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Fueron asesinados en nueve años nueve policías de la UPOEG en El Ocotito, denuncian

El comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creación de su policía que nació para combatir la delincuencia en el Valle del Ocotito.Abajo, pobladores marchan en apoyo a la policía de esa organización Fotos: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Ocotito, Chilpancingo

La policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, celebró el noveno aniversario de su fundación con una marcha en la carretera federal México-Acapulco, a la que se sumaron comerciantes, transportistas y vecinos de la localidad.
Más de 300 personas, la mayoría con playeras o camisas y globos blancos, encabezadas por policías ciudadanos que portaban cadenas blancas de papel colgadas al cuello, marcharon de la entrada, al sur de la población, a la explanada de la comisaría municipal, donde participaron en un mitin.
En ese lugar, las autoridades locales, encabezadas por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro, rindieron un homenaje a los nueve policías asesinados en estos nueve años, y se dio a conocer una reseña de esa policía.
La policía ciudadana de la UPOEG inició en el valle de El Ocotito, la comunidad más grande de Chilpancingo, el 23 de enero de 2014, en medio de un ambiente de asesinatos, secuestros, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.
En entrevista, el comandante y fundador de la corporación, Deivi Barrientos Salazar, informó que en nueve años fueron abatidos por el crimen organizado nueve policías de la UPOEG y un “sinnúmero” han resultado heridos, “algunos de gravedad y otros sólo con rozones”.
Sin embargo, declaró que “sólo organizados pudimos darle seguridad a nuestras familias, porque todos sabemos cómo está nuestro estado, en Acapulco y Chilpancingo a diario hay muertos, y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo”, dijo.
Explicó que aquí, en ese pueblo, viven sus familias “y por ellas queremos que nuestro pueblo esté tranquilo, mientras nuestro pueblo lo quiera, va a seguir habiendo policía ciudadana”.
Barrientos Salazar aseguró que a diferencia de hace nueve años, ahora viven “sumamente diferente. Hace nueve años no podíamos salir a las calles, nuestras esposas y nuestros niños no podían salir libremente, porque les faltaban al respeto, raptaban a nuestros amigos, a la gente que miraban que era solvente, los secuestraban, los atemorizaban y los extorsionaban vía telefónica o presencialmente”, recordó.
Dijo que, en cambio, ahora tienen permanente comunicación con los comerciantes y que estos tienen sus números de teléfono personal, igual que el de la comisaría municipal, para que les llamen ante cualquier situación de riesgo, “y ellos (los ciudadanos) nos llaman cuando se ven en peligro. Hacemos recorridos para tener un mejor control de nuestro pueblo”, explicó.
Insistió en que ahora la situación “es tranquila”, aunque dijo que siguen las amenazas de los grupos delictivos.
Informó que actualmente el que quiere incursionar en El Ocotito es el grupo de Tlacotepec, pero que “hay gente de allá que nos informa y nos avisa cuando se organizan para venir a este lado. Así que siempre vivimos pendientes”.
Barrientos Salazar reconoció que la policía de la UPOEG ha sido infiltrada en algunos pueblos, pero aseguró que no en El Ocotito.
“Nosotros estamos conscientes que la organización es muy grande y reconocemos que hay muchos pueblos que están infiltrados por el crimen organizado. Hay muchos pueblos que su policía no es de ahí, y para que funcione como policía (sus integrantes) tienen que ser del pueblo, vivir en el pueblo y tener familia en el pueblo, para que puedan hacer las cosas bien”.
Aseguró que los policías que se encargan de la seguridad en El Ocotito, “todos somos de aquí” y que sus actuaciones se basan en los acuerdos de asamblea. Dijo que aunque pertenecen a la UPOEG, “cada pueblo y cada representante es autónomo y responsable de lo que hace”.
Admitió que la UPOEG ha sido infiltrada por los grupos delictivos, sobre todo en el corredor de Costa Chica a Acapulco “y aunque somos independientes, sentimos que eso nos está afectando”.
Explicó que por eso los policías que han querido la paz para sus pueblos y no se han alineado, los han matado o desaparecido, “por eso, nosotros tratamos de estar en comunicación constante con la ciudadanía, con nuestros comisarios y con los comités de cada sector, porque aquí es el pueblo el que solventa a la policía”, sostuvo.
Puso como ejemplo la desaparición del comandante regional Octavio Maganda, quien desapareció en noviembre pasado, junto con otros tres miembros de la UPOEG.
“Sabemos que apenas pasó un evento en Costa Chica, con nuestro compañero Maganda, quien se estaba impulsando para agarrar las riendas (de la UPOEG) en Costa Chica, pero yo creo que no se organizó bien, no se alineó y ahora lo tenemos desaparecido. Esos son golpes anímicos para los compañeros que realmente quieren hacer las cosas bien”, declaró.
En este ambiente de persecución, repliegue y desmantelamiento de la agrupación, tanto por los grupos delictivos como por el gobierno, informó que el coordinador general Bruno Plácido Valerio se encuentra delicado de salud, por su padecimiento de diabetes, que lo ha alejado “un poquito” en las últimas semanas.
A Plácido Valerio no se le ha visto en público desde diciembre pasado y este lunes no participó en la celebración del noveno aniversario de la entrada de la policía ciudadana al valle de El Ocotito, como sí lo hizo hace nueve años, cuando encabezó la movilización.
En la marcha de este lunes, algunos niños portaron pancartas con mensajes como “viva la paz, viva la policía comunitaria”; “marcha por la paz de El Ocotito. Gracias policía comunitaria”, “apoyo total a la policía comunitaria” y “viva El Ocotito, viva nuestra policía comunitaria”.
En todas las pancartas se escribió: “policía comunitaria”, aunque formalmente esta es parte del Sistema de Seguridad y Justicia, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Durante el mitin, el comandante Deibi Barrientos se refirió brevemente al diferendo que existe con la policía del pueblo vecino, de Buenavista de la Salud, también del municipio de Chilpancingo, donde el viernes pasado se informó que el grupo de autodefensa pasó a formar parte de la CRAC de los Pueblos Fundadores (PF), que en las comunidades de Chilapa se coordina con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Barrientos Salazar dijo: “Un pueblo vecino, hace unos días, se quitó la playera de la UPOEG y se puso la del Cipog. Además, invita a los ciudadanos a que pertenezcan a su sistema. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que le demos educación a nuestros niños, no que los armemos como lo han hecho ellos”, dijo en referencia a que el Cipog-EZ y la CRAC-PF de Chilapa y Ayahualtempa, municipio de Hueycantenango, han capacitado y armado a los niños para que forman parte de su policía, para la defensa de sus pueblos y familias.
“Nosotros no traemos esa terapia, al contrario, vamos a respetar siempre la decisión del pueblo. Mientras el pueblo nos respalde, vamos a seguir las decisiones de nuestra asamblea”, dijo en el mitin el comandante.
Dijo que tampoco van a deponer las armas porque una presidente municipal o una gobernadora se los pida, “porque así como fuimos elegidos nosotros, así fue elegida nuestra gobernadora, nuestra presidente municipal y nuestro presidente de la República”.
El comisario municipal, Julio César Almanza, agradeció a los policías por la protección a la población.
Criticó: “Mientras los caciques están en sus casas descansando, estos hombres están arriesgando su vida, a pesar de que no saben si al otro día van a regresar vivos. Mientras, algunos ciudadanos se sienten conchas en sus casas”, reprochó.
A petición del comisario municipal, se depositó en la puerta de la comisaría municipal una corona, simbolizando los laureles “y la luz para las familias (de los policías caídos) que perdieron a un ser querido”. Con ello, explicó, se rendía homenaje a los policías “que cayeron por defender a su pueblo”.

