Etiqueta: Ayuntamientos

Aprueba el IEPC tope de gastos para precampañas; 847 mil pesos, el más alto

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el sábado por la noche los topes máximos de gastos de precampañas para los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para el proceso electoral de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024.
En sesión virtual, el consejero, Amadeo Guerrero Honofre conminó a los aspirantes a no rebasar estas cantidades, con la advertencia de que pueden ser sancionados con la negativa del registro de la candidatura si son rebasadas.
Precisó que el monto corresponde al 20 por ciento del tope de gastos de campaña de la elección anterior, en este caso, del proceso electoral 2020-2021. Para los ayuntamientos el monto más alto es los 847 mil 113 pesos en Acapulco, y el más bajo 6 mil 645 pesos, en Atlamajalcingo del Monte.
Añadió que, para los nuevos municipios de Las Vigas, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, y Ñuu Savi, y de donde se segregaron, San Marcos, Malinaltepec, Cuajinicuilapa y Ayutla de los Libres, respectivamente, se analizaron las condiciones geográficas, habitantes, densidad demográfica y la nueva distritación.
Así, mientras  el tope máximo de Cuajinicuilapa ahora es de 104 mil 949 pesos, en el nuevo municipio de San Nicolás, es de 28 mil 350; en San Marcos es de 219 mil 609 pesos, y en el nuevo municipio de Las Vigas, es de 55 mil 556 pesos; en Malinaltepec es de 114 mil 659 pesos, en Santa Cruz del Rincón, es de 27 mil pesos. El tope de Campaña del municipio Ñuu savi es de 50 mil 808 pesos.
Recordó que Ayutla de los Libres se rige por sistema normativo propio, no tiene gastos de precampaña ni campaña.
Se aprobó una modificación a los Lineamientos para el registro de candidaturas, para el proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero TEE/RAP/013/2023, para que los partidos postulen candidaturas indígenas o afromexicanas en seis de los ocho distritos electorales que concentran 40 por ciento o más de población originaria.
La consejera Susana Cayetano Solano consideró que la sentencia les permitía tener una acción afirmativa más específica y emitió un voto concurrente a favor.
Además, se presentó un informe sobre el avance en el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.

 

Echa abajo la Corte artículo que impedía a municipios contraer deuda para pagos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de Coyuca de Catalán, que impedía al Ayuntamiento recurrir a financiamientos externos para pagar adeudos por sentencias o laudos.
Con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, los ministros concluyeron que el Congreso local no puede determinar la forma en que el Ayuntamiento integra, maneja y aplica su presupuesto, ni impedirle obtener ciertos tipos de financiamiento para cubrir obligaciones.
Entre oficios recibidos que se dieron a conocer la sesión del jueves, se encuentran los resolutivos de la controversia constitucional 36/2023, que promovió el municipio de Coyuca de Catalán en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Guerrero, demandando la invalidez del artículo décimo primero transitorio de la Ley 321 de Ingresos municipal para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el periódico Oficial del estado el 23 de diciembre de 2022.
El resultado de la sentencia fue dado a conocer en un boletín de la Corte desde el 3 de octubre, en su página oficial, donde confirma la demanda del gobierno municipal.
Detalla que en el preceto impugnado “establecía, sustancialmente, que el municipio debería considerar en su Presupuesto de Egresos las previsiones necesarias para cumplir con las obligaciones y adeudos derivados de sentencias o laudos laborales, sin recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones o alguna otra fuente externa”.
Asimismo, establecía que, “además de asumirse como el único obligado a cumplir dichos pagos a través de recursos propios y fuentes de financiamiento permitidos por la ley, los cuales no requerirían autorización del Congreso del Estado, razón por la cual, no se debía vincular a éste con el objeto de que el municipio cumpliera con su obligación intransferible de pago, dada su autonomía tributaria y presupuestal”.
La Corte determinó que dicho artículo transgrede el principio de libre administración de la hacienda municipal, contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, “ya que la Legislatura no puede determinar, en lugar del municipio actor, cómo integrar, manejar y aplicar los ingresos que forman su Presupuesto de Egresos, ni impedirle recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones, alguna otra fuente externa, así como a cualquier fuente que requiera autorización del Congreso local, a fin de cubrir las obligaciones y adeudos señalados”.

