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Se hará un muro y no se demolerán cinco casas de Zolamaitic, anuncia el delegado de la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, declaró que las casas dañadas tras el deslave en el fraccionamiento Zolamaitic, en Chilpancingo, donde habitan damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, no serán demolidas, y sólo debe construirse un muro de contención.
El 17 de agosto pasado se suscitó un deslave del terraplén en el fraccionamiento, donde cinco casas resultaron afectadas.
El 24 de agosto el delegado informó a El Sur que las casas tenían que ser demolidas “a la brevedad”, porque las viviendas continuarían siendo afectadas por el reblandecimiento del terreno y el escurrimiento de agua ante el temporal de lluvias que debilitarían más el soporte y la plataforma donde están asentadas, “ ya no tienen remedio, y si no se caen, nosotros vamos a demolerlas”, dijo en ese momento. Sin embargo, ayer, en consulta telefónica, el delegado declaró que las casas no serán demolidas.
“Se tiene que hacer la obra de contención de talud, que obviamente pasó todo un proceso de la mecánica de suelos del lugar, se esperaba que hubiese posibilidades de construir la obra”, dijo Armenta Tello, y agregó que el manantial que hallaron durante los estudios sigue fluyendo, “esperábamos que dejara de tener flujo… para trabajar, y ahora están dadas las condiciones en la obra, ya hay maquinaria trabajando con la preparación del terreno para que inicie la ejecución de la obra”, explicó.
Indicó que hicieron hace un mes el proceso de mecánica de suelo, y que la maquinaria llegó al fraccionamiento la semana pasada.
El muro para contener el talud debe estar construido antes de que inicie el temporal de lluvias, aseguró.
Sin embargo el presidente del fraccionamiento, Mariano Peñaloza informó que la maquinaria y los trabajadores llegaron ayer para empezar los trabajos, que buscaron con los vecinos dónde los alojarían y quién les daría de comer.

La escrituración de los lotes no tiene plazo

De la escrituración de las 67 viviendas, Armenta Tello dijo que es un proceso que toma tiempo, que se hace a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), se tiene que hacer la enajenación del terreno, sesión de derechos y después un análisis de gabinete para definir especificidades de las viviendas.

Se compromete la Sedatu a dar el viernes una fecha para pagar a trabajadores del Fonden

Trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), se reunieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, con quien acordaron que, a más tardar el jueves les avisarán cuándo les pagarán los salarios y viáticos que les adeudan, esto después de que el viernes bloquearon y tomaron las instalaciones de la dependencia en Chilpancingo.
El viernes, los trabajadores se plantaron ocho horas afuera de la Sedatu, y durante seis horas bloquearon el bulevar del río Huacapa, al sur de la ciudad, para exigir el pago de tres meses y los viáticos que les adeudan a unos 15 compañeros, de los 50 que laboran en el programa. Además colocaron pancartas en las que se leían su exigencia a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga.
Luego de no ser atendidos, los trabajadores se retiraron sin despegar las cartulinas y dejando el edificio cerrado con candados para retomar este lunes la protesta indefinidamente.
Ayer, cuando los trabajadores comenzaron su protesta, les dijeron que al mediodía el delegado Armenta Tello se reuniría con ellos y les daría información, por lo que ya no protestaron.
Al término de la reunión privada con el delegado, se preguntó a los inconformes si les habían dado solución a sus demandas. Un trabajador, que pidió reservar su nombre, dijo que aún no tenían una respuesta, y que les dijeron que a más tardar el jueves les dirán qué día les pagarán los adeudos.
“Hay una propuesta de oficinas centrales, en México, y se abrió una puerta, una posibilidad que ya se agilice el pago esta semana; entonces, pues ya con eso nos quedamos; la verdad, también es algo desgastante”.
Los trabajadores del Fonden acordaron ya no bloquear y descolgar sus cartulinas, pero no regresarán a trabajar hasta que les resuelvan totalmente su demanda.
Los adeudos son de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales a cada trabajador; desde hace un mes no supervisan ni hay reconstrucción de obras dañadas durante las tormentas Ingrid y Manuel, pues tendrían que poner de su bolsa para continuar laborando.

