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Aprueba el Congreso las leyes de ingresos de 24 municipios con menor presupuesto

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local presentó y aprobó en paquete, por unanimidad, 24 leyes municipales de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 de los ayuntamientos con menor presupuesto en la entidad,
En una doble sesión, una primera de diez horas con lecturas de proyectos, con 29 diputados registrados, y la segunda de 40 minutos y 30 asistencias, agotaron el trámite legislativo, sin oradores.
En la lectura de cada proyecto, la Mesa Directiva precisó que la Comisión de Hacienda realizó las modificaciones necesarias para atender los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de no incurrir “en actos reclamados”, que fueron declarados inconstitucionales.
Por votación nominal aprobaron minutos antes de medianoche las leyes de Ingreso de Acatepec, Alpoyeca, Apaxtla de Castrejón, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coahuayutla de José María Izazaga, Cochoapa El Grande, Copalillo, Cutzamala del Pinzón, Eduardo Neri, Florencio Villarreal (Cruz Grande), Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Isidoro Montes de Oca (La Unión), Leonardo Brav (Chichihualco), Petatlán, Tecoanapa, Tetipac, Tixtla, Tlalchapa y Tlapehuala.
En la argumentación formal, el presidente de la Comisión de Hacienda, Bernardo Ortega Jiménez recriminó el desinterés de muchos alcaldes en este proceso de revisión y modificación de las leyes que aprobaron, sobre todo de los ayuntamientos grandes, “y eso que no pasaba el Otis”, añadió.
Antes, Ortega Jiménez explicó que durante muchos años, la Corte ha estado declarando inconstitucionales artículos en las leyes de ingresos municipales y estatal por cobros “adicionales”, impugnados por empresarios y organizaciones sociales, explicó en consulta.
“Ya tiene tiempo, años, que han impugnado los adicionales, que es el 45 por ciento más, si es de impuesto predial: 15 por ciento para caminos, 15 por ciento para educación y 15 por ciento para no me acuerdo qué otra cosa”.
Sin embargo, reconoció que los ayuntamientos buscaban la manera de poder cobrar estos adicionales, “porque es un buen recurso que dejará de entrar (de ingresos propios)”.
Recordó que el año pasado lo definieron como “sobre tasa”, la Corte entró al estudio y a mediados de septiembre determinó que no había margen para continuar con este concepto. Advirtió que, de seguir haciendo estos cobros se cometerá una falta grave.
Sin embargo, señaló que los ayuntamientos volvieron a incluir los cobros fiscales en los paquetes fiscales, y la Comisión de Hacienda los retiró para poder determinarlos a favor.
Para restituir los ingresos que dejarán de percibir, al quitar los cobros adicionales, el diputado aclaró que los ayuntamientos tendrían que ampliar su padrón de contribuyentes y ser más eficientes en el gasto, porque no hay nuevos impuestos.
También se conoció la versión de que hubo ajustes en las tablas de valores, para no afectar los ingresos municipales.
Por otro lado, el diputado del PRD recordó que durante unos diez años estuvieron peleando con empresarios el impuesto sobre la energía eléctrica, que hasta 2022 se declaró inconstitucional, pero este año ya no, “porque pudimos crear un mecanismo que no utiliza el concepto de luz eléctrica, sino el servicio de alumbrado público, que validó la Corte. Podrá cobrarse sin problemas, ya”.
Ortega confió en que,sin cobros adicionales y aceptado el cobro de servicio de alumbrado público, no habrá más leyes inconstitucionales.
Sobre la Ley de Ingresos del Estado que tendría ajustes para atender las necesidades de los municipios afectados por el huracán Otis, indicó que extraoficialmente se enteró que llegó el documento el viernes, esperaba que el pleno lo turne a la Comisión.
Estimó que el sábado terminarán de aprobar las leyes de ingresos de los 45 municipios, y el martes o miércoles de la siguiente semana, el Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero.
En la primera sesión, el pleno también aprobó, tras obviar la segunda lectura, el dictamen el que declara improcedentes las denuncias de juicio de responsabilidad política presentadas por los ciudadanos de Xalpatláhuac, contra la alcaldesa, Selene Sotelo Maldonado.

