Reporteros de diversos medios de comunicación de Acapulco y Chilpancingo, señalaron que la fiscal Sandra luz Valdovinos Salmerón no ha dado respuesta sobre la reunión con el gremio, para hablar sobre los asesinatos de Nelson Matus Peña y Gerardo Torres Rentería.
En un comunicado, recordaron que hace una semana los periodistas realizaron una protesta por los recientes crímenes de los reporteros mencionados, y de otros comunicadores, “cuyos casos parecen haber sido archivados en la FGE”.
El oficio a la Fiscalía General del Estado (FGE) fue entregado al fiscal regional en el puerto, Rafael Saldaña Julián, quien estuvo acompañado por el director de Comunicación Social de la dependencia, Carlos Alberto Hernández Monje, y el responsable de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos Cometidos en Agravio de las Personas que Realizan Labores Periodísticas, Defensores de los Derechos Humanos y que Atentan contra la Libertad de Expresión en el estado, cuyo nombre no figura en el directorio oficial de la dependencia.
Indicaron que el oficio va dirigido a la fiscal Sandra Luz Valdovinos, donde le solicitan de la “manera más respetuosa posible, que haga un espacio en su agenda de trabajo y pueda reunirse con el gremio que ha sido lastimado con crímenes que están hundidos en la impunidad”.
Recordaron que los funcionarios se comprometieron a que enviarían el oficio a la fiscal, para que “en tiempo y forma solicitado, nos respondiera cada uno de los puntos que le pedimos”.
Añaden que, sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna a la solicitud de reunión con el gremio, “donde abordemos el problema que hemos estado planteando con los recientes asesinatos de compañeros”. Precisaron en el documento que Guerrero es el segundo estado donde han sido asesinados más periodistas y la Fiscalía ha “heredado expedientes de crímenes ocurridos en diversas partes de Estado contra comunicadores, sin que se informe, no solamente a la sociedad, sino a sus mismos familiares y abogados de esas víctimas, sobre el avance en esas investigaciones”.
Le recuerdan a la Fiscalía que hay tres casos de reporteros desaparecidos, cuyos familiares han clamado justicia a lo largo de los últimos sexenios y todos, sin excepción alguna, han sido tratados con menosprecio.
Señalaron que los periodistas son los intermediarios, que quieren que sus voces se escuchen por esta sociedad, que también esta ávida de justicia para poder recuperar una paz que parece haberse perdido en sus calles, sus barrios, sus colonias, sus comunidades y sus municipios.
Para finalizar señalan: “Seguimos esperando que la teniente coronel considere tener el tiempo suficiente para atendernos y escucharnos”. El oficio va acompañado con alrededor de 80 firmas, de trabajadores de varios medios de comunicación.
En los primeros seis meses del 2023, se tienen contabilizadas 237 personas con estatus de desaparecidas, no localizadas y localizadas en la entidad, esto de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
La información indica que, del total de personas desaparecidas, 66.24 por ciento están bajo el estatus de personas desaparecidas y no localizadas, mientras que 33.76 por ciento fueron localizadas.
Asimismo, la Comisión señala que, en el primer semestre de este año, 157 personas estaban desaparecidas y no localizadas en el estado, de las cuales 98.73 por ciento, estaban desaparecidas, lo que equivale a 155 personas. Por su parte, las personas no localizadas, eran dos.
En la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se clasifica quién es persona desaparecida y no localizada. Definen a la persona desaparecida como: “la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.
En tanto que la misma ley define a la persona no localizada como “a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.
En lo referente a las personas localizadas, éstas suman 80 personas, de las cuales 16.25 por ciento, equivalente a 13, fueron localizadas sin vida. En tanto que 67, representado por 83.75 por ciento del total, son personas localizadas con vida.
En la desagregación por género, de las 237 personas desaparecidas en los primeros seis meses en la entidad, 177 fueron hombres, en tanto que 60 resultaron ser mujeres.
A nivel municipal, Acapulco fue donde mayor concentración de personas desaparecidas se dio con 79, de los cuales 54 correspondían a hombres y 25 a mujeres.
