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No cambió la STPS a seis funcionarios de la JLCA de Zihuatanejo, denuncia la CROM

 

El dirigente regional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en Zihuatanejo, Felipe Moreno Sánchez, denunció que el secretario del Trabajo en Guerrero, Oscar Ignacio Rangel Miravete, incumplió el acuerdo de cambiar a presuntos malos funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), a cambio de no manifestarse el pasado 15 de marzo, junto con los abogados litigantes que exigieron la destitución de la ahora ex presidenta Martina Martínez Fierro.
Moreno Sánchez, en conferencia de prensa, dijo que antes de que ocurriera la toma del tribunal laboral por parte de abogados litigantes que habían tenido diferencias con la anterior presidenta, él hizo llegar su inconformidad a Rangel Miravete, a quien le planteó la petición de que cambie de lugar de trabajo a cuando menos seis trabajadores de ese tribunal, pues aseguró que “no laboran si no hay dinero por delante, si quieres que tu juicio avance hay que dar propinas”.
Agregó que le expresó al secretario del Trabajo que era urgente un cambio no sólo de la presidenta sino también de los trabajadores “porque ya se han amafiado con los abogados que llevan juicios ahí, hay contubernio; entonces le pedimos que los cambiara y él se comprometió a que así se haría porque para esto le hicimos saber que como Confederación Regional, nosotros íbamos a tomar la oficina de la Junta”.
Moreno Sánchez añadió que enseguida se dio el movimiento de los abogados y volvió a hablar con Rangel Miravete, a quien le recordó que no había cumplido el compromiso de cambiar a los trabajadores por el bien de la propia Junta, “le dijimos que con cambiar sólo a Martina Martínez no iban a cambiar las cosas, que también se deben de ir muchos trabajadores y le dimos los nombres”.
“Le dije que nos íbamos a sumar a la toma de las oficinas junto con los abogados y que íbamos a hacer un escándalo de que está protegiendo a servidores públicos corruptos, entonces, él me ofreció que los cambiaría pero que no se sumara al movimiento de los abogados, mi organización cumplió pero el secretario del Trabajo no, por eso públicamente le pedimos que cumpla y que cambie también al resto de los trabajadores, que venga gente nueva para que la Junta camine, si no, va a seguir siendo la misma gata, nomás que revolcada”, concluyó.

