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Pedirán padres de los 43 hoy a Osorio Chong que el gobierno cumpla los acuerdos con los expertos

Hoy al mediodía en Acapulco se reunirán los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que será su primer encuentro en Guerrero.
Ayer padres y familiares de las víctimas de desaparición forzada en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 tuvieron una larga sesión en la Normal Rural en Tixtla para prepararse.
El vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz dijo que insistirán en que el gobierno se comprometa a investigar y declaren los soldados del 27 Batallón de Iguala ante la Unidad Especializada para la Investigación del caso Ayotzinapa con la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El vocero se reservó para hablar de los acuerdos que preceden este tipo de reuniones, con funcionarios federales de primer nivel, pero aclaró que tras el encuentro darán una conferencia de prensa.
La intención es que las autoridades se comprometan a cumplir los acuerdos firmados con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Interdependientes (GIEI), antes de la firma de continuidad del convenio entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de asesoría técnica y acompañamiento al caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Este jueves en Chilpancingo tendrán otra reunión con la procuradora Arely Gómez, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos y funcionarios de Seguridad Pública para presentar a los padres de los estudiantes desaparecidos los avances en la integración de la Unidad Especializada para la Investigación del caso Ayotzinapa, que no estaba completa hasta hace dos semanas. Así como las líneas de investigación que seguirán en la nueva etapa de trabajo y los avances hasta el momento.
El jueves pasado padres de los 43 y unos 200 jóvenes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) bloquearon dos carriles de la Autopista del Sol, en la salida de Chilpancingo a Acapulco, para manifestar su molestia ante el cambio de fecha de la reunión con Osorio Chong, y que se reprogramó del 10 de diciembre para mañana.

 

Identifican en Iguala dos cuerpos más de 115 exhumados; la PGR ha entregado 15

Familiares de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) entregaron dos cuerpos más que fueron identificados; se han entregado 15 cuerpos de los 115 exhumados de fosas clandestinas en un año.
Los cuerpos que se entregaron a una familia corresponden a dos hermanas de 21 y 30 años, que fueron levantadas en esta ciudad por hombres armados y encapuchados el 3 de julio de 2012, y se espera que la familia dé a conocer su testimonio ante el resto de los familiares de víctimas de desaparición forzada.
Los familiares informaron que a pesar de que la PGR les oculta información y la dependencia federal es hermética, supieron que dos cuerpos más fueron identificados y entregados en días pasados a sus familiares.
De los 115 cuerpos que familiares de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han hallado en fosas clandestinas y que la PGR ha exhumado, sólo 15 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familias en un año.
Fuentes consultadas de los familiares de desaparecidos informaron que la PGR sólo les dio a conocer, sin dar detalles, que ya fueron identificados más cuerpos por lo que se espera que en próximos días se hagan las notificaciones y entrega de más cuerpos.
Ante la suspensión de las excavaciones por parte de la PGR, familiares de desaparecidos reclamaron que la dependencia federal no tenga un equipo de búsqueda de fosas clandestinas, y sólo espera que sean los familiares quienes les señalen los entierros clandestinos para hacer las exhumaciones.
A partir del martes de esta semana, los peritos y antropólogos de la PGR suspendieron los trabajos de excavación en el ejido Tijeritas, al norte de Iguala, donde en dos semanas fueron exhumados 11 cuerpos, ya que los puntos marcados como probables fosas se terminaron.
“Les estamos haciendo su trabajo, les estamos poniendo todo en charola de plata y ellos son los que se están llevando los aplausos”, reclamó uno de los integrantes del comité de búsqueda.

