El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a cumplir “puntualmente” las medidas de protección a familiares y testigo del luchador social de Guerrero (asesinado en 2013), Arturo Hernández Cardona, que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ofreció que habrá justicia en este caso, dio a conocer la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado informó del encuentro en la mesa de trabajo de la CIDH en las sesiones públicas que se hicieron en Panamá, con representantes del Estado mexicano, la hija del luchador social, Soledad Hernández Mena e integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad. .
La Red informó que el tema fue “el incumplimiento de estas medidas a Hernández Mena, y al testigo, Nicolás Mendoza Villa. Recordaron que las medidas de protección ordenadas por la CIDH para Mendoza Villa le fueron retiradas por las autoridades bajo el argumento de que tanto Mendoza Villa como la hija de Hernández Cardona, tienen como su representante a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”.
Por lo tanto, los funcionarios señalaron que la comunicación de Segob es directa con CEAV, y la institución fue notificada de todo y estuvo en conformidad con el retiro de guardias, del botón de pánico y despensa mensual de alimentos, pues el testigo, debido a la persecución que sufre, no puede trabajar.
Sin embargo, el abogado de la Red, Rodríguez Cabrera señaló que en septiembre de este mes se entregó a la CIDH una minuta del testigo Nicolás Mendoza Villa donde ratificó que sus únicos representantes a nivel nacional es la Red y a nivel internacional son el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Red. Desautorizaron cualquier representación del CEAV e insistieron en la reasignación de las medidas.
En el caso de la hija de Arturo Hernández, ella misma explicó que no solicitó cambio de representación, y que la Red Solidaria fue, es y será su representante de este caso.
Señalaron que el relator para México, Enrique Gil Botero, opinó que las víctimas no pueden quedar en estado de desprotección y le corresponde al Estado mexicano garantizar la protección a las víctimas.
La Red informó que luego se reunió por separado con Roberto Campa Cifrián quién se comprometió a que se llevaran puntualmente las medidas de protección y habrá justicia para este caso.
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Proponen familiares de desaparecidos en Iguala crear un grupo de reacción antisecuestro
Familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado pidieron ayer en esta ciudad durante el foro convocado por la asociación civil Guerrero es Primero, la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparecidos, en coordinación con autoridades de los tres niveles, universidades y asociaciones, para emitir alertas al momento de la desaparición o secuestro de personas.
Asimismo, en el encuentro en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN) al que asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de diferentes municipios del estado, en su mayoría del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, la creación de una base de datos nacional “confiable” en el que se lleve un registro de muestras de ADN de los familiares y de los cuerpos que son recuperados en fosas clandestinas, a los que piden también que “se les ponga nombre y apellido”.
Asimismo, se planteó la creación de un instituto forense a través del cual se dé certeza a las familias, de que los cuerpos que les son entregados realmente son los de sus familiares desaparecidos, además de que a través de éste se dé agilidad a la identificación de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas.
De acuerdo con información de dos de los coordinadores del encuentro, del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena y Jaime Betancurt, éste es el primero de cuatro foros que son convocados por la asociación civil Guerreros Primero, integrada por el Centro Lindavista, la Universidad Loyola del Pacífico, la Arquidiócesis de Acapulco, la Iglesias por la Paz y otras 50 organizaciones sociales, productivas y populares en las diferentes regiones de Guerrero.
Jaime Betancur, que se unió al comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala y a la búsqueda de fosas clandestinas para localizar a sus dos hijastros, indicó que los foros van encaminados a que sus propuestas sean incluidas en al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y se prevé que el próximo foro de seguimiento sea también en esta ciudad, entre el 11 y el 15 de febrero, y que el tercero sea en Ayutla.
El foro, en el que se esperaba la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, y del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; de visitadores de la CNDH; de los regidores perredistas del Ayuntamiento de Iguala Martha Todd Mena, Ednali López y Mauricio González Razo.
También asistieron, la activista y ex regidora del PRD en Iguala, Sofía Mendoza, pareja del asesinado líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’paah (OPIM); y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, representada por su secretaria, María Magdalena López.
Asimismo, asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de los municipios de Iguala, Teloloapan, Chilapa, Acapulco, Cocula, Altamirano, Chilpancingo, Ayutla y Cuernavaca.
Más de 450 desaparecidos
Una de las representantes del comité de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena, que tiene desaparecido a su esposo desde hace cinco años, dijo que son más de 450 familias que tienen desaparecidos y que están registrados ante el comité de Iguala, y señaló que estos foros son también, “para sensibilizar a la población de lo que está pasando en Guerrero, y de los cientos de personas que están desaparecidas en Guerrero”.
