En la última semana comerciantes de Altamirano, Coyuca de Catalán y Tlapehuala reportaron que personas que se identificaron como miembros de la delincuencia organizada les han llamado para exigirles dinero, y las autoridades estiman que los extorsionadores operan fuera de la región de Tierra Caliente.
Los delincuentes exigen hasta 20 mil pesos, sin embargo aceptan 5 mil y piden a los comerciantes que les depositen el dinero en cuentas bancarias.
En Coyuca de Catalán y Altamirano las llamadas las hacen a nombre de “José Pineda”, un nombre que se ha difundido en diferentes medios de comunicación, y quien es el jefe de la plaza del grupo delincuencial Los Caballeros Templarios.
En Tlapehuala llaman a nombre de Jhony Hurtado Olascoaga, El pez, quien es jefe de plaza del grupo criminal La Familia Michoacana.
Los números que fueron reportados ante la Policía Federal (PF) y el Ejército son 7471350029, 7441538011, 287140565, 6674243694, 7471350465, 7471350466, 4928935625, 3314484711 y el 7442534938.
Algunos comerciantes que pagaron la extorsión reportaron que en las llamadas los amenazaron de que los sicarios iban a ir a sus locales, pero que finalmente les harían “el favor de no presentarse con su gente armada, sino que mejor hicieran un depósito bancario”.
En todos los casos el dinero fue depositado a nombre de Ricardo Ivan Suárez López en el número de cuenta 2959547169 de Bancomer. Se desconoce el lugar donde se cobra el dinero depositado.
El movimiento de los depósitos está plenamente registrado en el banco y tiene el historial correspondiente de la persona que cobra el dinero, y de quien es el titular de la cuenta.
En ninguno de los casos se ha reportado que algún grupo llegue a los negocios a exigir el cobro del dinero.
Las autoridades policiacas comentaron a las víctimas que reportaron los números, que los responsables de las llamadas son foráneos y que probablemente estén operando desde otras ciudades.
Los afectados son diversos, desde pequeños negocios hasta casas particulares. Los comerciantes no han denunciado formalmente por temor a represalias.
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Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna

Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.
Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos
También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.
Se ahoga un hombre en el río Balsas en Tlapehuala después del maratón de embarcaciones rústicas

Un hombre se ahogo ayer por la mañana en el río Balsas en Tlapehuala, tras meterse a nadar después del maratón de embarcaciones rústicas debajo del puente, en estado de ebriedad, según versiones.
De acuerdo con el reporte, el panadero, vecino de Tlapehuala, Candelario Figueroa Mojica de 40 años, se metió al río en estado de ebriedad, en una parte profunda, de donde no salió.
Se informó que Candelario Figueroa, se encontraba con sus amigos tomando desde muy temprano.
Más de 2 mil personas se dieron cita en ese lugar para ver el maratón de embarcaciones rústicas debajo del puente de Tlapehuala, donde había venta de bebidas embriagantes.
La gente comenzó a buscarlo, pero no halló, su cuerpo, pues se metió en una zona muy profunda y con fuerte corriente, lo que complicó también la búsqueda del cuerpo.
Protección Civil estatal en el lugar buscó al hombre, pero no logró ubicarlo.
Candelario Figueroa era conocido en Tlapehuala, aparece en un mural del pintor regional Bonifacio Hernández, sobre el oficio de la panadería tradicional de la localidad, con el pan de baqueta.
Es segundo ahogado en Tierra Caliente en el periodo vacacional, en el río Balsas. Antes falleció una niña de 11 años, a la altura de la comunidad de Corral Falso, municipio de Ajuchitlán, a unos 2 kilómetros del lugar donde ahora se ahogó Figueroa.
Ésta es una de las partes del río Balsas donde acude más gente para ver el maratón de barcas rústicas. La zona del mirador de Changata, municipio de Ajuchitlán, donde reportaron mil personas en la tarde, y debajo el puente Miguel Alemán, entre Altamirano y Coyuca de Catalán, donde reportaron hasta 3 mil personas, son los otros lugares a los que el público acude masivamente en estos días de vacaciones.
Rescatan el cuerpo del ahogado el miércoles en Zumpango
cuando nadaba en el río Mezcala
El cuerpo de un joven de 22 años que se ahogó desde el miércoles en aguas del río Mezcala, en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), fue rescatado la tarde de ayer.
