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Demandan ONG protección para los defensores del Centro Morelos ante la violencia en Chilapa

Organismos civiles y de derechos humanos del estado, de Oaxaca y de Morelos demandaron que se respete y se proteja la integridad personal y la seguridad de los defensores del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), ante la ola de violencia que persiste en la región de Chilapa.
En un comunicado firmado por el Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Tequio Jurídico, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dan su respaldo al organismo.
Exponen que los recientes hechos violentos que han sacudido a la región, en medio del clima de violencia en el estado han afectado las actividades del Centro Morelos, que trabaja a favor de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzoso, y que se le deja expuesto a una situación de vulnerabilidad como defensoras y defensores.
“A esto se ha sumado la inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos. Como personas defensoras de derechos humanos la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del Estado de Derecho y el aumento de la gobernabilidad y el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social”, manifiestan los Organismos no Gubernamentales (ONG).
Agregan que el trabajo de los integrantes del organismo defensor, como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona, es una confrontación diaria con las autoridades estatales y nacionales, así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier tipo de agresión directa.
Indican que los organismos firmantes respaldan ampliamente el trabajo del Centro Morelos, hacen un llamado a las autoridades para que lleven a cabo acciones efectivas de prevención, que permitan evitar algún hecho lamentable en contra de los defensores.
Por lo tanto exigieron que se reconozca y respete la labor de los defensores de derechos humanos en su papel de representantes jurídicos de las víctimas y sus familiares, además de que se respete y se proteja su integridad personal y seguridad. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Se mantiene atención al caso de la locutora de RTG, asegura funcionario de la Segob

El director del área de Recepción de Casos del Mecanismo para la de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, Jorge Ruiz del Ángel, informó que se mantiene atención al caso de la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec y de la reportera de El Sur, Brenda Escobar. Este lunes, en las oficinas del Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa en Acapulco se reunió con reporteros, para explicar la función del mecanismo y escuchar los casos de agresión a reporteros.
Hace dos semanas, los representantes del mecanismo estuvieron en Chilpancingo, con reporteros de la región Centro, también para explicar los alcances y limitaciones del mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que inició desde hace cinco años.
Recordó que la Ley de Protección a Periodistas es una ley federal, que obliga e invita a los estados a firmar convenios de colaboración.
Expuso que el mecanismo de protección entra a petición del periodista o defensor de derechos humanos ante amenazas; sin embargo, entre los reporteros se le recordó el caso de Marcela de Jesús Natalio, quien no recibió amenazas y el ataque fue directo contra ella. Respondió que la agresión sirve para atender a la reportera y a partir de allí investigar si anteriormente había recibido amenazas.
Sobre la situación económica de los periodistas que se ven obligados a dejar incluso su lugar de residencia, reconoció Ruiz del Ángel que los periodistas desplazados no tienen certeza laboral y salarial, lo que consideró un pendiente que tiene que resolver el Estado.
Indicó que en el caso de la reportera de El Sur, Brenda Escobar, quien fue amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora Adela Rivas por los familiares del presunto asesino, el mecanismo ya se acercó a ella, sin dar más detalles.
También dijo que en el caso de la locutora de RTG en Ometepec, no podía dar más detalles, pero también lo están atendiendo y la presencia de él en el estado “no era una coincidencia”.

Pagar directamente a los abogados defensores de migrantes en EU, plantean en foro de la UAG

