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Siguen soldados y policías estatales a cargo de la seguridad de Chilpancingo; cumplen cinco días

Policías estatales y soldados del Ejército continúan a cargo de la seguridad de la ciudad, que tienen desde el jueves que tomaran el cuartel de la Policía Municipal y desarmaron a los agentes municipales acusados de la desaparición de siete jóvenes.
Los uniformados siguen instalados en ese cuartel y hacen recorridos a pie en el Zócalo, en el monumento Unidos por Guerrero, en la alameda Granados Maldonado, en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y patrullajes en distintos puntos de la ciudad.
El miércoles, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para denunciar la desaparición de siete jóvenes a manos de policías municipales.
La noche de ese día los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados.
La Policía Federal, la Estatal y el Ejército tomaron las instalaciones de la Policía Municipal y desarmaron a los agentes municipales.
La vocería del Grupo de Coordinación Guerrero difundió un comunicado en el que dijo que participaron 150 agentes estatales, 20 patrullas de la corporación, 60 militares, 10 vehículos oficiales, 120 federales y 18 patrullas de la Policía Federal.
Después de ese día la Policía Estatal continúa a cargo de la seguridad de la capital, y el vocero Roberto Álvarez Heredia declaró que no hay fecha límite al respecto.

Claman por justicia en los sepelios de los dos detenidos por policías de Chilpancingo que aparecieron muertos

Exigen en funeral justicia para los dos detenidos por policías de la capital que aparecieron muertos

Llaman familiares de Jorge Arturo Vázquez y de Marco Catalán a exigir el cese de la violencia en Chilpancingo

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

“Exijo justicia para mi hijo y para todos los jóvenes que así como él murieron de esta manera”, gritó la impotente madre de uno de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo y hallado ejecutado, Jorge Arturo Vázquez Campos.
Familiares, amigos y vecinos de Jorge Arturo Vázquez, conocido como Mazo, acudieron a su sepelio en el panteón central de la ciudad, donde le dieron el último adiós y exigieron seguridad, así como el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones cometidas en los últimos días.
La capilla del panteón fue rebasada en su capacidad durante la misa de cuerpo presente que se celebró a las 11 de la mañana, la mayoría de los asistentes vestía de negro como dicta la formalidad del luto, aunque hubo quienes acudieron de blanco.
Al concluir la ceremonia el féretro fue cargado por familiares hasta la tumba mientras un mariachi entonaba Las Golondrinas, y el resto de los acompañantes caminaba detrás sumidos en silencios rotos por lamentos.
Previo al entierro la madre de Jorge Arturo expresó su sentir y dirigiéndose de manera dura a los presentes gritó: “¡malditos todos los que no hacemos nada por rescatar a los jóvenes!, ayer (el jueves) que me daban el pésame cada uno de los amigos de mi hijo les dije ‘cuídense, cuídense cada uno de ustedes’ porque en este mundo hay mucho peligro y no saben si hoy salen de su hogar como mi hijo salió el 30 de diciembre, y me dijo ‘madre, al rato regreso’, y cuántos jóvenes dicen lo mismo, ‘padre, al rato regreso’ y qué pasa, qué pasa, ¿dónde están esos jóvenes que han desaparecido?”.
“Yo me pregunto dónde están y qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho la sociedad para salvarlos, ¡salvemos a nuestros hijos!, no es justo que a gente sana con ganas de trabajar, con ganas de luchar por salir adelante, le arrebaten la vida, ¡no es justo!, exijo justicia para mi hijo y para todos los jóvenes que así como él murieron de esta manera, murieron tan cruelmente como yo les decía: no se vale”.
Al fondo del reclamo de la señora un mariachi cantaba, “Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca mi tumba y ahí solita la encontraras, llévale flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más…”.
El tío de Jorge Arturo Vázquez pidió a los chilpancinguenses que se unan para exigir el cese de la violencia en la capital, para que regrese “el orden que todavía a algunos nos tocó vivir”, luego preguntó, “¿Qué es lo que quiere Chilpancingo?”, y los presentes respondieron al unísono, “¡justicia!”.
Jorge Arturo Vázquez, dueño de la Zapata’s Barber Shop, desapareció la noche del sábado en la Feria de Navidad y Año Nuevo junto al chef Marco Catalán Cabrera, sus cuerpos fueron hallados la noche del miércoles en un basurero cerca de Tierras Prietas.
Según el alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, ambos fueron detenidos por policías municipales tras una riña y liberados luego de que una persona pagó la multa correspondiente.
Después de las denuncias de su desaparición y la de otros cinco jóvenes a manos de policías municipales, la Policía del Estado y el Ejército tomaron el control de la seguridad en la capital.
El Chore no sería capaz de hacerle daño a nadie

Marco Catalán, Chore, como lo apodaban sus amigos, también fue sepultado en el panteón central en la tarde, la escena de la mañana se repitió. Su madre y hermana hablaron de la pérdida del joven “de la manera más cruel”, pidieron a los asistentes que lo tengan en sus oraciones.
La consternación por el asesinato de Marco Catalán, quien vivía en Cuernavaca, Morelos, permanece insuperable para su familia que durante el entierro aseguró que el joven no sería capaz de hacerle daño a nadie.