 

Fija el IEPC tiempos para la renuncia de funcionarios que aspiren a cargos locales

Daniel Velázquez

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), fijó los plazos para que los servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular dejen sus funciones “a más tardar un día antes del inicio del periodo de precampañas”.
El aviso de separacion del cargo emitido por el IEPC fue publicado en el Periódico Oficial del Estado como alcance a la edición del pasado martes, en el cual se especifica que los aspirantes a diputado local deberán separarse de sus funciones a más tardar el 1 de enero de 2024, y los aspirantes a ser parte de las planillas de Ayuntamiento deberán separarse de sus cargo antes del 15 de enero de 2024.
“Las y los servidores públicos con cargo de dirección o que tengan a su cargo la operación de programas sociales y que aspiren a una precandidatura, deberán separarse del cargo durante el lapso que duren las precampañas respecto del cargo de representación popular por el que desean ser postulados”
Las precampañas para los aspirantes a una diputación por mayoría relativa serán del martes 2 de enero al sábado 10 de febrero, 40 días en total, y para ayuntamientos serán del martes 16 de enero al sábado 10 de febrero de 2024, 26 días en total.
Las campañas formales de la elección constitucional para los aspirantes a un curul en el Congreso local serán del 31 de marzo al 29 de mayo, 60 días y para los aspirantes a los gobiernos municipales serán del 20 de abril al 29 de mayo, 40 días. Para estas actividades los aspirantes deben dejar sus cargos 90 días antes del inicio de la elección, es decir el 4 de marzo.
El aviso también precisa que quienes “pretendan reelegirse o que no tengan funciones de dirección, fiscalización, supervisión o manejo de recursos públicos, ni lleven a cabo la ejecución de programas gubernamentales, así como los demás casos previstos” en la Constitución del Estado y en la Ley Electoral local “no estarán obligados a separarse del cargo. Sin embargo, deberán sujetarse rigurosamente a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cuestiones establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinado, y que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; además de las reglas que emita el Instituto Electoral o en su caso, el Instituto Nacional Electoral, para garantizar la equidad en la contienda electoral”.

 

Piden a ediles reportar a Transparencia Financiera; mejoraría posición del estado

Lourdes Chávez

Zumpango del Río

En la segunda sesión de subcomités regionales de la región Centro, la enlace de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, Wendy Karina Raymundo Castro, llamó a los alcaldes a reportar en la plataforma de Transparencia Financiera de Hacienda, la comprobación de los recursos federales transferidos a los ayuntamientos, para elevar la posición de Guerrero en un ranking nacional del índice de calidad de la información.
Felicitó a los municipios que han cumplido y que tienen “cero folios rezagados”: Ahuacuotzingo, General Heliodoro Castillo, Mochitlán y Mártir de Cuilapan.
Aclaró que desde 2021 ya no llegan las auditorías a la Unidad de Enlace y Gestión de la Sefina. Llegan directamente a los municipios y faltan estos reportes, como entes ejecutores, responsables de alimentar ese sistema.
En la reunión que se realizó en un hotel Mezquite de Zumpango, para aprobar el Plan de Desarrollo de la región centro, estuvieron sólo cuatro alcaldes de los 12 de la región: la anfitriona, Sara Salinas Bravo; de Juan R. Escudero, Diana Costilla Villanueva; de Tixtla, Moisés Antonio González Cabañas, y de Mochitlán, Mosso Hernández.
Además de tres secretarios estatales: el de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, la de Fomento Económico y Desarrollo, Teodora Ramírez Vega, y la de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal.
La secretaría de MIgrantes solicitó ahí a los cuatro alcaldes la firma de un convenio de colaboración para que ayuden a levantar el padrón de jornaleros agrícolas que permita al gobierno del estado elaborar políticas públicas para este sector de la población.
La mayoría de los asistentes eran representantes de dependencias estatales estatales y federales, y algunos comisarios del municipio de Eduardo Neri, como invitados, que escucharon la reunión.
En la presentación del Plan de Desarrollo Regional, el secretario Vargas Pineda, destacó reducción de indicadores de pobreza, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social mide la pobreza en México (Coneval), en el periodo que corresponde a lo que va de la administración de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. Al final, destacó que sí está dando resultados la política pública del gobierno federal de “primero los pobres”,  frase recurrente de funcionarios estatales y federales.
Dijo que el plan se envió con anticipación de manera digital a las autoridades, y sólo lo sometió a votación a mano alzada.