 

Participará en la búsqueda de Obtilia e Hilario, anuncia el FUSDEG de Tierra Colorada

 

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) informó que su Policía Comunitaria, se sumó a la búsqueda de la defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida con su compañero Hilario Cornelio Castro la mañana del martes.
En un boletín de prensa el órgano de seguridad comunitaria indicó que la desaparición de los activistas de la Organización del Pueblo Indígenas Me’ phaa (OPIM)  fueron “en circunstancias aún no aclaradas”, se deslindó de los hechos ocurridos cerca de su territorio de influencia y externó una “enérgica” protesta.
En el escrito breve emitido anoche la dirigencia del Frente condenó la desaparición de la activista, quien además es una autoridad del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres que gobierna el primer municipio en Guerrero que formalmente se rige por usos y costumbres.
Se deslinda de la desaparición y anuncia su disposición para colaborar la localización de los dos.
De la búsqueda dijo que los policías comunitarios pondrán todo su empeño para encontrar a Obtilia Eugenio y a Hilario Cornelio, a quienes familiares y el gobierno estatal ubican por última vez en el tramo Tierra Colorada-El Ocotito.
El organismo de seguridad se unió a la búsqueda del gobierno del estado, que de manera oficial estuvo informando el vocero Roberto Álvarez Heredia en redes sociales.
El FUSDEG precisa que a los promotores del desarrollo comunitario les preocupa la desaparición de la defensora y el dirigente de la OPIM, “y merece nuestra más enérgica protesta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Entran a Tlapa policías de la UPOEG y de la CRAC de los Pueblos Fundadores ante la violencia

 

Policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios de la fracción de la CRAC?de los Pueblos Fundadores llegaron ayer a Tlapa y dijeron que se harán cargo de la seguridad .Foto: Carmen González Benicio

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) de Chilapa y José Joaquín de Herrera, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entraron a Tlapa para hacerse cargo de la seguridad ante la ola de secuestros, extorsiones, desapariciones, violaciones, amenazas y asesinatos ocurridos en los últimos meses.
El caso que más llamó la atención fue la desaparición del alcalde electo del municipio de Cochoapa el Grande, el na’ savi Daniel Esteban González de quien no se sabe nada desde el 2 de septiembre, cuando salió de una reunión de un restaurante de la comunidad de Atlamajac.
Aunque antes de esa denuncia desaparecieron el 22 de agosto tres mujeres, madre, hija y nieta vecinas de Atlamajac del municipio de Tlapa, y una mujer que tras ser privada de su libertad fue encontrada muerta y semienterrada cerca del basurero municipal.
Hay otros ciudadanos que se buscan desde las redes sociales como el titular de la agencia del Ministerio Público en Justicia para Adolescentes de Tlapa, Rosendo Acevedo García, levantado el 6 de septiembre cuando hombres armados lo bajaron del taxi ruta Chilapa-Tlapa, en Atlixtac, o el abogado Álvaro Rendón Ávila y los homicidios continuos en la ciudad y región en los últimos dos meses.
El comandante regional de Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Costa Chica, Esteban Ramos Gallardo dijo que venían a apoyar a la CRAC-PC-PF, promovida por Cirino Plácido Valerio, hermano del fundador de la UPOEG Bruno Plácido Valerio.
Dijo que no estaban en contra del gobierno y que acudieron ante la invitación de familiares de las personas secuestradas y buscarían establecer un cuartel, si la población está de acuerdo, pero es necesario que se acerquen y apoyen “si la gente no respalda no podemos quedarnos”.
Los policías comunitarios dijeron que era una operación conjunta entre la CRAC de los Pueblos Fundadores Montaña Baja y la UPOEG, y que lo hicieron para atender las solicitudes de ciudadanos y autoridades “para frenar el infierno en que la delincuencia ha convertido la histórica ciudad”.
En un documento dicen que conocen casos de personas amenazadas por la delincuencia y que ya no hay paz ni se cree en la justicia por los pobladores de Tlapa, ya sean campesinos, maestros, estudiantes, transportistas o empresarios, “nadie está seguro y las autoridades no han logrado brindar seguridad ni justicia”.
Convocaron a los ciudadanos a organizarse y activar asambleas comunitarias, de barrio y una regional para ponerle un alto definitivo a la delincuencia y la inseguridad.

Intervienen “para detener el horror que vive la población”

Los policías comunitarios pidieron a los gobiernos municipal, estatal y federal que respeten la organización de los pueblos, que está apegada a los artículos 2, 9, y 13 de la Constitución Mexicana, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que apegados a sus usos y costumbres acordaron en asambleas intervenir, “por principios humanitarios en la ciudad de Tlapa para detener el horror que vive la población por la delincuencia tolerada en el municipio”.
Agregan que la CRAC-PC-PF es un sistema comunitario creado hace más de 20 años, y la UPOEG hace cinco que opera porque ningún gobierno los atiende, no se frenaba a la delincuencia y ningún juzgado hizo justicia, y por eso tomaron el arma más poderosa: la organización contra la delincuencia.
Ramos Gallardo mencionó que son como 4 mil 800 integrantes, pero es mucho gasto y por eso sólo llegó un grupo.
Comentó que llegaron ante la petición de familiares de un secuestrado que pidió apoyo de la Costa, “la verdad una se cansa de que te estén secuestrando, extorsionando y esa persona es de la Costa y fue a pedir ayuda, porque el gobierno, los antisecuestros quieren trabajar a su modo, y nosotros trabajamos con la ciudadanía que sabe quiénes son los delincuentes”.
“No venimos a hacer menos a nadie, ni a las policías ni al gobierno, nos fueron a pedir el apoyo porque uno de los secuestrados es de la Costa, es para un bien común en contra de la delincuencia, no estamos en contra de ningún gobierno, hemos trabajado con antisecuestros y hemos agarrado a secuestradores”, remarcó.
Agregó que tenían acciones para la noche con los más de 200 policías comunitarios que llegaron, y que si se ameritaban más los llamarían.
Vía telefónica un integrante de la CRAC-PC de la comunidad de Tototepec de este municipio informó que tienen operaciones en conjunto con las policías comunitarias de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Huamuxtitlán, Olinalá y Ahuacuotzingo para buscar al presidente electo Daniel Esteban y a otras personas reportadas desaparecidas.
Dijo que la CRAC-PC de Tototepec está encargada de vigilar la zona de la carretera Tlapa-Marquelia a la Barranca Honda, donde hace más de un año encontraron cuerpos y osamentas.

