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Los criminales tiran cuerpos en Chilpancingo por la cobertura de los medios, dice el alcalde

El presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena dijo que no todos los ejecutados encontrados en la capital corresponden a la violencia de la ciudad, sino que el 30 porciento de los cadáveres que son abandonados son de otros municipios como Quechultenango o Mochitlán.

En la conferencia matutina de los martes, Leyva Mena afirmó que esta cifra se la dio la Fiscalía General del Estado, y el crimen organizado deja aquí a los ejecutados porque la cobertura de los medios de comunicación es mejor.
“No es lo mismo tirar un cadáver en municipios con limitaciones que en la capital, que es donde están los mejores medios de comunicación”, agregó.
Insistió en que el 95 de los homicidios en Chilpancingo están directamente relacionados con la delincuencia organizada.
Se le preguntó de la falta de solución y atención de las autoridades para detener a las personas que dejan los cuerpos, y expuso que los grupos criminales no son “improvisados y saben dónde están los retenes”, mediante los trabajos de espionaje de los halcones que mantienen una constante vigilancia en las calles.

Es una ocurrencia la consulta que plantea la Coparmex, responde

El alcalde aseguró que la solicitud que dijo que presentará la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al Instituto Nacional Electoral (INE), para hacer una consulta popular, va contra la ley y sólo se trata de una “ocurrencia” y un “capricho”.
Subrayó que se sujetará a lo que mandate la ley, porque se debe de respetar, sin sujetarse a expresiones “caprichosas o ocurrencias que manden el sentido político de un gobierno, ni estatal ni municipal”.
“Yo no sé si sea un asunto donde la autoridad competente para hacer esto tenga que hacer esta observación de lo que dice la ley (en referencia al INE), en qué momento procede este tipo de consulta, en qué momento, bajo qué autoridad y bajo qué principio se tiene que hacer”, señaló.
Insistió en que el líder de Coparmex, Adrián Alarcón Ríos debe de dejar atrás la “cohetería política” y el escándalo que termina en “declaraciones amarillistas”.
Indicó que se sumaría a una consulta popular si la ley así lo manda, pero en Chilpancingo no existe ingobernabilidad, no hay edificios tomados, no hay marchas que pidan su salida, sólo “hay un problema de basura que estamos tratando de resolver pero no es un asunto caótico, hay un asunto de inseguridad sí, pero no es ajeno a los 2 mil quinientos municipios de este país”.
Dijo que si el INE participaría en la consulta popular se debe de preguntar qué papel tendrá el Congreso local, y cómo se daría la actividad promovida por los empresarios.
“Sólo es un capricho de cinco empresarios que en el fondo del tema no les resultaron los negocios con el Ayuntamiento, entonces es un asunto que debemos de tener claridad, la intención de ellos en materia de seguridad es lo que está incorporado ya en el proyecto de seguridad”, agregó.
De la declaración de Alarcón Ríos sobre la determinación de empresarios locales de armarse de manera ilegal para su auto protección, Leyva Mena dijo que el hecho de que Chilpancingo esté armado con personas que no tengan la madurez, la asesoría y la sensatez para usar una arma puede ocasionar un mal mayor.
“Yo no creo más allá de la ley, yo no creo que la portación de arma sea adecuado y creo que sería incitar a un caos mayor”, agregó.
Señaló que si el líder de Coparmex incita a este tipo de acciones sólo es para tener bonos de confianza de la ciudadanía, y aprovechar los problemas con propuestas radicales y absurdas.
“Yo sólo quiero saber, actuando de esta forma y con ese exhorto, que sea responsable cuando sea utilizada esa arma cuando no tenga los permisos y le haya dado muerte alguna persona, si él será responsable”, señaló.

Moviendo las aguas políticas

En su conferencia de una hora Leyva Mena llamó a los integrantes de su partido a concentrarse en concluir esta administración al frente de sus cargos sin “mover las aguas de la política”.
Dijo que aún falta un año y 3 meses para que concluya la administración de los ayuntamientos, y antes de ello se debe de cumplir, concluir los ciclos y las administraciones para dar resultados.