 

Dio Morena un día más a aspirantes para el registro a candidaturas locales

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena amplió 24 horas más el registro para los aspirantes a las diputaciones locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías en ocho estados del país, entre ellos Guerrero, por lo que el plazo venció ayer a las 11:59 de la noche.
Este miercoles por la mañana, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, difundió en sus redes sociales un comunicado en el que da cuenta de un acuerdo de ampliación del periodo de registros que determinó la Comision Nacional de Elecciones de Morena.
La publicación va acompañada de este mensaje: “Debido a fallas presentadas el día de ayer en el Sistema de Registro, la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) ha decidido extender un día más el plazo de registro para Aspirantes a un cargo de elección por Morena a nivel local en nuestro estado. La fecha límite es el día de hoy, 29 de Noviembre”.
El comunicado de Morena con fecha del 29 de noviembre en Chilpancingo informa: “Dada la situación que prevalece en el Sistema de Registro ya que han estado atacando la página alentando el servicio y en lapsos se ha caído, la CNE ha decidido extender un día mas el registro para cargos locales de Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo, Coahuila, Michoacán y Estado de México, ante ello podrán seguir registrando hasta el 29 de noviembre”.
Originalmente, la convocatoria de Morena para diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores estableció como fechas de registro los dias 26, 27 y 28 de noviembre.
El registro es sólo la primera etapa en el proceso interno de Morena. Ahora los aspirantes deberán esperar a que la CNE verifiqué y valide las solicitudes recibidas y será hasta el 10 de febrero de 2024 cuando dará a conocer la lista de los aspirantes a quienes les haya aprobado el registro
La Comisión sólo aprobará hasta un máximo de cuatro perfiles por cada candidatura, quienes se someterán a una encuesta espejo, “el resultado del estudio de opinión tendrá caracter inapelable”.
La definición de candidaturas para diputados locales será el 14 de marzo y para Ayuntamientos el 3 de abril. (DanielVelázquez).

 

Aprueba el IEPC tope de gastos para precampañas; 847 mil pesos, el más alto

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el sábado por la noche los topes máximos de gastos de precampañas para los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para el proceso electoral de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024.
En sesión virtual, el consejero, Amadeo Guerrero Honofre conminó a los aspirantes a no rebasar estas cantidades, con la advertencia de que pueden ser sancionados con la negativa del registro de la candidatura si son rebasadas.
Precisó que el monto corresponde al 20 por ciento del tope de gastos de campaña de la elección anterior, en este caso, del proceso electoral 2020-2021. Para los ayuntamientos el monto más alto es los 847 mil 113 pesos en Acapulco, y el más bajo 6 mil 645 pesos, en Atlamajalcingo del Monte.
Añadió que, para los nuevos municipios de Las Vigas, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, y Ñuu Savi, y de donde se segregaron, San Marcos, Malinaltepec, Cuajinicuilapa y Ayutla de los Libres, respectivamente, se analizaron las condiciones geográficas, habitantes, densidad demográfica y la nueva distritación.
Así, mientras  el tope máximo de Cuajinicuilapa ahora es de 104 mil 949 pesos, en el nuevo municipio de San Nicolás, es de 28 mil 350; en San Marcos es de 219 mil 609 pesos, y en el nuevo municipio de Las Vigas, es de 55 mil 556 pesos; en Malinaltepec es de 114 mil 659 pesos, en Santa Cruz del Rincón, es de 27 mil pesos. El tope de Campaña del municipio Ñuu savi es de 50 mil 808 pesos.
Recordó que Ayutla de los Libres se rige por sistema normativo propio, no tiene gastos de precampaña ni campaña.
Se aprobó una modificación a los Lineamientos para el registro de candidaturas, para el proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero TEE/RAP/013/2023, para que los partidos postulen candidaturas indígenas o afromexicanas en seis de los ocho distritos electorales que concentran 40 por ciento o más de población originaria.
La consejera Susana Cayetano Solano consideró que la sentencia les permitía tener una acción afirmativa más específica y emitió un voto concurrente a favor.
Además, se presentó un informe sobre el avance en el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.

