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Sicarios instalan retenes en las noches en calles de Chilpancingo; vecinos piden la presencia del Ejército

Asediados por las bandas del crimen organizado, vecinos de colonias del noreste de esta ciudad en donde está la colonia San José y la noche del martes hombres armados incendiaron dos casas y un vehículo, pidieron la presencia de soldados del Ejército, policías federales y estatales, para someter a los criminales que tienen la zona bajo su control.
Habitantes de estas colonias denunciaron que la osadía de los sicarios ha llegado al grado de instalar retenes en los accesos para controlar el paso, sin que las fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal hayan intervenido.
En esta zona que abarca desde la parte alta del cuartel de la Policía Municipal hasta la cima del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, los integrantes de una banda del crimen organizado de las que se disputan la plaza de Chilpancingo se posicionó, protagonizó balaceras y revisó vehículos en los accesos de las colonias la noche del martes, y según los vecinos cuando menos tres personas fueron levantadas entre las colonias San José, Pino Suárez y CNOP sección C.
“Anoche aquí fue casi un infierno, nadie podía salir ni entrar después de las 9 de la noche”, contó un vecino de la colonia Ignacio Manuel Altamirano que se encuentra en la parte superior de la Pino Suárez a la salida hacia la comunidad de Huiteco, y a unos 2 kilómetros de la colonia San José, que entre las 9 y las 11 de la noche fue el centro del ataque y en donde fueron incendiadas dos viviendas, una de dos plantas y un taxi.
En esta colonia los habitantes se mostraron temerosos todavía este miércoles, y pocos quisieron hablar.
Los de las colonias vecinas aseguraron que una de las dos bandas delincuenciales que se disputan la plaza en la capital (Los Rojos y el Cártel del Sur) se posicionaron de la zona y que desde el domingo pasado comenzaron a instalar retenes en los accesos, sin que las fuerzas federales y estatales hayan intervenido, hasta anoche después de las 11 cuando terminaron las balaceras.
En uno de estos retenes, contó un vecino, habrían levantado entre las 9 y media y 10 de la noche a tres personas por separado. El retén fue en la calle que comunica a las colonia Atlitenco e Ignacio Manuel Altamirano.
A su vez vecinos de la colonia Ricardo Flores Magón que se encuentra a menos de un kilómetro del cuartel de la Policía Preventiva, denunciaron que el domingo en la noche, de 9 a 9:30, integrantes de un grupo criminal instalaron un retén en la entrada para impedir el paso a todos los automovilistas durante casi media hora, sin que ninguna corporación haya llegado a retirarlos, mientras los habitantes eran asediados.
Confirmaron que las balaceras se generalizaron en casi toda la zona en donde se encuentran asentadas unas 20 colonias.

Sólo balearon dos casas e incendiaron un taxi, dice el vocero

Al respecto el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia atribuyó la violencia y lo que ocurrió la noche del martes a “décadas de descuido”, pero dijo que frente a este contexto de inseguridad “las instituciones federales y estatales encabezadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores emprenden una lucha día a día contra la delincuencia con estrecha unidad y coordinación”.
Ayer en un boletín Álvarez Heredia negó que hayan ocurrido múltiples balaceras y aseguró que únicamente personas armadas balearon dos casas e incendiaron un taxi con la intención de generar caos, aunque no precisó el lugar.
Aseguró que inmediatamente la Policía del Estado y el Ejército implementaron una operación para perseguir a los delincuentes, quienes huyeron abandonando el vehículo en el que se transportaban.
Mientras tanto el grupo criminal Los Rojos que en sus mensajes se hacen llamar Los Jefes, se deslindó de la violencia de la noche del martes mediante un mensaje que difundió en redes sociales, y responsabilizó al Cártel de Sur.
“Este es un comunicado para la ciudadanía de Chilpancingo, ya que el día de ayer (el martes) se vivieron echos violentos de los cuales nos deslindamos total mente del terror q vivieron dond fueron rafagueadas casas autos insendiados de las cuales no tienen nada que ver con nosotros”, dice textual el mensaje, del que aquí se reproducen párrafos como están escritos, incluyendo la ortografía.
Agrega: “como es costumbre que los sicarios del cartel del sur almando de Isacc Celis Navarrete matar gente inosente entre eyas mujeres y niños gente de la tercera edad y diacapasitados solo para aterrorisar a la ciudad y culpar a otros carteles. nosotros traemos la lista muy clara nadie se va escapar savemos perfectamente akien matar y kienes colaboran para el cartel.del.sur sin nesecidad de dañar a la ciudad lo tienen claro les vasmos aseguir matando gente”, y firman “Los jefes”.
Un vecino de la colonia Ignacio Manuel Altamirano informó que gente armada comenzó a apoderarse de la zona desde hace aproximadamente dos semanas y que por las noches cuando se suspende el servicio público, instalan retenes en los accesos de las colonias para controlar la entrada y salida de los vecinos.
Informó que a raíz de esta situación, el lunes pasado representantes de varias colonias enviaron un oficio a la secretaría de Seguridad Pública Estatal y al presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena, solicitando la presencia de las fuerzas federales y estatales, pero que no han tenido respuesta.
“No es posible que esta gente se mueva libre e impunemente sin que ninguna corporación policiaca los vea, mientras la gente está expuesta a ser víctima de las balas perdidas en las balaceras como la que ocurrió anoche (el martes)”, dijo el vecino.