Hay 11 incendios forestales activos en el estado, informa Protección Civil estatal

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que ha contabilizado 11 incendios forestales activos en el estado y que está en el proceso para sofocarlos.
La tarde de ayer, se observó en la ciudad de Chilpancingo una intensa capa de humo porque hay tres quemas activas en las comunidades de Xocomanatlán, San Miguel, El Ocotito y Rincón de la Vía.
Fuentes de la Secretaría de Protección Civil estatal informaron que los incendios activos se encuentran en San Miguel Totolapan, en la comunidad de San Jerónimo, en Mochitlán; en la comunidad Tlalquetzalapa, Copanatoyac y en las localidades de Los Limones, Atlixtac e Iyotla, en el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
En Chilapa en las comunidades de Xulchuchio y Nejapa, en la comunidad La Victoria de Igualapa y en la localidad de Ahuejutla en el municipio de Alcozahuca.
Las fuentes dijeron que para sofocar el fuego participarán brigadistas voluntarios de la dependencia, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semaren) y la Comisión Forestal Nacional (Conafor).

Se han quemado 656 hectáreas; la mayor superficie de los últimos 5 años, informa la Conafor

En dos días se incendiaron 100 hectáreas en la entidad, que se suman a las 554 que se habían quemado hasta el miércoles pasado, es decir 656.87 hectáreas. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ayer aún había dos incendios activos, uno en Cochoapa El Grande y otro en Eduardo Neri.
Según estadísticas difundidas la tarde de ayer por la Conafor, se han registrado 30 incendios forestales que suman 656.87 hectáreas conflagradas, de las cuales 227.46 fueron hojarasca, 240.5 arbustos y matorrales, 187.91 de matorrales y una hectárea de árboles de renuevo.
El municipio en el que más incendios han ocurrido es Chilpancingo, que lleva 11; le sigue Acapulco con siete, Ajuchitlán del Progreso con tres; Copanatoyac y Juan R. Escudero con dos cada uno; y Mochitlán, Coyuca de Benítez, San Marcos, Atenango del Río y Eduardo Neri, con un incendio en cada municipio.
Chilpancingo también encabeza el listado de municipios con mayor superficie afectada, al registrar 172.11, le siguen Acapulco y Ajuchitlán del Progreso, con 139.21 y 103.5 hectáreas conflagradas.
Según la estadística el número de incendios como de hectáreas afectadas superan las cifras de 2013, cuando hubo 21 conflagraciones con una afectación de 340.5 hectáreas. En 2014 hubo cinco incendios, con 73.85 quemadas; en 2015 siete, con 115.29; y en 2016 hubo nueve incendios, con 106.06 hectáreas afectadas. (Karla Galarce Sosa).

Se reúne la UPOEG en Las Peñas, Copala; se coordinará con el gobierno “sin ser paleros”

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que habrá una reunión regional en la zona Centro para hablar de la irrupción de sicarios en Chacotla, Mochitlán, donde cinco vecinos fueron ejecutados y testigos señalan a policías ciudadanos de la agresión.
Dijo que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, para hablar de asuntos de coordinación.
En la reunión privada en la comunidad de Las Peñas del municipio de Copala no se permitió la presencia del reportero, “por cuestiones de evitar filtrar información estratégica de las acciones de seguridad”, manifestó Plácido Valerio tras una breve consulta a los más de 200 asistentes en el astillero.
Consultado después vía telefónica indicó que la reunión se enfocó en la estructura de la UPOEG. Además de recordarle a los integrantes de la organización de los márgenes de acción de cada comisario, “para que se conduzcan con la asamblea comunitaria, o sea que ningún comisario pueda tomar decisiones si no convoca a asamblea”.
En la reunión de 5 horas se acordó el funcionamiento de un Consejo de la UPOEG y la coordinación con las autoridades, “sin que caigamos en ser paleros o chalanes del gobierno. Mantenernos en el diálogo con todos los sectores y buscar nuevos mecanismos en todos los municipios que están en este proyecto”.
Al encuentro que se trasladó minutos después a la cancha techada del municipio asistieron representantes de la UPOEG de Tierra Colorada, Copala, Marquelia, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla, Tecoanapa y una comisión de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de Barra Vieja, del municipio de Acapulco.
De la supuesta participación de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Chacotla, reiteró que no fueron y que en la reunión de ayer se abordó ese tema, pero se profundizará en una reunión regional “el asunto de la seguridad, se planteó la renovación de estrategias de seguridad y acordamos que nos vamos a ir reuniendo para revisar todos los detalles de lo que está pasando en Xaltianguis, lo que está pasando en el valle de Chilpancingo, entre ellos incluido el asunto de Chacotla que nada tiene que ver con nosotros”.
Anunció que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo “y ahí vamos a tratar el tema de Chacotla”.
Afirmó que la Policía Ciudadana no ha entrado a la comunidad de Chacotla en el municipio de Mochitlán, pero sí tienen presencia en municipios cercanos a Mochitlán.
De la Policía Ciudadana de Lomas de Chapultepec, Acapulco, están por entrar en una tercera etapa que calificó como de “reordenamiento” en la zona”, adelantó que están en la búsqueda de mecanismos para evitar una confrontación con la delincuencia.