Culpa el alcalde de Zumpango a la Sedatu de que no se pague a los municipios por la minería

 

Del fondo minero que se obtiene del cobro de los derechos especial y extraordinario sobre minería, Guerrero obtuvo 60.9 millones de pesos de la recaudación fiscal de 2014, que representa 2.9 por ciento del total que se distribuye en 25 estado de la República, y dos años después los siete municipios beneficiarios con extracción de metales han recibido sólo 30 por ciento del dinero que les corresponde.
El alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes denunció que el retraso es por el exigente proceso de comprobación que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se ha modificado varias veces, y el delegado de la dependencia federal, José Manuel Armenta Tello, explicó que entregó anticipos del 30 por ciento, y el resto del financiamiento, conforme los alcaldes vayan entregando avances en la construcción de obras.
En el decreto del 23 de diciembre de 2013, se establece el cobro de los derechos a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, considerando los ingresos obtenidos por la actividad extractiva y tomando en cuenta el posible impacto que podría ocasionar la medida en el sector minero.
Señala que el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería se harán en una exhibición, a fin de año, pero también habría facilidades para que las mineras “puedan efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de los derechos anuales”, que “permitiría que los recursos se integren de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su oportuna aplicación”.
Del total recaudado en 2014, la Sedatu informó que el fondo fue de 3 mil millones de pesos, de los cuales 20 por ciento tocan a la federación y 80 a los estados y municipios, y el financiamiento debe ser empleado “en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, como escuelas, servicios públicos, al final rellenos sanitarios, reforestaciones y otras de impacto ambiental.
Según el boletín de la Sedatu del 21 de enero de 2016 se destinaron a los estados 2 mil 74 millones de pesos, de los cuales 2.97 por ciento corresponde a Guerrero. Aquí, ese fondo se divide en dos: 37.5 por ciento para el gobierno del estado, y 62.5 por ciento a los municipios.
De 38 millones destinados a municipios Zumpango tiene 65 por ciento, 24 millones 773 mil pesos, porque tiene la mayor extracción de minerales en su territorio. Arcelia 22 por ciento con 8.3 millones, Petatlán 7.9 por ciento que son 3 millones, La Unión 1.3 millones que representa el 3.5 por ciento, Atenango del Río en Coyuca de Catalán y Tetipac suman juntos 1.37 por ciento, que representan 552 mil 886 pesos.
De lo recaudado en 2015, que se distribuirá en 2017, especialistas estiman un incremento de la recaudación y este año, el Congreso de la Unión aprobó entregar a la Sedatu 2.5 del fondo minero para gastos de operación.

