Habitantes de los municipios de Atoyac, Benito Juárez y Tecpan pidieron a las autoridades estatales, federales y municipales su apoyo para poder seguir manteniendo la seguridad y progreso, principalmente en la zona serrana, donde se han coordinado con las autoridades para que la pacificación se extienda, no solamente desde los hogares, sino también como una responsabilidad pública.
Indicaron que buscan evitar que se sigan extendiendo a la ola de violencia, que está ocurriendo en otros municipios vecinos.
En una reunión del comité de seguridad civil de la ruta Tecpan-El Paraíso-Piedras Grandes, celebrada en la comunidad atoyaquense El Ticuí, sus integrantes pidieron a las autoridades su contribución.
El trabajo que hacen los comités, señalaron, es un trabajo que le corresponde al estado y se ha dejado a los pueblos, cuando la seguridad es un derecho.
Señalaron que están dispuestos a cooperar en este esquema civil, que ya tiene más de 13 años y ha rendido buenos frutos, la cual inicialmente fue implementada en la zona serrana, pero ahora también ya en la parte baja de los municipios de Atoyac y Benito Juárez.
La pacificación es dar atención desde los servidores públicos, que la mayoría toman postura de patrones, explicaron.
Por ello, se organizan desde las bases, porque hay una deuda histórica con la sierra, “y lo que dicen es que no hay recursos”.
Proponen reorganizarse, ahora como región Sierra, y se atienda desde el gobierno federal.
En el evento también se dio una demostración de binomios caninos, así como una plática de conservación de los valores, desde el hogar, para evitar conductas dañina para la sociedad y prevención para los jóvenes.
Ahí se pidió también a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que cumpla con su compromiso y responsabilidad, aun cuando esa parte de la Sierra no le favoreció con el voto, pero señalan que es importante que se mantenga, para evitar que se siga extendiendo la violencia a otros municipios.
Indicaron que las corporaciones militares y policicas saben de la situación que se vive en la Sierra.
Reiteraron que dan muestra de civilidad y piden que se valore por las autoridades y se prevenga, porque es muy importante para evitar la réplica de situaciones violentas y no sea necesario que los pueblos se armen.
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, advirtió que el plan de desarrollo para la región Sierra no plantea la pacificación de la zona, y consideró que es un documento hecho desde el gabinete.
Dijo que no se toca el tema de la violencia y “se expresa una visión desde arriba con conceptos propios, objetivos y estrategias desde arriba”.
Expuso que en el diagnóstico se plasma “lo que ya sabemos de las características de la región, lo que todo el mundo conoce de la región Sierra”.
Criticó que no haya propuestas para lograr la pacificación mediante el desarrollo, “en el capítulo de financiamiento esperaba ver un apartado para carreteras, que es la demanda principal, tiene que haber un esquema para construir caminos que garanticen el tránsito en la región”.
“Lo chusco es que se refieren a que del presupuesto de cada municipio se destine una parte del fondo de aportación, del Ramo 33, pero a los municipios no les vas a sacar nada, quieren sacarle a los 14 municipios mil 8 millones de pesos, y en sus predicciones hablan de que el presupuesto 2023 al 2027, se puede gestionar un incremento progresivo para que el 2027 sumen 2 mil 68 millones, quieren aumentar en cuatro años más de mil millones de pesos del Ramo 33, ahí se nota que no saben de planeación”.
Mencionó que en el foro de este lunes con funcionarios del gobierno del estado, los vecinos de la Sierra insistieron constantemente en la pacificación y la remunicipalización de la zona, “todavía llegó una alcaldesa (la de Atoyac, Clara Bello Ríos, de Morena), regañó a los asistentes diciendo que no tienen presupuesto, dijo que no pagan impuestos, entonces según sus propios datos: ¿no merecen ser apoyados los ciudadanos?”.
Consideró que si no se considera la remunicipalización, “no habrá avance, no se va a hacer nada en la Sierra, jamás le llegará el dinero directo si no tiene municipios”.
“Todas las regiones socioeconómicas de todos los estados del país tienen regiones integradas por varios parámetros: la cultura, el medio ambiente, alguna cuenca, su historia, y la Sierra será la única sin municipios, es algo ilógico, y más si mandan el tema de presupuesto a quitarle un poco a los ayuntamientos. Nos ven como entenados y quieren que andemos mendigando las obras, esa es su conclusión de un asistente a la reunión de ayer (el foro del lunes).
Además advirtió que “el año siguiente es el año de Hidalgo, es el último año de gobierno de los municipios y los políticos usan los recursos que quedan para su siguiente campaña, que se reeligen, que brincan a una curul, ahí se gastan el dinero. Desgraciadamente sin la municipalización de la Sierra no va a pasar nada”.
Consideró que en el documento no se habla de la pacificación de la zona porque “los políticos aunque se digan de izquierda tratan de maquillar la realidad, decir que en Guerrero no hay focos rojos, y está la matanza en Chichihualco a unos kilómetros de Chilpancingo, no se puede ocultar la realidad pero no se quiere reconocer”.
Para la pacificación dijo que son necesarios programas de gobierno que lleguen directamente a la población, y contribuyan al empoderamiento de las comunidades, y que sean éstas las decidan cómo se va a usar.
Propuso, “que la Guardia Nacional actúe, que el Ejército y la Policía del Estado actúen conforme a la ley, para que por todas las comunidades se pueda transitar, porque hay lugares donde no pueden bajar ni por víveres y fertilizante”.
Afirmó que es posible, pues para perseguir en 1974 a la última columna de combatientes del maestro guerrillero Lucio Cabañas, el gobierno desplegó 25 mil soldados: “¿crees que la Guardia Nacional y el Ejército no pueden garantizar el libre tránsito?”.
