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Piden los padres de los 43 que el Mecanismo de la CIDH esté más tiempo en el país

 

Formalmente el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro no formará parte del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, como se anunció originalmente, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica explicó que debido a que el comisionado Enrique Gil Botero fue nombrado relator especial para México, asumió la coordinación del Mecanismo, no obstante Cavallaro está pendiente del caso.
Aclaró que desde el punto de vista de las víctimas el movimiento de relator no tiene implicación alguna en los resultados, porque Botero “es una persona muy comprometida, una de las voces más críticas de la CIDH, estamos ante un mecanismo con plena independencia, y se pudo constatar con la primera visita”, dijo sobre la reunión con los padres de familia en la Normal Rural de Ayotzinapa este viernes.
Indicó que su posición fue contundente, en el sentido de que la tesis del basurero de Cocula está rebasada, que representa un “buen debate político” (decir que los estudiantes fueron quemados y tirados a un río), y se tiene que avanzar en otras líneas de investigación.
De los padres señaló que hicieron hincapié en que la CIDH pueda tener presencia más tiempo en el país, y que el mecanismo pueda trabajar casi de lleno en el caso Ayotzinapa.
Recordó que el Mecanismo no es como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se creó exclusivamente para este caso, la diferencia es que éste forma parte de la comisión ejecutiva de la CIDH, “tienen alguna limitante, esperamos que eso se salve”.
Aclaró que oficialmente los integrantes del Mecanismo son Gil Botero y el secretario ejecutivo, y el equipo técnico operador lo conforman cinco miembros de la Secretaría Ejecutiva. Es decir formalmente Cavallaro no es parte del Mecanismo pero “está pendiente”, subrayó.
Estimó que en las siguientes visitas de los integrantes del Mecanismo habría actividades públicas, no así en las visitas del equipo técnico que por mandato puede estar en el país el tiempo necesario para su labor.

Reunificar el movimiento en Guerrero para el 12 de diciembre

De las actividades con los padres de familia adelantó que están preparando reuniones en las regiones del estado para reunificar al movimiento social el 12 de diciembre en Chilpancingo, para recordar que dos estudiantes de la Normal fueron asesinados en un desalojo a balazos en 2011.
El representante de los padres de familia, Melitón Ortega detalló que están construyendo la ruta para convocar a las organizaciones de Atoyac, Tlapa y de Costa Chica a una marcha estatal.
Aunque se aclaró que la acciones confirmadas son conmemorativas de la Revolución Mexicana el 19 y 20 de noviembre en la Ciudad e México con nietos del general Villista Felipe Ángeles, y de uno de los hermanos Flores Magón, están en pláticas con historiadores, entre ellos Paco Ignacio Taibo II para que asistan a las acciones.
Rosales Sierra explicó que hay un movimiento para rescatar una de las imprentas que tenían los hermanos Flores Magón, en este encuentro participarán los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

 

Autoriza el Congreso el regreso de Ramírez Crespo a Cocula y exonera a la alcaldesa de Apango