Viven con miedo vecinos de Chacotla, Mochitlán, a pesar del resguardo policiaco

En medio de una aparente calma viven los habitantes de Chacotla del municipio de Mochitlán luego de que desde el sábado llegaron agentes de la Policía Federal (PF) y estatal para resguardar el pueblo luego de que siete personas –dos mujeres y cinco hombres– fueron levantadas la noche del lunes de la semana pasada, los cinco hombres fueron asesinados la mañana del miércoles, las mujeres fueron liberadas. El mismo día fue levantado y asesinado un joven de Mazatán, con los otros cinco.
Consultados por teléfono este domingo, habitantes de la comunidad informaron que el sábado llegaron policías federales y estatales quienes resguardan la comunidad, aunque no precisaron cuántos agentes llegaron de cada corporación pues desde la irrupción de los hombres armados los pobladores casi no salen de sus casas.
Un poblador contó que mientras los integrantes del grupo armado que masacraron a sus vecinos no sean detenidos no podrán estar seguros a pesar de la presencia de las corporaciones policiacas.
Sabemos porque nos dicen por teléfono y en las redes sociales que por allí andan en la carretera, por Palo Blanco, por Mazatlán, y los policías no van a estar aquí permanentemente, seguro cuando se vayan van a querer regresar, “lo nuestro ya no va a ser vida aquí”, dijo.
Reconoció que las amenazas directas han cesado, pero que la confusión se da en las redes sociales, “nos dicen que ya vienen, que ya están en el pueblo, que se escuchan balaceras en la entrada (de la población), que vienen por fulano o zutano y la verdad ya queremos que acabe todo esto”.
Dijo que en estas circunstancias la mayoría de los vecinos se sienten presos dentro de su mismo pueblo, e insistió que aún con la presencia policiaca no estarán seguros mientras no se detenga a los responsables de la masacre ocurrida la mañana del miércoles pasado.
En cambio, familiares de las víctimas evitaron contestar preguntas, “ya no queremos saber nada, no sirve de nada lo que decimos, por el contrario, nos ponemos y nos ponen (los medios de comunicación) en un mayor riesgo”, dijo un familiar de las víctimas y colgó.
El vecino que si aceptó platicar antes contó que los familiares de los jóvenes que fueron asesinados el miércoles sólo esperan que se termine el novenario de rezos para abandonar la comunidad, aunque dijo que no ha sido atendida su petición para el resguardo policiaco durante su salida del pueblo.
Narró que mientras tanto la calma que viven los habitantes es aparente, “porque por dentro tenemos miedo, no nos sentimos seguros”, lamentó.

Regresaron los sicarios a Chacotla, Mochitlán; vecinos piden ayuda para huir de la comunidad