Llamó a impulsar el desarrollo productivo, que el programa federal Sembrando Vida siga y se amplíe, “y a quienes ya están en el programa que tengan el apoyo para vender sus productos, necesitamos que el precio de garantía impacte porque es muy bajo, se necesita el empoderamiento del pueblo, si vamos recomponiendo el campo podremos construir la cultura de paz”.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reiteró que en Guerrero, “hay gobierno y hay gobernadora”, y refrendó su compromiso de “fortalecer” el estado de derecho que Guerrero merece.
Lo dijo ayer durante la entrega de los premios al Mérito Jurídico por el Día del Abogado, en una ceremonia por primera vez a puerta cerrada, a la que sólo asistieron sus invitados, funcionarios y trabajadores del gobierno del estado, a tres días de que más de tres mil pobladores de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec, irrumpieron violentamente en Chilpancingo, sede de los tres poderes del estado, y allanaron el edificio del Poder Legislativo y ocuparon el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
La gobernadora entregó medallas y diplomas a los galardonados de los premios jurídicos Alberto Vázquez del Mercado, a la abogada Azucena Pineda Guillermo y a Víctor Manuel Nava Casarrubias. Mientras que la presea Teófilo Olea y Leyva se le otorgó a los juristas América Guadalupe Bautista Salgado y Caritino Maldonado Guzmán.
“Hemos encontrado el cauce para mantenernos en la ruta de la legalidad, del diálogo, de la coordinación, de la transparencia y de la gobernabilidad, basando nuestro ejercicio en ideales y en principios básicos que nos han permitido salir adelante como gobierno”.
Agregó que el primer principio básico de su gobierno es que “siempre vamos a ser promotores del diálogo y de la reconciliación, que es lo que nuestro estado necesita; la conciliación, el diálogo y la pacificación”.
El gobierno de Salgado Pineda ha sido criticado en los últimos tres días en las redes sociales por no aplicar la ley a quienes irrumpieron violentamente en Chilpancingo el lunes, retuvieron a 13 policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y funcionarios de Gobernación del estado y uno federal, y se apoderaron del vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad estatal.
Además de que entraron al Palacio de Gobierno y al Congreso local, derribando las rejas de ambos edificios con el vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Pública, algo nunca antes visto en la entidad.
Explicó que este primer principio básico, no es por el interés de no hacer cumplir la ley, “al contrario, usamos todas las herramientas que la propia ley nos brinda para sacar adelante todos y cada uno de los problemas, siempre con la premisa que existen mecanismos de resolución de conflictos más efectivos que la propia fuerza”.
Expresó que el segundo principio básico es que “somos un gobierno que no tolera la corrupción, y en este sentido, jamás seremos cómplices ni tapadera de actos contrarios a la ley”.
La advertencia de la gobernadora llega cuando hay señalamientos en contra de la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez por dos videos que circulan en las redes sociales en los que se le ve desayunando y dialogando con el jefe del grupo delictivo de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Salgado Pineda indicó que el tercer principio básico de su gobierno es que promueve y protege los derechos y libertades, “no permitimos la represión, la violencia, pero tampoco vamos a permitir nunca las presiones o el chantaje”.
Añadió: “Con pasos firmes y determinantes, con legalidad y con transparencia, estamos dando soluciones a los problemas viejos y a los conflictos nuevos. Jamás rehuiremos de nuestra obligación, de nuestro trabajo y del absoluto amor que tenemos de estar al frente de este gobierno”.
Casi para finalizar su discurso, expresó: “Hoy son momentos de unidad, de estar todos unidos, no son momentos de decir yo soy de este partido, de esta profesión, yo pertenezco a este barco que se llama Guerrero y estamos trabajando por la pacificación de nuestro estado, unidos y unidas”.
Salgado Pineda destacó el papel de los profesionales del derecho y de la ley en Guerrero, “a la luz del interés por fortalecer el estado de Derecho y por garantizar en todo momento que se cumpla la ley, sin embargo, dijo, el equilibrio constitucional se condensa en la frase juarista: Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.
La ceremonia se realizó a puerta cerrada en el salón Cuicalli, y como ya es costumbre en todos los actos del actual gobierno, se impidió el acceso a la prensa.
La gobernadora fue acompañada por el presidente del Poder Judicial Raymundo Casarrubias Vázquez y de la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,Yanelly Hernández Martínez, así como de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
También estuvieron el senador y padre de la gobernadora Félix Salgado Macedonio y el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
La abogada Azucena Pineda Guillermo, una de las que recibieron el premio, llamó a superar los desequilibrios sociales y combatir desigualdades históricas y estar comprometidos con el cambio, la equidad y la inclusión, pues afirmó que “ya no hay espacio para el machismo o el patriarcado”.
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, y los obispos de las diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús Hernández González; de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta y de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga, se reunieron el lunes con la gobernadora Evelin Salgado Pineda.
De la reunión se informó apenas ayer en la página de Facebook de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y de la gobernadora Salgado Pineda.
“Fue una reunión muy cordial, hablamos de algunas preocupaciones de hechos que vemos en nuestras diócesis y a la vez buscaremos coordinar algunas estrategias para pacificar al Estado e impulsar acciones que atiendan las causas que originaron estas situaciones, bajo el objetivo común de construir la paz y el bienestar del pueblo de Guerrero”, se informó en la página de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.
Se informó que “hay esperanza de llegar a algún acuerdo común y comprometernos a dar pasos aunque sean pequeños para el bien común”.
Y se agregó que “el bien común fue la línea del diálogo entre nosotros los obispos y la gobernadora del estado.
