El abogado asesinado no era un sicario, sino un “hombre intachable”, dice el alcalde de Tixtla

El presidente municipal de Tixtla, el perredista Hosseín Nabor Guillén reconoció que la descoordinación de los tres niveles de gobierno provocó que policías estatales asesinaran al dirigente de Morena, Eduardo Catarino Dircio, a quien calificó de “un hombe intachable”, en la operación del domingo que terminó con dos civiles muertos y dos agentes heridos.
Inicialmente en un boletín el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia declaró que los dos muertos eran “sicarios” que eran perseguidos por la Policía Estatal, pero después resultó que uno de los asesinados fue el abogado y líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio, Catarino Dircio.
Sin embargo ayer en un segundo boletín el mismo vocero rectificó. Dijo que una vez concluido el enfrentamiento entre civiles y policías, “se tuvo un saldo de dos personas civiles fallecidas, el abogado Catarino Dircio y un miembro de la delincuencia organizada, así como dos policías estatales lesionados de gravedad”.
Consultado sobre el caso este lunes en la presidencia municipal, el alcalde declaró que la Policía Estatal actuó “con hermetismo” y que negó información de la operación a las autoridades municipales.
Reprobó la información que proporcionó inicialmente Roberto Álvarez al calificar a Eduardo Catarino de “sicario”. Dijo que lo conoció como un hombre de conducta “intachable”.
Informó que a la hora del enfrentamiento en la cabecera municipal él se encontraba en Acapulco en una reunión, pero que desde allá le pidió al director de Seguridad Pública que se informara de lo que estaba pasando, “pero no le dieron ninguna información, es decir, hubo un hermetismo total de la Policía Estatal, no nos informaron de lo que estaba pasando ni a quién estaban siguiendo”.
Argumentó que en virtud de eso no tuvo participación la Policía Municipal, aunque le pidió al director de Seguridad Pública que estuviera cerca de donde estaban ocurriendo los acontecimientos.
Dijo que después supo que se trataba de una persecución de delincuentes que comenzó en Chilpancingo, a los que les marcaron el alto en la colonia Indeco pero que no se detuvieron y los persiguieron hasta Tixtla, pero nunca tuvo una información formal de la corporación estatal, “lo cual nos impidió que nosotros pudiéramos actuar, porque nos íbamos a meter en una trifulca bélica en la que no sabíamos quién se estaba peleando con quién”.
Informó que aproximadamente a la 1:45 de la tarde le informaron que a Eduardo Catarino le habían dado un balazo y que se estaba desangrando. Aseguró que fue la autoridad municipal la que habló a Protección Civil para que fuera a prestar el auxilio, pero como estaba acordonado el lugar tardó unos 20 minutos en pasar la ambulancia y cuando entró ya estaba muerto.
Agregó que la postura del gobierno municipal es de “repudio total a los actos de violencia que generen intranquilidad en el municipio”.
Criticó las versiones encontradas que está dando el gobierno sobre el caso, porque dijo que el mismo domingo anunció a través del vocero “de manera equivocada” que habían matado a dos sicarios, incluyendo al abogado, “cosa que todos los tixtlecos reprobamos porque el compañero Eduardo es una persona que tiene su lealtad, honradez y honorabilidad probada”.
Declaró que la víctima es del barrio El Santuario, que es vecino de su hermano y que fue su conocido desde niños “y ha tenido una conducta encomiable, por eso es que reprobamos una aseveración de esta naturaleza, es una aseveración sin un fundamento profundo. Siento que fue una aseveración demasiado superficial”.
Sin embargo dijo que se ha comunicado con el gobernador Héctor Astudillo Flores y que está preocupado porque se sepa la verdad, “me pidió que estuviéramos al pendiente y entiendo que no es culpa del gobernador lo que pasó”, dijo.
Agregó que mientras tanto hay contradicciones entre lo que informan la familia y el gobierno, porque a partir de ayer el gobierno del estado ha comenzado a señalar que quienes dispararon a Eduardo fueron los delincuentes que eran perseguidos, pero la familia del abogado asegura que fueron los policías.
Dijo que como autoridad municipal va a dar ante la instancia competente su versión, “todo a lo que tuvimos acceso, que fue muy poco lo vamos a aportar”.

No disparen, soy el casero, estoy con mi familia, suplicó Eduardo Catarino al policía que lo mató, dice su esposa