 

Echa abajo la Corte artículo que impedía a municipios contraer deuda para pagos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de Coyuca de Catalán, que impedía al Ayuntamiento recurrir a financiamientos externos para pagar adeudos por sentencias o laudos.
Con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, los ministros concluyeron que el Congreso local no puede determinar la forma en que el Ayuntamiento integra, maneja y aplica su presupuesto, ni impedirle obtener ciertos tipos de financiamiento para cubrir obligaciones.
Entre oficios recibidos que se dieron a conocer la sesión del jueves, se encuentran los resolutivos de la controversia constitucional 36/2023, que promovió el municipio de Coyuca de Catalán en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Guerrero, demandando la invalidez del artículo décimo primero transitorio de la Ley 321 de Ingresos municipal para el ejercicio fiscal de 2023, publicado en el periódico Oficial del estado el 23 de diciembre de 2022.
El resultado de la sentencia fue dado a conocer en un boletín de la Corte desde el 3 de octubre, en su página oficial, donde confirma la demanda del gobierno municipal.
Detalla que en el preceto impugnado “establecía, sustancialmente, que el municipio debería considerar en su Presupuesto de Egresos las previsiones necesarias para cumplir con las obligaciones y adeudos derivados de sentencias o laudos laborales, sin recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones o alguna otra fuente externa”.
Asimismo, establecía que, “además de asumirse como el único obligado a cumplir dichos pagos a través de recursos propios y fuentes de financiamiento permitidos por la ley, los cuales no requerirían autorización del Congreso del Estado, razón por la cual, no se debía vincular a éste con el objeto de que el municipio cumpliera con su obligación intransferible de pago, dada su autonomía tributaria y presupuestal”.
La Corte determinó que dicho artículo transgrede el principio de libre administración de la hacienda municipal, contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, “ya que la Legislatura no puede determinar, en lugar del municipio actor, cómo integrar, manejar y aplicar los ingresos que forman su Presupuesto de Egresos, ni impedirle recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones, alguna otra fuente externa, así como a cualquier fuente que requiera autorización del Congreso local, a fin de cubrir las obligaciones y adeudos señalados”.

 

Fija el IEPC tiempos para la renuncia de funcionarios que aspiren a cargos locales

Daniel Velázquez

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), fijó los plazos para que los servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular dejen sus funciones “a más tardar un día antes del inicio del periodo de precampañas”.
El aviso de separacion del cargo emitido por el IEPC fue publicado en el Periódico Oficial del Estado como alcance a la edición del pasado martes, en el cual se especifica que los aspirantes a diputado local deberán separarse de sus funciones a más tardar el 1 de enero de 2024, y los aspirantes a ser parte de las planillas de Ayuntamiento deberán separarse de sus cargo antes del 15 de enero de 2024.
“Las y los servidores públicos con cargo de dirección o que tengan a su cargo la operación de programas sociales y que aspiren a una precandidatura, deberán separarse del cargo durante el lapso que duren las precampañas respecto del cargo de representación popular por el que desean ser postulados”
Las precampañas para los aspirantes a una diputación por mayoría relativa serán del martes 2 de enero al sábado 10 de febrero, 40 días en total, y para ayuntamientos serán del martes 16 de enero al sábado 10 de febrero de 2024, 26 días en total.
Las campañas formales de la elección constitucional para los aspirantes a un curul en el Congreso local serán del 31 de marzo al 29 de mayo, 60 días y para los aspirantes a los gobiernos municipales serán del 20 de abril al 29 de mayo, 40 días. Para estas actividades los aspirantes deben dejar sus cargos 90 días antes del inicio de la elección, es decir el 4 de marzo.
El aviso también precisa que quienes “pretendan reelegirse o que no tengan funciones de dirección, fiscalización, supervisión o manejo de recursos públicos, ni lleven a cabo la ejecución de programas gubernamentales, así como los demás casos previstos” en la Constitución del Estado y en la Ley Electoral local “no estarán obligados a separarse del cargo. Sin embargo, deberán sujetarse rigurosamente a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cuestiones establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinado, y que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; además de las reglas que emita el Instituto Electoral o en su caso, el Instituto Nacional Electoral, para garantizar la equidad en la contienda electoral”.

