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Se retrasan obras en el Centro porque falta arreglar el cableado subterráneo, dicen trabajadores

 

Ayer aún estaba pendiente la pavimentación de unos 300 metros de la calle José María Iglesias, en el Zócalo de Acapulco, que se van a pavimentar hoy; el retraso, según trabajadores, fue porque aún no terminan de arreglar el cableado subterráneo.
Durante un recorrido a las 2 de la tarde, se observó a más de 100 trabajadores, algunos pintando las fachadas de las casas de la avenida Hidalgo, otros arreglando detalles de las banquetas o barriendo los residuos de tierra de la calle recién pavimentada. Tampoco se permitía el paso de vehículos porque aún se estaban arreglando los últimos detalles de la pavimentación de las calles.
En tanto, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiraban el cableado aéreo, y arreglaban el subterráneo en el tramo de la calle José María Iglesias que está pendiente de pavimentar, y que se prevé se termine de pavimentar hoy.
El domingo, cuando el alcalde Evodio Velázquez Aguirre recorrió con una delegación de empresarios chinos las obras, en declaraciones a reporteros dijo que estaría terminada el martes.
Las calles Ignacio Ramírez, La Paz e Hidalgo ya están terminadas, pero en la calle José María Iglesias falta un tramo, el que conecta la avenida Hidalgo con la calle Quebrada; uno de los trabajadores dijo que no se terminaría, porque “se pidió el material para mañana (hoy), cuando se va a trabajar en el colado”.
El trabajador dijo que “mañana (hoy), estará lista toda la obra; nos hemos retrasado porque aún hay algunos pendientes con el cableado subterráneo”.

Continúan las obras en el centro de la ciudad a unas horas del Tianguis

A unas horas del inicio de la cuadragésima segunda edición del Tianguis Turístico de Acapulco, los trabajos de pavimentación en calles cercanas al Zócalo, del corredor turístico cultural, continuaban ayer al mediodía; faltaba el concreto de la banqueta en la avenida Hidalgo, pavimentar un tramo de José María Iglesias y colocar tapas del cableado subterráneo.
La encargada de la supervisión de la obra, la asesora Luz María Meraza dijo que espera que el lunes, “estemos trabajando en los últimos colados”, ya que se trabaja en dos turnos y en un “tiempo record de dos meses”, que llevó termina la obra. Estimó que para el martes se podrá abrir a la circulación vehicular.
Algunos trabajadores laboran día y noche sin parar, llenando la mezcladora del concreto, aplanando la tierra para tirar la mezcla, tapado los hoyos que abrieron para introducir tubería, pintando guarniciones, barriendo las calles para retirar el exceso de tierra y colocando piedras donde se colocó un reloj de torre.
María Meraza, quién acudió a supervisar la obra, dijo que “son 37 millones de pesos los que se invirtieron en la pavimentación de la calle José María Iglesias, la avenida Hidalgo desde el Zócalo hasta conectar con la avenida Adolfo López Mateos (donde se pavimentó una parte el carril que va hacia la Quebrada), la calle La Paz, la Benito Juárez e Ignacio Ramírez”.
De porqué no se cumplió con la entrega como dijo el alcalde Evodio Velázquez, el 25 de marzo, es decir el sábado pasado, respondió que, “el alcalde es muy entusiasta, metas ambiciosas, pero cuando inician los trabajos ya estaba la obra inducida, nos encontramos que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) tenía instalaciones que se hicieron polvo, y hubo necesidad de cambiar la red, el drenaje, agua pluvial”.
Explicó que eso retrasó la obra “unos días, porque es una cosa menor, y esto que estoy diciéndote, mañana queda en el transcurso del día”. De la circulación de los vehículos dijo que lo consultaría con el alcalde, pero “por seguridad” de los trabajadores de la obra, están planeando abrir el martes.
Del reloj que se colocó frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), dijo que “la idea es crear iconos a la ciudadanía, porque no se seguían dando (…), hay que darle a la ciudad estos referentes que se requieren; el reloj, no hay en Acapulco, rescatar esos valores en la zona tradicional y son muy tradicionales y referenciar un tanto con su entorno”.

