Etiqueta: Ayuntamientos

Inhabilita la ASE a 77 servidores públicos; aplica además fincamiento de responsabilidad resarcitoria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Auditoría Superior del Estado (ASE), tiene inhabilitados a un acumulado de 77 funcionarios municipales, entre presidentes y servidores públicos de distintos ayuntamientos, como parte del “procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”.
Además, un total de 554 servidores públicos, tanto del gobierno del estado, como de organismos públicos descentralizados y de ayuntamientos, están en la lista de los procedimientos “para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”, por irregularidades administrativas.
Ambas listas de los funcionarios sancionados están publicadas en la página de la ASE.
En el caso de los alcaldes y funcionarios municipales sancionados con la inhabilitación, se señala que los datos están actualizados al 18 de enero de este año, pero la mayoría son del trienio 2009-2012.
En la lista hay 22 ex presidentes municipales, 20 síndicos, 21 tesoreros, 12 directores de obras, un ex director general y un ex director de finanzas y administración.
Entre los ex alcaldes está el priista de Iguala Raúl Tovar Tavera, quien fungió en el periodo 2009-2012 y fue inhabilitado para ocupar cargos del 24 de enero del 2019 al 24 de enero del 2023.
También está sancionado y no podrá ocupar cargos el ex alcalde de Xochistlahuaca, Ignacio García Nicolás, quien fue alcalde en la administración 2009-2012, y su inhabilitación es por el periodo del 16 de agosto del 2019 al 16 de agosto del 2029.
En este caso también fueron inhabilitados por el mismo tiempo la ex síndica Hermelinda Merino Gómez; el ex tesorero Rómulo González Marín, y el ex director de Obras Atenógenes Genaro López.
Otro de los ex alcaldes inhabilitados es el también priista de Petatlán, José Albino Lacunza Santos, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012 y fue sancionado para no ocupar cargos públicos del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024. De su administración también fue inhabilitado por el mismo periodo quien fungió como su tesorero, Federico Galeana Noriega.
El ex alcalde priista Jesús Arriaga Flores de Zapotitlán Tablas, quien presidió el periodo 2009-2012, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024.
Zeferino Lorenzo de Jesús, quien fue alcalde del 2009 al 2012 en el municipio de Xalpatláhuac fue inhabilitado a partir del 18 de febrero 2021 al 18 de agosto del 2024.
Ignacio Paulino García Flores, ex alcalde de Pilcaya, igualmente en el trienio del 2009 al 2012, fue sancionado con el procedimiento de inhabilitación por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
Osvaldo Sócrates Salmerón Guerrero, ex presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, quien fungió en ese mismo periodo, fue inhabilitado del 9 de junio del 2021 al 9 de diciembre del 2024. Además, se aplicó el mismo procedimiento a su tesorero Gabriel Salvador Jiménez.
Asimismo, fue sancionado el ex alcalde de Teloloapan durante el trienio del 2009 al 2012, Marino Miranda Salgado. En su caso la sanción se aplicó por el tiempo del 8 de mayo del 2021 al 8 de noviembre del 2026.
El ex presidente municipal de San Marcos, Arturo Heredia Agatón, quien encabezó la administración municipal del 2009 al 2012, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
El ex alcalde perredista de Mártir de Cuilapan (Apango), José Guadalupe Rivera Ocampo, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
Julio César Salmerón Salazar, ex presidente municipal de Alcozauca de Guerrero fue sancionado por el periodo del 9 de marzo del 2021 al 9 de septiembre del 2024.
Asimismo, el ex alcalde de Atlamajalcingo del Monte en el trienio 2009-2012, Jorge Luís Espinobarros Galindo, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2026.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Hermelindo Gutiérrez Torreblanca del municipio de Cuautepec en el periodo del 2009-2012. La sanción en su contra se aplicó del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
A su vez, Jorge Luis Solchaga Martínez, ex alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca fue inhabilitado por el periodo del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
Asimismo, el ex alcalde panista de Tlalchapa, Lorenzo Galindo Mojica, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012, fue inhabilitado por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
En este caso, de acuerdo a una nota periodística publicada en El Sur el 21 de noviembre del 2013, el ex edil fue encarcelado acusado por el delito de fraude derivado de una denuncia presentada por una proveedora de materiales para construcción a la que le solicitó un crédito por aproximadamente dos millones de pesos antes de que terminara su administración, y no pagó. Actualmente se desconoce su situación jurídica derivado de ese proceso.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Eustorgio Sánchez Beltrán del municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) en el trienio del 2009-2012, fue inhabilitado del 18 de febrero del 2021 al 18 de febrero del 2024.
A su vez, Félix López González, ex alcalde de Iliatenco en ese mismo trienio, fue sancionado del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
En tanto que Gerardo Uribe Casimiro, ex edil de Buenavista de Cuéllar fue sancionado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
Además, el ex alcalde de Coahuayutla (2012-2015)
Gilberto Dorantes Basurto, fue inhabilitado del
18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2028.
En tanto que el ex alcalde de Leonardo Bravo (Chichihualco), Cándido Morales López, quien terminó el periodo 2015-2018, fue sancionado del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2024.
La ASE no especifica en la información que hizo pública, las irregularidades y los montos por los que fueron sancionados los ex presidentes municipales.
Con respecto a la lista de las resoluciones emitidas en los “procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria” contra 554 funcionarios del gobierno estatal, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos con fecha de actualización al 31 de diciembre del año pasado, no se dan a conocer los nombres ni los cargos.
Sólo se establece que esta cifra es un acumulado del 2014 al 31 de diciembre del 2022, pero los datos están actualizados sólo al 2020.
Se establece que en el 2020, se aplicaron 130 sanciones a funcionarios; en el 2019 fueron 42; en el 2018, 79; en el 2017, 72; en el 2016, 149; en el 2015, 58, y en el 2014, 24, pero se omiten detalles de las sanciones, nombres, cargos y de las áreas en las que laboraban.
Para efectos de precisar y ampliar la información, se solicitó una entrevista con el titular de la ASE, Marco César Paris Peralta, pero no fue posible. Se argumentó falta de tiempo del funcionario debido a que prepara su informe que rendirá próximamente al Congreso local.