 

Hay más tranquilidad en Teloloapan con la Tecampanera, afirma el alcalde con licencia

El alcalde con licencia de Teloloapan y diputado local electo del distrito 20, el perredista Robell Urióstegui Patiño, afirmó que en ese municipio están más tranquilos con la presencia de la policía comunitaria Tecampanera.
A los alcaldes electos y en funciones de Tierra Caliente que piden la retirada de la autodefensa, les respondió que la situación no es como ellos lo comentan, pues los índices de violencia y de inseguridad han bajado bastante, y no se dan casos del cierre de empresas nacionales y trasnacionales, como ha ocurrido en esa región a causa de los grupos de la delincuencia organizada.
El alcalde fue abordado por reporteros la mañana de este viernes, durante la tercera edición de la Feria del Queso y el Mezcal realizada en el zócalo de esta ciudad, donde hubo expositores de Teloloapan.
A pregunta sobre la petición de alcaldes electos y en funciones de municipios de la región Tierra Caliente, que solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores el retiro de la policía comunitaria Tecampanera, pues advertían que no asistirían a las convocatorias del mandatario por temor a pasar por Teloloapan.
Urióstegui Patiño dijo que es muy respetable la postura de las autoridades electas de Tierra Caliente y señaló que no les compete a ellos hacer ese tipo de reclamos, sino a las autoridades que imparten justicia, quienes deben de revisar el tema.
Como vecino de Teloloapan, afirmó que hay un clima de tranquilidad, “ellos (los de Tierra Caliente) tienen sus motivos, pero no es como lo comentan. Teloloapan hoy está tranquilo y, a diferencia de otros años, hoy los índices de violencia y de inseguridad han bajado bastante”.
A los alcaldes electos y en funciones de Tierra Caliente, les dijo que en Teloloapan no se dan casos del cierre de empresas nacionales o trasnacionales, como ha ocurrido en su región a causa de las amenazas de la delincuencia organizada, y que dejan de generar empleos.
Mencionó que a ellos no les compete decidir si se queda o se va la policía comunitaria, “pero la opinión que puedo externar, de manera muy personal, es que Teloloapan está tranquilo y estamos tranquilos como estamos”, dijo sobre la presencia de la autodefensa.
“Han cambiado las cosas a partir de que ellos (la Tecampanera) han estado ahí, no compartimos todas las cosas que pueden hacer, pero la ciudadanía en Teloloapan hoy se encuentra tranquila, y puedes caminar con toda seguridad y tranquilidad en ese municipio”.
Del conflicto que hubo con vecinos de un asentamiento en el terreno, donde se edificaron las instalaciones del 41 batallón de infantería de Teloloapan, Urióstegui Patiño dio a conocer que ese es un tema resuelto, porque los supuestos propietarios no pudieron acreditar la propiedad de esas tierras, por lo que el cuartel ya fue concluido y estimó que podría ser inaugurado el 7 de septiembre próximo.

 

Detienen a policía comunitario de Olinalá; lo acusan de lo mismo que a Nestora, señalan

El ex coordinador de la Policía Comunitaria de Olinalá, Bernardo Ayala, denunció que el viernes a las 4 de la tarde en las inmediaciones de Tlapa, fue detenido el policía comunitario Carlos Patrón Romano, por los mismos que delitos que fue presa política la comandanta Nestora Salgado García.
En consulta telefónica, denunció que Patrón Romano fue aprehendido por la Policía Ministerial en un retén ilegal en las afueras de Tlapa, a donde había ido como ciudadano común. Indicó que en la revisión policiaca su nombre apareció en un sistema informático con una orden de aprehensión y lo trasladaron a la cárcel de Chilpancingo, donde ha pasado dos días enteros.
Aseguró que fue detenido por las mismas denuncias de robo y secuestro, por las que también fueron acusados alrededor de 50 policías comunitarios de Olinalá, cuando militares detuvieron a los lideres de la Casa de Justicia de El Paraíso. A la fecha, la mayoría está fuera de prisión, salvo el promotor de la CRAC, Gonzalo Molina Gonzalez, que sigue privado de su libertad.
Bernardo Ayala hizo responsables a las autoridades estatales de cualquier daño a la integridad física de su compañero, que es un hombre de edad avanzada con presión arterial alta, que necesita de un respirador artificial por las noches.
Denunció que otros integrantes de la Policía de Olinalá, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) han sido detenidos antes y luego son liberados sin cargos, pero recriminó implica pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, en este caso, la salud del integrante del grupo.
Aclaró que su familia ya está al tanto de su salud, pero no tienen certeza de que sea liberado hoy o mañana. Advirtió que si no lo dejan salir pronto, los familiares y compañeros van a buscar a todas las personas que los señalaron en las demandas penales, para carearse ante el juez, y evitar así más detenciones ilegales. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Firman la alcaldesa de Ayutla y la UPOEG un Pacto de Civilidad para la elección del domingo