Queda un mes de vigencia a la Ley 701 que reconoce a la CRAC; pide que se ratifique

A un mes de que la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena quede sin efectos y pierda vigencia, las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación porque a partir del 16 de marzo quedarán indefensos, y ante la persecución del gobierno.
En la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores Joaquín Rentería Guevara, León Ponce, y el vocero Sabás Aburto Espinobarros llamaron al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y a los diputados locales, a mantener la ley que reconoce los derechos y la cultura indígena, así como sus formas de seguridad en la Constitución.
Los integrantes de la CRAC señalaron que pese a que la ley será derogada y quedará “muerta”, la organización seguirá trabajando, como antes del 2011 cuando fue promulgada. Sin embargo son conscientes de que no tendrán ningún respaldo legal frente a las instituciones de justicia establecidas, es decir, el Estado los desconoce como autoridad y sus aprehensiones y reeducaciones serían un delito.
El coordinador Aburto Espinobarros dijo, “nosotros seguiremos operando, pero sin esa ley no se hubiera liberado a Nestora Salgado” y advirtió que si se deroga va a haber más problemas con los integrantes de la CRAC, “porque se van a facilitar órdenes de aprehensión en su contra, porque no va a haber una ley que los proteja”. Además se que podría aumentar la confrontación y la persecución del gobierno.
Mencionó que bajo la Ley 701 se exige la liberación de sus compañeros presos políticos,  Gonzalo Molina González, Arturo Campos y Samuel Ramírez, “en eso insistimos”.
Los coordinadores reclamaron que desde noviembre pasado acordaron con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, una reunión con el gobernador antes del periodo vacacional de diciembre, y hasta ayer no se había concretado, ahí solicitarían mantener la Ley 701 sin cambios.
Además plantearían un presupuesto para equipar a todas las casas de justicia, porque hay muchas carencias en los policías comunitarios que cumplen una función de seguridad en las comunidades.
El 1 de febrero luego de una protesta en el Congreso local una comisión de la CRAC entregó a los diputados locales 164 actas para que la Ley 701 quede como está.

Exigen indemnización pescadores de Petacalco, La Unión, a 10 meses del derrame de combustóleo en el río Balsas

 

 
Dirigentes de cooperativas pesqueras de la comunidad de Petacalco, en el municipio de La Unión, exigieron una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para hablar sobre la indemnización de la empresa Flensa, ante la contaminación que provocó el derrame de combustóleo al río Balsas en febrero de este año.
Ayer viernes, en la plaza principal de Petacalco, el dirigente pesquero, Gilberto Barrera Reyes, acompañado del comisario municipal de esa localidad, Epifanio Reyes Ramírez, y del presidente de la cooperativa Delfín, Arturo Vargas Ramos, así como de una decena de representantes de cooperativas pesqueras, ofreció una conferencia de prensa para decir que a 10 meses del derrame de combustóleo en el río Balsas, el gobierno del estado no ha citado a los representantes legales de la empresa responsable del derrame para que indemnice a los pescadores.
El 13 de febrero de este año, en la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en el puente Dr. Ignacio Chávez, que atraviesa el brazo izquierdo de la desembocadura del río Balsas y que es el límite entre los estados de Guerrero y Michoacán, una pipa con doble tanque que transportaba 32 mil litros de combustóleo, de la empresa Flensa SA de CV, se volcó y derramó todo el combustible directamente al río.
La mancha del combustóleo llegó al mar, afectando a mil 200 pescadores de la zona de Petacalco, por lo que desde marzo de 2016, iniciaron las gestiones ante el gobierno del estado para que la empresa de transporte de carga especializada se responsabilizara de la afectación que el derrame ocasionó al sector pesquero y que cubra una indemnización ante la mengua de la pesca en la zona.
El gobierno del estado pagó más de 1 millón de pesos a un especialista para que hiciera un estudio sobre la contaminación provocada; sin embargo, pese a las muchas reuniones que los pescadores han tenido con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado, no ha sido posible que éstos citen a la empresa para que atienda la exigencia de indemnizaciones.