De acuerdo con fuentes oficiales de Protección Civil estatal, el cuerpo del joven Pedro Hernández Ramírez, de 22 años, vecino del poblado de Mezcala, estaba desaparecido desde la tarde del miércoles, tras ahogarse nadando en el río.
En la búsqueda y rescate participó la Secretaría de Protección Civil estatal, buzos de los cuerpos de Bomberos de Acapulco y de Cuernavaca, Morelos.
El cuerpo fue rescatado cerca del paraje conocido como Cuerpo de la Culebra.
Al lugar llegaron peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público para las diligencias de ley, y el cuerpo sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.
Detienen a dos sobrinos de un dirigente del ERPI en un pueblo de Coyuca de Catalán
La Policía Federal informó de la detención de dos hombres sobrinos de Cayetano Alvarado Palacios, El Cuche Blanco, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en la comunidad de San José de la Quesería, municipio de Coyuca de Catalán.
Los detenidos se llaman Ramiro Duque Alvarado de 25 años y Reynaldo de los mismos apellidos, de 20 años, quienes según el reporte fueron detenidos con dos pistolas calibre 38, dos rifles calibre 22, una escopeta de calibre permitido para cacería y dos rifles de asalto AK-47.
Los detenidos fueron localizados en un recorrido de la Policía Federal cerca de la comunidad de San José de la Quesería, pero también catearon su casa de donde finalmente se los llevaron y los pusieron a disposición del Ministerio Público federal.
Fueron relacionados con su tío Cayetano Alvarado, quien era uno de los líderes del ERPI y a quien se señala del homicidio de Omar Guerrero Solís, Comandante Ramiro, para quedarse con el grupo.
La célula que quedó del ERPI fue ubicada en la sierra. La comunidad de San José de la Quesería está a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Después de esa localidad sigue la sierra con pueblos pequeños.
En ocasiones hay reportes de personas vestidas de militar en grupos de 50 personas bajando a esas localidades o en el otro extremo a comunidades como Tarétaro.
Se estima que los dos jóvenes radicaban en San José de la Quesería, la policía reportó que acudió a la casa de los dos y se llevó dos camionetas una negra Toyota y una Tundra negra que presuntamente tienen reporte de robo.
Los detenidos fueron enviados a Iguala para proceder penalmente en su contra en el Ministerio Público federal.
“No fue una reunión entre capos”, dice el alcalde de Coyuca de Catalán sobre la fiesta en El Cundancito

El alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, sostuvo que “no fue una reunión entre capos, fue una fiesta de 15 años” lo que se celebró en El Cundancito, en la sierra de ese municipio, donde murieron 12 personas tras un enfrentamiento.
El pasado 5 de febrero, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez informó que en la fiesta celebrada en ese poblado de la Tierra Caliente, se reunieron tres grupos delictivos, los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de la Sierra, quienes iban a hacer acuerdos, pero “seguramente al calor de los mezcales se mataron”, mencionó.
El pasado 30 de enero por la noche, durante una fiesta de 15 años, tres grupos contrarios se enfrentaron a balazos en la comunidad de El Cundancito lo que dejó un saldo de 12 personas muertas, entre ellas una turista.
Consultado al concluir la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada en Casa Guerrero, el alcalde enfatizó que Coyuca de Catalán “está caminando poco a poco”, y lo sucedido en El Cundancito no está relacionado con el crimen organizado.
A pregunta expresa sobre los señalamientos del fiscal sobre la reunión que sostuvo el miércoles 3 de febrero con las familias de los bandos contrarios que se enfrentaron a balazos, el presidente municipal evadió responder y sólo contestó: “Todo está arreglado en Coyuca de Catalán”.
Tras los hechos en El Cundancito, el alcalde de extracción priista, se reunió el 3 de febrero con las familias de los grupos criminales que se enfrentaron, encuentro en el que estuvieron presentes efectivos del Ejército, de la Policía Federal y de la del estado.
Después de que se diera a conocer dicha reunión, el fiscal Xavier Olea anunció que buscaría al alcalde para preguntarle sobre la reunión que tuvo, pero Montúfar Mendoza comentó que hasta ayer no se ha reunido con el funcionario estatal.
Se le preguntó si otra vez se reuniría con las familias que participaron en la fiesta y en el enfrentamiento, a lo que contestó que como presidente municipal seguirá atendiendo a dichas familias, quienes hasta la fecha sólo le han solicitado despensas.
