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Podría comparecer Pedro Almazán ante el Congreso sobre el cese de policías que pararon en mayo

Policías estatales cesados informaron que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local se comprometió a llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes, en caso de que el funcionario no responda una petición de un informe que hizo el Congreso del estado de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado (Codehum).
La fecha límite que el funcionario tiene para atender la solicitud que le hicieron los diputados vence el 1 de diciembre, y de acuerdo al documento enviado por la Comisión de Derechos Humanos se le advierte al secretario, Pedro Almazán Cervantes, que sería llamado a comparecer ante el Congreso local por incumplir una recomendación de derechos humanos relacionada al caso de los policías estatales que fueron dados de baja.
Desde mayo los policías fueron despedidos por parar labores para exigir mejores condiciones de trabajo, ellos se ampararon por la decisión tomada por el funcionario.
Luego se reunieron con la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez a quien le recordaron que la Codehum emitió una recomendación dirigida a la SSP para que la dependencia repusiera el procedimiento por el que se les dio de baja, pues no se siguió la ruta legal correspondiente ante la Comisión de Honor y Justicia.
Ante la falta de atención a la recomendación el Congreso por medio de la Comisión de Derechos Humanos presidida por el diputado, Jesús Martínez, solicitó a Almazán Cervantes un informe en el que explique las razones para no cumplirla.
El vocero de los policías, José Muñoz Franco dijo que Pedro Almazán tiene hasta el 1 de diciembre para entregar el informe al Congreso, y que en caso de que no cumpla será llamado a comparecer ante el Legislativo.
La exigencia de los policías es que sean restituidos en sus cargos, les paguen los salarios que dejaron de percibir desde mayo, mejoren las condiciones laborales y se garantice que no habrá represalias en su contra.
Mientras que la diputada les sugirió que acudan al Congreso de la Unión y que busquen a los diputados de Morena para que se pronuncien a su favor.
Uno de los asistentes afirmó que continúan en la dependencia los “están amenazando para que no reclamen nada”.
María de Jesús Cisneros se comprometió a seguir respaldándolos en tribuna, mientras que los policías despedidos afirmaron que nadie más los ha defendido “ni el mismo presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, no ha dicho nada de nosotros. Yo lo veo que habla mucho pero nunca de nosotros. Habla de la violencia y de los policías que le competen no dice nada ¿Tiene compadres, tiene padrinos?” preguntó uno de los asistentes. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Intervendrá la CNDH en el caso de los policías despedidos ante omisión del titular de la SSP

Policías estatales dados de baja en mayo denunciaron al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, por negarse a dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) por abuso de autoridad y despido injustificado de 176 agentes, y ante la omisión del funcionario estatal intervendrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En conferencia de prensa en la explanada de la Codehum el policía despedido José Muñoz Franco comentó que el 27 de octubre el organismo emitió una recomendación en contra de Almazán Cervantes, en la que tenía un plazo de 15 días que concluyó el 10 de noviembre, para dar una respuesta a la situación laboral de los agentes despedidos, pero no atendió la petición.
Dijo que ante la omisión la Codehum dará seguimiento para que el caso lo atienda la CNDH, “para que tomen cartas en el asunto a la falta de respuesta del Almazán Cervantes”.
Comentó que el martes Almazán Cervantes compareció ante los diputados en el Congreso del Estado para rendir cuentas de su trabajo, pero “no están acatando lo que realmente es dar seguridad a la población guerrerense, y violenta los derechos humanos de los policías estatales”.
Muñoz Franco señaló 57 agentes despedidos recibieron el pago su finiquito, pero el resto continúa el proceso laboral para que sean reinstalados en la corporación, o para ser liquidados conforme a la ley.
“Nosotros no vamos a desistir, no vamos a dejar esto hasta que llegue a las últimas instancias gubernamentales e internacionales para que tomen cartas en el asunto, es violatorio porque nos han dejado vulnerables a todos y a nuestras familias”, declaró.
Después de la conferencia de prensa una comisión de policías estatales despedidos entró a la Codehum en donde entregó un documento para que se envíe a la CNDH para que intervenga.
El 29 de mayo 600 policías estatales del Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de la SSP, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el paro y el 31 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, porque incurrieron en una conducta violatoria de la ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Presionan ex policías estatales a la Codehum sobre la recomendación a la SSP por despido