Antes de que recibiera el balazo que lo hirió y después le quitó la vida, el abogado y líder de Morena, Eduardo Catarino Dircio pidió piedad bocabajo tirado en el piso: “No disparen, soy el casero, estoy con mi familia”, pero un policía ignoró su súplica y ordenó, “¡Mátenlo al hijo de su puta madre!”.
La mañana de este lunes en conferencia de prensa afuera de su casa en Tixtla, la viuda de Catarino Dircio, Hilda Vázquez Cipriano contó que su esposo todavía tardó varios minutos vivo pidiendo ayuda, pero los policías no la dejaron acercarse para auxiliarlo, “si te acercas disparamos”, le advirtió uno.
Dijo que afuera, en la calle Insurgentes, militares y policías estatales impidieron el paso de una ambulancia para que los paramédicos lo atendieran.
Explicó que luego de que murió su esposo, uno de los policías le dijo que su suegra la llamaba en la planta baja de la casa, fue a ver qué quería y cuando regresó, vio cuando le estaban tomando fotografías a Eduardo ya con un arma larga en las piernas, ella intentó quitársela, pero la amenazaron.
Eduardo Catarino vivía en el número 61 de la transitada avenida Insurgentes, entrada principal de la cabecera municipal de Tixtla, y salida a la carretera hacia Chilpancingo.
La casa de Eduardo es de dos niveles, la planta baja está construida de tabique y concreto, la planta alta es de hojas de triplay y techo de lámina galvanizada. A 1:30 de la tarde del domingo entró a esta casa uno de los delincuentes que era perseguido por la Policía Estatal desde Chilpancingo.
Los sicarios quienes se dispersaron en varias casas vecinas entraron violentamente impactando la camioneta Ford Ranger azul en la que escapaban en el portón de la iglesia La Luz del Mundo, ubicada en la calle Alejandro Sánchez Castro, del patio de este terreno uno de ellos saltó una barda, atravesó un terreno baldío y luego brincó una malla para entrar a la casa de Eduardo. Hasta allí lo siguieron los policías, algunos entraron por la misma ruta del delincuente y otros derribaron su portón en la avenida Insurgentes con una patrulla.
A esa hora Eduardo Catarino cortaba la maleza de su patio en la parte posterior de su casa, su esposa Hilda Vázquez estaba en la planta alta donde viven, pues en la planta baja habita la mamá de Eduardo, una mujer de la tercera edad que se mueve en silla de ruedas.
Hilda contó que estaba con su hija de 11 años y un sobrino de 12, apenas habían terminado de almorzar. Su hija y su sobrino veían una película en la computadora en una habitación contigua y ella se colocó un gorro para ayudar a su esposo cuando oyó los primeros disparos y decidió quedarse en la cocina con su hija y su sobrino.
–Son cohetes–, trató de calmarla su sobrino.
–No, son balazos– respondió ella.
Narró que los primeros balazos se escucharon en la calle y mientras pasaban los minutos se oían cada vez más cercanos.
Hilda corrió con su hija y su sobrino a refugiarse a un cuarto ante el temor de ser heridos por las balas.
Dijo que al poco rato Eduardo subió al segundo piso donde estaban ella, su hija y su sobrino, y cuando los vio les dijo, “allí estense porque hay una balacera”. Después le dijo a su mujer, “acaba de entrar un hombre, se metió a la sala donde está mi mamá, es uno de los malos”, luego cerró la puerta del cuarto donde estaban para protegerlos.
Hilda observó la desesperación de Eduardo porque su madre estaba en la planta baja, dijo que cuando intentó bajar a verla le suplicó, “por favor no salgas”, pero el insistió que su madre estaba sola y temerosa, a pesar de que ella le volvió a suplicar que se metiera.
Manifestó que desde la habitación donde se encontraban oían los destrozos en la planta baja y la balacera que se intensificaba en la calle. Hilda, su hija y su sobrino rezaron, mientras después de unos minutos se dejaron de escuchar los balazos y ella se asomó en una ventana, desde allí vio que la casa vecina estaba llena de policías, estaban en el patio y apuntaban en todas direcciones.
Asustada jaló a su esposo hacia la habitación y se tiró al piso con su hija y su sobrino, encima se echaron un colchón, “pero mi mamá, mi mamá, Hilda”, le decía Eduardo, pero ella le insistió, “si, pero por favor, no salgas”. Entonces oyeron el tropel de los policías en el patio, luego en la planta baja de la casa.
Vázquez Cipriano aseguró que no sabe por dónde entraron los policías a su casa, si por el patio o por la puerta principal, sólo escuchó el alboroto y la irrupción violenta cuando los agentes se metieron al baño y destrozaron todo, después oyeron balazos adentro de la casa, y luego gritos, “allí está tírenle”.
Escuchó que los policías gritaban que saliera y supone que le hablaban al sicario que había entrado a su casa, al final, no supo cómo se escapó entre los policías y militares, “yo no sé cómo se les pudo escapar de sus narices”.
Vázquez Cipriano consideró que como a los policías se les escapó el delincuente tenían que justificar su trabajo, “tenían que matar a alguien para presentarlo como el maloso”.
Hilda oyó que un policía gritó, “allá está una puerta, allá va a estar escondido” y escuchó los pasos de los policías que subían a la planta alta hacia donde estaban por las escaleras de metal gritando, “abran, abran esa puerta hijos de su puta madre”. Vio que Eduardo iba a abrir la puerta, aunque ella le pidió que no lo hiciera, pero los policías seguían gritando, “abran si no vamos a balacearla”.