Omisiones de comprobación de obras: ASE

El primero en tomar la palabra fue un enviado de la ASE, que detalló las omisiones y fallas en la comprobación, como la entrega de un croquis tamaño carta, para soportar expedientes unitarios de obras 2 o 3 millones de pesos.
“Carecen de memorias de cálculo en la ejecución de sus obras, la falta de expedientes de conducción, la falta de especificaciones técnicas de construcción, la falta de autorización de los proyectos de inversión o la falta de presupuesto”.
Añadió que en los procesos de contratación han encontrado que no hay bases de licitación, no hay evidencias de las convocatorias, o dictámenes y análisis que soporten los fallos para la adjudicación de contratos, entre otros.
En particular, dijo el acta de fallo debe estar soportada por un actuario, y con un análisis donde los auditores de la ASE tengan la forma de comparar todas las propuestas que les presenten; sin embargo, no hay análisis, y el dictamen ni el fallo están sustentados.
Dijo que hay contratos sin firmas, otros no cumplen con la normatividad, no llevan  anexos o garantías. En la verificación física o documental de las acciones, encuentran conceptos de obra pagados pero no ejecutados y obras no identificadas.
En los gastos señaló que tampoco están soportados por la documentación correspondiente, pólizas, facturas, transferencias bancarias,  estados de cuenta, o están deficientes en su integración.
Y en el destino de los recursos, observaron que el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) se utiliza a fines distintos a los que establecen los lineamientos, como la construcción de iglesias y comisarías. Cuando se les piden resolver las inconsistencias, no se pueden resolver porque está fuera de lo que establece la ley.
Señaló el arrendamiento del vehículos, supuestamente para la supervisión de la obra, es utilizado para el traslados de funcionarios
Ante estas irregularidades, recordó que todavía en 2022, la Secretaria de Bienestar en sus lineamientos señalaba que iba a emitir dictámenes de procedencia para los proyectos que se subían a la plataforma MIDS. Para este año, la dependencia se deslinda de esa constancia de procedencia porque observa desviación de recursos, obras que se reportan y no se llevan a cabo.
Incluso, señaló que contratistas se acercan a la ASE para pedirles apoyo para el cobro en las administraciones municipales, pero nada se puede hacer cuando están firmadas las actas de cesión de derechos.
En la construcción de obra directa, las administraciones tampoco acreditan capacidad para desarrollar las obras, ni que tengan maquinaria ni equipo de construcción para llevarla a cabo.
Al final, precisó que este acercamiento es para brindar asesoría necesaria para que todo el gasto aplicado se haga de acuerdo con la normatividad.

Fondo minero

La alcaldesa Sara Salinas, señaló que la Secretaría de Economía federal le sigue requiriendo comprobación de recursos del Fideicomiso que permitía a ciertos municipios acceder al Fondo Minero, de proyectos inconclusos de administraciones anteriores. Aclaró que el ayuntamiento no tiene la documentación comprobatoria.
La enlace respondió que la ASE Guerrero puede entregar información comprobatoria de obras de gobiernos anteriores.
El alcalde de Mochitlán pidió saber cómo acceder a recursos para de agua potable y de saneamiento de agua, por la contaminación que provoca el drenaje de la capital del estado en su municipio.
Un enviado de Conagua respondió que esos requerimientos los hacen quienes tienen concesionada la extracción de agua o la descarga de agua residual. En este caso, Chilpancingo tiene el título de asignación de aguas nacionales en Mochitlán.
Añadió que hay programas de saneamiento para sostener los servicios básicos, aunque se han hecho esfuerzos para adherir a Chilpancingo “han existido algunas cuestiones que lo han limitado, pero trabaja para que este municipio pueda regularizar esa situación”.

 

Aprueba el IEPC un anteproyecto de presupuesto de 695 millones 543 mil

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Consejo General, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024, en el que habrá elección ordinaria de diputaciones locales y ayuntamientos, donde el órgano calculó un gasto de 695 millones 543 mil 148 pesos.
De acuerdo con el documento, aprobado por el Consejo General en la sesión del viernes, los 695 millones y medio que el IEPC presupuestó para el ejercicio fiscal 2024, se dividen en 178 millones 354 mil pesos, que es el 25.64 por ciento, para los gastos operativos del órgano electoral, incluidos los “servicios personales” en el que se incluyen los sueldos, salarios, dietas, honorarios y prestaciones que representan 142 millones 482 mil pesos.
Para financiamiento público y gastos de campaña a partidos políticos son 244 millones 719 mil pesos, que representan más del 35 por ciento; de los cuales, 183 millones 173 mil pesos son para actividades ordinarias permanentes, 5 millones 495 mil para actividades específicas, para gastos de campaña 54 millones 952 mil, mientras que para gastos de campaña de candidaturas independientes se planifica un millón 99 mil pesos.
El otro 38 por ciento son para los gastos del proceso electoral, 265 millones 352 mil pesos, en este apartado, que contiene los rubros a los que se les presupuesta mayor recurso, son para la “operación eficiente de los consejos distritales electorales” por 127 millones 44 mil 244 pesos; para la producción de documentación y material electoral se planifican 43 millones 610 mil pesos; también para “asistencia electoral”, con 29 millones 900 mil pesos y “operación de los sistemas informáticos de resultados electorales” con 29 millones 917 mil 574 pesos.
También 13 millones 342 mil 768 pesos para la “coordinación y colaboración” entre el INE y el IEPC; 4 millones 420 mil 588 pesos para los mecanismos de entrega y recolección de paquetes electorales, y 3 millones 78 mil 308 pesos para la “jornada electoral, cómputos y resultados”.
Para “proyectos estratégicos” hay 3 millones 463 mil pesos y para “proyectos transversales” 3 millones 652 mil pesos.
El IEPC había solicitado al Ejecutivo estatal, para el ejercicio fiscal 2023, un presupuesto por 422 millones de pesos, sin embargo, en la propuesta que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local se planteaban sólo 285 millones 346 mil pesos para este órgano electoral, que finalmente fue el monto que los diputados aprobaron. Es decir, 137 millones menos de lo solicitado por el órgano electoral.