Marchan familiares y amigos de cinco profesionistas y empresarios secuestrados el año pasado en Chilapa

Ayer familiares, conocidos y amigos de los empresarios y profesionistas secuestrados el año pasado en Chilapa, acompañados de organizaciones y parientes de personas desaparecidas marcharon para recordar a sus familiares, colocaron cruces y celebraron una misa en donde hallaron cinco cuerpos desmembrados, decapitados y calcinados.
Familiares de los cinco secuestrados en la zona rural de Chilapa, el 26 de noviembre de 2014, informaron que por investigaciones propias concluyeron que sus cuerpos corresponden al hallazgo del mismo número de personas calcinadas dejadas en la cabecera municipal días después.
Los familiares denunciaron el año pasado que el 26 de noviembre de 2014 en las inmediaciones de la comunidad de El Jagüey, municipio de Chilapa, un comando armado se llevó a los empresarios Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, al dueño de una constructora de Olinalá, Vicente Apreza García, y a los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, de Cuautla, Morelos.
La marcha inició cerca del mediodía, participaron unos 100 vecinos, quienes portaron playeras blancas con los nombres de las cinco víctimas y la leyenda Alto al miedo y al silencio, también portaban lonas con fotos de desaparecidos y asesinados. Durante la marcha los familiares exigieron justicia.
Destacaron las leyendas: “Marcha contra la injusticia e impunidad. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando con nuestras vidas la ineptitud del gobierno?” y “¿Las tragedias que nos unen en la tierra que queremos?” en alusión al eslogan que el alcalde priista Jesús Parra García puso a la feria local que inicia este primero de diciembre, “La feria que nos une en la tierra que queremos”.
Los familiares, conocidos y amigos recorrieron el principal circuito de la ciudad hasta la glorieta Eucaria Apreza, después continuaron la marcha en la carretera Chilapa-Acatlán hasta el crucero que conduce a la Universidad Tecnológica, a unos 3 kilómetros de la cabecera.
En este lugar, la noche del 29 de noviembre fueron hallados cinco cuerpos sin vida al interior de una camioneta de carga.
Ayer los familiares colocaron cinco cruces con los nombres de sus familiares y se ofició una misa.
Denunciaron que vecinos que dicen ser los dueños de esta área de tierra les destruyeron las bases donde pretendían colocar las cruces, por lo que después de la misa se las llevaron.

La PGR ya entregó tres cuerpos; dos permanecen en sus instalaciones

Al final de la misa, el profesor José Díaz Navarro dijo que con el tiempo, ante la falta de resultados de las autoridades ministeriales, y por sus propias indagaciones, se fueron convenciendo de que los cuerpos calcinados son los de sus familiares, “nos fuimos convenciendo que eran ellos, esperamos que las autoridades nos dieran los resultados y comenzamos a investigar; atando cabos concluimos que eran ellos”, dijo.
Informó que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los familiares los cuerpos de Vicente Apreza García, Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer.
Dijo que en el caso de sus hermanos, en marzo la PGR llamó a los familiares para entregar sus cuerpos, pero se negaron a recibirlos porque no estaban completos y no les habían dado los resultados de la investigación.
Después la PGR les entregó “un bonche de hojas”, con las indagaciones que la familia había recabado por su cuenta y entregado a esa dependencia, incluido el rastreo satelital de la camioneta en que viajaban las víctimas el día que fueron raptadas y días posteriores, la camioneta se ubicó en la cabecera de Quechultenango.
Denunció que “con todo eso hicieron un simulacro de búsqueda, un operativo en Quechultenango. (Argumentaron) que era de noche, peligroso, temían a que los fueran a emboscar, eran mucho más que ellos y tenían mejores armas”.
Dijo que los cuerpos de Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, aún permanecen en las oficinas de los servicios periciales de la PGR.
Agregó que “no aceptaron los cuerpos porque no los pueden cremar, sino enterrarlos y en caso de encontrar las otras partes, los tendrían que exhumar para determinar que corresponden a ellos”.