 

Piden a ediles reportar a Transparencia Financiera; mejoraría posición del estado

Lourdes Chávez

Zumpango del Río

En la segunda sesión de subcomités regionales de la región Centro, la enlace de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, Wendy Karina Raymundo Castro, llamó a los alcaldes a reportar en la plataforma de Transparencia Financiera de Hacienda, la comprobación de los recursos federales transferidos a los ayuntamientos, para elevar la posición de Guerrero en un ranking nacional del índice de calidad de la información.
Felicitó a los municipios que han cumplido y que tienen “cero folios rezagados”: Ahuacuotzingo, General Heliodoro Castillo, Mochitlán y Mártir de Cuilapan.
Aclaró que desde 2021 ya no llegan las auditorías a la Unidad de Enlace y Gestión de la Sefina. Llegan directamente a los municipios y faltan estos reportes, como entes ejecutores, responsables de alimentar ese sistema.
En la reunión que se realizó en un hotel Mezquite de Zumpango, para aprobar el Plan de Desarrollo de la región centro, estuvieron sólo cuatro alcaldes de los 12 de la región: la anfitriona, Sara Salinas Bravo; de Juan R. Escudero, Diana Costilla Villanueva; de Tixtla, Moisés Antonio González Cabañas, y de Mochitlán, Mosso Hernández.
Además de tres secretarios estatales: el de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, la de Fomento Económico y Desarrollo, Teodora Ramírez Vega, y la de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal.
La secretaría de MIgrantes solicitó ahí a los cuatro alcaldes la firma de un convenio de colaboración para que ayuden a levantar el padrón de jornaleros agrícolas que permita al gobierno del estado elaborar políticas públicas para este sector de la población.
La mayoría de los asistentes eran representantes de dependencias estatales estatales y federales, y algunos comisarios del municipio de Eduardo Neri, como invitados, que escucharon la reunión.
En la presentación del Plan de Desarrollo Regional, el secretario Vargas Pineda, destacó reducción de indicadores de pobreza, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social mide la pobreza en México (Coneval), en el periodo que corresponde a lo que va de la administración de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. Al final, destacó que sí está dando resultados la política pública del gobierno federal de “primero los pobres”,  frase recurrente de funcionarios estatales y federales.
Dijo que el plan se envió con anticipación de manera digital a las autoridades, y sólo lo sometió a votación a mano alzada.

Omisiones de comprobación de obras: ASE

El primero en tomar la palabra fue un enviado de la ASE, que detalló las omisiones y fallas en la comprobación, como la entrega de un croquis tamaño carta, para soportar expedientes unitarios de obras 2 o 3 millones de pesos.
“Carecen de memorias de cálculo en la ejecución de sus obras, la falta de expedientes de conducción, la falta de especificaciones técnicas de construcción, la falta de autorización de los proyectos de inversión o la falta de presupuesto”.
Añadió que en los procesos de contratación han encontrado que no hay bases de licitación, no hay evidencias de las convocatorias, o dictámenes y análisis que soporten los fallos para la adjudicación de contratos, entre otros.
En particular, dijo el acta de fallo debe estar soportada por un actuario, y con un análisis donde los auditores de la ASE tengan la forma de comparar todas las propuestas que les presenten; sin embargo, no hay análisis, y el dictamen ni el fallo están sustentados.
Dijo que hay contratos sin firmas, otros no cumplen con la normatividad, no llevan  anexos o garantías. En la verificación física o documental de las acciones, encuentran conceptos de obra pagados pero no ejecutados y obras no identificadas.
En los gastos señaló que tampoco están soportados por la documentación correspondiente, pólizas, facturas, transferencias bancarias,  estados de cuenta, o están deficientes en su integración.
Y en el destino de los recursos, observaron que el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) se utiliza a fines distintos a los que establecen los lineamientos, como la construcción de iglesias y comisarías. Cuando se les piden resolver las inconsistencias, no se pueden resolver porque está fuera de lo que establece la ley.
Señaló el arrendamiento del vehículos, supuestamente para la supervisión de la obra, es utilizado para el traslados de funcionarios
Ante estas irregularidades, recordó que todavía en 2022, la Secretaria de Bienestar en sus lineamientos señalaba que iba a emitir dictámenes de procedencia para los proyectos que se subían a la plataforma MIDS. Para este año, la dependencia se deslinda de esa constancia de procedencia porque observa desviación de recursos, obras que se reportan y no se llevan a cabo.
Incluso, señaló que contratistas se acercan a la ASE para pedirles apoyo para el cobro en las administraciones municipales, pero nada se puede hacer cuando están firmadas las actas de cesión de derechos.
En la construcción de obra directa, las administraciones tampoco acreditan capacidad para desarrollar las obras, ni que tengan maquinaria ni equipo de construcción para llevarla a cabo.
Al final, precisó que este acercamiento es para brindar asesoría necesaria para que todo el gasto aplicado se haga de acuerdo con la normatividad.

