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Protestan en las instalaciones de Prospera trabajadores despedidos y organizaciones; lanzan huevos y jitomates

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, trabajadores despedidos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, arrojaron huevos y jitomates a las instalaciones de Prospera tras el despido injustificado de siete compañeros, continuaron con la exigencia de la destitución del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia y su equipo de trabajo.
Este martes, los trabajadores despedidos, adheridos a la Dirección Colectiva, que mantenían un plantón desde hace 15 días en las oficinas del programa federal para denunciar el despido injustificado de 27 compañeros, fueron desalojados por policías estatales antimotines.
Ayer, minutos antes de las 10 de la mañana unos 70 integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos los siete trabajadores despedidos que continúan en su lucha, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en 2013 de El Mirador, de la comunidad de San Vicente en la sierra de Chilpancingo y normalistas de Ayotzinapa, bloquearon e hicieron un mitin afuera de la delegación estatal de Prospera.
En el mitin refrendaron su exigencia de la destitución del delegado, junto con el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio y el jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano, además de la reinstalación en sus trabajos o en otra dependencia.
Después de las 11 de la mañana, a la consigna de “compañeros apunten y disparen”, los manifestantes lanzaron jitomates y huevos a la fachada de las oficinas y a los policías antimotines que la resguardaban, quienes se cubrieron con sus escudos y cascos.
Posteriormente las organizaciones siguieron lanzando consignas.

Visitan normalistas de Ayotzinapa a los despedidos de Prospera; van nueve días de plantón

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron al plantón que mantienen nueve trabajadores despedidos en el edificio del programa federal Prospera, para manifestarles su apoyo total.
Ayer se cumplieron nueve días desde que los trabajadores despedidos cerraron las instalaciones.
A la 1 de la tarde los alumnos visitaron a los trabajadores despedidos, ofrecieron su apoyo incondicional, su solidaridad y les externaron que no están solos.
“Que (las autoridades) presenten con vida a nuestros compañeros desaparecidos (los 43 estudiantes de la Normal desparecidos en Iguala en 2014), es por eso que hoy estamos aquí, no para apoyar al gobierno si no para apoyar a compañeros que de verdad lo necesitan, los compañeros despedidos, por las mujeres que han sido acosadas”, dijo un normalista.
Llegó al plantón para observar la manifestación la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lilia Taquillo López. Estuvo un grupo de trabajadores de Prospera pero al saber de la presencia de la visitadora se fueron.
Los trabajadores exigen la reinstalación en sus puestos o en otra dependencia, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado.

Se manifiestan en la capital promotores de Prospera contra el plantón de los despedidos

Promotores del programa federal Prospera se manifestaron frente a las instalaciones que mantienen cerradas trabajadores despedidos e integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, para exigir que se liberen las oficinas, porque dijeron que ha retrasado su trabajo.
Los trabajadores despedidos que ayer cumplieron ocho días en plantón aseguraron que los manifestantes no trabajan en el programa federal.
Ayer ocho promotores se manifestaron la mañana de ayer frente al plantón que mantienen los trabajadores que denunciaron su despido injustificado y que exigen una reunión con la coordinadora nacional del programa federal, Paula Angélica Hernández Olmos.
Los promotores portaron pancartas en las que se leía: “Somos mayoría ¡¡¡exigimos las instalaciones!!!”, “Respetamos su lucha pero respeten nuestro trabajo, liberen las instalaciones”, “El programa necesita atender a las titulares ¡¡exigimos el desalojo de las instalaciones!!” y “Déjenos trabajar mi familia también necesita comer”.
Uno de los promotores, Uriel Reyes Alvarado afirmó que eran ocho compañeros de Guerrero que protestaron porque el cierre de las oficinas provocó que dejaran de aplicar encuestas socioeconómicas a titulares del programa.
Agregó que cuando salen a las calles a realizar las encuestas les pagan un poco más, que entendían la lucha de los trabajadores despedidos, pero querían laborar, y añadió que protestarán durante su horario de trabajo.
En tanto, la trabajadora despedida, Felícitas Martínez Guzmán aseguró que los manifestantes en contra de su plantón, son enviados por el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio, y que provenían del estado de Hidalgo.
Dijo que su consigna es permanecer en el plantón hasta que tengan una respuesta favorable a sus demandas como la reinstalación de sus puestos o reubicación en otra dependencia, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa federal en el estado, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano y del subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio.

