Etiqueta: Héctor Astudillo Flores

Marchan 2 mil vecinos en Tlacotepec; exigen paz y libre tránsito al gobierno y las policías

Más de 2 mil vecinos de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) marcharon para exigir paz en la cabecera municipal al gobernador Héctor Astudillo Flores, a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a la Policía Federal y al Ejército.
También demandaron seguridad y libre tránsito en la carretera federal de Casa Verde, municipio de Eduardo Neri, y en Filo de Caballos, Leonardo Bravo (Chichihualco), ante los constantes asaltos que han sufrido comerciantes y choferes del transporte público.
A las 11:30 de la mañana los inconformes, algunos vestidos con playera blanca y con globos blancos, se reunieron en la explanada frente al Ayuntamiento de Tlacotepec y salieron en marcha.
La población portaba lonas y pancartas en las que se leía, “Marcha ciudadana por la paz en la sierra”, “Marcha por la paz. A los gobernantes que hoy nos representan les pedimos su valioso apoyo para vivir en orden y paz, la gente de la sierra pedimos seguridad en los caminos, no asaltos, no robos, no maltratos, sí respeto para todos”, “ Dip. Ignacio Basilio, Heliodoro Castillo necesita seguridad vial, exigimos tu apoyo para nuestra seguridad, Casa Verde-Filo de Caballos”.
Consultado por teléfono el presidente municipal de Tlacotepec, el priista Juan Pedro Salgado Román comentó que los comerciantes y choferes del transporte público han sido víctimas de asaltos en la carretera federal.
Comentó que los comerciantes cuando se dirigen a Chilpancingo para vender sus productos como maíz, sorgo y frutas transitan por esa carretera y han sido víctimas de asaltos, y les quitan sus productos, además los delincuentes no dejan pasar a las pipas de gasolina y diesel hacia Tlacotepec.
“En Casa Verde y Filo de Caballos les han quitado su mercancía, varias situaciones que se están dando en la zona, incluso la cuestión de que no dejan pasar la gasolina o combustible para Tlacotepec, esto ha creado una situación complicada, estos asaltos han sido esporádicos pero en los últimos días han incrementado”, declaró.
Salgado Román dijo que el motivo de la movilización es exigir a los gobiernos estatal y federal seguridad y libre tránsito en esta zona, para bajar los asaltos que afectan a los comerciantes y choferes del transporte público.
Por teléfono un vecino de Tlacotepec demandó mayor vigilancia en esa zona para el cesen los asaltos, extorsiones, robos a los automovilistas y pasajeros del transporte público de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec.
Agregó que este problema de asaltos en la carretera ha provocado escases de productos de la canasta básica y gasolina en la cabecera municipal, “los delincuentes han amenazado a los surtidores de las empresas que no lleven sus productos para allá, por eso pedimos la intervención de las autoridades”.
A la 1 de la tarde concluyó la marcha en la explanada del Ayuntamiento de Tlacotepec.

Logran trabajadores de Ayotzinapa que se sometan a concurso siete plazas en la Normal Rural

Tras una reunión privada con el gobernador Héctor Astudillo Flores, maestros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa lograron que se sometan a concurso siete claves, además de la promesa de que sean ingresados 13 de sus compañeros al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (Fone).
Tras un mes de paro y una semana de plantón frente a Palacio de Gobierno, 160 trabajadores de la normal rural ubicada en Tixtla, reanudaron labores este lunes con la intervención del gobernador Héctor Astudillo.
El jueves de la semana pasada se celebró la segunda reunión entre una comisión, encabezada por el delegado sindical, Juan Manuel Dominguillo, y el gobernador Héctor Astudillo, acompañados por el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
En el encuentro privado, realizado en la capital del estado, se logró que se sometieran a concurso las siete claves, dos de docentes y cinco de administrativos, que se liberaron luego de la jubilación de compañeros.
La petición principal del movimiento era que 13 compañeros, cinco de ellos maestros, pudieran ingresar al Fone, pero tras la reunión se retiraron con la promesa de que el gobierno los consideraría.
En la reunión, el gobernador Astudillo Flores dio la orden a su secretario de Educación, González de la Vega Otero, para atender el problema de las plazas de manera inmediata.
A raíz de la solución planteada por los funcionarios, este lunes, 154 trabajadores, 64 académicos y 90 administrativos, de intendencia, biblioteca, veladores, cocineros, entre otros, retornaran a sus actividades.
El líder sindical Juan Manuel Dominguillo explicó que a pesar de la movilización que se mantuvo en este último mes, los alumnos de la normal no resultaron afectados con la pérdida de clases, ya que se encontraban en el periodo de prácticas laborales en diferentes instituciones.
A pesar de esa situación, detalló que se reunirán los asesores correspondientes para buscar el método de evaluación adecuado para sus alumnos, así como poder resolver la falta de clases.
Al concluir el encuentro se firmó una minuta de acuerdos, con la finalidad de que en febrero sean registrados en el Fone los 13 trabajadores que se encuentran fuera de esta plataforma nacional.

