Etiqueta: Javier Olea Peláez

No hay avances en las pláticas para resolver sus demandas laborales, se quejan agentes de la FGE

 

Peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) se quejaron porque no hay avances en las pláticas con el fiscal general Javier Olea Peláez y el gobierno del estado en las negociaciones para el incremento de los bonos del Día del Padre, de fin de año y de riesgo, ni en la dotación de gasolina para sus operaciones policiacas.
Unos 20 trabajadores de la FGE acudieron a Palacio de Gobierno y al Congreso local, donde entregaron sus pliegos de peticiones dirigidos al gobernador, Héctor Astudillo Flores, al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, y al diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, para que intervengan para resolver sus demandas laborales.
Consultado en la entrada del Congreso, el policía ministerial, Salvador Vargas Carrasco comentó que, entre las demandas de los trabajadores de la FGE está el incremento salarial de 15 por ciento, un bono de riesgo de 5 mil pesos mensuales, homologación del bono del Día del Padre con el del Día de la Madre, dotación complementaria al bono de fin de año y una audiencia con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón.
Recordó que hace un mes se reunieron con el fiscal Olea Peláez, con el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe, y con el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz, con quienes acordaron integrar una comisión de seguimiento de las demandas, “hemos tenido cinco o seis reuniones, pero el viernes nos dejaron plantados y no se concretó la propuesta para entregársela a los funcionarios del gobierno”, se quejó.
Vargas Carrasco señaló que en las reuniones pasadas revisaron los porcentajes de  incremento de salario, de viáticos que le corresponden a cada trabajador de acuerdo a su cargo, y un bono de riesgo de 5 mil pesos mensuales para peritos, agentes del Ministerio Públicos y policías ministeriales; la Fiscalía le ofreció mil pesos que no aceptaron, dijo.
Sobre el bono de fin de año, explicó que en 2015 les dieron 20 mil pesos, y el año pasado la mitad, 10 mil pesos, y esperan que en este año se regularice este beneficio, aunque el monto del bono varía de acuerdo con el cargo del funcionario, y en el Día del Padre sea equivalente al del Día de la Madre, es decir, de 8 mil pesos.
“El viernes teníamos una reunión con Hernández Ruiz y con trabajadores de recursos humanos para definir la propuesta que entregamos hoy (ayer) al gobierno del estado y Congreso local, pero no asistieron y por nuestra propia cuenta entregamos el documento de peticiones para que haya un avance”, declaró.
Vargas Carrasco pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga para atender los problemas laborales que hay en la Fiscalía, y agregó que esperan la respuesta del gobierno estatal para que sean atendidos por el Ejecutivo estatal y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón.
El 31 de marzo, peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía se reunieron con Javier Olea Peláez, a quien le exigieron el pago de viáticos, bono del Día del Padre, de fin de año, de riesgo, dotación de gasolina y vehículos para sus operaciones, y revelaron que no tienen material de trabajo, “cuando llegan los desmembrados tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos”, señalaron.

 

Rechaza el fiscal comentar la exigencia de familiares de Saldívar Gómez de que dé resultados o renuncie

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez rechazó hacer comentarios sobre la exigencia de la familia del perredista asesinado, Demetrio Saldívar Gómez, de que dé resultados en 48 horas o renuncie a su cargo.
Consultado vía telefónica, Olea Peláez no quiso comentar sobre la exigencia de la familia del líder perredista asesinado el 19 de abril, cuando se dirigía a su casa en la colonia Las Américas.
El fiscal dijo que no tienen ninguna intención de dejar su puesto, y que continúa trabajando en cada uno de los casos de violencia registrados en el estado.
“No ha pasado por mi mente” renunciar al cargo, indicó el funcionario, y aseguró que seguirá en su trabajo como lo ha hecho “diariamente” en los últimos meses.
Ante este hecho de violencia, la familia y el partido de Saldívar Gómez, a través de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga, pidieron que la federación retome la seguridad en el estado.

