Este lunes se colocaron mantas en las oficinas del Primer Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo, ubicado en la calle 5 de Mayo en el centro de Chilpancingo, como adelanto a las protestas de los trabajadores ante el proyecto de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados de extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF).
“Todos somos PJF unidad nacional”, “Sección 52. Chilpancingo. El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos”, se lee en las mantas colgadas en la pared del edificio.
Los Sindicatos Unidos del Poder Judicial de la Federación convocaron hoy a una manfestación “pacífica” a partir de las 8 de la mañana en todas las sedes para continuar el apoyo y solidaridad “a toda la clase trabajadora que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que se le dará seguimiento y acompañamiento en todo momento en sus expresiones de defensa firme y digna”.
En el texto se invita a los trabajadores a “no caer en provocaciones y evitar discusiones de odio y quema de figuras públicas”, en alusión a la quema de una figura del presidente Andrés Manuel López Obrador en la protesta de ayer en la Ciudad de México.
El proyecto de ley de Morena para eliminar 13 de 14 fideicomisos del PJF por un monto de 15 mil millones de pesos es parte de la campaña de López Obrador contra ese poder, al que señala que está “podrido” y está “al servicio de una minoría rapaz”, mientras que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, señala que se verían afectados derechos de los trabajadores, lo que secundan los sindicatos. (Redacción).
Trabajadores colocaron mantas en las oficinas del Primer Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo como parte de una protesta nacional contra el proyecto de Morena en la Cámara de Diputados de extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, y agremiados a la sección 62 del SUSPEG del Tribunal Superior de Justicia bloquearon el bulevar del Huacapa frente a Ciudad Judicial, en demanda de aumento salarial y pago del retroactivo y ya en la noche se instalaron en plantón ante la falta de acuerdos con autoridades Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Paran sindicalizados de Ciudad Judicial en Chilpancingo; exigen el pago de prestaciones
Cierran en la mañana el bulevar del río Huacapa y por la noche se plantan afuera del edificio ante la falta de acuerdos con autoridades
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) agremiados a la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) bloquearon los dos sentidos del bulevar del río Huacapa, frente a Ciudad Judicial, en demanda del pago al incremento salarial y del retroactivo; por la noche se instalaron en plantón ante la falta de acuerdos con autoridades.
La mañana de este lunes los sindicalizados pararon labores y tomaron la vialidad. Asimismo, un grupo de policías estatales con equipo antimotines llegó y se colocó en la entrada de Ciudad Judicial para evitar que los manifestantes lo tomarán.
Los sindicalizados pidieron los pagos del aumento del 14 por ciento al salario y de bonos por años de servicio para unos 500 trabajadores de base y mil extraordinarios.
La secretaria general de la sección 62, Margarita Sánchez Azabay denunció que la Secretaría de Finanzas y Admnistración estatal no les ha depositado el incremento salarial ni el retroactivo.
Dijo que tampoco tienen la certeza del pago de los bonos por el Día de la Madre, el Día del Padre, del Servidor Público y el decembrino ni el incremento que se dio al estímulo por año de servicio.
Sánchez Azabay sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya aprobó la ampliación del presupuesto y está autorizado, el cual se tenía que pagar en agosto, “pero está ahí atorado en Finanzas”.
Los trabajadores solicitaron la intervención de la gobernadora, porque manifestaron que el presupuesto ya está autorizado.
A las 5 de la tarde los sindicalizados se retiraron del sentido sur-norte, pero se mantuvieron en el otro carril. A las 9 de la noche, por teléfono, se trató de consultar a Sánchez Azabay para saber si tuvieron alguna respuesta, pero no respondió.
Los manifestantes colocaron toldos para instalarse en plantón y realizaron guardias. Indicaron que no hubo acuerdos. (María Avilez Rodríguez/Chilpancingo)
Trabajadores del PJF protestarán
hoy contra la
desaparición de fideicomisos
Este lunes se colocaron mantas en las oficinas del Primer Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo, ubicado en la calle 5 de Mayo en el centro de Chilpancingo, como adelanto a las protestas de los trabajadores ante el proyecto de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados de extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF).
“Todos somos PJF unidad nacional”, “Sección 52. Chilpancingo. El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos”, se lee en las mantas colgadas en la pared del edificio.
Los Sindicatos Unidos del Poder Judicial de la Federación convocaron hoy a una manfestación “pacífica” a partir de las 8 de la mañana en todas las sedes para continuar el apoyo y solidaridad “a toda la clase trabajadora que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que se le dará seguimiento y acompañamiento en todo momento en sus expresiones de defensa firme y digna”.