Fondo minero

La alcaldesa Sara Salinas, señaló que la Secretaría de Economía federal le sigue requiriendo comprobación de recursos del Fideicomiso que permitía a ciertos municipios acceder al Fondo Minero, de proyectos inconclusos de administraciones anteriores. Aclaró que el ayuntamiento no tiene la documentación comprobatoria.
La enlace respondió que la ASE Guerrero puede entregar información comprobatoria de obras de gobiernos anteriores.
El alcalde de Mochitlán pidió saber cómo acceder a recursos para de agua potable y de saneamiento de agua, por la contaminación que provoca el drenaje de la capital del estado en su municipio.
Un enviado de Conagua respondió que esos requerimientos los hacen quienes tienen concesionada la extracción de agua o la descarga de agua residual. En este caso, Chilpancingo tiene el título de asignación de aguas nacionales en Mochitlán.
Añadió que hay programas de saneamiento para sostener los servicios básicos, aunque se han hecho esfuerzos para adherir a Chilpancingo “han existido algunas cuestiones que lo han limitado, pero trabaja para que este municipio pueda regularizar esa situación”.

 

Aprueba el IEPC un anteproyecto de presupuesto de 695 millones 543 mil

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Consejo General, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024, en el que habrá elección ordinaria de diputaciones locales y ayuntamientos, donde el órgano calculó un gasto de 695 millones 543 mil 148 pesos.
De acuerdo con el documento, aprobado por el Consejo General en la sesión del viernes, los 695 millones y medio que el IEPC presupuestó para el ejercicio fiscal 2024, se dividen en 178 millones 354 mil pesos, que es el 25.64 por ciento, para los gastos operativos del órgano electoral, incluidos los “servicios personales” en el que se incluyen los sueldos, salarios, dietas, honorarios y prestaciones que representan 142 millones 482 mil pesos.
Para financiamiento público y gastos de campaña a partidos políticos son 244 millones 719 mil pesos, que representan más del 35 por ciento; de los cuales, 183 millones 173 mil pesos son para actividades ordinarias permanentes, 5 millones 495 mil para actividades específicas, para gastos de campaña 54 millones 952 mil, mientras que para gastos de campaña de candidaturas independientes se planifica un millón 99 mil pesos.
El otro 38 por ciento son para los gastos del proceso electoral, 265 millones 352 mil pesos, en este apartado, que contiene los rubros a los que se les presupuesta mayor recurso, son para la “operación eficiente de los consejos distritales electorales” por 127 millones 44 mil 244 pesos; para la producción de documentación y material electoral se planifican 43 millones 610 mil pesos; también para “asistencia electoral”, con 29 millones 900 mil pesos y “operación de los sistemas informáticos de resultados electorales” con 29 millones 917 mil 574 pesos.
También 13 millones 342 mil 768 pesos para la “coordinación y colaboración” entre el INE y el IEPC; 4 millones 420 mil 588 pesos para los mecanismos de entrega y recolección de paquetes electorales, y 3 millones 78 mil 308 pesos para la “jornada electoral, cómputos y resultados”.
Para “proyectos estratégicos” hay 3 millones 463 mil pesos y para “proyectos transversales” 3 millones 652 mil pesos.
El IEPC había solicitado al Ejecutivo estatal, para el ejercicio fiscal 2023, un presupuesto por 422 millones de pesos, sin embargo, en la propuesta que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local se planteaban sólo 285 millones 346 mil pesos para este órgano electoral, que finalmente fue el monto que los diputados aprobaron. Es decir, 137 millones menos de lo solicitado por el órgano electoral.