Con el rechazo de Movimiento Ciudadano y Morena, el Congreso local aprobó ayer el dictamen por el que se deja sin efectos la licencia y se autoriza la reincorporación en el cargo del alcalde de Cocula, el perredista Erick Ulises Ramírez Crespo, quien estuvo preso ocho meses en un penal de máxima seguridad acusado de delincuencia organizada.
También se aprobó el dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, y en consecuencia el caso no será turnado a la Comisión Instructora.
Este jueves el Congreso local celebró dos sesiones ordinarias en las que resolvió los casos de Cocula y Apango.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, autoriza a Ramírez Crespo su reincorporación al cargo de presidente municipal.
El pasado 3 de noviembre Ramírez Crespo informó que había solicitado al Congreso una prórroga para que no se tocara el tema de su reincorporación hasta que existieran las condiciones de seguridad para que regresara a Cocula, luego de la amenaza en su contra que se dejó en un mensaje clavado con un picahielos en el pecho del director de tránsito del municipio, Luis Alberto Bahena Mora, asesinado 27 de octubre.
En el documento se lee que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito revocó el auto de formal prisión dictado en contra de Ramírez Crespo, acusado de delincuencia organizada, y en consecuencia se dictó Auto de Libertad con las reservas de ley.
“Por lo tanto, al C. Erik Ulises Ramírez Crespo, le asiste el derecho para incorporarse al cargo y funciones de presidente municipal, por el hecho de haberse resuelto jurídicamente el motivo por el cual esta Legislatura ordenó llamar a asumir el cargo a su suplente”, se lee en el dictamen.
El documento establece que no se acreditó la responsabilidad de Ramírez Crespo en la comisión del delito que se le imputaba, razón por la que se ordenó su libertad y se dejó sin efectos el decreto que ordenó llamar Carlos Alberto Duarte Bahena para asumir como alcalde suplente.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos con el aval del PRI, PVEM, PRD y PT, mientras que Movimiento Ciudadano y Morena votaron en contra.
Por su cuenta, la Comisión de Examen Previo que preside el priista Saúl Beltrán Orozco, presentó el dictamen por el que se declara improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Apango, Felicitas Muñiz, militante de Movimiento Ciudadano.
El dictamen fue aprobado a casi seis meses de la toma del palacio municipal, movimiento que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores que exigen la revocación de mandato de Muñiz Gómez, a quien acusan de nepotismo, desvío de recursos y corrupción.
La toma comenzó la noche del 17 de mayo y 14 días después el grupo opositor presentó formalmente ante el Congreso la denuncia.
En el dictamen, la Comisión expuso que no había elementos que supongan que Muñiz Gómez incurrió en irregularidades o en violaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre o a la Constitución del estado.
“Ha quedado previamente argumentada la inexistencia de actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución Política Local o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los Municipios, por lo que no se justifica un análisis de este punto para determinar la responsabilidad de la servidora pública denunciada”, se lee.
Otro de los elementos de los que se valió la Comisión de Examen Previo para declarar improcedente la denuncia fue la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por la que se ordena ejecutar los actos jurídicos y materiales que resulten necesarios, encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo de Felicitas Muñiz como presidenta municipal al considerar que se configuraba violencia política de género en su contra por parte de sus opositores.
Antes de la votación, se desató un debate que se extendió por más de una hora entre diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, pues los primeros consideraron que la comisión dictaminadora no se pronunció respecto a los señalamientos que existen en contra de la alcaldesa, principalmente el de nepotismo, pues consideraron que eso nada tiene que ver con asuntos de género.
Luego de la larga discusión, el dictamen fue aprobado por las fracciones del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Denuncian ante el MP la desaparición en Iguala de una mujer y su hija de 3 años que iban a Cocula, y de una pareja

 

En hechos distintos fue reportada ayer la desaparición de una mujer y de su hija de tres años ocurrida el domingo luego de que salieron hacia Cocula, y el viernes la de un hombre y una mujer de unos 40 años en Iguala.
Según fuentes policiacas ayer se presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la desaparición de una mujer y su hija de tres años, quienes son vecinas de la colonia 24 de febrero de esta ciudad y se les vio por última vez el domingo de la semana pasada cuando salieron hacia el municipio de Cocula, a visitar a unos familiares.
Según la información que familiares dieron a las autoridades, la última vez que tuvieron comunicación vía telefónica con Enriqueta de 36 años quien iba con su hija de tres años, les informó que la tenían en Cuernavaca, Morelos, por lo que sus familiares solicitaron apoyo de policías para su localización, sin embargo no la encontraron donde había dicho.
El esposo informó a las autoridades que el jueves le llamaron de un teléfono con lada de Cuernavaca, donde le informaban que tenía que ir solo por su esposa y su hija, pero hasta la tarde de ayer no las había localizado.
En un hecho diferente la tarde de este domingo fue reportada ante el Ministerio Público la desaparición de un hombre y de una mujer de unos 40 años, y según versiones de fuentes policiacas, ayer localizaron abandonado el taxi en el que se les vio por última vez el viernes.
Familiares de los desaparecidos dieron a conocer a las autoridades que el viernes la pareja salió a bordo del taxi número 261 de la colonia 28 de abril, al poniente de la ciudad.
Informaron que un día después localizaron abandonado el taxi en la colonia Adolfo López Mateos, el cual fue decomisado por policías estatales y puesto a disposición del MP.
Hasta la noche de ayer se desconocía el paradero de las dos personas y si es que se han comunicado con sus familiares para pedir algún tipo de rescate para su liberación.