Eduardo le dijo a su esposa que abriría porque si no matarían a toda su familia, Hilda vio cómo se tiró al piso para salir del cuarto donde estaban y abrió la puerta de la sala contigua, mientras anunció a los policías, “yo soy el casero, por favor, está aquí mi familia. Voy abrir la puerta, pero soy el casero”.
Catarino Dircio se enderezó para abrir la puerta, pero luego se volvió a tirar al piso bocabajo para que no le dispararan, pero los policías entraron gritando, “¡mátenlo al hijo de su puta madre!”.
Hilda vio todo desde las rendijas de la habitación donde estaba, dijo que subieron muchos policías y que los tres primeros no le dispararon, incluso dijeron, “él es el casero, no disparen”. Sin embargo, atrás subían más agentes gritando, “denle al hijo de su puta madre”, entre éstos iba el policía que le disparó, “fue un despiadado, un desgraciado”, acusó con rabia la mujer.
En la pequeña sala, su marido seguía implorando bocabajo, pidiendo piedad, “aquí está mi familia, yo soy el casero”, “pero el maldito policía lo mató a sangre fría. Yo lo vi, cómo le disparó cuando él estaba pidiendo piedad, tirado bocabajo, le disparó cruelmente ese maldito”, narró Vázquez Cipriano.
Contó que el dirigente municipal de Morena estaba vivo y ella se hincó mirando desde la puerta de la habitación contigua suplicándoles, “yo soy la esposa, acaban de matar a un hombre inocente”, cuando la vieron, los policías entraron a la otra habitación apuntándole con sus armas, revisaron todo, abrieron un ropero, mientras uno gritaba, “vamos a darles a estos hijos de su puta madre”, otro policía, vio el colchón y les ordenó, “levanten ese colchón allí está el hijo de la chingada”, pero era la hija y el sobrino de Hilda, la hija de Eduardo suplicó, “somos unos niños, no nos maten por piedad”.
Hilda Vázquez comentó que cuando los policías dejaron a los niños, todavía hincada les pidió que le permitieran ver a su esposo quien pedía ayuda, “movía la mano, pidiendo ayuda, pero los policías no me dejaron, nos apuntaron y nos dijeron, ‘no se muevan de aquí porque les vamos a disparar’”.
Manifestó que pidió varias veces que llamaran una ambulancia para que Eduardo fuera trasladado a un hospital, pero los policías la ignoraron, “sólo bajaban a la planta baja y volvían a subir para revisar todo”.
Detalló que vía telefónica pidió a sus hermanos y cuñados que mandaran una ambulancia, la cual llegó minutos después, pero los policías y militares tenían un cerco en la calle Insurgentes y no le permitieron pasar, sólo dieron paso a trabajadores de Protección Civil quienes no llevaban nada para auxiliarlo.
Hilda reconoció a Félix, un vecino, quien acompañó a los trabajadores de Protección Civil, sintió alivio y valor, y salió corriendo de la habitación para abrazar a su esposo quien ya había muerto.
“Murió sin que yo pudiera si quiera ir a tocarle la mano. Murió tirado cerca de la puerta bocabajo. ¡Malditos policías!, me lo mataron en un ratito”, reprochó con coraje.
Manifestó que un policía que subió de la planta baja le preguntó, “¿qué es para usted la señora que está allá abajo?”, es mi suegra respondió, y el agente le ordenó que fuera a verla porque le estaba llamando, ella no quería bajar porque dejaría solos a su hija y a su sobrino quienes lloraban, pero el policía le insistió, “baje, yo los voy a ver”.
Contó que bajó sólo para avisarle a su suegra que habían matado a su hijo y cuando regresó, los policías ya habían puesto un arma larga encima de las piernas de Eduardo y otro le tomaba fotografías, ella les reclamó por qué le pusieron el arma, “son unos cobardes, vinieron a matar a un hombre inocente a su casa”.
Hilda Vázquez les exigió que le quitaran el arma, pero le dijeron que nadie la había puesto, y otro de los agentes le dijo que tenían que mandar un reporte. La viuda agregó que cuando cubrió el cuerpo con una sábana intentó quitarle el rifle, pero un policía le apuntó y le ordenó, “no la mueva porque le voy a disparar”, y ella sólo lo cubrió.
Dijo que cuando los policías se bajaron, uno de ellos se quedó cuidando el cadáver, a quien le pidió que por piedad le quitara el arma porque cuando le dispararon no la tenía, pero se negó con el argumento de que él no la había puesto.
“Fue uno de ellos, yo lo vi con mis propios ojos”, acusó Hilda, indicó que cuando subieron los trabajadores de Protección Civil y su vecino Félix vieron que no tenía ninguna arma.
“Mi esposo estaba limpio, mi esposo es inocente, quiero justicia para que ya no se siga repitiendo esto. Ya no le hagan más daño a gente inocente. Ya no. Quiero justicia, por favor”, suplicó frente a los reporteros.
La viuda del abogado Eduardo Catarino Dircio consideró a quienes dicen que su esposo era un sicario unos sinvergüenzas e ignorantes, porque insistió que quieren culpar a gente inocente.
Exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores que haga bien su trabajo, “que ya no forme parte de esa delincuencia”, para que ya no haya gente inocente muerta y si no puede que renuncie.
Al inicio de la conferencia, Hilda Vázquez explicó que decidió hablar a pesar de las condiciones en las que se encuentra, porque ya no quiere que se cometan más injusticias, que ya no se haga daño a más gente inocente.
Exigió que se limpie el nombre de su esposo, quien fue señalado en un boletín de prensa de sicario por el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