El Pacto de Civilidad para la Elección en Ayutla, por usos y costumbres indígenas, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, se firmó tras dos horas de señalamientos entre la alcaldesa del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, y el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
Este martes, en la sala de reuniones Vicente Guerrero de la Secretaría Particular del Gobernador, ubicada en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, sostuvieron un encuentro la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Rosa María Nava Acuña y el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta.
En la reunión, la alcaldesa Aldaco Quintana solicitó de manera formal al gobernador su apoyo para que la asamblea en la que se elegirá a las nuevas autoridades munbicipales con base en la ley 701 fuera en Acapulco para brindar la seguridad necesaria, ya que aseguraba que no había condiciones en el municipio.
El problema central de la discusión era la participación de la policía de la UPOEG, a la que acusó de que amenaza a los representantes con reeducación o multas económicas si no se presentaban a la asamblea del próximo domingo 15 de julio.
Después de la primera hora y media de señalamientos, el gobernador Astudillo Flores tomó el micrófono para recordarles a los presentes que si se va a una elección no les conviene generar un conflicto, porque si hay violencia un tribunal echa abajo el proceso.
“Nadie en su sano juicio quiere ir el domingo a generar una gran confrontación y que todo se eche a perder, yo creo que no lo quieren ni ustedes ni lo quiere nadie del gobierno estatal o federal, sería una auténtica locura”, agregó.
Advirtió que a quien promoviera algún problema se le aplicaría la ley por las instituciones correspondientes.
“Me parece muy importante lo que aquí se ha dicho, yo creo que la policía comunitaria no debe de participar porque en el momento que participe entonces empiezan los problemas, yo creo que la que debe de participar es la policía del estado”, enfatizó.
Puntualizó que el gobierno está en la mejor disposición de brindar la seguridad para este proceso que se avecina, pero pidió a los presentes su respaldo para que se realice una asamblea tranquila.
Les recordó que durante el proceso del pasado primero de julio se logró celebrar una jornada electoral pacifica en al que a pesar de que se aseguraba que no podrían desarrollarse por problemas de seguridad, se logró sin incidentes violentos.
En un momento del encuentro, el gobernador de plano preguntó a las dos partes en conflicto si se firmaría o no el Pacto de Civilidad, lo que se hizo después de dos horas y un receso de 15 minutos.
Al encuentro se incorporó el secretario de seguridad, Pedro Almazán Cervantes, después de un receso, quien quedó como encargado de la seguridad durante este proceso de elección de nuevas autoridades.
En su intervención, el presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, quien también firmó como testigo, reconoció la disposición del gobernador para que se pueda llevar a cabo esta elección en tranquilidad.
Durante la reunión, se supo que la dinámica con los reporteros era que no entrarían a cubrir todo el encuentro, pero debido a una descoordinación permanecieran durante todo el acto en el que Astudillo Flores mostró su malestar por lo que se estaba suscitando.

Parte de la confrontación

Aldaco Quintana pidió al gobernador y al secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame que explicaran el propósito de la reunión ya que les recordó que hace un mes, en Casa Guerrero se había firmado un pacto de civilidad, el que aseguró nunca se respetó.
“En esta mesa se dicen algunas cosas, pero en el municipio se hacen otras y respetuosamente les quiero decir que estoy preocupada por el municipio, ya que las personalidades que están presentes aquí (Bruno Placido Valerio) se ha dedicado a hablar mal de la administración”, enfatizó.
Señaló que la UPOEG se ha dedicado en cada comunidad a la que no pueden entrar como gobierno, por la policía ciudadana armada que opera en ellas, a hablar mal sobre la su gobierno.
Insistió que dicha organización amenaza a la población del municipio, por lo que está actuando de manera violenta sin cumplir los acuerdos ya firmados hace un mes, además de recurrir a las asambleas en las asegura que no existe mayoría.
“Yo no sé que exista atrás de todo esto, lo que si les digo es que mi vida corre peligro, la de mi familia y muchos de mis amigos corre peligro por que son amenazados”, enfatizó.
Comentó que para su parecer la reunión de este martes no tenía sentido, pero a pesar de esto firmó el Pacto de Civilidad, que fue reescrito para incluir otras demandas de seguridad.
Por su parte el líder de la UPOEG, Bruno Placido Valerio advirtió que si no había acuerdo en como se realizaba las elecciones a través de usos y costumbre, se podrían reorganizar las comunidades indígenas interesas para convertirse en “su propio gobierno”.
“Es importante construir la pluralidad del municipio, y que se firme un Pacto de Civilidad, se habla tanto de la policía ciudadana, pero nosotros hemos acordado no participar porque no puede ser un evento policiaco”, agregó.
El dirigente de la policía de la UPOEG, dijo que se comprometerían a replegarse durante este proceso de elección de autoridades, que se planea para el 15 de julio en la Unidad Deportiva de Ayutla.
“Aquí hay conflicto porque se ha tirado mucho dinero, el dinero con la población, cada uno siembra lo que cosecha (lo dijo al revés ), no sé por que dicen que nosotros no permitimos que voten como hoy (fue), en Tecoanapa y otros municipios en Copala”, agregó.
Aprovechó para informar que gracias a la policía de la UPOEG se lograron evitar confrontaciones y delitos electorales en los municipios de la Costa Chica donde operan, en donde aseguran que hubo mucha compra de votos.
“El esposo de la presidenta trae guardia, ¿a qué le tiene miedo? Trae escolta y nadie lo ha parado. Entonces no hablemos de cosas de que ‘nos están persiguiendo’ cuando tenemos impunidad. Aquí de lo que se habla es de un método de gobierno a través de una asamblea”, enfatizó.

 

Acepta la nueva Policía Ciudadana coordinarse con la Comunitaria de Tlacotepec en la sierra

 

 

Miembros de la Unión de Comisarios de la Sierra y de la Policía Ciudadana de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, de reciente creación, durante la conferencia de prensa en la sala de juntas del Palacio Municipal de Chichihualco Foto: Jesús Eduardo Guerrero