En medio del temor que sufren debido a las amenazas que siguen de sicarios que la noche del lunes irrumpieron y se llevaron a siete personas (cinco hombres y dos mujeres, los primeros asesinados la mañana del miércoles), vecinos de Chacotla, municipio de Mochitlán, denunciaron que la noche del jueves los agresores regresaron y se llevaron a Esteban y Enedino Chino, padre y hermano de Álvaro, uno de los cinco asesinados.
Después de las 3 de la tarde de ayer familiares de Esteban y Enedino informaron que regresaron a la comunidad, pero no quisieron precisar si efectivamente fueron levantados o huyeron al notar la presencia de los delincuentes.
Ante el temor por el riesgo en el que se encuentran, familiares de las dos mujeres que fueron levantadas y liberadas minutos antes de que fueran asesinados los cinco jóvenes la mañana del miércoles, demandaron mediante los medios de comunicación la presencia de policías y del Ejército para que puedan abandonar la comunidad.
Las víctimas que fueron levantadas la noche del lunes y asesinadas la mañana del miércoles son los hermanos Gabriel e Ismael González Cabrera, Isaías y Juan Cabrera Peña (también hermanos) y Álvaro Chino Romero.
Vía telefónica los pobladores informaron que al mediodía del viernes la mayoría de los habitantes se mantenía encerrado en sus casas, luego de que la noche del jueves volvieron algunos de los hombres armados que irrumpieron el lunes y esta vez volvieron a entrar a algunas casas que nuevamente saquearon.
La mañana de este viernes los pobladores notaron la ausencia de Esteban Chino y de su hijo Enedino, el primero padre y el segundo hermano de Álvaro, uno de los jóvenes que fue asesinado el miércoles.
Denunciaron que levantados por los hombres armados pero después de las 3 de la tarde los familiares de los desaparecidos informaron que habían regresado y declararon que no se sabía si se los habían llevado o se escondieron en los cerros.
Mientras el terror se apodera de los habitantes de Chacotla, ayer no había llegado ninguna corporación policiaca ni el Ejército, que están pidiendo desde la noche del lunes cuando se llevaron a los cinco jóvenes y a las dos mujeres. Así como a otro más que pasaron a levantar a Mazatlán.
Uno de los vecinos mencionó que agentes de la Policía Estatal estuvieron en cinco patrullas algunas horas la tarde del miércoles después de que llegaron los cinco cuerpos, pero algunos se retiraron esa misma noche y el resto la mañana del jueves.
Los cinco cadáveres fueron sepultados sin presencia policiaca en el transcurso del jueves, a pesar de que los familiares denunciaron que seguían recibiendo amenazas vía teléfono celular.
La noche del jueves llegaron al pueblo unas ocho patrullas de la Policía Federal pero apenas estuvieron unas 3 horas y se retiraron. Después de su salida volvieron los sicarios y se metieron a algunas casas.
Algunos vecinos, sobre todo los familiares de las víctimas demandaron que los gobiernos federal y estatal les envíen policías y militares para que puedan abandonar su pueblo sin riesgo porque temen que regrese el grupo de sicarios a atacarlos.
Por su parte el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio volvió a rechazar que hayan participado policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG, como insistieron los familiares de las víctimas en los funerales.
Informó que ha tenido reuniones con los comandantes de la Policía Ciudadana y que le han asegurado que ninguno de sus elementos participó.
Ante la insistencia de los familiares de los jóvenes levantados la noche del lunes y que fueron encontrados ejecutados la mañana del miércoles, pidió que presenten la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), “porque nosotros no vamos a solapar ni a tolerar a nadie, no es nuestro papel levantar ni asesinar gente, nuestro objetivo es brindarles seguridad”.

Hallan ejecutados a seis de los vecinos levantados en Chacotla; las dos mujeres fueron liberadas