Respalda el Ayuntamiento la toma del cuartel  de la Policía Municipal, informa

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El Cabildo de Chilpancingo respaldó las diligencias y acciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), el Ejército y la Policía Federal, que el jueves tomaron el cuartel de la Policía Preventiva municipal y el control de la seguridad pública del municipio.
El alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas afirmó que brindan todas las facilidades para el desahogo de las acciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la finalidad de esclarecer hechos.
En un boletín de prensa, se informó que es prioridad del Ayuntamiento de Chilpancingo salvaguardar la integridad de los ciudadanos, por lo que esta acción conjunta en materia de seguridad pública debe ser conforme a la ley, en estricto apego a los derechos humanos.
El boletín de prensa fue firmado por el alcalde Tejeda Vargas, y los síndicos Miguel Ángel Hernández Gómez y Cristina Morales Nicolás, así como por 12 regidores, Julio Cesar Morales Días, Yessenia García Salmerón, Jaime González González, Sara Pablo González, Omar Chavarría Obeso, Cynthia del Carmen Corona García, Mario Moreno Sotelo, Nancy Soraya Cruz García, Margarita Montaño Salinas, Érika Gonzales Amado, Patricia Reyes Mejía y Yoselina Casiano Platero.
Este jueves, las policías Federal y Estatal, y del Ejército tomaron las instalaciones de la Policía Municipal de Chilpancingo, en la colonia Alianza Popular al oriente de la capital, y desarmaron a los agentes municipales, señalados como responsables de la desaparición de siete jóvenes, dos de ellos asesinados la noche del miércoles en esta ciudad; tres más aparecieron golpeados y aún se desconoce el paradero de dos.
A las 4:34 de la tarde, el área de Comunicación del Ayuntamiento informó que, “Por motivos de fuerza mayor y en solidaridad a los hechos ocurridos en Chilpancingo se cancela el evento de jaripeo programado para este viernes. 5 de enero. Agradecemos su comprensión”.
El jaripeo estaba programado para las 6 de la tarde, y acudirían el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas e integrantes del Cabildo.

Investiga la Codehum casos de siete desaparecidos presuntamente por policías de Chilpancingo, dice

Inició la pesquisa con información publicada en medios, de no hacerlo incurrirían en una omisión, informa Ramón Navarrete

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que el organismo ya inició una investigación con información de medios de comunicación sobre la desaparición, presuntamente a manos de policías municipales, de siete personas, de lo contrario incurrirían en una omisión, dijo.
El ombudsman estatal agregó que todavía falta acercarse a los familiares de las víctimas para que interpongan su queja y recabar datos concretos, por lo que les llamó a acudir, aunque dijo que entiende que están siendo atendidos por el gobierno del estado para agilizar la localización.
En consulta telefónica, Navarrete Magdaleno manifestó que se abrió un expediente el jueves por este caso, y que se va a solicitar información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ver el trámite que le está dando desde el punto de vista de responsabilidad del Ministerio Público, y de ahí se tendrá que ir haciendo acopio de la información en el expediente.
Aclaró que la Codehum no investiga delitos, lo que corresponde al Ministerio Público, “nosotros haremos un análisis, ya que tengamos todo recaudado, de la responsabilidad que hayan tenido los servidores públicos, en este caso los policías, y responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales serán responsabilidad de la propia Fiscalía establecerlas”, dijo.
A pregunta expresa, aclaró también que “nosotros permitimos que (los familiares de los desaparecidos) continuaran en el proceso de protesta que tenían (el viernes), y a partir de ahí se va a hacer la localización; sin embargo, nos ayuda mucho que se publique esto para que los interesados acudan a la Comisión a presentar sus quejas”.
Abundó que aunque los familiares no acudieran a interponer su queja, la investigación se inicia por oficio, porque son facultades que tiene la Comisión para proceder.
Resaltó que la Codehum incurriría en una omisión e irresponsabilidad si, teniendo conocimiento del hecho, no inicia una investigación, de lo que da pauta la propia ley.
El ombudsman señaló que no ha identificado a los familiares, y por eso mismo los llamó para que se presenten a la Comisión para formalizar las quejas, y aportar todos los elementos que permitan entrar en el estudio a profundidad de cómo sucedieron los hechos.
Agregó que los sábados y los domingos hay guardias permanentes en la Codehum.
También expuso que “la prioridad es la integridad física de los hasta ahora desaparecidos, y por ello nosotros no queremos involucrarlos con carácter de urgente en nuestro expediente, si están aprovechando el tiempo para promover que aparezcan sanos sus familiares”.
Remarcó que en cuanto el organismo tenga completa la investigación, también publicará boletines para su localización, pero que sí es importante que los familiares mantengan el contacto con la autoridad ministerial.
Dijo que este viernes solicitaría a la Policía Preventiva un informe detallado sobre los hechos, como posibles responsables de la desaparición.
“Lo lamentamos profundamente, sobre todo cuando se trata de jóvenes… se truncan muchas esperanzas cuando muere un hombre joven, un hombre o una mujer, y eso es lo que duele a la sociedad”.
Manifestó que ello implica mayor responsabilidad para la Codehum de estar atenta al desarrollo de las actividades de los jóvenes, seguir impulsando los derechos humanos en torno a la legalidad, a la justicia, y enseñarles los valores para que tengan un pleno desarrollo de su juventud.