Garantías de seguridad, la clave para que una empresa tenga éxito, dice la OIT

El director en México de la Organización Internacional del Trabajo en México y Cuba, Thomas Wissing, dijo que para el éxito de una empresa se debe contar con garantías de seguridad.
“El tema de la seguridad no es el tema de la productividad en las empresas (…) una empresa que opera exitosamente necesita condiciones de seguridad para seguir operando”, expresó en conferencia de prensa convocada por la Coparmex Acapulco, para informar que una decena de empresas guerrerenses formarán parte de un programa enfocado su fortalecimiento mediante estrategias interinstitucionales.
“Ninguna productividad del mundo te va a permitir mejorar una empresa al grado de pagar las extorsiones que alguien indebidamente paga”, respondió cuando un reportero preguntó si el proyecto ayudaría a las empresas amenazadas por grupos del crimen organizado.
Y argumentó que la iniciativa busca consolidar la base financiera de las empresas, la capacidad de sus trabajadores a mediano plazo. “El tema de seguridad es un tema que nos compete a todos, hay una responsabilidad compartida pero el tema central aquí es dar a conocer de qué forma estamos operando esa forma de proyecto productivo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”, eludió.
Thomas Wissing dijo que un “área de oportunidad” para trabajarlo en la entidad es la generación de empleos formales, pues el 85 por ciento de los trabajos que se ofrecen son informales, por lo que los trabajadores carecen de prestaciones laborales.
“Creemos que es necesario que se generen más empleos formales pues hay una gran necesidad de promover empresas que tienen inversión”, comentó.
Dijo que el proyecto “Iniciativa para el desarrollo del sur; construyendo el desarrollo empleo y trabajo decente para Chiapas, Guerrero y Oaxaca”, busca generar una visión de cómo resolver los problemas a los que se enfrenta una empresa pero bajo estrictos criterios de inversión y productividad, por lo que el factor inseguridad al que se enfrentan las empresas en Acapulco y la entidad no forma parte de los criterios del proyecto.
La capacitación, los esfuerzos conjuntos, el diseño y desarrollo de metas productivas, la mejora en condiciones de trabajo, son algunos de los factores evaluados en las empresas de servicios como hoteles y restaurantes que participan en Acapulco.
Wissing expuso que el proyecto de desarrollo sostenible busca el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos federal y locales, de las organizaciones empresariales y los organismos sindicales, pues la propuesta de la federación fue enfocar los trabajos en las “zonas prioritarias” de las cuales forman parte las entidades antes mencionadas.
“Es una iniciativa que fomenta la inversión en zonas económicas especiales en los estos tres estados y en la parte laboral, en el desarrollo del mercado laboral, del desarrollo del trabajo, del desarrollo de las empresas en Guerrero estamos dando un ejemplo de que es posible generar este desarrollo positivo a través de un esfuerzo conjunto de las empresas, con los trabajadores, con los gobiernos, con el apoyo de las instituciones educativas y de la academia a través de la capacitación y la formación para el trabajo”, argumentó.
Thomas Wissing adelantó que buscarán impulsar una segunda etapa del proyecto para que se sumen más empresarios, fundamentalmente jóvenes, para que existan nuevas fuentes de empleo, pues buscan tener condiciones de empleo dignas, con prestaciones sociales desde el esquema de la formalidad.
Justificó que como organismo internacional no llegaron a “inventar el hilo negro” sino a sumarse a un esfuerzo nacional con la experiencia propia en los sectores agrícola y turístico.
El proyecto, explicó, nació como parte del desarrollo de los tres estados del sur que son zonas económicas especiales, en colaboración con la Secretaría del Trabajo federal y las autoridades de las entidades participantes, para impulsar un modelo de cooperación de las empresas que mejoren la incidencia de productividad que beneficien al trabajador.
En abril o en mayo, detalló, se darán a conocer los resultados de la implementación de estas estrategias en las empresas acapulqueñas, de las cuales cinco de ellas están dirigidas por mujeres.
El presidente de la Coparmex, Fidel Serrato Valdés, admitió que el tema de inseguridad es uno de los obstáculos a los que se enfrentan en Acapulco. “Es un problema del que no podemos evitar hablar (…) pero se están haciendo cosas buenas, vamos a abrir esta convocatoria para otras cámaras empresariales y para otros empresarios e incluso que no estén afiliados que puedan tomar esto para mejorar sus servicios producir más y con calidad”.
La queja, continuó durante su intervención, “era la seguridad pero ustedes han visto que hemos tenido fines de semana interesantes en materia turística ya lo ha dicho la propia autoridad estatal hemos tenido una buena afluencia turística”.
“Han ocurrido situaciones de violencia que a todos nos preocupa y debe de ocupar a las autoridades, que se deben atender. Independiente que sean o no afiliados a Coparmex (los negocios atacados) se les debe apoyar por las autoridades y porque ellos también son empresarios exitosos y también generan fuentes de trabajo”, dijo.
El representante de 200 empresas asentadas principalmente en la Costera, agregó: “no podemos hablar de seguir adelante sin la seguridad, estamos trabajando en cuanto a mejorar nuestros servicios, productos, pero también la autoridad tiene que hacer su parte”.

Habrá vigilancia especial en las colonias más peligrosas de Acapulco, confirma Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que las operaciones especiales de seguridad que desplegará el gobierno federal en Acapulco serán en las colonias de mayor incidencia delictiva, pero rechazó precisarlas.
El gobernador asistió ayer a una reunión con empresarios integrantes del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, en el salón El Faro del hotel Elcano, y en declaraciones después del encuentro indicó que se atenderán todos los problemas de inseguridad “para mejorar”.
Dijo que la reunión que sostuvo el pasado lunes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los integrantes del gabinete de seguridad pública federal fue “muy larga” porque se hablaron de varios temas, algunos regionales y de “cómo están las cosas, se trató el tema Acapulco, focalizar el tema Acapulco, se trató el tema de los C4 tanto en Chilpancingo y de Acapulco”.
Agregó que se habló de los resultados de la operación Chilapa y de las operaciones desplegadas con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa.
“Dentro de las varias cosas que se vieron ayer con el secretario de Gobernación, se analizó dónde está pasando el más alto índice de homicidios dolosos, dentro de Acapulco, y en esos lugares se va a hacer un operativo especial, exactamente eso es”, dijo.
Al gobernador se le preguntó cuándo empezará la nueva estrategia anunciada por Osorio Chong, y dijo que “seguramente eso debe funcionar ya”, porque se ha focalizado el problema de la inseguridad.
Sobre las colonias donde se desarrollarán las operaciones policiales anunciadas por Osorio Chong, el gobernador sólo dijo que serán “en donde están los indicadores más altos de homicidios”.
Al gobernador se le preguntó si son los cinco polígonos que ha identificado el gobierno federal, Ciudad Renacimiento y las colonias Zapata, Progreso, Colosio y Jardín, pero rehusó precisarlo y sólo dijo que “en donde están los índices más altos, no quisiera yo decirlo, gracias, gracias, no voy a decir datos”.
Otra de las acciones acordadas con el gabinete de seguridad, abundó el gobernador, es la revisión de la infraestructura tecnológica con que cuenta el estado para “mejorarla, ese es un punto central en el que seguramente vamos a entrar a partir de ya”.