En la consulta Abel Montúfar aprovechó para enfatizar que “no fue una reunión entre capos”, e insistió en que se trató de una fiesta, pero que “al calor de las copas”, se dio el enfrentamiento.
-Pero el fiscal dio a conocer que se trató de una reunión entre tres cárteles, ¿mintió?
-Yo soy el presidente municipal, y fui al lugar de los hechos y se trató de una fiesta de 15 años.
Mientras contestaba la pregunta el alcalde se subía a su camioneta, y a pesar de ir en movimiento enfatizó con un grito que se trató de una fiesta de 15 años y no de una reunión entre grupos del crimen organizado.
Aseguró que aún no hay un acercamiento con la Fiscalía, y que su titular sólo está haciendo sus investigaciones, mientras él realiza su trabajo en el municipio de manera “directa con el pueblo”.
Nada sabe de la reunión del alcalde de Coyuca de Catalán con familias de El Cundancito, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que el alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, no informó nada respecto a la reunión que sostuvo el miércoles con las familias de los bandos contrarios que se enfrentaron en la comunidad de El Cundancito.
En breves declaraciones al concluir el informe de labores de los primeros 100 días de gobierno de Héctor Astudillo Flores, el fiscal dijo que buscaría al alcalde de ese municipio para preguntarle de la reunión donde llamó a las familias a la paz y a que no haya más homicidios.
El pasado sábado por la noche, durante una fiesta de 15 años, tres grupos contrarios se enfrentaron a balazos en la comunidad de El Cundancito, donde fallecieron nueve personas y una turista que pasaba por la carretera a Zihuatanejo.
De este caso se reportó que durante la noche hubo balaceras en otros puntos y ayer el miércoles el fiscal Olea informó que la cifra de muertos se habría incrementado a 12, con el hallazgo de tres cuerpos, presuntamente de heridos en el enfrentamiento del sábado.
Tras los hechos, el alcalde priista de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar, se reunió la tarde del miércoles con las familias de los grupos criminales que se enfrentaron, encuentro en el que estuvieron presentes militares, la Policía Federal y la del Estado.
El alcalde llevó despensas a la gente y apoyos para el campo. En el encuentro había mujeres y niños, esposas e hijos de los muertos, quienes quedaron huérfanos. Llegaron también hermanos de los muertos, de una y de otra familia.
Al respecto, el fiscal dijo que el alcalde no le había informado nada de esa reunión, ni tampoco las autoridades federales y estatales que estuvieron presentes.
“Desconozco esa circunstancia, no me ha informado nada el presidente municipal ni la Secretaría de Gobierno, mucho menos en la Fiscalía sabemos eso”, expresó.
Se le preguntó si la Fiscalía a través de los policías ministeriales ya habían hablado con los familiares de las personas que murieron, pero evadió el cuestionamiento y sólo dijo que “los ministeriales tienen que investigar y todas las investigaciones llevan un sigilo y ellos nada más le informan al coordinador de la policía o al fiscal”.
Explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las investigaciones correspondientes y por eso pudo confirmar que en la fiesta de 15 años se reunieron tres grupos delictivos: los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de la Sierra.
-¿Cómo explica usted que un alcalde que no tiene facultades para investigar ya se pudo reunir con familiares de los presuntos delincuentes?- preguntó este reportero.
-No tengo ninguna explicación, con la información que tú me estás dando voy a hablar más tarde con el presidente municipal.
De la nota que se publicó ayer en el portal de Milenio, en la que se informaba que hombres armados irrumpieron en Yextla, Villa Xóchitl, Ojo de Agua y el Naranjo, en el municipio de Leonardo Bravo y quemaron un total de 11 camionetas y una casa, desmintió ese hecho.
Reconoció que se encontraron varios vehículos que fueron incendiados, pero aseguró que “estaban ahí hace tiempo”, y que no habían sido quemados el miércoles, “fueron quemados en otra etapa, en otro gobierno y ahí están los restos”, expresó.
Comentó que desconoce las circunstancias en las que fueron incendiados esos vehículos porque “lo que no fue en mi año pues no fue en mi año”.
No se ha confirmado la muerte de otras tres personas en El Cundancito, según el MP en Coyuca
De acuerdo con fuentes de la agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, de la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay más reportes de localización de cadáveres en la comunidad de El Cundancito, y a pesar de los rumores la Fiscalía asegura que no hay nadie que señale de forma directa algún punto donde haya aparecido otro muerto además de los nueve confirmados.