Marchan 3 mil maestros y activistas en Chilpancingo para exigir la presentación de los 43 normalistas

Unos 3 mil maestros de educación básica agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y a la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero y otros activistas, marcharon en esta ciudad y bloquearon una hora el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a 28 meses de los ataques en Iguala.
Las acciones fueron para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la derogación de las reformas estructurales, principalmente la educativa, rechazaron el gasolinazo y demandaron seguridad en todo el estado ante el aumento de la violencia que las autoridades se niegan a reconocer.
Los manifestantes se concentraron al norte de la ciudad en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, en ese punto comenzó la marcha a las 11:15 de la mañana, se detuvo frente a la 35 Zona Militar y concluyó en el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, en la salida al sur de la ciudad, donde fueron cerradas dos gasolinerías.
La marcha la encabezaron el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, los integrantes de la Comisión Política Carlos Botello Barrera y Saturnino García Cordero, y la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG María Adelita Radilla López, seguidos por los dirigentes de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios.
Los maestros portaban lonas y mantas con las siglas de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG, que se distinguían según la región a la que pertenecen -Centro, Acapulco, Montaña alta, Montaña baja, Tierra Caliente, Norte, Costa Grande y Costa Chica-, en las que también se leyó: “No a la reforma laboral (educativa), no a la evaluación punitiva”.
Los manifestantes portaban banderas rojas y durante la marcha corearon consignas como “magisterio y pueblo unidos jamás serán vencidos”, “va a caer, va a caer, la reforma va a caer”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “la 18 luchando y Adolfo festejando”, en referencia al secretario general del SUSPEG, Adolfo Calderón Nava.
El contingente se detuvo unos 15 minutos frente a la 35 Zona Militar, ahí la activista Roberta Campos Adame denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar el caso de Ayotzinapa, pese a que “a la fecha no hay evidencias que prueben que nuestros compañeros normalistas fueron asesinados en ese basurero de Cocula”.
Exigió que las autoridades federales sigan las líneas de investigación que marcó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia a las familias de las víctimas de los ataques, porque “los padres de familia de nuestros compañeros normalistas llevan más de dos años luchando por sus hijos”.
También participaron los trabajadores del programa Prospera que fueron despedidos de manera injustificada, quienes se solidarizaron los maestros en su lucha contra la reforma educativa y con los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, insistieron en la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, del subdirector del área operativa Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario Christopher Herrera Cano.

El bloqueo

A la 1:38 de la tarde los manifestantes llegaron al cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, ahí se dividieron por regiones para bloquear de manera total el paso vehicular en ambos sentidos y cerraron las dos gasolinerías que se encuentran en la zona.
Para entonces 3 mil manifestantes permanecían en la protesta, el resto se apartó de la marcha en distintos puntos del recorrido, según los maestros, los primeros en retirarse de las acciones fueron padres de familia de las escuelas de la capital que acudieron para apoyarlos, porque tenían que atender a sus hijos.
En la zona había unos 30 policías federales, quienes observaron la protesta e hicieron señas a los automovilistas para que se detuvieran antes de quedar frente al bloqueo.
Resaltó la ausencia de policías antimotines, porque en otras ocasiones los agentes superan de manera considerable al número de manifestantes.
Un grupo de policías se acercó a dialogar con los dirigentes magisteriales, quienes informaron que el bloqueo no sería indefinido sino que se quitaría luego de un mitin, también defendieron su derecho a manifestarse.

En el mitin participaron el representante de Juventud Universitaria, Iván Gómez, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, Radilla López, los trabajadores de Prospera despedidos de manera injustificada y Reyes Guerrero.
El secretario general de la CETEG informó que a nivel nacional hubo 600 maestros cesados por no presentarse a la evaluación de desempeño del Servicio Profesional Docente, de los cuales uno es de Guerrero, pero dijo que eso no impedirá que el magisterio disidente continúe manifestándose.
Informó que este año la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ya comenzó a enviar las notificaciones correspondientes a la evaluación 2017, mediante los directores de las escuelas, y si los maestros las aceptan serán obligados a presentarse al examen, pero “con esta muestra (la marcha) vamos a seguir adelante”; resaltó que es necesario que la lucha magisterial se dé en unidad y con organización.
Por su parte Radilla López celebró que gracias a las acciones que emprendió la sección 18 del SUSPEG de manera conjunta con la CETEG, no se despidió a los maestros que se negaron a evaluarse y que protestaron en contra de la reforma educativa.
Dijo que continuarán “en pie de lucha” y llamó a los trabajadores de la educación a sumarse al movimiento.