En el texto se invita a los trabajadores a “no caer en provocaciones y evitar discusiones de odio y quema de figuras públicas”, en alusión a la quema de una figura del presidente Andrés Manuel López Obrador en la protesta de ayer en la Ciudad de México.
El proyecto de ley de Morena para eliminar 13 de 14 fideicomisos del PJF por un monto de 15 mil millones de pesos es parte de la campaña de López Obrador contra ese poder, al que señala que está “podrido” y está “al servicio de una minoría rapaz”, mientras que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, señala que se verían afectados derechos de los trabajadores, lo que secundan los sindicatos. (Redacción).
Trabajadores del PJF protestan
contra la extinción de fideicomisos
Suspenden labores en juzgados y tribunales, además de cerrar vialidades en la Cdmx y varios estados. Se manifiestan en las inmediaciones de la Cámara de Diputados donde se procesa la iniciativa que pretende recortar 15 mil millones al Poder Judicial
Agencia Reforma
Ciudad de México
Las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), por la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, se extendieron este lunes a varias entidades del país.
Además de la suspensión de labores en la mayoría de los órganos jurisdiccionales en la Ciudad de México, donde fueron cerradas cuatro de las principales vialidades, las manifestaciones de inconformidad se registraron en Chiapas, Jalisco, Puebla, Morelos, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
En la capital del País, al menos 56 juzgados de distrito y tribunales de circuito suspendieron hoy de manera oficial todas sus labores, por el paro de los trabajadores, quienes cerraron el tránsito en las avenidas Insurgentes, Revolución, Calzada Ignacio Zaragoza y Periférico Sur.
Los trabajadores del Palacio de Justicia de San Lázaro iniciaron la protesta desde temprana hora en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, cerraron la Calzada Ignacio Zaragoza y casi simultáneamente comenzaron los bloqueos en distintos puntos de la ciudad.
Hubo cierres en Insurgentes Sur, a la altura del número 2065, donde se localizan los Juzgados de Distrito en Materia Amparo; y en las laterales de Periférico Sur 1950 y 2321, lugares en los que están los edificios de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, respectivamente.
Poco después del mediodía, funcionarios judiciales también cerraron la vialidad en Avenida Revolución 1508, sede de los Tribunales Colegiados Penales, en el sentido de sur a norte.
Poco después del medio día, funcionarios judiciales también cerraron la vialidad en Avenida Revolución 1508, sede de los Tribunales Colegiados Penales, en el sentido de Sur a Norte.
Los órganos jurisdiccionales que formalmente suspendieron labores son los 16 Tribunales Colegiados y 14 Juzgados de Distrito en Materia Civil, así como los 16 Juzgados de Distrito en Amparo Penal y 6 Juzgados en Materia de Extinción de Dominio y Especializados en Juicios Orales Mercantiles, todos ellos con sede en el recinto de San Lázaro.
También los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Oriente, los únicos que instruyen en la Ciudad de México los juicios con el anterior sistema de justicia por escrito.
El Magistrado Fernando Rangel Ramírez y los jueces Virginia Gutiérrez Cisneros, Esperanza Arias Vázquez, Ruby Celia Castellanos Barradas, Daniel Niño Jiménez y Marcela Castro Núñez, coordinadores de los tribunales colegiados civiles y los juzgados en las citadas materias, informaron por escrito que este lunes no correrán los términos legales en ninguno de los procedimientos.
En el caso de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, los Juzgados Quinto de Distrito en Materia Civil y Quinto en Materia de Extinción de Dominio y Especializado en Juicios Orales Mercantiles se quedarán de guardia y atenderán de manera electrónica a quien lo requiera.
Manifestantes queman una piñata de López Obrador; el PJF condena “discurso de odio”
En una de las protestas, los inconformes quemaron una piñata con la figura de AMLO; una acción similar ocurrió el pasado 18 de marzo en una manifestación de Morena en el Zócalo donde la piñata quemada simbolizaba a la titular de la Corte, Norma Piña.
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación condenó las “expresiones y el discurso de odio” que se presentaron en algunas protestas contra la extinción de los fideicomisos, en particular, la quema de figuras con la imagen del presidente López Obrador, aunque no lo refiere por su nombre.
En un comunicado, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal afirmaron que no deben tolerarse este tipo de manifestaciones porque obstaculizan la unión y la salvaguarda de valores como la democracia y el Estado de derecho.
“Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación condenamos las expresiones simbólicas de odio que se presenciaron este día, durante la protesta con motivo de las afectaciones a los derechos laborales que suponen la extinción de los fideicomisos que se discutirá en el en la Cámara de Diputados”, indicaron las instituciones.