Policías estatales cesados en mayo se concentraron en la explanada de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum) para insistir al presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, que les informe los avances de la recomendación que aún no se ha emitido y será dirigida al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, por el despido injustificado.
A la 1 de la tarde unos 30 ex agentes llegaron a la sede de la Codehum para presionar para que se les informe los avances de la recomendación por el despido injustificado de 140 policías que aún demandan su reinstalación o liquidación conforme a la ley.
Uno de ellos quien se reservó su nombre recordó que hace 18 días se reunieron con Navarrete y acordaron que el 18 de octubre les informarían de la recomendación que será emitida en contra del secretario de la SSP estatal, pero acudieron antes del plazo porque quieren conocer su situación laboral, si serán reinstalados o despedidos.
Comentó que en mayo después de ser despedidos 176 policías estatales, de los cuales 140 agentes aún demandan su reinstalación o liquidación, no han sido atendidos por Almazán Cervantes ni funcionarios de la dependencia para atender su situación laboral.
El ex agente pidió una audiencia con Navarrete Magdaleno para que les informe de los avances de la situación laboral de los 140 policías que continúan luchando para resolver su problema laboral.
Los inconformes entraron a las oficinas de la Codehum y fueron atendidos por el ombudsman guerrerense y el secretario técnico de la comisión, Ángel Miguel Sebastián Ríos.
El agente despedido informó que los acuerdos fueron que  Navarrete Magdaleno dio un plazo de tres semanas para que les informe de los resultados de la recomendación que será enviada a Almazán Cervantes por el despido injustificado de los 140 policías que continúan luchando para resolver su problema laboral.
Hace 18 días los ex agentes de la Policía Estatal  se quejaron porque Navarrete Magdaleno no hace caso de dar seguimiento a la queja que presentaron en contra de  Almazán Cervantes por despido injustificado y abuso de autoridad. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Rechaza la SSP los señalamientos contra Almazán Cervantes en una narcomanta

Luego de la aparición de dos cartulinas junto a los cuerpos desmembrados de tres hombres en el poblado de La Sabana, en Acapulco, en las que se vinculó al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes con integrantes de la delincuencia organizada, en un comunicado de seis puntos la dependencia rechazó los señalamientos.
Según fuentes de Seguridad Pública la pancarta decía: seguimos Jeovanny Guillermo Castilla alias el mecánico, podrás tener el apoyo del teniente de la estatal Pedro Almazán Cervantes, que te cuido a tu marido Víctor Hugo Noyola Mundos, alias el Diablo o Sobahuevo, ahí está tu basura. Ja ja ja ja ja. Cero niños, ni mujeres perro muerto de hambre hay código. Att El Terán.
En el comunicado difundido la tarde de ayer se dice que “la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero rechaza de manera categórica cualquier vínculo de su titular, general Pedro Almazán Cervantes, con grupos delincuenciales o la comisión de cualquier acto que implique deshonor a su investidura militar y deslealtad hacia el pueblo de Guerrero, que lo aparten de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos, que deben regir la actuación policial, así como de los valores que como militar en servicio activo ha profesado por más de 40 años al servicio de México y sus instituciones”, se lee.
Señala de “indignantes, dolosas, injustificadas y perversas” las publicaciones difundidas en redes sociales para señalar supuestos actos de corrupción y complicidad del secretario de seguridad, y algunos mandos medios y superiores de la Policía Estatal con grupos delincuenciales.
El documento puntualiza que la Secretaría de Seguridad no permitirá que “delincuentes e individuos con oscuros intereses y visibles intensiones de desacreditar “a la Secretaría, que generen desinformación y desconfianza hacia la institución y la Policía Estatal”. Además recrimina que las publicaciones se han difundido bajo el anonimato en las redes sociales, y desde mensajes de Whats app, en de mantas y videos a través de los cuales los grupos delincuenciales “cobardemente exhiben la ejecución de sus víctimas”.
“Las aberrantes calumnias, amenazas y falsos señalamientos de estos delincuentes, no mermarán el gran espíritu de servicio que hoy caracteriza a nuestros Policías Estatales”.
Expresa que “si bien es cierto que nuestras corporaciones policiales aún se encuentran en proceso de depuración”, invita a quienes señalan a que “presenten su denuncia de manera formal ante las autoridades correspondientes y cerremos filas en contra de este tipo de especulaciones oportunistas que solo perjudican a la ciudadanía y las instituciones que se encuentran a su servicio”. (Redacción).