El retraso causa conflictos con las comunidades: Pablo Higuera

El alcalde de Zumpango explicó que antes del fondo minero las empresas negociaban con los ejidos y comunidades beneficios, a parte de la negociación por la renta de las tierras, pero era muy disparejo.
Zumpango, con mayor actividad minera, tiene asignados 24 millones de pesos, en agosto recibió 9 que terminó de comprobar a mediados de noviembre, porque “la democracia hace el proceso muy lento”, se quejó
denunció que reglas y procedimientos se cambian constantemente, “que siempre ponlo así, después: agrégale esto”.
A la fecha dijo que ya tiene lista la propuesta de obra pública del fondo minero de los impuestos recaudados en 2015, sin haber recibido la totalidad de 2014.
Por esta situación, aseguró que se están generando conflictos de los gobiernos con los pueblos, debido a que empresas mineras le dicen a los comisarios que ellos ya entregaron dinero para obras públicas a los municipios, y los comisarios les exigen a las autoridades que ejerzan un dinero que sigue detenido en la Sedatu.
Con los fondos del primer año de recaudación en 2014, dijo que comenzó la construcción de obras de drenaje y agua potable, y sólo ha podido pagar el anticipo a las empresas encargadas de las obras en Mezcala, Carrizalillo, Tepehuaje, Balsas Sr y alumbrado en todo el municipio. Con el de 2015, además de agua, drenaje, alumbrado, dijo que tienen previsto tecnificar la pesca, sin embargo, las obras son insuficientes para atender las necesidades de las familias afectadas por la actividad minera “donde se pierden cerros”, dijo de la devastación.
Por separado el delegado Armenta Tello explicó que 2016 se hizo la instalación del comité del fondo minero en el estado, con la participación de empresas mineras, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios. Ahí se aprueba la propuesta de obras para siete municipios.
Detalló que en las sesiones, los municipios exponen las obras que consideran prioritarias, el comité evalúa aspectos importantes que marcan reglas del programa, “eso tomó un tiempo”, y una vez aprobados se realiza una nueva reunión para la distribución de los recursos.
Aclaró que las obras que se construyen con el fondo minero son de infraestructura básica, no para resarcir el impacto ambiental, que toca evaluar a otras instancias de gobierno.
“La verdad es que fue bien recibido el programa, obviamente hay municipios que esperarían mayores ingresos por parte del fondo minero, al notar que (el municipio) Eduardo Neri tiene una cantidad importante de recursos, esperarían iguales condiciones para atenuar el malestar (social) que pudiera generar la minería, y todos esperan que en este proceso hubiese de alguna manera derrama económica que se traduce para beneficio colectivo”.

Damnificados de 2013 en Petatlán no han recibido sus casas pese a que ya están listas

Familias de Petatlán afectadas por la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013, lamentaron que no les han entregado oficialmente sus viviendas, construidas por el gobierno federal en la colonia Primavera, de la comunidad El Cayuco, en esa cabecera municipal.
El 12 de febrero de este año, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Guerrero (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, supervisó 22 de 64 predios de viviendas para damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en 2013 y que no han sido entregadas a los damnificados porque las construcciones carecían de servicios básicos como agua potable, drenaje, pavimentación vialidades, energía eléctrica, entre otros.
En esa ocasión, Armenta Tello, fue acompañado por el alcalde perredista de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, a quien el funcionario federal pidió ayuda con la instalación de los servicios básicos en ese asentamiento, mientras se llevan a cabo las acciones legales y administrativas para requerir a las empresas constructoras que no completaron la edificación de las casas.
Esa vez, José Manuel Armenta confió que, a más tardar en tres semanas les entregarían las viviendas a los beneficiados.
Sin embargo, han pasado más de tres meses y los damnificados no han recibido sus casas, pese a que ya tienen los servicios básicos, como se constató ayer en una visita al lugar.
Jefes de familia que tienen ya su vivienda asignada, pero que la ocuparán solamente hasta que se las entregue el gobierno federal, contaron que incluso ya hicieron sus contratos de energía eléctrica, pero no pueden mudarse a las casas mientras no tengan los documentos oficiales que acrediten que son de su propiedad, “pero ya pasaron tres años, a lo mejor vamos a esperar otros tres años más para que vengan a entregárnoslas”, lamentaron.

No entrega el Ayuntamiento de Chilapa el plan para reubicar 267 casas para damnificados

 