“Como se ha expresado en otros momentos, el discurso de odio que supone la quema de representaciones de una persona, por pública que ésta sea, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanos y mexicanas, la salvaguarda de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de derecho, por lo que no debe tolerar ser ninguna expresión de esta naturaleza”.
Llaman sindicatos a una nueva protesta sin incendiar figuras ni caer en provocaciones
Los dos sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) llamaron a continuar con una protesta de alcance nacional en contra la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, impulsada por Morena, y pidieron reclamar sin discurso de odio ni quema de figuras.
El llamado a una protesta pacífica, sin suspensión de labores, fue difundido después de que ambos dirigentes sostuvieran una reunión con funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en su sede de Insurgentes Sur.
“Los sindicatos del PJF convocan a la manifestación pacífica que se llevará acabo el día 17 de octubre de 2023 a partir de las 8:00 a las 9:00 a.m. en todas las sedes que albergan los trabajadores del poder judicial de la Federación”, indicaron los dirigentes sindicales.
Los gremios invitaron a todos los trabajadores a “no caer en provocaciones y evitar discursos de odio y quema de figuras públicas”.
Utilizar a los trabajadores del PJF, una “mala estrategia” de Norma Piña, señala Ignacio Mier
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de utilizar a los trabajadores del Poder Judicial para protestar en contra de la extinción de sus fideicomisos.
Mier, quien es el promovente de la reforma que propone la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial -seis de ellos constituidos por la Corte-, calificó el “uso de trabajadores” como una mala estrategia de la presidencia del Máximo Tribunal.
“Utilizar a los trabajadores del Poder Judicial es una mala estrategia de la presidencia de la SCJN, pues la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral, ni de contraprestación, de los trabajadores”, publicó a través de su cuenta de X.
El morenista retó a las y los Ministros a demostrar que la desaparición de los fideicomisos de la Corte, que suman seis mil 241 millones de pesos, afectará a las y los trabajadores.
“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman seis mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 Ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”, dijo.
Morena debe demostrar que los fideicomisos son para “excesos” de los ministros: PRD
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, señaló que es Mier quien tiene que demostrar que los fideicomisos del Poder Judicial son para uso exclusivo de “excesos” de los Ministros de la SCJN.
En entrevista, recordó que los fideicomisos que propuso extinguir son los mismos que estaban vigentes desde hace tres años, cuando Arturo Zaldívar, a quien la mayoría intentó ampliar su mandato, estaba al frente del Máximo Tribunal.
La Barra Mexicana de Abogados considera “intolerable” la iniciativa
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) calificó de inadmisible e intolerable la pretensión de Morena y sus aliados de reducir el presupuesto y eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
“Es intolerable que se vulnere la división de poderes con indebidas e ilegales intromisiones a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, efectuadas por otros Poderes que violentan el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”, afirmó la BMA en un comunicado firmado por su presidente Víctor Olea.
“La BMA pide a la Cámara de Diputados que cumpla con su deber como representante de la Nación y no afecte, con decisiones partidistas, el derecho constitucionalmente establecido que tienen todas las y los mexicanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.
En tanto, las agrupaciones ciudadanas de Sociedad Civil México urgieron ayer a los diputados de Morena a no menoscabar el Poder Judicial con recortes al presupuesto y con la eliminación de fideicomisos.
Tras clausurarse la primera sesión del Cabildo instituyente de Santa Cruz del Rincón, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel acusó ante cientos de asistentes a sus compañeros de legislatura de discriminar a los pueblos indígenas, y a funcionarios estatales de no trabajar, pero dijo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tiene su respaldo.
El diputado de la bancada de Morena aclaró que no estaba en la ceremonia en representación del Poder Legislativo y dijo que “designaron a otro diputado, y nomás no vino, es lo que yo alcanzo a ver”.
Integrantes del Cabildo instituyente confirmaron que enviaron una invitación, pidiendo la presencia de algún integrante de la Mesa Directiva, pero nadie acudió.
El discurso del diputado, desconocido por el partido Morena, por el que llegó al cargo, siguió: “eso es lo que hemos reclamado en el Congreso del Estado, no a la simulación, por qué el desprecio al pueblo indígena, por qué el discurso de que se está con el pueblo indígena y no se está presente, ustedes no son guerrerenses de segunda, son de primera”.
El otrora poderoso presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expuso: “que nadie los calle, reclamen lo que por derecho les corresponde, nunca se dejen intimidar por el poder, yo reconozco al Cabildo instituyente, histórico señores, por primera vez se respetó la voluntad de los pueblos”.