El caso de Los Buzos

Sobre el cierre de las cuatro sucursales del restaurante Los Buzos en Acapulco, luego de un ataque contra dos trabajadores de uno de estos establecimientos, el gobernador se limitó a decir que “siempre es lamentable cualquier circunstancia que genere la cancelación de empleos”.
Añadió que solicitó al fiscal Xavier Olea Peláez que investigue qué ha sucedido en cada uno de los casos para que pueda emitir una postura certera sobre los sucedido.
Sobre la acusación contra el ciudadano canadiense Walter Suk, quien fue detenido el domingo por manosear y besar a una menor, el gobernador opinó que es reprobable y es un hecho que ha provocado la indignación de hombres y mujeres.
Indicó que ha recibido muchos mensajes sobre ese caso, y la noche del lunes conversó con Olea Peláez, quien le dijo que revisa “por todos lados” el proceso jurídico que se sigue contra el ciudadano canadiense, y “seguramente en el corrimiento de los plazos para el auto de formal prisión se tratará de encontrar por todos los medios de carácter legal todo lo posible para que esta persona su libertad no sea un asunto tan sencillo”.

Es para abatir los homicidios la nueva estrategia anunciada por Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció este lunes, durante su visita a Acapulco, una nueva estrategia para abatir los homicidios en Acapulco, que consiste en desplegar a las fuerzas de seguridad en las colonias donde operan grupos del crimen organizado y dónde ocurren la mayoría de los asesinatos.
En una conferencia de prensa en Acapulco, después de una larga reunión del gabinete de Seguridad Pública federal, en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, Osorio Chong dijo que “más allá que sean homicidios resultado del enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, en el que por supuesto lo que más nos ha importado y lo hemos evitado, casi totalmente, es que la ciudadanía, la sociedad civil, no tenga consecuencias de esos enfrentamientos, sin embargo, como lo hemos hecho en otros estados, habremos de buscar evitarlos, tenemos focalizados los problemas en Acapulco, sabemos en qué colonias y habremos de hacer operativos especiales”.
“Haremos acciones focalizadas, buscando disminución en el delito de homicidio doloso”, indicó.
“Sabemos perfectamente bien dónde se están llevando a cabo este tipo de delitos, la gran mayoría son en colonias muy lejanas de la costa, del centro de Acapulco, pero en uno y en otros lados los vamos a atender y por eso es que merecen una estrategia especial”, añadió.
El pasado 14 de diciembre, en una conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Gobernación, acompañado del comandante de la Novena Región Militar y coordinador de la estrategia de Seguridad en Guerrero, Alejandro Saavedra Hernández, y del jefe del Estado Mayor de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Rocha; de los alcaldes de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, y de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, el gobernador informó que en Acapulco hay once colonias críticas por las condiciones de inseguridad que prevalecen, pues son las de mayor incidencia delictiva.
En esa ocasión el gobernador no quiso dar nombres para no colocarles un estigma a esas colonias.
“Lo único que puedo decir es que no están del lado de donde se mira el mar, están del lado de donde no se ve al mar y se ve hacia México”, dijo, y aseguró es la zona donde está el operativo, incluido en esas acciones el resguardo a las escuelas.

Veinte días después lleva Astudillo ayuda a damnificados de los vientos en la Montaña