El gestor de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, municipio de Chilapa, Pedro Reynoso Martínez externó que el Ayuntamiento sigue sin entregar la planeación estratégica para la construcción de 50 plataformas donde serían ubicadas las 267 casas en la comunidad de Tzicaixtlahuac, para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, de comunidades como Majada de Toro, Tierra Blanca y 3 de Mayo, en Chilapa.
El representante señaló que la semana pasada, el alcalde Jesús Parra García se comprometió a reunirse con el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, para dar continuidad a los trabajos pendientes, “sin embargo, hasta la fecha no informó acerca de su visita a la Sedatu, y no hay avance en las obras”, dijo.
Detalló que al menos 80 familias de Majada de Toro siguen en sus casas, pese a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) declaró la comunidad como zona de alto riesgo.
Consultado vía telefónica, el gestor ahondó que el proceso de la construcción de las 267 viviendas “sigue igual”, porque el municipio sigue sin habilitar las plataformas que determinen la distribución de viviendas de acuerdo al espacio asignado.
Subrayó que hay un dictamen previo del terreno a cargo de la Sedatu, donde indica que deben construirse en el predio al menos 50 plataformas.
Mencionó que la empresa constructora Grupo de Oro construyó 17 plataformas para la construcción de las 50 viviendas, un preescolar, una primaria y una telesecundaria, y las restantes, de acuerdo al Ayuntamiento, serían entregadas a mediados de marzo.
El gestor detalló que, la semana pasada el alcalde de Chilapa, Jesús García Parra dijo que acudiría a dialogar con el delegado Armenta Tello para darle seguimiento a las obras en la comunidad de Tzicaixtlahuac , “donde incluso él (García Parra) dijo que me llamaría sobre la reunión en la Sedatu, pero esta semana ya pasó y no tuve ningún aviso”, explicó.
Subrayó que al menos 80 familias siguen habitando en sus viviendas en Majada de Toro y comunidades aledañas, declaradas como zonas de alto riesgo, que incluso fueron descartadas en las listas de reubicación.
Respecto a las 50 casas construidas en Tzicaixtlahuac, el gestor indicó que al menos 20 presentaron deficiencias por filtraciones de agua o cuarteaduras, pero los afectados las repararon por su cuenta ante la desconfianza a las autoridades.
En cuanto al preescolar, la primaria y la telesecundaria que están construidos en el predio, dijo que las escuelas requieren un muro de contención ya que los cimientos siguen siendo inestables, “es una petición que también hicimos en su momento y que era parte del recurso del Fonden, pero hasta la fecha lo han ignorado”, dijo.

Sólo construirán 20 casas para damnificados de El Fresno, Chilpancingo, denuncia el comisario

 

El comisario suplente y secretario del Comisariado Ejidal de El Fresno, municipio de Chilpancingo, Catalino García Martínez, denunció que 232 familias de su comunidad no han sido reubicadas tras los daños de las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, pese a contar con un dictamen del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de Protección Civil estatal.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, se reunió al mediodía de ayer con damnificados de la comunidad serrana El Fresno, integrantes de la organización civil PUEDES y el secretario de Protección Civil municipal, Gustavo Vela Guevara.
Al término del encuentro, el comisario Catalino García indicó que el diálogo con el delegado federal Armenta Tello fue para solicitar la reubicación de las 232 familias de la comunidad a otra zona sin riesgo.
Detalló que, debido al deterioro que vivió la comunidad serrana tras las tormentas Ingrid y Manuel en 2013, acudieron Protección Civil y el Cenapred para evaluar las pérdidas y ofrecer una alternativa de reubicación a las familias damnificadas.
Manifestó que los pobladores han insistido en tener reuniones con los delegados anteriores de la Sedatu y con Armenta Tello, para su reubicación.
Catalino García comentó que existen contratos de compra-venta equivalentes a 10 hectáreas de la zona donde serían reubicados, donde se avala la disposición de la población completa para trasladarse a una zona ubicada a 1 kilómetro de El Fresno.
Explicó que, incluso en esos terrenos ya se construyó una vivienda, “a la cual ya se le cayó hasta el techo”, una primaria y 12 plataformas que aparentemente servirán como soporte para las nuevas casas.
El comisario de El Fresno dijo que Protección Civil regresó al poblado para hacer otro dictamen, y concluyó que de las 232 familias afectadas, únicamente 20 serán reubicadas, además de una primaria y un jardín de niños.
Manifestó que es injusto reubicar sólo a una parte de la población, cuando el acuerdo era trasladar a todas las familias.
El comisario subrayó que nuevamente se reunirán en la Sedatu el próximo martes, y esperarán que estén el alcalde Marco Antonio Leyva Mena y el gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que dejen de engañarnos y nos digan si verdaderamente nos van a apoyar”.
Por su parte, el delegado José Manuel Armenta Tello remarcó que hay un dictamen previo de Protección Civil que avisaba de la reubicación de todo el pueblo, sin embargo tras una nueva evaluación se obtuvo que solamente hay una franja en riesgo, donde habitan 19 familias.
Indicó que el nuevo dictamen disminuye la necesidad de tierra para construir las 19 viviendas y que personalmente acudió a El Fresno para conocer donde estarán las casas, “que no han podido ser terminadas porque no tenemos certeza en la tenencia de la tierra, para acordar con la comunidad de que se permita continuar con los trabajos y pagar por la tierra que únicamente necesitamos”.
Indicó que pese a que tienen plantadas 12 plataformas donde serán asentadas las familias, “cómo no tengo la certeza de la tierra no puedo continuar el trabajo”.
Señaló que serán reubicados en el propio ejido de El Fresno, donde ya se ejecutaron un jardín de niños y una primaria de la comunidad.
Mencionó que hay problemas en el terreno donde estarán las casas, ya que integrantes del Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (Inifed) mostraron que tuvieron actas de donación del predio, “y efectivamente nos muestran las actas donde toda la asamblea de la comunidad dona el predio donde se ejecutaron las escuelas, pero carece de la firma del propietario”.
Añadió que las 19 familias serán trasladadas a un predio de 3 mil metros cuadrados, “que es una cantidad muy inferior a las 10 hectáreas que ellos piden”.