Señaló que “el Congreso está acostumbrado a ellos decidir a quién va a poner en los puestos, y se resisten a esto, esto es la escencia de los pueblos originarios”.
Siguió: “lo digo con tristeza, hace un rato pasé por el lugar donde fue el accidente (donde murieron dos hombres y una mujer que lucharon por la creación del municipio de Santa Cruz, cuando regresaban de una protesta en Chilpancingo, el 22 de agosto)”.
“Sigo insistiendo, hay culpables, pero por eso se me reclama, no me va a pasar nada, que me sigan reclamando”, expuso debido a que el martes pasado lo acusaron en una sesión del Congreso de lucrar con ese evento.
“No quieren atender a los pueblos originarios, no tienen tiempo, tienen otras ocupaciones, eso, eso no se vale, el que hagan el desprecio de no estar aquí presente, yo no sé quién sea, pero eso no se vale, yo vengo a invitación del Cabildo instituyente y del Comité (Gestor), merecen mi respeto”, añadió.
Se refirió a la negativa de los diputados locales de aprobar las planillas para los gobiernos instituyentes de Las Vigas y San Nicolás, que según han denunciado promotores, se paró debido a la intención de los legisladores de imponer a gente de su grupo, sin respetar las asambleas llevadas a cabo, “no es un tema fácil, pero se va a lograr, tiene que haber el reconocimiento a los pueblos originarios y a los pueblos afros”.
El legislador, antes alineado al grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, con el que rompió y le costó la presidencia de la Jucopo, advirtió: “la última palabra, aunque no le guste a muchos políticos, yo soy político, la tiene la asamblea, ya no es discurso”.
Se refirió al municipio de Ayutla de donde es originario, y a pesar de que el cargo de quien coordina la Casa de los Pueblos es el de coordinador, lo mencionó como “nuestro presidente municipal, lo eligió una asamblea, y si no hace algo bien, lo cambia la asamblea, es el poder que tiene el pueblo”.
Sin embargo, el coordinador de Ayutla, Ysabel de los Santos, parte de su grupo político, perdió cada asamblea de representantes que se celebró, y finalmente se instaló en la Casa de los Pueblos a golpes. Su grupo de apoyo derribó la reja del edificio y ocupó las instalaciones, según se documentó en E Sur el 31 de enero de 2022, cuando Sánchez Esquivel era presidente de la Jucopo.
“Yo lo que le quiero pedir al Cabildo instituyente es: conviértanse en el orgullo de este nuevo municipio, hagan las cosas bien, esfuércense, porque es el inicio, y ha quedado demostrado que los pueblos originarios son un referente en organización, hoy lo vemos con este evento donde están cumpliendo la palabra empeñada a sus comunidades”.
El ayutleco, quien ocupa un escaño en el Congreso local como diputado indígena, sin serlo, expresó: “felicidades a sus autoridades, y ojalá esto que está ocurriendo hoy, sirva para cambiar las condiciones de estas carreteras, sirva para que haya profesores en los pueblos, sirva para que haya mejor servicio de salud, para eso se hizo esto, para evitar el abandono que se tiene”.
Luego arremetió contra el gobierno del estado. Primero, saludó al representante que acudió al lugar, el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán.
Después advirtió que “el Poder Legislativo es un órgano autónomo, yo sí me creo el discurso de ser autónomo, siempre nuestra relación con el (poder) Ejecutivo será de respeto”.
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)durante el mitin en la entrada del Congreso local Foto: Lenin Ocampo Torres
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realizaron un mitin en la entrada del Congreso del Estado, para demandar reformas constitucionales a las leyes de seguridad pública y la 701, para reconocer su sistema de seguridad y justicia.
Denunciaron que el poder Legislativo puso en la ilegalidad los sistemas normativos de los pueblos indígenas, a pesar de que gracias a la Policía Comunitaria que se rige por usos y costumbres son las zonas más seguras del estado.
También demandaron que se saque de “la congeladora” la iniciativa de reformas en la materia, presentada desde diciembre de 2019; sin embargo, llevaron una nueva propuesta, para que se vuelva a presentar ante el pleno a través del diputado Masedonio Mendoza Basurto, así como la aprobación de cinco nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
El mitin se realizó en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y estuvieron unas 50 personas, además asistió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y representantes de las cinco casas de justicia, que tienen presencia en 211 comunidades de 39 municipios.
Ahí, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que están inconformes con las decisiones del Congreso local, de desaparecer de la ley del reconocimiento de su sistema de justicia, y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por avalar estas modificaciones.