Instalan el comité técnico para la consulta a pueblos indígenas y afros sobre candidaturas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Congreso del local y el gobierno estatal instalaron el comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, donde se preguntará a pobladores de 49 municipios cómo quieren que sea el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como los lineamientos para dichos registros en el próximo proceso electoral 2023-2024.
Ayer, mediante una transmisión en redes sociales, desde las páginas del IEPC Guerrero se dio a conocer la instalación del comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en materia electoral.
La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que daban inicio de los trabajos de la consulta previa, libre e informada respecto a las normas sustantivas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como de los lineamientos para el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos del proceso electoral del próximo 2023-2024, que deberán de observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes.
Comentó que la consulta se deriva de los mandatos de los tribunales de la Corte y la Sala Regional de la Ciudad de México, quienes ordenaron realizar diversas actividades para diseñar y elaborar una consulta que garanticen el registro de postulación de candidaturas indígenas y afromexicanos.
El consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, manifestó que la importancia de la consulta que se hará en 49 municipios es generar una comunicación lineal y directa con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de Guerrero.
Aseguró que se hará la consulta con perspectiva intercultural, perspectiva de género y perspectiva interseccional, por lo que pidió a los habitantes de los 49 municipios a participar en ella, además, destacó que es la sexta consulta que organiza el IEPC.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, comentó que para el gobierno del estado es importante la consulta para garantizar a las comunidades su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, afirmó que estarán vigilando el cumplimiento de la ley durante todo el proceso de la consulta.
La secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos del estado, Reyna Mejía Morales, indicó que Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos indígenas, particularmente con las naciones Ñuu Ssavi, Me’phaa, Nahual y Ñoomda.
Aseguró que los pueblos orignarios y afroamericanos deben ejercer su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular.
Mencionó que aun en raras ocasiones en algunos pueblos, sigue pregonando el machismo, y se le prohíbe a las mujeres a que voten, por lo que llamó a “poco a poco ir sensibilizando a nuestra gente indígena”.
El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, dijo que se sumará para vigilar y acompañar el proceso “histórico e importante”, y precisó que facilitará algunos traductores e intérpretes para que todos los hombres y las mujeres de los 49 municipios entiendan y comprenda el proceso de la consulta.
En representación de la Secretaría de la Mujer, la procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, enfatizó que buscan contribuir a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas, pues en otros procesos se enfrentan a una desventaja e incluso a una triple discriminación, y en consecuencia su participación termina siendo muy limitada en las comunidades.
La consejera electoral del IEPC, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, añadió que está abierta la convocatoria para participar en las actividades de observación electoral de este proceso, e invitó a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a participar, para ello, se podrán registrar hasta el 21 de abril en la página de internet www.ipcgro.mx.
Sostuvo que el Comité Técnico y el órgano garante de la consulta acompañarán el cumplimiento de todas las etapas del proceso consultivo, para garantizar que los pueblos indígenas y afroamericanos ejerzan su derecho a una consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Detalló que el Comité Técnico quedó conformado por el INPI, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, la Secretaría de la Mujer del estado, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado; mientras que el órgano garante queda representado por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, y tendrán una vigencia a partir de ayer hasta que se den por concluidos los trabajos de la consulta y se declaren aprobados los informes.
En la instalación, que se hizo de forma virtual, también estuvieron las consejeras electorales, Vicenta Molina Revueltas, Azucena Cayetano Solano, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, y el consejero Amadeo Guerrero Onofre; el secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; los representantes de los partidos políticos acreditados; la diputada por Morena, Marben de la Cruz Santiago; y en representación de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, el secretario técnico de la Jucopo, Arturo Pacheco Bedolla.