Piden su reinstalación trabajadores despedidos de Prospera en una reunión con el delegado de la Segob

Miembros de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, Juan Moreno Barrios, para dialogar sobre el despido injustificado de siete trabajadores de la delegación de Prospera.
En el encuentro, solicitaron la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa federal en el estado, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia.
Por segundo día, la Dirección Colectiva, a la que se unieron los trabajadores despedidos, mantienen tomadas las instalaciones de Prospera en la capital para obtener una respuesta positiva a sus peticiones.
Este miércoles, los trabajadores despedidos junto con miembros de la Dirección Colectiva se reunieron en el restaurante Verona con el delegado, la subdelegada de la Segob en el estado, Edith Marel Panchi Giles, y el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Jesús Romero Hernández, pero no acudió el delegado del programa federal, pese a que se informó un día antes que estaría.
En la reunión los trabajadores Mayra Morales, Felícitas Martínez Guzmán, Roselia Francisco Tranquilino, Rubén García García, Arturo de la O Nava, Manuel Vega Hernández y Adolfo León de Jesús entregaron un pliego petitorio al delegado, en el que exponen sus peticiones y agregan que, además de exigir el despido del delegado, también exigen el despido del subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano.
Manifestaron a los funcionarios su confianza en que darán solución a su demandas, y además solicitaron una reunión urgente con la coordinadora nacional de Prospera, Paula Angélica Hernández Olmos.
Nuevamente señalaron los motivos por los cuales están “en pie de lucha” y tomaron la delegación, y además de su despido injustificado denuncian que cuando laboraron en el programa los reprimían laboralmente.
Resaltaron que el delegado, cuando se entrevistaba con las trabajadoras les preguntaba de su estado civil, su número de hijos y, en tono de broma, les pedía sus tallas, lo que consideraron acoso sexual y violencia de género.
Añadieron que los jefes los obligan a hacer proselitismo político a favor del PRI, solapan el pago de viáticos a quienes no les corresponde y que, cuando sus compañeros han sido secuestrados lo único que les importa son los vehículos de la dependencia.
Además de los siete trabajadores hay otros 24 que fueron despedidos también, algunos desde octubre, sin embargo no quieren denunciar por temor a represalias.
Los trabajadores aseguraron que durante los años que laboraban en la delegación, nunca quedaron mal en su trabajo, no tuvieron ningún reporte y hasta sacrificaron momentos con su familia.
Calificaron de injusto el problema y que el delegado y los demás funcionarios los despidieron para poder para contratar a gente afín a ellos.
Asimismo, denunciaron que nuevamente dos hombres rondaron las instalaciones, tomaron fotos y grabaron con un celular, que los vieron platicar con un trabajador de Prospera.

Les sugieren proceder jurídicamente sin olvidar que son empleados por contrato

En la reunión, el delegado expuso que la Segob se rige por el respeto, la integridad física de los trabajadores, la no discriminación y contra la xenofobia, y que quien usurpa funciones que no le corresponden se da de baja; además, les sugirió que también procedieran jurídicamente.
Les aclaró que, como son trabajadoras por contrato no fueron despedidas, sino que se terminó la relación laboral, y que si llegaran a demandar tienen que decirlo, así como su antigüedad laboral.
Acordaron que la información que les proporcionaron se la darán al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, para que conozca de la situación, y que buscarán una reunión con la coordinadora nacional.
Los integrantes de la Dirección Colectiva acordaron mantener tomadas las instalaciones.

Toman la oficina de Prospera en Chilpancingo la Dirección Colectiva y trabajadores despedidos