Describió que tener a un familiar desaparecido, “es morir lentamente, a nosotros se nos mata a pausas, es una desesperación total”.
Pidió a la población “aprender a vivir y acercarse a Los Otros Desaparecidos, que puedan entender que no somos una bomba latente y que pueden prevenir lo que a mí me pasó, y que te puede pasar a ti mismo”, a quien dijo, la gente les huye por el temor de que algo les vaya a pasar.
Señaló que la mayoría del comité de Los Otros Desaparecidos son madres o esposas en edad avanzada, o que se quedaron con niños a los que ahora crían y sostienen solas.
Recordó que a más de un año de su surgimiento, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala ha logrado el hallazgo de 123 cuerpo que han sido exhumados de fosas clandestinas, y que ahora la petición a la Procuraduría General de la República (PGR) es que a esos cuerpos se les ponga nombre y apellido, para que los regresen a sus familiares.
Propuso la creación de un instituto forense con sede en Iguala que ayude a la identificación de cuerpos recuperados de entierros clandestinos y que dé a las familias la certeza de que los restos que les son entregados, afectivamente son de sus familiares, “porque nos ha tocado vivir en carne propia de cuerpos que se han entregado a sus familias y al año regresa con vida la muchacha de la que supuestamente habían entregado los restos”.
Criticó que los peritajes no se practican como deberían ser, y que las autoridades pretenden entregar los restos a las familias sólo para dar por concluidos sus casos.
Grupo de Reacción Inmediata
Durante el foro, se realizaron siete mesas de trabajo: Protocolos de reacción inmediata; área de búsqueda en la Fiscalía y apoyo a búsqueda ciudadana; medidas de prevención; las autoridades que los ciudadanos requieren en temas de seguridad pública; instituto forense; apoyo a necesidades de las familias y condiciones de vida digna.
Se plateó la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparición, mediante el cual pretenden tener coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y organizaciones para difundir a través de redes sociales y emitir alertas cuando se registre alguna desaparición en cualquier parte del estado.
En la reunión, los familiares de desaparecidos denunciaron la falta de apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Asimismo, pidieron a la CNDH, CEAV y Guerreros Primero, que intervengan a nivel nacional para hacer el estudio diagnóstico integral de las familias para que se les dé atención a sus necesidades económicas, sociales, culturales y de salud.
Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos
El representante de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, J. Guadalupe Téllez Castrejón, quien busca a su hijo José Alberto Téllez Mora, que tenía 14 años cuando fue secuestrado el 20 de septiembre de 2011 en Acapulco, planteó la creación de una base de datos a nivel nacional confiable, en la que se integren las muestras de ADN de todas las familias y que esta información pueda ser cruzada con los cuerpos que están siendo recuperados de fosas clandestinas en diferentes partes del país.
Narró que, tres meses después del secuestro de su hijo pagaron el rescate que les pidieron, los delincuentes les dijeron que en tres días lo dejaban en libertad, lo cual no cumplieron.
Dijo que presentaron las denuncias del secuestro de su hijo ante la Fiscalía Antisecuestros del estado y la PGR, pero hasta ayer no tenía ninguna información de la investigación, “las autoridades no hacen nada por buscar a nuestros desaparecidos, por lo que es necesario contar con una base de datos a nivel nacional”, detalló.
Informó que su hijo fue plagiado por la mañana cuando se dirigía a la escuela, y recordó que por este hecho hay seis personas, detenidas en mayo de 2012, que no quieren informar del paradero de su hijo.
Respondió, a pregunta hecha, que en esta asociación, la cual tiene poco tiempo de haber sido integrada por 20 familias de desaparecidos, se reúne los sábados en la arquidiócesis de Acapulco, “en Acapulco no son 20 los desaparecidos, podría decir que son cientos, y esperamos que en corto tiempo seamos más en la asociación civil”.
Pide la APPG a la Codehum que mande observadores a vigilar la caravana de Raúl Vera en Chilpancingo
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para solicitar observadores en la caravana que encabezará el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, este domingo en Chilpancingo.
Por otro lado la hija del asesinado dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena criticó ayer la falta de justicia pronta y expedita a casi tres años del caso de la Unidad Popular (UP) y señaló que la próxima visita del obispo Vera López a Guerrero será emblemática porque se reunirá con las familias de las víctimas.
Este jueves, la APPG y Navarrete Magdaleno se reunieron en las instalaciones de la Codehum para hablar de la visita a la capital del obispo Raúl Vera.
El representante de la APPG, Nicolás Chávez Adame explicó al presidente de la Codehum que este 7 de febrero llegará el obispo, y pidió que se instalara una comisión de observadores desde su llegada.