Instalan el comité técnico para la consulta a pueblos indígenas y afros sobre candidaturas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Congreso del local y el gobierno estatal instalaron el comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, donde se preguntará a pobladores de 49 municipios cómo quieren que sea el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como los lineamientos para dichos registros en el próximo proceso electoral 2023-2024.
Ayer, mediante una transmisión en redes sociales, desde las páginas del IEPC Guerrero se dio a conocer la instalación del comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en materia electoral.
La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que daban inicio de los trabajos de la consulta previa, libre e informada respecto a las normas sustantivas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como de los lineamientos para el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos del proceso electoral del próximo 2023-2024, que deberán de observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes.
Comentó que la consulta se deriva de los mandatos de los tribunales de la Corte y la Sala Regional de la Ciudad de México, quienes ordenaron realizar diversas actividades para diseñar y elaborar una consulta que garanticen el registro de postulación de candidaturas indígenas y afromexicanos.
El consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, manifestó que la importancia de la consulta que se hará en 49 municipios es generar una comunicación lineal y directa con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de Guerrero.
Aseguró que se hará la consulta con perspectiva intercultural, perspectiva de género y perspectiva interseccional, por lo que pidió a los habitantes de los 49 municipios a participar en ella, además, destacó que es la sexta consulta que organiza el IEPC.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, comentó que para el gobierno del estado es importante la consulta para garantizar a las comunidades su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, afirmó que estarán vigilando el cumplimiento de la ley durante todo el proceso de la consulta.
La secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos del estado, Reyna Mejía Morales, indicó que Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos indígenas, particularmente con las naciones Ñuu Ssavi, Me’phaa, Nahual y Ñoomda.
Aseguró que los pueblos orignarios y afroamericanos deben ejercer su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular.
Mencionó que aun en raras ocasiones en algunos pueblos, sigue pregonando el machismo, y se le prohíbe a las mujeres a que voten, por lo que llamó a “poco a poco ir sensibilizando a nuestra gente indígena”.
El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, dijo que se sumará para vigilar y acompañar el proceso “histórico e importante”, y precisó que facilitará algunos traductores e intérpretes para que todos los hombres y las mujeres de los 49 municipios entiendan y comprenda el proceso de la consulta.
En representación de la Secretaría de la Mujer, la procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, enfatizó que buscan contribuir a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas, pues en otros procesos se enfrentan a una desventaja e incluso a una triple discriminación, y en consecuencia su participación termina siendo muy limitada en las comunidades.
La consejera electoral del IEPC, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, añadió que está abierta la convocatoria para participar en las actividades de observación electoral de este proceso, e invitó a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a participar, para ello, se podrán registrar hasta el 21 de abril en la página de internet www.ipcgro.mx.
Sostuvo que el Comité Técnico y el órgano garante de la consulta acompañarán el cumplimiento de todas las etapas del proceso consultivo, para garantizar que los pueblos indígenas y afroamericanos ejerzan su derecho a una consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Detalló que el Comité Técnico quedó conformado por el INPI, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, la Secretaría de la Mujer del estado, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado; mientras que el órgano garante queda representado por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, y tendrán una vigencia a partir de ayer hasta que se den por concluidos los trabajos de la consulta y se declaren aprobados los informes.
En la instalación, que se hizo de forma virtual, también estuvieron las consejeras electorales, Vicenta Molina Revueltas, Azucena Cayetano Solano, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, y el consejero Amadeo Guerrero Onofre; el secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; los representantes de los partidos políticos acreditados; la diputada por Morena, Marben de la Cruz Santiago; y en representación de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, el secretario técnico de la Jucopo, Arturo Pacheco Bedolla.