Seis de los ocho vecinos que hombres armados levantaron la noche del lunes en Chacotla, Mochitlán, fueron hallados ejecutados la mañana de ayer en una carretera ubicada en los límites de Mazatlán, Chilpancingo, y Mochitlán.
Vecinos de la comunidad de Chacotla señalaron que antes de que asesinaran a los seis vecinos de esa localidad y Mazatlán, llegaron en la madrugada las dos mujeres levantadas caminando a su casa, y dijeron que sus compañeros aún estaban vivos cuando a ellas las liberaron.
En conferencia de prensa en Casa Guerrero, el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, confirmaron la ejecución de seis de los ocho vecinos y la liberación de las dos mujeres.
Olea Peláez dijo que la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), no permitía el acceso a la escena del crimen, por lo que hasta las 11:40 de la mañana los seis cuerpos permanecían en la carretera federal Mazatlán-El Salado, cerca del kilómetro 31.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 6:19 de la mañana, recibieron un reporte al número de emergencia 911 del hallazgo de seis hombres asesinados en el camino Mazatlán-El Salado-Lagunillas, que conduce a dos poblados de Mochitlán. Las víctimas fueron encontradas a 3 kilómetros de Mazatlán.
Al lugar llegaron llorando familiares de las víctimas e intentaron entrar a la zona acordonada, para reconocerlos, sin embargo los peritos de la Fiscalía les impidieron pasar.
Los cuerpos de los cinco vecinos de Chacotla y uno de Mazatlán, entre ellos un menor de 14 años, fueron encontrados tendidos boca abajo en la carretera, tenían dos disparos en la cabeza y sólo uno llevaba zapatos. En el sitio se hallaron 12 casquillos percutidos.
Según un reporte policiaco, las víctimas son un joven que viste playera negra y pantalón de mezclilla, otro llevaba pantalón de mezclilla y suéter azul, un joven con pantalón amarillo, suéter negro, bóxer verde y playera rosa; otro joven vestía una bermuda café y tenis blancos con negro, llevaba desnudo el torso. Uno más sin playera y con pantalón de mezclilla y el sexto vestía pantalón de mezclilla y camisa café con rayas.
Al término de las diligencias de los peritos de la FGE, los familiares se llevaron los cuerpos en una camioneta a su lugar de origen para sepultarlos. La zona fue acordonada por militares, policías ministeriales y policías estatales.
Como se publicó en la edición de ayer de El Sur, un comando armado de 30 hombres irrumpió disparando la madrugada del martes a la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán, se llevó a ocho vecinos de la localidad y saqueó viviendas.
Los delincuentes entraron a la comunidad, que está a 40 minutos de recorrido desde la ciudad de Chilpancingo, disparando y amedrentando a la gente que salió a esa hora de sus casas.
Ese día, entre lágrimas y llantos un familiar de unos de los levantados lamentó, “cómo le vamos a hacer, se llevaron dinero, se llevaron su arma de mi nieto que dejó guardado aquí, su cinturón bueno, mi nieto se estaba levantando cuando se lo llevaron”.
Otra vecina de la comunidad, quien se reservó su nombre, señaló que los civiles armados irrumpieron en su casa, le robaron dinero, oro, un teléfono celular, “se llevaron las sandalias nuevas que me había comprado, se llevaron tres hermanos, entre ellos un menor de 14 años y su mamá”.
Otro testigo detalló que el comando llegó en cuatro camionetas nuevas marca Chevrolet y Nissan, “llegaron y rafaguearon las viviendas”.
Vecinos envían mensajes en WhatsApp para denunciar amenazas de muerte; piden al Ejército

Vecinos de la comunidad de Chacotla hicieron circular mensajes en grupos de WhatsApp en los que se lee, “Queremos reportar que a los ciudadanos de Chacotla nos están amenazando por teléfono porque los que mataron llevaban números de amigos y familiares, y a todos nos están llamando y nos dicen que nos va cargar la verga si denunciamos lo que pasó en nuestro pueblo”.
Después sigue, “Nos hablan de un tal Celso Ortega y un tal Isaac Navarrete y nos están amenazando que van a entrar a matarnos con la comunitaria del señor Bruno. Pedimos al gobierno que nos ayude y nos mande el Ejército, porque tenemos mucho miedo, nos quieren matar por sólo ser amigos y familiares de los muchachos que mataron hoy en la mañana”.
“Le pedimos al gobernador Héctor Astudillo Flores que no nos deje solos con estos asesinos. Ayuda por favor”, concluye el mensaje.
Durante la conferencia, el vocero en materia de Seguridad, Álvarez Heredia justificó la falta de atención diciendo que hubo llamadas al 911 para “desviar la atención de los hechos ocurridos”. La Policía Estatal tardó en llegar a la comunidad 15 horas, después de que fueron levantados los vecinos.
En su descripción, el vocero no especifica la hora a la que llegaron los policías municipales enviados a resguardar la zona, y aseguró que se actuó de manera pronta.
“A la media noche del 30 de enero un grupo armado irrumpió a bordo de cuatro vehículos en la comunidad de Chacotla, derivado de este incidente hubo varios reportes al 911, específicamente de dos primeros que alertaban de un posible enfrentamiento armado en el pueblo de El Naranjo”, agregó.
Explicó que tras las primeras llamadas se decidió enviar a un grupo de cinco policías preventivos del municipio de Mochitlán para confirmar los hechos, pero estos no reportaron nada.
Después, sin especificar la hora, se decidió enviar a 30 policías estatales, tras obtener información sobre los hechos ocurridos en Chacotla, por lo que se inició un operativo de búsqueda.
“Inmediatamente la Policía Estatal desplegó un operativo para localizar a estas ocho personas y rescatarlos con vida; quiero señalar con responsabilidad, desde el primer instante el gobierno del estado recibió los reportes y hubo una respuesta inmediata; sin embargo, hay que reconocer que hubo intentos de desviar la atención, tal vez se actuó en algunos caso con dolo o en otros caso por un asunto que tiene que ver con el miedo, finalmente el día de hoy se localizaron seis personas de masculinos privados de la vida”, señaló.