No sabe Leyva Mena cuántas cámaras de vigilancia hay en el municipio porque no le informan, dice

 

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena dijo que el Ayuntamiento desconoce cuántas cámaras de seguridad hay en el municipio, porque el Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) no le informa nada “al presidente municipal ni le mandan imágenes ni sabe cuántas cámaras tiene”.
En conferencia de prensa, adelantó también que, si no llegan a acuerdos con los comerciantes ambulantes que obstruyen entradas al mercado central capitalino, los van a desalojar con “la fuerza pública”.
Un reportero preguntó sobre el manejo del C4, recordó que hubo un convenio entre el Ejército y las autoridades civiles para que los agentes que operaban el mando fueran capacitados, y que el proceso ya se concluyó.
El alcalde aprovechó para sugerir que se les proporcione a los gobiernos municipales o a los ciudadanos, “un informe mensual, quincenal”, para que se sientan más seguros con los avances tecnológicos para la seguridad en la ciudad, dijo.
A preguntas de reporteros, Leyva Mena dijo desconocer cuántas cámaras hay en Chilpancingo, “es un tema que tienen los que tienen a su cargo el C4 y el sistema estatal de seguridad pública, pero al presidente municipal ni le mandan imágenes ni sabe cuántas cámaras tiene”.
Consideró que es parte del monopolio que deben tener el gobierno del estado y el federal, de lo que dijo es respetuoso de la ley.
El alcalde priista, se solidarizó con el presidente municipal de Zihuatanejo “por el diagnóstico que se tiene de su policía municipal”, que fue infiltrada por un grupo delincuencial y que incluso un líder criminal asumió las funciones de director y llevó a su gente a trabajar como policía.
Leyva Mena dijo que lo ocurrido en el municipio de la Costa Grande, “denota lo complejo y difícil que es manejar estos temas”, y reiteró la necesidad de certificar a los policías.
Consideró también que la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no es necesario un comisionado de seguridad para Guerrero, debe ser respaldado “con el trabajo y resultado” de los alcaldes.
De los pactos que han propuesto dirigentes de partidos, alcaldes y el propio gobernador, en torno a la inseguridad en el estado, el alcalde de Chilpancingo, dijo que los presidentes municipales que no cumplen con la certificación de sus policías están “faltando a ese pacto”.
Pese a las cifras que muestran que el primer cuatrimestre de 2017 fue el más violento de los últimos 10 años en el estado, el alcalde capitalino dijo que en Chilpancingo en ese periodo ocurrieron 81 asesinatos, 26 en enero, en febrero 25, en marzo 17 y en abril 13, y festejó que en la capital haya una reducción de este tipo de crímenes.
El alcalde exhortó al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Rigoberto Villegas Montoya, para que valore una solicitud que ya hizo por escrito, “que un área federal nos la destine para generar una base operativa municipal de seguridad”.
Explicó que piden una área para la base operativa para “el resguardo de la ciudad”, dijo que sabe de comentarios de que el delegado “se está negando no lo quiere hacer, yo le pediría con mucho respeto, porque este ayuntamiento está tratando de que todas las salidas y entradas de Chilpancingo estén vigiladas y ese terreno es el adecuado”.
Comentó que hizo la solicitud desde hace tres meses, pero aún no hay una respuesta positiva, el predio que solicita el ayuntamiento está en el triángulo que está antes de entrar a Chilpancingo viniendo de Zumpango.

Sí hay un acuerdo con el dueño de predio usado como tiradero, responde

De los 60 mil pesos mensuales que el dueño del predio donde se deposita la basura recolectada en la capital denunció que no le están pagando, el alcalde comentó que no es esa cantidad, “es mucho menos”, pero no precisó cuánto acordaron pagarle.
Leyva Mena comentó que tenían considerado conseguir ese dinero de la cuota que darían los recolectores de la basura que depositan los residuos en el lugar, pero ellos no quieren pagar; sin embargo, dijo que, “si no tuviéramos un acuerdo básico con el dueño del predio, créeme que cerrarían el lugar”.
Del espacio acéfalo que hay en la Secretaría General del Ayuntamiento, después de la renuncia de Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, comentó que aún no hay un remplazo, aunque consideró que están trabajando normalmente.
En la conferencia, el alcalde informó que se están limpiando coladeras y alcantarillas que están saturadas de basura, pero también están cambiando algunas que estaban dañadas.
Reiteró que los bares que fueron clausurados en la avenida Lázaro Cárdenas no cumplieron con los acuerdos de modificaciones que se harían a los establecimientos.
Asimismo, informó que desde el inicio de su gobierno han recuperado 160 áreas verdes que no estaban escrituradas, pero advirtió que los casos de predios que eran áreas verdes; “fueron vendidas por malos funcionarios que lo hicieron en administraciones pasadas”.

Desalojará a más de mil ambulantes del mercado central si no llegan a acuerdos, adelanta

De la denuncia de locatarios del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla que se quejan de los comerciantes ambulantes que obstruyen las salidas y que piden que sean regularizados, Leyva Mena informó que podría desalojar a los más de mil ambulantes.
Explicó que hay diálogo con los comerciantes, pero adelantó que de no llegar a acuerdos, se “empleará la fuerza pública… creo que es necesario que todos tengamos orden, sobre todo en el mercado, y yo creo que todo mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero también tiene derecho a respetar las vialidades de tránsito”.
Comentó que están dialogando con los comerciantes ambulantes para que paguen impuestos. Comentó que el municipio recauda del cobro a los comerciantes ambulantes entre mil y tres mil pesos diarios, que consideró que es muy poco, comparado con los gastos que se generan.
Explicó que están gestionando la construcción de un nuevo mercado, al sur de la ciudad, rumbo a la comunidad de Petaquillas.