Inician proceso de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos sobre candidaturas para el 2024

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los lineamientos, el plan de trabajo y el calendario para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para determinar las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024.
La consulta se realizará en cumplimiento a la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020, que invalidó las reformas realizadas por 62 legislatura al Congreso local, en las que se establecieron las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Estas reformas deberán ser aprobadas por el Poder Legislativo local a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral próximo para que sean vigentes en el próximo proceso.
El plazo que la Corte estableció al Poder Legislativo de Guerrero para las reformas en la materia venció el pasado octubre, pues en su resolución los magistrados vincularon al Congreso en la sentencia de invalidez para que realice la consulta y emita la regulación aplicable “a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral ordinario 2020-2021”. Sin embargo, el Congreso pidió una prórroga a la Corte y argumentaron que están en “vías de cumplimiento”.
Con la aprobación por el Consejo General de estos lineamientos, el plan de trabajo y el calendario de la consulta se da inicio a este proceso.
La consulta se realizará en “colaboración y coordinación interinstitucional” entre el Congreso y el IEPC de acuerdo con un convenio específico para este fin firmado el martes pasado por la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, y la presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama.
En este convenio, de acuerdo a lo mencionado en un boletín del Congreso local, “las partes firmantes se comprometen a efectuar de manera coordinada la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero, respecto de la consulta ordenada por sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020”.
Esta consulta se da a partir del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir de dos procedimientos, en contra de las reformas en materia electoral que tienen que ver con la postulación de candidaturas indígenas y afromexicanas aprobadas por el Congreso local.
La acción de inconstitucionalidad ante la Corte lo promovió un grupo de 16 diputados de Morena de la pasada legislatura, incluida la ahora presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez, y el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de los ciudadanos ante el TEPJF fue presentado por quien se ostentaba como gobernador nacional indígena y representante de las 62 lenguas maternas Hipolito Arriaga Pote, ambas resoluciones ordenan una legislación en la materia a partir de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Corte ordenó que se establezcan en la legislación -a partir de la consulta- las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de Ayuntamientos; y el TEPJF ordenó también que se establezcan las reglas para acreditar la autoadscripción calificada, que deberán observar los partidos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 que también tiene que ver con que se dé prioridad a candidatos indígenas o afromexicanos en zonas con mayor población de estos dos grupos.
A partir de esta consulta, deberán quedar establecidas las reglas que operarían para el próximo proceso electoral sobre el número de distritos, municipios, cargos que aplicarían para la exclusividad de representación indígena y afrodescendiente y, que en el caso del Congreso del Estado, deberá expedir el decreto que modifique la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia indígena y afrodescendiente.
Ayer en la sesión del CG del IEPC se informó que la consulta se realizará en 49 municipios: Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copala, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tepecoauilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala.
También se hizo la precisión que los resultados de la consulta se sistematizarán y entregarán al Congreso local a través de la Jucopo para que realice las reformas necesarias. El IEPC también utilizará esta información para aprobar los lineamientos que aplicarán en el próximo proceso electoral en materia indígena, y se aprobó la convocatoria para observadores de este proceso de consulta.
Además, se aprobó una modificación del Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 del IEPC para atender el convenio específico de colaboración interinstitucional suscrito entre el Congreso local y el instituto electoral.
En la sesión también se tomó protesta a las nuevas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se trata de Deysi Anahí Santiago Baltazar, como Técnica de lo Contencioso Electoral, Marleny Larios Bazán como Técnica de Organización Electoral, Aimé Hernández Vélez como Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales, y Gabriela Elizabeth Ávila Gonzaga, Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales.
 

Promotores de nuevos municipios exigen al Congreso instalar los gobiernos instituyentes