La UPOEG no tiene nada que ver con el comando armado, responde el fiscal

Por su parte, el fiscal Olea Peláez dijo que iniciaron las investigaciones, pero puntualizó que tenían problemas para ingresar a la escena del crimen debido a que la Policía Comunitaria de la UPOEG, no les permitía levantar los cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).
“Tenemos problemas para acercarnos, la Policía Ministerial está pretendiendo entrar a estos poblados, para el efecto de seguir con las investigaciones”, agregó.
Dijo que a pesar de esto las investigaciones están avanzadas, pero no dio detalle, debido al “sigilo” de la averiguación.
También se le preguntó si los ejecutados tenían relación con la Policía Comunitaria de la UPOEG, a lo que respondió tajantemente que no. Ninguno de los dos funcionarios detalló el motivo de los hechos, ni dio nombres de presuntos responsables.

Encuentra la CNDH que en cárceles de Guerrero los presos tienen funciones de autoridad y cobran

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló 189 situaciones de riesgo, para prevenir la tortura y el maltrato en lugares de detención e internamiento (cárceles y albergues) que dependen del gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en su informe de anual de actividades 2016.
Además señaló 150 situaciones riesgo en cárceles municipales de Acapulco, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de Los Bravo, Coyuca de Benítez, Huitzuco de Los Figueroa, Mochitlán, San Marcos, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla de Guerrero.
Entre las irregularidades señaló que las instalaciones son inadecuadas, que no tienen áreas exclusivas para alojar a las mujeres y que los internos tienen funciones de autoridad, cobran y gozan de distintos privilegios.
En un comunicado la CNDH informó que hizo más de 4 mil visitas a las 32 entidades del país, y el Mecanismo emitió 17 informes, nueve para cuatro entidades estatales, entre ellas Guerrero, así como para autoridades municipales y tres para al gobierno federal: uno para el Comisionado del Instituto Nacional de Migración y dos para el Comisionado Nacional de Seguridad.
En 44 visitas iniciales a Guerrero y cuatro de seguimiento, encontró 110 “incidencias” (situaciones irregulares) que violentan la legalidad y seguridad jurídica de personas privadas de su libertad, 80 relativas al derecho a un trato humano y digno, 33 por el derecho a la protección a la salud, 93 por el derecho a la integridad personal y 23 situaciones de grupos en situación de vulnerabilidad.
En el informe del 18 de agosto de 2016 para Guerrero y la FGE, indicó que en la entidad las instalaciones de detención y reclusión son inadecuadas, que la alimentación es deficiente, que hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de recreación.
También faltan áreas exclusivas para alojar a las mujeres, personal especializado para la atención de menores de edad, la restricción de actividades de reinserción social, y los internos tienen “funciones de autoridad, cobros y privilegios”.
El mes pasado una mujer presa en la cárcel de Chilpancingo denunció que se separó a hombres y mujeres debido a que lo recomendó la CNDH, y que las instalaciones son inadecuadas porque las madres que viven con sus hijos tienen espacios de trabajo en el área general, donde están los hombres.
La CNDH denunció que en Guerrero hay restricción de comunicación del detenido con un defensor, hasta que éste acepta el cargo que se le imputa, falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica, insuficientes aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad (procesadas y sentenciadas), e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos.
Señala que los funcionarios públicos son omisos ante actos de tortura o maltrato y frente a las anomalías del personal médico, por prestación del servicio, y abasto de medicamentos, donde no hay condiciones para hacer los exámenes en privacidad.
Para la atención de mujeres señaló que no hay personal femenino para su custodia, y falta capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento en materia de prevención de la tortura.
Tampoco programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención, contra las adicciones ni accesos para las personas con capacidades físicas diferentes.
Recomienda mejorar la higiene y que se den tres alimentos al día en las prisiones