Clausura la Profepa las casas para damnificados en Papagayo; no se hizo el estudio de impacto, informa la Sedatu

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró la unidad habitacional para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid que construyó la empresa Materiales Elementales, en Papagayo, municipio de Juan R. Escudero, debido a que levantó las viviendas sin el estudio de impacto ambiental.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello confirmó que a las 12 del mediodía de ayer recibió la notificación de la Profepa, a raíz de diversas observaciones que se venían realizando al fraccionamiento, en donde, de paso, las casas no reúnen las especificaciones técnicas para ser habitadas por las familias damnificadas de esa localidad.
Allí se construyeron 27 de las 34 casas destinadas para familias damnificadas por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid.
Las viviendas con paredes de madera y techos de láminas de asbesto fueron sobrepuestas en tablas embarradas de cemento que simulan un piso firme, pero éste fue colocado sobre troncos de madera de 10 a 15 centímetros de diámetro y aproximadamente un metro de alto, y la mayoría de ellos han comenzado a podrirse antes de que las casas sean entregadas a las familias.
Las 27 casas fueron colocadas en la punta de un cerro al poniente de la carretera México-Acapulco, antes de cruzar el río Papagayo, y ante las malas condiciones en que se encuentran, las familias se negaron a recibirlas.
Desde septiembre del año pasado quedaron abandonadas y con el tiempo han sufrido deterioro y han sido saqueadas por delincuentes que se llevaron accesorios del baño, cocina y hasta el cableado eléctrico. La zona carece de todos los servicios y de un acceso propio, denunciaron las familias que serían beneficiadas, en un recorrido con el delegado de la Sedatu el 21 de marzo, y en otro realizado con reporteros de El Sur el 30 de marzo.
Armenta Tello reconoció en entrevista con El Sur el 4 de abril que las fallas en la construcción de esas viviendas “son un extremo”, y advirtió que la constructora Materiales Elementales, tiene dos opciones: volver a ejecutar la obra, “si es su voluntad”, o enfrentar una situación legal para que responda por estos trabajos “mal calificados”.
Vía telefónica ayer, el mismo funcionario federal confirmó que la Profepa clausuró el fraccionamiento como consecuencia de observaciones que venía realizando, y la advertencia de que si no se hacía la manifestación de impacto ambiental sería clausurada.
Armenta Tello aseguró que se trató de un procedimiento “normal” de la Profepa.
Dijo que la dependencia encontró “un impacto que no debió haberse hecho y que tampoco podía ser mitigado”.
El delegado de la Sedatu, agregó que ahora lo que sigue es encontrar otro predio para construir las 27 viviendas, “tomando en cuenta a la Profepa para que la obra se haga sin incumplir con el impacto, y que sea uno que Protección Civil dictamine como habitable”, explicó.
Reconoció que el problema es que no han encontrado otro predio, “tuvimos una propuesta pero el acceso no está garantizado y no podemos considerarla como viable, necesitamos que el acceso al predio pueda ser garantizado y ahora estamos buscando la participación del municipio para que nos ayude, ya sea para encontrar una vía de acceso al predio, o encontrar otra opción”.
El funcionario federal informó que el predio que se busca es para construir las 27 viviendas que se encontraban en el predio que fue clausurado.
Antes, el funcionario había informado que en este predio se construirían 34 casas, ayer aclaró que las construidas son 27, pero que tendrían que construirse 34 que son las familias que resultaron damnificadas en ese pueblo.