La coordinación de la Policía Ciudadana de Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco) aceptó el llamado de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) para coordinarse y trabajar por la seguridad en la sierra, a fin de evitar una confrontación entre ambos grupos.
El coordinador de la nueva Policía Ciudadana, Crescencio Pacheco González dijo que “todos tenemos responsabilidad y obligación de poner lo que está de nuestra parte para que se restablezca la seguridad y la paz en la zona”, añadió que de su parte “no vamos a caer en una provocación”.
La postura de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri y de la Unión de Comisarios de la Sierra se dio luego de que el viernes pasado el coordinador de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, Humberto Moreno Catalán advirtió que si sigue la inseguridad en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos realizará una incursión armada con el apoyo de las policías de autodefensa de Teloloapan y de Apaxtla de Castrejón.
En conferencia de prensa este lunes en el Palacio Municipal de Chichihualco, la Unión de Comisarios de la Sierra y la coordinación de la Policía Ciudadana demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que convoque a los representantes de las dos corporaciones a una mesa de diálogo para coordinar sus acciones.
La Unión de Comisarios también denunció que desde el sábado se retiraron los militares y policías estatales de la zona, por lo que nuevamente existe riesgo de violencia.
Los comisarios de las 18 comunidades que la semana pasada conformaron la Policía Ciudadana, aglutinados en la Unión de Comisarios de la Sierra estuvieron representados por el coordinador de la Policía Ciudadana Crescencio Pacheco González, el presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, David Barragán López y el comisario de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco.
Ante el llamado al diálogo y coordinación de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, Pacheco González declaró que los de Eduardo Neri y Leonardo Bravo están abiertos al diálogo o reunión, “que ellos nos inviten” y pidió que pongan el día y la hora “para reunirnos y buscar el bienestar de nuestra sociedad civil”.
“El día que gusten nos sentamos a platicar en beneficio de la ciudadanía”, recalcó Pacheco González.
En la mañana los comisarios de los pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri tuvieron una reunión en el Palacio Municipal de Chichihualco, y al final ofrecieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que nunca ha estado bloqueado ni tapado el paso en Filo de Caballos a los habitantes de Tlacotepec y sus comunidades, como se dijo en la conferencia de prensa del viernes en Tlacotepec.
Aclaró que los vecinos de las comunidades “tenemos el temor y la pensamos en viajar” por la violencia que ocurrió el 9 y el 11 de junio en Corralitos, pero aseguró que ya se está restableciendo la paz y se están restaurando los servicios.
Dijo que por eso buscan como Policía Ciudadana y Unión de Comisarios “abonar a un clima de paz y que se restablezca la seguridad dentro de nuestra zona”.
Añadió que si de verdad se han cometido asaltos, robos y asesinatos en el corredor Xochipala-Filo de Caballos, y que es la causa por la que no pasan por esa zona los comerciantes y prestadores de servicios que van a Tlacotepec, deben de poner su denuncia ante las autoridades correspondientes porque “muchas veces nomás son díceres”.
Conminó a que se presenten las denuncias, “nosotros no vamos a solapar ni encubrir a las personas que anden haciendo ese tipo de cosas”, dijo e insistió que el paso ha estado abierto para todos, y que la Policía Ciudadana está dispuesta a colaborar y a coadyuvar para reforzar la seguridad.
En cuanto a la advertencia de la Policía Comunitaria de Tlacotepec de que podrían realizar una incursión armada si siguen los delitos en ese corredor, Pacheco González respondió que la propuesta de la Policía Ciudadana es llegar a acuerdos de colaboración, “yo siento que poniéndonos de acuerdo y poniendo las cartas sobre la mesa en una plática formal sería como vamos a sacar varias dudas dentro del área de seguridad”.
También pidió al gobernador Astudillo Flores o alguna instancia los llame a una mesa de diálogo y se pongan a trabajar. Dijo que igual podrían mediar en el conflicto el obispo Salvador Rangel, sacerdotes, maestros o doctores, “nosotros estamos dispuestos al diálogo porque queremos vivir en paz y tenemos que poner de nuestra parte”.
El coordinador de la Policía Ciudadana se quejó que los militares y policías estatales que llegaron la semana pasada se retiraron el sábado, pidió al gobernador Astudillo Flores que regresen y sigan sus recorridos para garantizar la seguridad y la gente siga retornando a sus comunidades.
Pacheco González informó que ayer elaborarían oficios para el gobierno del estado, para solicitar formalmente el regreso de los militares y la Policía Estatal, “y nosotros estaremos en disposición de coadyuvar en lo que nos corresponde como Policía Ciudadana, pero sabemos que la mayor parte le corresponde al gobierno y tiene que hacer su trabajo”.
Dijo que la coordinación se demostró la semana pasada que subieron los militares y policías estatales, “nos pusimos de acuerdo, ellos operaron, recorrieron la zona, no encontraron nada y se bajaron nuevamente”.
Agregó que cuando se retiraron platicaron con él y le informaron que bajarían a entregar su informe y que regresarían, pero reprochó que ya ayer tenía tres días sin seguridad la zona.
Declaró que como Policía Ciudadana están atentos “a lo que se mueve” dentro de su área, “dentro del pueblo”.

Desconocen si hay un grupo delictivo en Filo de Caballos

El presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra y comisario de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, David Barragán López declaró que desde hace meses solicitaron la presencia del Ejército y de la Policía Estatal en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos, “porque cuando el gobierno está allí todo está tranquilo, la gente duerme tranquila, pero cuando se bajan es cuando se dan los enfrentamientos”.
Denunció que las comunidades se están quedando solas por la violencia.
A su vez el comisario de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco se quejó de que de por sí las comunidades están siendo abandonadas porque “toda la gente se está yendo a otros lados a trabajar, aquí ya no hay trabajo, la amapola ya no vale nada y la gente se está yendo a las ciudades a buscar trabajo, entonces que nos haga caso el gobernador”.
Del llamado de la Policía Comunitaria de Tlacotepec a que la Policía Ciudadana se deslinde de un grupo delictivo que opera en Filo de Caballos para que puedan coordinarse con ella en materia de seguridad, el comisario González Pacheco dijo que desconoce si existe este grupo, “nosotros simplemente estamos abiertos al diálogo para que se establezca realmente una tregua y que cada quien vele por la seguridad de sus comunidades y de las familias”.
Demandó al gobernador “que ponga atención” a este corredor que conforman comunidades de los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo y que no solamente mande refuerzos para la seguridad, sino que realmente apoye con proyectos a la gente de los pueblos.
Contó que sólo en Filo de Caballos unos 80 ciudadanos le han solicitado licencia para emigrar de la comunidad e ir a buscar la vida, fuentes de trabajo, fuentes de ingreso, “porque las familias ya no tienen qué comer, la amapola se devaluó tanto que ya no es un modo de vida, la gente tiene que buscar nuevas formas de vivir”.
Insistió al gobernador Astudillo Flores y al gobierno federal que pongan atención “a nuestra gente, porque vas a las comunidades y lo único que encuentras es desolación, las calles vacías, ves los rostros de los niños y de las familias con tristeza por la violencia, tenemos ausencia de paz y mientras el gobierno no ponga atención en todo esto así vamos a seguir”.
Destacó que los comisarios no hablan a título personal y que piden la paz para las familias de sus pueblos. Informó que los pueblos de la zona han pedido la instalación de un destacamento militar de manera permanente, “eso nos brindaría la seguridad que tanto estamos anhelando”.