A fin de promover medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención, recomendó mejorar las condiciones de habitabilidad y de higiene para garantizar una estancia digna y segura.
Asimismo, que se distribuyan tres alimentos al día en un horario establecido, con valor nutritivo para el mantenimiento de su salud, y se procure una distribución equitativa de los espacios que no exceda la capacidad instalada, y que las mujeres en los centros de reclusión y en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes cuenten con instalaciones adecuadas para garantizarles el acceso a los servicios y actividades, en igualdad de condiciones que la población varonil y totalmente separadas de las que éstos utilizan, así como contar con el personal especializado que se requiera para tal efecto.
Propuso que los centros de adaptación, tengan áreas de aseguramiento de las agencias del Ministerio Público que alojen exclusivamente a las mujeres, completamente separadas de las que ocupan los hombres, y se implementen programas para prevenir y en su caso y atender situaciones de peligro, emergencia o eventos violentos.
Del Centro Estatal Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad Casa Hogar DIF Guerrero, pidió personal de trabajo social suficiente para la debida atención de los menores.
En el informe 6/2016 el 26 de agosto de 2016 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura notificó a los alcaldes de los 12 municipios de Guerrero que tienen cárceles, 150 situaciones de riesgo, situaciones similares a los centros de readaptación estatal: inadecuadas instalaciones, deficiencias en la alimentación y falta de áreas para alojar a mujeres.
Señala irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, restricción de la comunicación telefónica y la omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.
En prevención de la tortura resalta la inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos, deficiente supervisión de los lugares de detención y carencia de accesos para personas con capacidades diferentes.

No ha entregado el alcalde capitalino el cemento para La Villita en Mochitlán, denuncian

Vecinos de la colonia La Villita, del municipio de Mochitlán, denunciaron que el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena del PRI, no ha cumplido con el cemento que prometió para la construcción de su calle principal, que debió entregar hace 10 días.
Informaron que el Ayuntamiento de Mochitlán cumplió con la tubería, la maquinaria, la arena y la graba para iniciar la pavimentación de la calle.
El 31 de marzo, los vecinos de La Villita tomaron los pozos de agua que abastecen de agua a la capital, para exigir servicios a ambos municipios.
En una llamada a El Sur, el presidente de La Villita, Longino Mateos informó que pese a que el 8 de abril liberaron los pozos, y de que ambos municipios se comprometieron a que en tres semanas se iniciaría la pavimentación, no ha ocurrido.
Longino Mateos indicó que los 500 vecinos de la Villita están molestos porque el Ayuntamiento de Chilpancingo no ha cumplido, y dijo que n dos días volverán a tomar los pozos que se ubican en esa colonia.

Piden la construcción de un muro en el río Salado vecinos de Mochitlán ante las próximas lluvias

El delegado especial del PRI en Mochitlán, Heriberto Cuevas Reyes, en conferencia de presa, pidió al gobierno del estado la construcción de un muro de contención en el río Salado, pues señaló que el 85 por ciento de la población corre el riesgo de daños en sus viviendas por las lluvias de esta temporada; además solicitó la ampliación del padrón para el apoyo de fertilizante y la construcción una institución educativa de nivel medio superior.
“Estamos muy preocupados porque el día 15 (de mayo) inició la temporada de lluvias y nuestro río Salado no ha sido desazolvado debidamente, hoy (ayer) el señor presidente municipal (Jhobanny Jiménez Mendoza) inició con el desazolve, pero nuestra solicitud va dirigida al gobernador del estado para pedirle la construcción de un muro de contención que nos proteja del río Salado en la parte sur de la población”, explicó el delegado.
Recordó que por el paso de las lluvias de Ingrid y Manuel en 2013, llegó una constructora que iba a desazolvar y a construir un muro de 500 metros en Mochitlán y de 300 metros para Quechultenango, que incluso contrataron personal pero nunca se llevó a cabo la obra, y el 85 % de la población está en peligro.