 

La Fiscalía, la Ssa y la SSP acumulan 28 de las 58 recomendaciones de la Codehum

Daniel Velázquez

Durante el 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), emitió 58 recomendaciones a diversas autoridades del estado; las que más acumulan son la Fiscalía General del Estado con 12, la Secretaría de Salud con diez.
La lista de las recomendaciones emitidas este año está disponible en la página de internet de la Comisión, las cuales corresponden al periodo del primero de enero a diciembre de 2022.
Además del número de quejas que acumulan algunas dependencias del gobierno estatal también destaca el hecho de que este año varias recomendaciones van dirigidas a los ayuntamientos y al pleno del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje del Estado; en total son 12, las cuales se refiere al pago de laudos que adeudan los gobiernos municipales a trabajadores y funcionarios despedidos. Destacan los casos de Tixtla con tres y Acapulco con dos; Xalpa-tláhuac, San Luis Acatlán, Tlapa, Tecoanapa y Teloloapan tienen una, y una recomendación similar la Secretaría de Educación, la de Salud y la Comisión Técnica de Transportes.
De las 12 recomendaciones contra la Fiscalía estatal que dirige Sandra Luz Valdovinos, una es sobre un feminicidio ocurrido en diciembre de 2020, cuando una mujer solicitó ayuda en el Ministerio Público de Petatlán para auxiliar a su hija que le había dicho que su pareja la golpeaba, pero en la agencia no atendieron su llamado, y después a la señora le avisaron que su hija estaba muerta. Presentó la denuncia y posteriormente le dijeron que el expediente del caso estaba perdido y que se resignara a su pérdida.
De las diez para la Secretaría de Salud cuya titular es Aidé Ibarez, una es porque a un usuario le cobraron 12 mil pesos por una trasfusión de sangre que le hicieron a su esposa en el Hospital General de Taxco.
De las seis recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Evelio Méndez Gómez, una es por el caso de un vecino de Acapulco que fue golpeado y torturado por policías ministeriales porque lo confundieron con otro hombre, lo patearon, le echaron agua en la nariz y le preguntaban por armas, le robaron la cartera y un celular y cuando se dieron cuenta que lo habían confundido lo dejaron golpeado en el patio de su casa.
De las cinco para la Secretaría de Educación, una es porque una profesora del jardín de niños Rosaura Zapata de Chilpancingo le pidió a una alumna que ya no hablara en su lengua materna me’phaa (tlapaneco) sino que sólo usara el español.
De las cuatro para el Ayuntamiento de Acapulco una es por violación a la libertad de expresión a un reportero de Acapulco por parte del regidor de MC Genaro Vázquez Flores.
La Orquesta Filarmónica de Acapulco también tiene una debido a una queja presentada por un trabajador al que pretendían despedir.
Otra fue para el rector de la UAG Alfredo Romero Olea por las expresiones usadas contra quien se desempeñaba como coordinador de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la campaña electoral.
Otra recomendación es para el rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, Francisco Javier de la Cruz, por un tendedero que hicieron alumnas de esa institución en la que denunciaron ser victimas de acoso sexual por parte de maestros y alumnos.
Una más fue para la encargada de despacho de la dirección ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Enedina Medrano Serrano, por no atender a una solicitud hecha por el Colectivo de Desplazados y Víctimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque desde 2021 solicitó que se les reconozca como víctimas pero no se les dio respuesta.
Otra fue para el secretario general del gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso, para que atienda la demanda del Colectivo de Desplazados y Victimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para que se les brinde seguridad para regresar a sus casas y se les reintegren sus pertenencias, pues tuvieron que salir de los Bienes Comunales por la policía comunitaria y civiles armados.
Otra recomendación fue dirigida a varias autoridades del estado, a los secretarios general del Gobierno, Ludwig Marcial; de Finanzas, Raymundo Segura Estrada; de Planeación René Vargas Pineda; la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el titular de Comité Técnico de la Caja de Previsión Ernesto Cuadros Gómez, debido a que un policía ministerial no se le ha hecho efectiva la recomendación médica de tener incapacidad médica total y permanente.
Otra fue para el Centro Estatal de Oftalmología debido a que un usuario recibió un mal diagnóstico por parte del médico que le atendió y perdió la visibilidad en su ojo izquierdo, y solicita que le reintegren los gastos médicos que erogó en un hospital particular a causa de la negligencia médica, pues se le vulneró su derecho a la salud.
Para Chilpancingo se emitieron dos recomendaciones, una por el contubernio que hay entre los agentes de tránsito y los transportistas para favorecerlos en los accidentes de tránsito y otra por una queja de amenazas de una trabajadora contra quien fue segundo síndico en el trienio anterior.
Otros municipios que también tienen recomendaciones de Derechos Humanos son Pilcaya, Tlapa, Tecoanapa y Florencio Villarreal (Cruz Grande).