 

 

Piden seguridad en la sierra de Xochipala a Filo de Caballos

La Policía Comunitaria de Tlacotepec demandó la presencia de la estatal para combatir la violencia de un grupo delictivo al que responsabiliza de asesinatos, asaltos y cobro de cuotas. Denunció que desde hace dos meses no llega el trasporte público ni las pipas con gasolina y gas ni las camionetas que surten productos básicos. En la imagen, agentes comunitarios y vecinos, tras una conferencia de prensa en el Palacio Municipal de la cabecera del municipio Heliodoro Castillo Foto: Lenin Ocampo Torres

Exige seguridad de Xochipala a Filo de Caballos  la comunitaria de Tlacotepec al gobernador

Debido a la violencia, desde hace dos meses no pasa el transporte público a esta área de la sierra ni pipas con gasolina y gas ni camionetas que surten los productos básicos, denuncia el coordinador, Humberto Moreno Catalán. Si no se resuelve el problema se hará “una incursión armada” en ese corredor, con la policía Tecampanera y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, dice. Demanda que no se envíe al Ejército a la cabecera

Zacarías Cervantes

Tlacotepec

La Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec) emplazó ayer al gobernador Héctor Astudillo Flores a que garantice la seguridad en el corredor de Xochipala (municipio de Eduardo Neri) a Filo de Caballos (municipio de Leonardo Bravo), en donde debido a la violencia e inseguridad desde hace dos meses no pueden pasar hacia Tlacotepec las Urvan que prestan el servicio de transporte público, las pipas de gasolina, los camiones de gas doméstico y las camionetas que surten de productos básicos a esa cabecera municipal y a los pueblos vecinos.
En conferencia de prensa al mediodía de este viernes en la explanada del Palacio Municipal el coordinador de esta policía, Humberto Moreno Catalán declaró que esa corporación está dispuesta a coordinarse con los tres órdenes de gobierno para lograr la seguridad en ese corredor. Incluso dijo que también se coordinarían con la recién creada Policía Ciudadana de Autodefensa de Leonardo Bravo y Eduardo Neri pero ésta tiene que deslindarse del crimen organizado.
Frente al Palacio Municipal ayer se concentraron unos 200 policías comunitarios y unos 300 vecinos de la cabecera municipal y de varias localidades de esta área de la sierra, e igual que los habitantes de la comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri han denunciado los ataques, el asedio y las amenazas de un grupo delictivo de Tlacotepec, los de esta cabecera municipal también denunciaron la violencia que sufren de un grupo de Filo de Caballos.
En la conferencia de prensa familias desplazadas de Corralitos, Leonardo Bravo, en donde el 9 de junio ocurrió un enfrentamiento que dejó tres muertos, dos casas atacadas a balazos, dos vehículos y tres viviendas incendiadas, denunciaron que fueron integrantes del grupo delictivo de Filo de Caballos los que mataron al comisario Antonio Cruz Maldonado.
También informaron que en Tlacotepec hay unas 50 familias (aproximadamente 300 ciudadanos) desplazadas de varios pueblos que han sido atacados o amenazados por ese grupo delictivo.

“Tenemos gente que se está chingando, que se está muriendo de hambre, que se está muriendo de enfermedades por falta de médicos”