Después de 20 días de haber sido afectados por los vientos y lluvias del pasado 8, 9 y 10 de marzo, los indígenas na savi y me´phaa recibieron ayer apoyos del gobernador Héctor Astudillo Flores, aunque muchas familias damnificadas no fueron contabilizadas.
El gobernador se comprometió a concluir las obras pendientes en el municipio de Malinaltepec, como escuelas y viviendas, luego de las afectaciones de la tormenta Manuel del 2013, y concluir la construcción del Ayuntamiento que fue demolido.
En el evento habló la presidenta de DIF, Mercedes Calvo, quien dijo a los asistentes que cuentan con ella y con el gobernador, y que tiene la autorización para continuar recorriendo los municipios y entregar despensas a las familias.
Por su parte, el gobernador explicó que no pudo estar el domingo pasado porque tenía que despedir a los turistas en Acapulco, pero que su equipo ha estado revisando los daños en la zona.
“Me siento muy complacido de visitar este pueblo y he estado pendiente de las comunidades que fueron dañados por los vientos y las lluvias”, dijo.
Anunció que les entregaría los apoyos que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al estado, colchonetas, láminas, despensas, cobertores, kits de limpieza (jabón, cloro, cubetas y escobas) y que estará en esta comunidad las veces que sean necesarias.
También adelantó que en los siguientes meses será entregado el fertilizante de manera gratuita y que los productores ya no pondrán su parte, sólo el gobierno estatal y municipal pondrán el cien por ciento.
Agradeció al presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y se comprometió a concluir las obras inconclusas, como las aulas.
Anticipó que apoyará para que la región tenga pronto la cobertura de telefonía celular para que los pueblos estén comunicados, y verá cómo apoyará con las viviendas junto con la Secretaría de Desarrollo Social.
Anunció que seguirá visitando La Montaña y que la próxima semana acudirá al municipio de Copanatoyac a entregar despensas.
Por su parte, el alcalde de Malinaltepec dijo al gobernador que no iba con reclamos y sí con propuestas concretas para combatir la marginación, y enumeró exigencias como pavimentación de carreteras, conclusión de la obra del Ayuntamiento, y centros de salud con equipo médico y medicinas a tiempo.
También solicitó apoyo a los productores de café, porque en el 70 por ciento del municipio los cafetales están dañados y el 80 por ciento de los campesinos dependen totalmente de la producción del café.
En cuanto a la educación dijo que le lastima que en las comunidades de Tilapa, Moyotepec, Unión de las Peras, la Lucerna y El Tepeyac estén las aulas inconclusas que inició el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (INIFED), y le hizo un llamado porque hay niños —como en Tilapa— que reciben clases bajo el sol.

Pidió la señal de celular para que las comunidades estén comunicadas, y dijo que tienen muchas necesidades y que si reciben apoyo del gobierno las comunidades tomarán otras medidas, pero que le apuesta al diálogo.
En breve entrevista, el gobernador Héctor Astudillo pidió que no se desprestigie al estado de Guerrero, pues si bien hay problemas hay que enfrentarlos y se necesita la participación ciudadana para salir adelante.
Sobre el retraso de los apoyos a las comunidades respondió que se debió a que los materiales ape- nas llegaron de la federación a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), aunque el gobierno estatal ya había hecho lo propio con sus recursos.
De acuerdo con un boletín del gobierno del estado, ayer se entregaron 24 mil insumos distribuidos en 6 municipios para beneficiar a 93 comunidades, mediante el padrón que levantó Protección Civil del estado y el DIF estatal.
También se ofrecieron consultas médicas y atención del Registro Civil con el programa gratuito de aclaraciones y correcciones de actas.
También hubo queja de ciudadanos y autoridades, como el delegado de la colonia San Lorenzo, anexo de la comunidad de San Miguel El Progreso, quien se quejó de los llevaron con engaños porque personal del presidente municipal de Malinaltepec le entregó un oficio donde le indicaba que llevara a toda su comunidad a recibir láminas, despensas y cobijas.

Pero cuando llegaron al lugar le dijeron que no les entregarían los apoyos porque no se encuentran en la lista y que esperaran para ver si sobraban despensas.
Lamentó la falta de apoyos pues dijo que le sale más caro pagar 200 pesos de pasaje que las despensas que tal vez les entrega- rían, pero sólo si sobraban.

Otro vecino de la comunidad de Huehuetepec, del municipio de Atlamajalcingo del Monte, dijo que las láminas que entregaron no son suficientes porque hubo casas que se daña- ron totalmente y ocho placas no le ayudarán mucho.
Dijo que este municipio reportó 136 viviendas afectadas, lo que consideró una cifra irreal porque a su comunidad no llegó nadie para levantar el censo.
El lugar estuvo resguardado por policías municipales, estales y hasta policías comunitarios; hubo un gran número de asistentes por la cuota exigida a los seis municipios que recibirían los apoyos, aunque sólo fuera una despensa, un kit de limpieza o una torta.
Se observó que personal que entregó las despensas se reía de los indígenas cuando corrían de un lugar a otro siguiendo sus indicaciones para formarse; “pónganse aquí, no, mejor para acá, no, mejor del otro lado”, les decían.
Durante más de dos horas la carretera Tlapa-Marquelia fue cerrada al tránsito vehicular por el acto encabezado por el gobernador Héctor Astudillo.