 

Solicitan vecinos de Nuevo Balsas que gestione la Codehum un nuevo diálogo con la minera y el gobierno

 

Representantes de los habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, solicitaron este lunes la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para tener un nuevo acercamiento con los representantes de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold.
El grupo de inconformes de ese pueblo demanda de la empresa una indemnización de 500 mil pesos anuales ante la contaminación al medio ambiente y la disminución de la pesca, que era su principal ingreso y que ha disminuido hasta en un 70 por ciento.
La reunión más reciente que tuvo una comisión de habitantes de Nuevo Balsas con el gobierno del estado y la minera, fue el 14 de octubre pasado. En esa reunión estuvieron el subsecretario para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, y el encargado de relaciones comunitarias de Media Luna, Alejandro Bello Gómez.
En esa ocasión no llegaron a ningún acuerdo y los integrantes de la comisión de Nuevo Balsas se retiraron molestos; anunciaron incluso que bloquearían los accesos a la minera, ante la cerrazón a su demanda de indemnización.
Sin embargo ayer, acompañados por el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, demandaron la intervención del presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno para que el gobierno estatal y la empresa reanuden la mesa de diálogo.
El representante de Nuevo Balsas dijo al presidente de la Codehum que el gobierno del estado se ha colocado del lado de la minera debido a que recibió 50 millones de pesos para que la dejaran trabajar, mientras que los habitantes están sufriendo las consecuencias de la contaminación que provoca en el aire y en al agua.
Aseguró que el centro de salud está saturado de pacientes con enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel, y que los médicos les recetan medicinas que no hay.
Informó que para paliar un poco la situación, hace dos semanas la misma empresa minera envió a un grupo de médicos generales, cuando lo que se requiere son toxicólogos para que hagan estudios especializados a los pacientes.
Agregó que están seguros de que esas enfermedades son provocadas por la contaminación del aire generada por los trabajos de la minera, pues informó que el pueblo se encuentra a 2 kilómetros en línea recta de donde se hace la extracción a cielo abierto.
“Todo el polvo que producen lo lleva el viento al pueblo, si por la noche se lava un carro por la mañana amanece totalmente cubierto de polvo, que va mezclado con metales pesados”, y es ese mismo polvo el que respiran los habitantes del poblado, subrayó.
Dijo que los trabajos de la minera también contaminan el agua del río Balsas, que pasa a orillas del pueblo, de donde los peces han emigrado y la pesca ha disminuido hasta en un 70 por ciento.
Añadió que esto ha ocasionado que Nuevo Balsas, se convierta en un pueblo pobre, porque se ha terminado la principal fuente de ingresos.
El vocero de los inconformes denunció que la minera, “obviamente no va a reconocer” que está contaminando. Explicó que en las reuniones con sus representantes, éstos han dicho que hasta que tengan resultados científicos que comprueben que están contaminando van a aceptar su demanda de una indemnización de 500 mil pesos anuales.
El representante informó que actualmente un equipo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) hace estudios para comprobar si existe contaminación, pero que los habitantes desconfían de estos trabajos porque están financiados por la propia minera, “y desgraciadamente nosotros no contamos con recursos para mandar a hacer unos estudios imparciales”, dijo.
Demandó que los trabajos los hagan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), “que son instituciones más serias”.
El presidente de la Codehum respondió que la minera es una empresa particular y que el organismo no tiene facultad para intervenir, sin embargo se comprometió a gestionar una nueva reunión de los representantes de la compañía y el gobierno del estado con una comisión de los habitantes para reanudar el diálogo.