Comunicado

Más tarde, la Codehum emitió un comunicado para precisar que, tan pronto tuvo conocimiento de los hechos elaboró el acta circunstanciada 002/2018, y con ello dio inicio a la investigación del caso.
Además, informa que la Primera Visitaduría General requirió información al titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, en torno a la detención y posterior liberación de los dos jóvenes, luego encontrados asesinados.
Añade que el objeto de la investigación de la Codehum es determinar las responsabilidades administrativas en las que hayan podido incurrir los policías preventivos, y que la investigación de los delitos que posiblemente se hayan cometido es competencia de la FGE.
Finalmente, manifiesta su respaldo a las acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal, para garantizar la seguridad pública de los capitalinos, y “pugnando porque todas las acciones  sean con estricto respeto a los derechos humanos”. (Beatriz García / Chilpancingo).

Exigen en funeral justicia para los dos detenidos por policías de la capital que aparecieron muertos

“Exijo justicia para mi hijo y para todos los jóvenes que así como él murieron de esta manera”, gritó la impotente madre de uno de los jóvenes desaparecidos por policías de Chilpancingo y hallado ejecutado, Jorge Arturo Vázquez Campos.
Familiares, amigos y vecinos de Jorge Arturo Vázquez, conocido como Mazo, acudieron a su sepelio en el panteón central de la ciudad, donde le dieron el último adiós y exigieron seguridad, así como el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones cometidas en los últimos días.
La capilla del panteón fue rebasada en su capacidad durante la misa de cuerpo presente que se celebró a las 11 de la mañana, la mayoría de los asistentes vestía de negro como dicta la formalidad del luto, aunque hubo quienes acudieron de blanco.
Al concluir la ceremonia el féretro fue cargado por familiares hasta la tumba mientras un mariachi entonaba Las Golondrinas, y el resto de los acompañantes caminaba detrás sumidos en silencios rotos por lamentos.
Previo al entierro la madre de Jorge Arturo expresó su sentir y dirigiéndose de manera dura a los presentes gritó: “¡malditos todos los que no hacemos nada por rescatar a los jóvenes!, ayer (el jueves) que me daban el pésame cada uno de los amigos de mi hijo les dije ‘cuídense, cuídense cada uno de ustedes’ porque en este mundo hay mucho peligro y no saben si hoy salen de su hogar como mi hijo salió el 30 de diciembre, y me dijo ‘madre, al rato regreso’, y cuántos jóvenes dicen lo mismo, ‘padre, al rato regreso’ y qué pasa, qué pasa, ¿dónde están esos jóvenes que han desaparecido?”.
“Yo me pregunto dónde están y qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho la sociedad para salvarlos, ¡salvemos a nuestros hijos!, no es justo que a gente sana con ganas de trabajar, con ganas de luchar por salir adelante, le arrebaten la vida, ¡no es justo!, exijo justicia para mi hijo y para todos los jóvenes que así como él murieron de esta manera, murieron tan cruelmente como yo les decía: no se vale”.
Al fondo del reclamo de la señora un mariachi cantaba, “Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca mi tumba y ahí solita la encontraras, llévale flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más…”.
El tío de Jorge Arturo Vázquez pidió a los chilpancinguenses que se unan para exigir el cese de la violencia en la capital, para que regrese “el orden que todavía a algunos nos tocó vivir”, luego preguntó, “¿Qué es lo que quiere Chilpancingo?”, y los presentes respondieron al unísono, “¡justicia!”.
Jorge Arturo Vázquez, dueño de la Zapata’s Barber Shop, desapareció la noche del sábado en la Feria de Navidad y Año Nuevo junto al chef Marco Catalán Cabrera, sus cuerpos fueron hallados la noche del miércoles en un basurero cerca de Tierras Prietas.
Según el alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, ambos fueron detenidos por policías municipales tras una riña y liberados luego de que una persona pagó la multa correspondiente.
Después de las denuncias de su desaparición y la de otros cinco jóvenes a manos de policías municipales, la Policía del Estado y el Ejército tomaron el control de la seguridad en la capital.
El Chore no sería capaz de hacerle daño a nadie