Detalló que, a las 9 de la mañana una comisión de representantes de organizaciones sociales esperará a Vera López en la caseta de Paso Morelos para recibirlo.
Desde las 9:30, en el teatro hundido de la alameda de la capital lo esperarán miembros de otras organizaciones y los ciudadanos que deseen sumarse para salir en una marcha hasta el Zócalo.
En el Zócalo, a las 11 de la mañana, entre el kiosco y las escalinatas ofrecerá una misa, luego desayunará y saldrá rumbo a Acapulco, donde pernoctará.
El 8 de febrero saldrá al municipio de Tecoanapa, donde en una cancha encabezará un encuentro masivo con organizaciones sociales y pueblos originarios, además de que oficiará una misa, y posteriormente regresará a Acapulco para tomar un avión a Monterrey.
Chávez Adame pidió que en todo el trayecto del obispo los observadores de la Comisión estén presentes.
Ramón Navarrete indicó que su objetivo será avalar como institución defensora de derechos humanos la presencia del obispo, “luchador incansable en el tema de los derechos humanos de hombres y mujeres, y desde luego que a nosotros nos satisface mucho que en este estado de cosas que están sucediendo en Guerrero recibamos una figura como la del obispo, que siempre nos da confianza, irradia paz… entonces cuentas con la comisión”.
Además, apuntó que pondrá a disposición los vehículos de la Codehum en los que se trasladarán y podrán trasladar a participantes de la caravana.
El presidente de la Codehum manifestó que tratará de estar presente en todas las sedes que visite el obispo, y dijo que la APPG cuenta con su apoyo porque han conjuntado esfuerzos, y que además fueron una parte importante en el impulso del ombudsman en el estado.
Dijo a Nicolás Chávez que reconocía su lucha y que por eso siempre encontraría apoyo y solidaridad en la Codehum.
Por su parte, Chávez Adame informó que acudirá la organización Década Contra la Impunidad como parte de la Caravana por la Paz contra la Violencia, que exige el esclarecimiento de desapariciones, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pidió que la Codehum coadyuvara en la difusión del evento para que vecinos se unan este domingo a las actividades.
Reconoce la hija del líder de UP Arturo Hernández la iniciativa del obispo al visitar Guerrero
Por separado en declaraciones vía telefónica la tarde de ayer, Soledad Hernández reconoció la iniciativa del obispo y presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Raúl Vera para atender a las víctimas de Guerrero, especialmente el de su padre Arturo Hernández Cardona, el caso de la masacre de El Charco y del asesinato del ex diputado Armando Chavarría, entre otros casos de violación a los derechos humanos en el estado.
Informó que el obispo Vera no visitará la zona Norte del estado ante el alto riesgo que esto implica, “sobre todo cuando no hay un compromiso del Estado mexicano de resguardar y prever algún acontecimiento como los que ya han ocurrido de violación a los derechos humanos, y no queremos llevarnos una sorpresa”.
Dijo que es “emblemático” que el obispo visite Guerrero tras de que se ha difundido a nivel internacional el caso de la UP y otros casos que lleva la Red Solidaria, cuando el Estado mexicano ha demostrado apatía y desinterés en dar justicia a estos casos.
Consideró que con la visita del obispo se espera que se dé agilidad a una falta de respuesta de justicia pronta y expedida del caso, “ya que con el Estado mexicano no se ve para cuándo vaya a dar justicia, no sólo en el ámbito municipal, se han tardado demasiado en actuar en el caso Arturo Hernández Cardona”.
Lamentó que a tres meses de que se cumplan tres años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de su padre, el Ejecutivo federal no haya dado una respuesta pronta, expedita e imparcial en este caso.
Hernández Mena convocó a otras víctimas de Guerrero a que se acerquen al obispo Vera en su visita el 7 de febrero en Chilpancingo, y el 8 de febrero en Tecoanapa.
Denuncia Hernández Cardona en el MP de Iguala que intentan asesinarlo
El consejero nacional del PRD Arturo Hernández Cardona, quien denunció en conferencia de prensa que ha sido hostigado por sospechosos que viajan en vehículos sin placas y declaró que pretendían asesinarlo, presentó ayer ante el Ministerio Público (MP) del fuero común una denuncia de hechos con el número HID/AM/02/582/2006.
Acompañado por su abogado, Francisco Brito Brito, así como de algunos miembros del Movimiento Azteca de Guerrero (Movaz), del cual es dirigente, Hernández Cardona señaló que los últimos días ha sido objeto de presiones por personas que desconoce y que viajan en vehículos sin placas a los cuales se les pudiera considerar delincuentes. Que pretenden afectarlo por sus actividades políticas.