Cierran comercios y escuelas en el valle de El Ocotito

El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante  recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo  

El gobernador pregunta por la seguridad que pregona la UPOEG y dice que hay un conficto entre dos grupos y urge la responsabilidad de la federación

Zacarías Cervantes

Chilapa

El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal  Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación  en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.

Suspenden clases también en Acahuizotla y Palo Blanco, tras ataque a balazos el martes
En las comunidades de Acahuizotla y Palo Blanco, del municipio de Chilpancingo, se suspendieron las labores en las escuelas de todo los niveles educativos, tras los hechos de la noche del martes, cuando civiles armados atacaron a policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en su retén en la entrada a Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco.
Con éstas, son siete comunidades del valle de El Ocotito donde no hay clases, luego del enfrentamiento del domingo entre civiles armados y policías estatales que dejó un civil muerto y dos policías heridos en Buenavista de la Salud.
Un integrante del Consejo de Autoridades de El Ocotito, informó que ayer se acordó que no se reanudaran las clases suspendidas desde el lunes  en  Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, por los hechos de violencia de la noche del martes en Palo Blanco, y que además se sumaron Palo Blanco y Acahuizotla.
Señaló que esta medida es para que estudiantes y maestros no corran el riesgo en caso de un enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y hombres armados.
La noche del martes, un ataque de civiles armados a policías de la UPOEG en Palo Blanco, dejó un muerto y dos policías heridos de bala. (Luis Blancas/Chilpancingo).

Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG

El ejecutado en un automóvil el martes era un ex policía ciudadano, informa Ernesto Gallardo. Destituyeron a ocho integrantes de la organización que tenían acuerdos con los criminales, afirma. Aterroriza a vecinos de Palo Blanco el rumor de una balacera, cierran locales y se refugian en sus casas

El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.

Retenes no reactivan la vida cotidiana

Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.(Alina Navarrete Fernández / Palo Blanco, Chilpancingo).

Abrió el 93% de escuelas cerradas ante la violencia, informa el gobernador

Abrió el 93% de las escuelas de la Montaña Baja cerradas ante la violencia, informa el gobernador

De 496 centros educativos de Chilapa, Zitlala y Hueycantenango están trabajando 462, en los que estudian 48 mil alumnos, afirma. El resto no se ha sumado “por situaciones de carácter gremial”. La operación militar y policiaca va a durar el tiempo que duren las clases, anuncia. Pero se vio que en algunos planteles los soldados se han retirado. Los maestros de la CETEG “han venido poniendo pretextos para no regresar” y la semana próxima habrá descuentos, advierte la SEG