En una década van 500 homicidios y desapariciones en Chilapa, dice la organización Siempre Vivos

La asociación civil Siempre Vivos, integrada por familiares de personas desaparecidas en Chilapa, reveló que en una “década de terror” se han registrado alrededor de 500 homicidios y casos de desaparición forzada en este municipio de la Montaña baja.
Asimismo informó que tienen documentados 57 casos recientes, incluidos 14 registrados del 9 al 14 de mayo en la toma de la ciudad por parte de civiles armados, que han sido denunciados ante las autoridades ministeriales del gobierno del estado y federal.
La organización creada por familiares de desaparecidos suscitados del año 2013 a la fecha en este municipio marcharon e hicieron un pronunciamiento para conmemorar el hallazgo de los cuerpos sin vida de cinco profesionistas y empresarios.
En nombre de la organización, José Díaz Navarro quien ha coordinado los casos de las personas desaparecidas en el municipio, recordó que la asociación se conformó hace seis meses y que han sido 57 casos que han sido formalmente denunciados ante el Ministerio Público del fuero común y el federal.
Dijo que existen casos de familias que han callado su tragedia, la han escondido y han huido del municipio para ponerse a salvo o como una manera de poner fin a su martirio.
Exigió al nuevo gobierno estatal y municipal, los dos de extracción priista, que se investigue y se dé con el paradero de las víctimas.
“Seguimos exigiendo que se investigue, en la década que llevamos de terror en Chilapa, consideramos que tenemos más de 500 homicidios y desaparecidos, y no hay una sola investigación, un encarcelado o enjuiciado. Chilapa era la ciudad más tranquila, hoy se ha convertido en una de las más peligrosas a nivel mundial”.
Indicó que los policías estatales y federales que han arribado a esta cabecera municipal a raíz de la incesante violencia le han dicho que sólo vienen como “espantapendejos” porque no tienen la facultad de investigar.
“Estamos a merced de quien quiera llegar a agredirnos, en Guerrero no necesitamos que el gobierno (federal) nos regale televisores, necesitamos que nos regalen cuernos de chivo para defendernos porque vienen y nos masacran”.
Anunció que harán las gestiones para que el lugar donde fueron hallados sus familiares, en las afueras de la ciudad, se construya un monumento a los desaparecidos de este municipio.
En Chilapa, afirmó, hay una crisis de autoridad, donde manda el más fuerte, el más sanguinario y más cruel.
En tanto, la señora María Herrera Magdaleno de Pacajuarán, Michoacán, madre de cuatro hijos desaparecidos en 2008 en Atoyac de Álvarez, de la organización Enlaces Nacionales, pidió a los familiares de las vítimas en Chilapa dar un cauce digno al dolor luchando para que su tragedia no se repita en otras familias.
Para alcanzar el objetivo de la paz y la justicia, dijo, se deben de dar buenos cimientos y principios a los hijos.
Herrera Magdaleno dijo que en la búsqueda de sus familiares, muchos han quedado en el camino o han sido asesinados para infundirles miedo y temor pero que la lucha la seguirán dando hasta donde la fe les alcance.
La ahora activista lamentó que con las marchas y movilizaciones no se pueda lograr nada e invitó a crear una “red de hermandad” con organizaciones de familiares de desaparecidos nacionales e internacionales.
Dijo que la búsqueda por cuenta propia que comenzaron las organizaciones de familiares de personas desaparecidas en Iguala se ha replicado en estados como Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Coahuila y Nuevo León.
“El gobierno no puede buscar a los delincuentes porque son ellos mismos los delincuentes”.
Un hijo de la señora María Herrera, dijo que encontrar a una persona con vida y regresar la alegría a una de las familias es un bálsamo para todas las demás.