Entregan a familiares el cuerpo de un ex policía de Iguala hallado en el cerro de Las Antenas en 2014

Alejandro Guerrero

Iguala

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) entregaron el lunes el cuerpo identificado de un ex policía municipal de Iguala que fue recuperado en febrero de 2014 en las fosas clandestinas del cerro de Las Antenas, en la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, con el que llegarían a 21 cuerpo entregados, a dos años y cinco meses del surgimiento del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Asimismo, se dio a conocer que durante una reunión la tarde del lunes, entre integrantes del frente estatal de familiares de desaparecidos, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal Javier Olea Peláez, acordaron que se iniciarán trabajos para tomar muestras de ADN a cuerpos inhumados en fosas comunes de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
En la asamblea de ayer, integrantes del colectivo informaron de la identificación y entrega de un cuerpo más, al que ayer por la tarde se le ofició una misa en la iglesia de San Gerardo María Mayela, de esta ciudad, que es el lugar que vio nacer al colectivo; posteriormente, sus cenizas fueron sepultada en el panteón municipal ante familiares de desaparecidos.
La secretaria del colectivo Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena Cruz confirmó que el lunes fue entregado el cuerpo número 21 que han identificado los antropólogos y peritos de la FGE en coordinación con la PGR.
Mencionó que el cuerpo identificado y entregado corresponde a un ex policía municipal de Iguala. La FGE tenía el cuerpo que fue recuperado entre los 25 que exhumaron la Fiscalía y el Ejército en febrero de 2014, en el cerro de Las Antenas de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco.
El cuerpo identificado y entregado es de un ex policía municipal de Iguala, desaparecido en 2013 durante el gobierno perredista de José Luis Abarca Velázquez, pero no se dieron a conocer más detalles ante el temor de las familias. La esposa del ex policía participa activamente en el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
El 4 de abril, durante la búsqueda de cuerpos en el pozo Meléndez, en Taxco, Adriana Bahena había dado a conocer que la PGR entregaría 20 cuerpos más que fueron identificados por los antropólogos, con los que llegarían a 40 los identificados y entregados a sus familiares, de los 150 que fueron rescatados de fosas clandestinas en más de dos años.
Informó que tuvieron una reunión de evaluación con la PGR de las búsquedas de los días 3, 4 y 5 de abril en el pozo Meléndez y el sótano Ibarra, en la comunidad de Puente Campuzano, Taxco, y reveló que sigue pendiente revisar las grabaciones que se hicieron durante el descenso a los dos respiraderos.
Al preguntársele sobre la próxima exploración dentro del plan de búsqueda, respondió que en tanto no se concluya y se revise la diligencia en Taxco, no se puede programar la próxima exploración en las minas de San Francisco Cuadra, también en la ciudad platera.
La secretaria del colectivo, Adriana Bahena informó que la tarde del lunes se reunieron en privado, en Casa Guerrero, integrantes del Frente Estatal de familiares de desaparecidos con el gobernador Astudillo y el fiscal Olea.  En el encuentro participaron colectivos de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Chilapa.
Dio a conocer que en la reunión, una de las peticiones fue que se establezca una agenda de trabajo entre los colectivos de familiares de desaparecidos y la FGE para retomar los trabajos de exhumación de cuerpos de fosas comunes en Iguala, Chilpancingo y Acapulco, y tomar muestras genéticas a los cuerpos que faltan de examinar, para descartar o confirmar que los cuerpos pertenezcan a sus familiares ausentes.
Afirmó que tanto el gobernador Astudillo como el fiscal Olea Peláez, autorizaron iniciar estos trabajos en las regiones en las que haya fosas comunes, y hacer el “muestreo” de los cuerpos que hagan falta.

No tienen ni bolsas para poner a los desmembrados, reprochan agentes, policías y peritos al fiscal Olea

Peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) exigieron el pago de viáticos, bono del Día del Padre, de fin de año, de riesgo, dotación de gasolina y parque vehicular para su labor operativa, y revelaron que no hay material de trabajo, “cuando llegan los desmembrados tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos”.
Ayer en hubo una reunión de más de una hora entre el fiscal Javier Olea Peláez y unos 100 inconformes, en el auditorio de la FGE. Acudieron el vicefiscal de investigación José Antonio Bonilla Uribe y el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuraduría de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz.
El policía ministerial Salvador Vargas Carrasco que lleva 18 años de servicio pidió que Olea Peláez atienda las demandas de los trabajadores como bono de riesgo de dos mil 500 pesos y viáticos, mencionó que a los policías estatales cada quincena les pagan tres mil 750 pesos y los meses que tienen 31 días les dan cuatro mil.
Dijo que desde hace años la institución no les ha dado el bono de riesgo de 2 mil 500 pesos que les corresponde cada quincena, ante el riesgo que representa su labor.
Comentó que en el caso del personal operativo como peritos, agentes de los ministerios públicos y policías ministeriales les dan viáticos de 3 mil pesos, y piden que se les aumente como a los policías estatales, “es nuestro derecho que nos den este dinero porque nosotros andamos en la calle y corremos el riesgo que nos pueda pasar algo”.
Otra de las demandas fue el pago e incremento del bono del Día del Padre y el del Día de las Madre. Les entregan 2 mil pesos en dos pagos cuando a los trabajadores del gobierno del estado les dan 8 mil.
Dijo que el año pasado entregaron un oficio al gobernador Héctor Astudillo Flores para que atendiera las peticiones, pero no han tenido respuesta.