Por su parte la gobernadora Salgado Pineda sólo informó que recibió al arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, y a los obispos de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, González Hernández y de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta, así como a vicarios de las diferentes diócesis y arquidiócesis”, pero no mencionó al obispo de Tlapa.
“En este encuentro sostuvimos un diálogo respetuoso y constructivo, bajo el objetivo común de contribuir con el bienestar de nuestro pueblo”, escribió.
En la conferencia de prensa con motivo de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2023, el 18 de mayo pasado, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, González Hernández anunció que se reunirían a fin de mes para expresarle nuevamente sus opiniones con respecto al problema de la violencia en la entidad.
Con ésta serían dos las veces que se reúnen los obispos con la gobernadora. El mismo 18 de mayo González Hernández informó que ya se habían reunido antes pero no precisó cuándo, sólo anunció que continuarían la reunión a finales de este mes.
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, reiteró su llamado a las madres para que ayuden a su gobierno para pacificar la ciudad inculcando valores a sus hijos, lo anterior durante la entrega de apoyos económicos a madres solteras.
En declaraciones después de entregar apoyos económicos, actos que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Vicente Suárez, la alcaldesa dijo que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano “falló” con el apoyo de 290 millones de pesos para sanear la bahía, los recursos se destinarían en la rehabilitación del colector de Manzanillo a Caleta- Caletilla.
“Falló Sedatu, (el secretario de Relaciones Exteriores) Marcelo Ebrard me está ayudando hablando con el secretario de Hacienda, y hace tres días me reuní con él y eso lo vamos a lograr gracias a la gestión de Marcelo, no de Sedatu”, declaró.
Como se ha informado en estas páginas Sedatu hizo el compromiso de destinar 290 millones de pesos para el saneamiento, luego de que el Ayuntamiento invirtió 29 millones de pesos en rehabilitar el colector de Nao Trinidad, en la avenida Costera.
En su mensaje en la entrega de apoyos a madres solteras, López Rodríguez dijo “quiero pedirles que me sigan ayudando a gobernar, cómo, quiero pedirles que le llenen el corazón a sus hijos, no es dinero cuando se habla de llenar el corazón (sino de amor)”.
“Ayúdenme a gobernar, vamos pacificando Acapulco, se que ustedes pueden hacer que nuestros hijos no se nos salgan de la mano, es doloroso de pronto cuando hay temas duros que de pronto no encontramos a nuestros hijos, pero hay que revisar a sus amistades, hay que revisar que está haciendo tu niño, tu niña”, argumentó la presidenta.
Por ello exhortó a las madres utilizar los recursos que reciben en educación, vivienda o en la alimentación de sus hijos; que el dinero que reciben es resultado de las buenas finanzas y transparencia de su gobierno.
En la ceremonia de entrega de los apoyos, la alcaldesa estuvo acompañada de regidores y funcionarios, explicó que el apoyo que reciben único, es de 3 mil pesos a mil 333 madres solteras, con una inversión de 4 millones de pesos.
Por su parte la secretaria de Bienestar y Desarrollo Comunitario, Leticia Lozano Zavala en su intervención dijo que de acuerdo con datos del Inegi en Guerrero tres de cada 10 mujeres con hijos viven su maternidad solas y tienen un promedio de dos hijos.
“Esta cifra ha venido disminuyendo ya que el año 2000 el promedio era tres hijos, a nivel nacional en México se estima que siete de cada 10 madres solteras son económicamente activas y el promedio de edad recurrente es de 20 a 29 años, representando un 51 por ciento, mientras que el 21 por ciento es de mujeres con menos de 20 años, por esta razón la presidenta incluyó a las madres que día con día trabajan y hacen magia para llevar un sustento a su hogar”, puntualizó la secretaria de Bienestar.
Norma Mesino, Martha Obezo y Diana Hernández –hija del luchador social asesinado Ranferi Hernández– alzan sus puños frente al próximo subsecretario Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas en el Foro Escucha Acapulco. Por La Pacificación y Reconciliación Nacional celebrado con la asistencia de mil 200 víctimas, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos e integrantes de organizaciones sociales de Guerrero ayer en el Centro de Convenciones Foto: Carlos Alberto Carbajal
“Ya ni sabemos quiénes son los sicarios y quiénes los gobernantes”, dicen víctimas
Las autoridades están ligadas al crimen organizado, señalan y esperan que López Obrador no les defraude en su demanda de justicia. Afirman que si ganó la Presidencia fue “por el dolor y el baño de sangre” que ha dejado la violencia en el país
Karina Contreras
Durante el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional. el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, escuchó los reclamos de justicia para las víctimas de asesinato y desaparición forzada en Guerrero.
En un ambiente de dolor y con voz llorosa, las madres de los desaparecidos o viudas pasaron al micrófono para pedir justicia directamente al futuro funcionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y dijeron que si habían llegado ahora al poder, era en gran parte por el dolor de las víctimas. Mientras que la señora Margarita López Pérez dijo que ya están hartos y hasta la madre y quieren justicia para sus hijos.
Durante la plenaria, que se dio antes del inicio de las mesas de trabajo, la presidenta del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso, madre del abogado desaparecido el 4 de junio del 2014 en Chilpancingo, Josué Molina Rodríguez, pidió que el gobierno de López Obrador no los defraude “porque si llegaron al poder es por este dolor” y porque creen que habrá justicia.
“Si llegaron al poder fue por todo el dolor, este baño de sangre que hay en toda la República. Por eso decidimos apoyarlos porque ya no tenemos otra esperanza, porque el gobierno en turno ha sido de impunidad, ha sido corrupto y ligados al crimen organizado, ya no sabemos quiénes son los sicarios y quiénes son nuestros gobernantes”. Dijo que son cuatro años que le han cerrado el acceso a la justicia, que “me han negado una denuncia en todos los lugares”.