 

Rehúsa el gobernador comentar enfrentamientos entre civiles en Tlacotepec; se debe investigar, dice

El gobernador Héctor Astudillo Flores calificó como lamentables los hechos violentos en la comunidad de La Juntas, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), donde hubo siete muertos; dijo que le informaron que fue una balacera entre dos grupos armados, pero “yo no quisiera ponerles algún adjetivo de qué son o a qué se dedican, creo que se tiene que hacer una investigación”.
El gobernador indicó que se deberá analizar con el Grupo de Coordinación Guerrero si se reforzará con elementos la seguridad en el lugar, y reconoció que es “una zona delicada, hay que recordar en algunos lugares cercanos nos mataron a algunos policías hace un tiempo, y yo creo que es un tema al que hay que ponerle especial atención”.
Este sábado, el gobernador Héctor Astudillo estuvo en el festejo del 42 aniversario de la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco (UCRA), que festejan día de San Juan, y en su mensaje los felicitó por su entusiasmo y determinación de mantenerse unidos en sus tradiciones.
Al preguntarsele sobre la balacera en Tlacotepec, Astudillo Flores precisó que no fue en Pueblo Viejo, sino en la comunidad de Las Juntas, que está a unos 10 kilómetros de Pueblo Viejo; que había diferentes versiones, pero “no quisiera tocarlas porque no quiero equivocarme en lo que pueda yo decir, prefiero mejor conocer más a fondo y que en su momento la propia Fiscalía (General del Estado, FGE)” informe los detalles.
Señaló que lo último que le reportó el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán, es que los siete cuerpos “se quedaron allá, los mismos peritos ministeriales y del Semefo que fueron, decidieron dejar los cuerpos (porque) en cuando se supo que se iban a traer, los familiares los reclamaron y se accedió a que se quedaran allá”.
Astudillo Flores agregó que se “menciona a algunos personajes que participan, pero insisto, yo prefiero mejor no meterme a tocar nombres, porque puedo cometer alguna imprudencia y no quiero hacerlo, es muy lamentable, se les ha tratado de ayudar en todo lo que está a nuestro alcance”.
El gobernador aseguró que el secretario de Seguridad Pública estuvo al pendiente de los hechos desde que se enteraron, y movió a policías que están en Puerto Gallo, que son los que llegaron a atender la emergencia.
Reconoció que hay suficientes policías para tener en cada población, por lo que para atender estos casos tienen que moverlos.
En su edición de este sábado, El Sur publicó que, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la madrugada del viernes se enfrentaron a balazos hombres armados en Tlacotepec, con un saldo de siete hombres muertos.

Será el primero en pedir a la SCT que entregue la carretera de Tototepec como debe ser, advierte

Sobre la exigencia de vecinos de Tototepec, Tlapa para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les reconstruya la carretera que tiene hundimientos, el gobernador Héctor Astudillo Flores indicó que vio la nota de El Sur y que pidió información; aseguró que será el primero en pedir a la SCT que la obra se entregue como debe ser.
Añadió que está convencido de que así será, e insistió en que “el gobernador será el primer gestor para que las cosas queden como deben quedar, bien terminadas, de eso me encargaré también yo”.

Reforzará el Acapulcazo las actividades turísticas del
puerto, dice

Sobre el Acapulcazo, que fue presentado en la Ciudad de México el viernes, Astudillo Flores manifestó que es una actividad de promoción turística para el estado, para Acapulco, pues ya vienen las vacaciones de verano y que habrá más turismo, y “seguramente con el Acapulcazo reforzaremos todas las actividades que tenemos turísticamente aquí en Acapulco, espero que sea algo exitoso”.
Astudillo Flores comentó que el viernes estuvo en México para reunirse con la Secretaría de Economía, donde abordaron temas que tienen que ver con la minería en la zona Norte.
En su mensaje en la fiesta de los calentanos, que se llevó a cabo en el salón Teotihuacan del Centro Internacional Acapulco (CIA), el gobernador Héctor Astudillo Flores ratificó su respeto a los calentanos radicados en Acapulco, dijo que era muy agradable estar con ellos y que les quería manifestar que “el gobernador Astudillo está comprometido con Tierra Caliente”, y anunció que el próximo viernes estará en esa región, donde hará “lo que esté a mi alcance, con mis facultades y con mis fuerzas, para que la Tierra Caliente mejore”.
Manifestó que los calentanos son parte importante de Guerrero. La región de la Tierra Caliente ha vivido un clima de inseguridad, sobre todo, en el municipio de San Miguel Totolapan, donde está la comunidad de La Gavia, de la que es originario Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero.
El gobernador llegó al encuentro con calentanos acompañado de su esposa, Mercedes Calvo; del ex alcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños; del subsecretario de Desarrollo Social, Manuel Añorve Aguayo; y del director de Transporte, Miguel Ángel Piña Garibay.
En el festejo también se vio al fiscal general, Javier Olea Peláez; al ex alcalde, Alberto López Rosas, y al delegado de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alfredo Miranda Vergara.