En la conferencia el coordinador de la policía comunitaria, Moreno Catalán leyó un comunicado dirigido al gobernador Héctor Astudillo. Antes, dijo: “que mis palabras no lleguen a su mente ni a su estómago, sino que lleguen a su corazón porque tenemos gente que se está chingando, que se está muriendo de hambre, que se está muriendo de enfermedades por falta de médicos”.
Al final de su lectura también le pidió al mandatario que ya no le mande mensajes ni lo busque a través de su hijo ni de su primo Mario Moreno Arcos, el secretario de Desarrollo Social, sino que cumpla la palabra que empeñó en una plática con él al inicio de su administración, en el sentido de que la seguridad en la sierra sería la prioridad de su gobierno.
El documento leído dice que la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo ha preservado el orden y la paz en 63 de 64 comunidades, así como en 209 de los 216 anexos y la cabecera municipal de Tlacotepec, “donde hemos erradicado el robo, la extorsión, el abigeato y la violencia en general”.
Destaca que desde que se creó esa policía “no ha existido un solo secuestro, ni un solo asesinato en nuestra geografía”.
Sin embargo se dicen “preocupados por la injerencia de la delincuencia organizada en la nueva Policía Ciudadana de los pueblos de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, ya que nuestros transportistas y comerciantes han sufrido asaltos, robo de vehículos y mercancías, así como asesinatos y cobro de cuotas e intimidación a todos los maestros, doctores y pobladores que van a la capital a hacer sus diligencias”.
Frente a este problema el pronunciamiento plantea que está abierta a la coordinación y cooperación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Pedimos a la Policía Ciudadana de los pueblos de Eduardo Neri y Leonardo Bravo el libre tránsito y que paren las cuotas a transportistas y comerciantes, así como robos y asesinatos a pobladores de General Heliodoro Castillo”.
Ofrece, asimismo, su disposición a coordinarse con la nueva Policía Ciudadana que recientemente se creó en Filo de Caballos y se presentó el miércoles en Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, “siempre y cuando se deslinden de la delincuencia organizada”.
Informa que “a petición de los desplazados de Corralitos”, la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo brindará el apoyo a los vecinos para reinstalarlos en su comunidad, “y brindaremos seguridad en su comunidad para recobrar la paz y la armonía”.
Después advierte: “La Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo en coordinación con la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón coordinaremos una incursión armada en el corredor Xochipala-Filo de Caballos si continúan los robos, extorsiones y asesinatos de nuestros pobladores.
El documento termina con la exigencia a las autoridades de gobierno a que “garanticen el libre tránsito a las empresas que dotan de alimentos y medicina a las 64 comunidades, 126 anexos y a la cabecera municipal de nuestro municipio”.
Los pobladores de Tlacotepec denunciaron que desde hace dos meses el servicio de transporte, los camiones distribuidores de productos básicos y los que transportan gasolina y gas doméstico a los pueblos del municipio de Heliodoro Castillo suspendieron evitan la ruta Chilpancingo-Xochipala-Filo de Caballos-Tlacotepec por temor a la violencia e inseguridad en el corredor Xochipala-Filo de Caballos.
Denunciaron que en ese tramo son asaltados, robados, asesinados o tienen que pagar cuota a un grupo delictivo.
Dijeron que desde hace dos meses todos los camiones distribuidores de servicios, los médicos y maestros que trabajan en las comunidades de Heliodoro Castillo tienen que dar vuelta por Iguala y entrar por Apaxtla de Castrejón, y por esa ruta se hacen de 6 a 7 horas, mientras que por Filo de Caballos el tiempo es de 2 a 2 horas y media, lo que repercute en el encarecimiento de los productos de la canasta básica.
Humberto Moreno Catalán advirtió que frente a este problema, “podrán vernos muertos, pero nunca rendidos o humillados” y demandó al gobernador que voltee sus ojos a Heliodoro Castillo “y a la pinche masacre que le están dando con la privación de los alimentos, de sus doctores, de sus maestros. Ya estamos hasta la madre de tanta vejación que han hecho con nuestro municipio”.
Recalcó que los pobladores ya no pueden seguir aguantando más, “hemos soportado hasta este momento y hemos pedido a nuestra gente que se abstenga de tomar las armas e ir a pelear, pero en ti Héctor Antonio Astudillo está la solución”, dijo en su mensaje dirigido al gobernador.
Le pidió que no mande gobierno (soldados) a Tlacotepec, “porque aquí estamos en paz, aquí nomás vienen a amedrentar a la gente, ponlos en el corredor de Xochipala a Filo de Caballos para que liberen el acceso a nuestro municipio, voltea tus ojos, ya no podemos soportar más”.
Mencionó que en una reunión en Casa Guerrero cuando comenzaba su gobierno le preguntó al gobernador cuál era su prioridad en Heliodoro Castillo, y él le dijo que la seguridad y el bienestar de su gente, “y hoy no te exijo, te pido, te suplico respuestas para esta gente”.
Insistió que no les mande al Ejército, “¿a qué los vas a mandar, a cortar amapola?, cabrón ya no hay porque siembras amapola y nacen guachos (soldados), ¿a qué vas a mandar a tu gobierno?, aquí estamos en paz, ¿dónde has sabido que en Tlacotepec se están matando?, aquí vivimos tranquilos”, aseguró.
Le pidió que en todo caso vaya a dar soluciones donde hay problemas, “porque de aquí para delante ya no respondo, si se tiene que hacer algo se va a hacer, por mi gente hasta la muerte. Tú como gobernador y primera autoridad del estado haznos llegar esta paz y la tranquilidad que tanto anhelamos y tanto necesitamos”.
Aclaró que no tiene ningún problema con las autoridades, ni antecedentes penales, “a menos que me los quieras sembrar, pero no hay problema aquí estoy presente con toda mi gente que respalda y lucha por la seguridad de su municipio”.
Reclamó que el gobierno ha dicho que tiene cubierta la seguridad en toda la sierra, en donde está el gobierno federal, “¿pero entonces qué está pasando con Polixtepec, qué está pasando con Corralitos?”.
Enseguida familias desplazadas de Corralitos refugiadas en Tlacotepec denunciaron que el 9 de junio durante el enfrentamiento, fueron integrantes del grupo delictivo de Filo de Caballos quienes sacaron de su casa y mataron al comisario municipal Antonio Cruz Maldonado.
Sin embargo las familias no supieron explicar qué fue realmente lo que pasó ni cómo comenzaron y se desarrollaron los hechos de violencia.
Desde septiembre del año pasado cuando comenzó la violencia en los pueblos de Polixtepec, Izotepec y Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, y a partir del 9 de junio pasado en Corralitos y Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, así como en Las Palmas y Xochipala, municipio de Eduardo Neri, los pobladores cercanos a Filo de Caballos acusan a un grupo delictivo de Tlacotepec de atacar y amenazar a los pobladores de esa zona, mientras que los de las comunidades de Heliodoro Castillo denuncian al que dicen que opera en Filo de Caballos.
Ayer solamente se vio un filtro de revisión de unos 10 militares en Corralitos y una patrulla de la Policía Estatal con seis agentes en Casa Verde donde está el entronque de la carretera federal México-Acapulco y la carretera que va a Filo de Caballos. Desde este punto hasta Tlacotepec se pasa por los tres municipios pero no se vio más presencia de soldados ni policías estatales a 11 días de que detonó la violencia en este corredor, a pesar de que el problema está latente por las amenazas entre la recién creada policía ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri y ahora de la policía comunitaria de Heliodoro Castillo.

 

Reabren cinco causas penales por secuestro, homicidio y robo en contra de Nestora Salgado

 