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero desalojaron las oficinas del programa Prospera en la capital, ante el despido injustificado de trabajadores, y exigieron la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
A las 9:30 de la mañana, unos 25 inconformes llegaron a las oficinas con un equipo de sonido y pancartas, y bloquearon la calle Leyes de Reforma.
El 5 de enero, tres trabajadoras del programa federal, Mayra Morales, Felícitas Martínez Guzmán y Roselia Francisco Tranquilino, denunciaron que, pese a que tienen hasta 15 años laborando en Prospera, fueron despedidas por teléfono, injustificadamente.
A las tres compañeras se unieron otros cuatro trabajadores que tienen hasta 18 años laborando, Rubén García García, Arturo de la O Nava, Manuel Vega Hernández y Adolfo León de Jesús, que exigieron respeto a sus derechos laborales. Dijeron que hay otros 24 trabajadores que fueron despedidos, pero que prefieren no denunciar por temor a represalias.
En las pancartas y lonas que portaron y que también pegaron en la fachada del edificio se leía, “Juan Manuel, no quiero tu acoso quiero tu respeto para hombres y mujeres”, “Exigimos nos devuelvan nuestra fuente de trabajo que: Juan Manuel Yáñez Heredia, Axel Fernando Zamudio (subdirector de área operativa) y Crhistopher Herrera Cano (jefe de enlace de fortalecimiento comunitario) nos han quitado el empleo ¡¡¡ya basta!!!, pedimos diálogo con la coordinadora nacional de Prospera, la lic. Paula Angélica Hernández Olmos, es la única con la que tendremos diálogo”.
Reiteradas veces, mediante el aparato de sonido, pidieron el desalojo de los empleados, pero al no tener éxito optaron porque una comisión recorriera los cinco pisos del edificio para exigir la salida, advirtiéndoles que si no lo hacían los dejarían encerrados. Con dos trabajadores hubo confrontaciones verbales, pero finalmente desalojaron el edificio.
Los inconformes señalaron nuevamente el acoso sexual al que sometió Yáñez Heredia a trabajadoras. Además, los acusaron de tráfico de influencias, desvío de recursos, discriminación, nepotismo, de obligar a los trabajadores a hacer proselitismo político a favor del PRI, de tener a amigos y familiares como aviadores, y de inacción ante el secuestro de compañeros.
Alrededor de las 11 de la mañana, al lugar de la manifestación llegó la subdelegada de la Secretaría de Gobernación (Segob) Edith Marel Panchi Giles, para establecer una mesa de diálogo sobre sus demandas.
Finalmente, acordaron una reunión a las 11 de la mañana de hoy, miércoles, donde estarán el delegado y ellas.
Sin embargo decidieron continuar con la toma de las instalaciones, donde pernoctarían, y dependerá de los resultados de la reunión si liberan o no las oficinas de Prospera.
Informaron que durante el transcurso del día hubo motociclistas que circularon en el lugar y les tomaron fotografías o los videograbaron.

Marchan activistas en Chilpancingo en el noveno aniversario del asesinato de un normalista