Un gobernador relajado en la fiesta de los calentanos

Con camisa roja y pantalón negro, llegó el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, a la celebración número 42 de la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco (UCRA). Lo acompañó su esposa, la presidenta del DIF, Mercedes Calvo.
En la ceremonia que se llevó a cabo en el salón Teotihuacán del Centro Acapulco, que lucía casi lleno, las mesas y las sillas decoradas con blanco y rojo, este último color usado por la mayoría de los asistentes, que recordaron que hoy también es día de San Juan.
A su paso a la entrada del salón, al gobernador lo siguieron el diputado federal priista Ricardo Taja Ramírez, el también integrante de dicho partido Manuel Añorve Baños y funcionarios estatales. Una vez que llegó lo recibió el presidente de la UCRA, Joaquín Salgado, e integrantes de la unión.
El gobernador, quien tenía una expresión relajada, saludó mesa por mesa, se tomó varias fotografías con los invitados. Además que saludó a las personas que estaban en las mesas que se colocaron donde se vendía mezcal, mole, tamales, pan, huaraches.
Aunque no recorrió todas las mesas que se instalaron, Astudillo Flores tardó más de media hora saludando, después se sentó en una mesa al centro del salón, frente a dos escenarios, donde estaba el presidente de la UCRA y otros integrantes del comité.
En la mesa contigua se sentó el fiscal General, Javier Olea Peláez, Manuel Añorve Baños, el hijo del ex presidente municipal de Acapulco, familiares y amigos de los funcionarios.
Astudillo Flores probó el mezcal y felicitó a los invitados.
En la fiesta no estuvo presente el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, aunque fue invitado por los integrantes del comité. En el salón se observó al director de Recursos Humanos del Municipio, Cicerón Nájera; los ex alcaldes, Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio y al director de Transporte, Miguel Ángel Piña Garibay.
Después de su mensaje, Astudillo Flores se retiró a las 5:20 de la tarde y cuando salió del salón se volvió a despedir de los asistentes y tomarse fotografías.
En la celebración amenizaron los grupos musicales Los Costeños de Zirándaro y Acaboys. (Con información de Aurora Harrison).

Las autodefensas, “contaminadas” con miembros de grupos delictivos, asegura Pedro Almazán

El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, señaló que las autodefensas están “contaminadas” por los grupos delictivos que defienden sus intereses y se han convertido en un “perjuicio”, en lugar de una ayuda para el combate a la inseguridad.
En la ronda de preguntas y respuestas del panel Paz, Legalidad y Derechos Humanos para lograr un cambio de paradigmas, como parte del foro A favor de un estado de paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, uno de los asistentes preguntó porque en Guerrero hay grupos de autodefensa, y si eso es bueno o malo en el combate a la inseguridad, en su respuesta, Pedro Almazán dijo que las autodefensas son “uno de los problemas que actualmente” tiene la entidad y que generan violencia.
El secretario de Seguridad Pública definió a las autodefensas como “grupos armados al margen de la ley. Lejos de ser un beneficio para la sociedad, los grupos de autodefensa se han convertido hoy más en un problema que en una solución acertada a los problemas de inseguridad que vive el estado”.
Explicó que los grupos de autodefensa son producto del incremento de la violencia que registró el estado desde hace algunos años, la insuficiencia de policías y la pérdida de confianza en las corporaciones policiales, aunado a la necesidad de los pueblos de proporcionarse seguridad y “a partir de una mala interpretación de la Ley 701” de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que esa ley “faculta a los pueblos originarios para regirse por usos y costumbres y adoptar un sistema de seguridad y justicia ciudadana acorde a sus necesidades”.
Pidió que a partir de su explicación fueran los propios asistentes quienes dedujeran si las policías comunitarias son buenas o malas. Dijo que el problema de las autodefensas comienza cuando estos grupos desvirtúan el propósito de su creación.
“Poco a poco, ese verdadero fin (autoproporcionarse seguridad) noble y hasta cierto punto justificable, se ha desvirtuado para defender intereses propios de algunos grupos delictivos que han estado incursionando y de alguna manera contaminando esos grupos de autodefensas, que en la mayoría de los casos han surgido al margen de la ley”.
Insistió en que las autodefensas son producto de una mala interpretación de la Ley 701 y puso como evidencia de que esos grupos no son integrados por pueblos originarios, lo que los ubica al margen de la ley y “defienden otros fines que no son la seguridad de los moradores de las diferentes comunidades”.
Abundó que esos grupos de autodefensa también usan armas de uso exclusivo del Ejército, lo que es irregular, porque no cuentan con permisos para ello y buscan “suplantar el monopolio del uso de la fuerza que solamente compete al Estado mexicano”.
Añadió que los grupos de autodefensas también cometen violaciones a los derechos humanos, homicidios y extorsiones, lo que lleva a la entidad a “mayores niveles de violencia y de impunidad en la mayor parte del estado”.
Aseguró que desde el estado se trabaja en el fortalecimiento de los cuerpos policiales con la depuración, capacitación y la profesionalización continua de las fuerzas policiales, para evitar los “abusos de poder de estos grupos armados al margen de la ley”.
Pedro Almazán confió en que por ser Guerrero un objetivo prioritario para el gobierno federal, se contará con el apoyo para fortalecer a las fuerzas policiales del estado.