Aseguró que ha sido revictimizada porque “no tan solo he tenido que investigar y aportar lo que yo he investigado acerca de mi hijo, sino que me han amenazado, me han seguido y me han querido levantar, pero el dolor que llevó se ha convertido en un coraje al grado de exponer mi vida y la de mi familia, pero el grito de dolor y de coraje no lo podemos ocultar”.
Añadió con sollozos que hay mucho padres y madres a quienes les negaron el acceso a la justicia y que llevamos años esperando que “nos reciban la investigación, porque nosotros somos los que investigamos y estamos hasta la madre y por eso le pedimos a este nuevo gobierno que no nos defraude”.
Señaló que están enfermos por tanto coraje y dolor “he luchado cuatro años para encontrar a mi hijos y aún cuando he aportado todas las pruebas no he encontrado justicia”. Dice que salen a investigar pero no saben si van a regresar. Al nuevo gobierno les demandan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Acusó al gobernador Héctor Astudillo de criminalizarlo y no darles resultados, pero además los hizo a un lado de identificación de cadáveres que están en la Semefo, “solo aceptó dos grupos de colectivos y a cuatro o cinco nos invitaron”.
Aseguró que mientras no encuentre a su hijo nadie la va callar y con un llanto desgarrador expresó: “Al mundo entero le grito que quiero justicia para mí, para los 43 de estudiantes y los miles y miles de desaparecidos. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Hijo, escucha, tu madre esta en la lucha”.
Mientras que la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo, aseguró que toda esa descomposición social no estuviera la nivel que está si no hubiera ocurrido el descabezamiento de uno de los tres poderes en el estado, en referencia al asesinato de su esposo hace nueve años. Le dijo a Alejandro Encinas que estuvo presente en las exequias y que los abrazo. Le recordó que él ha visto como el expediente ha sido mutilado y cómo ha sido revuelto.
Indicó que todos son crímenes de altísimo impacto social y donde el 99 por ciento quedan impunes y la Fiscalía se debería llamar “Fiscalía de carpeteria por los miles de casos sin resolver”. Pidió a Alejandro Encinas que ese asesinato no quede en la impunidad así como la desaparición de los 43 y los miles de casos porque Guerrero necesita justicia, es un reclamo generalizado.
“Pido justicia no solo para mi esposo asesinado sino para quien tenía la representación del poder popular, no era un diputado más o político más. En Guerrero no se toca a los poderosos, Zeferino Torreblanca Galindo goza de total impunidad, nadie quiere tocarlo, ha habido nueve fiscales y no pasada nada”, dijo.
Indicó que al nuevo gobierno no le van a entregar un cheque en blanco sino que van exigir justicia.
Mientras que Norma Mesino pidió justicia para sus dos hermanos, Miguel y Rocío Mesino, porque ya no quieren que los casos de impunidad se acumulen todos los días, pues esa impunidad que hay en el país ha permitido que muchos hogares haya luto y muchos no encuentren a sus familia, por eso exigen justicia. Que la federación investigue y castigue a los culpables, “queremos justicia, pero con la verdad, ni perdón ni olvido”.
Mientras que Margarita López Pérez preguntó que dónde estaban las garantías que todas las madres deben tener y narró que su hija fue secuestrada en Oaxaca, donde fue torturada, violada y decapitada. Aseguró que están cansadas de todas las organizaciones y colectivos vividos que viven a costillas del dolor, “queremos ser atendidos de manera personal”. Se quejó de que si no se pertenece a un colectivo no son atendidas y lo que quieren es justicia para sus hijos.
Mientras que la hija de Ranferi Hernández también pidió justicia y verdad así como castigo caiga quien caiga, pues “ya basta de simulación y queremos las cosas bien”.
Por su parte, el vocero del colectivo Siempre vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, expuso el caso de sus hermanos asesinados en noviembre del 2014 en municipio de Quechultenango, donde criticó que Néstora Salgado ha sido postulada para senadora porque dijo que sus hermanos eran delincuentes.
Señaló que son víctimas del crimen organizado y “aquí están unos paisanos de Marcos Matías que se ostentan como indígenas, pero son los peores asesinos, porque ellos les cortaron las manos a mis hermanos vivos, los decapitaron, los torturaron, los quemaron y las cabezas están en Quechultenango, a tres cuadras del Ayuntamiento”. Dijo que si no hay justicia no puede haber perdón ni olvido.
El viejo régimen, vigente y busca impunidad, dice el próximo subsecretario de Gobernación
Inaugura Alejandro Encinas el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional. Subraya que en el próximo gobierno no habrá simulación y que será prioridad la atención a las víctimas y “garantizar su derecho a la memoria, a la verdad y la justicia, a la reparación del daño y la garantía de no repetición”. Renunciará si no da resultados, dice el encargado del proyecto de formar comisiones de la verdad para casos emblemáticos como el de Ayotzinapa en el que, reiteró, “vamos a ir a fondo” para castigar a los responsables sean militares o políticos
Karina Contreras
El senador electo y futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inicia el 1 de diciembre, “no vamos incurrir en simulación, va a ser un compromiso real”.
Al inaugurar el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional, ante familiares de desaparecidos y asesinados y organizaciones y activistas de derechos humanos, y que se llevó a cabo en el salón Teotihuacan del Centro Internacional Acapulco, Encinas Rodríguez subrayó que en esa dependencia no va a estar “de florero” porque “mi compromiso es dar resultados, si no dejaré el cargo”.