Acapulco es seguido por Chilpancingo con 23 personas desaparecidas, Taxco y José Azueta (Zihuatanejo) con 17 cada uno, Coyuca de Benítez con 11 personas y Chilapa de Álvarez con siete personas desaparecidas.
Respecto a las personas localizadas con vida, en Acapulco se encontraron 23, seguido de Taxco de Alarcón con nueve, Chilpancingo con siete, Tlapa de Comonfort con tres, al igual que Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez e Iguala.
Por su parte, fueron 10 los municipios en los cuales se localizaron personas sin vida. En Chilpancingo se identificaron a tres hombres, mientras que, en Juan R. Escudero, Eduardo Neri, Ometepec, Cocula, Copala, Iguala y Buenavista de Cuéllar, fue un hombre en cada uno.
Tanto en San Luis Acatlán como en Acapulco se localizó a una mujer sin vida. En el estadístico brindado, la persona 13 localizada sin vida, aparece como “Se Desconoce”, esto en referencia al municipio donde se le encontró, pero se añade que fue un hombre.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, es entrevistada por reporteros en el Zócalo después de la Expo-Feria Canina Adopta no Compres Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que ya fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR), pero no porque haya algún proceso judicial abierto en su contra, sino que solamente la llamaron para tener una “entrevista”.
La alcaldesa no dijo qué información le pidieron, pero el caso que investiga la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) está relacionado con los videos que se difundieron en redes sociales, donde aparece con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega, y por una cartulina que dejaron el 24 de junio con señalamientos en su contra, junto con siete cuerpos desmembrados, en la plazuela del barrio San Mateo.
Entrevistada este viernes, después de la Expo-Feria Canina Adopta no Compres, en el zócalo de la ciudad, la presidenta insistió en que no hay ninguna situación que la vincule con algún grupo de la delincuencia organizada y advirtió que “actuará en consecuencia”, por violencia política en su contra, por el hecho de que la estén señalando “sin prueba alguna”.
“De la Fiscalía General de la República ya nos mandaron citar, pero no nos están abriendo ningún proceso, simplemente fue una entrevista”, informó la alcaldesa cuando se le preguntó si ya la habían mandado llamar de la FGR o de la FGE por la investigación que se le realiza.
Un reportero le preguntó si ve “dados cargados” en su contra, en relación con los alcaldes de la región Tierra Caliente que también han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Considero que sí, pero será la Fiscalía (la que determine), yo actuaré en consecuencia, por todo lo que se ha vertido en mi contra. El hecho de que me estén señalando sin una prueba alguna, que haya un señalamiento y eso ha puesto en una inestabilidad al gobierno, a mi persona y a mi familia”, respondió.
–¿La está presionando algún grupo para que renuncie?
–Yo considero que los comentarios que me están haciendo influyen a un tipo de violencia, porque ni siquiera se me está haciendo un proceso y ya están diciendo “pide licencia”.
–¿Violencia política?
–Yo considero que sí.
Declaró que no se ha amparado por las acusaciones en su contra, “porque no me ha llegado nada en realidad, no hay una situación que me vincule. En la FGR ni siquiera está abierta una investigación”, insistió.
La alcaldesa de Morena informó que no ha tenido comunicación con la dirigencia nacional de su partido ni con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Durante la Expo-Feria Canina Adopta no Compres, que se realizó con motivo del Día Mundial del Perro, se informó que en Chilpancingo hay unos 65 mil perros en situación de calle y que derivado de ello, el Ayuntamiento quiere comenzar a atender el problema y se anunció que en una primera campaña se van a esterilizar a 500 de ellos, en vez de sacrificarlos.
La alcaldesa llamó a la conciencia de las personas, para evitar el maltrato animal y a cuidar a las mascotas.
La alcaldesa de Chilpancingo reapareció ayer en un acto público en el zócalo de la capital y en declaraciones a reporteros insistió en que no hay nada que la vincule con la delincuencia organizada y advirtió que denunciará por violencia política en su contra a quienes le piden que solicite licencia al cargo mientras se investiga su reunión con un líder delincuencial revelada en un video y fotografías. En la imagen posa con su mascota Tigra al finalizar la ceremonia de inauguración de la Expo-Feria Canina Adopta no Compres Foto: Jessica Torres Barrera
Ya la citó la FGR pero sólo para tener una “entrevista”, asegura Norma Otilia
La presidenta municipal de Chilpancingo insiste en que no hay nada que la vincule con la delincuencia organizada y advierte que actuará por violencia política en su contra
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que ya fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR), pero no porque haya algún proceso judicial abierto en su contra, sino que solamente la llamaron para tener una “entrevista”.