 

 

Cierran 200 maestros del SUSPEG Finanzas en Acapulco; exigen una audiencia con el gobernador

Alrededor de 200 maestros de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) cerraron por dos horas las oficinas de Finanzas en Costa Azul, Acapulco, para exigir una audiencia con el gobierno del estado y ver diversas demandas, entre ellas, que les paguen la segunda parte del aguinaldo a los jubilados.
Desde las 8 de la mañana, los maestros llegaron a las escalinatas de las oficinas, ubicadas en la avenida Costera, para evitar que los trabajadores abrieran a las 9 de la mañana para brindar el servicio; los profesores estuvieron de manera tranquila en las escalinatas.
El secretario general del SUSPEG, Robespierre Moreno Benicio, informó que la protesta fue un acuerdo para exigir la descongelación de las plazas que dejan al jubilarse, pues antes eran más de 12 mil maestros estatales y ahora son 6 mil, por lo que el gobierno del estado lo que quiere es desaparecer a ese sindicato.
Moreno Benicio indicó que son varias las demandas que tienen los maestros activos y pensionados, pues en el caso de los primeros la queja es que al momento de jubilarse se congela la plaza y eso es preocupante, pues señaló que el jubilado vive de lo que cotiza el activo, “por lo que estamos condenados a desaparecer bajo esa mecánica. Queremos que el mecanismo se reactive, que se descongelen las plazas”.
Mientras que para los jubilados ya se está en febrero y “todavía se les sigue adeudando la segunda parte del aguinaldo y no es justo; además se incumple la ley, porque la 912 del ISSSPEG (Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero) señala que los compañeros que ya tienen edad de jubilarse y cuenten con un año más van a gozar de un bono a la permanencia. Está incumpliendo el gobierno también ahí”.
Añadió el dirigente que el crédito del plan flexible está parado y no se le está dando seguimiento. Que los nombramientos deben ser con base definitiva y esto no ha sido así.
Agregó que otro tema que iban abordar era el de la violencia, pues han asesinado a sus compañeros y “ahorita nos fregó (la violencia) en la Jardín, donde tienen una zona escolar, que es la 50, donde unas escuelas están trabajando y otras no, porque se complicó la parte de la violencia”.
El dirigente sindical adelantó que hoy se van a tomar los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, para presionar que éstos paguen al ISSSPEG, pues hay alrededor de 5 mil jubilados que no han recibido la segunda parte del aguinaldo.
Una comisión se movió a las oficinas de la Promotora Turística (Protur) para tener una reunión con César Flores Maldonado, asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores y el director del ISSSPEG, Jesús Urióstegui, donde se comprometieron a pagar el 25 por ciento del pago del aguinaldo de la segunda parte; sobre el pago a la permanencia habrá otra mesa de trabajo.

 

Aumentan ayuntamientos sus nóminas pero no pagan al ISSSPEG, señala el director

El director del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Jesús Manuel Urióstegui Alarcón informó que ha detectado que las nóminas en algunos Ayuntamientos han aumentado hasta 100 por ciento, pero argumentan que no tienen dinero para pagarle al instituto, lo que “es algo contradictorio”.
Dijo que el dinero que se les retiene a los trabajadores no llega al Instituto, “por lo que ya hay unas tres solicitudes de trabajadores que, por alguna circunstancia solicitan la devolución de su cuota, en casos de Ayuntamientos que no pagan, y vemos que sólo está el 10 por ciento que tiene el trabajador; lo que se hará es devolver el 10 por ciento y pedirle que solicite al Ayuntamiento que le devuelva la parte que no da al instituto”.
Se le preguntó qué pasa con las cuotas que retienen los Ayuntamientos a los trabajadores, y respondió que los Ayuntamientos más morosos –Chilpancingo, Taxco y Acapulco– retienen las cuotas, pero sus nóminas van aumentando hasta 100 por ciento, y argumentan que no tienen dinero, “mientras la nómina sigue creciendo y no tienen recursos se contradicen, y al ISSSPEG lo dejan a un lado”.
Expresó que se están dando alternativas a los Ayuntamientos para que generen un mandato al gobierno del estado, al área de Finanzas, para que se esté reteniendo la cuota de los trabajadores, y abonen al instituto.
Consultado en el Palacio de Gobierno, informó que el adeudo de los ayuntamientos es de 475 millones de pesos, y que de éstos, sólo Acapulco y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillados del Municipio de Acapulco deben 310 millones de pesos.