Reconoce el Fonden retraso en la reubicación de escuelas dañadas en 2013 pero no es significativo, dice

El director general para la Gestion de Riesgos-Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, informó que hay retraso en la reubicación de escuelas afectadas con la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, pero en el resto de las acciones se trabaja de acuerdo al calendario.
En conferencia de prensa en el hotel Holiday Inn después de una reunión privada de evaluacion y seguimiento de las obras financiadas por el Fonden en Guererro con delegados federales, el director dijo que todas las acciones “van conforme a lo presupuestado, van conforme a los tiempos establecidos”.
El director del Fonden, a cada pregunta pedía a los reporteros que especificaran de qué eventos pedían datos y en qué rubro, y cuando se le preguntaban datos concretos evadía con el argumento de que no tenía la información.
Tapia Franco sostuvo que se trató de una reunión de evaluación y seguimiento, y que las obras “de 2013 a la fecha van conforme al calendario, van conforme a lo presupuestado, van comnforme a los tiempos establecidos y se está respondiendo en tiempo y forma, tanto a la ciudadania como a las instituciones, no hay retrasos”, insistió.
Se le recordó que en Guerrero hay escuelas que no han sido reubicadas luego de las afectaciones; aceptó que “sí hay retraso, pero no vemos un retraso significativo, no vemos que haya un riesgo de que no se cumplan las obras, ni (de) que no se cumpla el objetivo ni la meta”.
Explicó que parte del retraso en la reubicación de los planteles se debe a que la administración estatal pasada se comprometió a entregar los terrenos para la reconstrucción de las escuelas, pero no lo hizo.
“Se está haciendo un esfuerzo sumamente complejo, porque muchas veces la reubicación causa mas daño que beneficio a la población; si tú le mueves la escuela a mayor distancia de la que está, le causas un daño a la población y sobre todo a los niños y los padres de familia”.
“Se está haciendo una evaluación integral, a conciencia de cada una, sí hay falta de escuelas, llevamos un retraso, ¿el porcentaje? no soy la institución ejecutora habría que preguntarle al Inifed o al IGIFE, lo que sí te puedo decir es que tenemos la instrucción del presidente (Enrique Peña Nieto), del secretario (de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong) de meternos en darle seguimiento y sacarlo lo más pronto posible”, agregó.
Cuando se permitió el acceso a los reporteros, se pudo escuchar que había un alegato sobre el fin del dinero destinado a la reubicación y reconstrucción de escuelas, porque en Guerrero reportaron que el dinero lo tenía Banobras, pero en esa dependencia lo negaron, por lo que Tapia Franco dijo que pediría una reunión con el comité central de Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Las obras para resarcir los daños causados por los meteoros Ingrid y Manuel “están pendientes, sacarlo de una mejor manera”, añadió.
Del avance de las obras financiadas con recursos del Fonden tras las lluvias de Ingrid y Manuel, José María Tapia indicó que de los 22 mil millones de pesos ya se ha ejercido el 96 por ciento.
En carreteras dijo se ha cumplido casi al 100 por ciento, porque está pendiente el puente de Lomas de Chapultepec, que se entregará en los proximos meses; en inversión para el sector hidráulico se lleva un avance del 97 por ciento, y en la reunión se acordó agilizar las últimas ministraciones del Fonden para el sector hidráulico en el caso de Ingrid y Manuel; en vivienda, evitó dar un porcentaje, y sólo dijo que va “muy avanzado, hay un calendario de acciones muy establecido”; en la reconstruccion de centros de salud, “están avanzando”; y en reubicaciones, tanto de escuelas como de hospitales, también se está avanzando, señaló.
Por separado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reiteró que están pendientes de entregar unas 2 mil casas en 28 municipios como Atoyac, Tixtla, Omitlán, Petatlán, Malinaltepec, Chilpancingo y Edurardo Neri (Zumpango).
De acuerdo con Tapia Franco, en la reunión de evaluación y seguimiento de todos los eventos que han causado afectaciones cuya atención ha sido cofinanciada por el Fonden y los gobiernos estatales, “se hizo un análisis muy claro, muy transparente de todos aquellos eventos en donde ha habido recursos federales o una mezcla de recursos federales y estatales para atender los sectores (de) vivienda, hidráulico, carretero y educativo”.
La reunión, abundó, fue para identificar problemas que impidan la consolidación de las obras para destrabarlas y concluirlas.
Algunos eventos de los que se habló en la reunión, ademas de Ingrid y Manuel, fueron los sismos y sus réplicas de agosto de 2013, de abril de 2014, y los daños causados por los huracanes Raymond y Trudy, e inundaciones costeras.
Tapia Franco indicó que, “hay obras carreteras en suspenso” porque se le dio prioridad a atender las afectaciones causadas por Ingrid y Manuel.
También reportó que hubo “ausencias documentales” de la administracion estatal pasada que han solventando dependencias federales, los documentos faltantes, dijo, tienen que ver con cuestiones administrativas, porque el gobierno del estado no ejerció dinero para la reconstrucción.
A la reunión asistió el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien informó que el gobienro del estado ejercerá 250 millones de pesos que no se aplicaron en 2015 para obras como accesos a playas y la rehabilitación de La Quebrada.
En la reunión estuvieron el director general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores; los delegados de Sedatu, José Manuel Armenta Tello; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Rodríguez Abreu; de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Gastélum Espinoza; y de la Seceretaría de Gobernación, Juan Moreno Barrios; y los directores de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez; y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Palma Carro.