Ayer se informó en estas páginas que el fiscal Xavier Olea dijo que el miércoles le llegó un reporte de que habían encontrado tres muertos más, que habían resultado heridos en la balacera de el sábado en El Cundancito, en Coyuca de Catalán y con estos casos subiría a 12 el número de muertos a causa del enfrentamieto.
Sin embargo, la Fiscalía del estado con sede en Tierra Caliente lo contradice, y asegura que no hay más reportes de muertos después del enfrentamiento armado que dejó nueve personas asesinadas, además de una turista que iba con su esposo a Zihuatanejo.
Un rumor alertó de la aparición de al menos otros tres cadáveres que supuestamente habían sido sepultados por la gente del pueblo, que al no conocer su identidad los enterraron en el lugar donde los encontraron.
Supuestamente los cuerpos estaban en la barranca de Tecomac, aproximadamente a 2 kilómetros de la localidad, pero la información no llegó al comisario ni tampoco al Ministerio Público o a algún cuerpo policiaco, quienes indagaron el caso una vez que les llegó el rumor el martes por la mañana.
El miércoles acudió a El Cundancito el alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza con efectivos del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía del Estado para dialogar con las familias de los grupos que participaron en el enfrentamiento del sábado y llamarlos a la paz.
Tampoco el alcalde tuvo reportes de más cuerpos encontrados en la parte de la sierra ni en algún otro punto donde se confirmara la versión de los tres cadáveres.
El Ministerio Público confirmó que no tiene ningún reporte de más personas muertas en la sierra y relacionados con el caso de la balacera del sábado, por lo que la cifra la mantiene en nueve personas fallecidas en el enfrentamiento y una turista asesinada en la carretera a Zihuatanejo, quien fue confundida junto con su pareja con sicarios de un grupo contrario cuando pasaron por El Cundancito.
Detuvo a dos personas en Zirándaro y decomisó mariguana en Coyuca de Catalán, informa la PF
La Policía Federal informó que decomisó una cuatrimoto y dos costales de mariguana en los cateos que el miércoles hizo en la comunidad de Arroyo Grande, municipio de Coyuca de Catalán, y que además detuvo a dos personas con una pistola en la sierra de Zirándaro.
La depndencia federal dio a conocer que puso a disposición del Ministerio Público dos costales de mariguana, una cuatrimoto que al parecer tenía reporte de robo, y algunos cartuchos útiles de diversos calibres, pero que el decomiso no se llevó a cabo en domicilios particulares sino en puntos públicos.
La gente de la comunidad reportó que policías federales entraron violentamente a varias casas y que se llevaron televisores y aparatos electrodomésticos.
La Policía Federal también informó de la detención de dos personas en la comunidad de La Pasajera, municipio de Zirándaro de los Chávez la noche del martes, quienes también fueron remitidos al Ministerio Público federal con sede en Altamirano.
Se trata de Juan Carlos Pérez y Adalberta Acosta Núñez, de 57 y 53 años respectivamente, quienes fueron detenidos en un camino de terracería cerca del pueblo de La Pasajera.
Según el reporte, cuando los efectivos policiacos revisaron el vehículo donde viajaba la pareja encontraron una pistola calibre 45 con varios cartuchos útiles.
Llega un grupo especial de la Policía Federal a Coyuca de Catalán; pobladores denuncian cateos, golpes y robos

La noche de este martes comenzaron a llegar policías federales del Grupo de Operaciones Especiales conocidos como Goes, que están realizando recorridos por comunidades, tanto de Guerrero como de Michoacán, en la región de Tierra Caliente.
En Paso de Arena, municipio de Coyuca de Catalán pobladores reportaron que los federales ingresaron en al menos dos viviendas, donde rompieron las puertas y golpearon a las personas que estaban adentro. Uno de los agredidos reportó que le quebraron un pie a golpes con uno de sus rifles, pero no quiso denunciar por temor a sufrir represalias.
La comunidad de Paso de Arena se ubica en la ruta a Zihuatanejo, a 20 minutos de la cabecera municipal, en una desviación de un kilómetro de la carretera federal y es la segunda población más grande del municipio.
Mientras que en la comunidad de Arroyo Grande del mismo municipio, que se ubica en la carretera a Zirándaro, reportaron que en la madrugada de ayer ingresaron federales al pueblo y catearon varias casas, que al menos en dos viviendas se robaron pantallas planas, algunas de las cuales son de las que recientemente regaló el gobierno federal a los beneficiarios de programas sociales.