Marco Catalán, Chore, como lo apodaban sus amigos, también fue sepultado en el panteón central en la tarde, la escena de la mañana se repitió. Su madre y hermana hablaron de la pérdida del joven “de la manera más cruel”, pidieron a los asistentes que lo tengan en sus oraciones.
La consternación por el asesinato de Marco Catalán, quien vivía en Cuernavaca, Morelos, permanece insuperable para su familia que durante el entierro aseguró que el joven no sería capaz de hacerle daño a nadie.

Paran otra vez policías de Chilpancingo para demandar un bono y apoyo para alimentación

Policías municipales de Chilpancingo pararon labores en el cuartel de la corporación para exigir al presidente municipal, Jesús Tejada Vargas y al gobierno federal el pago del bono del Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg) y apoyo de alimentación.
A las 7 de la noche unos 60 agentes municipales que se encontraban en turno se encuartelaron y suspendieron labores. Los uniformados suspendieron las operaciones de seguridad como recorridos de prevención del delito, sólo policías estatales y militares recorrieron la ciudad.
Un agente municipal quien se reservó su nombre comentó que desde el domingo las autoridades municipales les informaron que a las 3 de la tarde del lunes les pagarían el bono de Fortaseg y el apoyo de alimentación, pero no ocurrió.
Informó que se les adeuda el pago de 15 mil pesos del bono y 6 mil de apoyo alimenticio que se les entrega cada año en diciembre.
“Las autoridades se comprometieron a que nos iban a pagar este apoyo económico el domingo o el lunes pero no fue así, por eso decidimos suspender las labores y concentrarnos en el cuartel para que nos atiendan”, agregó.
A las 8 de la noche llegaron al cuartel de la Policía Municipal el secretario general del Ayuntamiento Joel Eugenio Flores y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, quienes atendieron a los inconformes.
Al lugar se impidió la entrada a los medios de comunicación cuando se llevaba a cabo la reunión.
Consultado por teléfono un policía municipal informó que entre los acuerdos fue la sustitución del enlace entre municipio y la federación para el pago del programa, Efraín Zúñiga Cortés, y en su lugar quedó Francisco Luján .
Zúñiga Cortés ha sido denunciado por los uniformados de desvío de recursos para el pago del programa de Fortaseg, bono de vivienda, alimenticio y becas, dinero que viene etiquetado por el gobierno federal.
Señaló que otro de los acuerdos es que hoy se les pagará. Después de la reunión reanudaron sus labores de seguridad en la ciudad.
El jueves agentes de la Policía Municipal pararon labores para exigir al presidente municipal de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, al gobierno federal y estatal el pago completo el bono, apoyo educativo, de vivienda, vales de despensas, aguinaldo, bono de riesgo y sexenal. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Toman Tránsito de la capital y bloquean calles para que destituyan al titular acusado de déspota

Trabajadores agremiados a la sección 14 del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad unas seis horas, y bloquearon afuera del edificio en el viejo libramiento, para exigir la destitución del titular de la dependencia, Pablo Antonio Astudillo Navarrete, a quien acusan de déspota y de amenazarlos.
A las 10 de la mañana los 40 agentes de Tránsito y trabajadores administrativos de esa dependencia agremiados al Sindicato Independiente, en compañía de trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos, tomaron las instalaciones de Tránsito, y bloquearon la calle.
El secretario general del sindicato, Domingo Salgado Martínez expuso que la protesta era contra la prepotencia, arrogancia y persecución laboral a los trabajadores por parte del subsecretario, pero además piden salarios justos y que se les dote de equipamiento.
“Lo que estamos pidiendo es que haya respeto laboral, que haya una estabilidad laboral, no la hay en este momento… así como está el agente Astudillo, que todos los agentes tengan doble plaza, que cobren en el estado y que cobren en el municipio”, sostuvo.
Dijo que es “muy doloroso” que cobre 6 mil pesos en el municipal y en el estatal la misma cantidad, y que ese es el caso de 20 agentes estatales que cobran en el municipio.
Abundó que ya que no les dotan de equipo y pidió que al menos les den doble plaza. Indicó que hace más de un año que no les dan botas, uniforme, ni patrullas.
El líder contó que llevan casi un mes de diálogo con Astudillo Navarrete, y lo único que les dice es que “no se la van a acabar los agente”, es decir que los amenaza y que el sindicato reprueba esa actitud.
Abundó que a tres agentes que están en Parquímetros, que son parte del sindicato y que tienen su nombramiento desde la administración de Mario Moreno Arcos, los quiere remover.
Dijo que ya se reunieron con el alcalde, quien les prometió que iba a haber cordialidad y trabajo con él, pero que eso no ha sido cierto.
Por otro lado, denunció que los trabajadores de Servicios Públicos que los acompañaban en la protesta, ganan 680 pesos a la semana, se acordó que se iban a reincorporar en la nómina de extraordinarios, de acuerdo con una minuta que se firmó en septiembre, con el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, y que sólo se reincorporó a 24 trabajadores, pero faltan 35.
Al no tener respuesta de ninguna autoridad, a la 1:15 de la tarde los trabajadores bloquearon la avenida Juárez esquina con calle Madero, donde colocaron pancartas en las que se leía, “Exigimos la destitución de Pablo Antonio Astudillo”, “Fuera Pablo Antonio Astudillo”, “No más nepotismo Pablo Astudillo fuera” y “No más prepotencia Pablo Antonio Astudillo”.
A las 3 de la tarde les informaron que el alcalde los recibiría en audiencia, lo cual aceptaron, aunque no desbloquearon entonces la avenida ni liberaron las instalaciones de la Subsecretaría, sino después de las 4 de la tarde.
Al término de la reunión, Salgado Martínez informó que acordaron dos espacios para ascender a agentes de Tránsito, a Jesús Valente Ramírez como subcoordinador operativo, y Jesús Agustín Maldonado a jefe operativo.