Zacarías Cervantes

Chilapa

Tras una reunión de evaluación del Grupo de Coordinación Guerrero este miércoles en Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que el 93 por ciento de las escuelas de la región educativa Montaña Baja que estaban cerradas por la inseguridad han reanudado sus labores, y que el resto se mantiene cerradas por conflictos “gremiales”.
Antes de la reunión en un recorrido por la cabecera municipal se comprobó que la seguridad militar que se había instalado afuera de las escuelas se ha retirado. Personal de algunos centros educativos informaron que contaron con resguardo solamente la semana pasada y que a partir de este lunes ya no regresaron los militares, en otros informaron que se retiró la vigilancia a partir del martes y en algunos más desde este miércoles.
En la reunión de ayer estuvieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia y el presidente municipal priista Jesús Parra García.
El encuentro comenzó a las 12 del día y terminó casi a la 1:30. Al término Astudillo Flores emitió un breve mensaje a los representantes de los medios de comunicación y contestó cuatro preguntas a los reporteros.
Astudillo Flores aseguró en la conferencia de prensa que ya hay avances en la investigación del asesinato de Diana Paulina, pero que “por razones obvias no podemos dar detalles”.
En cuanto a las escuelas dijo que de acuerdo con los datos recabados en 12 rutas que se establecieron en esta región, de 496 escuelas están trabajando 462, que significan el 93 por ciento, en las que estudian alrededor de 48 mil alumnos. Argumentó que el resto no se ha sumado “por situaciones de carácter gremial no han facilitado que regresen al 100”, en referencia a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) que son los que han rechazado regresar a sus labores.
Precisó que la operación militar y policiaca para garantizar la seguridad a maestros y alumnos se ha establecido en 12 rutas y aseguró que “ha venido funcionando, y este día podemos decir que tenemos un avance del 93 por ciento y esperamos que en el transcurso de los próximos días con la participación de algunos grupos gremiales que no han colaborado mucho pueda esto llegar al 100 por ciento”.
Un reportero pidió que precisara en qué municipios se encuentran esas 460 escuelas que según ya regresaron a sus labores con normalidad, y en dónde están las otras escuelas que no han abierto por conflictos magisteriales. Astudillo dijo que están principalmente en Chilapa, 358 escuelas, en Zitlala 71 y en José Joaquín Herrera (Hueycantenango).
“Estos tres municipios son los que plantearon la problemática originalmente y a esto nos referimos del 93 por ciento de avance del regreso a escuela”, expuso.
Enseguida le pasaron una tarjeta y precisó que en José Joaquín de Herrera de 67 escuelas han regresado 65, y que es el municipio con el mayor avance en regreso a clases.
Dijo que en Zitlala de 71 han regresado 68 y en Chilapa de 358 han regresado 329. En tanto que en la cabecera de este municipio 60 escuelas de 65 ya regresaron.
Informó que la operación militar y policiaca va a durar el tiempo que duren las clases, y que posteriormente sólo estarán pendientes de lo que pase en Chilapa, porque, dijo, “es una zona que tiene un indicador muy especial respecto al tema de los homicidios dolosos”.
Precisó que primero Acapulco, en segundo lugar Chilpancingo y después Chilapa, “es un tema que por supuesto ocupa a la federación, ocupa al estado y ocupa, por supuesto, al municipio”.
En las preguntas se preguntó al gobernador por qué ya se había retirado la seguridad militar de las escuelas, y dijo que la seguridad se establece por rutas, que aquí “no es como en Acapulco, un militar en la puerta de las escuelas. Son rutas, esto es muy importante decirlo, en algunos lugares sí puede haberlo pero normalmente nos manejamos por 12 rutas”, argumentó sin precisar en qué consiste la seguridad por rutas.
También se preguntó al secretario de Educación, José Luis González de la Vega, quien argumentó que “es muy complicado que haya un soldado por cada una de las escuelas” y que por eso la seguridad se estableció por rutas, pero tampoco explicó en qué consiste este esquema, “allí si no le puedo decir, ellos (los militares) conocen muy bien los esquemas de seguridad y cómo se hacen las rutas, los relevos”.
Aunque informó que el lunes estuvo en esta cabecera municipal y visitó escuelas del centro, de la periferia y de algunas comunidades, “y si vi la presencia tanto del Ejército como de Seguridad Pública”.
Para el secretario sí está funcionando el esquema de seguridad mediante rutas porque “es notorio el regreso a clases de los maestros y alumnos de una semana para acá”.
El secretario de Educación abundó en la declaración del gobernador Héctor Astudillo cuando éste se refirió a que por conflictos gremiales no han abierto el 100 por ciento. De la Vega dijo que son los maestros de la CETEG los que “han venido poniendo pretextos para no regresar”.
Informó que la SEG envió un oficio a los maestros en el que les dijo que ya había las condiciones para que regresaran a sus labores “y solicitándoles su apoyo”, pero pusieron muchos pretextos, como que el sello fue colocado en el oficio del lado derecho cuando debería estar del lado izquierdo”.
El funcionario acusó que estos son, más bien, pretextos para no regresar. Advirtió que la dependencia ha querido ser tolerante por la situación difícil y complicada, pero que ya están preparando para la semana próxima los descuentos correspondientes.
El secretario de Educación informó que en la medida en que se establezcan bien las rutas también se podrán incorporar a las actividades los maestros de las escuelas de las comunidades, aunque aseguró que les costó más trabajo que regresaran en la cabecera municipal que en algunas comunidades, sobre todo las que están por Quechultenango.
En otro tema, la conferencia con el gobernador Astudillo, también confirmó la aparición con vida de la joven de 15 años de edad Zuleyca Yumiko, quien había sido reportada como desaparecida la tarde del viernes de la semana pasada por lo que, dijo, ya fue retirada la Alerta Ámber.
Del asesinato de la niña de 13 añosm Diana Paulina, informó que el caso también fue tema de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y aseguró que “hay avances en la investigación”, pero por “razones obvias no podemos dar detalles, pero hay avances muy importantes en torno a esa lamentable muerte”.
Una reportera le preguntó si tenía considerado incorporar al municipio de Chilapa en la alerta de violencia de género, ante el incremento de los asesinatos contra mujeres y el gobernador declaró que va a revisar el caso, “y yo creo que no hay ningún inconveniente que lo incorporemos de manera inmediata”.
Ya no resguardan militares algunas escuelas