 

Pide el rector de la UAG la presencia permanente del Ejército en los campus de Chilpancingo

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que se reunió con el comandante del 50 Batallón de Infantería, coronel Salvador Cordourier Solórzano, a quien le pidió que haya la presencia permanente de los miliares en Ciudad Universitaria Sur y Norte, porque le han informado que “hay mucha gente extraña que está vigilando desde afuera”.
En declaraciones para El Sur, Saldaña Almazán habló sobre lo que trató en la reunión con el mando militar y dijo que le preocupa mucho lo que le informan que pasa en las escuelas, la seguridad en Ciudad Universitaria Sur y Norte en Chilpancingo, “porque se ha dado el caso de que hay mucha gente extraña que está vigilando las escuelas. Que se introduce a las instalaciones sin las acreditaciones correspondiente” y que por eso se reunió con Cordourier Solórzano.
Indicó que para prever algún incidente que exponga, ponga en riesgo la vida o seguridad de los universitarios, pidió que haya presencia permanente de los militares en Ciudad Universitaria.
Insistió en que hay gente que se aposta en la entrada y salida de las escuelas de la universidad, así como de otros subsistemas, por lo que “hay que prevenir y cuando me comentan esa situación yo voy con los militares, que es la institución a la que más confianza le tenemos, pues nos ha ayudado mucho, como en el caso de Acapulco”.
El rector comentó que otro tema que trataron es el caso del estudiante de Ciencias de la Comunicación, quien murió en el fuego cruzado del enfrentamiento entre las policias comunitarias en El Ocotito. Dijo que lamentaba mucho la muerte del estudiante universitario por la “imprudencia, por la falta de raciocinio de quienes hayan terminado con su vida”.
El rector señaló que no se puede seguir permitiendo que gente inocente pase por estos casos, que la situación preocupa a los universitarios y señaló que el estudiante era un joven bien visto, que trabajaba, “un joven decente al que le decíamos El Ocotito, y pedimos que ojalá se tomen las medidas correspondientes para que no vuelvan a suceder estos problemas”.
Acerca de lo que le ha dicho la Fiscalía sobre el caso, el rector nada más informó que le dijeron que fue una equivocación, de acuerdo con las personas que vieron la escena, que el estudiante iba a dejar a una persona a la comunidad de Las Mojoneras, que en ese momento estaba el fuego cruzado entre los miembros de esas dos organizaciones, que el compromiso es que harán todo lo necesario para que den con los responsables y “ojalá le den su castigo merecido, porque no se vale que a un joven le quiten la vida de esa manera. Que si tienen diferencias las dialoguen y se pongan de acuerdo, no creo que las balas sean el camino para resolver los problemas”.
Saldaña Almazán agregó que otro tema que tocaron fue el cómo ayuda la universidad para terminar con el problema social que se tiene, pues “todos tenemos que poner de nuestra parte, no solamente estar criticando y quejándonos”. Que hay dos líneas a seguir, que es el combate al delito y la reconstrucción del tejido social.
Que como universidad también van ayudar al Ejército para hacer actividades comunitarias, para que la gente no se sienta olvidada, que se sienta atendida.

Marchan mujeres y niños en Tlapehuala; piden que salga el gobierno de la Tierra Caliente

Unas 60 personas, mujeres y niños, marcharon por la carretera federal en Tlapehuala y pidieron la salida del gobierno de la Tierra Caliente.
El grupo de manifestantes avanzó sobre la carretera federal desde la entrada de lado de Altamirano hasta el centro de Tlapehuala.
La marcha fue silenciosa pero además las mujeres que participaron se tapaban el rostro con las pancartas que llevaban en donde exigían un gobierno de justicia y no más abuso de autoridad.
El grupo llevaba pancartas pidiendo la liberación de 23 detenidos, pero no lograron explicar a detalle los nombres o el caso en el que hayan sido detenidos.
Las manifestantes pidieron que no fueran fotografiados y la mayoría avanzaba con temor pidiendo paz en la Tierra Caliente.
Estuvieron concentrados en el sitio de taxis de donde partieron previamente a la marcha y donde concluyeron.

La Policía Estatal y el Ejército no buscan a El Tequilero, se quejan

La Policía Estatal y el Ejército instalaron una base de operaciones en la comunidad de La Gavia municipio de San Miguel Totolapan, como medida de protección, para evitar otro enfrentamiento como el que ocurrió el miércoles pasado, pero no hay acciones de búsqueda de El Tequilero.
El Movimiento por la Paz manifestó su preocupación por la medida tomada por el grupo policiaco que se ubicó en San Miguel Totolapan, y señaló que pasa hacia aquella ruta con víveres y gasolina.
La medida permite que el grupo policiaco tome el control de la parte donde opera El Tequilero, en donde se estima que aún están viviendo cerca de 350 personas, luego de que una parte de la población salió tras el enfrentamiento.
De manera general en el municipio de San Miguel Totolapan no hay enfrentamientos, no hay choques con la población, los habitantes están realizando sus actividades en medio de la presencia policiaca y militar.
Sin embargo el Movimiento por la Paz, por medio de sus voceros, dijo que está al tanto de que policías y militares realicen una acción concreta de búsqueda y localización del grupo de El Tequilero.