Pedirá Leyva Mena a la PGR que explique por qué liberó a tres presuntos asaltantes, informa

El alcalde priista de la capital, Marco Leyva Mena, dijo que le pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) que explique el motivo por el que dejó libres a los tres hombres armados que intentaron asaltar las sucursales de los bancos HSBC y Banorte, y la tienda Office Depot en la capital.
Pese al repunte de la violencia en Chilpancingo, el secretario de Seguridad Pública, Esteban Espinosa Montoya, aseguró que la Policía Municipal no está rebasada por la delincuencia organizada y que los asesinatos que han ocurrido “son por cuestiones personales”.
Consultado en la toma de protesta del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el acalde dijo que la delincuencia y los asesinatos son una realidad que la administración municipal no puede negar, “en varios municipios del estado hay grupos delincuenciales que realizan ajustes de cuentas, y está expuesta la sociedad civil”.
Reiteró que en la capital hacen falta policías municipales porque sólo hay 115, dijo que hay que poner en práctica de manera rápida, eficaz y coordinada el programa de Vecino Vigilante porque “no nos queda otra más que apoyarnos, si no recuperamos el espacio público las organizaciones delincuenciales nos harán sus presas y sus cautivos”.
Sobre la liberación de tres hombres armados que detuvo la Policía Municipal este domingo, Leyva Mena dijo que pedirá al delgado de la PGR en Guerrero, José Juan Monroy García, que le explique el motivo por el que fueron liberados los presuntos delincuentes. Insistió que se deberá de explicar por qué las autoridades los liberaron “exijo una explicación”.

“Creo que no hacen caso porque ellos no sienten”, reprocha la mamá de un chofer de colectivo desaparecido en Chilapa

Las vidas de Benita Morales y su nuera Isabel Morelos cambiaron el 18 de marzo, cuando desapareció Bertín Lucas de 29 años de edad, sustento de sus familias.
Benita tiene 53 años; después de la desaparición de su hijo quedó desempleada; su nuera, Isabel de 29 años regresó a su lugar de origen en Atlixtac para trabajar y mantener a sus dos hijos, de 10 y 3 años.
Bertín Lucas es originario de Ajacayán Oriente, municipio de Chilapa, su madre contó que llevaba tres meses trabajando en una camioneta del servicio colectivo de la ruta Chilapa-Ajacayán cuando desapareció.
Antes, Bertín era campesino. En noviembre de 2014 aprendió a manejar y acordó con su mamá que trabajaría su camioneta, a ella le entregaba la cuenta y con lo que le quedaba mantenía a su familia.
En diciembre, Bertín empezó a trabajar como chofer. Isabel recordó que le gustaba pasar tiempo con sus hijos y ayudarlos a hacer la tarea. Su madre y su esposa lo consideran una persona “sencilla y tranquila”.
El 17 de marzo, Isabel y sus hijos se fueron a Atlixtac; Bertín se quedó a arreglar la camioneta y acordaron reencontrarse allá, recordó Isabel.
El 18 de marzo, como las 2 de la tarde, Bertín se encontró con su hermano en la base de camionetas, platicaron y le comentó que la camioneta seguía fallando.
El 19 de marzo Benita, su madre, llegó a la casa de su hija en Chilapa y preguntó por Bertín, ella dijo que la última vez que lo vio fue un día antes, durmió ahí y salió a trabajar, pero no regresó.
Benita creyó que su hijo se había ido a Atlixtac a ver a su familia, llamó por teléfono, pero no lo encontró.
Un conocido le dijo a Benita que acordó verse con Bertín un día antes, en el crucero conocido como Los Ajos, rumbo a Atzacoaloya, a las 4 de la tarde, pero Bertín no llegó; le marcó a su celular y no contestó.
Benita se preocupó y empezó a buscarlo, fue a tres talleres mecánicos preguntando por su hijo, en uno le dijeron que ahí había estado un día antes, como 3:30 de la tarde, que la camioneta quedó lista y se la llevó.
El 20 de marzo acudieron al Ministerio Público del fuero común a interponer la denuncia.
También recurrieron a gendarmes que entonces se encontraban en la ciudad, les dijeron que investigarían, pero no fue así. Después, cuando regresaron a preguntar les dijeron que aún no pasaban el reporte a México, a sus superiores, para empezar la investigación.
Acudieron al Hospital General de Chilapa, y dos veces al Servicio Médico Forense, pero no encontraron a u familiar.
Cuando pobladores de su comunidad se enteraron de la desaparición de Bertín, se unieron para buscarlo, “lo apreciaban”, explicó su madre, pues “les ayudaba a hacer solicitudes que necesitaban y era amable con la gente”.
Los vecinos quisieron buscarlo, pero no supieron cómo; hicieron una colecta y llevaron dinero a su familia, sabían que él era el sustento tanto de su madre como de su esposa Isabel y sus dos hijos.
También vecinos de la comunidad de Apozonalco cooperaron, reunieron 600 pesos y se los llevaron a la familia.
A finales de mayo pasado, Benita e Isabel se enteraron de que familiares de desaparecidos se organizaban en la cabecera municipal para exigir la presentación de sus parientes, y que se encontraban con el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR) que incluye peritos en criminalística, genética y derechos humanos, y con el Ministerio Público federal. Acudieron a interponer su denuncia y les tomaran muestras de ADN.
Han pasado nueve meses de la desaparición de Bertín, “y hasta ahorita no hay nada. Venimos aquí y nomás nunca hay nada de investigación, de información, que nosotros sintamos que están investigando, que ya saben dónde están nuestros familiares”, reprochó Benita.
“Para qué tenemos autoridades, para qué dicen que tenemos quien nos defienda; vemos que esas autoridades ya no defienden, a ellos no les importa si a alguien lo van a estar matando enfrente de uno, creo que no hacen caso porque ellos no sienten; a lo mejor, como ellos nunca han perdido familiares, sus papás, sus hijos…”.
Benita no trabaja y su nuera tuvo que irse a Atlixtac a vender comida en el mercado, pero cada semana, ambas acuden a la cabecera municipal de Chilapa para ver si ya tienen alguna información de su familiar o si les requieren algún trámite, ambas esperan a que las autoridades “hagan su trabajo” y pronto tengan de regreso a Bertín.