Inician proceso de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos sobre candidaturas para el 2024

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los lineamientos, el plan de trabajo y el calendario para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para determinar las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024.
La consulta se realizará en cumplimiento a la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020, que invalidó las reformas realizadas por 62 legislatura al Congreso local, en las que se establecieron las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Estas reformas deberán ser aprobadas por el Poder Legislativo local a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral próximo para que sean vigentes en el próximo proceso.
El plazo que la Corte estableció al Poder Legislativo de Guerrero para las reformas en la materia venció el pasado octubre, pues en su resolución los magistrados vincularon al Congreso en la sentencia de invalidez para que realice la consulta y emita la regulación aplicable “a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral ordinario 2020-2021”. Sin embargo, el Congreso pidió una prórroga a la Corte y argumentaron que están en “vías de cumplimiento”.
Con la aprobación por el Consejo General de estos lineamientos, el plan de trabajo y el calendario de la consulta se da inicio a este proceso.
La consulta se realizará en “colaboración y coordinación interinstitucional” entre el Congreso y el IEPC de acuerdo con un convenio específico para este fin firmado el martes pasado por la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, y la presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama.
En este convenio, de acuerdo a lo mencionado en un boletín del Congreso local, “las partes firmantes se comprometen a efectuar de manera coordinada la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero, respecto de la consulta ordenada por sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020”.
Esta consulta se da a partir del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir de dos procedimientos, en contra de las reformas en materia electoral que tienen que ver con la postulación de candidaturas indígenas y afromexicanas aprobadas por el Congreso local.
La acción de inconstitucionalidad ante la Corte lo promovió un grupo de 16 diputados de Morena de la pasada legislatura, incluida la ahora presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez, y el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de los ciudadanos ante el TEPJF fue presentado por quien se ostentaba como gobernador nacional indígena y representante de las 62 lenguas maternas Hipolito Arriaga Pote, ambas resoluciones ordenan una legislación en la materia a partir de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Corte ordenó que se establezcan en la legislación -a partir de la consulta- las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de Ayuntamientos; y el TEPJF ordenó también que se establezcan las reglas para acreditar la autoadscripción calificada, que deberán observar los partidos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 que también tiene que ver con que se dé prioridad a candidatos indígenas o afromexicanos en zonas con mayor población de estos dos grupos.
A partir de esta consulta, deberán quedar establecidas las reglas que operarían para el próximo proceso electoral sobre el número de distritos, municipios, cargos que aplicarían para la exclusividad de representación indígena y afrodescendiente y, que en el caso del Congreso del Estado, deberá expedir el decreto que modifique la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia indígena y afrodescendiente.
Ayer en la sesión del CG del IEPC se informó que la consulta se realizará en 49 municipios: Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copala, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tepecoauilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala.
También se hizo la precisión que los resultados de la consulta se sistematizarán y entregarán al Congreso local a través de la Jucopo para que realice las reformas necesarias. El IEPC también utilizará esta información para aprobar los lineamientos que aplicarán en el próximo proceso electoral en materia indígena, y se aprobó la convocatoria para observadores de este proceso de consulta.
Además, se aprobó una modificación del Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 del IEPC para atender el convenio específico de colaboración interinstitucional suscrito entre el Congreso local y el instituto electoral.
En la sesión también se tomó protesta a las nuevas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se trata de Deysi Anahí Santiago Baltazar, como Técnica de lo Contencioso Electoral, Marleny Larios Bazán como Técnica de Organización Electoral, Aimé Hernández Vélez como Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales, y Gabriela Elizabeth Ávila Gonzaga, Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales.
 

Promotores de nuevos municipios exigen al Congreso instalar los gobiernos instituyentes