Los desafíos de Guerrero

En su participación en el panel Paz, Legalidad y Derechos Humanos para lograr un cambio de paradigmas, Almazán Cervantes mencionó los desafíos en la agenda social, económica y de seguridad y en que enfrenta el estado, los cuales dijo son la evidencia del contexto en el que se trabaja en el estado.
Los desafíos en la agenda social y económica “son la marginación social y el desarrollo regional desigual, la necesidad de oportunidades productivas y de empleo; el embarazo no planeado en niñas y adolescentes; informalidad laboral y déficit en acceso a la seguridad social; dispersión poblacional; bajo acceso a desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; rezago en acceso a los servicios básicos; violencia intrafamiliar y exclusión a grupos vulnerables; rezago educativo; y mortalidad materno infantil, entre otros”.
Los desafíos en seguridad tienen que ver con los retos que impone la delincuencia en asuntos como narcotráfico, trata de personas y extorsión, delitos que “se traducen en violencias, víctimas y una alta percepción”.
“En Guerrero operan grupos de la delincuencia organizada en disputa por el control de espacios para sus actividades delictivas y en particular para la producción y trasiego de drogas, así mismo se tiene la presión de los grupos llamados de autodefensas, que disponen de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas cuyas acciones se traducen en mayor violencia”.
Agregó que también “hay grupos que desde perspectivas específicas del cambio social suponen una atención en materia de seguridad pública y seguridad interior”.
Pedro Almazán sostuvo que el gobierno del estado tiene la perspectiva que “el binomio desarrollo humano y seguridad exigen una visión y trabajo integrales. Hemos de fortalecer la seguridad social, la educación, la salud, la producción de servicios básicos, las comunicaciones y los programas de asistencia para promover el desarrollo incluyente, la equidad social y la igualdad de trato”.
En el panel también participaron el Procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Enrique Guerra García; la coordinadora de Operación de la Secretaría de Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado, y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del estado, Arturo Salgado Urióstegui.

No afectan las operaciones el despido de los 206 policías

Almazán Cervantes aseguró que el despido de 206 policías no afecta la seguridad en la entidad, ni las operaciones nuevas o las permanentes.
En breves declaraciones al concluir el acto inaugural del Foro a favor de la paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad en el centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante del puerto, el funcionario dijo que en las regiones Tierra Caliente, Centro y Acapulco se concentran las operaciones de los 3 mil 270 policías activos.
Se le preguntó si habría modificación en el desarrollo de actividades enfocadas a la seguridad, luego del paro de labores de unos 600 policías en Chilpancingo el 29 de mayo, y respondió: “De ninguna manera, hemos tenido la gente suficiente para seguir nosotros operando a favor de la ciudadanía”.
El despido de los policías no afecta en nada, insistió y añadió que la policía del estado es “suficiente”, pero admitió que faltan más.
Del proceso de certificación aseguró que es permanente y está a cargo del secretariado ejecutivo del estado.
Agregó que en las zonas Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo y Costa Grande la SSP mantiene vigilancia permanente.

Denuncian policías despedidos que Seguridad Pública estatal no les pagó la quincena de junio

Agentes de la Policía Estatal que fueron despedidos denunciaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, ha tomado represalias contra ellos, porque les retuvieron la primera quincena de junio y viáticos a los 206 policías dados de baja.
Ayer un policía estatal despedido que se reservó su nombre declaró que la solicitud de pago del salario y viáticos es porque la dependencia no les ha notificado por escrito que están dados de baja, que fue sólo verbal y en el amparo que presentaron ante un juzgado federal piden que se les respete su salario hasta que se resuelva su situación laboral.
Explicó que cada policía cobra quincenalmente de 3 mil 800 a 5 mil pesos, más viáticos, unos 3 mil 750 pesos.
Se quejó que Almazán Cervantes, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete, no han dado la cara para tratar su problema laboral.
Comentó que el viernes 16 de junio se cumplió el plazo para dar respuesta al amparo laboral que demandaron los agentes estatales despedidos ante un juzgado federal contra la secretaría y su titular por abuso de autoridad y despido injustificado, pero Almazán Cervantes no ha atendido el proceso laboral.
El 19 de junio, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, que finalmente sumaron 206 estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.