Exhorta el Congreso a la PGR a apoyar al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala

 

Sin discusión y por unanimidad, 42 diputados locales de un total de 46, exhortaron ayer a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, a que provea de todo apoyo al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala y someta a investigación inmediata y exhaustiva, bajo los mas altos estándares internacionales, todos los casos que sean hechos de su conocimiento.
Asimismo, iniciar los procesos penales correspondientes, dirigir y supervisar las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas, y en su caso la identificación forense.
Y también por unanimidad y sin discusión en esta sesión le aprobaron a la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, adicionar al punto de acuerdo, presentado por el diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, de que la PGR también elabore “un padrón público de personas desaparecidas, con fotos y datos precisos del último lugar que fueron vistos, el lugar, hora y ropa que vestían, e iniciar los procesos penales”.
Este martes hubo dos sesiones, y en la primera, el diputado del MC, Ricardo Mejía Berdeja, quien presentó el punto de acuerdo en tribuna, explicando que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sucedieron hechos que desembocaron en 6 homicidios, más de 40 heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que aún se encuentran en calidad de desaparecidos.
Añadió que el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, es una clara muestra de que México vive una grave crisis en materia de derechos humanos, que obliga al Estado mexicano a poner énfasis en el tema de seguridad, justicia y el combate a la corrupción e impunidad, para remontarla.
Indicó que con esos hechos acontecidos, “se destapó la cloaca que existía no sólo en México y en Guerrero, sino que de manera muy particular en la ciudad de Iguala, donde decenas y decenas de personas son desaparecidas continuamente, y estas son buscados en los cerros, en los lugares céntricos y apartados del propio municipio”.
Detalló que por esta situación de “grave crisis de derechos humanos en la entidad”, un grupo de personas se vieron en la necesidad de crear el Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, “teniendo voluntad firme y decididamente suben a los cerros, comunidades, lugares muy apartados del centro de Iguala, para buscar a sus hijos, hermanos, padres y familiares que han sido desparecidos, pero el estado en poco ayuda en encontrar a sus familiares”.
Enfatizó que la respuesta de las autoridades, “pareciera ser repetitiva que no es desaparición forzada y que es culpa de la delincuencia organizada, como si todos los órdenes de gobierno y todos los poderes del estado, se coordinaran para dar la misma respuesta”.
Enseguida dio datos: “Hasta el día domingo 27 de marzo del año que transcurre, el Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala han localizado 143 cuerpos en más de 90 fosas de los cuales 24 han sido identificadas, y 15 han sido entregadas a sus familiares”.
Además que, “el día 24 del mes y año en curso el comité encontró 124 huesos en dos fosas clandestinas al poniente de Iguala”.

Familiares actuaron ante la incapacidad de las instituciones

Ricardo Mejía recordó que dicho Comité, de manera constante han manifestado la solitud de que las autoridades de los órdenes de gobierno puedan brindarles el apoyo para seguir en la búsqueda de sus familiares, pero han sido nulo los esfuerzos ante las autoridades locales y nacionales, que no les brindan el apoyo necesario y suficiente.

“La CIDH manifiesta su alarma por la información recibida que indica que el 1 de julio de 2013, 30 personas sin aparente conexión entre ellas, de diferentes edades y sexo, y que se encontraban en diversos lugares de Cocula desaparecieron, sin que a la fecha se conozca su paradero, o se tenga alguna información sobre la investigación”, precisó.
Y que durante la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa fueron hallados 60 fosas colectivas clandestinas en dicho municipio (de Cocula).
Al respecto, Ricardo Mejía, consideró que “la incapacidad institucional para atender el problema es la razón por la cual los propios familiares sean quienes están llevando a cabo sus propias búsquedas de fosas clandestinas en Iguala buscando a sus familiares desaparecidos”.
Finalizó su lectura diciendo que “este grave problema se está agudizando en la entidad y sobre todo en Iguala, mientras más de 400 familias piden continuamente apoyo de las autoridades mexicanas y guerrerenses prácticamente nadie las escucha y las defiende, violando el estado de Derecho”.
Y que  por esto, “es urgente que esta Soberanía popular exhorte al gobierno federal a que atienda, apoyo y coadyuve con el Comité de Los Otros Desparecidos de Iguala, para encontrar a las personas desaparecidas”.
Sobre el tema, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, propuso adicionar al exhorto, que la titular de la PGR, “provea de todo el apoyo al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala, elaborando un padrón público de personas desaparecidos, con fotos y datos preciso del último lugar que fueron vistos, lugar, hora y ropa que vestían e iniciar los procesos penales”.