Falta material en el Semefo

En su participación, la perito en criminalística en materia de campo, María Guadalupe Hernández Vega se quejó de que carecen de material de trabajo y tienen que comprar bolsas para embalar los cuerpos, “cuando llegan los desmembrados al Servicio Médico Forense (Semefo) tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos, y pedimos las facturas a las tiendas Oxxo para que después nos paguen nuestro dinero”.
“Esta reunión es por la inquietud de la base trabajadora, para mejoras salariales y prestaciones, pero desafortunadamente en cada administración estamos haciendo gestiones para que se nos escuche, pero sólo la logramos al realizar protestas en Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado y nos atienden”, indicó.
Dijo que no cuentan con suficiente gasolina y los vehículos están en malas condiciones, lo que les impide trasladarse a los lugares para los levantamientos de muertos y los peritajes.
Agregó que en el año pasado que inició el Nuevo Sistema Penal Acusatorio les dijeron que les iban a incrementar el salario, pero no han atendidos sus peticiones.
“No es posible que peritos de otros estados tengan mejores salarios que nosotros que somos de Guerrero, sabemos que en el estado hay inseguridad, todos estamos expuestos, por eso hago un llamado a favor de mis compañeros, a que por favor se atiendan las peticiones”, pidió.
En respuesta a las peticiones de los trabajadores, el fiscal Javier Olea reconoció que la Fiscalía no cuenta con el dinero para resolver los problemas financieros, y que se tienen que hacer gestiones ante el gobierno del estado para resolver de manera gradual el problema económico.
Aseguró que la Fiscalía no cuenta con autonomía financiera para disponer de recursos, porque depende del gobierno del estado, “en esa virtud pues dependemos de las políticas financieras que tiene el estado”.
Mencionó que hace un mes el gobierno estatal mediante el gobierno federal adquirió vehículos para atender las demandas de la Fiscalía, pero no se han entregado a los trabajadores porque no cuentan con seguro, y en caso de algún accidente no habría dinero para repararlos.
Informó que en este año hubo un incremento del presupuesto para la FGE, no precisó la cantidad y reconoció que apenas alcanza para atender las demandas de la institución.
Agregó que le pidió al vicefiscal Hernández Ruiz una reunión para el miércoles con la Secretaría de Finanzas, para buscar alternativas y resolver el problema financiero.
Pidió a los inconformes tolerancia y juntos gestionar los recursos económicos, sacar adelante a la Fiscalía y mejorar los derechos laborales de los trabajadores.
Durante la reunión los trabajadores de la Fiscalía que estaban dentro del auditorio gritaban, “queremos solución” en repetidas ocasiones.
El perito de criminalística, Jesús Apátiga reprochó a Olea Peláez que no le alcanza su salario para mantener a sus cuatro hijos, y en ocasiones se queda sin dinero, “otra cosa que nos afecta es el gasolinazo que también a nosotros nos afecta nuestros bolsillo”.
Un policía ministerial comentó que no toman en cuenta a trabajadores que llevan más de 20 años en la institución para tener un cargo de mayor rango, y desempeñar sus conocimientos a favor de la Fiscalía.
Expuso que cuando llega una nueva administración lleva nueva gente a ocupar cargos, pero no tienen la experiencia para hacer su trabajo. Dijo que en el periodo del fiscal Miguel Ángel Godínez se le plantearon las misma demandas, “pero nunca tuvimos respuesta”.
Los agentes pidieron al fiscal que no haya represalias en contra de ellos por asistir a la reunión en la que informaron de las carencias que sufren.
Después de más de una hora de exponer sus peticiones acordaron la conformación de una mesa de trabajo con los vicefiscales Bonilla Uribe y Hernández Ruiz, para gestionar que cada demanda se resuelva.

