su camioneta, ya se sabe que le gusta dedicarse a esas cosas”, expresaron.
Lamentaron que padre e hijo se valieran de familiares que están en activo en el Ejército para intimidarlos de que los liberaran, aunque después cambiaron su actitud.
El padre del joven José Vázquez  llamó a Fidencio Santos antes de que se retirara de la Comisaría  y le pidió que no  involucrara a su hijo en cosas indebidas y que no lo tomara como amenaza porque él era una persona adulta y debía saber que cuando se actúa mal hay consecuencias y no se debe responsabilizar a los demás sino cada quien debe asumir su culpa.

No contamina el río Mezcala ni sabe que haya demandas, responde la minera Media Luna a denuncia de pescadores

El presidente y director de Torex Gold Resources Inc, Fred Stanford no consideró “serios” los reclamos de pescadores de Nuevo Balsas, Cocula, contra la minera Media Luna porque en esa mina acaba de comenzar el procesamiento de los materiales.
Por otra parte, en un comunicado firmado por Alfredo Phillips Greene, gerente de la minera Media Luna, la empresa dice que con una inversión superior a los 13 mil 800 millones de pesos se ha comprometido con el desarrollo económico y social del estado, donde ha generado 3 mil 500 empleos durante la etapa de construcción del proyecto, 700 empleos directos y 3 mil 500 indirectos.
“El proceso de lixiviado que ejecutamos es totalmente cerrado para evitar su contacto con el medio ambiente. Además podemos asegurar que las autoridades cumplen con las inspecciones regulares de la mina”, se lee en la misiva.
Mientras que Fred Stanford en consulta telefónica desde Canadá sobre la denuncia de contaminación, enfermedades y abortos que provoca el posible derrame de lixiviados con cianuro al río Mezcala, indicó que la extracción de minerales comenzó en noviembre.
Estimó que no hay contaminación en el río, porque “en verdad acabamos de comenzar esa mina”.
Informó que los trabajos de minado comenzaron en noviembre de 2014, y el procesamiento recién en noviembre pasado.
Dijo que la empresa Media Luna, subsidiaria de la Torex Gold, tiene muchos acuerdos con distintas comunidades en Guerrero, porque entran a tierras de los ejidatarios.
También tienen procedimientos para que los habitantes de las comunidades puedan obtener empleos, y acuerdos que especifican los mecanismos para expresar alguna demanda o preocupación.
Agregó que en general hay muy buena relación con la comunidades, pero hay pocas personas que buscan la forma de conseguir dinero, “y realmente ellos quisieran tener tanto dinero como el que estamos pagando a los ejidos, pero desafortunadamente esas personas no tienen ninguna tierra, a los que no son propietarios de la tierra que necesitamos, no podemos pagarles, simplemente”.
Ayer se denunció en estas páginas que la empresa Media Luna se niega a indemnizar a los pobladores de Nuevo Balsas, en Cocula, afectada directamente por la contaminación del aire, el suelo y el agua.
Los afectados aseguraron que los representantes de la mina no llegaron a una asamblea para negociar una indemnización de 500 mil pesos anuales para 700 pobladores, ante la afectación a la salud y a la pesca. Adelantaron que pospusieron su asamblea para este miércoles o cerrarían la mina por tiempo indefinido.
Al respecto Fred Stanford expuso que no hay una mesa de negociación ni tenía información de las demandas de los pobladores de Nuevo Balsas, y que la empresa siempre ha trabajado muy de cerca con el gobierno y las autoridades que otorgan los permisos.
“No tenemos reportes, nos sorprende que otras personas estén argumentado eso. Siempre hemos tenido actitud de escuchar e investigar si hemos hecho algo malo, pero no estamos informados de que haya reclamo”, dijo en inglés con el apoyo en la traducción de una colaboradora de la empresa.
De esta mina ubicada al sur del río Balsas en Guerrero Torex Gold informó en su página de internet, www.torexgold.com/esp/Media_Luna.asp, que abarca aproximadamente 630 hectáreas y la veta fue descubierta en marzo de 2012, “después de un programa agresivo de barrenación de 18 meses (80 mil metros)”.
Detalla que para septiembre de 2013, tras la exploración, estimaron  un depósito con recursos inferidos actuales de 5.8 millones de onzas de oro, contenido en menos del 25 por ciento de la zona magnética.
Aunque durante los trabajos de exploración, que se realizaron en los primeros nueve meses de 2013 encontraron “alto grado de mineralización de oro-plata-cobre sobre anchos significativos”, el “recurso inferido cubre solamente el 20 por ciento del total de la zona magnética”.
Para el 16 de septiembre de 2013 la compañía anunció un estimado del recurso mineral inferido (proyección) de 5.84 millones de onzas de oro equivalente, incluyendo 3.3 millones de onzas de oro en su Proyecto Media Luna en México.
Fred Stanford aclaró que éste es el único proyecto de esa empresa en Guerrero.