Iniciativas

En la presentación de iniciativas que fueron turnadas Comisiones, la diputada del PVEM, Luisa Vargas Mejía, presentó una ante el pleno, por la cual propone adicionar el numeral 3 al artículo sexto de la Constitución Política del estado, con la intención de elevar la competitividad y el desarrollo de la comunidad.
En este mismo apartado, la diputada del PVEM, Carmen Illiana Castillo Ávila, presentó una iniciativa de Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en el estado.
Y la diputada del PRI, Rosaura Rodríguez, presentó una iniciativa de reformas en materia de asignaciones afirmativas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

Piden libre peaje para de Iguala a Amacuzac, Morelos

Los diputados aprobaron, en esta sesión, por unanimidad y sin discusión, exhortar al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Abraham Zamora Torres, para que la plaza de cobro número 03 del tramo carretero que va de Iguala Guerrero, al poblado de Amacuzac Morelos, quede libre de peaje para los habitantes de los poblados de Iguala y comunidades circunvecinas, o en su caso, se construya una vía alterna que intercomunique a estas localidades, y así contribuir en aumentar la fluidez en las actividades productivas y económicas.
Cabe destacar que antes de iniciar la sesión, a petición del diputado del PRD, Ernesto González, el pleno guardó un minuto de silencio en memoria del gerente de la Capama en Ciudad Renacimiento en Acapulco, Arquímides Guzmán Cisneros, asesinado en su oficina el pasado martes 22.

Urgen al Congreso a dictaminar sobre la creación de los cuatro nuevos municipios

 

Promotores de la creación de cuatro nuevos municipios en la Montaña y Costa Chica entregaron ayer al Congreso un documento en el que insisten a los diputados que se dictaminen cuanto antes los proyectos que han impulsado desde la legislatura pasada.
Se trata de Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Temalacatzingo, que pertenecen a San Marcos, Cuajinicuilapa, Malinaltepec y Olinalá.
En una llamada a esta redacción, el promotor de Temalacatzingo, Pánfilo Sánchez Almazán, informó que ayer a la una de la tarde asistieron al Congreso y entregaron el documento a la presidencia de la Comisión de Gobierno, a la Oficialía Mayor y a la Comisión de Asuntos Políticos y de Gobernación, esta última encargada de emitir los dictámenes correspondientes.
Además dijo que por el cambio que hubo en la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD, se reunieron también con la nueva coordinadora de los diputados del sol azteca, Erika Alcaraz Sosa.
Comentó que en el documento los promotores exponen al Legislativo que ha pasado tiempo suficiente para que los diputados dictaminen los cuatro proyectos, se presenten al pleno, se analicen y, en su caso, se aprueben.
Recordó que la única reunión formal que tuvieron con el Congreso fue en los primeros días de octubre, con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Flor Añorve Ocampo, quien se comprometió a programar un nuevo encuentro con todos los integrantes de esa comisión, sin embargo hasta ayer eso no había sucedido.
Explicó que de manera independiente los promotores se han reunido ya con todos los coordinadores parlamentarios, quienes manifestaron su respaldo, sin embargo no ven avances en las gestiones que han realizado.
Comentó que tras el nombramiento de Erika Alcaraz como coordinadora de la fracción del PRD en sustitución de Sebastián de la Rosa Peláez, ayer se reunieron con ella para hablar al respecto.
Sánchez Almazán dijo que la coordinadora parlamentaria se comprometió a retomar los cuatro proyectos, porque era ya un compromiso de los diputados de esa fracción.
Dijo, como una opinión personal, que el retraso del dictamen de los cuatro proyectos se debe a que los diputados locales están esperando la autorización del gobernador Héctor Astudillo Flores.
“De manera personal vemos que el Congreso está esperando la luz verde del Ejecutivo, eso es lamentable porque se supone que es un poder autónomo, tiene sus propias facultades para sacar las iniciativas que están y que llegan. No hay ningún avance, ni siquiera nos han convocado para informarnos qué está pasando”, dijo.
Recordó que en el transcurso de esta semana se instalará una mesa de trabajo en la que participarán los promotores de la creación de los nuevos municipios y el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el secretario de Planeación, David Guzmán Maldonado.
Comentó que será en esa mesa de trabajo en la que el gobierno informará a los promotores si es necesario presentar de nueva cuenta sus iniciativas o si se mantienen las que ellos promovieron ante el Congreso, aunque Sánchez Almazán consideró que no es necesario volver a hacer el trámite legislativo.
Comentó que aún no hay fecha para la instalación de la mesa de trabajo, pero confió en que el gobierno estatal cumplirá el compromiso.