 

 

Amenazan otra vez a vecinos de Nuevo Balsas que denunciaron contaminación de la minera, informan

 

Pobladores de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, que han denunciado la contaminación que provoca la minera Media Luna, informaron que nuevamente los amenazaron presuntos miembros del crimen organizado.
“Atrévanse a instalar el plantón, para que vayamos por ustedes”, fue, según los inconformes, la amenaza que les hicieron vía telefónica a los dirigentes del movimiento.
La advertencia les llegó dos días después de que denunciaron que la minera ocultó el derrame accidental de 5 mil litros de cianuro en el cerro el Limón, y de que filtraron un audio en el que un ingeniero y un trabajador de la empresa reconocen la contaminación que provoca la minera y las consecuencias que provocará a futuras generaciones.
Uno de los dirigentes declaró que están convencidos de que las amenazas provienen del crimen organizado para amedrentarlos, luego de que han advertido que volverán a bloquear los trabajos de la mina si no tienen respuesta a su demanda de indemnización de 500 mil pesos anuales por los daños ambientales que han disminuido la pesca, la principal actividad económica de los habitantes de Nuevo Balsas.
Informó que fueron cuatro los líderes del grupo que recibieron las llamadas telefónicas con la misma amenaza. Aseguró que uno de ellos, incluso ya abandonó el movimiento, “yo no quiero tener problemas, los dejo”, les habría dicho a sus compañeros.
Acusó que la minera está recurriendo a las amenazas para que no sigan manifestándose contra la contaminación y exigiendo la indemnización. Reconoció que con algunos de sus compañeros está cumpliendo su objetivo, pero que el resto está dispuesto a correr el riesgo y seguir adelante.
Informó que el próximo lunes se reunirán en Chilpancingo con el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, para entregarle un oficio dirigido al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a quien insistirán en una audiencia con él para plantearle de manera directa el problema.
Informó que, dependiendo de la respuesta que reciban, determinarán el plazo para realizar los nuevos bloqueos a la minera, como ya lo habían acordado.
Desde el 6 de septiembre pasado, los vecinos de Nuevo Balsas denunciaron en esta capital amenazas, “al parecer de la delincuencia organizada”, para que dejen el movimiento que pide una indemnización de 500 mil pesos a la minera Media Luna por daños al medio ambiente, además de empleos para los residentes del lugar.
La denuncia la hicieron en conferencia de prensa en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo.
Después, el 20 de septiembre, los inconformes fueron visitados por dirigentes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales, y denunciaron que la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold que explota las minas Media Luna y Guajes-El limón, cerca de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, “ocultó” en febrero pasado, un mes antes de que fuera inaugurada, el derrame de unos 5 mil litros de cianuro combinado con agua en las faldas del cerro del que extrae oro y plata.
Ese mismo día, dijeron que directivos y trabajadores de la minera están conscientes de la grave contaminación que provocan al medio ambiente y de las consecuencias para los habitantes de la zona. Incluso entregaron un audio de una conversación entre un ingeniero de la minera y un vecino de Nuevo Balsas, en el que el funcionario de la empresa confirmó que la cal que utilizan para evitar que el cianuro que desechan contamine, no lo elimina completamente y que sólo lo “neutraliza”.

 

Provocan la minera Media Luna y el gobierno divisiones de vecinos de Nuevo Balsas, señalan

 

