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“Necesito detenidos” de la emboscada en Tlacotepec, dice Olea Peláez a la Ministerial

Karina Contreras

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que inició la investigación del enfrentamiento en la sierra del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), para dar con los responsables de las muertes de tres policías estatales y de tres presuntos policías ciudadanos, ante lo que urgió a la Policía Ministerial: “necesito detenidos”.
En breves declaraciones tras la inauguración de la segunda asamblea plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en el hotel Princess, sobre el caso de Heliodoro Castillo el fiscal dijo que se iniciaron las investigaciones correspondientes y “está la Policía Ministerial buscando las líneas de investigación para dar con los responsables, mi instrucción es que se dé con los responsables”.
De si eran policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con los que se enfrentaron los policías estatales, respondió que no podía adelantar nada “por el sigilo de la carpeta de investigación en este caso, pero lo que sí puedo adelantarles es mi instrucción a la Policía Ministerial, en el sentido de que necesito detenidos”.
Se le preguntó qué información tenía del secretario de Obras de Chilapa, José Luis Jiménez Parra, quien, junto con su chofer y su escolta, fue privado de su libertad por civiles armados el martes alrededor de las 4 de la tarde, en la carretera Chilapa-Chilpancingo, cerca de la comunidad de Ojitos de Agua, municipio de Tixtla, y respondió que tenía información, pero “no voy a declarar nada porque los familiares hasta este momento no han presentado denuncia”.
Añadió que, sin embargo, la fiscalía “inició las investigaciones correspondientes”, y a pregunta de si se trataba de un secuestro, el fiscal respondió, “ahorita vamos a llamarle una desaparición, no hay una llamada para pedir un rescate y, como consecuencia, no puede haber un secuestro”.
Sobre la participación de la delincuencia organizada en los hechos, Olea Peláez dijo que instruyó a la Policía Ministerial para que se reuniera, “con un par de testigos para obtener los datos correspondientes, visuales, de testigos presenciales, es todo los que le puedo decir”.

Los policías estatales actuaron en legítima defensa porque los atacaron: Salazar Adame

El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dijo que los policías estatales actuaron en legítima defensa durante el enfrentamiento ocurrido en la sierra, y que se trató de un encuentro donde “grupos” los atacaron.
“Creo que los hechos son contrastables, a nosotros lo que nos importa es que la sociedad reconozca que el esfuerzo que hacen los cuerpos de seguridad es serio, responsable y que lo menos que podemos hacer en este caso es reconocer a estas familias que perdieron a sus policías, a estos elementos que nos hacen falta en el gobierno del estado”, agregó.
Los tres civiles muertos en un enfrentamiento con policías estatales en la sierra de Tlacotepec pertenecen a de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Dos fueron velados en la comunidad La Vuelta con uniformes de la organización y uno más fue trasladado a Chilapa, de donde es originario.
Se le preguntó al funcionario si se confirma que se trató de policías de la UPOEG, y contestó que el vocero de seguridad emitiría el comunicado donde se detallaría la información.
Se le preguntó sobre la queja de policías estatales de que no cuentan con el equipo necesario para brindar seguridad, y contestó que los acuerdos con los policías se cumplirán en varios meses, porque implican presupuesto, dignificación de lugares y compra de equipo. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo ).

Ejecutan a balazos a un hombre originario de Morelos en una fonda en Buenavista de Cuéllar

Hombres armados ejecutaron a balazos la madrugada de ayer a un hombre originario del estado de Morelos en una fonda ubicada junto a una gasolinería de la carretera de cuota Iguala-Cuernavaca, en el municipio de Buenavista de Cuéllar.
Alrededor de la una de la madrugada de ayer, al número de emergencias 066 fue reportada una balacera en una fonda de nombre Adriana, ubicada a unos 50 metros de una gasolinería en la carretera Iguala-Cuernavaca, cerca de la entrada a la cabecera municipal de Buenavista.
De acuerdo con fuentes policiacas, el reporte fue recibido por policías municipales de Buenavista, quienes solicitaron el apoyo del Ejército, porque no cuentan con armas y no hay policías federales.
Minutos después llegaron policías estatales, ministeriales y municipales, que confirmaron la muerte de un hombre, asesinado de varios balazos, y su cuerpo fue hallado adentro del negocio.
Su esposa identificó a la víctima como Juan Carlos de 50 años, vecino de la comunidad de Amecatlán, Morelos. Narró a las autoridades que cuando estaban en la fonda, al lugar llegó una camioneta doble cabina color dorada con cinco hombres a bordo, que chocaron contra el carro de la pareja, que estaba estacionado afuera del negocio.
Dijo que cuando su esposo salió a reclamarle a los hombres el golpe que le habían dado a su carro, éstos sacaron armas de fuego y le dispararon, por lo que corrió hacia adentro del negocio, adonde lo alcanzaron y finalmente lo mataron de varios balazos, frente a ella y otras personas que había en el lugar, a las que dejaron ilesos, y posteriormente los pistoleros huyeron.
Más tarde llegaron peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público, que hallaron en el lugar 13 casquillos percutidos calibre .9 milímetros y una bala útil calibre .223 para fusil AR-15.
Tras las diligencias, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala.