Los promotores de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, José Feliciano Molina, Felipe de la Cruz y Jaime Viviano hablan con los reporteros afuera de las instalaciones del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de los cuatro municipios de nueva creación protestaron en el Congreso local porque se acerca el vencimiento de la prórroga de 120 días que se estableció por el Congreso para la designación de los gobiernos instituyentes, y ahora se habla de una posible consulta para atender un amparo en proceso de resolución.
Del nuevo municipio afromexicano de San Nicolás, el promotor Felipe de la Cruz subrayó que los municipios creados hace un año con ocho meses, están llegando al límite de la tolerancia, porque a principios de abril termina el segundo plazo fijado para designar autoridades municipales, no hay avances y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, no ha respondido a dos solicitudes de audiencia.
Piden que los integrantes de la Jucopo les informen qué pasa con este proceso, porque el diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, declaró que podría caerse el decreto de creación de los nuevos municipios.
Explicó que, se enteraron hace casi dos años que los comisarios de las comunidades El Tamale, Punta Maldonado y El Faro, de San Nicolás, y de otros municipios, impugnaron el decreto de creación. Ahora, el Congreso argumenta que esa es la razón por la que se ha frenado la designación de los gobiernos instituyentes.
“Como parte afectada, exigimos que nos informen de estas demandas, porque es nuestro derecho también”.
Aseguró que los pueblos no tienen asignación de obras ni presupuestos, “porque los alcaldes de los municipios de los que se desprendieron se deslindan de nuestros pueblos”.
Del acuerdo aprobado por diputados para que los ayuntamientos de origen no excluyan de servicios y de obras a las comunidades de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, mientras se designan los ayuntamientos instituyentes, “ahí queda nada más, son dos años de los pueblos en la misma exigencia a las presidencias municipales, y no hay respuesta a los comisarios”.
Subrayó que los cuatro municipios han atendido todos los acuerdos y lineamientos aprobados por el Congreso para terminar la constitución de los ayuntamientos creados.
Incluso, hubo consultas de las comunidades, “que ahora argumentan que no fueron tales, sino que fueron encuestadas, pero salió del Congreso, no la inventamos nosotros, queremos que nos respeten la decisión que hemos tomado como pueblos originarios”.
Aclaró que siempre han privilegiado la línea del diálogo, “(pero) que no los obliguen a tomar otras medidas que no ayudan mucho al estado, en las condiciones en que está. Únicamente que nos informen, nos notifiquen de la responsable del retraso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Recordó que cuando la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación planteó la prórroga de 120 días para designar a los cabildos instituyentes, aceptaron la condición porque les aseguraron que se haría mucho antes del cierre del plazo, que ahora está a dos semanas de terminar.
“Van a violentar la Ley que aprobó el (mismo) Congreso, para los nuevos ayuntamientos, en el sentido de que antes de las elecciones constitucionales, los gobiernos instituyentes deben estar en funciones tres años como máximo, y uno mínimo”.
El promotor del Comité promotor de Las Vigas, Jaime Bibiano Pano, insistió en que a la brevedad instalen los gobiernos institucionales en cada uno de los nuevos municipios.
Aclaró que en Las Vigas no hay ciudadanos inconformes con la creación del municipio. Recriminó que la presidenta de la Jucopo nunca los ha recibido. Los ha atendido la presidenta de la Comisión, Alicia Zamora
El presidente del Comité de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, aclaró que los pueblos están cansados de que el Congreso no cumpla sus acuerdos. Primero les dijeron que el primero de enero tomarían protesta los cabildos instituyentes, luego aprobaron la prórroga de 120 días que están por acabar. En tanto, las comunidades atendieron todos los requisitos administrativos que les requirieron.
Denunció que no hay falta de voluntad de los diputados para realizar los nombramientos.
Advirtió que los pueblos originarios tienen sus formas de organización para seguir exigiendo, y los diputados serán responsables de las acciones que realicen “para que la voluntad del pueblo se haga justicia”.
Sobre la equidad de género, los tres promoventes aseguraron que se respetaron las propuestas de mujeres en 50 por ciento, de acuerdo a la organización y el aval de las comunidades, “al pie de la letra de los puntos que señaló el Congreso”.
La manifestación comenzó a las 11 de la mañana. Luego se integran los promotores del municipio Ñuu Savi y se reunieron funcionarios de la Jucopo, del área Jurídica y de Servicios Parlamentarios.
Felipe dela Cruz indicó que ahí les informaron que el juzgado séptimo de Acapulco está por resolver el juicio de amparo contra el decreto de creación de los cuatro municipios. Les aseguraron que la designación del cabildo instituyente sí está avanzando, sólo esperan que la resolución del juez federal para atender también la decisión judicial.

 