Pescadores y habitantes de Nuevo Balsas, Cocula, insistieron en su advertencia de tomar las instalaciones de la minera Media Luna con el apoyo de organizaciones sociales si la empresa no cumple las demandas de indemnización, y de dar empleos a los pobladores.
Responsabilizó a Media Luna y al gobierno del estado de provocar división entre vecinos de Nuevo Balsas, al no tomar en cuenta a todos y sólo negociar con algunos.
“Están bajo advertencia de que si no hay respuesta positiva se va a bloquear de forma pacífica, con el apoyo de las organizaciones”, declaró ayer vía telefónica el presidente de una de las ocho cooperativas de pescadores, que pidió el anonimato ante posibles represalias, en respuesta a la información dada por autoridades comunales y representantes de la mina.
Acusó que el comisario municipal, Pastor Miranda, y el presidente del Comité Ciudadano, Mario Arrieta, “al pueblo no le han informado absolutamente nada de los acuerdos que han tomado, y sólo están engordando su bolsillo al recibir dinero de la mina para no apoyar el movimiento”.
En relación a la nota publicada en El Sur este miércoles, en la que las autoridades comunales informaron de la aportación de un millón 995 mil pesos de los seis millones de pesos del fideicomiso, el pescador señaló que ninguna de las obras mencionadas, como una cancha techada de usos múltiples y baños, se ha iniciado, y que además estos proyectos no traen ningún beneficio para el desarrollo del pueblo, el que tampoco ha sido informado de éstas.
Citó el caso de la petición del grupo del comisario municipal para la pavimentación de la carretera donde estaban las vías del ferrocarril, una zona que, dijo, “es la guarida de La Burra, es donde se esconde y donde él se mueve”, dijo en referencia a Uriel Vences Salgado La Burra o El 50, líder de una célula de la organización La Familia Michoacana responsable de secuestros masivos en esa zona, “ellos van a pavimentar ahí para que siga haciendo sus travesuras, es donde se les escapó la vez pasada, y lo único que van a hacer es mandarle mucha gente”.
Insistió que, lo que quieren los vecinos de Nuevo Balsas son fuentes de empleo y la indemnización a los pescadores que han sido afectados en sus ingresos a causa de la contaminación de la mina.
Afirmó que en Nuevo Balsas la pesca es la principal actividad económica de unos 400 pobladores, y que si algunos han buscado otros oficios es por la afectación que dejó la mina, que provocó la caída de este sector hasta en un 90 por ciento.
Denunció que a pescadores de tres cooperativas que han sido tomadas en cuenta en las reuniones, les están condicionando apoyos y los amenazan con expulsarlos de esas cooperativas si apoyan el bloqueo.
Señaló que el centro de salud está abandonado y que cuando la gente busca atención no hay médicos, además que la ambulancia que dice la mina que donó al pueblo ya tiene varios meses abandonada en un terreno del Ayuntamiento de Cocula, porque está descompuesta.
A pregunta hecha, el líder de la cooperativa informó que la gente del pueblo desconoce el supuesto estudio que hacer la Universidad Autónoma de Guerrero de la contaminación de la mina, y que tampoco han informado el comisario ni el presidente del comité ciudadano.

Ejecutan a un hombre en Chilpancingo y a otro en Cocula; van 127 homicidios en la capital

 

Ayer un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Brasil de la colonia Nueva Imagen en la periferia de la capital, y en Cocula, sicarios asesinaron a un hombre dentro de su casa frente a sus familiares.
En lo que va del año en la ciudad suman 127 víctimas en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 8:30 de la mañana de ayer recibieron el reporte de que en ese asentamiento, cerca de la colonia Rosario Ibarra, estaba el cuerpo de un hombre en un camino de terracería.
Al lugar acudieron policías municipales y estatales y confirmaron la presencia del cuerpo de un hombre tirado boca abajo.
La víctima de unos 30 años vestía una playera roja, un pantalón de mezclilla y zapatos café.
Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes hicieron las diligencias.
El cuerpo no fue identificado y fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

El ejecutado en Cocula fue atacado hace seis meses

La tarde de ayer sicarios ejecutaron a balazos a un hombre en el Barrio de la Concepción en la cabecera municipal de Cocula, en la zona Norte del estado, la víctima fue atacada en su casa frente a sus familiares.
Minutos después de las 2 de la tarde tras un reporte de una balacera al número de emergencias 066, agentes de la Policía Estatal confirmaron el asesinato de un hombre de 39 años.
Fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado informaron que en una vivienda de la calle Juan Álvarez de ese barrio fue hallado un hombre que fue identificado por sus familiares como Aurelio.
Según testigos, hace seis meses el hombre fue atacado a balazos y asistía a rehabilitación al Centro de Salud de la cabecera municipal de Cocula.
Se dio a conocer que minutos después de llegar a su casa luego de su rehabilitación, llegaron dos hombres armados a bordo de una motocicleta, irrumpieron en su casa y le dispararon, los criminales huyeron sin que nadie intentara detenerlos.
La zona fue acordonada por policías estatales y ministeriales. Peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público (MP) se encargaron de las diligencias y al término el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.