Tierra Caliente cumple tres años con policías municipales desarmados y disminuidos a la mitad

Desde el 4 de diciembre de 2014 en Tierra Caliente no hay policías municipales en los nueve ayuntamientos debido al desarme del que fueron objeto, que terminó por disminuir a más de la mitad a las corporaciones locales, que operan sin armas dando seguridad en los edificios públicos en medio de una estrategia fallida por parte del gobierno federal.
Este lunes se cumplen tres años sin que las corporaciones municipales tengan armas, tiempo en el cual el gobierno federal dijo que se haría responsable de la seguridad en la Tierra Caliente con el Ejército, elementos de la Policía Federal y Estatal pero finalmente fue abandonado este proyecto y solamente 100 policías estatales atienden a más de 250 mil habitantes en esta región.
La estrategia anunciada por el gobierno federal el 4 de diciembre de 2014 tenía que ver con desarmar a las corporaciones policiacas y ponerlas bajo investigación por posibles nexos con la delincuencia organizada y de esta forma disminuir de manera considerable la operación  de los grupos criminales a través de las policías locales.
El desarme se dio tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la que estuvo involucrada la policía municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula, en contubernio con el grupo de la delicuencia organizada Guerreros Unidos.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional se abocó a la tarea de acopio del armamento, de acuerdo con la licencia colectiva expedida por esta dependencia, para su revisión y evaluación.
El desarme fue también en municipios de la Tierra Caliente de Michoacán que desde 2016 ya cuentan con armas.
El operativo desarmó a 650 policías en nueve municipios de Tierra Caliente de Guerrero.

El fracaso del operativo

El desarme de las corporaciones municipales mostró su primer fracaso debido a la operatividad y el gasto que implicaba mantener a unos 300 efectivos de la Policía Federal en Tierra Caliente repartidos en los nueve municipios ocupando 10 hoteles con un gasto aproximado de 1 millón y medio de pesos mensuales.
El gobierno federal atribuyó que este desarme se debía a la infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales y que los elementos quedarían bajo investigación pero ninguno de los efectivos que se llevaron fue detenido como resultado de dicha investigación, por el contrario entraron un en un programa de adiestramiento y preparación, y la mayoría aprobó los exámenes de control y confianza.
Sólo la mitad de los elementos desarmados en el 2014 causaron baja en la primera semana debido a que eran adultos mayores, con problemas de salud como la obesidad, diabetes, la hipertensión arterial y problemas de la vista e incluso algunos discapacitados.
En la lista de los que aprobaron los exámenes de control y confianza y no hubo ninguna acción en su contra se encuentra la corporación de San Miguel Totolapan de los cuales por lo menos cinco fueron implicados tres meses después del desarme en dos homicidios por los cuales existe una carpeta de investigación abierta y órdenes de aprehensión en su contra, dos de ellos ya fueron detenidos.
Durante 2015 la Policía Federal acumuló en Tierra Caliente 18 denuncias penales por abuso de autoridad y allanamiento de morada, además de saqueos y robos.
El primer año del operativo fue exhibido públicamente por el ex alcalde Ambrosio Soto Duarte quien denunció la falta de seguridad en Tierra Caliente así como las denuncias en contra de la Policía Federal.