Los promotores de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, José Feliciano Molina, Felipe de la Cruz y Jaime Viviano hablan con los reporteros afuera de las instalaciones del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de los cuatro municipios de nueva creación protestaron en el Congreso local porque se acerca el vencimiento de la prórroga de 120 días que se estableció por el Congreso para la designación de los gobiernos instituyentes, y ahora se habla de una posible consulta para atender un amparo en proceso de resolución.
Del nuevo municipio afromexicano de San Nicolás, el promotor Felipe de la Cruz subrayó que los municipios creados hace un año con ocho meses, están llegando al límite de la tolerancia, porque a principios de abril termina el segundo plazo fijado para designar autoridades municipales, no hay avances y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, no ha respondido a dos solicitudes de audiencia.
Piden que los integrantes de la Jucopo les informen qué pasa con este proceso, porque el diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, declaró que podría caerse el decreto de creación de los nuevos municipios.
Explicó que, se enteraron hace casi dos años que los comisarios de las comunidades El Tamale, Punta Maldonado y El Faro, de San Nicolás, y de otros municipios, impugnaron el decreto de creación. Ahora, el Congreso argumenta que esa es la razón por la que se ha frenado la designación de los gobiernos instituyentes.
“Como parte afectada, exigimos que nos informen de estas demandas, porque es nuestro derecho también”.
Aseguró que los pueblos no tienen asignación de obras ni presupuestos, “porque los alcaldes de los municipios de los que se desprendieron se deslindan de nuestros pueblos”.
Del acuerdo aprobado por diputados para que los ayuntamientos de origen no excluyan de servicios y de obras a las comunidades de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, mientras se designan los ayuntamientos instituyentes, “ahí queda nada más, son dos años de los pueblos en la misma exigencia a las presidencias municipales, y no hay respuesta a los comisarios”.
Subrayó que los cuatro municipios han atendido todos los acuerdos y lineamientos aprobados por el Congreso para terminar la constitución de los ayuntamientos creados.
Incluso, hubo consultas de las comunidades, “que ahora argumentan que no fueron tales, sino que fueron encuestadas, pero salió del Congreso, no la inventamos nosotros, queremos que nos respeten la decisión que hemos tomado como pueblos originarios”.
Aclaró que siempre han privilegiado la línea del diálogo, “(pero) que no los obliguen a tomar otras medidas que no ayudan mucho al estado, en las condiciones en que está. Únicamente que nos informen, nos notifiquen de la responsable del retraso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Recordó que cuando la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación planteó la prórroga de 120 días para designar a los cabildos instituyentes, aceptaron la condición porque les aseguraron que se haría mucho antes del cierre del plazo, que ahora está a dos semanas de terminar.
“Van a violentar la Ley que aprobó el (mismo) Congreso, para los nuevos ayuntamientos, en el sentido de que antes de las elecciones constitucionales, los gobiernos instituyentes deben estar en funciones tres años como máximo, y uno mínimo”.
El promotor del Comité promotor de Las Vigas, Jaime Bibiano Pano, insistió en que a la brevedad instalen los gobiernos institucionales en cada uno de los nuevos municipios.
Aclaró que en Las Vigas no hay ciudadanos inconformes con la creación del municipio. Recriminó que la presidenta de la Jucopo nunca los ha recibido. Los ha atendido la presidenta de la Comisión, Alicia Zamora
El presidente del Comité de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, aclaró que los pueblos están cansados de que el Congreso no cumpla sus acuerdos. Primero les dijeron que el primero de enero tomarían protesta los cabildos instituyentes, luego aprobaron la prórroga de 120 días que están por acabar. En tanto, las comunidades atendieron todos los requisitos administrativos que les requirieron.
Denunció que no hay falta de voluntad de los diputados para realizar los nombramientos.
Advirtió que los pueblos originarios tienen sus formas de organización para seguir exigiendo, y los diputados serán responsables de las acciones que realicen “para que la voluntad del pueblo se haga justicia”.
Sobre la equidad de género, los tres promoventes aseguraron que se respetaron las propuestas de mujeres en 50 por ciento, de acuerdo a la organización y el aval de las comunidades, “al pie de la letra de los puntos que señaló el Congreso”.
La manifestación comenzó a las 11 de la mañana. Luego se integran los promotores del municipio Ñuu Savi y se reunieron funcionarios de la Jucopo, del área Jurídica y de Servicios Parlamentarios.
Felipe dela Cruz indicó que ahí les informaron que el juzgado séptimo de Acapulco está por resolver el juicio de amparo contra el decreto de creación de los cuatro municipios. Les aseguraron que la designación del cabildo instituyente sí está avanzando, sólo esperan que la resolución del juez federal para atender también la decisión judicial.