No necesita defensa un alcalde si hace buen trabajo, responde Huicochea a Leyva Mena

 

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, respondió al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, que si un Ayuntamiento hace buen trabajo no necesita defenderse.
Vía telefónica, Huicochea Vázquez manifestó que él no entraría en polémica con otros partidos que critican a las administraciones municipales priístas y llamó a Leyva Mena a trabajar por la capital del estado.
El dirigente estatal indicó que no buscaba polemizar la declaración del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, quien le demandó defender a los alcaldes priístas ante críticas y señalamientos de integrantes del PRD y los empresarios de la capital del estado.
Afirmó que cada uno de los ayuntamientos hacen su mejor esfuerzo y a diferencia del alcalde de Chipancingo, no requieren defensores, “yo creo que los ayuntamientos priístas de Guerrero no necesitan que los defienda nadie, ellos tienen esa capacidad de poderse defender haciendo un buen trabajo”.
En conferencia de prensa el martes, Leyva Mena pidió a Huicochea Vázquez tener una presencia más solidaria con los alcaldes priístas, porque cuando él ocupó ese cargo en el partido no permitía agresiones a sus militantes.
El dirigente estatal respondió que eran diferentes condiciones, pero “de ninguna manera vamos a estar arriba del ring permanentemente, pero eso sí vamos a hacer valer los derechos de los militantes”.
Indicó que no ve mal que no responda reclamos de “no sé qué parte, creo que debo mejorar desde el punto de vista del alcalde, pero estamos siempre en el diálogo con él y con quien tengamos que hablar”.
Manifestó que en el caso del gobernador tampoco es necesario defenderlo, porque Héctor Astudillo Flores ejerce una buena administración, “la mejor manera de defenderse es trabajando, que es la forma que nos va evaluar en las elecciones”.
Calificó a Leyva Mena como un presidente que ha mantenido un buen ejercicio administrativo “yo creo que no necesita defensores, está haciendo bien su chamba, está haciendo un buen esfuerzo”.
Huicochea Vázquez dijo que tiene comunicación con el alcalde de Chilpancingo y con los presidentes municipales, tanto en los consejos como en los comités del partido.
Indicó que por parte de la dirigencia estatal supervisan que los ayuntamientos efectúen la cuenta pública, “estamos revisando los índices de eficiencia administrativa que tienen los gobiernos porque a mí sí me ocupa, para que cuando llegue la elección podamos tener correspondencia de la ciudadanía”.
Afirmó que cada uno de los presidentes priístas están en condiciones para defenderse y esa también es su responsabilidad, “los presidentes priístas no necesitan bules para nadar, así como yo. Yo me defiendo solo”.

Exhorta el Congreso a ocho ayuntamientos a actuar contra la violencia hacia las mujeres

 

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, para que realicen programas de sensibilización, capacitación y profesionalización dirigido a las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
El exhorto incluye también a la Secretaría de Salud (Ssa), a la que se pide aplicar las normas nacionales en la materia para la interrupción legal del embarazo en los casos que la ley lo permite, respetando siempre los derechos de quien requiera de una intervención de ese tipo.
Esos municipios son en los que organizaciones de mujeres agrupadas en la Alianza Feminista solicitaron al gobierno federal declarar la alerta por violencia de género, por concentrar el mayor número de mujeres asesinadas en todo el estado.
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que lo antes posible designe al fiscal especializado en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, pues a cinco meses de su creación esa área sigue acéfala.
Además, los diputados locales aprobaron el calendario para las comparecencias de los titulares de las 20 secretarías que integran el gabinete estatal y que se desarrollarán la próxima semana para informar en comisiones el estado de la administración pública.
Este martes en la sesión ordinaria del Congreso, el diputado Silvano Blanco de Aquino, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de exhorto a los ayuntamientos de los ocho municipios en los que la Alianza Feminista solicitó declarar la alerta por violencia de género.
En la exposición de motivos el legislador dio un resumen del proceso que inició esa agrupación ante la federación para solicitar la alerta, petición que derivó en 10 recomendaciones dirigidas al gobierno del estado a fin de erradicar ese problema.
Recordó que en una de las recomendaciones, el grupo de especialistas que realizó un diagnóstico en Guerrero respecto a los feminicidios planteó al gobierno estatal realizar programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
“La sensibilización, capacitación y profesionalización deberá estar diseñada con un componente de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto”, expresó Silvano Blanco.
Por ello propuso exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, a emprender esos programas y atender cada una de las 10 recomendaciones hechas por el grupo de especialistas.
La propuesta incluye también a la Ssa para que dé cumplimiento a las normas jurídicas nacionales por las que esa dependencia está obligada a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos permitidos por la ley, como una violación sexual, priorizando la protección a los derechos de las víctimas y facilitar información respecto a los posibles riesgos y consecuencias de ese procedimiento.
Otra instancia que se incluyó en el exhorto es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que de manera coordinada con la Ssa y la FGE orienten a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