Denuncian policías estatales asignados a Acapulco que no les dan herramientas ni descanso ni viáticos

Policías del estado asignados a Acapulco denunciaron que el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, y el subsecretario Tomás Hernández Martínez no les dan día de descanso, no les dan herramientas de trabajo adecuadas ni les pagan sus viáticos.
En un comunicado los agentes quienes omiten sus nombres por temor a represalias, piden al gobernador Héctor Astudillo Flores que atienda de inmediato el problema.
“Cómo es posible que el disque general secretario Almazán y el subsecretario Tomás nos traigan como viles esclavos sin ningún minuto de descanso”, se quejan en el documento.
Piden al jefe policiaco respetar sus días de descanso para “poder desempeñar mejor nuestro servicio como policías”.
Reclaman que los policías del estado carecen de equipo y herramientas de trabajo como patrullas, y que para los recorridos de seguridad y vigilancia los agentes andan a pie.
También critican que el jefe policiaco no ha cubierto el aumento de los viáticos desde que se lo solicitaron, y aunque no se precisa la fecha, aseguran que asciende a unos 4 mil 500 pesos.
Manifiestan que tampoco les han otorgado el bono de riesgo ni uniformes de buena calidad, “son varios puntos que la Policía del Estado exige”.
Advierten que si en dos días no atienden sus peticionesdarán una conferencia de prensa para denunciar las anomalías en la corporación, y solicitarán la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
“Señor gobernador voltee a ver a la Policía Estatal y atienda nuestra inconformidad, no deje el dinero a este par de ambiciosos (Almazán y Hernández)”, se lee en el comunicado.

Detienen policías estatales a un joven con una pistola y cartuchos útiles en Chilpancingo

Agentes de la Policía del Estado detuvieron el miércoles a un joven que portaba un arma de fuego cerca de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), conocidas como Ciudad Universitaria (CU) sur, en Chilpancingo.
De acuerdo con un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el hecho ocurrió cuando los efectivos hacían un recorrido de seguridad en la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad.
Allí los agentes le pidieron a Héctor Manuel Pantaleón Mendoza, de 23 años, que se detuviera para una revisión, y cuando lo revisaron le encontraron una pistola escuadra Colt MK IV/Series 70 Government, modelo 38 súper Auto Caliber y un cargador con ocho cartuchos útiles.
El detenido, quien es vecino de la colonia Tlachichilpa de Chilpancingo y originario del municipio de Buena Vista de Cuéllar, fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Logran escapar un mecánico y un comerciante plagiados de un rancho en el libramiento a Tixtla

Un mecánico y un comerciante de autopartes que se encontraban privados de su libertad lograron escapar de sus captores que los mantenían en un rancho ubicado en el nuevo libramiento a Tixtla.
De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública, tras la denuncia de los dos hombres secuestrados, en el rancho lograron decomisar tres armas largas, una pistola escuadra, cartuchos útiles y una camioneta tipo CRV marca Honda que estaba reportada como robada.
A un puesto de revisión en los túneles del nuevo libramiento a Tixtla, montado por policías estatales, llegó un mecánico golpeado que dijo que el viernes fue secuestrado en Chilpancingo.
Se supo que la víctima dijo que el viernes fue privado de su libertad en su taller mecánico ubicado en Tierras Prietas, al norte de la ciudad, y que su esposa pagó 500 mil pesos por su libertad.
Asimismo, llegó al puesto de revisión una patrulla de la Policía Municipal de Tixtla que transportaba a un comerciante de autopartes lesionado, quien también dijo que fue secuestrado el lunes en Chilpancingo y que sus secuestradores exigían a su familia 3 millones de pesos para liberarlo.
Las dos víctimas fueron trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital de Chilpancingo.
Trascendió que el rancho se ubica a 2 kilómetros de la caseta de cobro del nuevo libramiento a Tixtla.
Agentes de la Unidad de Fuerzas Estatales realizaron un operativo por tierra y aire en el rancho para buscar a los secuestradores.
En el operativo decomisaron tres armas largas, una pistola escuadra, cartuchos útiles y una camioneta tipo CRV marca Honda, que fueron puestas a disposición de las autoridades.