Antes de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y la conferencia de prensa del gobernador, en un recorrido por varios puntos de la cabecera municipal se constató que fue retirada la vigilancia de soldados del Ejército afuera de las escuelas que abrieron desde la semana pasada.
Personal de algunas instituciones declaró que la vigilancia permaneció solamente la semana pasada como en la escuela Justo Sierra, en el centro de Chilapa, y ayer ya no había soldados, algunos padres de familia informaron que la vigilancia se retiró a partir de hoy, según los directivos para dar prioridad a la seguridad a la visita del gobernador, pero que es posible que regresen este jueves.
Tampoco se vio seguridad en el jardín de niños Amado Rodríguez, en esta institución una de las educadoras dijo que desde el lunes ya no regresaron los soldados y que cuando preguntaron les dijeron que fueron trasladados a otras zonas del estado.
La seguridad también se retiró, en la USAER (Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) 131, en donde el personal aseguró que desde el martes ya no cuentan con la seguridad que les brindaron los soldados la semana pasada.
Ayer solamente se vieron patrullajes en varios puntos de la ciudad pero no la vigilancia de dos o tres militares como la semana pasada.

Abrió el 93% de las escuelas de la Montaña Baja cerradas ante la violencia, informa el gobernador

Tras una reunión de evaluación del Grupo de Coordinación Guerrero este miércoles en Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que el 93 por ciento de las escuelas de la región educativa Montaña Baja que estaban cerradas por la inseguridad han reanudado sus labores, y que el resto se mantiene cerradas por conflictos “gremiales”.
Antes de la reunión en un recorrido por la cabecera municipal se comprobó que la seguridad militar que se había instalado afuera de las escuelas se ha retirado. Personal de algunos centros educativos informaron que contaron con resguardo solamente la semana pasada y que a partir de este lunes ya no regresaron los militares, en otros informaron que se retiró la vigilancia a partir del martes y en algunos más desde este miércoles.
En la reunión de ayer estuvieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia y el presidente municipal priista Jesús Parra García.
El encuentro comenzó a las 12 del día y terminó casi a la 1:30. Al término Astudillo Flores emitió un breve mensaje a los representantes de los medios de comunicación y contestó cuatro preguntas a los reporteros.
Astudillo Flores aseguró en la conferencia de prensa que ya hay avances en la investigación del asesinato de Diana Paulina, pero que “por razones obvias no podemos dar detalles”.
En cuanto a las escuelas dijo que de acuerdo con los datos recabados en 12 rutas que se establecieron en esta región, de 496 escuelas están trabajando 462, que significan el 93 por ciento, en las que estudian alrededor de 48 mil alumnos. Argumentó que el resto no se ha sumado “por situaciones de carácter gremial no han facilitado que regresen al 100”, en referencia a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) que son los que han rechazado regresar a sus labores.
Precisó que la operación militar y policiaca para garantizar la seguridad a maestros y alumnos se ha establecido en 12 rutas y aseguró que “ha venido funcionando, y este día podemos decir que tenemos un avance del 93 por ciento y esperamos que en el transcurso de los próximos días con la participación de algunos grupos gremiales que no han colaborado mucho pueda esto llegar al 100 por ciento”.
Un reportero pidió que precisara en qué municipios se encuentran esas 460 escuelas que según ya regresaron a sus labores con normalidad, y en dónde están las otras escuelas que no han abierto por conflictos magisteriales. Astudillo dijo que están principalmente en Chilapa, 358 escuelas, en Zitlala 71 y en José Joaquín Herrera (Hueycantenango).
“Estos tres municipios son los que plantearon la problemática originalmente y a esto nos referimos del 93 por ciento de avance del regreso a escuela”, expuso.