Piden titular para Fiscalía de Desaparición Forzada

Por separado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, pidió exhortar al fiscal Xavier Olea a fin de que designe cuanto antes al titular de la Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En su exposición de motivos Mejía Berdeja mencionó que el tema de la desaparición forzada en Guerrero se ha convertido en una “tragedia involuntaria”, y aclaró que no sólo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues también hay organizaciones en Iguala, Chilapa y Acapulco que buscan a sus desaparecidos.
“La desaparición forzada es cometida por agentes del Estado o personeros de agentes del Estado y concreta una afrenta a la víctima, al entorno y a sus seres queridos, porque la falta de certeza sobre el paradero de la víctima se convierte en un dolor permanente e incurable”, expuso.
Recordó que para atender ese problema el Congreso local aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Explicó que desde el 10 de junio fue publicado en el Periódico Oficial la reforma que ordena la creación de esa fiscalía, sin embargo a cinco meses sigue acéfala; además dijo que no habría que esperar la presencia de organismos internacionales como la ONU para atender ese problema.
Pidió también que se acelere el dictamen por el que se plantea modificar la ley orgánica de la FGE a fin de que esté acorde con la legislación federal.
“Queremos además que sea un área que tenga los recursos para que pueda hacer su trabajo, no sólo que se cubra el expediente y no desarrolle su labor”, expresó.
Su iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

Aprueban calendario de comparecencias

En la sesión de este martes el pleno aprobó también el calendario de las comparecencias de los 20 titulares de las secretarías que integran el gabinete estatal, para la glosa y el análisis del informe sobre el estado que guarda la administración pública de Guerrero.
Según el acuerdo aprobado, los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, Protección Civil, del Trabajo, Desarrollo Económico y de Turismo comparecerán en dos bloques el próximo lunes.
El martes lo harán los secretarios de Agricultura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Educación y Cultura, también en dos bloques. El jueves comparecerán los titulares de Salud, Desarrollo Social, de la Mujer y de la Juventud. Finalmente, el viernes lo harán los secretarios del Migrante, Asuntos Indígenas, Finanzas, Contraloría y Planeación.

Respalda Morena a comerciantes de Coyuca

En las intervenciones, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez subió a la tribuna para fijar su postura respecto a la situación que enfrentan comerciantes del Mercado Central Morelos, en Coyuca de Benítez, a quienes el gobierno municipal intenta desalojar tirando sus locales.
“Lo más grave de la violación de derechos humanos ocurre a partir de que las autoridades que supuestamente emanan del pueblo, son las que llevan a cabo estas violaciones de manera flagrante, a la luz de todos y de manera impune”, expresó la diputada en referencia al presidente municipal de Coyuca, el priista Javier Escobar Parra.
Aseguró que la acción del gobierno municipal atiende a intereses particulares y criticó que se hiciera uso “excesivo de la fuerza pública” para desalojar a los comerciantes a través de la demolición de sus establecimientos.
“Los comerciantes del mercado Morelos son gente trabajadora y humilde, que tienen familia y que su único sustento es la venta de sus productos y mercancías, de eso dependen el sustento y la educación de sus hijos, es lo único que tienen para vivir y no merecen ser perseguidos y golpeados como lo ha hecho su presidente municipal”, criticó.
Recordó que en campaña, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez se comprometió a representarlos, “¿qué hace ahora esta señora en la Cámara de Diputados por los comerciantes agraviados? No se va ni a parar a Coyuca, no le duele nada”.
Manifestó que el Congreso debe llamar a cuentas al alcalde de Coyuca de Benítez para que explique la situación del nuevo mercado municipal, al que se niegan a trasladarse los comerciantes afectados, y que justifique con documentos en qué se fundó para proceder en contra de los locatarios del Mercado Morelos.
Adelantó que en la próxima sesión presentará un punto de acuerdo para citar al alcalde ante el Congreso.
Al respecto también intervino el diputado Ricardo Mejía, quien informó que antes de la sesión se reunió con los comerciantes de Coyuca de Benítez, quienes le pidieron llevar el tema a la tribuna.
“Nosotros no queremos partidizar ni descalificar a la autoridad por su filiación política, lo que vemos es un problema social y económico, estos locatarios solicitan y están en su derecho de poderse dedicar al trabajo y hacer un oficio o comercio lícito para satisfacer sus necesidades, tienen décadas en estos locales y nos parece un despropósito que se les haya derrumbado”.
Dijo que la acción del gobierno municipal fue sin sustento jurídico y precedido por hechos extraños, como el incendio del mercado.
Por ello pidió al alcalde que agote la vía del diálogo con los comerciantes afectados y se respeten sus derechos humanos, pues consideró que no es un buen mensaje que ocurran hechos de ese tipo.
Mejía Berdeja comentó que solicitará a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, se reúna con ambas partes para encontrar una alternativa de solución.
El último en intervenir fue el priista César Landín Pineda, quien también reprobó las acciones del gobierno municipal en contra de los comerciantes, algunos con casi 40 años trabajando en el Mercado Morelos.
“Debemos estar en contra de situaciones de este tipo, pero a favor de la gobernabilidad. Nos integramos, conocemos el tema, conocemos a los comerciantes, entonces, repito, lamentable que estas situaciones sucedan, nos sumamos para buscar un camino que resuelva este problema y no se salga del camino”.
Al menos 15 comerciantes de Coyuca de Benítez estuvieron presentes en la sesión para escuchar las intervenciones de los diputados. Al salir de la sede del Legislativo, en el acceso principal colocaron unas lonas en las que expusieron su demanda sólo por breves minutos y después se retiraron.