La primera y cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), admitieron el mes pasado cinco de seis apelaciones que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el 2016 en contra de los autos de libertad “por falta de elementos para procesar”, que se emitieron a favor de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y actual candidata al Senado por Morena, Nestora Salgado García.
Las causa penales de las que había sido absuelta Salgado García, pero que se reabrieron con la admisión de las apelaciones son por secuestro, secuestro agravado, privación de la libertad personal, homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo específico.
Nestora había sido absuelta por juzgados federales y locales desde 2016, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) apeló y las salas del Tribunal de Justicia dieron trámite a la solicitud de apelación en abril pasado, de acuerdo con una tarjeta informativa de la que El Sur tiene copia.
En mayo de 2016 el entonces fiscal Javier Olea Peláez declaró que era su obligación apelar todos los asuntos legales, cuando fue acusado por Salgado García de que había apelado en contra de las seis sentencias de libertad para callarla y no volviera al país, manteniendo abiertas las causas penales en su contra.
El entonces funcionario argumentó que “por obligación jurídica y conforme a la Ley Orgánica y Reglamento Interno de la Fiscalía apelaría todos los asuntos, “salvo en los casos en los que fidedignamente se acredite la no responsabilidad del inculpado”.
La Fiscalía apeló el auto de libertad de la causa penal 59-I/2015 a cargo del juzgado del distrito de Allende por secuestro en agravio de Pedro Gil Apreza Salmerón y Katia Espinoza Bolaños. El Ministerio Público apeló en contra del auto de libertad, dictado el 17 de marzo de 2016 a favor de Salgado García. En este caso que lleva la Cuarta Sala Penal en el TOCA VII-207/2017, la audiencia de vista será el 14 de junio a las 11:30 horas.
También apeló el auto de libertad de la causa penal 196/2013-I-A del distrito de Morelos por secuestro agravado y privación de la libertad personal en agravio de Abraham Ortega Sonora “y otros”. El Ministerio Público apeló en contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar del 6 de marzo de 2016 y del auto del 28 de diciembre de 2015, que se emitieron también a favor de los entonces procesados Abad Francisco Ambrosio, Ángel García García, Benito Morales Justo, Bernardino García Francisco, Eleuterio García Carmen y Florentino García Castro, policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla.
Con respecto a esta causa la Primera Sala Penal dictó un acuerdo con fecha 20 de abril en el que requirió al juez a efecto de notificar diversos autos a las partes y para que admita el recurso de apelación interpuesto por el agraviado “A.O.G.”.
Con fecha 27 de abril la misma sala resolvió improcedente admitir dicho recurso de apelación pero solamente en el caso del auto del 28 de diciembre de 2015, y quedó en trámite la apelación interpuesta en contra del auto del 6 de marzo del 2016.
La Fiscalía apeló por igual el auto de libertad de la causa penal 67/2014 que lleva el juzgado del distrito de Zaragoza por homicidio calificado y tentativa de homicidio, el primero en agravio Nemecio Guevara Barrera y Carmen Guevara Rodríguez, y el segundo en agravio de Eduardo Guevara Rodríguez.
El Ministerio Público apeló el auto de libertad por falta de elementos para procesar del 17 de marzo del 2016. La primera sala penal resolvió que la audiencia de vista será el 9 de julio a las 10:30 horas.
Además el Ministerio Público apeló el auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado el 7 de marzo de 2016 a favor de Salgado García. La causa penal es la 048/2014-II que lleva el juzgado del distrito de Morelos por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad, el primero en agravio de Eugenio Sánchez González y el segundo en agravio de Benito Rosendo Sánchez, Coviele Franco Reyes, Ricardo Ernesto Villavicencio Guerrero y Juan Antonio Franco. En este asunto la audiencia de vista será el 9 de julio a las 11 horas.
El Ministerio Público también apeló el auto de libertad de la causa penal 05/2014-I del juzgado del distrito de Morelos por secuestro agravado en agravio de Dulce Rubí Burgos Pérez, Pedro Gil Apreza Salmerón, Elizabeth Rubí Baltasar Sosa, Sofía Navarrete Baltasar, Yesenia Castillo Meza y Ramiro Santiago Martínez. El auto de libertad a favor de Nestora Salgado se dictó el 6 de marzo del 2016, y la audiencia de vista será el 9 de julio a las 11:30 horas en la primera sala penal.
El Ministerio Público también apeló el auto de libertad por la causa penal 050/2014-II por robo específico y privación ilegal de la libertad, el primero en agravio del Ayuntamiento de Olinalá y el segundo de Francisco Bello Pineda, Lorenzo Medardo Vázquez, Mauro Ponce Almazo, Eugenio Lara Salgado e Isaí García Lucero.
Con respecto a esta causa penal el auto de libertad se dictó el 17 de marzo de 2016, pero según la tarjera informativa aún no se ha admitido la apelación, “porque no se ha notificado a la inculpada del auto apelado”.
Las cinco de las seis causas penales de las que había sido absuelta “por falta de elementos para procesar”, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y ahora candidata al senado por Morena, y a quien el candidato del PRI, José Antonio Meade acusó de “secuestradora” en el segundo debate, fueron admitidas por la primera y segunda sala del TSJ a más de dos años de que fueron apeladas por el Ministerio Público.
Nestora Salgado García fue electa candidata a senadora por Guerrero por la vía uninominal y plurinominal por Morena el 18 de febrero, mientras que la primera y cuarta sala penal del TSJ emitieron sus acuerdos de admisión de las apelaciones en distintas fechas del mes de abril pasado.
Mientras tanto la tarjeta informativa tiene fecha del 23 de mayo, cuatro días después de que el candidato de la coalición Todos por México acusó a la candidata al Senado de secuestradora.

Absuelven a seis policías comunitarios que estuvieron tres años en prisión y dos en libertad bajo fianza

 

Seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso del municipio de Ayutla recibieron ayer su boleta de libertad con sentencia absolutoria en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa, luego de ser acusados del delito de secuestro, hace cinco años.
Los seis policías comunitarios: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo fueron encarcelados tres años, desde el 2013, por el supuesto delito de secuestro en agravio de 43 personas y dos años en libertad bajo fianza al reclasificarse el delito a privación ilegal de la libertad, tras obtener un amparo en diciembre de 2015, que hoy los dejó libres.
Los seis policías na savi que mostraron sus boletas de libertad con sentencia absolutoria dijeron que están felices porque se acaba el sufrimiento que les tocó vivir desde el 2013 cuando fueron detenidos mientras cuidaban a los reeducados de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Ángel García dijo “fue un sufrimiento y represión por parte del gobierno hacia la Policía Comunitaria, al considerarnos delincuentes cuando no los somos, eso nos deja manchada nuestra reputación y también del sistema comunitario, al que quieren desaparecer porque surge del pueblo y no pudieron, porque somos inocentes, ahora tenemos nuestra boleta de libertad en la mano”, dijo.
Mencionó que ahora no tienen ningún cargo en la CRAC-PC, pero siguen apoyándola.
Florentino García comentó que están contentos de ya no volver a venir a firmar cada mes porque tenían que viajar desde su pueblo por lo que exigirán la reparación del daño al no comprobarles nada, al no cometer ningún delito y el gobierno del estado los sometió a un desgaste físico y económico por sus visitas mensuales al juzgado de Tlapa y con un recorrido de seis horas desde sus comunidad.
Bernardino García agradeció a los abogados de Tlachinollan que representaron a los seis comunitarios, a los medios de comunicación que le dieron seguimiento a su caso y a todos los que los respaldaron, en el penal estuvieron los abogados Isidoro Vicario Aguilar y Rubén Darío Silva Morales, quienes realizaron las gestiones administrativas.
Por esta misma causa penal 196-2013 fueron absueltos también Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrera al no acreditarse las acusaciones y cuando se hicieron los careos con los supuestas víctimas éstas declararon no conocerlos, que no fueron ellos quienes los retuvieron ni que les pidieran dinero.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala que en momentos de campañas políticas en las cuales se desacredita y se descalifica el actuar de la Policía Comunitaria, se dictó sentencia absolutoria a seis integrantes de CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, detenidos en 2013 en un excesivo operativo en el que participaron elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial.
En lo que demostraron la criminalización de la que es objeto la CRAC-PC al aplicar sus sistemas normativos.
El juez Aurelio Gutiérrez Cruz absolvió a los seis policías comunitarios quienes durante cinco años llevaron un proceso lleno de acusaciones falsas y ahora están libres de toda responsabilidad penal al demostrar que no cometieron delito alguno.
Menciona que la sentencia reconoce los derechos de los pueblos y personas indígenas a la libre determinación, al autogobierno, a elegir a sus propias autoridades y aplicar sus propios sistemas normativos.
Y concluye que los sentenciados son personas indígenas e integrantes de la CRAC-PC bajo el amparo de la Constitución mexicana, la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que su actuar no fue ilegal sino que fueron actos de autoridades comunitarias.
Tlachinollan exige al Estado mexicano: El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal como lo hizo el Poder Judicial Federal en sus fallos de casos de otros policías comunitarios y que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.