Identifica el Consejo de Desarrollo Agrario 20 conflictos en el estado en su primera sesión

En el estado de Guerrero hay 20 conflictos agrarios identificados por la federación y el gobierno del estado en las regiones de la Tierra Caliente, Montaña, Centro y Costa Grande.
La tarde de este martes fue la primera sesión del Consejo de Desarrollo Agrario, en la que participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios.
El objetivo de la reunión fue identificar los conflictos en el estado, por lo que se hizo un cruce de padrones para determinar cuántos y dónde están los problemas agrarios.
A través de un boletín de prensa se detalló que el gobierno del estado, representado por la subsecretaría de Asuntos Agrarios, presentó una lista de 13 conflictos, mientras que la delegación de la Sedatu presentó 16.
Al revisar la lista de conflictos de las dos dependencias, se identificaron cuatro casos coincidentes, por lo que concluyeron que hay 20 conflictos agrarios en el estado.
En el boletín de prensa se dio a conocer que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello explicó que el objetivo de la creación del Consejo de Desarrollo Agrario es que de manera coordinada los gobiernos estatal y federal establezcan una agenda prioritaria de asuntos agrarios, que no necesariamente deben tener el nivel de conflictos para ser atendidos.
Después de esta reunión, opinan que se podría elaborar una agenda agraria que posteriormente sea sometida a consideración del Consejo Agrario para asignar “las prioridades y encontrar las soluciones mediante la discusión de la problemática”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel destacó que es necesaria la intervención de la federación y, como indica el artículo 19 de la Constitución, es competencia de la federación atender todos los problemas agrarios.

Cierran ambulantes desalojados del andador Zapata la entrada del Ayuntamiento de la capital

Unos 30 comerciantes semifijos y ambulantes del andador Zapata, de Chilpancingo, bloquearon el acceso al Ayuntamiento para exigir una audiencia con el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, ya que fueron desalojados por agentes de la Dirección de Gobernación municipal.

Desde las 9 de la mañana, policías municipales y funcionarios de Gobernación municipal acudieron al andador Zapata para evitar la instalación de los puestos y retirar a los ambulantes que ya comenzaba a instalarse.
Allí, los comerciantes reprocharon a las autoridades que, el lunes funcionarios del Ayuntamiento acudieron al andador para informarles que serían retirados temporalmente, ya que el alcalde Leyva Mena recorrería la zona.
Los afectados insistieron en que no se retirarían de su única fuente de empleo; “nos tratan peor que delincuentes”, afirmaron.
Sin embargo, las autoridades prohibieron finalmente la instalación de los negocios, en su mayoría de comida, ropa y accesorios, y los comerciantes colocaron pancartas de protesta a lo largo del andador, dirigidas a Leyva Mena y al director de Gobernación, José Luis Sagahon Figueroa, y acudieron al Ayuntamiento para cerrar los accesos e impedir el ingreso de los trabajadores.
Consultados en la protesta, los inconformes, que omitieron sus nombres, expresaron que diariamente pagan una cuota de 20 pesos por el derecho de vender sus productos en la vía pública, y revelaron que en diciembre pagaron 75 mil pesos al agente Abraham Nava Castro, para que les permitiera vender sus productos en el andador.
Explicaron que en el desalojo solicitaron la presencia de Nava Castro, para solucionar el problema con los agentes, “sin embargo no acudió, se echó para atrás e incumplió el acuerdo que teníamos”, dijeron.
Manifestaron que las ganancia obtenidas por la venta de productos es escasa, y que el municipio no tiene un proyecto de reubicación para los ambulantes y semifijos afectados.
Los comerciantes exigieron una audiencia con el alcalde Leyva Mena, a quien recordaron que cuando estuvo en campaña para presidente municipal, “hasta nos regaló dinero para que votáramos por él”.
Luego de 15 minutos de protesta, el director de Gobernación atendió a los manifestantes en el auditorio municipal, a quienes informó que el andador Zapata está en remodelación como parte de los trabajos de mejoramiento de espacios públicos, con acuerdos con locatarios para respetar los lineamientos de funcionamiento comercial.
Sin embargo, los vendedores insistieron en que el municipio debe generar una opción asequible para los comerciantes, “aparte de diálogo, queremos soluciones”, dijeron.
Luego de la reunión, los comerciantes insistieron en que regresarán a vender en los espacios destinados para la venta de ambulantes y semifijos, o bien, esperarán a una audiencia con el alcalde Leyva Mena.