Enseguida le pasaron una tarjeta y precisó que en José Joaquín de Herrera de 67 escuelas han regresado 65, y que es el municipio con el mayor avance en regreso a clases.
Dijo que en Zitlala de 71 han regresado 68 y en Chilapa de 358 han regresado 329. En tanto que en la cabecera de este municipio 60 escuelas de 65 ya regresaron.
Informó que la operación militar y policiaca va a durar el tiempo que duren las clases, y que posteriormente sólo estarán pendientes de lo que pase en Chilapa, porque, dijo, “es una zona que tiene un indicador muy especial respecto al tema de los homicidios dolosos”.
Precisó que primero Acapulco, en segundo lugar Chilpancingo y después Chilapa, “es un tema que por supuesto ocupa a la federación, ocupa al estado y ocupa, por supuesto, al municipio”.
En las preguntas se preguntó al gobernador por qué ya se había retirado la seguridad militar de las escuelas, y dijo que la seguridad se establece por rutas, que aquí “no es como en Acapulco, un militar en la puerta de las escuelas. Son rutas, esto es muy importante decirlo, en algunos lugares sí puede haberlo pero normalmente nos manejamos por 12 rutas”, argumentó sin precisar en qué consiste la seguridad por rutas.
También se preguntó al secretario de Educación, José Luis González de la Vega, quien argumentó que “es muy complicado que haya un soldado por cada una de las escuelas” y que por eso la seguridad se estableció por rutas, pero tampoco explicó en qué consiste este esquema, “allí si no le puedo decir, ellos (los militares) conocen muy bien los esquemas de seguridad y cómo se hacen las rutas, los relevos”.
Aunque informó que el lunes estuvo en esta cabecera municipal y visitó escuelas del centro, de la periferia y de algunas comunidades, “y si vi la presencia tanto del Ejército como de Seguridad Pública”.
Para el secretario sí está funcionando el esquema de seguridad mediante rutas porque “es notorio el regreso a clases de los maestros y alumnos de una semana para acá”.
El secretario de Educación abundó en la declaración del gobernador Héctor Astudillo cuando éste se refirió a que por conflictos gremiales no han abierto el 100 por ciento. De la Vega dijo que son los maestros de la CETEG los que “han venido poniendo pretextos para no regresar”.
Informó que la SEG envió un oficio a los maestros en el que les dijo que ya había las condiciones para que regresaran a sus labores “y solicitándoles su apoyo”, pero pusieron muchos pretextos, como que el sello fue colocado en el oficio del lado derecho cuando debería estar del lado izquierdo”.
El funcionario acusó que estos son, más bien, pretextos para no regresar. Advirtió que la dependencia ha querido ser tolerante por la situación difícil y complicada, pero que ya están preparando para la semana próxima los descuentos correspondientes.
El secretario de Educación informó que en la medida en que se establezcan bien las rutas también se podrán incorporar a las actividades los maestros de las escuelas de las comunidades, aunque aseguró que les costó más trabajo que regresaran en la cabecera municipal que en algunas comunidades, sobre todo las que están por Quechultenango.
En otro tema, la conferencia con el gobernador Astudillo, también confirmó la aparición con vida de la joven de 15 años de edad Zuleyca Yumiko, quien había sido reportada como desaparecida la tarde del viernes de la semana pasada por lo que, dijo, ya fue retirada la Alerta Ámber.
Del asesinato de la niña de 13 añosm Diana Paulina, informó que el caso también fue tema de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y aseguró que “hay avances en la investigación”, pero por “razones obvias no podemos dar detalles, pero hay avances muy importantes en torno a esa lamentable muerte”.
Una reportera le preguntó si tenía considerado incorporar al municipio de Chilapa en la alerta de violencia de género, ante el incremento de los asesinatos contra mujeres y el gobernador declaró que va a revisar el caso, “y yo creo que no hay ningún inconveniente que lo incorporemos de manera inmediata”.
Ya no resguardan militares algunas escuelas