Sigue suspendida la pesca y el transporte tras amenazas de sicarios en Nuevo Balsas, Cocula

Pescadores y otros vecinos de la comunidad de Nuevo Balsas, Cocula, cumplieron ayer cuatro días sin poder pescar luego de que el miércoles fueron amenazados por presuntos miembros de la delincuencia organizada quienes impiden la entrada y salida de vehículos de carga y del transporte público.
En la tarde policías comunitarios y agentes federales con base en ese poblado persiguieron a dos hombres en la comunidad de Atlixtac, en ese municipio, los hombres huyeron y abandonaron una motocicleta con reporte de robo en la que viajaban.
Consultado vía telefónica ayer cerca de las 3 de la tarde, uno de los pescadores del Nuevo Balsas quien se reservó su nombre por seguridad, informó que la situación estaba tranquila aunque confirmó que la pesca y el transporte público seguían suspendidos desde el miércoles tras la amenaza de sicarios.
Informó que los pobladores siguen con temor por la amenaza que hicieron presuntos delincuentes de que los detendrían y quemarían, luego de la detención de cinco supuestos extorsionadores a los que quisieron linchar los vecinos de Nuevo Balsas.
Dijo que la situación con la pesca y el transporte público seguía igual, y dio a conocer que en la comunidad sólo había seguridad de agentes de la Policía Estatal que tienen una base en la que hay unos 30 agentes.
Dijo que no hay confianza de los pobladores hacia los policías estatales ante la sospecha que sirven a los delincuentes, “no, esos valen pa’ puro grillo, no sirven… esos yo creo han de estar con ellos (los delincuentes)”.
Insistió en que hasta ayer todo estaba detenido, la pesca, el transporte público y la entrada y salida de camionetas de carga en la que transportan la mojarra.
A pregunta hecha dijo que desconoce si ya habían tenido comunicación con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Cerca de las 5 de la tarde de ayer, policías comunitarios de Nuevo Balsas y agentes de la Policía Estatal, persiguieron a dos hombres armados que iban a bordo de una motocicleta en la comunidad de Atlixtac.
Según fuentes policiacas, pobladores de Atlixtac reportaron a los comunitarios la presencia de hombres armados a bordo de una motocicleta y al llegar unos 26 comunitarios en tres camionetas apoyados por los policías estatales, ubicaron a dos hombres en una motocicleta a los que les marcaron el alto.
Se informó que las personas al ver a los comunitarios intentaron huir, lo que desató una persecución entre las calles Vicente Guerrero y Morelos de la comunidad de Atlixtac, los presuntos pistoleros abandonaron la motocicleta y huyeron corriendo.
Los policías estatales decomisaron la motocicleta de montaña Italika negra con naranja sin placas, la cual tras rastrear su número resultó con reporte de robo.

Enviará peritos la PGR a investigar los restos de Coacoyula, dice el vocero de seguridad del GCG

 

El vocero único de seguridad del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que la Procuraduría General de la República (PGR) enviará a Guerrero a trabajadores para colaborar en la identificación de los restos óseos localizados en el paraje El Mirador de la comunidad de Coacoyula, en Iguala.
En conferencia de prensa en su oficina en el edificio Centro del Palacio de Gobierno, detalló que se estableció contacto con la PGR para que colabore en la identificación de los restos encontrados este 17 de mayo en el paraje de esa comunidad de Iguala, en los límites con la comunidad de Apipilulco, Cocula.
Dijo que ya se había informado que se enviará a trabajadores de “áreas internas” de la PGR para que ayudaran en el análisis y evaluación de los 50 restos humanos encontrados el miércoles.
Agregó que de momento los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron los análisis de los restos encontrados este martes y miércoles. En referencia a los primeros 50 huesos de al parecer cuatro osamentas y el primer día, y 12 más al siguiente.
El vocero dijo que se está integrando una carpeta informativa que se irá “alimentando a efecto de que la próxima semana” y convocará a los medios de comunicación para dar los reportes de la investigación.
“Sabemos que dichos restos fueron localizados, embalados, resguardados y enviados a los servicios periciales de la Fiscalía para que continúe el análisis”, abundó.
Comentó que la zona fue resguardada, además de que continuará la búsqueda de más restos óseos en los terrenos adyacentes, donde fueron encontrado los primeros.
Informó que el empresario de materiales de Chilapa, Cándido Núñez Hernández está privado de su libertad junto a su esposa Carmen Cervantes, sus dos hijos Aldo Núñez y Arturo Núñez además de un sobrino menor de edad.
Dijo que las primeras indagatorias hechas por la FGE reportan que hasta ayer no se ha presentado “ninguna comunicación” de los presuntos captores.
“El secuestro no se da hasta que se pide un rescate, por lo que se desconoce el motivo de la desaparición”, expuso.
Reveló que agentes ministeriales localizaron el vehículo en el que se trasladaba la familia en Chilapa.
Por otra parte, en un boletín de prensa publicado en la pagina oficial del gobierno federal, se dio a conocer que la PGR trabajará de manera coordinada con la FGE en relación del hallazgo de restos óseos.
En el escrito se da a conocer que desde le pasado martes cuando se encontraron los restos, el Ministerio Público (MP) de la federación estableció comunicación oficial con las autoridades de Guerrero para ofrecer la intervención de los peritos de la PGR.