Unos 100 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales marcharon en esta ciudad en el noveno aniversario luctuoso del egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activista Fidel Benítez Rodríguez, y protestaron en contra al aumento al precio de las gasolinas.
A las 11:25 de la mañana los manifestantes marcharon del museo La Avispa a la cruz que se colocó en el carril de norte a sur de la Autopista del Sol, a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se encontró el cadáver de Benítez Rodríguez el 26 de diciembre de 2008, ahí hicieron un mitin y luego tomaron de manera simbólica la gasolinería Eva III, donde el 12 de diciembre de 2011 fueron reprimidos normalistas de Ayotzinapa.
En las acciones participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y otras organizaciones.
En el recorrido los manifestantes corearon consignas como “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “Gobierno asesino que mata campesinos, gobierno fascista que mata normalistas”, “Fidel, caíste, pero nunca te vendiste” y otras.
Al frente del contingente activistas portaban rosas blancas y cadenas se cempasúchil que colocaron en la cruz de Benítez Rodríguez, también llevaban una pancarta en la que se leyó: “Aguirre Rivero: ¿Verdad que duele la muerte de un hijo? 43 ¿Cómo te la estás pasando hoy?”, en referencia a la muerte de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador perredista a quien los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos responsabilizan de los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Frente a la cruz de Benítez Rodríguez el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame recordó al integrante de la generación Lucio Cabañas como un buen compañero y activista, responsabilizó de su muerte al ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y al secretario Técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, funcionarios que en el 2008 “amenazaron a los egresados de Ayotzinapa” porque no toleraban sus constantes protestas.
Dijo que las organizaciones sociales y magisteriales continuarán conmemorando a los caídos en la lucha social, calificó esa zona de la Autopista del Sol como “el tramo de la muerte”, ya que kilómetros más adelante del punto donde se localizó el cuerpo de Benítez Rodríguez fueron asesinados por policías los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
Los manifestantes lamentaron que la violencia en el estado siga en aumento y condenaron el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, su ex esposo el médico internista del IMSS Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años Isaac Daniel, para quienes exigieron justicia.
El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García dijo que los manifestantes “estamos aquí para conmemorar y rendir el merecido homenaje a Fidel Benítez, solamente muere a quien se le olvida, pero el compañero fue ejemplo de lucha”.
Se solidarizó con la normal de Ayotzinapa y los universitarios que lamentaron el asesinato de la familia Cabrera Rosado, y exigió a la Fiscalía que esclarezca los hechos.
El secretario general de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica dijo que los tres niveles de gobierno “quieren acabar con la lucha social” porque quienes protestan para exigir justicia, una vida digna y seguridad, incomodan a las autoridades, pero eso no impedirá que sigan manifestándose.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza dijo que el gobierno sólo cambia de personajes, pero que continúa la línea de represión en contra de los luchadores sociales. Acusó a las autoridades de no resolver los problemas del estado y de proteger a los delincuentes.
Manifestó que por la situación violenta en Guerrero, “diferentes sectores” han sido atacados y han caído por las balas de la delincuencia organizada, ante lo que exigió a las autoridades que “hagan que les corresponde”. Advirtió que este 2017 será un año de protestas y que las organizaciones no cederán.
El integrante de la CETEG y subsecretario de Educación de Pueblos Originarios, Taurino Rojas González dijo que “desgraciadamente a lo largo de la lucha nos hemos encontrado con muchos obstáculos, la muerte de Fidel es una muestra de que al sistema no le conviene que la gente proteste y luche, exigimos justicia para todos los compañeros”.
Recordó que desde que las empresas trasnacionales se apoderaron de los recursos naturales del país, los pueblos originarios han sido afectados, pero decidieron organizarse para exigir sus derechos constitucionales y continuarán protestando este año.
Al concluir el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos y luego marcharon a la gasolinera Eva III, la cual tomaron de manera simbólica en contra del aumento al precio de los combustibles, aseguraron que la reforma energética es una más que atenta en contra del pueblo.
Puntualizaron que ante el gasolinazo, los mexicanos en distintos estados exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, pero en Guerrero las organizaciones también exigen la renuncia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien pidió un año para acabar con la violencia y no ha logrado disminuirla. Del presidente municipal de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, dijeron que ambos “son títeres” del gobierno federal.

Marchan universitarios en la capital; exigen seguridad y justicia para la familia asesinada

Unos mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en esta ciudad para exigir justicia para la familia Cabrera Rosado, asesinada el domingo en la capital, y seguridad en el estado.
Los universitarios le dieron al fiscal general Xavier Olea Peláez, 48 horas para que dé resultados de la investigación del asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, su esposo y médico internista del IMSS, Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo Isaac Daniel, de lo contrario continuarán las manifestaciones y exigirán su renuncia.
En la marcha maestros y trabajadores administrativos de la UAG mediante el equipo de sonido que llevaban le reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que en un año de su administración la violencia y la inseguridad han ido en aumento, le exigieron que si no es capaz de brindar el orden y la paz que prometió en campaña que deje su cargo.
En la movilización participaron integrantes del STAUAG, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), estudiantes de las escuelas de la Universidad en Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales.