Cobraron las empresas la reconstrucción de las casas dañadas Ometepec en los sismos de 2013, pero no las hicieron

De los daños provocados en el sismo de marzo de 2012 de 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en Ometepec, el director del Fonden, dijo que las empresas encargadas de la reconstrucion de las casas afectadas cobraron el recurso del Fonden al 100 por ciento y no hicieron las viviendas.
Reitero que los responsables, ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y constructores fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), “funcionarios que muy mañosamente usaron este recurso”
“Están inhabilitadas las empresas constructoras y, por instruciones del gobierno de la República, se están rehaciendo esas casas; ya no se hace con recursos del Fonden pero las está haciendo la Sedatu”, dijo.
Por separado, el delegado de Sedatu reiteró que son 57 millones de pesos el monto defraudado por los funcionarios y las constructoras, y precisó que son 24 denuncias presentadas ante la PGR.
Agregó que actualmente las casas están a un 97 por ciento de avance, y que algunas ya se han entregado a los beneficiarios.
Sobre el sismo de abril de 2014, de 7.2 grados en la escala Richter con epicentro en Petatlán, Tapia Franco indicó que el Fonden destinó 300 millones de pesos a la reconstrucion de viviendas, de los cuales 151 millones serán ejercidos por la Sedatu, indicó que en este caso el avance es de entre 37 y 40 por ciento, y la otra parte la aportará y ejercerá el gobienro del estado mediante el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) y será está dependencia la que informe el avance de las obras que le corresponden.