La alcaldesa no dijo qué información le pidieron, pero el caso que investiga la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) está relacionado con los videos que se difundieron en redes sociales, donde aparece con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega, y por una cartulina que dejaron el 24 de junio con señalamientos en su contra, junto con siete cuerpos desmembrados, en la plazuela del barrio San Mateo.
Entrevistada este viernes, después de la Expo-Feria Canina Adopta no Compres, en el zócalo de la ciudad, la presidenta insistió en que no hay ninguna situación que la vincule con algún grupo de la delincuencia organizada y advirtió que “actuará en consecuencia”, por violencia política en su contra, por el hecho de que la estén señalando “sin prueba alguna”.
“De la Fiscalía General de la República ya nos mandaron citar, pero no nos están abriendo ningún proceso, simplemente fue una entrevista”, informó la alcaldesa cuando se le preguntó si ya la habían mandado llamar de la FGR o de la FGE por la investigación que se le realiza.
Un reportero le preguntó si ve “dados cargados” en su contra, en relación con los alcaldes de la región Tierra Caliente que también han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Considero que sí, pero será la Fiscalía (la que determine), yo actuaré en consecuencia, por todo lo que se ha vertido en mi contra. El hecho de que me estén señalando sin una prueba alguna, que haya un señalamiento y eso ha puesto en una inestabilidad al gobierno, a mi persona y a mi familia”, respondió.
–¿La está presionando algún grupo para que renuncie?
–Yo considero que los comentarios que me están haciendo influyen a un tipo de violencia, porque ni siquiera se me está haciendo un proceso y ya están diciendo “pide licencia”.
–¿Violencia política?
–Yo considero que sí.
Declaró que no se ha amparado por las acusaciones en su contra, “porque no me ha llegado nada en realidad, no hay una situación que me vincule. En la FGR ni siquiera está abierta una investigación”, insistió.
La alcaldesa de Morena informó que no ha tenido comunicación con la dirigencia nacional de su partido ni con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Durante la Expo-Feria Canina Adopta no Compres, que se realizó con motivo del Día Mundial del Perro, se informó que en Chilpancingo hay unos 65 mil perros en situación de calle y que derivado de ello, el Ayuntamiento quiere comenzar a atender el problema y se anunció que en una primera campaña se van a esterilizar a 500 de ellos, en vez de sacrificarlos.
La alcaldesa llamó a la conciencia de las personas, para evitar el maltrato animal y a cuidar a las mascotas.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
La fiscal general de Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que hay una investigación por los videos de la reunión de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el presunto líder de Los Ardillos.
Reveló que no ha habido ningún acercamiento con la alcaldesa, pero “nosotros de todos modos investigamos en el ámbito de la competencia del fuero común lo que se pueda configurar cualquier conducta delictiva”.
En declaraciones en la Novena Región Militar de Acapulco, la fiscal explicó que se abrió una carpeta en general, “se investiga el hecho que se anunció públicamente y de ahí ya se derivan líneas de investigación que pueden tipificar conductas, ya sea del orden común y si fuesen del orden federal se declinará la competencia a la Fiscalía General de la República”.
Indicó que quiere “imaginar” que por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ya se inició la carpeta de investigación correspondiente. Además, Valdovinos Salmerón dijo que por los hechos violentos de los últimos días en la capital también se abrieron carpetas de investigación.
“Por las comunicaciones de la presidenta hay una carpeta, por la retención de los servidores públicos del gobierno del estado, así como de policías estatales se abrió una carpeta y hay una tercera por lo que hace a motín y sabotaje”.
A la fiscal se le preguntó si hay investigación sobre las personas armadas que estuvieron en los bloqueos del lunes y martes y respondió que sí, que se está investigando cualquier conducta delictiva, pues es competencia de la Fiscalía del estado, “me imagino que por parte de la FGR también debió haberse abierto de manera oficiosa por la posible portación de armas y obstrucción a las vías de comunicación federal otra carpeta”.