Raúl de Jesús criticó que “los gobernantes” estén festejando el día de los pueblos indígenas y afromexicanos, “dónde dicen que han garantizado los derechos de los pueblos”, porque dijo que en los hechos no es así, debido a que las reformas a la Constitución y a las leyes, representan cada vez más retrocesos.
Reclamó que a pesar de que existe el reconocimiento de que debido a la presencia de la CRAC en los territorios, “hay menos violencia que dónde no existe nuestro sistema”, hay una resistencia a que en la Constitución y en las leyes se le dé certeza a este sistema.
“La gobernadora sí reconoce la estabilidad de seguridad en nuestro territorio, reconoce que estamos haciendo una labor efectiva, sin embargo, en el Congreso no se nos da el reconocimiento jurídico. Nos sentimos atropellados y que han violado nuestros derechos”, dijo de Jesús Cabrera.
También aseguró que quien “más nos ha traicionado” es el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, porque fue durante su periodo cuando se realizaron las reformas con las que dejaron fuera el reconocimiento de su sistema de justicia y su policía comunitaria, mientras que de la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, señaló que mantiene en “la congeladora” la iniciativa que le presentaron.
Lo mismo ocurrió en el gobierno federal, porque señaló que a pesar de que han planteado la necesidad de estas reformas al presidente Andrés Manuel López Obrador y le hicieron llegar su iniciativa, para que interviniera ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que en el estado se realizará una nueva reforma en la materia, la respuesta fue que “para eso está el Congreso del Estado”.
Otra institución que dijo también ha traicionado a los pueblos originarios es la SCJN, que avaló la consulta “simulada” que realizó el Congreso y las reformas aprobadas.
Por su parte, el coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, Zeferino Lorenzo de Jesús, reclamó que se continúe criminalizando a esta organización, a pesar de los resultados en materia de seguridad y de la pobreza en la que los gobiernos han mantenido a las comunidades indígenas.
Sobre Huehuetán, que reclama su reconocimiento como un nuevo municipio indígena, Leonardo García Basilio demandó a la gobernadora que trabaje con los diputados locales, para que se avance en la reforma indígena y afromexicana, de lo contrario, dijo que van a tomar acciones “fuertes”.
También de Huehuetán, Pedro Marín Mayo recordó que desde octubre pasado solicitaron al Congreso local su reconocimiento como nuevo municipio afromexicano, pero no les han dado ninguna respuesta ni a favor ni en contra.
“Hoy le digo al Congreso: Huehuetán se está enfureciendo nuevamente, puede tomar nuevamente esas carreteras, 3 o 4 días. Lo vamos a hacer si no hay respuesta, no es sólo Huehuetán, son cinco municipios los que están exigiendo su reconocimiento”, advirtió Pedro Marín.
En el mitin estuvo presente el diputado morenista Masedonio Mendoza, quien dijo que muchos piensan que los diputados “estamos al servicio de alguien más y no es así. El poder Legislativo es independiente”, también recordó el avance y después los retrocesos que tuvieron en el reconocimiento de sus derechos en las últimas cuatro legislaturas.
Basurto Mendoza afirmó que la fecha que conmemoran “no es una fiesta” y que es una lucha por el reconocimiento de sus derechos.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, criticó que los gobernantes y funcionarios consideren que vestir ropa artesanal es respetar los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, dijo: “Hay tres cuestiones fundamentales que no reconocen, la propiedad ancestral de las tierras, territorios y nuestros bienes naturales en nuestras comunidades. No se ha aprobado el derecho a la consulta, ni siquiera existe en el artículo 2 constitucional (…) el 70 por ciento del territorio está concesionado a las empresas mineras extranjeras, no se han revocado las concesiones; y el otro gran pendiente que tenemos es el que tiene que ver con la seguridad, justicia y reeducación, conocido como la jurisdicción indígena”.
Demandó que los diputados reconozcan en la ley el ejercicio que en la práctica ya realizan, relacionado con la seguridad y justicia en sus territorios.
“Es fácil que el Día Internacio-nal de los Pueblos Indígenas nos lleven a danzar al zócalo, nos lleven a declamar en nuestras lenguas, se vistan los funcionarios con nuestras camisas y los vestidos que elaboran nuestros compañeros y compañeras de los pueblos”, dijo Vidulfo Rosales.
El poder Legislativo tiene hasta este viernes para aprobar cualquier reforma en materia electoral, para que sean aplicables en el proceso electoral 2023-2024, entre ellas, las relacionadas a candidaturas indígenas y afromexicanas.
La ley establece que para que las reformas legales en materia electoral sean vigentes para el proceso electoral inmediato, éstas deben ser aprobadas por lo menos 90 días antes del arranque del proceso electoral.