La empresa responsable del derrame es propiedad de un familiar de Enrique Peña Nieto, denuncian

“Nos enteramos de que la empresa Flensa es propiedad de un familiar del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a lo mejor por eso no han querido tocarla”, dijo Gilberto Barrera.
Indicó que, “estamos viendo que el tiempo se pasa y a 10 meses del derramamiento, no ha sido posible que nos atiendan; nosotros estamos pidiendo una audiencia personal con el gobernador, Héctor Astudillo, para hablar con él, para pedirle que atienda al sector pesquero de Petacalco, que tenemos meses sin buenos ingresos, porque toda nuestra zona de pesca está contaminada, el río donde anidaban las especies de peces está muerto, todo se acabó, ya estamos desesperados”, relató el dirigente pesquero.
A pregunta expresa, Barrera Reyes, quien también encabeza movimientos sociales contra de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en Petacalco y propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que también esa planta generadora de energía resultó afectada por el derramamiento del combustóleo, “sus turbinas se afectaron, con la diferencia de que ellos sí demandaron a la empresa y ésta les condicionó el retiro de la demanda a cambio de que les siguieran surtiendo del combustóleo, se arreglaron en otros niveles”.
Luego, advirtió que de no haber una respuesta del gobernador, “no nos va a quedar más remedio que volver a la movilización; hemos sido pacientes y hasta agradecidos con el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado en todo este proceso, pero queremos que nos reciba el gobernador, que escuche nuestras propuestas y nuestras demandas, por eso, si el lunes no tenemos una respuesta, no nos va a quedar de otra más que movilizarnos, aunque resulten terceros afectados”, advirtió.

Se compromete el ex comisario de Mohoneras acusado de fraude a pagar el recibo de la CFE

 

El ex comisario de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, Mario Castillo Barrientos se comprometió este lunes ante una comisión que encabezó el comisario interino, Francisco Cuevas Ramírez, a pagar el recibo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el servicio de energía eléctrica para el bombeo del agua potable.
Vía telefónica, el comisario interino informó, asimismo, que esta semana comenzarán las gestiones ante el gobierno del estado y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para que se integre una comisión que abra la base que dejó abandonada la policía comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), donde suponen que torturaba a sus detenidos.
Cuevas Ramírez informó que, independientemente del dinero que se comprometió a pagar el ex comisario a la CFE, debe rendir un informe ante los ciudadanos del pueblo, para que aclare el destino que dio a los apoyos gubernamentales que recibió para el pueblo y que, sin embargo, solamente entregó a ciudadanos que apoyaban al FUSDEG.
Agregó que también los comités pro-festejos de los barrios y colonias tienen que rendir informes y entregar a las nuevas autoridades locales los recursos que obtuvieron de las cooperaciones del pueblo.
El comisario interino informó que, una comisión de ciudadanos acudió nuevamente este lunes a la casa del ex comisario Mario Castillo para pedirle el dinero que tiene para el pago a la CFE, pero explicó que se encontraba acompañado de otras personas de su grupo, quienes trataron de presionarlo y cuestionaron su legitimidad, acusándolo de que no lo eligió el pueblo.
Sin embargo, dijo que fue electo en asamblea el domingo 13 de noviembre, cuando asistieron, como representantes del gobierno municipal, Humberto Calvo Memije y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya.
Pero agregó que no acudió a esa reunión el ex comisario ni nadie de su grupo, quienes ahora no quieren reconocerlo como comisario interino.
Explicó que con ese argumento, en la reunión de ayer se negaban a entregarle el dinero que deben pagar a la CFE. Posteriormente pretendieron entregarle 5 mil pesos de los 14 mil 500 que tienen que pagar a la paraestatal.
Dijo que después argumentó que no tenía el recibo y que desconocía qué cantidad tiene que pagar, y que al final, Castillo Barrientos y su grupo se comprometieron a pagar el recibo de noviembre, cuando el fontanero les presente el recibo.
Cuevas Ramírez, añadió que, sin embargo, este acuerdo no resuelve el problema de fondo, puesto que el anterior comisario y su comité tienen que rendir un informe al pueblo de todos los apoyos que recibieron para beneficio del pueblo.
Agregó que también tienen que rendir sus informes financieros y de actividades los comités pro-festejos de los barrios y colonias porque también recibieron recursos de las cooperaciones del pueblo.