 

Hay avances en la investigación del ataque a turistas en el retén de Petaquillas, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez informó que hay avances en las investigaciones del ataque de presuntos policías rurales que operan en Petaquillas a la pareja de turistas, que ocurrió la madrugada del sábado en el retén en la salida de Chilpancingo.
Consultado por teléfono Olea Peláez señaló que no podía dar detalles porque se entorpecería la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), para deslindar responsabilidades por la agresión a la pareja proveniente de la Ciudad de México.
El sábado el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó de la agresión a balazos por los “policías comunitarios”, que según el comisario Mario Flores Castrejón son policías rurales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa afirma que son integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
Los afectados no presentaron denuncia por la agresión, pero el vocero afirmó que las autoridades investigarían el caso.
El sábado, Álvarez Heredia informó en un boletín de prensa que la madrugada de ese día “personas armadas que se llaman policías comunitarios” atacaron a balazos a un vehículo que viajaban cuatro personas, dos de ellos resultaron heridos en el retén” que tienen en la entrada a Chilpancingo.

Podría quedar en julio la integración de la averiguación de los defraudados por Productos Amor

El representante legal de la Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), Jaime Alvarado López informó que continúa la integración de la averiguación previa que agrupa a 10 mil 238 defraudados por Productos Amor, y que con el fiscal general del estado Javier Olea Peláez acordaron que en julio debe de quedar integrada.
En una llamada telefónica el represente legal informó que sostuvo una reunión privada este miércoles con el fiscal, para dar seguimiento a la integración de la averiguación previa DGAP-1872013.
Agregó que se están ratificando las querellas de los defraudados y que ya es la última parte, sin embargo hubo problemas porque se les está pidiendo nuevamente que vayan a ratificar.
Dijo que en el caso de Chilpancingo se les pide certificar nuevamente documentos, que con el fiscal durante la reunión acordaron además que recibirán la ratificación de 900 personas que ya habían ratificado en Acatepec, en un Ministerio Público (MP) móvil que se instaló allá.
Por lo tanto se tiene previsto que se pueda concluir el proceso en julio, pero dijo que además falta que se haga una auditoría contable para concluir totalmente.

Denuncian a un trabajador auxiliar de la secretaria del fiscal por usurpación y amenazas

 

La vecina de Chilpancingo, María Ángeles Reyes Bucio denunció a Antonio Benítez Guerrero, quien es auxiliar administrativo de la secretaria particular del fiscal general, Javier Olea Peláez, Aurora Neri Solano, por usurpación de funciones, abuso de autoridad, amenazas e intimidación en su contra.
En una llamada telefónica en la redacción de El Sur, Reyes Bucio relató que hace un año y medio fue agredida a golpes por la señora María Natividad Ixtlahuaca Aguanta en el fraccionamiento Mirador donde viven los damnificados de la tormenta Manuel del 2013.
Comentó que a raíz de este problema interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y en junio pasado el Juzgado Segundo giró una orden de aprehensión de la causa penal 13/2016 por el delito de lesiones en contra de Ixtlahuaca Aguanta.
Dijo que después Natividad Ixtlahuaca junto con el auxiliar administrativo, Antonio Benítez Guerrero, ostentándose como abogado de ella, se amparó con el expediente 1273/2016 para no ser detenida, “pero él no es abogado, no cuenta con cédula profesional, y al tener un proceso Benítez Guerrero funge como abogado, testigo y litigante de manera irregular, la fiscalía no hace nada para separarlo del cargo”.
Reyes Bucio señaló que Benítez Guerrero está siendo protegido por la secretaria particular del fiscal, Aurora Neri Solano, para hacer irregularidades dentro de la institución y agregó que su familia está siendo intimidada y amenazada por denunciarlo.
“Mis hermanos cuando van caminando y se encuentran en la calle a Benítez Guerrero, (éste) tiene la costumbre de grabarlos con su celular o tomarles fotografías, lo hace para intimidarlos como parte de represalias por las denuncias que hemos hecho contra él”, declaró.
Dijo que su papá, Concepción Reyes Flores, interpuso una denuncia en contra de Benítez Guerrero ante al FGE con la carpeta de investigación FGE/GI/DGFR/020/2017-II por amenazas contra su familia y usurpación de funciones.
Pidió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al fiscal, Javier Olea Peláez, que intervengan para que este trabajador no cometa irregularidades en contra de la sociedad y que sea separado del cargo.
En abril del 2014 Benítez Guerrero fue denunciado por los damnificados de la tormenta Manuel cuando estaban en el albergue del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg) por amenazas de muerte, intimidación y violación a sus derechos humanos.
En ese día, Rosa Bucio Infante se quejó que Benítez Guerrero se hizo pasar como damnificado y dentro del albergue del Indeg cometió irregularidades contra los que habitaban ahí, además de que grabó con el celular a una mujer cuando se bañaba.