Más de diez ayuntamientos pidieron adelanto de recursos para aguinaldos, informa Apreza

 

Más de diez ayuntamientos han solicitado el adelanto de participaciones al gobierno del estado para poder cumplir con el pago de aguinaldos para este fin de año, informó el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón.
Consultado al finalizar el izamiento a la bandera, el funcionario estatal contestó que más de diez ayuntamientos requerirán el apoyo del estado para concluir su periodo administrativo.
Sin entrar en detalles sobre cuáles ayuntamientos y cuáles son los montos solicitados, el funcionario aseguró que en ese momento no tenía el dato exacto sobre lo que requieren.
Se le preguntó si los que solicitaban recursos eran Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala o Tecpan, pero insistió en no recordar cuáles eran los que presentaron la solicitud.
También se le preguntó si habría cambios en los 51 mil millones de pesos que proyecta el gobierno de presupuesto para el 2017, a lo que contestó que el Ejecutivo respetará la iniciativa de decreto del Poder Legislativo.
“Son dos niveles, uno que tiene que ver con el presupuesto local que presentamos nosotros, y el otro que aprobará el Congreso de la Unión; la iniciativa que presento el Ejecutivo al Legislativo de Guerrero fue de 51 mil 150 millones”, agregó.
Dijo que el Poder Ejecutivo será respetuoso de lo que determine el Congreso en cuanto al presupuesto.
“Estaremos atentos a la aprobación de los próximos días que haga el Congreso de la Unión, sobre el presupuesto federal para el 2017”, dijo.
El secretario de Finanzas subrayó que se están haciendo los ajustes necesarios para que se pueda cumplir con los derechos salariales, por lo que se continúan los trabajos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.
“Evidentemente vamos a requerir el apoyo y vamos bastante avanzados, ¿de qué tamaño?, estamos viendo nos hacen falta los comportamientos de ingreso de noviembre y diciembre y de eso dependerá mucho el tamaño de apoyo de la Secretaría de Hacienda”, detalló.
Recordó que el gobierno del estado para poder pagar los salarios y aguinaldos de los más de 20 mil trabajadores requiere mil millones de pesos.

Recibió el TEE 115 quejas en la elección de alcaldes y diputados: Olimpia Godínez