Presentan denuncia por robo empresas dueñas de vehículos quemados en los bloqueos

Las empresas dueñas de vehículos que fueron quemados durante la jornada violenta del viernes y sábado en la Tierra Caliente comenzaron a acudir al Ministerio Público a presentar las denuncias correspondientes por el delito de robo.
En Coyuca de Catalán acudieron empresas que tuvieron daños en sus unidades de transporte en los tramos de Ajuchitlán y Tlapehuala.
Se espera que el resto de las denuncias sean presentadas en Arcelia por los casos ocurridos en San Miguel Totolapan en Poliutla y en Arcelia.
Se estima que son aproximadamente 28 camiones y camionetas quemados.
Las denuncias fueron presentadas por el delito de robo al señalar que las unidades se las quitaron a los choferes y que de ahí ya no supieron que pasó con ellas hasta que posteriormente las encontraron quemadas.

Comienza a reactivarse el transporte público en la región

Por otra parte el transporte público en Tierra Caliente comenzó a reactivarse en la mayoría de sus rutas principalmente por la carretera federal que va de Altamirano a Arcelia.
También se reactivó el servicio que va hacia Ajuchitlán aún cuando en la mayoría de las rutas del transporte público hacen falta unidades pues algunas se encuentran en reparación por quedar completamente destruidas.
Este lunes seis taxis del sitio de la comunidad de Tanganhuato, que fueron utilizadas para bloquear la carretera en Santa Bárbara, en Altamirano, fueron ingresadas en grupo a una tienda de cristales para cambiarles todos los que fueron destruidos por el grupo antimotines.
Aún cuando los transportistas han anunciado que presentarán denuncias en contra del gobierno por los daños ocasionados en los bloqueos a sus unidades hasta el momento no se conoce que hayan iniciado alguna carpeta de investigación.
En Altamirano, las empresas de autobuses que tienen corridas a Iguala, Chilpancingo y Acapulco, anunciaron que este martes reanudarán su servicio, después de cuatro días que permanecieron sin operar.
La empresa Costa Line anunció que su servicio será de manera parcial, que sus salidas aun no serían regulares del todo, pero que esperaban que poco a poco se fueran recuperando según un informe oficial.
De igual forma Estrella de Oro y Estrella Blanca anunciaron sus salidas desde este martes, luego de cuatro días en los que quedaron paralizadas pues dos de sus unidades fueron secuestradas y quemadas por grupos de la delincuencia.
La reactivación del servicio será para las corridas que van desde Altamirano a Iguala, Chilpancingo y Acapulco. En ese recorrido pasan por las terminales de Tlapehuala y Arcelia.
Sin embargo todavía no se activa el servicio a Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan. No se ha anunciado fecha para tal efecto.

Repudian 150 reporteros la agresión a colegas y exigen garantías de seguridad para su oficio

Más de 150 reporteros locales y corresponsales nacionales condenaron este domingo la agresión que sufrieron siete periodistas la tarde del sábado en la región de Tierra Caliente, por un grupo de la delincuencia organizada, y exigieron a los gobiernos federal y estatal que cumplan su obligación de garantizar la seguridad y el libre tránsito “y podamos vivir en la normalidad, circular por las carreteras sin el temor de ser víctimas de esos grupos criminales, que mantienen como rehenes a los guerrerenses”.
Exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores que activen protocolos de seguridad para los siete periodistas, ante las amenazas que recibieron por el grupo delincuencial, y criticaron el hecho de que hayan sido agredidos y robados en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que refleja que esos grupos se mueven con total impunidad y la convivencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado.
Mientras tanto, el gobierno del estado confirmó mediante un boletín que la agresión a los reporteros fue cometida “por individuos que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”, y la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una carpeta de investigación sobre esos hechos.
El mediodía de este domingo, unos 30 reporteros locales y corresponsales nacionales se concentraron al pie de la estatua a José María Morelos, en donde leyeron un pronunciamiento y señalaron que lo ocurrido a los siete reporteros refleja una ausencia de garantías para el desarrollo de su trabajo periodístico.
El sábado, los reporteros Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo Pérez García, acudieron a cubrir los hechos de violencia en Tierra Caliente y cuando regresaban a Chilpancingo, un kilómetro antes del retén militar y policial cerca del crucero de Acapetlahuaya, fueron detenidos por un centenar de hombres armados, que los despojaron de una camioneta propiedad de Sergio Ocampo, sus equipos de trabajo, celulares y dinero en efectivo.
Después, los obligaron a subirse a una de las dos camionetas en las que viajaban y les advirtieron que si los denunciaban en el retén militar que estaba adelante, los iban a quemar con todo y la unidad, pues les advirtieron que en el retén militar tenían un halcón que iba a vigilar sus movimientos.
Los periodistas denunciaron que estos hechos atentan contra la libertad de expresión y que pusieron en riesgo la integridad física de los siete reporteros.
“Reporteros de Guerrero y del país expresamos nuestra condena y rechazo a esos hechos lamentables. Subrayamos que esos grupos criminales se mueven con total impunidad y nos parece extraño que hayan actuado con total anarquía en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que confirma la convivencia entre las fuerzas del orden y esos grupos del crimen organizado”, dice el escrito.
Consideraron que es grave, también, que ante esos acontecimientos las autoridades federales y estatales no actuaron siguiendo un protocolo de búsqueda, localización y protección de los periodistas, “por el contrario, generaron falsos rumores de que los compañeros venían en camino resguardados, lo cual no fue cierto. El traslado fue por su cuenta y llegaron solos a esta capital”.
Recordaron que México se ubica entre los países donde ejercer el periodismo es un grave riesgo y que en Guerrero en febrero del año pasado asesinaron en Taxco a Francisco Pacheco Beltrán y en marzo de este año a Cecilio Pineda Birto, en Ciudad Altamirano.
Denunciaron que en ambos casos las autoridades se comprometieron a resolverlos y castigar a los responsables, lo cual no se ha cumplido.
Hicieron un llamado a los periodistas y a la sociedad para que estén observantes de estos hechos, no permitir una agresión más a la libertad de expresión y el derecho a tener una sociedad informada.
Exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
Mientras tanto, la PGR informó que la Feadle inició una carpeta de investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios de comunicación.
“Desde ayer (el sábado), la Feadle contactó directamente a los comunicadores afectados, al tiempo en que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, informó la dependencia en un escrito.
También informó que junto con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.
El gobierno del estado aseguró, en un boletín, que desde el momento que se conocieron los hechos se activaron mecanismos de búsqueda y localización, y que la Secretaría de Protección Civil del Estado movilizó dos vehículos, el primero partió de Iguala hacia Teloloapan y el otro de Teloloapan hacia a Iguala.
“Al saber que por sus propios medios habían llegado a Chilpancingo, autoridades federales, estatales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se entrevistaron con ellos, para ofrecer su apoyo y activar mecanismos de protección a periodistas”, dice boletín.
Confirmó que el grupo de comunicadores fueron detenidos y asaltados por individuos, “que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”.