El relanzamiento del operativo Tierra Caliente

El 5 de diciembre de 2015 el gobierno federal junto con el gobierno del estado relanzaron el operativo Tierra Caliente un año después de que comenzó el desarme de policías pero ahora incluyendo efectivos de la Gendarmería para lo cual hicieron un acto público de impacto con más de 500 elementos en la plaza principal de Altamirano como respuesta a las denuncias de Ambrosio Soto Duarte.
Sin embargo a pesar de que el gobierno estatal y el federal mostraron su fuerza con la presencia de más elementos, dos meses después fue secuestrado el esposo de la síndica municipal Rosalba Rendón Andrade a dos cuadras del hotel donde se hospedaban los gendarmes.
Los recorridos de hasta 10 patrullas en convoy así como los 500 efectivos fueron disminuyendo hasta que en marzo se fueron todos.
Dos meses después Ambrosio Soto Duarte dijo en un acto público ante el gobernador Héctor Astudillo Flores que pedía el regreso de la presencia policiaca y la seguridad en Tierra Caliente, y Astudillo se comprometió a devolverla pues el municipio sólo contaba con 30 elementos de los cuales la mitad cuidaban al presidente municipal.
Antes de que llegara la respuesta del gobernador a la petición de enviar nuevamente fuerzas federales a esta zona, fue asesinado el presidente municipal Ambrosio Soto Duarte en julio del 2016 .
Durante dos meses regresaron policías federales y estatales de manera intermitente a la Tierra Caliente como parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde.
En diciembre del 2016 la Policía Federal envió un documento a todos los ayuntamientos de la región en el cual expresaba que concluía el operativo Tierra Caliente y que retiraba sus fuerzas sin expresar mayores motivos, toda vez que las policías municipales se mantenían desarmadas.
Actualmente sólo hay 100 policías estatales encargados de la seguridad de toda la región de Tierra Caliente desde enero de 2017 y solamente llegan refuerzos para los pagos correspondientes del programa Prospera además de un grupo especial del Ejército para San Miguel Totolapan.
Aunado al anterior los alcaldes de Arcelia, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y Cutzamala de Pinzón cuentan con medidas cautelares con patrullas asignadas para su seguridad pero que no participan en actividades de seguridad ciudadana.

Deja un civil muerto y dos policías heridos balacera cerca de Chilpancingo

Un civil muerto y dos policías heridos en  enfrentamiento a balazos en Buenavista
En la comunidad, a 30 minutos de la capital, luego de la balacera los agentes se decomisan armamento, equipo táctico y cuatro vehículos

Beatriz García

Chilpancingo

Este domingo por la tarde se suscitó una balacera en la comunidad Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, a 30 minutos de la capital, donde resultó un civil muerto y dos policías estatales heridos; además se decomisó armamento, equipo táctico y vehículos.
Los vecinos señalaron que en la localidad nunca habían vivido un hecho de violencia como este enfrentamiento, que provocó pánico entre la población, que buscó resguardarse en sus viviendas.
“Sentimos mucho miedo porque hubo muchos balazos, unos 20 minutos, yo había acabado de comer, mi gente estaba comiendo cuando empezaron los balazos. Nos metimos, nos tiramos debajo de las mesas, qué más hacíamos, estaba tupida la balacera”, relató un vecino.
Dijo que alcanzó a ver dos camionetas, una café y otra blanca, mientras sus hijos lloraban porque no cesaba el enfrentamiento armado.
En un comunicado, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que a las 3:55 de la tarde llegaron a la localidad civiles armados en varias camionetas y policías estatales, estos últimos acudieron a atender los reportes recibidos al número de emergencias 911.
“Se recibieron en el 911 diversos reportes de que un grupo de sujetos armados habían llegado a la citada comunidad, a bordo de cinco camionetas”, abundó.
Luego, policías del estado acudieron a verificar la situación en esa población, mientras que un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) despegó desde Chilpancingo, para brindar apoyo desde el aire.
El comunicado añade que se formó una Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, integrada por  la Policía del Estado, Policía Federal, Policía Ministerial y Ejército.
El vocero indicó que cuando la policía estatal llegó a Buenavista de la Salud, cerca de 4:30 de la tarde, los civiles armados los agredieron con armas de alto calibre, por lo que repelieron la agresión, registrándose un enfrentamiento.
En el enfrentamiento murió uno de los agresores, hubo dos policías estatales heridos y una patrulla recibió impactos de arma de fuego.
Los agresores al huir dejaron abandonados cuatro vehículos, entre ellos dos camionetas blindadas y en una de ellas había una granada de fragmentación.
Álvarez Heredia comunicó que se aseguró una camioneta Jeep Cherokee gris blindada, con número de serie 1J4GW58N42C259306, y placas HD-75905 de Guerrero; una camioneta Chevrolet Suburban color arena blindada, con número de serie ZGNSCZKCOFR131799, y placas MNW-4540.
Además un vehículo Ford Focus, con número de serie 1FAHP3E23CL351293, placas RH-66744 de Nuevo León, y con reporte de robo en el Registro Público Vehicular (Repuve). También una camioneta Toyota gris, placas XWK-9748.
Agregó que se aseguraron tres armas largas AR-15 calibre .223 milímetros, una granada de fragmentación, tres chalecos antibalas, cuatro chalecos tácticos, cargadores y cartuchos útiles.
Mientras que policías estatales mantienen vigilada esa y otras comunidades cercanas, para localizar al resto de los civiles armados que se dieron a la fuga.