Suman 206 policías estatales despedidos; no hay voluntad del gobernador para atenderlos, se quejan los agentes

 

Agentes de la Policía Estatal que fueron despedidos denunciaron que ya suman 206 uniformados dados de baja de la corporación y se quejaron de que el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes no tienen voluntad para restablecer las mesas de diálogo para resolver su situación laboral.
Consultado por teléfono un agente que fue despedido y quien se reservó su nombre comentó que desde el 29 de mayo (cuando pararon labores) no han recibido respuesta del parte del gobierno estatal y de la SSP de su situación laboral, sobre si serán liquidados o reinstalados.
Dijo que hace 12 días sostuvieron la primera reunión con el subsecretario de Administración del Gobierno del Estado, Tulio Samuel Pérez Calvo y el director general de Administración y Desarrollo de Personal, Jaime Ramírez Solís, y todavía no hay avances de la negociación y no han reanudado las mesas de diálogo con los policías despedidos, “ no hay voluntad del gobernador y del secretario de la SSP para atender nuestro caso”.
Señaló que ya suman 206 agentes despedidos que se han integrado al movimiento porque fueron depurados de manera arbitraria, “algunos casos de los compañeros estaban en servicio, de vacaciones e incapacidad y fueron afectados”.
El policía despedido comentó que sus compañeros fueron a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal para pedir información de su liquidación y no los atendieron, agregó que en el caso de un agente que lleva 29 años en la corporación pretenden darle sólo 180 mil pesos, lo cual es injusto.
“Desde hace dos semanas que nos despidieron luego de realizar el paro laboral, de la SSP (Secretaría de Seguridad Pública) no nos han notificado por escrito que fuimos dados de baja y sólo nos enteramos de manera verbal, las autoridades no nos han dado la cara y no bajaremos la guardia para exigir nuestros derechos laborales”, declaró.
El agente despedido exigió al secretario Pedro Almazán y a funcionarios del gobierno estatal que se restablezcan las mesas de diálogo.
Hace 13 días unos 600 policías estatales de la región Centro, del municipio de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central cerca del tutelar de menores de Chilpancingo para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó en un boletín de prensa que separó del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.

 

Paran labores policías estatales en tres municipios para exigir respeto a su jornada laboral y un bono de riesgo

La mañana de ayer, policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, ubicado cerca del tutelar de menores de Chilpancingo, para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Los uniformados que se movilizaron estuvieron en el operativo relámpago, en la región de la Tierra Caliente, hace 19 días ante los bloqueos carreteros e incendios de vehículos en esa región.
En Chilapa, a las 9 de la mañana unos 64 policías estatales pararon labores y se concentraron en la casa del migrante, para exigir respeto su jornada laboral.
Por otra parte, consultado por teléfono, un policía estatal destacamentado en la capital, que se reservó su nombre, comentó que hasta las 8:30 de la noche no hubo ningún acercamiento con funcionarios del gobierno del estado, por lo que continuará el paro de labores en el cuartel, y agregó que sólo tres patrullas harán recorridos y darán atención ciudadana en Chilpancingo.
Informó que durante el paro llegaron a algunos acuerdos con las autoridades, entre ellos vacaciones para 35 uniformados, y que agentes que trabajan siete y ocho días seguidos tomen días de descanso, hoy se hará el cambio de turno en Chilapa y Apango; sin embargo, continuarán en la movilización para apoyar a sus compañeros.
El policía indicó que fueron amenazados con despidos masivos, ante “lo cual intervino el visitador adjunto de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Jesús Romero Hernández”.

Protestan luego de que los encuartelan para enfrentar una marcha que anunció la UPOEG, pero no ocurre

A las 11:30 de la mañana, unos 600 policías se congregaron en la explanada del cuartel para una reunión con mandos de la corporación, en la que exigieron respeto de esta jornada que se suspendió desde hace 20 días ante las operaciones implementadas en la región de Tierra Caliente, porque ahora laboran seis días y sólo descansan tres; además exigen un incremento salarial del 8 por ciento, viáticos y la homologación del bono del Día del Padre, así como la entrega de uniformes de buena calidad.
Asimismo, se quejaron de que ayer fueron encuartelados ante una marcha que había anunciado la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero que se canceló, lo que detonó la protesta porque los uniformados tienen más de seis días sin ver a sus familias.
“Nosotros no vamos seis días a nuestras casas; cuando no hay necesidad de trabajo, para qué nos tienen encuartelados, es un desgaste físico innecesario, y nos exigen trabajar seis (días) por tres (días de descanso), pero queremos tres por tres, que se respete, queremos el bono, respeto de las vacaciones y descansos”, comentó un policía estatal.
Guardias de seguridad impidieron la entrada de los reporteros al cuartel en la capital, pero llegaron unos 50 policías paristas de Chilapa, que permitieron entrar a los comunicadores.
Los agentes estatales se reunieron con un comandante que les ofreció hacer llegar sus peticiones a Almazán Cervantes, pero éstos no aceptaron y le gritaron, “¡Hoy!”, “¡Ahorita queremos que nos atiendan!”, “¡Fuera!”, “¿Que se vaya!”.