Antes de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y la conferencia de prensa del gobernador, en un recorrido por varios puntos de la cabecera municipal se constató que fue retirada la vigilancia de soldados del Ejército afuera de las escuelas que abrieron desde la semana pasada.
Personal de algunas instituciones declaró que la vigilancia permaneció solamente la semana pasada como en la escuela Justo Sierra, en el centro de Chilapa, y ayer ya no había soldados, algunos padres de familia informaron que la vigilancia se retiró a partir de hoy, según los directivos para dar prioridad a la seguridad a la visita del gobernador, pero que es posible que regresen este jueves.
Tampoco se vio seguridad en el jardín de niños Amado Rodríguez, en esta institución una de las educadoras dijo que desde el lunes ya no regresaron los soldados y que cuando preguntaron les dijeron que fueron trasladados a otras zonas del estado.
La seguridad también se retiró, en la USAER (Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) 131, en donde el personal aseguró que desde el martes ya no cuentan con la seguridad que les brindaron los soldados la semana pasada.
Ayer solamente se vieron patrullajes en varios puntos de la ciudad pero no la vigilancia de dos o tres militares como la semana pasada.

El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo


El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal  Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación  en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.

Incumple el gobernador la promesa de recibirlos, se quejan padres de una primaria de Puerto Marqués

Luego de más de un mes desde que el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a recibirlos, los padres de familia de la primaria Morelos se quejaron de que no ha cumplido, y anunciaron diversas acciones, pues no pararán sus protestas hasta que se liberen los 19 millones que les asignó el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para la reconstrucción de su escuela, dañada por los fenómenos naturales de 2013.
En conferencia de prensa organizada en el predio donde están algunas aulas provisionales, la madre de familia Margarita Carmona Hernández indicó que ya están molestos por tanto engaño de las autoridades, cansados de que sus hijos estén recibiendo clases en pésimas condiciones, pues algunos ya han sido picados por alacranes, por lo que aseguró que “lo vamos a sentir mucho, pero se van a llevar a cabo acciones”.
Recordó que el 26 de octubre, cuando protestaron en el centro de convenciones Mundo Imperial, el gobernador se bajó de su camioneta y se comprometió a recibirlos, pero no lo ha hecho.
Carmona Hernández dijo que lo único que quieren es que se solucione el problema de la construcción de la escuela, que los padres ya están molestos porque “nada más nos traen dando vueltas y vueltas, y no vemos nada”. Denunció que ya se cansaron de estar pagando cada semana 500 pesos en los lugares donde sus hijos están de manera provisional, pero además de que los 350 alumnos de ambos turnos están tomando clases en condiciones deplorables.
Dijo que nada más se está yendo el tiempo y no les dicen cuándo les van a construir su escuela, porque ya hay un recurso del Fonden de 19 millones de pesos, aunque “nos dicen que ya no hay 9 millones, cuando en la escuela no hay ningún avance, no hemos visto ninguna piedra. Nosotros queremos que liberen los recursos, porque ya tiene cuatro años de que sufrió daños”.
Señaló que a los niños los van a sacar a la calle para que tengan estudios, porque no tienen dinero para estar pagando.
El padre de familia Luis Alberto Cahua López dijo que el gobierno del estado no tienen disponibilidad para ayudarlos, porque ya han pasado cuatro años desde Manuel, donde al ver los daños el Fonden etiquetó 19 millones de peso, pero “desde esa fecha no ha habido ningún avance”.
Agregó que ante la indiferencia de los gobiernos estatal y federal ya tienen un plan de acción, como es el pintar bardas, llevar a cabo plantones y marchas. Indicó que a eso lo orilla el gobierno del estado, al no hacerles caso, “no nos viene a ver la cara y por eso nos orilla a tomar acciones”.

Llama ONG contra el tráfico de mujeres a que se investiguen las desapariciones de niñas en Chilapa

La directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa llamó al gobierno de Héctor Astudillo Flores a que investigue el feminicidio de la niña de 13 años, Diana Paulina, en Chilapa, y la desaparición de Yumiko Zuleyca Verónica Carbajal de 15.
En la experiencia de la organización, dijo, el caso de las dos niñas, una asesinada y otra desaparecida, pueden tener relación con algún grupo de trata de personas, debido a que tiene un registro desde hace 10 años del fenómeno, “que por lo visto no ha sido atendido por las autoridades”, en la región de La Montaña.
Diana Paulina Rendón Alcaraz de 13 años fue encontrada sin vida y con marcas de tortura en un paraje de Chilapa, municipio donde los niveles de violencia se han recrudecido según las estadísticas oficiales del gobierno de Guerrero y el federal. En esa zona no hay transporte ni clases regulares. La niña fue hallada muerta pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió la Alerta Amber para localizarla.
Teresa Ulloa, cuya organización da seguimiento a temas en relación con mujeres, en especial niñas, recordó que es obligación de la FGE actuar con la debida diligencia, “y más cuando se están presentando estos casos de desaparición y feminicidios de niñas, me parece que no le están dando la debida importancia, y sí, le hacemos un llamado al fiscal general (Javier Olea Peláez) y al propio gobernador para que se tomen medidas que puedan proteger a las niñas de esa zona”.
Lamentó que la población está más vulnerable en lugares de pugna de grupos de la delincuencia organizada, “Los Rojos con Los Ardillos o los Guerreros Unidos y Los Ardillos, porque está por los dos lados”.
Criticó que ante esta situación la FGE no esté actuando con rapidez ni haciendo las investigaciones pertinentes, porque permiten que en menos de 10 días de distancia ocurran hechos que parece que tienen un patrón que no está siendo considerado.
Llamó a los familiares de Yumiko Zuleyca, quien fue reportada desaparecida el viernes, a que hagan la denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR), “que busquen que trabajen en conjunto, pero que no vayan a Chilpancingo porque allí los trámites son muy lentos, no los atienden. Vemos por desgracia que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas tiene mejores resultados que las Fiscalías”.