Denuncia Morena el asesinato y la criminalización de su dirigente en Tixtla

El dirigente municipal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, fue asesinado por policías estatales en su casa frente a su familia este domingo, denunció el presidente estatal de este partido, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
Vía telefónica condenó la criminalización y revictimización por parte del gobierno a su compañero, a quien en el reporte oficial el vocero de Seguridad Pública, Roberto Álvarez Heredia, vinculó con enfrentamientos entre policías estatales y “delincuentes”, donde dos “sicarios” resultaron muertos y dos policías heridos, sin haberlos identificado.
Aseguró que la familia del activista político y testigos dieron cuenta de que a Catarino Dircio “lo mataron a mansalva en la puerta de su domicilio, que no se encontraba armado ni en actitud beligerante, simplemente fue una ejecución”.
Añadió que las balaceras en Tixtla se están convirtiendo en una costumbre, porque el gobierno las permite y solapa, cuando vincula todos los homicidios con la delincuencia. Recordó que desde hace varios años las autoridades, no sólo de Guerrero sino de todo el país, aplican la misma fórmula para no investigar ni deslindar responsabilidades, abonando a la impunidad y la repetición de los hechos.
En este sentido, indicó que el gobierno criminaliza a las víctimas y las revictimiza al manchar su nombre, y coloca a su familia en una situación de alta vulnerabilidad, con tal de solapar las actividades de los policías, señaló.
Demandó una investigación seria del homicidio del activista, que se castigue a quienes cometieron el crimen y advirtió que no permitirán que la autoridades “se salgan por la tangente, señalando a la víctima como sicario”.
Informó que Catalino Dircio era dirigente municipal de Morena, era abogado e integrante de la barra de abogados en Tixtla, y fue representante de partido en el Consejo Distrital durante el proceso electoral de ayuntamientos y diputados en 2015.

Hallan los cuerpos de dos hombres en fosas cerca de El Terrero, San Miguel Totolapan

 

 

Militares del 104 Batallón de Infantería establecido en la comunidad El Escondido, municipio de San Miguel Totolapan, hallaron dos cadáveres en fosas clandestinas cerca de la comunidad de El Terrero.
Agentes del Ministerio Público acudieron 8 horas después del reporte a la comunidad pero la gente no les permitió las diligencias, además de que no encontraron nada.
Personal de la operación Relámpago integrada por el Ejército y policías del estado llegaron El Terrero por un reporte anónimo, al amanecer este miércoles.
De acuerdo con la información recabada, los militares hallaron también enterrada, en un terreno baldío, una cubeta blanca que contenía dos granadas de gas lacrimógeno, 358 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros, un cargador para cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, cuatro bases para recargar radios, dos camisolas y un pantalón camuflado verde.
Los militares se coordinaron con la Policía Estatal para poner los hallazgos a disposición ante la autoridad competente, así como con los servicios periciales para el procesamiento de las fosas clandestinas.
El Terrero es una localidad cercana al municipio de Arcelia. La población es de aproximadamente 150 personas. Se ubica al otro lado del río Balsas contrario a San Miguel Totolapan, aproximadamente a 20 minutos de distancia y la forma más fácil de cruzar es en barco por el río llegando por la comunidad de Valle Luz, que es el pueblo con el que colindan.
En la cabecera municipal se creó el grupo de autodefensa Movimiento por la Paz para enfrentar al grupo delictivos de Los Tequileros, que se disputan el control de la zona con el grupo delincuencial de La Familia Michoacana y; el 10 de mayo pasado se enfrentaron a balazos en la comunidad de La Gavia, con un saldo de ocho muertos.
El 12 de mayo, fuerzas federales y estatales tomaron la cabecera municipal y desarmaron al Movimiento por la Paz.

 

No se desalojó a los policías de Zihuatanejo; se impidió que usaran armas, dice el vocero

 

Los policías de Zihuatanejo no fueron desalojados de sus instalaciones, la Policía Estatal les impidió tomar sus armas a los 31 que fueron detenidos la semana pasada y liberados posteriormente, porque siguen bajo investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), dijo el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario aclaró que la PGR investiga la legitimidad de las armas y las municiones que usan.
Los policías municipales de Zihuatanejo denunciaron el domingo que policías estatales los desalojaron de su cuartel en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal, quienes asumieron la seguridad de ese municipio desde el 16 de mayo, luego de que militares y policías estatales detuvieron a 51 municipales (el gobierno estatal dijo que fueron 60 y que nueve fueron liberados de inmediato, pero éstos afirmaron que nunca estuvieron detenidos) acusados de estar infiltrados por la delincuencia organizada.
“Toda la policía (de Zihuatanejo) está desarmada porque hay una investigación federal en curso. Se trata de una revisión minuciosa, administrativa y operativa”, dijo.
Informó que la investigación es del armamento y las municiones de los elementos municipales, “porque tiene que cuadrar el arma con las municiones que se autorizaron por la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la investigación es porque pudiera ser que un arma que utiliza algún policía es legal, pero con municiones que no se sabe de donde salieron. “O sea, hasta ese punto está llegando la investigación que se realiza”, informó el vocero.
Aclaró que aunque fueron liberados los 31 que habían sido detenidos el 16 de mayo, junto con los 20 que están a disposición de la PGR, siguen siendo investigados sus documentos y el armamento y balas que utilizan, al igual que el resto de los agentes que están en funciones.
“Toda la policía sigue sujeta a una investigación, porque hay que recordar que hay 20 elementos que están en el Cereso de Acapulco y se le pidió al juez de control la ampliación del término constitucional hasta 144 horas, para hacer el acopio de pruebas que puedan comprobar que hay una vinculación con la delincuencia organizada, por esa razón se sigue la investigación”, dijo Álvarez Heredia.
Insistió en que no se trató de un desalojo como lo denunciaron los policías municipales, “los policías estatales simplemente les pidieron que no tocaran las armas y que se hicieran un lado mientras se hacían las investigaciones”.
Informó el domingo que de un total de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que de 82 está en proceso su dictamen pero ha evadido responder por qué en algunos municipios los policías que ya se encuentran certificados no han recibido su armamento.
Cuando menos el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores y el perredista de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes han denunciado que a pesar de que los elementos de su corporación han pasado los exámenes de control de confianza no les han regresado sus armas que les quitaron desde 2014, tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