La última señal de los montadores desaparecidos salió de la zona de Los Rojos, dice el fiscal

 

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, indicó que opera el cártel de Los Rojos en la zona de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, donde se tuvo el último indicio de los ocho desaparecidos –seis montadores de toros originarios de Cuautla, Morelos, el chofer y su esposa–.
En una entrevista radiofónica con la periodista Denise Maerker, el fiscal comentó que la retención de los montadores pudo ser ante una confusión de que las víctimas fueran integrantes de un cártel rival, La Familia Michoacana o Los Templarios, que operan en el Estado de México, pero no descartó que sólo haya sido para obtener dinero mediante el cobro de un rescate.
Aunque consideró que podrían estar vivos, añadió que ya se practican análisis de ADN a los cadáveres encontrados el fin de semana, para establecer si son de los montadores.
Refirió que en la región de la Sierra, la primera en producción de amapola en el país, hay varios grupos operando, como el Cártel Independiente de Acapulco (Cida), e incluso han tenido enfrenamientos.
Olea Peláez comentó en la entrevista que el domingo, él y el fiscal de Morelos informaron que el número de teléfono desde el que se comunicaron con una de las familias fue ubicado en Xochipala, e indicó que en esa zona opera el grupo delincuencial de Los Rojos.
El fiscal expuso dos hipótesis, la primera es que habrían retenido a los montadores a causa de una confusión, porque viajaban en una camioneta con placas del Estado de México, donde operan la Familia Michoacana y los Templarios; y la segunda hipótesis es que, “los levantaron Los Rojos… entonces pidieron un rescate, primero fue una cantidad ínfima, luego subieron”.
Informó que el último dato que las fiscalías de Guerrero y de Morelos tienen del paradero de los montadores es un mensaje que envió uno de ellos, presuntamente, a su novia, indicándole que estaban en Chilpancingo, “pero estaba cerca de Chilpancingo, porque ya iban a llegar, estaban cerca de Zumpango y ahí es donde se pierde”.
Dijo que es posible que los montadores estén vivos, pero que se coordina con la fiscalía de Morelos para obtener muestras de ADN de los familiares, “que por cierto tenemos varios cadáveres recientes en Chilpancingo… Ayer se encontraron tres, antier se encontraron dos o tres más, entonces, faltarían dos o tres personas, y no queremos desestimar esa situación, sobre todo como operan Los Rojos y otros grupos”.
Dijo específicamente que, encontraron bolsas, “con partes de cuerpos, con cabezas… Ahora los ADN tardan de cinco y ocho días de poder tener la certeza de que pudiera ser alguno de ellos”.

Un éxito que se haya reducido a dos el número de asesinatos diarios en Acapulco, dice

Casi al final de la entrevista, el fiscal dijo que, “en Acapulco ha bajado tremendamente la delincuencia, tenemos uno o dos homicidios diario, para un millón 300 mil habitantes, más o menos, que viven en el puerto”, sin embargo, Denise Maerker preguntó por qué lo consideraba un éxito, y comparo que en la Ciudad de México hay 2.2 homicidios diarios, de una población de 10 millones.
“Lo consideramos un éxito porque en octubre que tomó posesión el gobernador (Héctor Astudillo) eran 14 homicidios diarios en Acapulco… (tenemos) problemas en Tierra Caliente, en Chilapa, Tixtla, Chilpacingo, no lo podemos negar”, admitió.
Finalmente, Denise Maerker preguntó a Javier Olea Peláez sobre las acciones para detener a Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero, líder de la banda que tiene al vilo a la población de San Miguel Totolapan, a lo que el fiscal respondió, “nada de El Tequilero”, aunque manifestó que desde el viernes se incrementó el número de policías estatales que se unen a los federales y soldados que ya se encuentran en la zona.