Cancela el alcalde de Iguala una audiencia pública con el comité Los Otros desaparecidos

Integrantes del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala entregaron la tarde de ayer un pliego petitorio al alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza, en el que le solicitaron apoyos para familiares de más de 400 víctimas de desaparición, así como una reunión con ellos en la iglesia de San Gerardo.
Para las 2:40 de la tarde de ayer se tenía programada una audiencia entre integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos y el alcalde Albarrán Mendoza, entre las audiencias públicas que éste ofreció ayer en el auditorio del Palacio municipal, pero la reunión fue cancelada y reprogramada para otra fecha que no se precisó.
Se supo que, después de las audiencias públicas, el priista Esteban Albarrán se reuniría en privado en la sala de presidencia con el comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, encuentro del que no se conoció más información.
A pesar de la cancelación de la audiencia con el alcalde, dos integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos se acercaron al edil y le entregaron el pliego de peticiones, el cual firmó de recibido.
Dijeron al alcalde que el grupo de los otros desaparecidos no busca una audiencia en privado, sino que verbalmente y por escrito le pidieron reunirse en la parroquia de San Gerardo con todos los familiares de víctimas de desaparición forzada, que los conozca y escuche sus necesidades en la asamblea del próximo martes 17 de noviembre.
Esteban Albarrán asumió el compromiso, aunque no se programó alguna fecha para el encuentro.
En el pliego de peticiones, los familiares de desaparecidos le dan a conocer al alcalde una breve reseña desde la integración del comité en noviembre de 2014, después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, hasta la fecha, periodo en el que han logrado el registro de 400 víctimas de desaparición forzada y la recuperación de 104 cuerpos en fosas clandestinas al poniente de esta ciudad en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), “puesto que la desconfianza en las autoridades municipales y estatales es mucha”, dice el documento.
Le dicen que una de las prioridades es la seguridad, al ser un grupo muy vulnerable, “es el motivo por el cual nos gustaría que usted conociera a los integrantes del comité, para que pueda tener un panorama de los problemas que rodean a la ciudad de Iguala”.
Entre las peticiones le solicitan al alcalde dos vehículos para transportarse los domingos de día de búsqueda de fosas y desayunos para la comisión de 20 o 30 familiares que sube a las búsquedas ese día, así como becas para los hijos de los desaparecidos, créditos a la palabra para emprender negocios familiares ante la precaria situación en que quedaron las familias, empleos para los familiares en las áreas y departamentos del Ayuntamiento de acuerdo a sus perfiles, incorporar a las familias a los diferentes programas sociales que manejan los tres órdenes de gobierno y acceder a proyectos productivos.
Asimismo, piden apoyos para trámites que las familias requieren en el Registro Civil, descuentos y condonaciones en el pago de servicios públicos, entrega de despensas a las familias integrantes del comité, ser considerados en programas de empleo temporal, apoyos para gastos de servicios funerarios cuando alguna familia lo requiera y contar con su presencia en algunas de las reuniones de cada martes en la parroquia de San Gerardo.
Todas son peticiones que también se plantearon al alcalde interino Silviano Mendiola Pérez, pero que ninguna fue atendida.