El encargado de organizar comisiones de la verdad en el país para casos emblemáticos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclacó que se va a necesitar de la sociedad para pacificar el país, pues aunque la izquieda con Andrés Manuel López Obrador y Morena ganó las elecciones “el viejo régimen sigue vigente, hay intereses y esos van a querer permanecer ahí”.
Antes de que Encinas empezará hablar los presentes comenzaron a corear la palabra “Justicia”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y pasaron lista del uno al 43, en referencia a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi cuatro años en Iguala. Desde la entrada al Centro Internacional Acapulco fueron colocadas mantas con imágenes de guerrerenses desaparecidos y asesinados y lo mismo sucedió en el presídium y a los costados de éste.
En su mensaje, Encinas señaló que estaban ahí para recuperar uno de los principios fundamentales de lo que debe ser un buen gobierno, el de “volver a escucharnos y escucharnos para construir entendimientos, en ellos asumir compromisos para poder superar las adversidades que hoy venimos arrastrando durante muchas décadas”.
Sobre los testimonios de madres de víctimas que escuchó durante la plenaria, Encinas Rodríguez señaló que es “indudable el nivel de agravios personales, familiares, colectivos que hemos sumado no sólo en Guerrero sino en todo el país, y quiero decir de principio con toda claridad, vamos a romper con el pasado, vamos a acabar con la simulación”.
Aseguró que en el centro de las preocupaciones del nuevo gobierno están las víctimas y “el reclamo de las víctimas es justicia, pues si queremos paz tiene que haber justicia y tenemos que acabar con la impunidad”
Añadió que esa tiene que ser una tarea colectiva porque no es un asunto que nada más atañe al gobierno, aunque es su principal responsabilidad”. Señaló que el deber del estado es dar las garantías para vivir en paz y tranquilidad donde la gente se sienta segura y tenga la tranquilidad de preservar su familia y su patrimonio, y esos son los enormes retos que se tienen.
Señaló que el cambio requiere de una transformación profunda y de la participación de la sociedad, y por eso el objetivo de los foros es ir construyendo las bases en cómo la comunidad también asumirá sus responsabilidades para que con el apoyo pleno del gobierno “vayamos a emprender no solo una nueva estrategia en materia de seguridad pública sino una nueva visión de la comunidad en nuestro país”.
Encinas Rodríguez precisó que no solo es un asunto de seguridad pública ni de policías, pillos y ladrones o de gobernantes corruptos o autoritarios, sino de reconstruir la base de la convivencia social, de que se pueda recuperar la esperanza con una visión de futuro. El futuro funcionario indicó que la seguridad la tienen que enfrentar con una visión distinta y “que dé respuesta a los agravios que se han cometido a decenas de miles de guerrerenses y mexicanos en el país”.
Indicó que por eso la prioridad deben ser las víctimas y “garantizar su derecho a la memoria, a la verdad y la justicia, que no haya impunidad y que el gobierno actúe en cumplimiento de su responsabilidad y velar y garantizar los derechos humanos fundamentales, el derechos a la verdad, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. Queremos acabar con la impunidad y tener memoria para que todos estos hechos lamentables no se repitan”.
Subrayó que este nuevo gobierno tiene que constituir una nueva relación de confianza con la población y esa relación solamente podrá construirse con hechos, “con resultados, por eso estamos aquí, no vamos a incurrir en simulación, en la responsabilidad que voy asumir como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en el próximo gobierno a partir del 1 de diciembre. Va ser un compromiso real, no voy a estar de florero, vamos a asumir compromisos para tener resultados y si no hay resultados tendré que separarme de este encargo”.
Pero añadió que se necesita del apoyo porque “sí ganamos las elecciones, pero el viejo régimen sigue vigente y vamos a enfrentar resistencia y vamos a afectar intereses; y esos intereses van a querer prevalecer en la impunidad, pero nosotros vamos hacer nuestro esfuerzo para que no suceda”.
Añadió que tienen que asumir que con el pueblo de Guerrero hay “una deuda histórica, porque la violencia y la pobreza en este estado es un proceso sistemático y continuo, que los vivimos desde hace muchas décadas con las desapariciones en la Guerra Sucia, que lo seguimos viviendo en estos momentos de desapariciones y de homicidios extrajudiciales o por particulares donde la famosa guerra contra el narcotráfico se convirtió una guerra contra el pueblo de México y aquí en Guerrero contra los dirigentes sociales, políticos, contra los jóvenes estudiantes”.
Subrayó que como ha asumido el compromiso con las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa “vamos a ir al fondo, no sólo a abrir la investigación, vamos a deslindar las responsabilidades para que sea quien sea el responsable de las atrocidades, homicidios o desapariciones en este estado sean castigados, sean un militar, armada, sea un servidor público, un gobernador. No puede haber impunidad y ese es el compromiso de nuestro presidente electo y del equipo de gobierno, y espero que entre todos y todas hagamos realidad este cambio para la vida digna y con paz en todo Guerrero y todo el país”.
Hay una grave situación en Guerrero
Ya en conferencia de prensa, en el salón Dolores Olmedo, a Encinas se le preguntó sobre la reacción de víctimas y ONG de que el foro para el Plan de Pacificación del cual consideran que se le ve poca perspectivas ante la actitud asumida de “olvido no, perdón sí” y dijo que se tiene que asumir que primero el país ha vivido una ausencia enorme de espacios de discusión y reflexión y que “evidentemente cuando se abre un espacio, luego de años de vacío enorme donde el gobierno dejó de escuchar a la población viene esta situación”.
Indicó que el valor de los foros es que lo están haciendo las víctimas y eso es de gran valía, e insistió que quieren tener un dialogo real que construya acuerdos y compromiso que se conviertan en políticas públicas, porque “no solo son foros de denuncia, son foros para identificar dónde están los problemas e identificarlos, ya se va pasar de la denuncia a la protesta”. Añadió que lo que se escuchó en la plenaria es el “reflejo de la gravísima situación que vive Guerrero”.