 

La única orden de aprehensión que tiene en contra es por motín y no es un delito grave, afirma Chávez Adame

El dirigente de la Asamblea   Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, le comunicó que ya revisó su situación jurídica y que la única orden de aprehensión que tiene es por motín y que no es un delito grave como lo dijo el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez.
Además junto con la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del estado de Guerrero, organización a la que pertenece, se reunieron con el presidente de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para darle seguimiento a la problemática de los trabajadores despedidos injustificadamente de Prospera, además del caso de Patricio Margarito Rivera quien es acusado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio y de la retención del salario de Chávez Adame y de su compañero Simón Tavira.
Consultado antes de la reunión, Chávez Adame señaló que después de que el fiscal dijo que le giraron orden de aprehensión por “un delito grave” y no por haber irrumpido en un almacén del DIF estatal donde estaban escondidas despensas para damnificados de la tormenta Manuel en 2013, con el objetivo de que posteriormente se usaran con fines proselitistas.
Dijo que se alarmó ante la declaración del fiscal (el 21 de febrero) y que pidió al abogado Rosales Sierra, quien lo está apoyando en esta situación, investigara el motivo de la orden y que finalmente le informó que no había ese delito grave del que habló Olea Peláez.
En el documento emitido por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Leoncio Molina Mercado señaló, “Es cierto el acto reclamado por el quejoso de referencia, toda vez que en la causa penal 182/2017-I, que se instruye al incriminado Nicolás Chávez Adame, en este juzgado, el día 9 de febrero del año en curso, se le libró orden de aprehensión  al considerado probable responsable, de la ejecución del antijurídico de motín, previsto y sancionado por el artículo 228, del Código Penal del Estado”.
Más tarde junto con una representación de la Dirección Colectiva acudió a la Codehum para reunirse con Navarrete Magdaleno.
En la reunión se trataron tres temas. En el primero la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo, dijo que le preocupaba porque el abogado que sigue el caso de su padre les anunció que se retiraba y que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general de Gobierno.
Al respecto Navarrete Magdaleno les propuso dialogar con Tlachinollan para que un abogado del organismo se haga cargo del caso de su padre.
Después se dialogó sobre los trabajadores despedidos de Prospera, quienes han sido intimidados y hostigados por personas desconocidas.
Felicitas Martínez Guzmán denunció que en reiteradas ocasiones se ha percatado de vehículos rondando su casa, incluso en una ocasión un vehículo rojo con vidrios polarizados esperó a que saliera con su esposo y cuando iban en su vehículo los siguieron, sin embargo los pudieron perder. Dijo que también su compañera, Roselia Francisco Tranquilino fue extorsionada por celular.
El acuerdo que tomaron con el presidente de la Codehum fue que por escrito relatarán los hechos y solicitarán medidas cautelares, y que el documento será remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ser despedidos por una dependencia federal.
Finalmente trataron la retención de los salarios de Chávez Además y Simón Tavira desde diciembre, además del pago de sus aguinaldos, y que consideran fue por orden del gobernador, Héctor Astudillo Flores, luego de que rompieron diálogo con él al cuestionarle que en su gobierno está filtrada la delincuencia organizada.
Finalmente la Dirección Colectiva pidió a Ramón Navarrete interceda para solicitar una reunión con el gobernador, el secretario de Gobierno y el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ramiro Ávila Morales, para que en conjunto dialoguen las problemáticas que están viviendo y buscar la manera de darle solución. El presidente aceptó y posteriormente informará de la respuesta.
Además acordaron que el lunes harán una visita domiciliaria  a casa de Margarito Rivera para constatar las condiciones en las que viven.

Son ocho montadores de toros desaparecidos, dice Olea en conferencia con el fiscal de Morelos