De acuerdo con lo ducho por la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, a pregunta del representante del PRI ante este órgano electoral en la última sesión del Consejo General, el proceso electoral en Guerrero arrancará el viernes 8 de septiembre próximo.
En el conteo regresivo, este viernes 9 de junio es el último día que tiene el pleno del Congreso local para aprobar las reformas electorales, para que estas puedan ser aplicables en la elección para renovar ayuntamientos y las 46 diputaciones locales.
Entre las reformas que el Congreso local debe aprobar, están las relacionadas a la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos que se realizó por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que las reglas sobre estas poblaciones y su participación en el proceso electoral 2023-2024, tuvieran el aval de estos sectores.
Entre las principales reformas que se plantearon en esta consulta, está que únicamente las asambleas comunitarias, y no alguna institución estatal, puedan emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario, con la que los candidatos indígenas o afromexicanos podrán registrarse.
Además, que deberán acreditar su vínculo con la comunidad con su acta de nacimiento y se plantea bajar del 40 al 30 por ciento de población indígena o afromexicana para determinar que se deben postular a candidatos de estas poblaciones. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
La subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilés; el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco y la subdirectora de Recursos Materiales Arlene Siu Sarabia Peña en conferencia de prensa Foro: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La administración del Congreso local que encabeza la diputada morenista Yoloczin Domínguez Serna realizó el tercer despido de trabajadores integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación. Se trata del secretario general de esta organización, quien encabeza el plantón y bloqueo frente al Congreso local, Fernando Martínez Román.
Ayer en el séptimo día de plantón y bloqueo, el sindicato decidió tomar el Congreso local y colocar cadenas en las entradas de la sede del Poder Legislativo a partir de que las acciones de la administración del Congreso en contra de los agremiados, porque después de que se supo que se retuvo el sueldo del secretario general del sindicato, ayer finalmente se confirmó que fue despedido después de casi 13 años como empleado.
El dirigente sindical dijo que de manera oficial no le notificaron su despido y que de ser así este es injustificado y que es una “represalia más” en contra del movimiento de trabajadores.
El abogado del sindicato Carlos de Jesús Contreras dijo que en el Congreso local hay persecución en contra de los trabajadores, y recordó que el sindicato está “plenamente reconocido” por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que los únicos que pueden desconocer al secretario general es la asamblea y que mientras eso no suceda el sigue al frente de éste.
Fernando Martínez precisó que son 104 agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación los cuales están reconocidos ante el Tribunal y que no son 60 como lo señala la administración.
También destacó que hay guardias de trabajadores para estar en el plantón y que por eso sólo son unos 15 o 20 los que están constantemente, además de que hay temor de los trabajadores por los despidos que está realizando la administración del Congreso.
El plantón que inició la semana pasada fue en demanda de la reinstalación de dos trabajadores despedidos, Ramón Núñez Campos, quien estaba en el área de Recursos materiales y era chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y Alondra Reza Arzola, de Relaciones Públicas, quien era edecán. Finalmente ayer se confirmó el despido del secretario general del sindicato.
Hubo quejas y actas administrativas contra los despedidos
El secretario de Servicios Financieros y Ad-ministrativos del Congres, Andrés Rosendo Orozco Pintos, calificó las acciones del sindicato como “agresivas” por colocar cadenas en las entradas; “lo tienen tomado, lo tienen secuestrado de manera ilegal”.
El funcionario también destacó que solo hay en el plantón unos 15 trabajadores “más agresivos, pero menos… vemos entonces que ya no tienen el apoyo de los compañeros en el sindicato”. Al respecto señaló que están respetando los derechos de los trabajadores que han estado participando “de manera intermitente o permanente” en el plantón, y que se les ha depositado íntegra su quincena.
Sin embargo, eso no lo aplicaron en el caso del líder de este sindicato al que despidieron por no presentarse a laborar en su área de trabajo, y al igual que en los casos de los otros dos trabajadores despedidos, la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez dijo que “es casualidad” que sean agremiados del mismo sindicato.
Señalo que todos tuvieron quejas y actas administrativas por parte de sus jefes directos “sí es casualidad, no hay nada contra los trabajadores del sindicato”.
Juanita Avilez reiteró que la administración del Congreso decidió suspender “al trabajador Fernando Martínez Román auxiliar administrativo del área de Recursos Materiales, no al secretario general, no es en contra del sindicato, por intimidaciones por persecución que él declara” y reiteró que no se le despidió por ser el dirigente.
Después la subdirectora de Recursos Materiales Siu Arlenne Sarabia señaló que en los últimos días se levantaron a Fernando Martínez una serie de actas administrativas por ausentarse de su trabajo de manera constante y permanente.