Indicó que desde hace tiempo se han dado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y mucha violencia y sobre las denuncias que recibió las divide en tres aspectos: “violaciones graves a derechos humanos provenientes de instituciones del Estado mexicano y el ejemplo más claro es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzina-pa; en segundo lugar niveles de violencia que provienen de particulares, específico, de la delincuencia organizada y ejemplos lo que ha pasado en Chilapa, son muy claros, y en tercer lugar lo que tiene que ver con la descomposición del tejido social”.
Señaló que esto habla de una ausencia de estado, no solo de Guerrero sino del gobierno federal, donde muchas están ocupadas o “están bajo el control de otros poderes distintos a los constitucionalmente establecidos y es un reto para revertir esta situación”. Agregó que hay la necesidad de que el “estado vuelva a recuperar el control del territorio, mientras que la autoridad legítimamente constituida no se establezca de nueva plena en cada centímetro cuadrado esos problemas van a desaparecer”.
Encinas Rodríguez dijo que conocen la situación de Iguala y la gestión del ex alcalde José Luis Abarca y su relación con la delincuencia organizada. Adelantó que se va hacer el análisis especifico de lo que sucede en Iguala y que tendrán un foro similar específicamente con la problemática de ese municipio. Sobre qué falta para pacificar el país, respondió que aplicar la justicia, ese es el primer paso y “acabar con la impunidad y aplicar plenamente la justicia así como castigo a los irresponsables”.
En Acapulco no hay autoridad
En el acto estuvo el arzobispo Leopoldo González González y sobre la violencia en Acapulco, el cual es gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre, Encinas dijo que es muy claro que en muchas comunidades del municipio no hay autoridad, quien tiene el control de las zonas son los grupos fácticos vinculados con la delincuencia organizada.
Indicó que lamentablemente Acapulco se ha convertido en el municipio más violento del país y paradójicamente han pasado por aquí todos los operativos: han estado la Marina, el Ejército, la Policía Federal y “ha sido un fracaso, hay evidencias de ello, no han funcionado, es evidente que la presencia policiaca por si mismo no resuelve los problemas”.
Encinas Rodríguez dijo que se tiene que ir a atender las causas que originan este nivel de violencia, pues “aquí con las fuerzas de seguridad estatal y locales no se ha resuelto la violencia de manera significativa”. Aseguró que la impunidad que hay en Acapulco ha llevado a estos niveles. Sobre si la situación no se resuelve con más policías, entonces por qué el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va dejar al Ejército y la Marina en las calles, Encinas Rodríguez precisó que el objetivo de la seguridad ciudadana es que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, pero lo harán cuando el Estado mexicano tenga las capacidades institucionales suficientes para que la federación, los estados y municipios puedan cumplir con la vigilancia de las personas y su patrimonio.
Subrayó que no se tiene las capacidades para garantizar la seguridad en muchos estados y municipios del país por lo que “estamos hablando que aquí falló la estrategia, lo cual implica rediseñar la forma en la que incluso las fuerzas armadas participan en este operativo que constitucionalmente debe atender lo civil”. Agregó que es urgente restituir la presencia de la autoridad en el territorio.
La pacificación del país, la encomienda más importante del próximo gobierno: Loretta Ortiz
La coordinadora del proceso dice que en tres años comenzará el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles. Creará López Obrador Tribunal Penal para la Paz y fiscalías especializadas en desapariciones, anuncia
Karina Contreras
La coordinadora del proceso de pacificación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortiz Ahlf, adelantó la creación del Tribunal Penal para la Paz, con el objetivo de “juzgar a todos”, así como de las fiscalías especializadas.
Adelantó que el nuevo tribunal va tener adscritos a jueces especializados en desapariciones forzadas, las cuales se van a complementar con la Comisión de la Verdad así como una Comisión de Investigación. Sobre la continuidad del Ejército y la Marina en las calles dijo que van a estar tres años y de ahí van a proceder a retirarlo a sus cuarteles, pues se debe tener policías capacitados e integrados que puedan dar seguridad a los ciudadanos.
Aseguró que la encomienda más importante del próximo gobierno es lograr la pacificación del país y adelantó que el 24 de octubre se van a dar a conocer las propuestas sintetizadas de los foros que se están haciendo para dar las líneas de gobierno y lanzar el “plan de pacificación”.
En conferencia de prensa en el salón Dolores Olmedo, en el Centro Internacional Acapulco (CIA) la futura funcionaria federal adelantó que el 24 de octubre López Obrador va recibir todas las propuestas y ese será el último foro.
Indicó que cuando inicien el gobierno el 1 de diciembre tienen que tener claro las líneas de gobierno y también lanzar el plan de pacificación en el país. Dijo que los foros son exitosos porque la gente ha acudido y las han escuchado, así “nosotros nos damos cuenta cuál es el reclamo de la sociedad”.
Calificó como inédito porque nunca se habían “tomado la molestia y menos un gobierno entrante de escucharlos” y muchos han dicho que ya no quieren perder a un hijo más por lo que les piden que busquen las vías de pacificación porque no desean que siga la violencia.
Indicó que la pacificación es una proceso de todos y que las propuesta que se den en los foros van a servir para formular un plan de pacificación del país y además “salgan las futuras leyes para lograr este propósito, por eso la importancia de recabar todo esta información”. Indicó que en los foros sobresale el problema de las policías comunitarias y es un problema que se tendrá que revisar.