Desde el 17 de febrero seis montadores de toros, un chofer y la esposa de éste desaparecieron en Xochipala en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango) cuando iban a la comunidad de Linda Vista del municipio de San Miguel Totolapan a participar en un jaripeo.
La comunidad de Linda Vista está en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan y es mas fácil llegar por Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
El chofer, su esposa y cinco montadores son originarios de Cuautla, Morelos, y uno más es del Estado de México.
En conferencia de prensa en una diminuta sala del centro de negocios Costera 125, el fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, y el de Morelos, Javier Pérez Durón, informaron que no está descartada ninguna línea de investigación, incluso la de la delincuencia organizada.
También informaron que para localizar a los montadores desaparecidos se rastrea la geolocalización de los teléfonos móviles de cada uno de los desaparecidos pero la única pista que tenían hasta ayer era una señal emitida en Xochipala, en Zumpango.
“Personal especializado en análisis de información y trabajos de gabinete de la fiscalía analizan en este momento la información de la telefonía relacionada con el evento delictivo y se corrobora la información de geolocalización de los números telefónicos de las víctimas para su búsqueda y localización, sobre lugares específicos” informó el fiscal de Guerrero.
En el texto que leyó el fiscal de Guerrero se habló de ocho desaparecidos y no de siete, como anteriormente había informado junto al vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
También confirmaron que entre los desaparecidos está una mujer a quien identifican como esposa del chofer que manejaba el vehículo donde viajaban los montadores.
La fiscalía de Guerrero “tiene  conocimiento que una de las víctimas salió de su domicilio el día 17 de febrero del presente año de la ciudad de Cuautla, Morelos, aproximadamente entre las seis o siete de la mañana, en compañía de las siete víctimas”.
“Seis de ellos de ocupación montadores de jaripeo, uno (más) iba de chofer y otra persona que los acompañaba del sexo femenino, presumiblemente era esposa de uno de ellos, quienes salieron a bordo de la camioneta marca Chrysler tipo Town Country color azul con placas de circulación MHD4354 del Estado de México, con la finalidad de trasladarse a la población de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, donde se llevaría a cabo un jaripeo, con motivo de la fiesta patronal de esa comunidad”.
La información proporcionada por los fiscales es que el jueves 17 febrero a las 2 de la tarde uno de los montadores desaparecidos tuvo comunicación con su familia a quienes les dijo que estaba en Chilpancingo.
En el texto se informó que el sábado 19 de febrero a las 9 de la noche familiares de uno de los montadores recibieron una llamada telefónica con número de lada 899 que corresponde a Reynosa, Tamaulipas, y les exigieron el depósito de 3 mil pesos para que fuera entregada una de las víctimas, posteriormente el miércoles 22 de en una nueva llamada exigieron otra cantidad de dinero que los fiscales se negaron a precisar.
Olea Peláez dijo que una primera presunción derivada de la geolocalización del teléfono móvil fue que a los montadores “los habían subido a Tlacotepec. Pareciera en un principio que tendrían que haber tomado otro camino para llegar a San Miguel Totolapan pero tomando la consideración que iban a otro lugar no a (la cabecera de) San Miguel Totolapan sino a Linda Vista, entonces iban en el camino correcto y ahí desaparecen”.
Pérez Durón informó que en la Fiscalía de Morelos ya recabaron muestras genéticas y dieron parte al Instituto Nacional de Migración (INM), cárceles distritales y solicitaron la colaboración de las fiscalías de Guerrero, Puebla, Ciudad de México y estado de México.
A pregunta expresa sobre cuántos son los desaparecidos, el fiscal de Morelos dijo que son siete y pudiera haber otras carpetas de investigación que se van acumulando al caso y que por secrecía de la indagatoria no podía abundar en más datos.
A la pregunta sobre si está involucrado Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, en la desaparición, el fiscal de Morelos dijo que no tenían información para hacer esas afirmaciones pero no descartaban ninguna línea de investigación en el rapto de los montadores, entre ellas la de delincuencia organizada.
Luego Olea Peláez agregó que el sábado el Ejército y la Policía del Estado empezaron una operación “muy fuerte” para detener al Tequilero y consideró que éste no podría estar involucrado en el caso de los montadores porque el lugar donde desaparecieron “no es zona que él maneje (Raybel Jacobo de Almonte)”.
Agregó que también hay trabajo de inteligencia en la sierra para ubicar al Tequilero, “se va a llegar a las últimas consecuencias, no vamos a dejar avanzar más a este sujeto”.
Sobre si los tres cuerpos descuartizados encontrados ayer en la Autopista del Sol podrían ser algunos de los montadores, el fiscal indicó que se harán las pruebas de ADN.
Javier Pérez indicó que ambas fiscalías trabajarán coordinadamente para evitar que se vuelvan a presentar casos de personas desaparecidas que transitan de la Ciudad de México hacia Guerrero, y abrió la posibilidad de que se hagan operaciones conjuntas.