Identifica el Consejo de Desarrollo Agrario 20 conflictos en el estado en su primera sesión

En el estado de Guerrero hay 20 conflictos agrarios identificados por la federación y el gobierno del estado en las regiones de la Tierra Caliente, Montaña, Centro y Costa Grande.
La tarde de este martes fue la primera sesión del Consejo de Desarrollo Agrario, en la que participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios.
El objetivo de la reunión fue identificar los conflictos en el estado, por lo que se hizo un cruce de padrones para determinar cuántos y dónde están los problemas agrarios.
A través de un boletín de prensa se detalló que el gobierno del estado, representado por la subsecretaría de Asuntos Agrarios, presentó una lista de 13 conflictos, mientras que la delegación de la Sedatu presentó 16.
Al revisar la lista de conflictos de las dos dependencias, se identificaron cuatro casos coincidentes, por lo que concluyeron que hay 20 conflictos agrarios en el estado.
En el boletín de prensa se dio a conocer que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello explicó que el objetivo de la creación del Consejo de Desarrollo Agrario es que de manera coordinada los gobiernos estatal y federal establezcan una agenda prioritaria de asuntos agrarios, que no necesariamente deben tener el nivel de conflictos para ser atendidos.
Después de esta reunión, opinan que se podría elaborar una agenda agraria que posteriormente sea sometida a consideración del Consejo Agrario para asignar “las prioridades y encontrar las soluciones mediante la discusión de la problemática”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel destacó que es necesaria la intervención de la federación y, como indica el artículo 19 de la Constitución, es competencia de la federación atender todos los problemas agrarios.

Deben ser reubicadas 42 comunidades damnificadas en 2013: Sedatu

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello detalló que al menos 42 comunidades de la entidad requieren ser reubicadas, a dos años de las tormentas Ingrid y Manuel.
En una nueva visita, el delegado Armenta Tello acudió a las 5 de la tarde al fraccionamiento El Mirador, ubicado junto a la Autopista del Sol, para escuchar las demandas de los pobladores de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), principalmente por la falta de servicios como el agua potable y la energía eléctrica, en las manzanas 1-A y 1-B del predio.
Tras una hora de estancia en el predio, Armenta Tello se comprometió a que los servicios quedarán instalados dentro de unos 20 días, para las más de 100 familias que componen la organización, ya que los proyectos están pendientes de su aprobación ante las instancias correspondientes.
Armenta Tello reconoció que el principal problema en El Mirador es la falta de agua y luz en la mayoría de las manzanas, aunado a las deficiencias que presentan algunas casas con cuarteaduras y filtración de agua cuando llueve.
Comentó que las empresas asignadas a la construcción del predio deberán corregir estos errores, para que la dependencia federal comience a dotar de servicios a las manzanas faltantes, donde habitan las familias damnificadas.
Armenta Tello insistió en que algunas casas presentan deficiencias porque fueron construidas con material prefabricado, y es urgente que las empresas constructores reparen los problemas.
Asimismo, Armenta Tello expuso que el proyecto para la construcción del puente vehicular, que comunique al fraccionamiento con Petaquillas, comenzará a construirse la siguiente semana.
Consultado sobre el número de comunidades que faltan por reubicar, el funcionario federal reconoció que 42 comunidades de toda la entidad requieren de atención inmediata.
Expuso que son alrededor de 2 mil casas las que faltan de asignar, pese a que algunas ya iniciaron su construcción, “aunque yo espero que durante mi administración tengamos una reubicación al completo”, dijo.
D las familias “invasoras” que podrían seguir habitando el predio, el funcionario indicó que optaron por retirarse tras no tener ningún motivo de seguir ocupando las viviendas, y aseguró que las casas habitadas pertenecen en su totalidad a las personas que en su momento resultaron beneficiadas.