Flota un cadáver decapitado en Puerto Marqués; balean dos vehículos, uno de un policía auxiliar
Según el reporte policiaco, los rescatistas no hallaron la cabeza del hombre. Al parecer tiene unos 10 días de haber sido asesinado, informaron peritos

Redacción

El cadáver de un hombre decapitado que flotó en la bahía de Puerto Marqués, y dos vehículos baleados, uno de ellos al parecer propiedad de un policía municipal auxiliar, fueron los hechos violentos este domingo.
En un primer caso, un hombre decapitado fue hallado flotando en la bahía de Puerto Marqués.
De acuerdo con el reporte policiaco, el hallazgo se reportó a las autoridades a las 2:35 de la tarde, frente al hotel Paso Real, cerca de la Tirolesa.
Prestadores de servicios turísticos reportaron a las autoridades el cadáver que flotaba en el mar, por lo que trabajadores de la Secretaría de Protección Civil estatal y de la Capitanía de Puerto lo rescataron y lo trasladaron al muelle de Puerto Marqués. No se localizó la cabeza.
Al parecer la víctima tiene 10 días de haber sido asesinada, informaron peritos. El Ministerio Público de Costa Azul abrió una carpeta de investigación por el crimen.
El cuerpo sólo vestía un short rojo con estampados de flores, y fue trasladado a las instalaciones del Semefo para sus estudios correspondientes.
Con esta víctima suman 75 en este mes y en el año van 855 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de la información publicada en El Sur.
En otro caso, en la madrugada, un automóvil Jetta fue incendiado frente al poblado de El Cayaco, en la zona suburbana.
El siniestro se reportó a las 5 de la madrugada en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a unos metros del crucero de El Cayaco, se indica en el reporte policiaco.
Los bomberos controlaron y sofocaron el fuego del automóvil, e informaron que no hubo víctimas, solamente daños.
Policías ministeriales dijeron que al parecer el automóvil fue incendiado intencionalmente y que a simple vista tenía disparos en la parte trasera.
Por otro lado, una camioneta, al parecer propiedad de un policía municipal auxiliar, fue baleada en el fraccionamiento Hornos Insurgentes.
El hecho violento se reportó a las 8 de la mañana en la calle Solidaridad, se indica en el reporte policiaco.
Los policías tras una llamada de emergencia encontraron una camioneta Nitro blanca baleada.
Una versión policiaca es que hombres armados le dispararon la vehículo y después huyeron con rumbo desconocido.
Otra versión fue que dos grupos de hombres armados se enfrentaron a balazos en la vialidad y en el fuego cruzado las balas alcanzaron a la camioneta estacionada.
Al parecer, el dueño de la camioneta es un policía municipal auxiliar; no se reportaron víctimas por el hecho violento.

Identifican a estudiante de Enfermería

Una estudiante de Enfermería fue identificada, tras ser hallada el pasado 15 de agosto en una fosa clandestina en la colonia Llano Largo.
La víctima se llamó Patricia, de 24 años, y era originaria del municipio de Tecoanapa, en la región de Costa Chica, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares.
El expediente del Ministerio Público señala que la víctima desapareció el 12 de junio de este año, y el 15 de agosto fue hallada asesinada en una fosa clandestina en la unidad habitacional Casas Homex, atrás de la plaza El Patio.
El documento oficial no precisa el año de escolaridad ni la escuela a la que acudía la víctima.
En breves declaraciones a reporteros afuera de la Fiscalía Regional, los familiares denunciaron que después de declarar en el Ministerio Público y presentar las pruebas de ADN, que correspondían a su pariente, no les podían entregar el cadáver porque estaba extraviado en las cámaras frigoríficas de Semefo.
Contaron que desde el sábado en la noche, los trabajadores del Semefo buscaron el cuerpo en las cámaras, pero hasta ayer a la 1:30 de la tarde lo localizaron.