Entran burócratas a edificios de gobierno de la capital sin gafete pese a que es obligatorio

Trabajadores del gobierno del estado retomaron sus laboren en las 15 secretarías que operan en Palacio de Gobierno, al igual que en las cinco secretarías que se ubican en distintos edificios gubernamentales de Chilpancingo.
El miércoles de la semana pasada fue colocado un letrero en la puerta principal del Palacio de Gobierno, en el que se advertía a los trabajadores que no se les permitiría el paso a su centro del trabajo si no portaban el gafete de identificación, que ya es obligatorio.
Durante la mañana de este lunes, los policías estatales encargados de custodiar la puerta principal no fueron estrictos en solicitar el gafete a los trabajadores, como lo hacían durante la semana pasada, de vacaciones, cuando no permitieron el acceso a los burócratas sin gafete.
Hoy, ingresaron al edificio sin mayor problema, y sin que los encargados de seguridad les solicitaran el gafete, algunos trabajadores lo mostraban mientras dejaban sus pertenencias en el escritorio antes de pasar por los arcos detectores de metales.
La semana pasada, sólo podían ingresar las personas que tuvieran una cita, después de que el área de seguridad recibía una llamada desde la dependencia en donde se reunirían para autorizar el ingreso; este lunes se permitió el ingreso a los usuarios que necesitaban hacer trámites.
En el recorrido en los siete edificios del Palacio de Gobierno, se pudo observar que ya estaban laborando todas las casillas de recepción de documentos de dependencias.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Deja cuatro muertos y cinco heridos un enfrentamiento entre civiles en Guayameo, Zirándaro

 

Al menos cuatro personas murieron y más de cinco resultaron heridas en Guayameo, municipio de Zirándaro, en un enfrentamiento entre civiles armados la tarde de este lunes.
Dos grupos antagónicos se enfrentaron en la población de Guyameo, sin que se conozcan las causas. Por lo menos cuatro personas perdieron la vida en el enfrentamiento, del que resultaron varios heridos.
Guyameo se ubica a 40 minutos de recorrido desde la cabecera municipal. Es la población más grande del municipio y la parte más urbanizada de la sierra, y aun cuando cuenta con varios servicios, está lejos de la atención de seguridad de los cuerpos policíacos.
Vecinos de la localidad enviaron reportes telefónicos de varios heridos en la localidad tras el enfrentamiento entre civiles armados. Más tarde se reportó que por lo menos cuatro personas estaban muertas. Los vecinos pidieron el apoyo del Ejército y la Policía Federal.
Cerca de las 6 de la tarde, se informó que irían hacia la comunidad el Ministerio Público, policías estatales y soldados del Ejército para investigar el caso. Desde Coyuca de Catalán tardarían casi dos horas para llegar al pueblo.
En esta misma zona, se reportó un enfrentamiento en octubre con policías federales, en los que perdió la vida una mujer policía, además de que se reportaron cuatro detenidos. En esta ocasión el enfrentamiento fue entre civiles.
Constantemente se han reportado grupos de la delincuencia que bajan de la sierra en la colindancia con Coahuayutla.

Presentan los policías estatales paristas 32 quejas ante la Codehum contra Almazán Cervantes

Luego de cumplir más de tres meses en plantón en el Palacio de Gobierno, los policías estatales que fueron dados de baja en julio, presentaron 32 quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en contra del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder y despido injustificado.
El 20 de julio 32 policías iniciaron un paro laboral en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), y desde el 22 de ese mes instalaron un campamento afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 4 mil pesos autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad, homologación de salarios, equipo y uniformes.
Asimismo, de acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 4 de agosto, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos informó que los 32 policías paristas fueron cesados.
Los policías estatales mantienen su plantón en la entrada del Palacio de
Gobierno, donde colocaron una lona negra para cubrirse del sol y la lluvia.
Un de los policías, quien se reservó su nombre, dijo que desde que inició la movilización para exigir su reinstalación han presentado 32 quejas ante la Coddehum en contra del general Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder, despido injustificado y pago de salarios.
Dijo que en los más de tres meses de lucha no han tenido apoyo de la comisión ni del gobierno estatal para buscar la manera de reinstalarlos.
Agregó que también presentaron demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que a la fecha no han tenido resolución para su problema laboral.
Señaló que al concluir su mandato Rogelio Ortega Martínez, “dejó en claro su postura, que no podía reinstalarnos porque no podía hacerlo”.
Dijo que han solicitado por medio de documentos una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para saber su situación laboral, “estamos en espera de que nos dé respuesta para atender nuestras peticiones”.
Señaló que gente cercana a Almazán Cervantes, “nos comentaron que él nos va reventar bien o mal, porque no quiere que estemos ahí en el plantón, el argumento es que ya le tocamos su orgullo”.
Los agentes estatales pidieron al gobernador Héctor Astudillo que intervenga en su situación laboral para que sean reinstalados en la corporación porque tienen más de tres meses sin empleo y sin recibir un salario.