Inhabilita la ASE a 77 servidores públicos; aplica además fincamiento de responsabilidad resarcitoria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Auditoría Superior del Estado (ASE), tiene inhabilitados a un acumulado de 77 funcionarios municipales, entre presidentes y servidores públicos de distintos ayuntamientos, como parte del “procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”.
Además, un total de 554 servidores públicos, tanto del gobierno del estado, como de organismos públicos descentralizados y de ayuntamientos, están en la lista de los procedimientos “para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”, por irregularidades administrativas.
Ambas listas de los funcionarios sancionados están publicadas en la página de la ASE.
En el caso de los alcaldes y funcionarios municipales sancionados con la inhabilitación, se señala que los datos están actualizados al 18 de enero de este año, pero la mayoría son del trienio 2009-2012.
En la lista hay 22 ex presidentes municipales, 20 síndicos, 21 tesoreros, 12 directores de obras, un ex director general y un ex director de finanzas y administración.
Entre los ex alcaldes está el priista de Iguala Raúl Tovar Tavera, quien fungió en el periodo 2009-2012 y fue inhabilitado para ocupar cargos del 24 de enero del 2019 al 24 de enero del 2023.
También está sancionado y no podrá ocupar cargos el ex alcalde de Xochistlahuaca, Ignacio García Nicolás, quien fue alcalde en la administración 2009-2012, y su inhabilitación es por el periodo del 16 de agosto del 2019 al 16 de agosto del 2029.
En este caso también fueron inhabilitados por el mismo tiempo la ex síndica Hermelinda Merino Gómez; el ex tesorero Rómulo González Marín, y el ex director de Obras Atenógenes Genaro López.
Otro de los ex alcaldes inhabilitados es el también priista de Petatlán, José Albino Lacunza Santos, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012 y fue sancionado para no ocupar cargos públicos del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024. De su administración también fue inhabilitado por el mismo periodo quien fungió como su tesorero, Federico Galeana Noriega.
El ex alcalde priista Jesús Arriaga Flores de Zapotitlán Tablas, quien presidió el periodo 2009-2012, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024.
Zeferino Lorenzo de Jesús, quien fue alcalde del 2009 al 2012 en el municipio de Xalpatláhuac fue inhabilitado a partir del 18 de febrero 2021 al 18 de agosto del 2024.
Ignacio Paulino García Flores, ex alcalde de Pilcaya, igualmente en el trienio del 2009 al 2012, fue sancionado con el procedimiento de inhabilitación por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
Osvaldo Sócrates Salmerón Guerrero, ex presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, quien fungió en ese mismo periodo, fue inhabilitado del 9 de junio del 2021 al 9 de diciembre del 2024. Además, se aplicó el mismo procedimiento a su tesorero Gabriel Salvador Jiménez.
Asimismo, fue sancionado el ex alcalde de Teloloapan durante el trienio del 2009 al 2012, Marino Miranda Salgado. En su caso la sanción se aplicó por el tiempo del 8 de mayo del 2021 al 8 de noviembre del 2026.
El ex presidente municipal de San Marcos, Arturo Heredia Agatón, quien encabezó la administración municipal del 2009 al 2012, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
El ex alcalde perredista de Mártir de Cuilapan (Apango), José Guadalupe Rivera Ocampo, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
Julio César Salmerón Salazar, ex presidente municipal de Alcozauca de Guerrero fue sancionado por el periodo del 9 de marzo del 2021 al 9 de septiembre del 2024.
Asimismo, el ex alcalde de Atlamajalcingo del Monte en el trienio 2009-2012, Jorge Luís Espinobarros Galindo, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2026.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Hermelindo Gutiérrez Torreblanca del municipio de Cuautepec en el periodo del 2009-2012. La sanción en su contra se aplicó del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
A su vez, Jorge Luis Solchaga Martínez, ex alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca fue inhabilitado por el periodo del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
Asimismo, el ex alcalde panista de Tlalchapa, Lorenzo Galindo Mojica, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012, fue inhabilitado por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
En este caso, de acuerdo a una nota periodística publicada en El Sur el 21 de noviembre del 2013, el ex edil fue encarcelado acusado por el delito de fraude derivado de una denuncia presentada por una proveedora de materiales para construcción a la que le solicitó un crédito por aproximadamente dos millones de pesos antes de que terminara su administración, y no pagó. Actualmente se desconoce su situación jurídica derivado de ese proceso.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Eustorgio Sánchez Beltrán del municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) en el trienio del 2009-2012, fue inhabilitado del 18 de febrero del 2021 al 18 de febrero del 2024.
A su vez, Félix López González, ex alcalde de Iliatenco en ese mismo trienio, fue sancionado del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
En tanto que Gerardo Uribe Casimiro, ex edil de Buenavista de Cuéllar fue sancionado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
Además, el ex alcalde de Coahuayutla (2012-2015)
Gilberto Dorantes Basurto, fue inhabilitado del
18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2028.
En tanto que el ex alcalde de Leonardo Bravo (Chichihualco), Cándido Morales López, quien terminó el periodo 2015-2018, fue sancionado del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2024.
La ASE no especifica en la información que hizo pública, las irregularidades y los montos por los que fueron sancionados los ex presidentes municipales.
Con respecto a la lista de las resoluciones emitidas en los “procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria” contra 554 funcionarios del gobierno estatal, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos con fecha de actualización al 31 de diciembre del año pasado, no se dan a conocer los nombres ni los cargos.
Sólo se establece que esta cifra es un acumulado del 2014 al 31 de diciembre del 2022, pero los datos están actualizados sólo al 2020.
Se establece que en el 2020, se aplicaron 130 sanciones a funcionarios; en el 2019 fueron 42; en el 2018, 79; en el 2017, 72; en el 2016, 149; en el 2015, 58, y en el 2014, 24, pero se omiten detalles de las sanciones, nombres, cargos y de las áreas en las que laboraban.
Para efectos de precisar y ampliar la información, se solicitó una entrevista con el titular de la ASE, Marco César Paris Peralta, pero no fue posible. Se argumentó falta de tiempo del funcionario debido a que prepara su informe que rendirá próximamente al Congreso local.