La marcha

La marcha salió a las 10:40 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y concluyó con un mitin en Palacio de Gobierno, en el recorrido los manifestantes se detuvieron en el Palacio Municipal y en el Congreso local.
Al frente del contingente marcharon integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, encabezados por el secretario general Ofelio Martínez Llanes, seguidos por integrantes del STTAISUAG con la secretaria general Brenda Alicia Alcaraz González al frente, el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, universitarios y activistas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Astudillo ¿dónde está el Guerrero de orden y paz? Justicia”, “UAG, exigimos a las autoridades correspondientes justicia expedita para los universitarios asesinados”, “Gobierno ¿de qué me sirve pagarte mis impuestos si no me das seguridad?” y otros mensajes similares.
También coreaban consignas como “Astudillo no hace nada, que se vaya a la chingada”, “Justicia, justicia, justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
Frente al Palacio Municipal el secretario de Conflictos del STAUAG, David Molina Francisco dijo que los universitarios quieren que se haga justicia a los crímenes en su contra, “el gobernador está callado, no dice nada, por eso vamos al Palacio de Gobierno para ver qué mentiras nos va a decir Astudillo Flores”.
Consideró que el gobernador tiene la oportunidad “todavía” de dar resultados claros, pero si no puede “que nos presente su renuncia, que se vaya”. Pidió que también renuncie Olea Peláez y aseguró que desde que él llegó a la FGE aumentaron los asesinatos en el estado.
El maestro Galdino Nava Díaz dijo que los universitarios le dan 48 horas a Olea Peláez para que de resultados de la investigación, de lo contrario le exigirán que renuncie a su cargo.
En el Palacio Municipal los universitarios reclamaron que en Chilpancingo “no hay autoridad” y aseguraron que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena es un mal gobernante pues “no hace nada”.
En el Congreso local el maestro Antonio García Quiroz cuestionó qué harán los ciudadanos que decidan defenderse de un ataque, explicó que jurídicamente deben de tramitar un juicio de amparo, luego huir “porque la justicia de manera oficiosa lo va a perseguir y encarcelar, ese ciudadano tendrá que huir porque los cómplices de los delincuentes estarán tras sus huesos”.
Dijo que se deben de modificar el Código Penal y las leyes que fundamentan la acreditación de la defensa, porque “la legítima defensa en Guerrero es letra muerta, ciudadano honesto, trabajador que se defiende es víctima del estado”, y exigió a los diputados que legislen al respecto.
“Si no lo pueden hacer consulten a los universitarios y si no pueden, dejen ese espacio tan placentero y váyanse a hacer lo que mejor saben, nada”, advirtió que si en un término no mayor a tres meses, el Congreso local no discute el tema, “vendremos a invitarlos a que dejen su espacio, para que entren los que tienen ganas de trabajar”.

El mitin en Palacio de Gobierno

Martínez Llanes, Alcaraz González, Molina Francisco, Magdalena Salgado Patiño, la maestra de la escuela de Enfermería 1 Catalina Santiago, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, el integrante de Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores, el integrante de la Comisión Política de la CETEG Carlos Botello Barrera, el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, el maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) José Luis Ayala García, y la trabajadora de Prospera despedida injustificadamente, Mayra Morales Sánchez estuvieron en el mitin en Palacio de Gobierno.
Martínez Llanes dijo que los universitarios “estamos de luto, hoy hemos decidido marchar para exigir justicia y seguridad para los guerrerenses y los universitarios, le exigimos al gobierno que cumpla su función de darnos seguridad”.
“No queremos que el gobierno diga que la compañera (Jeany Rosado) estaba en el lugar equivocado o que tenía pacto con la delincuencia, no cesaremos las protestas, persistiremos hasta que sepamos la verdad”, advirtió.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG le exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan todos los crímenes que afectaron a universitarios, y recordó que el maestro de la escuela de Psicología de Acapulco, César Urrutia Guerrero está desaparecido desde el 15 de diciembre pasado.
Lamentó que “ya ni en nuestros hogares estamos seguros” y dijo que “todos hemos pasado por situaciones de inseguridad y hoy salimos a exigir nuestros derechos”.
Ramírez García dijo que el Sutcobach apoyará todas las acciones a las que convoquen los universitarios, “de manera inmediata y especial exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos condenables crímenes contra los universitarios, desde aquí le decimos al gobierno del estado que estamos unidos”.
A pesar de que Reyes Guerrero participó en la marcha, “por cuestiones de salud”, fue Botello Barrera quien habló a nombre de la CETEG y dijo que durante los 27 años que el magisterio lleva manifestándose, los maestros han sido asesinados, perseguidos y encarcelados, y que no es tolerable la situación de inseguridad actual, “ya basta de tanta violencia”.
Puntualizó que “hoy tenemos que hacer una lucha unificada sin protagonismos, sin políticos, los ciudadanos tienen que dar la cara porque hemos sido atacados, ¿qué va a hacer la ciudadanía con los que sólo se vienen a enriquecer?”. Añadió que la CETEG se unirá al plan de acción de los universitarios y viceversa.
Chávez Adame lamentó que el Palacio de Gobierno estuviera rodeado de vallas, “hoy Guerrero se viste de luto, hoy frente a estas rejas venimos a manifestarnos, el gobierno insensible priista que ofreció orden y paz, no cumple, los únicos que se salvan son ellos, el gobernador, los diputados, los senadores, hoy las armas las tiene la delincuencia” y que ante esa situación “la unidad es la clave”.