Pide el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que la PGR resguarde la zona de nuevas fosas

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala pidieron en la asamblea de ayer en la parroquia de San Gerardo que la Procuraduría General de la República (PGR) resguarde la zona de nuevas fosas clandestinas, hasta que se hagan las excavaciones y exhumaciones de cuerpos.
En la reunión de ayer en el sótano de la parroquia acordaron suspender la búsqueda de fosas clandestinas el próximo domingo, en tanto que peritos y antropólogos de la PGR no hagan las excavaciones y exhumaciones de los cuerpos de las 11 fosas clandestinas halladas el domingo en el ejido de Tijerillas y la comunidad de El Naranjo, ubicadas al norte de Iguala.
Este domingo una comisión de 30 familiares de víctimas de desaparición forzada, bajo el resguardo de efectivos de las fuerzas federales localizaron 11 probables fosas en un nuevo sitio que no había sido explorado, en una de ellas excavaron y confirmaron la presencia de un cuerpo atado de los pies, y en otras cinco hallaron indicios de restos humanos, campamentos de secuestro en el que fue hallada ropa militar y restos de una osamenta a la intemperie.
Ayer la zona de exploración estaba sin resguardo y el temor de los familiares de víctimas de desaparición forzada es que gente de la delincuencia haga las exhumaciones de los cuerpos o se lleve evidencia, por lo que piden que la PGR ponga resguardo permanente en esa zona.
Dijeron que por esta preocupación y por el hecho de que en algunas zonas la hierba aún es muy alta, suspenderán la búsqueda de fosas que se tenía prevista para el próximo domingo, y se reanudarán hasta que la PGR excave en las ya localizadas.
Según información de los familiares de desaparecidos, los peritos y antropólogos forenses de la PGR que realizaban los trabajos en fosas de Iguala fueron trasladados a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) para localizar y exhumar cuerpos de entierros clandestinos señalados por pobladores, entre los que según los vecinos estarían los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A la asamblea de ayer no llegó ningún representante de la PGR, por lo que aún no se ha determinado el día en que se hagan las excavaciones y exhumaciones de los cuerpos hallados en el ejido de Tijerillas y la comunidad de El Naranjo.
A pregunta de los familiares de desaparecidos a los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en relación con la búsqueda y hallazgo de fosas clandestinas, Juan López dijo: “ustedes no son ladrones de tumbas, no son profanadores de tumbas, ustedes están buscando amorosamente una respuesta, y si existe el espíritu después de morir, quien fue encontrado el domingo sentirá un poco de paz”, dijo en una respuesta y aclaró que era una opinión a título personal y no a nombre de la CNDH.
Añadió, “ustedes fueron obligados a hacer esto (buscar fosas), porque a quién le corresponde para que no sea ilegal, pues han pasado algunos meses y no hay una respuesta contundente”.
En la asamblea nuevamente hubo reclamos hacia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por el pago en cheques de 100 y 160 pesos de viáticos a las familias, recurso del que dijeron 50 pesos se gastan en ir al centro de la ciudad a cambiar el cheque.
También reclamaron la falta de apoyo de la CEAV en los servicios funerarios del joven que falleció a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante un ataque en esta ciudad el 26 de octubre, quien era hijo de una de las integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos.