 

No ha detenido del todo la CFE la construcción de la presa La Parota, dicen organizaciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los gobiernos federal y estatal, no han parado por completo las actividades de la construcción de la presa La Parota, se establece en el informe que entregó el lunes pasado la coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
El documento señala que antes que detenerse los trabajos en la presa, “por el contrario, parecen seguir avanzado, ya que la CFE y el gobierno del Estado de Guerrero han hecho diversas manifestaciones de continuar con su construcción y han realizado actividades para promover su realización, como es la publicación de convocatorias de licitaciones públicas internacionales en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que empresas se sumen a la construcción”.
Las agrupaciones advierten que “se siguen poniendo en peligro los derechos, territorios, viviendas y tradiciones” de comunidades de los municipios de Acapulco, San Marcos y Juan R. Escudero.
También denuncian que desde 2003, cuando se intensificaron las acciones, se han cometido abusos a derechos humanos, a los derechos indígenas, a la tierra y el territorio, a la vida digna; asimismo, señala que se han cometido acciones de intimidación y amenazas, criminalización, y detenciones arbitrarias y agresiones contra los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
El proyecto de La Parota, en Guerrero, es uno de los 60 casos que organismos ambientalistas, de derechos humanos y organizaciones sociales incluyeron en su informe México: Empresas y Derechos Humanos, entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, y se encuentra en el apartado Energía (hidroeléctricas y eólica).
El informe menciona que la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota se viene planeando desde 1976, cuando se hicieron los primeros estudios técnicos, pero que es a partir de 2003 cuando la presa comienza a tomar mayor relevancia, “tanto por el nivel de insistencia por parte de la CFE, como por el nivel de rechazo y resistencia organizada a partir del CECOP”.
Se denuncia que a raíz de la lucha en contra del proyecto, varios de los integrantes del Consejo han sido sujetos de amenazas y criminalizaciones de diversos tipos, como los casos de Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de la Cruz Dorantes Zamora y Julián Blanco Cisneros. Los dos primeros fueron acusados “injustamente” de delitos que no cometieron, y se evidenció “el uso faccioso” del sistema penal para incriminarlos.
En el caso de Suástegui, denuncian que al ser detenido fue trasladado “de manera ilegal” a un reclusorio de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, “siendo que el delito por el que se le acusaba no aludía a que se le trasladará a un reclusorio con esas características, por lo que varias organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron y exigieron justicia para Marco”.
En el caso de Julián Blanco Cisneros, denuncian que fue víctima de agresiones directas de soldados del Ejército, quienes lo amenazaron de muerte a él y a su familia, “a tal punto que fue incorporado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los organismos advierten que, ante la falta de una debida actualización de los riesgos, el gobierno le retiró las medidas otorgadas con dicho mecanismo, pese a que continúan las amenazas en su contra.
Refieren que, en la criminalización de los miembros del Cecop se han visto implicados tanto elementos de fuerzas de seguridad como el Poder Judicial del estado, “ya sea en detenciones ilegales como en la construcción de delitos en contra de los integrantes del Consejo”.
El documento advierte que los ataques contra los miembros del Cecop siguen latentes, debido a su oposición al proyecto. “Especialmente Julián Blanco ha expresado que le siguen llamando y dirigiendo amenazas en su contra y de su familia, inclusive de muerte, refiriéndole principalmente que se aleje de las actividades del CECOP”.
Aseguran que se ha intentado un diálogo con la CFE y parte de las comunidades afectadas, “pero no se han derivado resultados concluyentes”.
El documento recuerda que las actividades de defensa de las comunidades inician desde la creación del Cecop, en 2003, para promover una estrategia de defensa jurídica que inicio con el conocimiento de las afectaciones, además informa que el Cecop ha promovido la impugnación de las asambleas agrarias en las que la CFE había incurrido en diversas irregularidades, por lo que en el año del 2007, “se lograron nulificar 4 asambleas que se habían celebrado de esta forma por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 41, que conoció del caso”.
Desde ese momento, la CFE ha intentado continuar con la construcción y ejecución del proyecto, pero la CECOP también ha promovido que no se haga efectivo.