Los afectados de Arroyo Grande comenzaron a buscar abogados para presentar las denuncias correspondientes.
Los itegrantes del grupo Goes de la Policía Federal que se instaló en Coyuca de Catalán se distinguen de los demás efectivos porque cuando están en la base usan una boina negra y emblemas en los hombros, pero cuando salen a operaciones usan casco como los demás.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, el grupo Goes realiza una gran variedad de operaciones, entre las cuales destacan el rescate de rehenes, la aprehensión de criminales de alta peligrosidad, las acciones antinarcóticos, el contraterrorismo y el combate al crimen organizado.
Sus integrantes han sido entrenados por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército y la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Armada de México, por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de España, la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeur) de Colombia y el grupo de Investigación, Asistencia, Intervención y Disuasión (RAID) de Francia.
No se ha informado sobre la búsueda específica del grupo especial de la Policía Federal en esta zona, en la que en esta semana han ocurrido hechos de violencia de resonancia en los medios del estado y el país.
La noche del sábado y la madrugada del domingo pasados hubo un enfrentamiento a balazos en la comunidad de El Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, donde fallecieron al menos nueve asistentes a una fiesta de 15 años, donde se reportó que había militares cuidando pero se retiraron antes de la balacera; además una turista que viajaba con su esposo a Zihuatanejo falleció luego de que fueron atacados a balazos en la carretera cuando pasaban por El Cundancito, porque supuestamente sicarios los confundieron con integrantes de un grupo contrario.
Además en el municipio de Pungarabato, el pasado jueves fue secuestrado el esposo de la síndica del Ayuntamiento Rosalva Rendón Andrade, Gustavo Borja García, cuando abría su negocio de ferretería, por dos hombres armados que se lo llevaron de calles céntricas de la ciudad y cerca de la base de la Gendarmería, motivo por el que Rendón Andrade pidió licencia indefinida al Congreso del estado.
Participaron más de 100 civiles armados en las balaceras en El Cundancito, informan
En las balaceras de la noche del sábado y la madrugada del domingo en la comunidad del Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, donde fallecieron nueve asistente a una fiesta y una turista que atacaron en la carretera, participaron más de 100 civiles armados, de acuerdon con informes policiacos.
Versiones policíacas confirmaron que el primer convoy que acudió a conocer la versión de los hechos a El Cundancito, primero se topó con la camioneta de la pareja de turistas, lo que los hizo detenerse, y desde ahí, sólo policías del estado avanzaron a pie, intentando ingresar al pueblo, y fueron recibidos a balazos desde los cerros.
Una vez que terminaron los disparos, la policía recibió la versión, en la primera casa, de que en el pueblo había más de 100 personas con armas de grueso calibre apostadas para “enfrentar una guerra, de ser necesario”, lo que hizo que regresaran, pues, ni el Ejército ni la Policía Federal tenían órdenes de ingresar al pueblo, hasta reforzar el grupo.
En ese momento, según el informe, eran cerca de 60 federales, estatales, ministeriales y soldados, y los civiles armados se ubicaron en puntos estratégicos para emboscar a quien intentara ingresar.
Por la mañana del domingo, ingresaron a El Cundancito más de 150 efectivos de las diferentes corporaciones, acompañados del Ministerio Público.
Los mismos vecinos dijeron que durante la fiesta de 15 años en la que se dio la balacera, se habría pactado una reunión entre grupos contrarios de la delincuencia que operan en el lugar, “sin armas”, para pactar un acuerdo, pero no lo respetaron.
No se ubica cual de los dos grupos arribó con más gente, pero sumaban más de 100 hombres armados en la fiesta donde, hasta las 8 de la noche, hubo militares que se fueron antes del enfrentamiento entre delincuentes.
Asimismo, vecinos dijeron que desde hace al menos seis meses, los Salamanca controlaban todo en la localidad, fuentes de empleo, comercio y trasiego de droga, con el cobro de cuota para los productores de amapola.
En tanto que otro de los grupos instalado en el Cundan Grande, muy cerca de El Cundancito, pretendían un acuerdo que les permitiera trabajar la producción de amapola sin presiones ni conflictos.
El acuerdo no se llevó a cabo. La reunión no logró su objetivo, y terminaron por enfrentarse a balazos.