Bloquean vecinos de la capital la entrada a la Capach; exigen agua y recolección de basura

 

Unos 25 vecinos de las colonias Margarita Viguri y Loma Bonita bloquearon la entrada de los depósitos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), y la calle Francisco Valdés Medrano, también de la colonia Margarita Viguri, para reclamar que se normalice la dotación de agua, que no tienen desde hace un mes, y tampoco pasa el camión recolector de la basura.
Alrededor de las 7:30 de la mañana, los vecinos bloquearon la entrada a las instalaciones de la Capach en la colonia Margarita Viguri para exigir los servicios públicos. Cerraron el depósito de agua, colocaron un cerco con una cuerda en la que amarraron listones de colores y pancartas.
En las pancartas se leía: “Col. Margarita Viguri exige el servicio de calidad con agua tratada ¿dónde quedó el funcionamiento de la planta tratadora de agua, no más sarro en tuberías”, “Cansados de seguir escuchando promesas falsas: no hay niveles en los tanques, no funcionan los sistemas de bombeo, gente impreparada que pusieron al frente de esta dirección de Capach. ¡Solución al problema!”, “Organización en el tandeo de agua. Queremos agua. No más promesas mentirosas” y “La colonia Loma Bonita requiere el servicio de agua potable (Capach) no ha cumplido con dicho servicio… solución al desabasto de agua”.
Los colonos manifestaron que hace más de un mes no reciben el servicio, y que hace 15 días sólo les llegó durante 15 minutos el agua, pero que a las casas ubicados en una parte alta no les llegó.
Durante el bloqueo estuvieron llegando pipas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Policía Estatal y pipas sin logotipo que los vecinos creen que son particulares que venden el agua.
También reprocharon que ellos no tienen agua, pero que soldados del Ejército acuden unas 10 veces diariamente a acarrear agua con una pipa, lo mismo que la Policía Estatal, mientras que ellos carecen del servicio.
Algunos compran el agua en pipas que cobran 450 pesos; también acusaron que la Capach vende pipas de agua a 250 pesos.
Además los vecinos se enteraron que al ex presidente del Congreso del Estado, Bernardo Ortega, le llega su recibo de 70 pesos, mientras que al 5 por ciento de los colonos el último recibo les llegó con costos de servicio industrial.
Una vecina detalló que acostumbraba pagar 95 pesos, pero que su recibo más reciente fue de 445 pesos; para otra vecina, el cobro fue de 680 pesos; dijo que han acudido al Ayuntamiento para aclararlo, pero siempre les dicen que no está la persona que puede arreglar su problema.
Acordaron que no pagarán el recibo mientras no los doten de agua y les hagan un descuento.
A las 10 de la mañana, llegó el jefe de distribución y mantenimiento de la Capach, Arturo Carranza Martínez, y les pidió a los colonos que se retiraran, con la promesa de que por la noche el servicio de agua se restablecería.
Finalmente acordaron que hoy miércoles les restablecerán el servicio por la mañana, y Carranza Martínez acudirá a algunas casa para verificar que les esté llegando el agua. Sin embargo, los vecinos no levantaron el bloqueo, y en cambio también bloquearon la calle Francisco Valdés Medrano, que cerraron con una cuerda y dos mantas de colores y en el piso colocaron bolsas de basura.
Explicaron que la basura en sus hogares ya se descompuso, y enfatizaron que no pueden costear el pago de servicios de carros de basura particulares, porque les cobran al menos 20 pesos.
Unos 35 minutos después llegó el representante de Servicios Públicos municipales, Vidal Salmerón Hernández, que también les aseguró que este miércoles por la mañana tendrían en sus colonias el carro de la basura.
Justificó que el carro no ha pasado porque está descompuesto. Los colonos fueron a sus casas y llevaron al lugar la basura, que pusieron en la camioneta de Salmerón Hernández para que se la llevara.
En ese momento levantaron el bloqueo, pero el que instalaron para exigir el servicio de agua potable permaneció hasta casi las 6 de la tarde.
El lunes, vecinos del barrio de San Mateo también bloquearon dos calles porque hace mes y medio no tienen el servicio de agua potable; a ellos, funcionarios de la Capach les pidió que quitaran el bloqueo con el compromiso de que entre las 2 y las 3 de la tarde les restablecerían el servicio; lo que ocurrió hasta la mañana martes.