Intentaron hombres armados secuestrar a la síndica de Cocula Enriqueta García

 

La tarde de este martes, hombres armados y encapuchados a bordo de una camioneta roja intentaron privar de su libertad a la síndica y encargada de la alcaldía de Cocula, Enriqueta García Pérez, cuando iba para su casa en la comunidad de Apipilulco.
De acuerdo con fuentes policiacas de seguridad pública federal, a las 4:30 de la tarde de ayer la misma síndica reportó a los números de emergencia 066 que varios hombres armados a bordo de un vehículo rojo “la quisieron privar de su libertad”.
Ante esta situación, la síndica perredista Enriqueta García, que quedó encargada de la presidencia municipal de Cocula tras la detención del alcalde Erik Ulises Ramírez Crespo el 9 de febrero, pidió la presencia inmediata de efectivos de la Policía Federal.
Fuentes consultadas en Cocula confirmaron que la síndica fue perseguida por unos hombres encapuchados y armados después de que García Pérez había salido de la sede del Ayuntamiento acompañada de uno de sus hijos, que trabaja con ella en la sindicatura, y se dirigían a su casa ubicada en la comunidad de Apipilulco, ubicada a unos 10 minutos de la cabecera municipal en la carretera Cocula-Nuevo Balsas.
Hasta después de las 10 de la noche de ayer no se dio a conocer mayor información del caso y sólo se supo que la funcionaria ya tenía el resguardo de efectivos federales.

Sí respalda el grupo Comunitarios por la Paz a los civiles armados que entraron a Chilapa el 23 de marzo, corrige

 

La agrupación Comunitarios por la Paz y la Justicia respaldó a los civiles armados que entraron la madrugada del 23 de marzo a la cabecera de Chilapa, quienes reclamaron sus armas que les quitó la Policía Ministerial y protestaron porque les impiden surtirse de gasolina.
El representante legal de esa organización que integra a 36 comunidades de la parte baja de Chilapa, 36 de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y ahora una del municipio de Zitlala, Jesús Escobedo González se deslindó de los cerca de 200 hombres armados que irrumpieron en la cabecera municipal y que tres horas después se retiraron luego de que les regresaron algunas armas y les permitieron cargar gasolina.
Sin embargo, el domingo 27 de marzo en una reunión en la comunidad de El Jagüey el grupo Comunitarios por la Paz acordó apoyar las demandas de los civiles armados, las cuales fueron resueltas parcialmente, y acordaron pedir una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El asesor legal y vocero de Comunitarios por la Paz y la Justicia, Jesús Escobedo declaró ayer en Chilpancingo que en esa reunión además aprobaron la incorporación de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, donde en los últimos meses han ocurrido hechos de violencia y sus habitantes se armaron para defenderse.
Informó que con esta suman 73 localidades de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala las que pertenecen a la agrupación.
Explicó que su consejo integrado por los comisarios de las comunidades, no aprobó la irrupción de los civiles armados a Chilapa la madrugada del 23 de marzo, y que quienes entraron lo hicieron por su cuenta y fueron sólo habitantes de Ayahualulco y lugares cercanos a la cabecera municipal.
Sin embargo los reconoció como miembros de esa agrupación e informó que el pasado domingo en El Jagüey explicaron las razones por las que entraron a la cabecera municipal, y el consejo determinó respaldarlos y seguir abanderando sus demandas.
“El problema lo originó la Policía Ministerial que ha venido incursionando a esas comunidades cercanas a la cabecera municipal y les ha quitado algunas armas, además les impide subir a la cabecera para surtirse de gasolina”, explicó el abogado.
Informó que esa noche determinaron juntarse y entrar a la cabecera municipal para cargar gasolina y reclamar 10 armas que les quitaron los ministeriales: tres escopetas, tres pistolas y cuatro rifles calibre .22.
Mencionó que con la intervención de las autoridades municipales lograron que les regresaran tres armas, y se retiraron porque también les permitieron cargar gasolina, que era lo que más les interesaba porque el combustible se les había agotado.
Agregó que el consejo acordó pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitarle que cese la incursión de ministeriales en esas comunidades, a donde sólo van a cometer atropellos y a llevarse las armas de los campesinos.
Agregó que también le pedirán que garantice la seguridad en los alrededores de la cabecera municipal, sobre todo en los accesos de Atzacoaloya, en el crucero de Ayahualulco y en el de Zitlala, donde sigue habiendo problemas de inseguridad, y por eso los habitantes de las comunidades alejadas no van a la cabecera municipal, pues temen que sean levantados o ejecutados.
Dijo que también le pedirán uniformes, vehículos y apoyo económico para la gasolina de los vehículos que utilizan los comunitarios en sus recorridos, “hemos demostrado resultados, en esas comunidades ha bajado la delincuencia, estamos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno, por eso debe apoyar el esfuerzo de los comunitarios”, expresó.
Escobedo González aseguró que en las comunidades donde opera Comunitarios por la Paz ya no hay problemas de inseguridad, “allá no queremos a los ministeriales, donde se necesita que cuiden es en Chilapa y sus alrededores, allí sigue habiendo mucha inseguridad y los habitantes de las comunidades aún no pueden ir solos a la cabecera municipal”.
Insistió en que por eso la noche del 23 de marzo los habitantes de las comunidades cercanas se desesperaron y sin la aprobación del Consejo de Comunidades decidieron ir a la cabecera municipal, sólo así pudieron entrar por sus armas y por gasolina, “se entiende que ya estaban desesperados y por eso el consejo decidió no censurarlos, por el contrario respalda sus demandas”.
Comentó también que en la reunión del domingo aprobaron el ingreso a la agrupación de la comunidad de Tlaltempanapa, la segunda comunidad más grande del municipio de Zitlala después de la cabecera municipal, donde en los últimos meses ha incrementado la violencia.
Allí desde finales del año pasado los habitantes se organizaron y se armaron para defenderse de la delincuencia, y ahora se unieron a Comunitarios por la Paz y la Justicia, grupo que irrumpió en mayo de 2015 a Chilapa y dejó a 30 ciudadanos desaparecidos.