Las federaciones y clubes de migrantes guerrerenses en Estados Unidos se organizan para defenderse contra la política antimigratoria desde el  gobierno de Barak Obama, cuando las deportaciones de mexicanos rompieron récord, dijeron los representantes en un conversatorio organizado por la Coordinación de Asuntos Globales de la UAG.
Llamaron a los políticos de Mé-xico que se redujeron salarios para apoyar a la comunidades de migrantes en Estados Unidos ante el racismo del presidente Donald Trump, a que no entreguen el dinero a los consulados, que no tienen capacidad de defenderlos por no tener documentos, que lo paguen directo a las barras de abogados que los representan cuando son detenidos.
Los especialistas señalaron la necesidad de abogados que hablen inglés y conozcan el derecho de Estados Unidos, que es muy diferente del sistema penal de México.
Antes, en la mañana, estuvieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Armando Soto Díaz, en la instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) del programa de inversión de obra 3×1.
El delegado Armando Soto Díaz aclaró vía telefónica que hoy continuarán los trabajos con los líderes, en un acto político denominado “Diálogo con migrantes”, y la toma de protesta del COVAM, a la que convocó el gobernador Héctor Astudillo Flores, que se prevé será un acto cerrado en la Casa Guerrero.
El conversatorio se inauguró a las 5 de la tarde, por el rector de la UAG, José Alfredo Olea, y participaron líderes comunitarios, migrantes en retorno, representantes de organizaciones civiles y especialistas de la universidad.
En la reunión, el coordinador de la Federación de Clubes Unidos de Guerrero y California, Gaudencio Vélez Catalán, reconoció que el fenómeno Trump es preocupante, pero “no todo es temor” y las organizaciones con el Senado están tomando medidas precautorias para defender los subsidios de las ciudades santuario, como las de California, donde las reglas son más benévolas para los migrantes.
Aclaró que este problema se vive distinto en cada estado, porque en otros el racismo es tan alto que los migrantes son como “personas inexistentes”.
En comparación con Estados Unidos, dijo que en México los políticos no cumplen sus promesas de campaña, y allá sí, “y Trump quiere deportar a millones de gentes, busca la manera que la supremacía blanca esté al tope, afortunadamente muchos guerrerense que tienen documentos y muchos ya abrimos los ojos para defendernos”.
El coordinador general de los Clubes Unidos de Guerrerenses del Medio Oeste, radicado en Chicago, Erasmo Salgado Jiménez, subrayó que el racismo de Donald Trump no sólo es contra México, sino contra todos los países,
Opinó que en Guerrero “miran que el problema de Donald Trump es demasiado grande para nosotros (los inmigrantes), pero Estados Unidos es un país de leyes, (el presidente) ha firmado ya no sé cuántas iniciativas de ley, y falta que las pase por las cámaras alta y baja”.
Llamó a los políticos que anunciaron millones de pesos de los recortes, que abran una mesa de trabajo para que los líderes les expongan el caso y no envíen el dinero a los consulados, “porque al canalizarse el dinero regresa al mismo gobierno y nos dan atole con el dedo”.
Pidió que se contrate a barras de abogados especialistas en el tema migratorio, para que los migrantes conozcan sus derechos y las medidas que deben adoptar en caso de detención.
“Los consulados no tienen capacidad de atender a los presos que van a ser deportados”, aseguró.

Guerrero no da garantías a los paisanos

Mientras los analistas se interesaban por medidas de atención a los migrantes repatriados en Guerrero, el universitario Alejandro Díaz Garay aclaró que los hijos de los migrantes no tienen interés en vivir en Guerrero, “lo ven como pueblito bonito, que van a conocer pero se regresan allá, seamos realistas”
La entidad tampoco les da garantías. “Guerrero está en crisis, el presupuesto de egresos es del orden de 50 mil millones de pesos, el dinero viene etiquetado; el gasto programado son 39 mil millones, 32.5 mil millones son para gasto corriente. La inversión para infraestructura y servicios es insuficiente desde siempre, y programas como el 3×1 le vienen a hacer la chamba que el gobierno tiene que hacer por ley”.
En el 3×1 que administra Sedesol, los migrantes aportan 25 por ciento del costo de las obras para sus comunidades de origen.
Además, señaló la impunidad en miles de crímenes, que ni los alcaldes ni el gobernador están interesados en resolver, “pobres de los inmigrantes que regresen porque los van a desplumar”,
Planteó que se empiece a tender puentes en Guerrero, pues la tarea es grande, “necesitamos abogados bilingües, que no sólo hablen inglés fluido y sepan de las leyes norteamericanas, muy distintas a las México. Hagamos propuestas, y alcemos la voz”.
Por separado, el delegado de Sedesol, Armando Soto Díaz, dijo que más de 600 mil paisanos están radicados en Estados Unidos, fundamentalmente en Chicago, Los Ángeles, San Diego, Nueva York y la Vegas, la mayoría indocumentados.
El gobernador Héctor Astudillo convocó a los clubes y federaciones de guerrerenses radicados en EU, así como a los municipios con mayor migración, a lo que llamó “Diálogo con migrantes y toma de protesta del Comité de Validación del Programa 3×1”, hoy a las 9 de la mañana en la Casa Guerrero.