Les avisaron que ya íbamos

Durante la concentración de los periodistas en el Zócalo de la capital, uno de los periodistas agredidos, Sergio Ocampo, dijo que los delincuentes que los ultrajaron estaban predispuestos y que le da la impresión de que, “les avisaron que ya íbamos”.
Contó que la situación fue traumante cuando uno de los pistoleros apunto su arma corta hacia la cabeza de Hans Musielik.
“Lo que se nos hizo extraño es que antes estaba un retén del Ejército y hasta platicamos con los soldados, que nos preguntaron que a qué fuimos y les contamos todo”, dijo. Añadió que aproximadamente a un kilómetro de allí estaban los civiles armados y más adelante, a otro kilómetro, había otro retén del Ejército.
“Eran puros chavos, algunos hasta se estaban drogando enfrente de nosotros. No nos golpearon, la verdad, pero sí nos trataron con palabras fuertes. Nos dijeron: ‘órale, bájense cabrones, qué andan haciendo’”. Detalló que un niño de aproximadamente 13 años encabezó el comando que bajó todas sus pertenencias de los vehículos y les exigió sus carteras, “fue evidente que iban sobre el equipo, sobre la información”, explicó.
Informó que en el lugar estuvieron de 15 a 20 minutos y que al final le ordenaron que dejara su camioneta, una Patriot Jeep azul, y los obligaron a subirse todos a la otra camioneta roja para que abandonaran la zona, “¿o la van a hacer de tos? Si no se van aquí las quemamos las dos y se van a pie”, advirtió uno de los pistoleros.
Añadió que quien aparentaba ser el jefe les advirtió que si decían algo en el retén del Ejército que estaba adelante, “vamos a ir y nos los vamos a comer vivos”.
Insistió que ya sabían que iban a pasar, porque en cuanto los vieron pusieron palos y piedras en la carretera, para bloquearles el paso. Además, explicó que los dos vehículos en que viajaban llevaban la leyenda de prensa.
Dijo que está seguro que la intención fue quitarles el material periodístico que traían, porque antes habían pasado otros tres retenes aparentemente de la misma gente y que en todos les tomaron fotos y los filmaban, “yo creo que sí, su objetivo era el material que traíamos, porque nos anduvieron vigilando”, dijo.

Cierran la autodefensa de Totolapan y vecinos el paso de soldados y policías a La Gavia

Debido a una serie de confrontaciones entre militares y policías y la autodefensa de San Miguel Totolapan se mantiene tenso el ambiente en la zona ante un posible choque, porque las autodefensas cerraron las entradas a la cabecera municipal, pues no quieren permitir el ingreso de más efectivos con el argumento de que ayudan al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y se mantienen cerca del puente de la entrada unos 300 uniformados en espera de órdenes para ingresar a la zona que controla el Movimiento por la Paz.
Desde las 4 y media de la madrugada, llegaron policías ministeriales, estatales y peritos con militares de la base de San Miguel Totolapan, intentaban acudir al pueblo de La Gavia, para hacer las diligencias a los ocho muertos, que según el gobierno del estado dejó un enfrentamiento entre la banda de Los Tequileros y de La Familia Michoacana el miércoles.
Integrantes de la autodefensa Movimiento por la Paz y vecinos bloquearon el paso más de cuatro horas a soldados, policías ministeriales, estatales y peritos del MP que se dirigían La Gavia.
Fuentes del pueblo informaron que el hecho ocurrió porque la autodefensa acusa al Ejército de que ayer, cuando resguardaba la población de La Gavia tras el enfrentamiento, dio servicio médico y trasladó a dos heridos del grupo delincuencial que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, a una clínica fuera de Totolapan.
Cuando llegaron los policías comenzó el bloqueo en las entradas con unidades del transporte público. Policías y personal que iba a la diligencia comentó que “entendieron eso como un encierro y que no los dejarían salir”, pero además esperaban un acuerdo para que les autorizaran entrar a La Gavia.
A las 9 de la mañana líderes de la autodefensa se dieron cuenta que los ministeriales se decían “retenidos”, y acudieron a decirles que se podían salir cuando quisieran, y acordaron que para evitar confusiones el convoy saldría del municipio.