 

La Fiscalía, la Ssa y la SSP acumulan 28 de las 58 recomendaciones de la Codehum

Daniel Velázquez

Durante el 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), emitió 58 recomendaciones a diversas autoridades del estado; las que más acumulan son la Fiscalía General del Estado con 12, la Secretaría de Salud con diez.
La lista de las recomendaciones emitidas este año está disponible en la página de internet de la Comisión, las cuales corresponden al periodo del primero de enero a diciembre de 2022.
Además del número de quejas que acumulan algunas dependencias del gobierno estatal también destaca el hecho de que este año varias recomendaciones van dirigidas a los ayuntamientos y al pleno del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje del Estado; en total son 12, las cuales se refiere al pago de laudos que adeudan los gobiernos municipales a trabajadores y funcionarios despedidos. Destacan los casos de Tixtla con tres y Acapulco con dos; Xalpa-tláhuac, San Luis Acatlán, Tlapa, Tecoanapa y Teloloapan tienen una, y una recomendación similar la Secretaría de Educación, la de Salud y la Comisión Técnica de Transportes.
De las 12 recomendaciones contra la Fiscalía estatal que dirige Sandra Luz Valdovinos, una es sobre un feminicidio ocurrido en diciembre de 2020, cuando una mujer solicitó ayuda en el Ministerio Público de Petatlán para auxiliar a su hija que le había dicho que su pareja la golpeaba, pero en la agencia no atendieron su llamado, y después a la señora le avisaron que su hija estaba muerta. Presentó la denuncia y posteriormente le dijeron que el expediente del caso estaba perdido y que se resignara a su pérdida.
De las diez para la Secretaría de Salud cuya titular es Aidé Ibarez, una es porque a un usuario le cobraron 12 mil pesos por una trasfusión de sangre que le hicieron a su esposa en el Hospital General de Taxco.
De las seis recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Evelio Méndez Gómez, una es por el caso de un vecino de Acapulco que fue golpeado y torturado por policías ministeriales porque lo confundieron con otro hombre, lo patearon, le echaron agua en la nariz y le preguntaban por armas, le robaron la cartera y un celular y cuando se dieron cuenta que lo habían confundido lo dejaron golpeado en el patio de su casa.
De las cinco para la Secretaría de Educación, una es porque una profesora del jardín de niños Rosaura Zapata de Chilpancingo le pidió a una alumna que ya no hablara en su lengua materna me’phaa (tlapaneco) sino que sólo usara el español.
De las cuatro para el Ayuntamiento de Acapulco una es por violación a la libertad de expresión a un reportero de Acapulco por parte del regidor de MC Genaro Vázquez Flores.
La Orquesta Filarmónica de Acapulco también tiene una debido a una queja presentada por un trabajador al que pretendían despedir.
Otra fue para el rector de la UAG Alfredo Romero Olea por las expresiones usadas contra quien se desempeñaba como coordinador de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la campaña electoral.
Otra recomendación es para el rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, Francisco Javier de la Cruz, por un tendedero que hicieron alumnas de esa institución en la que denunciaron ser victimas de acoso sexual por parte de maestros y alumnos.
Una más fue para la encargada de despacho de la dirección ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Enedina Medrano Serrano, por no atender a una solicitud hecha por el Colectivo de Desplazados y Víctimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque desde 2021 solicitó que se les reconozca como víctimas pero no se les dio respuesta.
Otra fue para el secretario general del gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso, para que atienda la demanda del Colectivo de Desplazados y Victimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para que se les brinde seguridad para regresar a sus casas y se les reintegren sus pertenencias, pues tuvieron que salir de los Bienes Comunales por la policía comunitaria y civiles armados.
Otra recomendación fue dirigida a varias autoridades del estado, a los secretarios general del Gobierno, Ludwig Marcial; de Finanzas, Raymundo Segura Estrada; de Planeación René Vargas Pineda; la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el titular de Comité Técnico de la Caja de Previsión Ernesto Cuadros Gómez, debido a que un policía ministerial no se le ha hecho efectiva la recomendación médica de tener incapacidad médica total y permanente.
Otra fue para el Centro Estatal de Oftalmología debido a que un usuario recibió un mal diagnóstico por parte del médico que le atendió y perdió la visibilidad en su ojo izquierdo, y solicita que le reintegren los gastos médicos que erogó en un hospital particular a causa de la negligencia médica, pues se le vulneró su derecho a la salud.
Para Chilpancingo se emitieron dos recomendaciones, una por el contubernio que hay entre los agentes de tránsito y los transportistas para favorecerlos en los accidentes de tránsito y otra por una queja de amenazas de una trabajadora contra quien fue segundo síndico en el trienio anterior.
Otros municipios que también tienen recomendaciones de Derechos Humanos son Pilcaya, Tlapa, Tecoanapa y Florencio Villarreal (Cruz Grande).