No acuden a la SEIDO en México familiares de desaparecidos; piden que les informen en Chilapa

La comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa no acudió a la cita con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México ante la ola de violencia en la región, y pidió que funcionarios de esta dependencia vayan a Chilapa a darles la información.
El 6 de noviembre, los familiares de los desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo fueron convocados a la SEIDO, pues les informaron que esta dependencia está llevando sus casos.
La dependencia canceló la cita, y la reprogramó para este martes, sin embargo la comisión de familiares optó por cancelar la salida a la Ciudad de México ante la ola de violencia que se desató en el municipio, y porque no había policías para resguardarlos.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro manifestó que después de que cancelaron la visita a la SEIDO, habló con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para solicitar su intervención y para pedir que la SEIDO acuda a Chilapa para darles el informe que les proporcionarían este martes.
El subprocurador señaló que hablaría al respecto con la titular de la PGR, Arely Gómez. Mientras, a Campa también le solicitaron que acuda a Chilapa para reunirse con familiares de los desaparecidos. Incluso, el 26 de octubre, cuando una comisión de familiares acudió a la Ciudad de México a reunirse con Eber Omar Betanzos, donde les informaron que sólo están llevando el caso de 24 desaparecidos, pero de antes del 9 de mayo, les aseguró que en un lapso no mayor a 15 días estaría en la ciudad junto con Campa Cifrían, para reunirse con ellos.
Pero el lapso se cumplió y ninguno de los dos funcionarios acudió a Chilapa.

Deben declarar los militares sobre entierros en el ex cuartel de Atoyac, insiste la Afadem

 

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que los peritos y expertos de la PGR que excavan en el ex cuartel militar de Atoyac, hoy Ciudad de los Servicios, no han encontrado evidencias de restos humanos sepultados en el lugar, y que para hallarlas es necesario citar a declarar a los militares.
El defensor de los derechos humanos dijo que las últimas lluvias adelantaron los trabajos en una excavación donde los peritos que los asesoran y expertos de la PGR determinaron que, ante la falta de evidencias por el estancamiento de lluvia, se pudo adelantar que en el lugar no había movimiento irregular de tierra.
Mata Montiel dijo que para hacer excavaciones con éxito se debe de citar a los militares que siguen siendo protegidos por el gobierno de la República.
Cuestionan que las búsquedas tienen su base en testimonios, “pero se anda tentaleando; lo ideal sería levantar todo lo que fue el cuartel, y otra (es) que tienen que venir los militares a señalar dónde fueron los entierros”.
Dijo que las excavaciones culminan el 14 de noviembre, “pero nosotros, como Afadem, vamos a seguir insistiendo que se cite a declarar a los responsables, al jefe supremo de las fuerzas armadas de aquel momento y a los expresidentes que estén vivos, así como a los secretarios de Gobernación”.
Cuestiono que los militares no sean citados a declarar y estén protegidos, “eso sigue pesando, la envestidura de los militares y de no tocarlos a pesar de la sentencia, y de que aporreantemente se han modificado algunas partes, a pesar de que el Ejército sigue haciendo labores de policía, cuando se supone que en tiempos de paz debería estar en sus cuarteles, y está en toda la República”.
Señalo que en Guerrero es en donde más presencia de militares se ve en la calles, “con poblaciones sitiadas, aparentando que están haciendo labores sociales, cuando no es cierto, son de inteligencia y contra insurgencia”.
Dijo que en otros países se ha enjuiciado a presidentes y militares, mientras que en México se mantiene el candado de que las leyes civiles no los toquen, “seria histórico que en México ocurriera, porque estamos viviendo un presidencialismo donde lo que diga el presidente, aunque sea absurdo, se acata”.
Indico que sólo 50 por ciento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han cumplido, “siendo la búsqueda de Rosendo Radilla lo que no se ha hecho”.
Dijo que la CIDH está dando seguimiento y busca que se haga un llamado de atención, ya que sólo se aparenta que se investiga, y los militares no son citados a declarar.
Explicó que la observación internacional al Estado mexicano es la esperanza, “con las recomendaciones que hagan, como es con el examen periódico universal de la ONU que ha hecho recomendaciones en ese sentido, para buscar a los desaparecidos y terminar con la impunidad, casos de desaparición forzada, que se abrió con lo del caso Ayotzinapa”, dijo.