Paran labores 17 empleados de Vectores de la zona Norte contra su coordinador

Un grupo de 17 trabajadores del departamento de Vectores de la zona Norte paró labores ayer y tomó el almacén ubicado en el Periférico Norte, en la ciudad de Iguala, para exigir la destitución del coordinador de ese programa, José Luis Magaña Molina, a quien acusan de actos de prepotencia, y así como de su líder sindical, Zeferino Robles Anaya, porque no los respalda en su acción.
Trabajadores que sí laboraron de manera normal, consultados cuando sus compañeros tomaron el almacén, cerca de las 3:00 de la tarde, informaron que el grupo de 17 paristas son sindicalizados y están encabezados por el jefe de distrito, José Salvador Ramírez Zavaleta, quien tiene un problema “personal” con el coordinador del programa de Vectores, José Luis Magaña.
Los propios trabajadores en paro informaron durante una reunión con un representante del área jurídica de la Jurisdicción Sanitaria, que no cuentan con el respaldo de su sindicato, por lo que ahora también piden la destitución de su líder

La violencia en la ciudad alcanzó niveles no vistos, dicen empresarios al gobernador

Ciudadanos y empresarios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, integrantes del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, criticaron que “la violencia ha alcanzado un nivel que nunca habíamos constatado en nuestro querido puerto de Acapulco y entidad federativa”.
En los últimos 11 días en Acapulco han ocurrido 43 homicidios, de acuerdo con el registro de El Sur.
En un documento que entregaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, los empresarios señalaron que “la violencia ha traído consecuencias sociales y económicas, reflejadas en las calles, escuelas, hogares y vida diaria”.
“La violencia ha generado un miedo colectivo que ha tocado todo hogar y como sociedad no hemos encontrado respuestas que solucionen esta realidad; la violencia está alterando todo, la violencia paraliza todo”, se lee en el texto, al que tuvo acceso El Sur.
Los empresarios y representantes de organizaciones advierten que los ciudadanos “nos resistimos a seguir viviendo en medio de la violencia”.
En respuesta a los reclamos de los empresarios, Astudillo Flores indicó que no se incomoda ni se ofende de que le señalen el problema de la inseguridad que hay en la entidad. “Sí soy el responsable de enfrentarlo y de dar resultados, esa es mi chamba y lo trato de hacer todos los días”.
La reunión entre los empresarios y el gobernador se llevo a cabo en privado en el salón El Faro del hotel Elcano, ayer por la mañana. Sólo al final se permitió a los reporteros acceder al salón.
De parte de los empresarios no hubo una postura sobre los resultados de la reunión y el gobernador brevemente dijo que se habló de incluir una fracción en la ley de Seguridad Pública para la participación ciudadana.
De acuerdo con un documento obtenido por El Sur, los empresarios solicitaron al gobernador activar los comités de consulta y participación ciudadana en seguridad en el municipio y en el estado, e integrar a un ciudadano al Consejo Estatal de Seguridad Pública con derecho a voz y voto.
Otra de las propuestas es crear la Policía Única en la entidad, que los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) que están al mando de la Secretaría de Seguridad Pública puedan tener pantallas espejo en el Ejército y la Marina. También le solicitaron incrementar las cámaras de vigilancia en las calles de Acapulco.
En el documento que se entregó al gobernador, los integrantes del Chat propusieron reformar el artículo 31 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para adicionar una fracción que permita que un ciudadano pueda participar con voz y voto en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El documento también solicita que se respete la ley de Seguridad Pública porque en el artículo 76 y 77 se establece la figura de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana Estatal y Municipal pero en la realidad no están operando.
La propuesta de los integrantes del chat, proponen que el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana sea quien se integre al Consejo Estatal de Seguridad Pública con los objetivos de que sea vigilante “de la correcta aplicación de los recursos públicos” y que pueda participar “en la construcción de políticas públicas estatales en materia de seguridad”.