Reclaman la ausencia del rector

En su intervención, Ibarra Flores dijo que los universitarios deben unirse, lamentó los constantes crímenes en el estado y que “este tipo de movilizaciones no las encabece el rector (Javier Saldaña Almazán), es su responsabilidad encabezarlas pero no lo está haciendo porque coincide con el proyecto político del gobernador de Guerrero”.
Algunos universitarios exclamaron “¡hay que correrlo!”, luego, el integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense dijo que “afortunadamente” se avecinan las elecciones y en ellas “debemos de calificar su conducta”.
Molina Francisco lamentó que Saldaña Almazán no haya respondido a la invitación del STAUAG para que el rector encabezara la marcha junto al resto de los universitarios, y por ello “le haremos un fuerte reclamo”.
Añadió que pese a que las autoridades estatales rodearon con vallas las escalinatas del Palacio de Gobierno, “eso no nos va a impedir entrar”, aclaró que los universitarios no llegaron a la sede del Ejecutivo estatal para cerrarla, pero “el día que queramos hacerlo nadie nos lo va a impedir”.
Pidió a los policías estatales que resguardan el edificio que mejor salgan a cuidar a la sociedad y a dar seguridad en las calles.

Hay avances, les dice un vicefiscal en una reunión

Una comisión de universitarios y organizaciones sociales encabezada por Martínez Llanes se reunió en el Palacio de Gobierno con el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político, Jesús Vargas Vargas y el vicefiscal a cargo de la investigación del asesinato de la familia Cabrera Rosado, Néstor Fiallo Samayoa, quienes les informaron que “hay avances”.
Se acordó que la próxima semana los universitarios se reunirán en la Fiscalía de manera directa para conocer a detalle los avances en la investigación del crimen, a pesar de esto Martínez Llanes dijo que estarán atentos, porque “si el gobierno no puede debemos asumir nuestra propia defensa”.
Añadió que los universitarios exigirán justicia no sólo para la familia Cabrera Rosado, sino para todos los académicos, administrativos y estudiantes que han sido afectados por la inseguridad, “nunca más un crimen para las universitarias ni para los universitarios, ni tampoco para el pueblo de Guerrero”.
“Desde aquí le decimos al gobierno que nosotros también sabemos actuar racionalmente, los escuchamos, pero necesitamos respuesta y la próxima semana queremos que haya respuesta positiva, la impunidad es lo que nos está matando, el gobierno debe acabar con la impunidad”, expuso.

Llanto y reclamos de justicia despiden a la maestra de la UAG y a su hijo asesinados en Chilpancingo

Universitarios, activistas y el Club Chivas Real Chilpancingo despidieron entre llantos y reclamos de justicia a la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jeany Rosado Peña y a su hijo Isaac Daniel Cabrera, con dos homenajes en esta ciudad.
Más de 200 maestros, trabajadores administrativos y funcionarios de la UAG además de integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, acudieron al homenaje de cuerpo presente en las oficinas del STAUAG, después, cerca de 100 jugadores del Club Chivas Real con sus familias despidieron a Isaac de 13 años de edad, en las canchas del equipo en la colonia La Ciénega.
En ambos actos estuvieron familiares de Rosado Peña provenientes de Yucatán, su tío Lázaro Peña expresó que “yo vengo de una tierra muy lejana donde es diferente la situación, no entendemos lo que le pasó a mis sobrinos, estamos shockeados”.
Previo a la ceremonia en las oficinas del STAUAG, el secretario de Conflictos David Molina Francisco y el secretario general Ofelio Martínez Llanes, anunciaron que los universitarios marcharán hoy en la ciudad para exigir que las autoridades esclarezcan los hechos, castiguen a los responsables de la muerte de la familia de Rosado Peña, y que garanticen la seguridad en el estado.