Acuerdan continuar el bloqueo comunidades afectadas por la mina Media Luna en Cocula; cumple 10 días

Pobladores y pescadores de la comunidad de Nuevo Balsas, Cocula, y de las comunidades que los apoyan, acordaron en asamblea continuar con el bloqueo de los accesos a la minera Media Luna hasta que responda a sus demandas; ayer cumplieron 10 días de protesta en demanda de una indemnización ante la contaminación.
En declaraciones vía telefónica la tarde de ayer, un representante de los pescadores informó que, tras la asamblea de la noche del jueves, cuando se dio a conocer a los vecinos la propuesta del secretario general de Gobierno, Floreció Salazar Adame, con quien se reunió una comisión más de cuatro horas en la sala de capacitación de la mina, el acuerdo por mayoría fue seguir en los bloqueos de los tres accesos y el campamento de los mineros de forma indefinida.
El jueves, desde las 10:50 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, se reunieron con la comisión de pescadores y habitantes de Nuevo Balsas, donde los enviados del gobierno estatal les pidieron que levanten los bloqueos cinco o 10 días para dejar operar la mina, y que en ese periodo de tiempo se entablarían las mesas de negociación.
La fuente consultada, que pidió el anonimato por las acciones penales emprendidas por la mina contra los plantonistas, dijo que los pobladores rechazaron el ofrecimiento porque lo consideran como una estrategia de la mina que en ese lapso de tiempo se puede abastecer de material como el cianuro, víveres y suministros que necesitaría para seguir la explotación de oro y plata, en caso de que la gente les vuelva a cerrar los accesos, y recordó que en el bloqueo que hubo en septiembre la empresa minera usó la misma estrategia.
Declaró que ante la actitud del gerente de la mina, David Alduenda, que se ha negado a negociar con los pobladores y, “aventó la amenaza de que a ver quién aguanta más, y ahora se trata de un juego de resistencia para ver quién aguanta más, si el bloqueo o mina”.
Informó que hay más represalias contra los trabajadores de la mina que han apoyado el bloqueo, ya que supieron que, a través de cámaras de seguridad de la mina y de personal de la empresa, han registrado los nombres de los trabajadores que han visto en los bloqueos, por lo que no descartaron que haya más despidos.
La fuente consultada informó que se agregará a la minuta de peticiones que no haya represalias contra ninguno de los trabajadores de Media Luna.
Dijo que, hasta la tarde de ayer la situación en los diferentes bloqueos era pacífica y descartó la posibilidad de que vayan a intentar entrar al complejo minero, ante la sugerencia de sus abogados para no darle “armas” a la mina, que use en su contra.
Sin dar fecha, habló que una comisión de pescadores y pobladores que acudirá al Congreso del estado para solicitar la intervención de los diputados en este conflicto, ante la contaminación que hace la mina del agua del río y el aire, y su negativa a negociar la indemnización de los pobladores afectados.
Advirtió que la postura de los habitantes de Nuevo Balsas, la Fundición, Atzcala, Real de Limón y San Nicolás, es de no quitarse de los bloqueos y seguir de forma indefinida, “ya estamos aquí y no nos vamos a quitar”.