Salen del Semefo de Chilpancingo olores insoportables

Paran en la Fiscalía ante los olores que salen del Semefo; está saturado con 600 cuerpos, informan

Una cámara de refrigeración de la morgue de Chilpancingo está inservible, y la otra es para 180 cadáveres pero tiene 250, además otros están en el suelo, informan

Luis Blancas

Chilpancingo

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) pararon labores, cerraron las oficinas y denunciaron el mal olor que desde hace más de un mes desprenden más de 600 cuerpos que están en las instalaciones contiguas del Servicio Médico Forense (Semefo), y que afecta su salud.
El delegado sindical de la sección Séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), José Luis Nava Delgado informó que están saturadas las morgues, que tienen más de 600 cuerpos, una de las dos cámaras de refrigeración está inservible y cada uno de los depósitos tiene capacidad sólo para 180.
A las 12 del día los trabajadores administrativos abandonaron las oficinas donde laboran debido al mal olor que desprenden los cuerpos, y exigieron que intervenga el fiscal general, Javier Olea Peláez.
Algunos de los trabajadores que salían de sus oficinas con sus manos se tapaban las narices y boca, otros se cubrían con su suéter, playera y cubrebocas.
El delegado sindical del SUSPEG, José Luis Nava Delgado se quejó de que desde hace más de un mes han solicitado a las autoridades el cambio del Semefo, para evitar focos de infección que afectan a los 500 trabajadores administrativos, debido a que las instalaciones están saturadas con más de 600 cadáveres sin identificar.
Comentó que el mal olor del Semefo es debido que está inservible una cámara de refrigeración donde se encuentran los cuerpos de las víctimas sin identificar.
“Pedimos el cambio de Semefo, la verdad afecta la salud de los 500 trabajadores, porque esta saturado con 600 cuerpos, una cámara de refrigeración se encuentra inservible y la capacidad tiene de cada cámara de 180 cuerpos, pero tiene 250 cadáveres, más los que se encuentran en el suelo”, indicó.
Nava Delgado dijo que peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense llegaron al Semefo hace 15 días, y con peritos de la Fiscalía trabajan para la identificación de las víctimas en el acceso, y eso provoca el mal olor que llega a las oficinas de la FGE.
Señaló que han solicitado la intervención desde hace más de dos meses al fiscal general Olea Peláez y los vicefiscales, pero no han tenido respuesta para atender sus peticiones y “como presión abandonamos las oficinas, suspendimos labores y tomamos la entrada de las oficinas de la Fiscalía”.
“Por ejemplo en el caso de nuestro jefe y el mismo fiscal tiene sus oficinas acondicionadas, con aires acondicionados y nosotros como trabajadores las áreas de trabajo están en pésima condiciones y entra el mal olor del Semefo, esto ha causado que mis compañeros sufran dolores de cabeza y náuseas”, declaró.
Otra trabajadora exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Secretaría de Salud estatal que trasladen a otro lugar las instalaciones, y a los trabajadores les otorguen un receso laboral cuando los peritos hagan los trabajos de identificación de los cuerpos, “con el fin de no afectar nuestra salud y respetar nuestro trabajo, porque con el mal olor no podemos realizar nuestra chamba”.
A la fiscalía llegó el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz quien dio la autorización para que los trabajadores se retiraran de la institución, pero no atendió las demandas.

Hacen las pruebas a los cadáveres en el área de descarga ante la falta de espacio

Después un grupo de fotógrafos y reporteros entraron al Semefo, en el acceso donde las camionetas descargan los cuerpos de las víctimas para depositarlos en las planchas y cámaras de refrigeración se constató que había unos seis peritos y trabajadores vestidos de blanco, haciendo las pruebas de identificación de los cadáveres a la intemperie.
Al notar presencia de los comunicadores los empleados metieron las bolsas de los cadáveres que se encontraban en el suelo de este acceso ubicado al aire libre, y uno tomó fotos a los reporteros y fotógrafos.
Consultado por teléfono el delegado sindical de la sección Séptima del SUSPEG, José Luis Nava informó que fueron atendidos por el fiscal general Javier Olea Peláez, y acordaron la suspensión de labores para hoy porque peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del institución continuarán sus trabajos.
Señaló que los funcionarios de la FGE les informarán cuándo regresarán a trabajar a sus oficinas, y Olea Peláez les informó que la institución comprará una cámara frigorífica para que “no haya mal olor” y los cuerpos estén conservados.
Del cambio del lugar de las instalaciones de Semefo tendrán una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, agregó.
Pasadas las 3 de la tarde los trabajadores se retiraron de las oficinas de la Fiscalía.