Se reagrupan más de 300 soldados y policías

Más de 300 agentes entre militares, policías estatales y ministeriales se reagruparon en la tarde, se instalaron en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, a 2 kilómetros del puente de entrada a San Miguel Totolapan en espera de órdenes de ingresar, y al anochecer se mantenían en sus puestos.
Los militares encabezan el grupo más grande, con más de 200 efectivos, siguen cerca de 10 patrullas del estado con unos 50 elementos y 5 patrullas más de la Policía Ministerial con otros 50.
Los integrantes del Movimiento por la Paz al enterarse del grupo que intentaba ingresar reunió a cerca de 100 personas en el puente, entre mujeres y hombres, con intenciones de impedir el ingreso del convoy.
Había vehículos particulares, tractores y del transporte público listos para cerrar el paso. Solamente permitían el paso a particulares y vecinos de la localidad.
Vecinos y choferes del transporte público se sumaron al movimiento luego de que les pidieron apoyo, y bloquearon la carretera estatal en el poblado de Poliutla del municipio de Tlapehuala, a un kilómetro de la carretera federal.
El bloqueo comenzó antes de las 2:30 de la tarde en la carretera estatal, luego de que los pobladores se enteraron de que en el poblado de Santa Ana del Águila, entre Totolapan y Tlapehuala, hay unos 300 soldados y policías estatales y ministeriales.
En Poliutla se observaron unas 30 combis del transporte público de la ruta Tlapehuala-Arcelia bloqueando la carretera.
Cerca de las 5 de la tarde llegó otro grupo de 30 taxistas de Arcelia y bloqueó la entrada al pueblo del Escondido, en Santo Niño municipio de Tlapehuala, que es una localidad entre Altamirano y Arcelia, a 3 kilómetros de este último municipio. Esta es otra entrada de camino rural que tiene acceso a rutas que llevan a Santana del Águila.
La intención de los bloqueos es impedir que lleguen refuerzos a los militares y grupos policiacos en la zona.
Cerca de las 5 y media de la tarde llegaron al crucero de Poliutla tres patrullas cargadas con escudos y equipo antimotines, que al parecer intentaban llevar a Santana del Águila, pero no alcanzaron a cruzar.

Cerraron el paso a las autoridades

En un primer momento la tarde de este jueves la autodefensa consideraba permitir el ingreso de los policías estatales y ministeriales, pero no del Ejército, a quienes señalaron de estar coludido con El Tequilero, pero luego de la visita del vocero a La Gavia por aire, y ante la falta de diálogo con el movimiento de autodefensa acordaron que no permitirían la entrada a ningún grupo policiaco.
En la tarde se mantuvo en el poblado de Santana el grupo militar y policiaco pero tampoco se movieron los bloqueos, lo que dejó prácticamente cercadas las salidas para ellos.
Las autodefensas pidieron la salida del grupo militar que se ubica en la cabecera municipal, al considerar que no combatió a El Tequilero, sino que incluso le prestó auxilio a su gente para escapar.

Se deslinda la autodefensa del ataque en La Gavia

Según voceros de la autodefenesa, en La Gavia quien atacó a Los Tequileros fue un grupo con el que tienen conflicto y no miembros del Movimiento por la Paz, y señalaron que el Ejército se ha prestado para “llevar parque (municiones) y armas” a la banda de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
En conferencia de prensa dijeron que “ese señor tiene problemas si subía la sierra porque ya no lo quieren, si se va hacia a un lado como Altamirano tampoco lo quieren, si se va hacia el otro lado tampoco, es decir tiene muchos enemigos, entonces no todo lo que pase contra él es responsabilidad de la autodefensa de San Miguel Totolapan. Nosotros nos estamos haciendo responsables de lo que ocurre en la cabecera municipal y ahorita ya en San Antonio, pero más allá no tenemos injerencia”.
El Movimiento por la Paz también se unió a la protesta contra el Ejército y lamentó que los soldados apoyen a estos criminales, a los que ayudan a salir de la zona, incluso si tienen órdenes de aprehensión. “El Ejército los está apoyando con suministros, con parque, con armas, y por eso ya no queremos que entren a ese lugar”, dijo un voceros.
Dijo que en La Gavia no fueron las autodefensas las que retuvieron las actuaciones del MP, “fueron los familiares de los muertos quienes no permitieron que se revisaran los cuerpos, porque ellos tuvieron acceso hasta el pueblo junto con el Ejército, pero las familias fueron quienes impidieron, no fuimos nosotros”.
En esta reunión estuvieron cerca de 60 pobladores entre vecinos de San Antonio y de La Gavia que han formado un comité de defensa en la localidad, y confirmaron que solicitaron el apoyo de la autodefensa de San Miguel Totolapan.
Hubo testimonios de vecinos que han salido por temor de sus casas, pero con el apoyo de la autodefensa piensan regresar poco a poco. “Llegaban en la noche y nos pedían de comer a cualquier hora, entonces nuestras familias no estaban seguras, por eso decidimos salir porque la vida allá es muy complicada con esa gente”, relataron.
Una mujer de la tercera edad afirmó que llegó con su familia con miedo, va con siete niños que son sus nietos y que son hijos de un hombre que fue desaparecido el 19 de abril por Los Tequileros.