Piden también aumentos para viáticos y homologación del bono del Día del Padre con el del Día de la Madre

Un policía estatal que también se reservó su nombre, exigió el pago del bono de riesgo, que es de 3 mil 500 a 12 mil pesos, y que les deberían pagar cada seis meses; desde “hace seis meses no hemos recibido el beneficio, y algunos policías no han recibido el bono”, y agregó que piden el incremento de viáticos de 300 pesos diarios, porque actualmente les pagan 250 pesos.
Explicó que en la entidad hay más de 3 mil policías estatales, y que cada uno de ellos cobra de 4 mil 800 pesos a 5 mil pesos quincenales; sobre los seguros de vida, dijo que cada cambio de gobierno renuevan el beneficio con otra aseguradora, “antes nos ofrecían un millón de pesos, pero con la aseguradora de Banorte no nos han dicho el monto del seguro de vida”.
Otro uniformado que, durante el operativo relámpago en Tierra Caliente, “el 12 de mayo, en Tlalchapa, en un camino de terracería nos atacaron a balazos, algunos compañeros resultaron con rozones y los autobuses con impactos de bala… Cuando estuvimos allá la gente no nos vendían comida porque tenía miedo tras ser intimidada por hombres armados, trabajábamos 12 días y descansábamos cinco, al regresar nos iban a dar días de descanso y un bono, pero no fue así”, indicó.
Comentó que en esa operación participaron 200 policías estatales, “fue por eso que no nos dejaron descansar ni visitar a la familia durante seis días, nos cansamos más y no trabajábamos bien por lo cansado, por eso realizamos esta movilización”.
Explicó que en Chilapa son 64 policías estatales que se encuentran en la casa del migrante desde ayer, que no salieron a trabajar porque no se les respeta la misma jornada laboral, y 50 de ellos se sumaron a la protesta en el cuartel en Chilpancingo.
Además, dijo que en Mártir de Cuilapan (Apango), 14 policías se sumaron a la movilización y suspendieron labores en la cabecera municipal.
Dijo que el nombramiento de Pedro Almazán Cervantes viola la Ley 281, porque en cada coordinación regional nombran a militares para que tomen el cargo, y cometen abuso de autoridad, hostigamiento y violación a los derechos humano de los policías, aunque “la ley dice claro que estos cargos deben ser ocupados por los mismos policías estatales”.
Además exigen la homologación del bono del Día del Padre, que es de mil 500 a 2 mil pesos, con el del Día de la Madre, que es de 8 mil a 10 mil pesos; piden además ser incluidos en el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y caja de ahorro.
“Otras irregularidades son que, a veces metemos oficio de incapacidad, y los días que no laboramos no nos llegan los viáticos, los trabajadores de la Secretaría nos quitan nuestro dinero, y para pedir nuestras vacaciones nos rechazan los oficios y nos aplazan nuestros periodo, nos dicen que hasta nuevo aviso”, denunció.
Además han recibido represalias cuando se manifiestan o paran labores, “por eso los policías no quieren hablar; como castigo nos mandan a Tierra Caliente, a la sierra y a Chilapa, como represalia”.
Por su lado, el policía estatal primero, José Isabel Muñoz Franco se quejó porque el coordinador de la corporación de la región Centro, Édgar Reyna de La Garza no le autoriza un permiso para atenderse a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque hace nueve años sufrió un accidente en una patrulla, sufrió lesiones en la columna que le provocan lumbalgia crónica y hernia de disco.
Relató que, el 15 de mayo al estar dando el servicio de seguridad en las oficinas de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en la capital, “un compañero se bajó de su patrulla y me pidió que le diera permiso para entrar al baño; le contesté que le pediría permiso al director del ISSSTE; el agente se molestó y se fue, por esta acción me encuartelaron y después me mandaron al puesto de control en Tierras Prietas, cerca del Hospital General”.
Muñoz Franco señaló que el cambio de su lugar de trabajo ha agravado su salud; sin embargo, en la clínica del ISSSTE le expidieron una licencia médica de tres días, y la corporación no ha autorizado el permiso; agregó que solicitó la intervención de la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), con el número de oficio 557/2017.
“En la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, no había tanto maltrato a los policías estatales, pero este señor, Édgar Reyna tienen una recomendación en la Codehum para que atienda mi demanda”, declaró.
A la 1:23 de la tarde, al cuartel central llegaron el subsecretario de Administración de Apoyo Técnico y Capital Humano de la SSP, Edwin Tomás Martínez Godoy, y el jefe de la Unidad Jurídica y Derechos Humanos de la dependencia, Francisco Montesinos Baños, quienes pidieron a los policías estatales que mandaran oficios a los coordinadores regionales de la corporación para que les respeten la jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, pero los inconformes no aceptaron.
Montesino Baños dijo que el estado de Guerrero está pasando por una situación difícil ante las movilizaciones sociales, “es por eso que requerimos su atención para salvaguardar la integridad física de la población, porque son los únicos que han desempeñado bien su papel”.
Sin resolver las demandas de los policías estatales, los funcionarios del gobierno estatal se retiraron del cuartel central.