Se compraron cámaras frigoríficas para las morgues de Acapulco, Iguala y la capital: Olea

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez afirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó la compra de más cámaras frigoríficas para las morgues, luego de que en la mañana trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo cerraron las oficinas en protesta contra el mal olor de los cuerpos.
Ayer en conferencia de prensa a las 8 de la noche en Acapulco, el funcionario aseguró que ya hubo acuerdos “satisfactorios”, incluso dio a conocer que ya se compraron las cámaras frigoríficas, “hay que instalarlas y va a seguir”.
Reconoció que los malos olores que desprenden los cadáveres del Servicio Médico Forense (Semefo) van seguir, “hay que tomar en cuenta que cuando la Fiscalía necesita un cuerpo o varios cuerpos pues se tiene que abrir los frigoríficos, y de ahí es donde salen los olores”.
Aseveró que las nuevas cámaras frigoríficas son “bastante amplias y grandes”, destinados para Chilpancingo, Acapulco e Iguala, “es evidente que cuando empecemos a cambiar en su momento oportuno los cadáveres a los nuevos para darles mantenimiento a los viejos habrá olores fétidos”.
“Quiero decirles que no nada más ellos sufren, el fiscal general también sufre de esos olores y somos todos, por qué, porque son muy fuertes, muy, muy fuertes”, concluyó.

Cuatro detenidos por un secuestro en la Costa Chica

En otro tema, Olea Peláez informó que la Policía de Investigación Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión en contra de cuatro hombres por un secuestro, en la región Costa Chica.
Añadió que el juez de Control determinó a los cuatro hombres prisión preventiva y cinco meses de investigación complementaria.
Contó que la víctima salió de San Luis Potosí donde residía, dirigiéndose a Coyuca de Benítez donde fue interceptado y privado de la libertad siendo trasladado a Chochoapa, municipio de Ometepec, donde fue privado de la vida.
Añadió que un familiar recibió una llamada telefónica en la que le pedían 600 mil pesos a cambio de su libertad.  (Argenis Salmerón).

La saturación de cadáveres en los Semefos, un problema cada vez mayor
El problema de la saturación de cadáveres en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) no es nuevo, desde hace varios meses trabajadores han denunciado la acumulación de cuerpos y los malos olores que se desprenden de ese lugar.
Apenas el pasado 27 de octubre El Sur publicó que trabajadores del Semefo de Acapulco denunciaron que el mal olor se extendía afuera de las instalaciones, porque había más de 300 cadáveres en las cámaras frigoríficas.
El mal olor de los cuerpos alcanzó desde el almacén hasta la avenida Vicente Guerrero, una distancia de 80 metros. Las instalaciones del Semefo de Acapulco están adentro de la Fiscalía Regional en la céntrica colonia Progreso.
En mayo el director general del Semefo, Ben Yenuda Martínez informó que había una saturación de 569 cadáveres en las tres instalaciones en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
La Fiscalía hizo un proyecto del Cementerio Estatal Forense ubicado en Chilpancingo, para que no hubiera saturación en las tres morgues que hay en la entidad.
En diciembre del año pasado hasta esta fecha han sido depositados en este cementerio 145 cadáveres. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Se compraron cámaras frigoríficas para las morgues de Acapulco, Iguala y la capital: Olea

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez afirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó la compra de más cámaras frigoríficas para las morgues, luego de que en la mañana trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo cerraron las oficinas en protesta contra el mal olor de los cuerpos.
Ayer en conferencia de prensa a las 8 de la noche en Acapulco, el funcionario aseguró que ya hubo acuerdos “satisfactorios”, incluso dio a conocer que ya se compraron las cámaras frigoríficas, “hay que instalarlas y va a seguir”.
Reconoció que los malos olores que desprenden los cadáveres del Servicio Médico Forense (Semefo) van seguir, “hay que tomar en cuenta que cuando la Fiscalía necesita un cuerpo o varios cuerpos pues se tiene que abrir los frigoríficos, y de ahí es donde salen los olores”.
Aseveró que las nuevas cámaras frigoríficas son “bastante amplias y grandes”, destinados para Chilpancingo, Acapulco e Iguala, “es evidente que cuando empecemos a cambiar en su momento oportuno los cadáveres a los nuevos para darles mantenimiento a los viejos habrá olores fétidos”.
“Quiero decirles que no nada más ellos sufren, el fiscal general también sufre de esos olores y somos todos, por qué, porque son muy fuertes, muy, muy fuertes”, concluyó.

Cuatro detenidos por un secuestro en la Costa Chica

En otro tema, Olea Peláez informó que la Policía de Investigación Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión en contra de cuatro hombres por un secuestro, en la región Costa Chica.
Añadió que el juez de Control determinó a los cuatro hombres prisión preventiva y cinco meses de investigación complementaria.
Contó que la víctima salió de San Luis Potosí donde residía, dirigiéndose a Coyuca de Benítez donde fue interceptado y privado de la libertad siendo trasladado a Chochoapa, municipio de Ometepec, donde fue privado de la vida.
Añadió que un familiar recibió una llamada telefónica en la que le pedían 600 mil pesos a cambio de su libertad.