A seis meses de la irrupción de sicarios en Chilapa, no hay respuesta de autoridades a los familiares de desaparecidos

Este lunes se cumplen seis meses de la irrupción de civiles armados a la ciudad de Chilapa, tras los hechos familiares denunciaron la desaparición de 14 vecinos, sin embargo, las autoridades siguen sin dar información del paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, irrumpieron en la ciudad unos 300 civiles armados de las comunidades del sur de Chilapa, dijeron que su presencia en la cabecera municipal era para aprehender a líderes delincuenciales.
Los familiares denunciaron que al menos 30 personas desaparecieron durante la irrupción de civiles armados, hechos que duraron cinco días.
Después de seis meses, familiares de 14 desaparecidos interpusieron su denuncia en el Ministerio Público federal, durante las tres visitas que ha hecho el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR) a la ciudad.
A finales de septiembre familiares de dos desaparecidos más reportaron sus casos ante el grupo de familiares, y esperan que el Ministerio Público federal regrese a la ciudad para interponer su denuncia.
Desde hace seis meses familiares de los 14 desaparecidos se unieron para exigir la aparición con vida de sus parientes, y se fueron sumando familias de más desaparecidos con la misma consigna.
El vocero, José Díaz Navarro informó que en estos seis meses tiene una lista de 55 vecinos que desaparecieron antes, durante y después de mayo, con relatorías de hechos de cada uno, y solamente 38 casos se han denunciado en el Ministerio Público federal.
Sin embargo, consideran que la lista es de aproximadamente 100 desaparecidos, pero hay familiares que prefieren no hacer la denuncia por temor a represalias y que las autoridades no hagan su trabajo.
Al principio los familiares se reunían todos los días, y últimamente sólo se reúnen los lunes, miércoles y viernes, durante estos días acuden para tener alguna noticia de sus desaparecidos, o de algún requerimiento que las autoridades les pidan.
Los familiares han tenido acercamiento con autoridades federales como el comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien el 20 de mayo anunció a los familiares que ayudaría en la búsqueda de sus parientes, y que esta dependencia tomaría el control de la seguridad en la región.
El 30 de mayo, nuevamente Galindo Ceballos acudió a la ciudad, junto con el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrían, para reunirse con los familiares y les aseguraron que investigarían la desaparición de sus parientes. El 8 de julio, ambos funcionarios acudieron de nuevo a la ciudad.
En dos ocasiones los familiares han sido llamados a la Ciudad de México a la Procuraduría General de la República (PGR), por el subprocurador de derechos humanos, Heber Omar Betanzos para informarles sobre las investigaciones de sus familiares.
A pesar de las reuniones con autoridades federales los familiares siguen sin saber de sus desaparecidos. Tampoco saben si las autoridades han detenido a personas involucradas en la desaparición de sus parientes.
El 26 de octubre, en la segunda reunión con el subprocurador les informó que las investigaciones de los 14 desaparecidos en mayo, que han denunciado en el Ministerio Público federal, son casos que lleva la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El 6 de noviembre una comisión de familiares de los desaparecidos de mayo fueron llamados a la SEIDO para tratar el tema de sus parientes, sin embargo, la reunión fue pospuesta para este martes.
Los vecinos en varias ocasiones han declarado que no dejarán de insistir en la búsqueda de sus familiares.