En su documento señala que por sus actividades políticas se le quiere privar de la vida y señala como posible responsables de este hecho a la familia de Rubén Figueroa Alcocer así como a la familia Montúfar Mendoza e incluso señaló al candidato del PRD a la senaduría por Guerrero, el ex alcalde Lázaro Mazón Alonso “por los problemas que se han dado en la colonia de la Loma del Zapatero”.
Recordó los hechos en los que recientemente fue hostigado por vehículos con gente sospechosa y, en el caso de Mazón Alonso aseveró que por su solidaridad con Everardo Salgado, “he tenido problemas colaterales”.
Indicó que debido a que este tipo de hostigamientos no ha cesado, “me veo en la necesidad de hacer la denuncia” y agregó que “estoy seguro que a pesar de la denuncia, si quieren desaparecerme o matarme lo van a hacer como lo han hecho con dirigentes sociales de la Costa Chica y Costa Grande”.
Manifestó que el hecho de señalar a la familia Montúfar Mendoza no significa que se esté acusando al director de la PIM de Guerrero. Érit Montúfar, y dijo que “espero que no haya intenciones de que la ley quede por debajo de las venganzas personales”.
Indicó que hay confianza en el gobierno de Zeferino Torreblanca para que se investigue y se aplique la ley, pero “espero que realmente se haga lo que conforme a la ley corresponde para garantizar mi seguridad”.
Solicitó que se apliquen las acciones cautelares correspondientes y manifestó su confianza en que el director de la Policía Judicial (Ministerial) “lo haga sin ningún tipo e pasiones”.
Dirigente del Movaz denuncia hostigamiento; culpa a los Montúfar y al grupo de Figueroa
El consejero nacional del PRD y dirigente del Movimiento Azteca de Guerrero (Movaz), Arturo Hernández Cardona, denunció que ha sido perseguido por “personas extrañas, que viajan en autos sin placas”.
Atribuyó ese acoso a “los Montúfar” (en referencia a la familia del director de la Policía Investigadora Ministerial, Érit Montúfar), a la destitución de Rey Hilario de la Subsecretaría de Gobernación y al grupo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, por su lucha social en defensa de los derechos humanos y de los presos políticos.
En conferencia de prensa dijo que hace unos días observó que un individuo rondaba las oficinas del Movaz, y que hacía llamadas desde su teléfono celular. Al salir de las oficinas con otros perredistas “me di cuenta de que nos seguía un Jetta negro, sin placas con cuatro personas, como de 25 años que nos siguieron por diferentes calles de la ciudad”. Mencionó que varias veces intentó maniobrar para que el auto no los siguiera, sin embargo dijo que “se nos aparecía en otros lugares, esperándonos”.
Hernández Cardona denunció que “hay intereses muy grandes” para desaparecerlo, y que esa misma noche que lo persiguieron, más tarde se les emparejó otro Jetta, con quema cocos y con dos tripulantes “que también se nos emparejaron”.
Dijo que al llegar a su casa, en la colonia FOVISSSTE se percató que los dos carros que lo habían seguido se encontraban rondando su domicilio y que al salir con una de sus hijas uno de los sospechosos se encaminó hacia su casa, “yo ya había hablado por teléfono con Sebastián de la Rosa para informarle, y me dijo que se había comunicado con el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, quien se comunicó con el secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés”.
Dijo que cuando estaba fuera de su casa y cuando el individuo se les acercaba, llegaron policías y el sospechoso huyó.
“Dejo en manos del gobernador la seguridad de mi vida” y agregó que a pesar de que la actual administración es un gobierno de transición “los caciques siguen vivos y actuando”.
Agregó: “Puede ser que la familia Montúfar esté molesta porque he apoyado a Estanislao Gutiérrez, Custodio Gómez Salvador y Aurelio Díaz Millán, quienes están presos en Iguala acusados de haber asesinado a familiares de los Montúfar, y yo he solicitado que los trasladen a Coyuca de Catalán para que estén cerca de su familia”.
También dijo que fue uno de los principales solicitantes de que el subsecretario de Gobernación, Rey Hilario Serrano fuera destituido del gabinete estatal porque es parte del equipo de Rubén Figueroa Alcocer, “eso es algo que no me lo van a perdonar”.
También consideró que no son casuales los asesinatos ocurridos en Iguala en los últimos días, sobre todo porque los crímenes están relacionados “con matones a sueldo que ha sido usados por el cacique de esta región”, en referencia a Rubén Figueroa Alcocer.
El perredista estuvo acompañado por la secretaria de Educación y Tecnología del CEE del PRD, María del Carmen Carrera Lagunas y por el diputado local, Raymundo García Gutiérrez, quienes pidieron que el gobierno estatal investigue las presiones y amenazas que hay contra Hernández Cardona.