Buscarán institucionalizar la participación ciudadana

De acuerdo con un boletín de prensa, en la reunión el gobernador firmó el acuerdo mediante el cual se analizará la propuesta para modificar la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con lo que se busca institucionalizar la participación ciudadana en esta materia a través de facultades específicas.
“He firmado, aquí tengo el documento aceptado para su revisión y yo creo que en una semana, yo le voy a pedir al Secretario General de Gobierno (Florencio Salazar Adame), que me haga favor, con el equipo jurídico que depende de él, que nos hagan los comentarios y lo mandemos al Congreso de manera inmediata”, expresó.
El boletín informó que Astudillo Flores reconoció la participación de la sociedad civil organizada para buscar mejores opciones de desarrollo para Guerrero; en este sentido se pronunció en favor de mantener una relación cercana con los representantes de estas organizaciones, para poder construir la ruta de progreso que se requiere en la entidad.
“Vamos a tratar de que este asunto de la organización social que tiene qué ver con su participación en el tema de seguridad lo hagamos y lo hagamos bien. Que nos reunamos periódicamente para que estemos intercambiando puntos de vista, para que ustedes me digan cómo están las cosas; tengan la seguridad que no me incomodo ni me ofrendo. Sí soy el responsable de enfrentarlo y de dar resultados y esa es mi chamba y lo trato de hacer todos los días, cuenten ustedes conmigo. Vamos a sacar adelante a Guerrero”, expuso.
En la reunión estuvieron los secretarios general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes; el ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz y el Jefe de la Oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca.
También el presidente del Comité Directivo Estatal de la Concamin, Julián Urióstegui Carbajal; el presidente de la Canadevi Guerrero, Eduardo de la Peña Pintos y el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, José Francisco Salgado.
Los representantes de Coparmex, Grupo ACA, AHETA, Comunidad Politécnica, Canirac, AFET, Mujeres Empresarias, Federación del Colegio de Enfermeras Acción Jurídica Revolucionaria, Grupo Empresarial Guerrero A.C, Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Asociación de Agencias de Viajes, Grupo Jobamex, Consultoría APS Especializada, Colegio de Abogados, Asociación de Ganaderos del Estados de Guerrero.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta, quien también es integrante del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, estructura de comunicación de líderes de ONG’s y de opinión del estado de Guerrero, el colectivo lo integran organizaciones, asociaciones, colegios, 50 en total. No hay presidente ni dirigente porque todos tienen opiniones.
Explicó que el chat es un sala virtual en la que todos los integrantes proponen y discuten ideas e información sobre los temas de Guerrero y ayer fue la primera reunión con el gobernador con quien acordaron reunirse trimestralmente para evaluar el avance de las propuestas presentadas.

Se generarán garantías para que se reabra el restaurante Los Buzos, dice Evodio

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre dijo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le planteó que el próximo secretario de Seguridad Pública de Acapulco debe ser avalado por los tres órdenes de gobierno.
Afirmó que su gobierno analiza propuestas y aceptará recomendaciones que generen confianza y coordinación entre todos los órganos de gobierno.
En conferencia de prensa en la Presidencia, sobre el cierre de los cuatro restaurantes Los Buzos por los hechos de violencia e inseguridad, Evodio Velázquez declaró que al municipio le preocupa la situación y ya hizo contacto con los dueños para analizar el caso y generar garantías de seguridad para que puedan reabrir.
Reiteró que las muertes dolosas que han ocurrido son por la disputa territorial, y que su gobierno coordina esfuerzos y coopera en la estrategia de seguridad pública que encabeza el gobierno de la República.
Sostuvo que si hay una buena estrategia de “contención” con todos las fuerzas de seguridad habrá resultados.
El alcalde explicó que se reunió con el secretario de Gobernación y el gobernador Héctor Astudillo al término de la mesa de trabajo del gabinete de Seguridad Pública, este lunes, y hablaron de la inseguridad en Acapulco, así como de lo que ha hecho el municipio en la prevención del delito, y se determinó coordinación en el combate al crimen organizado.
Explicó que platicó con Osorio Chong respecto al nombramiento del secretario de Seguridad Pública municipal, y “fue respetuoso de la responsabilidad, que es compartida y que cada gobierno tiene”.
Agregó que “lo que sí planteó es que está en la condición de que todos avalemos al próximo secretario de Seguridad Pública, que no sea un tema sólo del gobierno municipal en su competencia, sino que todos busquemos en la confianza que debemos tener sea alguien que se ponga consideración y se genere la ruta de coordinación”.
Detalló que el Ayuntamiento analiza propuestas y aceptará recomendaciones, “entonces estaremos analizando en una mesa qué es lo que más conviene, más allá que es una propuesta del gobierno municipal o el grupo de Coordinación Guerrero más bien que sea la recomendación necesaria que genere garantías para todos”.
Por otra parte, el alcalde aseguró que el delito del orden común en el municipio ha venido a la baja, y el problema es “la presencia territorial del crimen organizado que se disputa en la ciudad un territorio,