La reacción del gobierno del estado frente a la construcción de la presa ha sido ambigua, señalan

Mientras tanto, las organizaciones se quejan que la reacción del gobierno estatal “ha sido ambigua”, dado que en los espacios de diálogo que ha abierto con los ejidatarios y comuneros opositores a La Parota, ha expresado su compromiso de no impulsar desde el gobierno estatal el proyecto, “sin embargo, reiteradamente se negó a firmar los Acuerdos de Cacahuatepec, documento que dejaría registro de su compromiso a respetar la decisión de los comuneros y a no promover ninguna acción que pueda detonar la reactivación del proyecto hidroeléctrico”.
Se menciona que en la construcción de la presa se han visto envueltas principalmente la CFE y el gobierno del Estado, así como el gobierno federal, “quienes han apoyado el actuar de la Comisión en todo momento, teniendo un carácter débil ante las exigencias de las comunidades y por el contrario, brindando las facilidades para la continuación del proyecto”.

Contrata la CFE a un despacho que hostiga a usuarios para que paguen recibos atrasados

Habitantes de Ayutla denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató un despacho jurídico que comenzó a hostigarlos para que paguen los recibos de luz acumulados, que presentan un cobro más elevado de lo que usualmente pagaban.
Ayer, durante la reunión de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Crisóforo García advirtió que las comunidades tomarán acciones radicales si la CFE no accede al diálogo, porque consideran injusto que indígenas y pobres paguen miles de pesos por recibos con tarifas excesivas.
El señor Inocente Moctezuma, originario de la comunidad de Cerro Gordo Nuevo, es uno de los inconformes que el sábado fue notificado mediante un oficio con el membrete de Grupo GABSSA, para pagar 22 mil 800 pesos de la luz que ha utilizado desde 2010, cuando dejó de pagar el servicio por considerar que los recibos tenían cobros excesivos.
Indicó que antes de ese año, los recibos llegaban hasta 200 pesos, pero después fueron de más de 2 mil 800 pesos; dijo que él no puede pagar, “soy campesino y queremos un pago justo”. Informó que no le han cortado la luz porque se encuentra en una de las 13 comunidades que se han unido contra la CFE, por los excesivos cobros.
Otro de los inconformes que fue notificado es Francisco Alonso Ramírez, de la misma comunidad, que recibió el aviso del despacho de cobranza para que pague 26 mil 221 pesos de consumo de luz y 24 pagos vencidos.
En el oficio que recibió y que fue mostrado ayer en la reunión de la UPOEG, se lee, “La CFE ha turnado su asunto al representante GABSSA, para la recuperación extrajudicial por el adeudo del servicio que le ha sido prestado y fue registrado en sus recibos”.
“A la fecha de ser emitido este comunicado, no tenemos registro de pago y ha hecho caso omiso de los recibos enviados que indican el consumo registrado, el monto a pagar, y fecha límite de pago. Le requerimos de manera inmediata e impostergable cumpla con su obligación pagando este servicio, dentro de las próximas 48 horas o bien se acerque para entablar una negociación”.
Grupo GABSSA, fue fundada en 1995, refiere su página en internet, “Hemos colaborado para Instituciones Públicas y Privadas, especializándonos en la administración y recuperación de Créditos Hipotecarios y Créditos al Consumo para clientes”.
En 2010 fue señalada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero, entre los tres despachos que concentraron el mayor número de denuncias por cobranza indebida.

Cortan la energía eléctrica a más de 20 pueblos de Tlacoapa y Malinaltepec, en la Montaña, se quejan

 

Más de 20 comunidades de los municipios de Tlacoapa y Malinaltepec amanecieron sin energía eléctrica, en esta región de la Montaña.
La usuaria Bernardina Roque Cantú se quejó de que continuamente hay cortes de energía eléctrica en estas comunidades, que se acentúa en temporada de lluvias y pueden durar semanas, y que cuando se restablece el servicio se producen fuertes descargas que queman sus aparatos electrodomésticos.
Dijo que ademá, aunque no reciben el servicio los recibos sí llegan puntualmente, y llamó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que atienda a estos pueblos.
Entre las comunidades que no tienen electricidad están Auejuyo, El Mago, El Carrizal, Totomixtlauaca y Tenamazapa, de Tlacoapa; y de Malinaltepec, San Miguel el Progreso y sus seis colonias, Tres Marías, Xochiatenco, Paraje Montero, Tapayoltepec, La Soledad, Ojo de Agua y San Miguelito, donde está la subestación del CFE.