Piden padres de los 43 al relator de la ONU que respalde al mecanismo de seguimiento de la CIDH

El relator especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, quienes le pidieron que respalde al mecanismo de seguimiento de la investigación.
En la escuela fue recibido con collares de flor cempazúchilt y abrazos de varias madres, con quienes cruzó un breve saludo de bienvenida, él apoyado con un traductor porque no habla español, agradeció la recepción.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que fue una petición del relator visitar la institución educativa, en la negociación de su primera visita oficial a México con el Estado mexicano.
El relator caminó con los padres y entre las consignas que entonaron los estudiantes, por Ayotzinapa y por la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos, hasta la sala audiovisual en el casco de la escuela donde fue el encuentro cerrado.
Luego de media hora se permitió el acceso a reporteros para tomar fotografías con la mayoría de los 43 padres de familia. Se informó que dos grupos siguen en comisiones fuera del estado.
Después hubo un recorrido por la Normal Rural a los memoriales que dan cuenta de las represiones del Estado a los estudiantes.
En general, el funcionario de la ONU estuvo en las instalaciones casi una hora, de las 5:15 de la tarde a las 6:10 que se retiró con su equipo en una Urvan blanca, sin membrete.
Fue notoria la operación de seguridad en la carretera de cuota y el viejo libramiento, con retenes reforzados de policías y militares.
Del encuentro, Rosales Sierra indicó que el relator tiene suficiente información del caso que han enviado los familiares, y quiso hacer una visita oficial a la escuela.
Los padres en breves testimonios denunciaron que no hay indicios del paradero de sus hijos, y que en dos años de búsqueda de la verdad se han convertido en defensores de derechos humanos.
El abogado explicó que la desaparición forzada de estudiantes en Iguala hizo visible el problema de la desaparición de personas en México en todo el mundo, y los padres reivindican ahora la demanda por la presentación de los 27 mil desaparecidos en el país, y apuntalan muchas otras luchas como la defensa del agua, del territorio y de la educación pública.
Añadió que se hizo énfasis ante el relator sobre las agresiones a los padres, a sus representantes legales y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su mandato en el país.
Indicó que a los padres se les ha intentado cooptar con dinero, se trató de desprestigiar a los estudiantes desaparecidos desde la investigación cuando se les vinculó con un grupo de la delincuencia organizada, cuando el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda declaró que los padres eran manipulados, y con intervenciones telefónicas ilegales que fueron difundidas para confrontarlos.
Lo llamaron a respaldar al mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado el antecedente de que se intentó desperstigiar al GIEI desde el Estado, tuvo dificultades y obstáculos que les impidió avanzar más “y no queremos que eso pase con el mecanismo especial de la CIDH”.
En el recorrido, observaron los murales a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados de la Normal que en la década de 1970 encabezaron dos movimientos guerrilleros, y se detuvieron en los espacios dedicados a las víctimas.
Fueron al asta bandera, ícono de la escuela que construyeron los estudiantes cuando fueron acusados de izar una bandera de huelga en lugar del lábaro patrio, lo cual fue considerado traición a la patria y ameritó una incursión de soldados a la institución, se le explicó al relator.
Vieron un mural sobre el asesinato del normalista de Campeche en la escuela Manuel Huikán Huikan por policías estatales, en una jornada de lucha por el retiro del bachillerato pedagógico de la Normal Rural.
Asimismo el memorial del desalojo a balazos de estudiantes el 12 de diciembre de 2011, donde fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y las 43 butacas con fotografías de los desaparecidos en la cancha techada de básquetbol, junto a un altar que cada día se nutre con el tiempo de nuevas imágenes religiosas.