Señaló que hay varias víctimas de las Policías Comunitarias y “vamos a tener que dialogar con las autoridades, si es el caso hacer una reforma a la Constitución de Guerrero para poder adecuar a que en ningún caso se violen derechos humanos y eso no puede estar permitido en ningún lado; hay instrumentos internacionales que nos obligan al respeto de los derechos humanos, independientemente que sea una policía comunitaria”.
Señaló que debe estar desde la Constitución y si se cometen esos excesos que se han cometido por lo que “vamos a dialogar para que se hagan las reformas constitucionales”.
Se le dijo que el 27 de julio el pleno del Congreso local aprobó la reforma que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores al artículo 14 constitucional en material de reconocimiento de los pueblos originarios.
El texto aprobado por 42 diputados, votó en contra la diputada de Morena, se eliminó las palabras “policías comunitarias y rurales” del artículo constitucional, que rige a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
Y el argumento del gobernador Héctor Astudillo para esas reformas es para que no se haga mal uso de esa figura y que la fracción de Morena, que tendrá mayoría, ha dicho que hará una controversia constitucional y si va hablar con éstos para analizarla primero, tomando en cuenta los problemas que han encontrado por la violación a los derechos humanos, y respondió: “Sí, el diálogo va ser plural obviamente porque no podemos aceptar que una policía comunitaria viole derechos humanos, no puede ser, la Constitución del estado esta por debajo de la constitución política y se establece en el Artículo 1 que tiene que haber respeto a los derechos humanos”.
Ortiz Ahlf subrayó: “No podemos tener una policía comunitaria que no esté sujeta al respeto de la vida y de los derechos fundamentales de los demás”. Sobre el perdón que se ha pedido a las víctimas y dijo que es personal para reconciliarse internamente, pero “no el perdón jurídico, primero habrá justicia”. Sobre la amnistía señaló que no se va dar en un delito donde haya habido violencia lo que son crímenes de lesa humanidad, feminicidos, desapariciones, ejecuciones, tortura, “no va proceder y en estos casos no hay perdón ni hay olvido”.
Indicó que lo que exigen los afectados es justicia y de manera adecuada por lo que se va contemplar en un proyecto de ley, cuando terminen los foros y recabando toda la información para hacer las políticas públicas. Aseguró que se van a revisar todas las propuestas, incluyendo la propuesta de la iglesia de dialogar con los responsables de la violencia.
Sobre las policías, dijo que se tiene que dar una capacitación verdadera, pues aunque se dice que ya están certificados hay una “simulación, hay algunos que están bien preparados, aspiramos a tener una de las mejores policías que ha tenido el país”. Indicó que en México hay 300 cárteles y la guerra contra el narcotráfico no ha servido porque “matas a uno y salen más o detienes a uno y se reparten el pastel, esto se combate de esta manera sino con inteligencia de Estado”.
Aseguró que no habrá impunidad y se va castigar a los responsables de la violencia, pero además habrá cero tolerancia con la corrupción. Advirtió la futura funcionaria que se va atender toda el problema de los desaparecidos, incluyendo a los de la Guerra Sucia. Finalmente, sobre si habrá operativo especial para Guerrero, respondió que no podría decirlo así, pero que si se tendrá cubierto todo el país. Van más de mil 200 al foro por la paz; instalan más de 90 mesas de trabajo
Discuten plan de seguridad pública, feminicidios, la desaparición de personas, extorsiones, el rompimiento del tejido social y sus propuestas para restituirlo, hasta la legalización de la amapola
Karla Galarce Sosa
Luchadores sociales, habitantes de comunidades de diversas regiones de Guerrero, líderes y integrantes de colectivos de víctimas de la violencia, promotores de la legalización del cultivo de amapola, académicos, médicos, integrantes del sector salud, asistentes sociales, agricultores, representantes religiosos, miembros del CECOP, las policías comunitarias e interesados en el tema de construcción de paz participaron en el foro de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional convocado por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador.
En la planta baja del Centro Internacional Acapulco (CIA), fueron dispuestos cuatro grandes salones para albergar a los poco más de mil 200 asistentes, quienes en grupos de hasta 15 personas, conformaron unas 90 mesas, en las cuales se discutieron temáticas que iban desde las propuestas sobre un plan de Seguridad Pública, feminicidios, la desaparición de personas, extorsiones, el rompimiento del tejido social y sus propuestas para restituirlo, hasta la legalización de la amapola con miras a disminuir los índices de violencia en comunidades productoras.
Aunque se estimó que el foro concluiría a las 3 de la tarde, algunas mesas de los salones, identificados con las letras de la A a la C, concluyeron hasta hora y media después.
El organizador del foro Escucha Acapulco, Javier Morlet Macho informó que la mesa de víctimas “bajo condiciones de aislamiento”, fue una de las de mayor atención.
A dicha mesa, identificada con la letra C, acudieron el próximo subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Ahí, los participantes expusieron sus dolorosas experiencias ante los moderadores y demás participantes, quienes dijeron posteriormente que imperaba un ambiente de profundo dolor, enojo, impotencia y en ocasiones de resignación por las pérdidas de familiares e incluso por el desplazamiento del que fueron víctimas por la inseguridad. No obstante expectativa con la entrada de un nuevo gobierno.
Las conclusiones serán enviadas a Loretta Ortiz Ahif, designada para coordinar los foros donde se reunirá la información mediante un proceso de sistematización para el plan de gobierno y para el proceso de construcción de la paz.
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González dijo antes de llegar a las mesas, que el espacio permitiría el conocimiento de la realidad desde un punto de vista “más cercano y detallado”, además de que se vislumbraba la ratificación de “medidas para reconstruir la paz que todos anhelan y se escucharían nuevas propuestas”.