A punto de estallar la violencia en Tetipac entre ciudadanos y policías estatales

* Enojo por acción de la hermana del alcalde

 * La directora del DIF municipal entró a un inmueble a sacar cemento para repatirlo a comisarios * Las campanas de la iglesia llamaron al plantón que se mantiene por la destitución del alcalde

 Claudio Viveros, corresponsal, Tetipac * En una acción, que los habitantes de esta población calificaron de provocación, la hermana del alcalde priísta, Serafín Ayala Ramos y directora del DIF municipal, fue sorprendida, por la población, ayer por la mañana, entregando toneladas de cemento a varios comisarios en el almacén de este municipio, hecho por el cual estuvo a punto de estallar la violencia.

Vecinos dieron a conocer que la funcionaria Savia Ayala Ramos, obligó  al velador que resguarda el inmueble para que le diera las llaves y comenzar así el reparto. Muy temprano se supo que sólo el comisario de la comunidad de El Ranchito logró salir con la carga del material, los demás tuvieron que bajar el cargamento de los vehículos por la presión de los ciudadanos, uno de ellos fue un camión que llegó de la comunidad de Chontalcoatlán, en donde vive el alcalde.

Cerca de las 10 de la mañana, las campanas de la iglesia de la Santa Cruz resonaron como llamado para concentrar a la población en el plantón que ciudadanos mantienen afuera del ayuntamiento en demanda de la destitución del alcalde Serafín Ayala Ramos. A esa misma hora varios lugareños, se habían trasladado hacia el almacén, unos 500 metros arriba, a la entrada del pueblo, para impedir que la directora del DIF, Savia Ayala Ramos, consumara la entrega de esos recursos a algunos comisarios, custodiada por cerca de 30 elementos de la policía estatal.

En menos de 20 minutos, la gente se arremolinó y bloqueó la salida de por lo menos seis patrullas que ahí se encontraban, entre ellas las portadoras de los números 240, 344, 544 y 231 de la policía del Estado. Además la 01 y 04 asignadas a policía preventiva local. Cuando la multitud encaró a Savia Ayala, quien en todo momento estuvo protegida por cuatro policías del Estado. En tanto que la funcionaria con sonrisa burlona y en franco reto los grababa con una videocámara, que en ningún momento soltó. Incluso cuando los regidores le reclamaron su proceder por no ser “autoridad” y más porque la población exige la salida del alcalde.

Los pobladores: mujeres, campesinos, jóvenes y ancianos, se mostraron sumamente irritados por los hechos, ya que en el fin de semana algunos comisarios de las 32 comunidades recibieron un oficio firmado por la hermana del aún presidente municipal para notificarles que pasaran a recoger una tonelada de cemento que destinarían a las personas que fueron beneficiadas dentro del programa vivienda rural, promovido por el dirigente cenecista, Nabor Ojeda Delgado.

Entre gritos de los habitantes de “fuera ratera, eres un pinche ratera, que se vaya, está provocando la violencia”, los cohetes estallaban al aire para seguir en el llamado de más gente. Ya los ánimos se habían caldeado, al igual que la discusión con un uniformado al mando de apellido Niño. También ofuscado por la reacción de la gente, en contra de la funcionaria.

De lo ocurrido, la regidora priísta María Lorena Rivera Bustos expresó que lo protagonizado por la hermana del primer edil de Tetipac, es “claramente una provocación” ya que el fin de semana con los diputados se acordó mantener el orden.

Al final la directora del DIF, Savia Ayala Ramos, fue invitada a retirarse pacíficamente. La custodiaron policías estatales de quienes la gente se preguntó qué es lo que hacían en Tetipac. Como resultado de las fricciones, en donde una mujer plantonista recibió un culatazo de un policía no identificado, a la funcionaria Savia Ayala le arrebataron la cámara de video que llevaba. Luego, los ciudadanos regresaron al plantón.