La detención de 31 policías fue un atropello porque se les vinculó al crimen, dice el director

El director municipal de Seguridad Pública y Vialidad de Zihuatanejo, David Nogueda Salmerón informó que más de 100 policías preventivos municipales serán reevaluados bajo los requerimientos de la licencia oficial colectiva 110 y de control de confianza, mientras tanto ningún agente estará en las instalaciones pues ahora la Secretaría de Seguridad Pública del estado mediante la Policía Estatal está a cargo de la seguridad en el municipio.
El domingo en la tarde los policías municipales que se encontraban de turno fueron desalojados de las instalaciones con el argumento de que la corporación estatal está a cargo de la seguridad en el municipio, y los preventivos se niegan a hacer patrullajes porque no tienen armamento.
Ayer luego de que terminó su reunión con los policías municipales que este día entraban a su turno laboral, Nogueda Salmerón habló con los reporteros a quienes manifestó que para los 31 policías que fueron detenidos y luego liberados por la Fiscalía General del Estado (FGE) fue “una ofensa, un atropello porque se les tachó de (que pertenecen al) crimen organizado y otras cosas, cuando nada de eso fue cierto”.
Dijo que tanto el gobierno federal como el estatal en el cruce de información, tienen todo sobre los policías municipales, “nos toman huellas incluso hasta de las partes más íntimas, y resulta que ahora no pertenecen a la corporación, afortunadamente ya acreditamos y no pasó nada con ellos”.
Consideró que las detenciones obedecieron más a cuestiones administrativas entre el gobierno federal y estatal, pues comentó que desde hace dos meses, “en una oficina del gobierno del estado” hay 15 credenciales que autorizan a policías municipales a portar armas, entre las que se encontraban las identificaciones de dos de los tres policías ejecutados el 25 de abril en Ixtapa, “después se viene el operativo del martes donde podemos apostar que se llevaron a otras personas en calidad de presentados a Acapulco, cuando también sabemos que están las credenciales de ellos en esa misma oficina dentro del paquete de las 15 credenciales”.
Del retiro de todos los policías municipales de sus propias instalaciones, Nogueda Salmerón mencionó que desde el 16 de mayo cuando llegaron los policías estatales y los militares que terminó en la detención de 51 agentes, “desde ese momento el resguardo de la ciudadanía, el resguardo de la corporación pasó a manos del estado, de ahí en adelante algunos compañeros vinieron aquí a hacer presencia, a ver cómo iba a estar la situación de ellos respecto a su estancia en la corporación y otros asuntos”.
Agregó que el gobierno municipal pedirá las reevaluaciones de quienes no las tienen para regularizarlos.
Aseguró que no se trata del despido de los policías y que seguirán recibiendo su salario, y aunque evadió responder directamente sobre quién dio la indicación de que los policías municipales se retiraran de sus propias instalaciones, dijo que fue la Secretaría de Seguridad Pública del estado, “no de forma definitiva o tajante decir ya no los queremos aquí”.
Agregó que mientras tanto junto a los trabajadores administrativos municipales “trabajaremos a marchas forzadas” para presionar y solicitar la regularización de los policías.
De los 20 que siguen detenidos en el penal de Acapulco, dijo se reúnen las pruebas a su favor para aportarlas a las autoridades antes de que se venza el término del plazo, “son personas que trabajan aquí, tienen algunos más de 10 años laborando aquí, no se entiende el por qué está pasando o sufriendo esta situación”.
Nogueda indicó que dependerá de los gobiernos federal y estatal el tiempo que tendrá que pasar para que la Policía Municipal preventiva regrese a sus instalaciones, “yo quisiera decir que al rato o mañana, pero desafortunadamente los tiempos están en sincronía con las dependencias que les acabo de mencionar, pero queremos apostar que pronto porque tienen que ver allá que aquí en Zihuatanejo es algo delicado, que se quiso confundir hasta a los medios, a la ciudadanía y finalmente los compañeros efectivos son ciudadanos y ahí está la respuesta”.

Detiene el Ejército a 62 policías de Zihuatanejo; se infiltró la delincuencia, dice el vocero

Policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante 9 horas la Dirección municipal de Seguridad Pública de Zihuatanejo, donde detuvieron a 62 policías municipales, corporación que según el vocero Roberto Álvarez Heredia está infiltrada por criminales.
Poco después de la una y media de la tarde Álvarez Heredia dijo que “derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de la Policía Municipal de Zihuatanejo, el gabinete de seguridad federal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó la determinación de efectuar el desarme de los elementos de dicha corporación”.
Dijo que “en una acción conjunta de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado, a partir de las 7 horas del día de hoy (ayer), se logró la detención de tres presuntos delincuentes que están siendo trasladados fuera del municipio para someterlos a proceso”.
“Dichos individuos desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal del municipio de Zihuatanejo de Azueta, y están vinculados con grupos delictivos”, afirmó.
Añadió que fueron detenidos también “otros 42 individuos que sin estar debidamente acreditados como elementos policiales fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza, portaban armamento de la licencia oficial colectiva número 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional” y que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades.
La Dirección de Seguridad Pública está en la avenida Bicentenario frente a los campos de fútbol de la unidad deportiva, y a un costado del penal de esta ciudad.
Poco antes de las 8 de la mañana, una hora antes de que concluyera el turno, más de 28 patrullas de la Policía Estatal y de militares se estacionaron a lo largo de la avenida. Sus ocupantes ingresaron a las instalaciones de la dependencia donde durante nueve horas tuvieron a los policías formados en la explanada, mientras que a los trabajadores administrativos los mantuvieron en sus áreas de trabajo vigilados.
Según la información que se dio en el transcurso de las horas, los policías estatales revisarían el armamento de los municipales, declaró a su llegada casi a las 9 de la mañana el director de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón, quien visiblemente desencajado dijo que se trataba de una revisión de rutina y que estaba ahí “para dar la cara”.
Sin embargo conforme pasaba el tiempo se observó que sacaron a tres policías municipales y a dos trabajadores administrativos y los subieron a las patrullas con dirección al centro de la ciudad, un rato después regresaron con ellos a las instalaciones.
Después entró el comandante de la Policía Ministerial de Zihuatanejo acompañado de dos agentes ministeriales y uno del Ministerio Público del fuero común, quienes llevaban documentos en las manos.
Poco después de las 11 de la mañana los policías estatales sacaron de uno por uno a tres uniformados, el primero fue el comandante Víctor Manuel, a quien durante la revisión que los militares y policías estatales hicieron al armamento de la corporación municipal el 10 de abril, le encontraron un fusil Galil y una pistola escuadra calibre 9 milímetros sin licencia. El segundo policía fue identificado como el comandante Martiniano S.R. y el tercero como Javier C.S., ex director municipal de Seguridad Pública de Petatlán, quien de acuerdo a las fuentes policiacas tenía dos semanas de haber llegado a esa corporación a ocupar el cargo de coordinador operativo.
A estos tres agentes los subieron en una patrulla y junto a ellos los policías estatales subieron una mochila en la que iban armas cortas y un radio portátil. La patrulla enfiló hacia la zona oriente de la ciudad y aunque se dijo que habían sido llevados a la subdelegación de la PGR, se conoció que de inmediato fueron trasladados al penal del puerto de Acapulco. No se conoció el motivo de la triple detención.
Poco a poco llegaron más policías municipales llevados por los estatales, algunos estaban resguardando instalaciones públicas y otros de descanso pero fueron llamados a presentarse de manera inmediata.

Nos tienen secuestrados, grita uno los municipales

Afuera se escuchaba cómo algunos policías preventivos decían que no tenían la culpa de no contar con la credencial que los incluye en la licencia colectiva 110 que les permite portar armas, pues no se las habían renovado, así como tampoco eran responsables de acreditar los exámenes de control de confianza, ya que los trabajadores administrativos y el director no llevan un registro de las fechas en que los policías deben de presentarse ante las dependencias porque no les quieren apoyar con viáticos pese a que es dinero que envía el gobierno federal para tal fin.
Un policía preventivo que se identificó como Marco Antonio Pérez Peralta subió a una de las torres de vigilancia que dan a la avenida Bicentenario en donde estaban los reporteros, gritó que los agentes estatales y soldados “nos tienen secuestrados” y que no les permitían comer, tomar agua ni ir al baño”, y que tampoco sabían a qué hora los dejarían salir, “no nos están golpeando pero se ponen agresivos, revisan hasta las bolsas, eso va contra la ley”.
Después de las 2 de la tarde llegaron unos 200 militares más, así como dos camionetas con marinos del Sector Naval a apoyar el traslado de, primero de 17 policías y posteriormente de 42, entre estos tres hombres vestidos de civil, según los mismos policías preventivos que no fueron detenidos.
Además de llevarse el armamento de la corporación municipal, los policías estatales sacaron en una cubeta de plástico varios radios de comunicación portátiles.
Poco antes de las 2 de la tarde llegaron esposas, madres e hijas y familiares de los policías a preguntar por los que tenían que regresar a sus casas el martes en la mañana, y se encontraron con la operación conjunta.
Cuando se dieron cuenta de la situación al ver el traslado de los primeros 17 uniformados, hombres y mujeres rompieron en llanto abierto y a gritos decían que sus familiares eran inocentes. Exigieron que el director también fuera detenido “porque él es el principal responsable de que no tengan sus credenciales de policías”.
Para cuando se dio el traslado de los 42 policías, varias de las esposas, madres e hijas se plantaron frente al portón con la intención de impedir que se los llevaran, pero fueron superadas en número y fuerza por los militares y policías estatales que a empujones las quitaron del camino para que pasaran las patrullas.
Los uniformados fueron llevados en un autobús a la unidad deportiva de la cabecera municipal de Petatlán, donde los esperaban dos helicópteros de la Policía Federal. Una versión indicó que serían llevados a la PGR en Acapulco y otra que los llevarían a la PGR en la Ciudad de México.