El homenaje en el STAUAG

Jeany Margarita Rosado Peña nació en Mérida, Yucatán, el 8 de septiembre de 1974, ahí estudió Enfermería, en 2003 llegó a la UAG, en 2006 fue coordinadora de la extensión de Enfermería 1 en Coyuca de Catalán, antes de ser asesinada era integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas del STAUAG.
“Era una gran mujer, dedicada a su trabajo, una excelente madre de familia, siempre con ganas de superarse, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores, exigimos justicia, exigimos a las autoridades el esclarecimiento de estos lamentables sucesos en los que le arrebataron la vida a nuestra compañera, a nuestra querida amiga Jeany y a su familia”, con esas palabras comenzó la ceremonia.
Los féretros de Rosado Peña y su hijo fueron colocados en el centro de la explanada de las oficinas del STAUAG, rodeados de flores blancas, detrás de ellos quedó visible una lona en la que se leyó: “Ya no más impunidad, exigimos justicia”. Intervinieron Martínez Llanes, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González, la maestra Magdalena Salgado Patiño y Lázaro Peña.
Cuando concluía una participación, los presentes en la ceremonia coreaban consignas como “Justicia, justicia, justicia”, “Jeany estás presente” y otras.
Salgado Patiño dijo “para nosotros es un gran dolor la pérdida de una compañera y toda su familia, pero no es el único caso, todos hemos sido víctimas de la violencia en la entidad federativa y no es posible que los gobernantes ni nos vean ni nos oigan, esto no es posible y no es posible que sigamos soportando esta violencia”.
Expresó que “como Universidad debemos de exigir justicia, debemos exigir al gobierno estatal y al federal justicia para estos crímenes, la ciudad de Chilpancingo es la tercera más violenta en el país, no podemos seguir tolerando esta indiferencia de los gobernantes, de la inseguridad que sufrimos, como ciudadanos tenemos el derecho de exigir seguridad y justicia”.
Martínez Llanes dijo que la comunidad universitaria está dolida por todos los crímenes de los que han sido víctimas trabajadores y estudiantes de la UAG, pidió que el asesinato de Rosado Peña y su familia no quede sólo en las estadísticas, sino que se esclarezca, porque los tres niveles de gobierno están obligados a garantizar la seguridad y la justicia.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG también marchará hoy con el STAUAG para exigir seguridad y justicia, que la noticia del asesinato de Rosado Peña y su familia se sumó a la zozobra que causó una balacera que ocurrió el lunes frente a la Rectoría, “ante la situación es necesario que los universitarios vayamos de la mano”.
Lázaro Peña relató, “siempre le decía a mi sobrina ‘ya hija, regresa a tu tierra’ y ella me decía que no, (…) me da pena la situación en la que viven ustedes, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de situación”, agradeció la solidaridad de los universitarios y el apoyo que la familia recibió.
Los universitarios expresaron frente al féretro, “no es un adiós, es un hasta pronto”, el emotivo homenaje a la maestra fue breve, debido a que será trasladada a su natal Mérida junto con su hijo, allá serán velados y sepultados, según informaron los familiares.

La despedida del niño Isaac

Luego del homenaje en las oficinas del STAUAG el cortejo acudió a las canchas del Club Chivas Real para despedir al niños asesinado, Isaac Daniel Cabrera, quien fue delantero y portero del equipo de futbol. Ahí fue recibido por sus compañeros que vestían su uniforme y sostenían rosas blancas.
Uno de los entrenadores del Chivas Real expresó que Isaac Daniel “se va cumpliendo como un gran deportista, es triste porque era de los jóvenes que necesita el estado, que necesita México”. Dijo que el niño era muy dedicado, siempre sonreía y se llevaba bien con sus compañeros de equipo.
El director administrativo del Club Chivas Real y ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Diego Díaz Padua expuso, “desde que nosotros supimos la tragedia nos han embargado un cúmulo de sentimientos, la verdad hemos pasado de la incredulidad, del dolor, de la impotencia, del coraje, no sé qué dejamos de hacer como sociedad para que tengamos esta miseria humana en la que nos encontramos”.
Lo cargaron hasta una de las porterías y luego hicieron tres reverencias en la entrada principal, antes de que emprendiera su viaje a Mérida junto a su madre.

“¿Este es el gobierno de orden y paz?”, reprocha el STAUAG al gobernador Astudillo

Previo al homenaje a Rosado Peña, en conferencia de prensa Molina Francisco y Martínez Llanes condenaron el asesinato de Rosado Peña, de su esposo el médico internista del IMSS Nicéforo Cabrera Rojas y del hijo de ambos, Isaac Daniel.
Molina Francisco dijo “le preguntamos al señor gobernador de Guerrero ¿este es el gobierno de orden y paz? Exigimos que se esclarezcan estos crímenes y se castigue a los responsables materiales e intelectuales, demandamos del gobierno de Héctor Astudillo ya no más impunidad”.
Dijo que el rector Javier Saldaña Almazán debe emitir una postura pública como autoridad, aunque el Comité Ejecutivo Central del STAUAG no puede decirle qué hacer, “lo exhortamos para que el día de mañana (hoy) marche con nosotros, comparta nuestra indignación, comparta nuestro dolor y comparta nuestro coraje”.

Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.