Aprueban más de 30 pueblos de la sierra su adhesión a la UPOEG contra la inseguridad

 

En asamblea, autoridades y representantes de más de 30 pueblos de la sierra de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri, aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). En otros 50, la agrupación ya venía trabajando desde finales del año pasado.
La intención es que en todos estos pueblos operen, igualmente, el sistema de seguridad y justicia y la Policía Ciudadana que depende de la UPOEG para combatir la inseguridad y la violencia que asola a las comunidades, dijeron los pobladores en la reunión que fue encabezada por el promotor estatal de la agrupación, Bruno Plácido Valerio.
La reunión comenzó a la 1 de la tarde en Chicahuales, comunidad del municipio de Chilpancingo, a donde asistieron unos 300 vecinos de las comunidades interesadas en incorporarse.
Bruno Plácido Valerio dijo que la intención es buscar la unidad de estas comunidades y ofrecerles la solidaridad de las regiones Montaña, Costa Chica y Centro, donde ya opera la organización y su sistema de seguridad y justicia, pues, según denunciaron los asistentes, este territorio y sus localidades han sido marginados por las autoridades y mantiene altos niveles de violencia, ante las bandas del crimen organizado que se disputan la zona y la droga que se cultiva aquí.
Plácido Valerio dijo que la intención es lograr mediante la unidad de los pueblos la solución a viejos problemas que se viven aquí, como la falta de caminos, médicos, maestros, servicios públicos e inseguridad.
Sin embargo, para los comisarios y habitantes de las comunidades que asistieron a la reunión, lo prioritario en estos momentos es resolver el problema de la violencia, ocasionado por las bandas del crimen organizado que irrumpen en los pueblos a ejecutar, levantar y a amenazar a los habitantes.

Las comunidades que asisten a la asamblea

El encuentro fue en la falda de un cerro acondicionado a propósito, en la entrada de la comunidad.
Asistieron Heriberto Romero Adame, de la comunidad de Izotepec; Eduardo González Dimas, de La Guitarra; Reyna Marcelo Oláis, de La Vuelta del Sur; Felipe Solano Cruz, representante del comisario municipal de Los Bajos; José Rodríguez Nieto, representante de la comunidad de Balsamar; Fermina Guzmán Dimas, comisaria de la comunidad de Pueblo Viejo; Saturnino Castro Leyva, de la comunidad de Tierra Colorada; José Natividad Sacristán Millán, representante del comisario de la comunidad de Chautipan; el comisario de la comunidad de Jaleaca, José Nieto Romero; el representante de los Bienes Comunales de la misma comunidad, Fermín Luna Zepeda; el representante de la comunidad de Toro Muerto, Guillermo Sandoval; el comisario de Campo de Aviación, Crescencio Pacheco González; representantes de la comunidad de Tepozonalco, Manuel Valdez González y Héctor Carachure Flores; representante de la comunidad de El Naranjo, Adrián Vélez Maldonado; el representante de la comunidad de La Felicidad, Juan Esteban Barragán; y el comisario de Camotla La Torre, Pablo León Martínez.
También estuvieron el comisario de La Laguna, Irineo Castro Silverio; el comisario de Tres Cruces, Antonio Zúñiga Maldonado, el comisario de Acahuizotla, Guillermo Vázquez Nava, quien a su vez es coordinador en Chilpancingo de la UPOEG. Asistió también el consejero municipal de Chilpancingo, Juan Nava Cabañas.
Fueron recibidos por el comisario de la comunidad de Chicahuales, Manuel Catalán Moreno.
Plácido Valerio llegó a esta comunidad acompañado de unos 50 policías ciudadanos de la UPOEG, quienes se trasladaron armados desde el Valle del Ocotito para ofrecer su respaldo y la solidaridad a estos pueblos de la sierra; también acompañó al dirigente estatal de la UPOEG, el abogado de la agrupación, Manuel Vázquez Quintero.
El dirigente de la UPOEG, Plácido Valerio dijo que la agrupación y su sistema de seguridad y justicia ciudadana no viene a imponerse en estos pueblos, sino que son los habitantes quienes deben organizarse para resolver sus propios problemas, uno de ellos el de la violencia y la inseguridad.
Dijo que los pueblos de las regiones Montaña, Costa Chica y Centro que ya están organizados y cuentan con sus policías ciudadanas, solamente acudieron para ofrecerles el respaldo y la solidaridad, además de contarles su experiencia de organización, para que los pueblos de la sierra también se organicen, si así lo quieren.
Por su parte, Vázquez Quintero contó la experiencia de la agrupación que se conformó en 2011 en las regiones de la Montaña y Costa Chica, para resolver el problema de los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y luego, en enero del 2013, el surgimiento de la Policía Ciudadana en Ayutla, que después se amplió a la región Centro del estado, para resolver el grave problema de la violencia en esas mismas regiones.
Al final, por unanimidad, los asistentes aprobaron adherirse a la UPOEG y conformar sus policías ciudadanas en cada uno de los pueblos; para ello, nombrarán a un representante por pueblo que acudirá a una reunión interna a recibir una explicación de cómo y cuál es la estructura de la UPOEG. Esta segunda reunión será el lunes en Chilpancingo.