Encaran familiares al director de Seguridad

Pocos minutos después de las 4 de la tarde todos los policías estatales y los soldados se retiraron, entonces los familiares de los uniformados detenidos entraron a las instalaciones en busca de director David Nogueda, a quien encararon y responsabilizaron de haber permitido que sus familiares fueran detenidos.
El funcionario les mostró un documento firmado por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, con fecha del 15 de mayo, dirigido al alcalde perredista Gustavo García Bello, en el que le informa entre otras cosas que se haría una revisión extraordinaria al armamento de la corporación.
Agregó que él se sorprendió por lo que sucedió y que estaba en desacuerdo en que se los hayan llevado, aunque sostuvo que le informaron que sólo iban como presentados y no de detenidos. Aseguró que mediante la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento y del grupo de abogados de la corporación, se trasladaría a Acapulco a ofrecer las pruebas de que sí son policías municipales.

Sus policías tomaron armamento tras el asesinato de sus compañeros, dice el alcalde

Para el presidente municipal perredista de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, la detención de los 62 policías preventivos municipales “no fue algo extraordinario”.
Afirmó que aunque no tenían permiso tomaron el armamento para buscar a los responsables materiales del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido en el módulo de vigilancia en la zona comercial de Ixtapa el 25 de abril, pero que ahí él no pudo hacer nada para impedirlo.
Ayer a las 8 de la noche García Bello ofreció una conferencia de prensa en la sala de Cabildo, para hablar de la detención de los policías hecha por policías estatales apoyados por militares y marinos. García Bello aseguró que fueron 48 policías los que se llevaron detenidos.
Dijo que ya había instruido al jefe jurídico del Ayuntamiento y a los abogados que emprendan la defensa legal de los policías, “todos son policías, por ahí creo que se decía que algunos habían sido detenidos sin acreditar ser elementos, pero todos son policías preventivos y ya estarán los abogados por ahí para ver su situación legal y llevar en este caso los documentos para aclarar su situación jurídica”.
De la versión del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero en el sentido de que tres de los detenidos son presuntos delincuentes, el alcalde respondió, “yo no desmiento a nadie, son órdenes de gobierno que debemos que respetar, en este caso la revisión del armamento le compete al gobierno federal a través de la Sedena y si hubiera alguno de los elementos involucrados en algún delito, eso es ya una cuestión que tiene que ver con el armamento, aquí no estamos desmintiendo a nadie, pero si hay alguna investigación en contra de alguno de los elementos que están ahorita detenidos pues la va a haber, ahí no podemos meter nosotros la mano, cada quien es responsable de sus hechos”.
Luego de que se fueron los policías estatales y los militares de las instalaciones de Seguridad Pública, el director David Nogueda Salmerón, informó que sólo se llevaron a 50 policías “en calidad de presentados, no de detenidos”.
Los policías estatales traían una lista de los agentes que no cuentan con una identificación como policía “cosa que es mentira”, dijo.

Marchan mujeres y niños en Tlapehuala; piden que salga el gobierno de la Tierra Caliente

Unas 60 personas, mujeres y niños, marcharon por la carretera federal en Tlapehuala y pidieron la salida del gobierno de la Tierra Caliente.
El grupo de manifestantes avanzó sobre la carretera federal desde la entrada de lado de Altamirano hasta el centro de Tlapehuala.
La marcha fue silenciosa pero además las mujeres que participaron se tapaban el rostro con las pancartas que llevaban en donde exigían un gobierno de justicia y no más abuso de autoridad.
El grupo llevaba pancartas pidiendo la liberación de 23 detenidos, pero no lograron explicar a detalle los nombres o el caso en el que hayan sido detenidos.
Las manifestantes pidieron que no fueran fotografiados y la mayoría avanzaba con temor pidiendo paz en la Tierra Caliente.
Estuvieron concentrados en el sitio de taxis de donde partieron previamente a la marcha y donde concluyeron.

La Policía Estatal y el Ejército no buscan a El Tequilero, se quejan

La Policía Estatal y el Ejército instalaron una base de operaciones en la comunidad de La Gavia municipio de San Miguel Totolapan, como medida de protección, para evitar otro enfrentamiento como el que ocurrió el miércoles pasado, pero no hay acciones de búsqueda de El Tequilero.
El Movimiento por la Paz manifestó su preocupación por la medida tomada por el grupo policiaco que se ubicó en San Miguel Totolapan, y señaló que pasa hacia aquella ruta con víveres y gasolina.
La medida permite que el grupo policiaco tome el control de la parte donde opera El Tequilero, en donde se estima que aún están viviendo cerca de 350 personas, luego de que una parte de la población salió tras el enfrentamiento.
De manera general en el municipio de San Miguel Totolapan no hay enfrentamientos, no hay choques con la población, los habitantes están realizando sus actividades en medio de la presencia policiaca y militar.
Sin embargo el Movimiento por la Paz, por medio de sus voceros, dijo que está al tanto de que policías y militares realicen una acción concreta de búsqueda y localización del grupo de El Tequilero.

Presentan denuncia por robo empresas dueñas de vehículos quemados en los bloqueos

Las empresas dueñas de vehículos que fueron quemados durante la jornada violenta del viernes y sábado en la Tierra Caliente comenzaron a acudir al Ministerio Público a presentar las denuncias correspondientes por el delito de robo.
En Coyuca de Catalán acudieron empresas que tuvieron daños en sus unidades de transporte en los tramos de Ajuchitlán y Tlapehuala.
Se espera que el resto de las denuncias sean presentadas en Arcelia por los casos ocurridos en San Miguel Totolapan en Poliutla y en Arcelia.
Se estima que son aproximadamente 28 camiones y camionetas quemados.
Las denuncias fueron presentadas por el delito de robo al señalar que las unidades se las quitaron a los choferes y que de ahí ya no supieron que pasó con ellas hasta que posteriormente las encontraron quemadas.