La hasta ayer magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Olimpia Godínez Viveros aseguró que ese órgano jurisdiccional se ha consolidado y tiene credibilidad en Guerrero, como quedó demostrado con su actuación “apegada a la imparcialidad” de la elección de 2005 para alcaldes y diputados y donde recibió un total de 115 impugnaciones.
En lo que fue su último acto público como presidenta del TEE, Godínez encabezó la presentación de la Memoria jurisdiccional y administrativa 2005: Elección de Ayuntamientos y Diputados, en el auditorio del TEE, en donde aseveró que la superación jurídico-electoral de los partidos políticos sus candidatos, militantes y la ciudadanía en general de Guerrero, da como consecuencia elecciones apegadas a la normatividad, en un marco de civilidad y sobre todo de armonía social”.
En el evento el representante del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, Nelson Bello Solís aseveró que el Ejecutivo “tiene un claro compromiso con la imparcialidad en los procesos electorales y ha girado una instrucción a los servidores públicos para que respeten la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus representantes populares”, aseveró el subsecretario de Asuntos Jurídicos.
La magistrada que este miércoles concluye su período como presidenta del TEE, sostuvo que el fortalecimiento de esta autoridad jurisdiccional, “en gran medida ha dependido de su actividad permanente de capacitación y difusión de la tarea jurídico-electoral, así como de su vinculación interinstitucional con organismos y autoridades que coinciden en considerar a la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
El documento resume los recursos y resoluciones recibidas durante el último proceso de elección de alcaldes y diputados locales de octubre del año pasado, así como de las actividades realizadas en materia de capacitación y difusión de la cultura jurídico-electoral del año pasado y donde hizo un reconocimiento “al apoyo de los actores políticos y sociales en la realización de elecciones transparentes y pacíficas”.
Informó que en esa elección se interpusieron 115 medios de impugnación que recibió el TEE, “eso demuestra la confianza que los actores políticos y ciudadanos depositaron en el tribunal para dirimir sus conflictos” y agregó que del total de recursos recibidos, 86 fueron resueltos por las salas Central, regionales y de Segunda Instancia del TEE; mientras que fueron turnados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 27 juicios de Revisión Constitucional y dos más para la Protección de los Derechos político-electorales del ciudadano.
Godínez sostuvo que el TEE desarrolló una labor decisiva en la protección del voto ciudadano, “a través de la aplicación del marco jurídico vigente, tarea en la que coadyuvaron con su colaboración institucional y profesionalismo, el Consejo Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales local”.
Durante su intervención, reconoció al gobierno y al Congreso local por “respetar la autonomía y la independencia de este órgano jurisdiccional”.
Este miércoles por la mañana sesionará el pleno del TEE para elegir al nuevo presidente de ese órgano, en el cual se perfila como nuevo presidente el magistrado, Isaías Sánchez Nájera quien al finalizar el evento no quiso confirmar esa situación “cualquiera de los compañeros puede competir”, dijo.
Sesionarán para elegir al nuevo presidente del TEE por un período de dos años, los magistrados Isaías Sánchez Nájera, Alma Delia Eugenio Alcaraz, Jesús Villanueva Vega, Félix Villafuerte Rebollar y Olimpia Godínez Viveros.
A este acto asistieron en representación Zeferino Torreblanca, el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Nelson Bello Solís y a nombre del Congreso del estado, el diputado Ernesto Payán Cortinas.
En el auditorio estuvieron consejeros electorales, encabezados por su presidente, Emiliano Lozano Cruz; la secretaria de la Juventud, Yolanda Villaseñor Landa; el representante de la Fepade de la PGR, Ricardo Nájera Herrera.

Informa la Seder que 13 Ayuntamientos aceptaron trabajar con biofertilizante



El secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Piter informó este viernes que 13 municipios han aceptado trabajar con biofertilizante para esta temporada de siembra lo que permitirá que los suelos recuperen sus propiedades.
Entrevistado en su visita a Alcozauca, el funcionario abundó que existen 240 mil campesinos en el padrón de beneficiados en el estado, de los cuales 33 mil 824 productores serán beneficiarios con 164 mil toneladas de biofertilizante en los13 municipios.
Los Ayuntamientos que estarán con esta modalidad de abono son: Copala, Juchitán, Acapulco, Tecpan, Atoyac, Teloloapan, Alpoyeca, Pilcaya, Apaxtla, Buena Vista de Cuellar, Xochihuetlán y Cochoapa el Grande, estos dos de la región de la Montaña.
Ríos dijo que la Seder recomendó a los Ayuntamientos la compra del biofertilizante porque a parte de ser benéfico para los suelos tiene un costo más bajo.
Agregó que estos Ayuntamientos tendrán una compensación por introducir este tipo de fertilizante y que la Seder les dará 50 centavos por cada peso ahorrado que podrán invertir en otras obras de beneficio porque de lo que se trata es de maximizar los recursos. Ejemplificó que con lo ahorrado en Buena Vista de Cuellar instalarán un rastro municipal.
Explicó que la recomendación del biofertilizante fue resultado de estudios de suelo y del perfil de cada municipio donde la mayoría posee suelos ácidos que se han deteriorado con la constante aplicación del Sulfato de Amonio, abono que forma parte del paquete tradicional, siete bultos, tres granulado o Dap y cuatro de sulfato, que desde años atrás se les entrega a los campesinos.
Comentó que la municipalización del insumo es total y que ya no atienden a las organizaciones sociales, pues, el padrón bajó a los municipios donde los atenderán.
Aclaró que aunque ya no tienen la responsabilidad directa de la distribución realizan revisiones aleatorias a los diversos municipios para saber cómo se utilizan los recursos y que el insumo no se use con fines políticos.
Dijo que más del 50 por ciento de los municipios ya arrancó con la entrega del abono, después del proceso de licitación que hicieron para determinar que empresa les entregaría el fertilizante.
Informó que el dinero para la compra del insumo se les entregó a los alcaldes en el mes de abril y la entrega es del 15 de mayo al 15 de junio a más tardar.