La guía del diálogo
La guía o cuestionario base para reunir las participaciones al foro, fue el eje medular del desarrollo de las escuchas.
Dicho cuestionario está constituido por seis bloques que fueron los temas a abordar por los asistentes: problemas sociales, violencias, víctimas, pacificación y construcción de paz, y reconciliación.
En el primero bloque se plantean tres preguntas: la primera el participante identificó los tres principales problemas sociales de su comunidad, municipio o región. En la segunda se pide identificar “lo que más preocupa del problema de las drogas” y “cuál considera que debiera ser la política sobre drogas”.
En el bloque de violencia se les pide identificar las formas de violencia que mas preocupan en su comunidad, cómo se manifiestan y se propone destacar cinco de 24 “más importantes”, entre las que se destacan los homicidios, las ejecuciones, la violencia escolar, la violencia de las autoridades, el desplazamiento, el tráfico de migrantes, entre otras. En una cuarta pregunta del segundo bloque, también se preguntó al participante cuáles son los factores que contribuyen a las violencias de su comunidad y se pide marcar solo cinco de 26 sugeridas.
De dichas sugerencias estuvieron: la falta de educación familiar y valores, falta de salario digno, falta de trabajo y empleo, falta de apoyo a las actividades productivas, falta de programas, presupuesto o interés de las autoridades; discriminación contra los grupos por ser pueblos originarios, apariencia o condición social u otras; programas en medios de comunicación con contenido violento; violaciones a los derechos humanos, ejercicio de la violencia por parte de la autoridad, presencia de caciques, corrupción, impunidad, conflictos delincuenciales, conflictos por tierras, territorios, insuficiente presencia de fuerzas armadas y otros.
En el tercer bloque dedicado a las víctimas se plantearon tres preguntas. La primera si se había sido víctima de violencia directamente o en su familia. La segunda cuestionó quiénes son las principales víctimas de las violencias y cuáles son los grupos que el participante identificó como los que requieren más apoyo si se quiere construir la paz y cómo hacerlo.
En el bloque cuatro de la guía, identificado como “pacificación y construcción de paz” estuvo conformado por cuatro preguntas que pidieron definir los conceptos de paz, las acciones para su construcción, las propuestas para evitar que se repitan las situaciones de violencia y el papel del gobierno, empresarios, iglesias, para construir la paz.
El quinto bloque de la guía, acerca de las acciones de gobierno, estuvo conformada por siete preguntas, las cuales cuestionan acerca del papel del gobierno, lo que se requiere para fortalecer la pacificación, sugerencia de actores en dicho proceso, y se pregunta la opinión de la despenalización de la marihuana y otras drogas.
En una de las preguntas de ese bloque hay “acciones prioritarias” sugeridas de un listado de 15 que el participante considere más importantes, en ellas están “encarcelar con procesos justos a quienes cometen delitos; legalización del consumo de algunas drogas; legalización de la producción de algunas drogas; liberar a jóvenes, mujeres, campesinos con delitos menores; alternativas para reinsertar a quienes infrinjan la ley; sacando a la luz pública la verdad de los hechos; promoción de mensajes en medios de comunicación; negociar o dialogar con todos los antores, incluidos aquellos que hayan cometido algún delito; reuniones de diálogo entre los ciudadanos y reencuentro entre grupos; acciones sociales de apoyo a las víctimas; atención integral; reconocer los derechos humanos por las autoridades y sociedades en general”.
En el sexto y último bloque titulado “reconciliación” se pregunta para qué, así como las propuestas para que la haya en el municipio, comunidad o región del participante.
Al final de la guía o cuestionario se anotó: “las preguntas anteriores han sido formuladas por un grupo de expertos y no reflejan los puntos de vista de las/los responsables del proceso de Foros Escucha”.
Asisten familiares de víctimas emblemáticas de la violencia en Guerrero
Entre los asistentes se vio a la líder de la OCSS, Norma Mesino, cuya hermana Rocío de los mismos apellidos fue asesinada hace casi cinco años; Ernestina Aguilera, hermana del periodista Leodegario Aguilera Lucas, desaparecido hace 14 años; la viuda del presidente de la Comisión de Gobierno, del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares Detenidos desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en agosto de 1974.
El luchador social preso político de fines de los 1970, Eloy Cisneros Guillén; el integrante de la Comisión de la Verdad que se formó en el segundo gobierno de Ángel Aguirre, Nicomedes Fuentes; el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández; Obtilia Eugenio y Cuauhtémoc Ramírez de la OPIM; Rodolfo Chávez del Cecop, representantes de la CRAC, de Raíz Zubia y del Colectivo Guerrero es Primero,.
También estuvieron el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, el coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Guerrero, el sacerdote Octavio Gutiérrez Pantoja, las feministas Rosa María Gómez Saavedra y María Luisa Garfias; universitarios que han sido víctimas de la delincuencia como una maestra que fue secuestrada en el 2012 en una colonia de las más violentas de la ciudad.
También llegaron al foro la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, los diputados locales electos de Morena, encabezados por el futuro delegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Zeferino Gómez Valdovinos, Mariana Guillén, regidores electos de Acapulco, el enlace nacional de Morena, César Núñez Ramos y el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña, además de varios ex perredistas y ahora morenistas.
El secretario de Finanzas en el gobierno de Rogelio Ortega, Eliseo Moyao Morales, Norberto Refugio Chamú, el ahora integrante del grupo Pro AMLO, Apolinar Segueda Dorantes y Misael Medrano Baza.
Además del ex alcalde de San Luis Acatlán, , Genaro Vázquez Solís, hijo del ex guerrillero Genaro Vázquez Rojas, y el ex diputado federal Marcos Matías Alonso.