De si hay una investigación a las dos personas que la secretaría de Seguridad Pública relacionó con el grupo de la delincuencia denominado Los Ardillos y que estuvieron en el diálogo con las autoridades del estado, la fiscal respondió: “Me imagino que sí, exclusivamente si se configurase en delitos como delincuencia organizada u otro de competencia del fuero federal”.
Indicó que están sumando esfuerzos con operativos para puestos de revisión y control, también en entradas y salidas y hasta el momento no se ha desarticulado ninguna banda delictiva. Lo que sí se está concretando son operativos por sectores.
Desde el sábado se dio una ola de violencia en Chilpancingo cuando fueros quemados vehículos del transporte público y asesinado choferes, lo que siguió el lunes.
Mientras el lunes alrededor de tres mil pobladores de diversos municipios entraron de manera violenta a la capital, donde se enfrentaron con antimotines de la Policía del Estado y la Guardia Nacional, reteniendo a diez que el martes fueron liberado, luego de una mesa de trabajo con las autoridades del estado donde acordaron obras para carreteras de diversas comunidades.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el estilo de vida de los dirigentes de las organizaciones que bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo el lunes y martes.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador señaló que no se permite la corrupción a nivel gubernamental, y pasó a destacar el estilo de vida y posesiones de los dirigentes que irrumpieron con más de 3 mil manifestantes en la capital del estado.
“Ahora que pasó lo de Guerrero, ve uno a los dirigentes del movimiento social entre comillas, en París y la ropa de marca, y pueden estar viviendo controlando una de las zonas más pobres de México y ellos con su camioneta último modelo y sus relojes y alhajas”, señaló.
El martes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso fotografías de Gilmar Jaír Sereno Chávez, que se desempeñó como vocero de los manifestantes, en las que aparece con la Torre Eiffel al fondo en París, Francia.
En la conferencia matutina de ese día, Rodríguez señaló que Gilmar Jaír Sereno estaba siendo investigado por su participación en una manifestación en Quechulte-nango el 16 de febrero de 2022 en la que pobladores retuvieron a soldados del Ejército.
“El vocero principal está identificado aquí en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad”, comentó Rosa Icela Rodríguez.
En la conferencia, el presidente volvió a referirse al programa de caminos artesanales en Guerrero, y dijo que se completará una inversión para el mismo de 3 mil millones de pesos a razón de mil por año.
Destacó que el programa tiene “un efecto multiplicador porque hay trabajo para la gente que hace las obras y queda el dinero en las comunidades, en los municipios, no es una empresa contratista que llega y hace un camino ahí mal hecho porque sobornó y saca el dinero, ahí el presupuesto queda en la misma región”.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reiteró que en Guerrero, “hay gobierno y hay gobernadora”, y refrendó su compromiso de “fortalecer” el estado de derecho que Guerrero merece.
Lo dijo ayer durante la entrega de los premios al Mérito Jurídico por el Día del Abogado, en una ceremonia por primera vez a puerta cerrada, a la que sólo asistieron sus invitados, funcionarios y trabajadores del gobierno del estado, a tres días de que más de tres mil pobladores de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec, irrumpieron violentamente en Chilpancingo, sede de los tres poderes del estado, y allanaron el edificio del Poder Legislativo y ocuparon el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
La gobernadora entregó medallas y diplomas a los galardonados de los premios jurídicos Alberto Vázquez del Mercado, a la abogada Azucena Pineda Guillermo y a Víctor Manuel Nava Casarrubias. Mientras que la presea Teófilo Olea y Leyva se le otorgó a los juristas América Guadalupe Bautista Salgado y Caritino Maldonado Guzmán.
“Hemos encontrado el cauce para mantenernos en la ruta de la legalidad, del diálogo, de la coordinación, de la transparencia y de la gobernabilidad, basando nuestro ejercicio en ideales y en principios básicos que nos han permitido salir adelante como gobierno”.
Agregó que el primer principio básico de su gobierno es que “siempre vamos a ser promotores del diálogo y de la reconciliación, que es lo que nuestro estado necesita; la conciliación, el diálogo y la pacificación”.