Sin comprobar 255 millones de 12 ayuntamientos del periodo septiembre-diciembre de 2003



Ayer los diputados del Congreso del estado, por primera vez en la historia legislativa de Guerrero dieron primera lectura a 12 dictámenes que no aprueban las cuentas públicas del cuatrimestre septiembre-diciembre de 2003 de igual número de ayuntamientos del PRI, PRD y PAN, por falta de comprobación de 255 millones 525 mil 33.84 pesos.
En esta sesión, en temas llevados como comentarios en tribuna, el diputado del PRI, Humberto Calvo denunció que el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana fue utilizado por el secretario e la SEG, José Luis de la Vega para viajar a la Costa Chica, a pesar de la “ola de inseguridad” en Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán y Chilpancingo.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública dijo que el helicóptero sería de utilidad para fortalecer las acciones contra la inseguridad, “para atender las emergencias y alertas que constantemente ocurren, como la persecución y enfrentamiento que se dio entre delincuentes y policías municipales y ministeriales entre Chilpancingo y el punto denominado Casa Verde sobre la carretera nacional México-Acapulco.
Pero nadie de los diputados, le hizo caso. Nadie tocó el tema. La denuncia de Humberto Calvo quedó como comentario.
Ex alcaldes sin comprobar recursos
Dieron primera lectura a 12 dictámenes que no aprueban las cuentas públicas del cuatrimestre septiembre-diciembre de 2003 de igual número de ayuntamientos del PRI, PRD y PAN, por falta de comprobación de 255 millones 525 mil 33.84 pesos.
Era una costumbre que los diputados de todos los partidos se pusieran de acuerdo para tomar acuerdos para aprobar las cuentas públicas de los ayuntamientos o en su caso, dejar en el olvido los dictámenes.
De los municipios gobernados por el PAN, de Igualapa el ex alcalde, Noé Javier Juárez tiene pendiente por comprobar con documentación 2 millones 140 mil 959.09 pesos y comprobar en dinero 1 millón 935 mil 546.26 pesos; de Leonardo Bravo el ex alcalde, Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, 3 millones 951 mil 746.32 pesos y 960 mil 646.73 pesos.
De los gobiernos del PRD, del municipio de Acapulco el ex alcalde, Alberto López Rosas tiene pendiente por solventar 1 millón 526 mil 262.37 pesos y comprobar dinero por un monto de 11 millones 31 mil 711.59 pesos; de Ajuchitlán del Progreso, el ex alcalde Esteban Vergara Chamú, 3 millones 772 mil 445.02 pesos y 12 millones 4 mil 345.43 pesos; de Chilapa ex alcalde, Maclovio Ariza Acevedo, 26 millones 647 mil 571.68 pesos y 23 millones 15 mil 534.19 pesos; de Copanatoyac el ex alcalde, Pánfilo Solano Rodríguez, 4 millones 300 mil 548.89 pesos y 8 millones 318 mil 857.52 pesos; de Coyuca de Benítez el ex alcalde, Rafael Ariza Bibiano, 17 millones 577 mil 640.44 pesos y 5 millones 648 mil 909.73 pesos.
De los gobiernos del PRI, de Ayutla el ex alcalde tiene pendiente por solventar 5 millones 672 mil 359.31 pesos y comprobar dinero por 11 millones 154 mil 527.04 pesos; de Atoyac el ex alcalde Germán Adame Bautista, 7 millones 772 mil 179.68 pesos y 25 millones 273 mil 47.59 pesos; de Huitzuco el ex alcalde José Luis Ávila López, 5 millones 518 mil 528.56 pesos y 5 millones 662 mil 86.79 pesos; de Chilpancingo el ex alcalde, Saúl Alarcón Abarca, 7 millones 782 mil 101.35 pesos y 52 millones 95 mil 773.29 pesos; y de Juan R. Escudero el ex alcalde, Ismael Ávila Ramírez, 6 millones 5 mil 927.15 pesos y 5 millones 555 mil 777.82 pesos.
De acuerdo al procedimiento legislativo, mañana jueves los diputados le darán segunda lectura a estos dictámenes y el próximo martes 16, se discutirá y aprobará según sea el caso.
Esta vez la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside el diputado zeferinista, José Jorge Bajos Valverde dio a conocer a El Sur que no existe ningún compromiso entre los partidos en el Congreso local, que dejara en el olvido las cuentas públicas de los ayuntamientos en las administraciones pasadas.
Indicó que, el hecho de que apenas se estén revisando las cuentas públicas de 2003, se debe el rezago que les dejó la Legislatura anterior y que para actualizar la información sobre solventaciones y comprobaciones, pidieron la información a la Auditoría General del Estado y esta actualizada.
Dijo que existe la intención de ir al fondo de la comprobación y que en caso de que no ocurra, la AGE puede solicitar a la Procuraduría las sanciones penales y al Congreso de Estado sanciones administrativas.
Asuntos de trámite
Asimismo se conoció de un oficio que envió este martes, el secretario general de gobierno, Armando Chavarría Barrera solicitando al Congreso del Estado una prórroga para la entrega de las memorias de cada una de la Secretarías de despacho, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Contraloría General del Estado para el viernes 12 a las doce del día, luego de que los diputados la solicitaron para este martes 9 y no cumplió.
Como es un oficio que se conoció el apartado del orden del día referente a lectura de comunicados, fue turnado a la Comisión de Gobierno, dando por hecho que será hasta el viernes cuando el Ejecutivo envía las memorias por ramo del primer informe de gobierno de Zeferino Torreblanca, luego de que las reuniones de trabajo con los secretarios de despacho para la glosa, será a partir del próximo 22 de mayo.