El cierre de Los Buzos exhibe una mala estrategia de seguridad, señalan empresarios

El representante de la Canaco-Servitur, Raúl Iracheta Montoya, y el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Prestadores Turísticos, Salvador Soto Sánchez, exigieron a los tres órdenes de gobierno garantizar la seguridad para los acapulqueños y no sólo mantener un blindaje en la Costera.
Manifestaron, en declaraciones por separado, que el cierre de los restaurantes Los Buzos, luego de que dos empleados de una de las cuatro sucursales fueron atacados a balazos cuando el negocio estaba lleno de clientes, “exhibe una mala estrategia de seguridad que ignora las necesidades de seguridad para la población”.
En declaraciones por teléfono, Iracheta Montoya indicó que el cierre de los restaurantes es una alerta para las autoridades pues los empresarios prefieren cerrar sus negocios antes que arriesgar su vida, la de sus familias, a los empleados e incluso a los clientes que también corren riesgos cuando ocurren los ataques.
Cuando se le preguntó su opinión sobre el “éxito” de la temporada turística, según el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, el empresario dijo: “se debe garantizar la seguridad de todas las personas, sean habitantes de Acapulco o sean turistas, que no haya distingos porque la seguridad debe ser para todos. No puede haber justificación de que solo se cuida los turistas y la población sufre. De ninguna manera, todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos y nosotros que vivimos aquí realmente sufrimos este flagelo”.
Crítico que aunado a la afectación de imagen que representa el cierre de las sucursales del restaurante se está afectando a 150 familias que dependían de esas fuentes de empleo, lo que consideró preocupante.
Exigió a los tres órdenes de gobierno “que asuman su responsabilidad cabalmente, valoren y establezcan una estrategia benéfica para todos, que busquen los canales o mecanismos para poder acercarse a la ciudadanía y generen confianza, porque desgraciadamente de los hechos en estos últimos tiempos se demuestra que no hay garantía de seguridad para quienes se atreven a denunciar”.
El domingo por la noche, hombres armados irrumpieron el restaurante Los Buzos ubicado a un costado de la Universidad Americana y en el ataque fueron heridos dos trabajadores.
El 15 julio de 2015, hombres armados entraron como clientes y dispararon contra comensales que festejaban la terminación de un estudiante de secundaria, lo que dejó dos muertos y tres heridos.
En el fraccionamiento Magallanes hay dos restaurantes Los Buzos y el domingo 20 de marzo, la sucursal ubicada cerca de la avenida Wilfrido Massieu se incendió y tuvo pérdida total, sin embargo reabrió sus puertas y dio servicio en la Semana Santa.
El lunes por la tarde, Los Buzos Restaurante-Bar publicó en su fan page de Facebook sobre la decisión de cerrar todas sus sucursales “hasta nuevo aviso”.
Sobre el cierre de negocios por cobro de piso y extorsión, Raúl Iracheta indicó que no se cuenta con cifras reales.
Advirtió que el cierre de los restaurantes “es una alerta y un llamado para los tres órdenes de gobierno, es muestra de que si una empresa representativa del puerto cierra sus puertas por la inseguridad, aquellos negocios más pequeños simplemente cierran y sus dueños se van ante el temor de que haya represalias”.
Informó que de los más de 4 mil negocios que conforman la Canaco-Servytur no se tiene actualizado el padrón desde el año pasado, pues el censo que mantienen vigencia en esa organización requiere de encuestadores.
Por separado y en entrevista en su negocio Rinconada Beach, el presidente de la Confederación Nacional de Sociedades Cooperativas de Transporte y Servicios Turísticos en General de la República Mexicana, Salvador Soto Sánchez, señaló que la serie de asesinatos en la franja turística antes y durante las vacaciones de Semana Santa afectan la imagen de Acapulco.
Criticó que cuando existen criminalidad y delincuencia le va mal a Guerrero.
Dijo que la llegada de visitantes apenas permitió un “respiro económico” para los pequeños negocios asentados en la Costera.
Sin embargo, Soto Sánchez cuestionó que en su mensaje publicado por la empresa Los Buzos a través de Facebook se exhiba la falta de atención de las autoridades.
“Podemos hacer miles de cosas buenas para Acapulco, pero ahora este tipo de acontecimientos ya dieron la vuelta en todo el mundo”, concluyó.