Denuncia director de Tadeco amenazas de presuntos Caballeros Templarios; responsabiliza al gobierno

 

El director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández denunció que fue amenazado vía telefónica, presuntamente por el grupo de narcotraficantes los Caballeros Templarios, y responsabiliza al gobierno por su integridad y la de los miembros de esa asociación, por omisión y por encubrir a quienes amenazan e intimidan.
Mediante un boletín informa que la llamada podría tratarse de un intento de extorsión, pero indicó que desde 2009, cuando comenzaron a acompañar a familiares de personas desaparecidas, han recibido amenazas y han sido hostigados de distintas maneras.
En este caso, indica que el lunes al mediodía recibió una llamada al teléfono de la asociación civil, desde el número 7471350172, de un hombre que se identificó como Marcos Torres de la CTM, quien pidió hablar con Javier Monroy.
Señala que el hombre preguntó si el activista seguía siendo presidente de Tadeco, si la oficina continuaba en la misma dirección, y comentó que se hallaba en el Ayuntamiento.
Cuando Monroy Hernández tomó el teléfono, le dijo que las siglas CTM correspondían a los Caballeros Templarios de Michoacán, que traía un encargo y que él (Javier) sabía cómo se mueve la gente de su organización y quería saber cómo quería que lo tratara, si como amigo o enemigo, y al escuchar lo anterior, cortó la comunicación,
Aunque podría tratarse de un intento de extorsión, indica que llama la atención que los integrantes de Tadeco han sido hostigados desde que promovieron la constitución del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
Recordó que a finales de 2009 comenzaron las amenazas, por lo que presentaron una demanda radicada bajo la averiguación previa DGCAP/1141/2009, “que nunca se investigó”, y comentó que en la Fiscalía General del Estado (FGE) les dijeron que “no se preocupen, si quisieran hacerles algo, ya se los hubieran hecho”.
Fue hasta 2015, y sólo por la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), que les informaron que la denuncia prescribió.
En febrero de 2011 el Ayuntamiento desalojó el módulo de información y cultura de Tadeco de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, y tras las quejas la Codehum emitió las recomendaciones 066/2011 y 084/2012, las cuales, dice, no se han cumplido.
En agosto de 2011 fueron nuevamente amenazados por supuestos integrantes del crimen organizado que “solicitaban cuota y en caso de negarnos se llevarían al jefe y al personal”, recuerda.
Asegura que el hostigamiento continuó en 2012 y se mantuvo hasta mediados de 2013, cuando fueron retenidos contra su voluntad en una localidad de Costa Grande y trasladados a una entrevista “con gente extraña y en un lugar apartado”, por sus actividades en aquella región.
En 2014 recibieron otra llamada con amenazas por una nota en un periódico nacional, y dijeron que Javier Monroy era “cabeza de una célula guerrillera en Chilpancingo”; en julio de ese año fueron asaltados en la Costa Grande y en noviembre recibió una amenaza escrita en un pedazo sucio de cartón.
Señala que le preocupa el origen de la llamada y responsabiliza a las autoridades por su integridad física y moral, así como de los demás integrantes de su asociación, “por omisos y encubridores de quienes nos amenazan e intimidan”, expresa.