Comienza a reactivarse el transporte público en la región

Por otra parte el transporte público en Tierra Caliente comenzó a reactivarse en la mayoría de sus rutas principalmente por la carretera federal que va de Altamirano a Arcelia.
También se reactivó el servicio que va hacia Ajuchitlán aún cuando en la mayoría de las rutas del transporte público hacen falta unidades pues algunas se encuentran en reparación por quedar completamente destruidas.
Este lunes seis taxis del sitio de la comunidad de Tanganhuato, que fueron utilizadas para bloquear la carretera en Santa Bárbara, en Altamirano, fueron ingresadas en grupo a una tienda de cristales para cambiarles todos los que fueron destruidos por el grupo antimotines.
Aún cuando los transportistas han anunciado que presentarán denuncias en contra del gobierno por los daños ocasionados en los bloqueos a sus unidades hasta el momento no se conoce que hayan iniciado alguna carpeta de investigación.
En Altamirano, las empresas de autobuses que tienen corridas a Iguala, Chilpancingo y Acapulco, anunciaron que este martes reanudarán su servicio, después de cuatro días que permanecieron sin operar.
La empresa Costa Line anunció que su servicio será de manera parcial, que sus salidas aun no serían regulares del todo, pero que esperaban que poco a poco se fueran recuperando según un informe oficial.
De igual forma Estrella de Oro y Estrella Blanca anunciaron sus salidas desde este martes, luego de cuatro días en los que quedaron paralizadas pues dos de sus unidades fueron secuestradas y quemadas por grupos de la delincuencia.
La reactivación del servicio será para las corridas que van desde Altamirano a Iguala, Chilpancingo y Acapulco. En ese recorrido pasan por las terminales de Tlapehuala y Arcelia.
Sin embargo todavía no se activa el servicio a Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan. No se ha anunciado fecha para tal efecto.

Emboscó el FUSDEG a policías de la UPOEG en Mojoneras, Chilpancingo, dice Bruno Plácido

 

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio dijo que policías ciudadanos del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) emboscó a sus policías ciudadanos, que se encontraban en su base de Mojoneras, municipio de Chilpancingo.
Ayer en conferencia de prensa a las 3 de la tarde en un restaurante en Acapulco, Plácido Valerio declaró que luego del enfrentamiento convocará a reunión a las organizaciones porque va a reestructurar la estrategia de seguridad en las 17 comunidades de la Costa Chica, Xaltianguis, y parte del valle de El Ocotito.
Dijo que a las 4 de la madrugada llegaron grupos del FUSDEG y emboscaron a sus compañeros que estaban en la base de Mohonera, “hay un muerto y tres heridos, todo esto se da porque ellos no han respetado ningún acuerdo, vienen y tiran a cualquier persona que ven, y creo que a la Fiscalía (General del Estado, FGE) le corresponde informar”, declaró el coordinador de la UPOEG.
Agregó que también se enteró de que hay un policía ministerial muerto, “que ellos mismos (del FUSDEG) también mataron, y después levantaron al señor Seledonio, un materialista de Tierra Colorada, y es un grupo de personas que utilizan la membresía de Policía Comunitaria, pero son jóvenes que no tienen principios, ni respaldo”.
Se le recordó que el gobernador, Héctor Astudillo Flores había dicho en conferencia de prensa que eran dos muertos y tres heridos, a lo que Bruno Plácido respondió que, “es un muerto de parte de nosotros y tres heridos, es lo que tenemos nosotros. No puedo hablar por la Ministerial, porque ya le corresponde a la Fiscalía dar su información”.
Dijo que en las redes sociales, “se dice que hay un joven estudiante muerto, porque al pasar hay un asunto, son gente que están locos y tiran, pero no tienen porque tirar contra la población”.
Reprochó que, “no puedan poner orden, esperemos que con esto que está pasando, la población tome una decisión para expulsar a esta gente que anda armada, porque se supone que para garantizar la seguridad de la población, no se puede estar confrontando con la Policía Estatal, ni con nosotros, ni con nadie… Es un grupo que ahí está, y que se ha tolerado por parte del gobierno, pero no se ha podido resolver y ojalá que con este caso, que hay un muerto, se tenga que resolver definitivamente este conflicto”, puntualizó el coordinador .
Se le preguntó por qué se dan esos hechos con el FUSDEG, a lo que respondió, “nosotros, cuando ellos se replegaron, nosotros hemos respetado, pero si ustedes hacen un análisis, cuántas quejas hay en Tierra Colorada, y son gentes que por cualquier cosa luego actúan violento, matan, hay un desaparecido en Dos Caminos, que se desapareció en el río del puente que viene a Tecoanapa, de Omitlán”.
Abundó que ayer sábado, “le tiraron a cualquier persona, pararon a un materialista, paran a la judicial, no es el actuar de una policía normal, es una gente que no está dentro de lo normal, eso es preocupante, y vamos a reunirnos más tarde para ver que es algo de alto riesgo y buscar una nueva estrategia de acordonar la zona, y restablecer el orden”.