50 pueblos quieren incorporarse a la UPOEG, dice Bruno Plácido

Plácido Valerio informó que hay 50 pueblos de la sierra de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri que quieren incorporase a la UPOEG y conformar sus policías ciudadanas. Informó que, en otros 50 la agrupación ya venía trabajando a discreción desde finales del año pasado.
Dijo que su presencia ayer en este lugar fue solamente para ratificar los acuerdos que han tenido internamente cada uno de los pueblos interesados en adherirse a la UPOEG, y “construir toda una agenda de trabajo entre las comunidades y con las instituciones de gobierno para ir planteando los problemas de esta zona en una mesa de trabajo”.
En la reunión estuvieron los integrantes de la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad  y Desarrollo de la Sierra de Guerrero, de la que es presidente Ismael Cástulo Guzmán, que marcharon el 28 de abril pasado y bloquearon la Autopista del Sol hasta que fueron desalojados por policías federales y estatales, con un resultado de 71 detenidos.

Pagará el gobierno estatal la deuda de la Capach con la CFE; atraviesa una crisis, dice el director

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), José Alberto Lara Vargas dijo que gestionó ante el gobierno del estado recursos económicos para pagar su deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que los 11 sistemas de bombeo a los que se les cortó el servicio de electricidad se reintegren al servicio
Este miércoles, el jefe de comunicación social de la CFE informó que cortó el servicio eléctrico a 11 de los 20 sistemas de bombeo que tiene la Capach, ante una deuda de 2 millones 107 mil 628 pesos, correspondiente a abril.
Consultado vía telefónica, el director de la Capach informó que, debido a la crisis por la que atraviesa la Comisión, se retrasaron en el pago y tuvieron que pedir apoyo al gobierno del estado para liquidar la deuda.
Dijo que ya tienen el dinero, pero que ayer no pudieron hacer el depósito a la cuenta de la CFE, y que este viernes lo harán para que entre a las 10 de la mañana, y a las 11 de la mañana ya estén funcionando todos los sistemas.
Asimismo, comentó que los pagos a la CFE correspondientes a enero, febrero y marzo no los pudieron hacer ante la crisis que viven, y quien los solventó fue el Ayuntamiento.
Lara Vargas indicó que, de los 40 mil usuarios registrados, 25 mil son morosos, en su mayoría pobladores que tienen tomas comerciales para pequeños negocios, como fondas o papelerías, y que los más puntuales para pagar, incluso pagan todo el año, son los colonos que viven en la periferia.
También expresó que las empresas o restaurantes son los que van “más o menos” al corriente con sus pagos.
Manifestó que el departamento de cobranza de Capach está implementando brigadas para visitar a los morosos y llegar a arreglos.