El gobierno de Salgado Pineda ha sido criticado en los últimos tres días en las redes sociales por no aplicar la ley a quienes irrumpieron violentamente en Chilpancingo el lunes, retuvieron a 13 policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y funcionarios de Gobernación del estado y uno federal, y se apoderaron del vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad estatal.
Además de que entraron al Palacio de Gobierno y al Congreso local, derribando las rejas de ambos edificios con el vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Pública, algo nunca antes visto en la entidad.
Explicó que este primer principio básico, no es por el interés de no hacer cumplir la ley, “al contrario, usamos todas las herramientas que la propia ley nos brinda para sacar adelante todos y cada uno de los problemas, siempre con la premisa que existen mecanismos de resolución de conflictos más efectivos que la propia fuerza”.
Expresó que el segundo principio básico es que “somos un gobierno que no tolera la corrupción, y en este sentido, jamás seremos cómplices ni tapadera de actos contrarios a la ley”.
La advertencia de la gobernadora llega cuando hay señalamientos en contra de la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez por dos videos que circulan en las redes sociales en los que se le ve desayunando y dialogando con el jefe del grupo delictivo de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Salgado Pineda indicó que el tercer principio básico de su gobierno es que promueve y protege los derechos y libertades, “no permitimos la represión, la violencia, pero tampoco vamos a permitir nunca las presiones o el chantaje”.
Añadió: “Con pasos firmes y determinantes, con legalidad y con transparencia, estamos dando soluciones a los problemas viejos y a los conflictos nuevos. Jamás rehuiremos de nuestra obligación, de nuestro trabajo y del absoluto amor que tenemos de estar al frente de este gobierno”.
Casi para finalizar su discurso, expresó: “Hoy son momentos de unidad, de estar todos unidos, no son momentos de decir yo soy de este partido, de esta profesión, yo pertenezco a este barco que se llama Guerrero y estamos trabajando por la pacificación de nuestro estado, unidos y unidas”.
Salgado Pineda destacó el papel de los profesionales del derecho y de la ley en Guerrero, “a la luz del interés por fortalecer el estado de Derecho y por garantizar en todo momento que se cumpla la ley, sin embargo, dijo, el equilibrio constitucional se condensa en la frase juarista: Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.
La ceremonia se realizó a puerta cerrada en el salón Cuicalli, y como ya es costumbre en todos los actos del actual gobierno, se impidió el acceso a la prensa.
La gobernadora fue acompañada por el presidente del Poder Judicial Raymundo Casarrubias Vázquez y de la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,Yanelly Hernández Martínez, así como de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
También estuvieron el senador y padre de la gobernadora Félix Salgado Macedonio y el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
La abogada Azucena Pineda Guillermo, una de las que recibieron el premio, llamó a superar los desequilibrios sociales y combatir desigualdades históricas y estar comprometidos con el cambio, la equidad y la inclusión, pues afirmó que “ya no hay espacio para el machismo o el patriarcado”.
Docentes de la zona escolar de Telesecundarias con sede en Chilpancingo, durante la conferencia de prensa que ofrecieron afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, donde exigieron la destitución del supervisor Leonel Loaeza por irregularidades administrativas Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Docentes de la zona escolar 3 de telesecundarias, con sede en Chilpancingo, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la destitución de su supervisor, Leonel Loaeza Lozano, por acoso laboral e irregularidades.
En conferencia de prensa afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, los maestros denunciaron las irregularidades del supervisor.
El asesor técnico pedagógico de la zona, Valentín Alvarado Flores, informó que en su caso, el supervisor ha “coaccionado” a los directores, pidiendo su salida de esta zona escolar por medio de amenazas.
Alvarado Flores mostró documentos en los que dijo que ha informado de las irregularidades del supervisor, entre ellas, el ingreso de docentes a esa zona escolar, principalmente mujeres sin documentación oficial.
Detalló que Loeza Lozano se ha adjudicado a estas maestras de nuevo ingreso como asistentes personales, aun y cuando en la estructura educativa no existe esa figura.
El asesor técnico pedagógico informó que el supervisor ha autorizado el cambio de los maestros, pese a que es facultad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Informaron que interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y pidieron a la SEG que intervenga.