No será rehén de “chantajes o presiones de grupos radicales o servidores públicos”, advierte Seguridad Pública

La noche de ayer, la SSP difundió un comunicado en el que advierte que el gobierno del estado no será rehén de “chantajes o presiones de grupos radicales o servidores públicos” que, al margen de la ley pretendan imponer sus condiciones, y que si los policías estatales no regresan a trabajar se procederá “conforme a derecho” a su separación y baja definitiva del servicio policial.
En el comunicado expone que los 176 policías estatales de la región Centro que pararon labores en el cuartel central, ubicado en la salida a Chihchihualco, lo hicieron después de “un falso rumor” de que los policías en Chilapa se habían declarado en paro.
En el texto se expone que los policías argumentaron violación a sus derechos laborales, salario insuficiente, ausencia de prestaciones y sobrecargas de trabajo, pero no tienen sustento. Debido a que la policía estatal de Guerrero está entre “las mejores pagadas del país”, además de tener “prestaciones de ley y el pago de viático los 365 días del año, sin importar si se encuentran trabajando, de vacaciones o con incapacidades”, además de que reciben bonos de los días del padre, de la madre y del policía.

Ya se capacitó a 250 policías estatales para que estén en el C-4 en Acapulco: Pedro Almazán

El secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, informó que se capacitó a 250 policías estatales para que estén en el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4) de Acapulco.
Indicó que todavía hay capacitación del Ejército, que ya delegó el control del sistema de video vigilancia.
El pasado 16 de mayo, como lo informó El Sur, los Centros de Control, Comando, Computo y Comunicaciones (C-4) de Acapulco, Chilpancingo e Iguala serían tomados por la Policía Estatal, después de haber concluido el convenio de coordinación entre el gobierno del estado y la Secretaría Defensa Nacional (Sedena).
Ayer el secretario de Seguridad en el estado recordó que fue operado el C-4 por la Sedena mientras se capacitaban a trabajadores especializados.
Recordó que antes de entrar el Ejército al C-4, personal civil lo operaba pero sin un perfil profesional adecuado, además de que no habían pasado por controles de confianza: “tenían que pasar unos meses para que nosotros capacitáramos policías estatales”.
Detalló que fueron capacitados 250 policías estatales de reciente ingreso, en conjunto con la federación.
En declaraciones al asistir al cuartel policiaco en la localidad de San Isidro, como parte del programa Un día con el Policía, Almazán Cervantes afirmó que el Ejército se mantiene en el C-4 pero con funciones de orientación.
De la situación de los ex trabajadores del C-4, explicó que se enviaron a otras áreas porque la mayoría eran civiles que en su momento se contrataron como telefonistas y operadores para el 911, pero la norma requería que fuera personal especializado.
Ante los crecientes hechos de violencia en el estado, señaló que “no es un asunto fácil, un asunto que haya nacido con este gobierno. Es un problema de inseguridad que tiene varios periodos de gobierno, varias décadas en México”.
Consultado con relación a la situación en Tierra Caliente, tras la irrupción del Ejército y Policía estatal y el bloqueo a las carreteras, el jefe policiaco indicó que hay tranquilidad: “seguimos luchando como en todos lados con las bandas delictivas, pero la población ha retomado sus actividades normales, caso específico de Teloloapan, sin problemas”.
El 3 de mayo de 2016, el Ejército asumió el control del C-4 en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, como parte de la estrategia para restituir la seguridad en el estado.
El 24 de enero, durante el anuncio de la puesta en operación de la línea única de atención de emergencias 911, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó del relevo de los militares.