Y Andrés Rosendo Orozco dijo que el patrón tiene “la facultad de levantar las áreas administrativas correspondientes, y eso fue lo que pasó a él”, y ambos funcionarios negaron que el despido lo haya ordenado la presidenta de la Jucopo.
Tras el despido de Fernando Martínez, Juanita Avilez señaló que al ya no ser trabajador del Congreso ya no puede ser parte del sindicato y menos encabezar o participar en las mesas de diálogo con la administración del Poder Legislativo.
“Creo que los integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación tendrán que hacer una asamblea, tendrán que buscar la manera de reunirse y solicitar el desconocimiento del secretario general en turno o nombrar a un interino, en esa parte ya no nos toca a nosotros”, pero advirtió
Orozco dijo que esperan que el Tribunal les notifique a los paristas que su acción “es ilegal” para que se retiren o abran el edificio, e insistió en que cada vez son menos los que participan, “hay un desencanto”.
Trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local en la protesta afuera de la sede del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Trabajadores agremiados en el sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso del Estado, continuaron por tercer día consecutivo con su paro de labores y bloqueo a la calle frente a la sede del Poder Legislativo, para exigir la reinstalación de dos compañeros y que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revise su pliego petitorio.
El viernes, después de que les notificaron el despido de sus dos compañeros, los trabajadores iniciaron un plantón afuera del Congreso local, ubicado en la colonia Villa Moderna, y bloquearon los dos sentidos de la calle Trébol Sur; además, denunciaron que el despido era una represalia por su movimiento de la presidenta de la Junta de Coordinación, la morenista Yoloczin Domínguez Serna.
Este domingo, afuera del Congreso local, los trabajadores inconformes mantuvieron el plantón, colocaron lonas en la fachada con sus exigencias y continuaron bloqueando un sentido de la calle Trébol Sur.
Consultado en el lugar, el secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román, informó que hasta el domingo ningún diputado se acercó para iniciar el diálogo, sostuvo que su dos peticiones son la reinstalación de dos compañeros que fueron separados de su trabajo, Ramón Núñez Campos y Alondra Itzel Reza Arzola; y que se revise su pliego petitorio.
“Creemos y confiamos en los diputados, pero también hacemos un llamado a las organizaciones sociales, para que nos ayuden a fortalecer el diálogo con los legisladores”, dijo.
Expuso que cuando iniciaron su lucha sindical por sus derechos laborales, confiaron en la presidenta de la Junta de Coordinación, Yolzcin Domínguez, “se llevó a cabo una asamblea, donde ella se comprometió a que se llevarían a cabo las mesas de trabajo, donde se le daría solución a nuestras demandas y así mismo, se comprometió a que no habría represalias hacia los trabajadores, pero además de que no se llevaron a cabo las mesas de trabajo, nos las fueron aplazando y sí se cristalizó la represión con los dos compañeros separados”.
Manifestó que este lunes seguirá su protesta, hasta que haya solución a sus peticiones, “nosotros no pedimos que le vaya mal a las diputadas o a los diputados, nosotros pedimos estabilidad laboral para las compañeras y los compañeros. Estamos para trabajar y ayudar a los legisladores en sus tareas sustantivas”.
Llamó a los diputados a ser sensibles con la situación de los dos despedidos, “Alondra es madre soltera, Ramón tiene más de 50 años, ya a esta edad ¿dónde va a encontrar otro trabajo? De aquí dependemos nosotros y nuestras familias, el llamado es a que se solidaricen”.
Uno de los trabajadores despedidos, Ramón Núñez, de 54 años de edad, contó que él tenía dos años trabajando en el Congreso local, “entré como chofer, pero hacía de todo; además de que manejaba el transporte del Congreso, tiraba basura, acarreaba archivos, sacaba copias. Me pedían que fuera a dejar oficios a las dependencias de gobierno, que vete a traer comida, bueno todo, como un mandadero”.
Argumentó que su horario de trabajo formal era de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pero realmente iniciaba a las 7:30 y salía a las 5:30 o 6 de la tarde, “esperemos que se haga justicia, porque me están despidiendo injustamente. Yo no he hecho nada, he cumplido, hasta me he llevado el bono de puntualidad, siempre he estado a mis horas y nunca he tenido problemas”.
Dijo que él es el sustento de su casa y pidió a los diputados a analizar la situación, “que se tienten el corazón, soy un padre de familia con necesidad de trabajo”.