Pide el Congreso a Gobernación dar protección a periodistas y defensores de derechos humanos

En la sesión de este martes, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia brinde “la protección más amplia” a periodistas y defensores de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en Guerrero.
Además, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, que si tiene pruebas, proceda legalmente y detenga al ex procurador de Justicia Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, hecho en el que fueron asesinados dos normalistas.
Los diputados aprobaron también 11 Leyes de Ingresos y seis Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción para diferentes municipios de la entidad, entre ellos Acapulco y Chilpancingo.
Ayer, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una propuesta de exhorto dirigido a los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, para que cumpla los objetivos del Cuarto Informe de ese Mecanismo, que se presentó el pasado 7 de diciembre.
La propuesta incluye también que coadyuven en la medida de sus competencias a brindar la protección más amplia a periodistas y personas defensoras de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en el país, pero particularmente los que ejercen en Guerrero.
El exhorto es extensivo al fiscal Xavier Olea, a quien se pidió atender las denuncias presentadas ante la institución a su cargo por comunicadores y activistas que han sido amenazados en el ejercicio de su profesión.
En la exposición de motivos, Mejía Berdeja explicó que, según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existe un incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos, lo que “evidencia” la necesidad de fortalecer en su favor labores de prevención, protección y procuración de justicia.
Comentó que ese organismo tiene un registro de 119 periodistas asesinados desde 2000, de los que 12 son mujeres; 20 desaparecidos desde 2005 y 50 atentados a medios de comunicación desde 2006.
Además dijo que quienes se dedican a esta labor en la entidad ahora no sólo sufren de ataques de servidores públicos, sino también de la delincuencia organizada, y advirtió que Guerrero es el tercer estado en el país donde más riesgo corre una mujer que ejerce el periodismo.
“El ejercicio periodístico sin lugar a dudas representa hoy en día una actividad de alto riesgo, por ello, debemos de garantizar que la libertad periodística esté protegida, dicha actividad realizada con ética profesional contribuye a que la sociedad esté mayor informada, elemento fundamental para fortalecer nuestra democracia”, señaló.
La propuesta fue aprobada por el pleno por unanimidad de votos.
Antes de desahogar ese asunto, la diputada de Morena subió a la tribuna para razonar su voto. Ahí expresó que ni en el país ni en Guerrero hay respeto a los derechos humanos ni garantías para quienes los defienden.
“Hay derechos humanos porque este es un asunto únicamente declarativo, ya que en los hechos, las permanentes vejaciones de las personas, niños, mujeres, hombres, adultos, homosexuales, indígenas, sufren  bullying, discriminación y todo tipo de atentados a sus derechos”, lamentó.
Dijo que en la entidad no hay ni infraestructura institucional ni capacidad de personal para frenar las violaciones “sistemáticas” a los derechos fundamentales, además de que las instituciones creadas para defenderlos han sido rebasadas.
“No hay garantías para que defensores de derechos humanos y periodistas ejerzan sus actividades, una prueba de ello es que muchos periodistas, reporteros y fotógrafos quedaron en medio del enfrentamiento entre la UPOEG y el FUSDEG, sin que las autoridades a las que hoy se pretende exhortar hicieran algo al respecto. ¿Dónde estaban? ¿Esperan hasta que haya muertos?”, cuestionó.