El Ejército protege a El Tequilero y el vocero miente sobre Totolapan, declara el alcalde

El alcalde de San Miguel Totolapan, perredista, Juan Mendoza Acosta dijo que el Ejército brinda protección al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y que ha ayudado a hombres con órdenes de aprehensión a salir de esa localidad.
En conferencia de prensa en su oficina dijo que “algunas autoridades se han visto mal, como ocurrió el pasado viernes para amanecer sábado, hubo un operativo en La Gavia y resultó al revés. Ya traían a delincuentes detenidos como El Mulero, que es el que descabeza, el que mata gente inocente, ya lo traían detenido pero un grupo de mujeres, entre ellos su suegra, sus cuñadas, se amontonaron y qué pasó, les quitaron al detenido y además las corporaciones salieron secuestradas”, expuso sobre la retención de militares.
Afirmó que para poder salir tuvieron que pagar, “el acuerdo al que llegaron primero fue la liberación de los detenidos y segundo el pago de 70 mil pesos como un rescate por permitirles salir de La Gavia, la verdad es que se han visto mal”.
Agregó que “el Ejército en lugar de ayudar a la gente inocente que está pidiendo que detengan a El Tequilero es al revés, le están dando protección. Allá sacaron delincuentes tiene como 20 días que sacaron a esa gente con órdenes de aprehensión y se prestaron a eso. Sin embargo yo soy presidente municipal y no soy quien debe de juzgar”.
Dijo que el combate al grupo criminal Los Tequileros es un tema de “voluntad”, “el gobierno ha agarrado delincuentes grandes en el país pero aquí no le han puesto interes a El Tequilero, que esa persona ha hecho más ofensa a la sociedad que algunos que se dedican al trabajo ilícito pero no se dedican a perjudicar a la sociedad. Me parece que el gobierno tiene la tecnología para detenerlo pero no ha querido”.
Juan Mendoza mencionó que el grupo de la comunidad de San Antonio le ha llamado para salir del pueblo y que los atiende como parte de sus obligaciones como alcalde.
“Yo estaba en Chilpancingo firmando el convenio del fertilizante y por la noche del martes me enteré de que la gente de San Antonio se había ido a defender sus casas, porque tenían reportes de saqueos”, expuso.
“Ayer la gente que es de La Gavia y que no tiene nada que ver con El Tequilero salió del pueblo, aquí llegaron y yo di respaldo, los acomodé en algunas casas de amigos, aquí están en San Miguel Totolapan, les damos comida”, dijo.
Son unas 15 familias que salieron de sus hogares y saldrán más.
“Yo quisiera una audiencia con el gobernador para hablar del tema y el presidente la República, quisiera decirle que regrese a ver a San Miguel Totolapan, que regrese a ver La Gavia que ha sido muy ofendida, y que está fácil terminar este asunto, la gente quiere trabajar, sembrar y dedicarse a sus funciones pero este sujeto al que no le gusta trabajar no los deja”, agregó.
En redes sociales se mencionó que una de las camioneta que usó el grupo armado que intentó ingresar a La Gavia a combatir a El Tequilero, era del alcalde, quien ayer dijo que eso era falso.
Afirmó que el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia difunde información falsa de San Miguel Totolapan, “le pido al vocero respeto hacia mi persona, que primero investigue las cosas y luego las saque a relucir”, dijo que hay personas que intentan relacionarlo con grupos criminales, “que hagan una investigación real de mi persona, no tengo nada que esconder”.

Guerrero es un territorio de dolor por las desapariciones, dice representante de la ONU en foro en el Congreso

Durante el foro Las víctimas de un Estado fallido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Alan García calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” debido a las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos” y dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 durante la irrupción de civiles armados, así como los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, son apenas la punta del iceberg que dan una idea de dónde y con quién estuvo el Estado en esos hechos.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez dijo que en la entidad la macro criminalidad se conjuga por la intervención de la delincuencia organizada y el Estado quienes han colocado a Guerrero como la primera entidad en desaparecidos y fosas clandestinas del país.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que en Guerrero se vive una “escena dantesca” y que el Ejército tiene permiso para matar desde la década de la guerra sucia (1970), lo que se agravaría si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada denunció que quienes practican la violencia y violan los derechos humanos son los grupos de poder fácticos tolerados por las autoridades.
El foro Las Víctimas de un Estado Fallido; desaparecidos, ejecutados y desplazados, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos), con motivo de los dos años de la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, días en los que 30 ciudadanos fueron desaparecidos y de los cuales existen 16 denuncias formales.
Fue en la biblioteca del Congreso local pero fue desdeñado por los diputados locales que no asistieron a escuchar a los familiares de las víctimas, ni de los representantes de los organismos de derechos humanos.
Al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García habló de la desaparición de personas pero comenzó con una condena ante el asesinato de Miriam Rodríguez del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, ejecutada la noche del miércoles, dijo que este crimen “sacude la conciencia de quienes abrazamos la causa de los derechos humanos”.
Calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” pero también de muchísima resistencia ante las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos”.
Dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 durante la irrupción de civiles armados, junto a los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, son apenas la punta del iceberg de un problema mucho más complejo en materia de desaparición de personas.
También los puso como ejemplo de violación masiva a los derechos humanos, “y uno se pregunta en dónde estuvo y con quién estuvo el Estado ese día”.
Para Alan García hablar de desaparición de personas, de desplazamientos y ejecuciones “es sin duda, hablar de tres de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.
Destacó que la desaparición de personas ha tenido dos momentos, el de la guerra sucia que tuvo en Guerrero su epicentro, y el contexto actual de inseguridad y violencia.
Explicó que en la guerra sucia era un método de represión política instrumentado en contra de la disidencia de izquierda, y que es una asignatura que sigue vigente y aguarda una respuesta.