Los trabajadores agremiados en el sindicato Sentimientos de la Nación mencionaron que se fueron turnando por guardias, para mantener el plantón el fin de semana, afuera de la sede el Congreso local, pero afirmaron que este lunes los más de cien integrantes se sumarán a su movilización.
El diputado local perredista, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que como integrantes del Poder Legislativo no tienen la facultad de incidir en la decisión de los magistrados, como se le solicitó en el caso de la niña abusada sexualmente, en el que el Poder Judicial de Guerrero absolvió al violador.
El diputado fue consultado por el caso del abuso sexual a una niña de 2 años y 8 meses, en el que la familia y defensa de la víctima pidieron su respaldo, pero se negó el acompañamiento.
Se trata del caso en el que tres magistrados y una jueza desecharon el testimonio de la niña de 2 años y 8 meses, que detalló el abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su mamá, y como consecuencia, el violador fue absuelto por la justicia local, aunque la federal dio un revés y ordenó tomar como prueba la declaración, el diputado comentó que la integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños que han sido víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores, lo buscó después de que la jueza a cargo del caso, Rosalinda Sáenz Rodríguez absolvió al abusador y la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la primer sala penal del Poder Judicial del estado.
El perredista dijo que los diputados no pueden intervenir en el análisis de los casos que resuelve el Poder Judicial, porque “son un poder independiente”.
Justificó con el argumento de que los legisladores no deben incidir “de manera directa para que los magistrados resuelvan de una u otra manera, porque entonces tendríamos responsabilidad para bien o para mal”.
Ensaldo Muñoz comentó que sí recibieron la petición de Yolanda Domínguez para intervenir en el caso, y que se comprometió a intervenir “en medida de nuestras posibilidades y en lo que la ley nos lo permite, para que se resuelva de manera justa, ni a favor ni en contra, porque a nosotros no nos corresponde”.
Dijo que en ese caso, como en cualquier otro que esté en manos del Poder Judicial, no pueden intervenir los diputados, porque a los magistrados “no los mandamos, ni les pedimos favores de ese tipo, porque tenemos que ser respetuosos”.
El diputado dijo que le da gusto que la justicia federal haya atendido el caso conforme a derecho y que finalmente la defensa haya acudido a instancias federales hasta lograr justicia.
Se le preguntó por el anuncio de la defensa de la víctima en el sentido de que presentarían una denuncia penal contra los tres magistrados por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez, y respondió que si hay sanción legal contra los magistrados y el tema llega al Poder Legislativo, posiblemente se tenga que excusar de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de la que es secretario, por conocer el tema “desde el ángulo de la defensa de la víctima”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
Como parte de las acciones a nivel nacional del Frente Amplio Social Unitario (FASU) para respaldar la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer unos 50 trabajadores de Teléfonos de México (Telmex) realizaron un mitin afuera del Congreso local.
Los trabajadores, aglutinados en la sección 69 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que pertenece al FASU, se reunieron a las 5 de la tarde de este viernes en el acceso principal de la sede del Poder Legislativo, donde también se declararon en contra de las reformas estructurales.
La secretaria general de la sección 69, Erika Sevilla Lucas recordó que el 26 de enero comenzó la jornada nacional de lucha del FASU para respaldar al movimiento que encabezan los padres de los estudiantes detenidos y desaparecidos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este viernes, concluyeron las actividades correspondientes a esa jornada en todas las capitales de los estados del país, que sirvió para “convocar a todos los mexicanos a rechazar el actual modelo de política económica neoliberal”.
Sevilla Lucas demandó, mediante un equipo de sonido, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y garantías de no repetición, también se pronunció por la liberación de los presos políticos y la solución al conflicto de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California.
En el mitin, se exigió armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales de derechos humanos, e impulsar una ley de consulta para comunidades indígenas que contemple la creación de la figura de un comisionado con autonomía de gestión y presupuestaria.
“También exigimos la abrogación de las reformas estructurales neoliberales, la anulación de todos los contratos firmados con las empresas del sector energético privado, el rescate, desarrollo y ampliación del ejercicio pleno a los derechos sociales afectados”.
La líder sindical aseguró que con la reforma laboral el gobierno pretende desaparecer al sindicato, lo que dejaría vulnerables a todos los derechos de los trabajadores, afectando principalmente a los que tienen más años brindado sus servicios.
En el acto, los telefonistas convocaron a campesinos, mujeres, estudiantes, maestros y a investigadores a que asuman el compromiso de defender los derechos humanos e impulsar “el cambio de régimen económico, político y social que requiere nuestro país”.
Durante el mitin, no se bloqueo ninguna avenida, y después de una hora los telefonistas se retiraron.