Acusaciones del fiscal, una cortina de humo

En su intervención, Cisneros Martínez dijo que respaldaría el exhorto de Movimiento Ciudadano, sin embargo advirtió que, en el caso del fiscal, “es como hablarle a un palo”.
Aprovechó para criticar las acusaciones que éste hizo en contra del actual coordinador de asesores del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, a quien Xavier Olea acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando ocupaba el cargo de procurador del estado y fueron asesinados Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“Miren ahora, ya declaró que Alberto López Rosas mandó a atacar a los dos estudiantes de Ayotzinapa hace 5 años, ¿de cuándo acá un fiscal le advierte a un presunto delincuente que lo va a inculpar?, o ¿acaso pretende que huya o se ampare?”
Le exigió a Olea Peláez que si tiene pruebas que confirmen sus acusaciones proceda legalmente en contra del ex alcalde de Acapulco y lo detenga, aunque no descartó que sus declaraciones sean sólo una cortina de humo ante los pocos resultados del gobierno del estado para atender el problema de violencia.

Modifican Ley de Ingresos de Acapulco

En la sesión de ayer se aprobó la Ley de Ingresos del municipio de Acapulco, sin embargo hubo modificaciones propuestas por Movimiento Ciudadano y el PRI.
Cuando se sometió a consideración del pleno el dictamen correspondiente, Ricardo Mejía presentó una reserva para que la expedición inicial o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan su expendio, mantengan los costos que establece la Ley de Ingresos vigente.
El legislador explicó que en la iniciativa que hizo llegar el gobierno municipal del puerto se incrementaba el monto para algunos lugares, principalmente los que forman parte de la cadena de tiendas Oxxo lo que, aseguró, lejos de estimular la inversión, la perjudica.
Recordó que por la situación de violencia que priva en la entidad, y los constantes cobros de extorsión de los que son víctimas empresarios y comerciantes de Acapulco, es necesario generar condiciones que no afecten su economía.
Por su cuenta, el diputado del PRI, el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, presentó otra reserva que evita que el gobierno municipal cobre un monto adicional a los establecimientos que hacen promoción, demostración y/o degustación de marcas y productos ajenas a las bebidas alcohólicas, como se ha venido haciendo.
Ambas reservas fueron aprobadas por el pleno.
Además de la de Acapulco, se aprobaron las leyes de ingresos de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Alpoyeca, Cualac, Cuetzala del Progreso, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas.
De igual forma se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Taxco y Zihuatanejo.

Otros temas

Ayer la Comisión de Justicia presentó ante el pleno el dictamen por el que se adiciona un artículo al Código Penal del estado, a fin de tipificar el tráfico de vehículos robados o partes de éstos.
“Con la aprobación del presente decreto, se busca inhibir el delito de robo y en consecuencia que no quede impune la comisión del delito de robo de autos, así como el tráfico de vehículos y de auto partes, por un lado, así como penalizar de forma severa la falsificación de documentos para la comercialización de automotores robados”, se lee en el dictamen que fue aprobado por el pleno.
Además, a propuesta del diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez, el Congreso aprobó un exhorto por el que pide a la Secretaría de Atención al Migrante realizar el Padrón Geoeconómico, a fin de conocer la situación migratoria de Guerrero.
En las intervenciones, el diputado Ricardo Mejía reiteró su postura respecto a la necesidad de que se legisle para crear un marco jurídico que le dé certeza al actuar del Ejército en las labores de seguridad pública, pero sin que se le otorguen atribuciones “excesivas” que puedan atentar contra los derechos humanos.
Indicó que para que el Ejército regrese a los cuarteles, como lo planteó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, es necesario que se depuren las policías locales, a fin de garantizar que no tengan nexos con la delincuencia organizada y se recupere la confianza de la población.
Al respecto también habló la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, quien dijo que el Estado mexicano pasó de un régimen democrático a uno militar.
“Lo que intenta hacer el Senado de la República, de darle atribuciones policiales al Ejército, constituye una confesión en razón de que han estado actuando al margen de la legalidad y de la Constitución. Ante esto es obvio que hay una política de endurecimiento de las medidas para supuestamente combatir la violencia y la inseguridad y el Estado no cesa en lo que he venido reiterando, que el fuego no se combate con fuego”, advirtió.