De 2007 a 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones, informa la CNDH

Antes Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), disertó sobre el contenido del informe que presentó ese organismo en abril sobre las desapariciones y las fosas clandestinas, que calificó como una problemática “compleja, dolorosa, lacerante e indignante para todos porque no hace distinciones de razas, credos, religiones y lo más grave, no ha sido erradicada”.
Destacó que las desapariciones constituyen una forma compleja de violaciones a derechos humanos que debe de ser encarada y comprendida de manera integral, “pues estamos ante una múltiple y continuada violación de distintos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales”.
Las cifras de este informe establecen que de 2007 a octubre de 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones. Del total 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. El 82.7 por ciento del total se concentra en 11 entidades del país, entre ellas Guerrero, que reportó mil 155 casos de desaparición durante ese tiempo.
En cuanto a las fosas clandestinas, Ismael Eslava dijo que es preocupante también el hallazgo de “un número importante” de fosas clandestinas con cadáveres o restos humanos.
Agregó que la CNDH documentó que muchas ocasiones la búsqueda y localización de las fosas clandestinas es realizada por los familiares de las víctimas de desapariciones, “ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justica”.
Frente a casi un centenar de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y desplazados el visitador de la CNDH reconoció que los familiares que se han convertido en verdaderos investigadores, “que sin ningún tipo de recursos han acudido por sus propios medios a los distintos lugares para buscar a sus seres queridos, y como consecuencia exponen su integridad, a pesar de que esta actividad le corresponde a la autoridad”.
En cuanto a las cifras informó que del 1 de enero del 2007 a septiembre del 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los cuales 155 son mujeres y mil 53 hombres. En 343 casos no se proporcionó el género.
Asimismo 621 eran mayores de edad, 28 menores de 18 años y en 899 casos no se señala el indicador. De los mil 548 cadáveres exhumados al corte de la información para la elaboración del informe, se habían identificado 796 cadáveres.
Del total 195 fosas se localizaron en Guerrero de las que se exhumaron 326 cadáveres, con lo que se ubicó en la entidad con el mayor número de fosas clandestinas encontradas, reconoció el visitador de la CNDH.

Cisis humanitaria: Centro Prodh

El presidente del Centro Prodh, Mario Patrón disertó sobre macro criminalidad. Dijo que en 10 años en la denominada guerra contra el crimen organizado, en México la violencia ha provocado desaparecidos y muertos más que en cualquier conflicto bélico, lo que coloca al país en una crisis humanitaria con sus 60 mil personas desaparecidas y 160 mil asesinadas.
Añadió que las víctimas se siguen acumulando ya sea por la impunidad, la falta de capacidad de las autoridades o por la corrupción, la falta de instituciones sanas, además de los problemas estructurales. Añadió que todo eso provoca graves violaciones a los derechos humanos.
Explicó que la macro criminalidad se entiende como la que se comete por el crimen organizado con la suma de las instituciones públicas.
Citó como ejemplos de macro criminalidad los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 donde murieron 6 personas, tres de ellos estudiantes, y desaparecieron 43 normalistas. También la irrupción de civiles armados en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, que dejó más de 30 desaparecidos.
Explicó que en ambos casos el crimen organizado contó con el contubernio de las autoridades federales, “esa es la macro criminalidad, la suma de las instituciones del poder público con el crimen organizado”.
Insistió que ambas acciones sólo pudieron suceder mediante la connivencia de las instituciones públicas con el crimen organizado, porque ¿dónde estaban las corporaciones federales, estatales y municipales cuando ocurrieron estos hechos?

 

Recorren soldados el Mercado Central tras los asesinatos del viernes y el domingo

 

Efectivos del Ejército recorrieron ayer el Mercado Central, luego de los asesinatos de tres personas, entre ellas un comerciante, en dos días.
Se constató que a las 11 de la mañana los soldados recorrieron las calles 2 de Agosto, Feliciano Radilla, 16 de Septiembre y la avenida Constituyentes.
Los comerciantes se mostraron asombrados por el despliegue militar en el centro de abasto, aunque la actividad comercial continuó de manera normal.
Los efectivos no revisaron a las personas ni automóviles del transporte público, como ocurrió en operaciones del año pasado. Después se subieron a una camioneta del Ejército y se retiraron.
Por su parte, personas que acudieron a comprar pidieron recorridos de los soldados en el Marcado Central para que haya más seguridad, así como un módulo de policía permanente.
El viernes pasado, una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos en el Mercado Central, y el domingo un comerciante murió acribillado a balazos en el mismo centro de abasto.
En abril, un militar retirado fue asesinado a balazos adentro de camión urbano de la ruta Jardín, en la calle Diego Hurtado de Mendoza, frente al centro de abasto.
Y el 1 de enero de este año, un militar vestido de civil fue ultimado a balazos atrás del estacionamiento del mercado.
El 9 de septiembre del año pasado, el ex comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández, militares, efectivos de la Gendarmería y policías municipales, recorrieron el Mercado Central, donde los jefes policiacos aseguraron que hay extorsiones.