Asesinan a un hombre en Teloloapan, a otro en Tlapa y a dos en Atoyac

Beatriz García/Carmen González Benicio/Francisco Magaña

Chilpancingo/Tlapa/Atoyac

Este domingo cuatro hombres fueron asesinados en el estado, uno en Teloloapan, otro en Tlapa y dos en Atoyac.
En Teloloapan un hombre de unos 60 años de edad fue hallado asesinado presuntamente a golpes cerca de la comunidad de Alpixafia, municipio de Teloloapan.
De acuerdo a un reporte policiaco, el hallazgo ocurrió a las 9:30 de la mañana en la carretera Teloloapan-Arcelia el hombre tenía un tatuaje en la espalda.
En Tlapa un hombre asesinado fue encontrado la mañana de este domingo cerca del río Jale de Tlapa.
Según las primeras versiones, el hombre tenía alrededor de 30 años de edad, vestía camisa azul, pantalón de mezclilla y botas amarillas.
Tenía la cabeza destrozada porque los responsables le dejaron caer una cubeta con cemento.
Fue hallado en la madrugada de este domingo en la colonia El Peligro, cercana al centro de la ciudad y al río Jale.
En Atoyac un hombre de 20 a 30 años de edad fue privado de la vida a balazos la mañana del domingo en la colonia Las Palmeras en la cabecera municipal, en la periferia del río Atoyac, en los antiguos terrenos de la Feria del Café.
El hombre estaba cubierto con cartones cerca del basurero junto al río.
Vestía  short negro, estaba descalzo y sin camisa, y junto al cuerpo fue hallada una cartulina verde en la que se le acusa de ser un ladrón.
Presentaba impactos de arma de fuego en la nuca y mejilla.
Luego del reporte del hallazgo a las 11 de la mañana, el cuerpo fue trasladado a la funeraria Sarabia para la necropsia de ley y su posible identificación.
En el mismo municipio de Atoyac, vecinos de la colonia Los Llanitos en la comunidad de El Ticuí, reportaron un joven de 20 años muerto después de haber sido herido de bala en el lugar.
El cuerpo fue hallado cerca del sistema de bombeo de la localidad.
Fue identificado como Osiel Alvarado.
El cuerpo fue reclamado por la madre del victimado y trasladado a la funeraria Sarabia para la  necropsia de ley.
Por otro lado en un boletín se informó que en Cuajinicuilapa policías estatales detuvieron a un hombre en posesión de arma de fuego y presunta cocaína.
Mientras que el sábado policías estatales de la Coordinación Operativa de la Región Costa Grande, detuvieron a tres hombres en posesión presuntamente de mariguana, un vehículo con reporte de robo y un radio portátil.

Un civil muerto y dos policías heridos en enfrentamiento a balazos en Buenavista

Este domingo por la tarde se suscitó una balacera en la comunidad Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, a 30 minutos de la capital, donde resultó un civil muerto y dos policías estatales heridos; además se decomisó armamento, equipo táctico y vehículos.
Los vecinos señalaron que en la localidad nunca habían vivido un hecho de violencia como este enfrentamiento, que provocó pánico entre la población, que buscó resguardarse en sus viviendas.
“Sentimos mucho miedo porque hubo muchos balazos, unos 20 minutos, yo había acabado de comer, mi gente estaba comiendo cuando empezaron los balazos. Nos metimos, nos tiramos debajo de las mesas, qué más hacíamos, estaba tupida la balacera”, relató un vecino.
Dijo que alcanzó a ver dos camionetas, una café y otra blanca, mientras sus hijos lloraban porque no cesaba el enfrentamiento armado.
En un comunicado, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que a las 3:55 de la tarde llegaron a la localidad civiles armados en varias camionetas y policías estatales, estos últimos acudieron a atender los reportes recibidos al número de emergencias 911.
“Se recibieron en el 911 diversos reportes de que un grupo de sujetos armados habían llegado a la citada comunidad, a bordo de cinco camionetas”, abundó.
Luego, policías del estado acudieron a verificar la situación en esa población, mientras que un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) despegó desde Chilpancingo, para brindar apoyo desde el aire.
El comunicado añade que se formó una Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, integrada por  la Policía del Estado, Policía Federal, Policía Ministerial y Ejército.
El vocero indicó que cuando la policía estatal llegó a Buenavista de la Salud, cerca de 4:30 de la tarde, los civiles armados los agredieron con armas de alto calibre, por lo que repelieron la agresión, registrándose un enfrentamiento.
En el enfrentamiento murió uno de los agresores, hubo dos policías estatales heridos y una patrulla recibió impactos de arma de fuego.
Los agresores al huir dejaron abandonados cuatro vehículos, entre ellos dos camionetas blindadas y en una de ellas había una granada de fragmentación.
Álvarez Heredia comunicó que se aseguró una camioneta Jeep Cherokee gris blindada, con número de serie 1J4GW58N42C259306, y placas HD-75905 de Guerrero; una camioneta Chevrolet Suburban color arena blindada, con número de serie ZGNSCZKCOFR131799, y placas MNW-4540.
Además un vehículo Ford Focus, con número de serie 1FAHP3E23CL351293, placas RH-66744 de Nuevo León, y con reporte de robo en el Registro Público Vehicular (Repuve). También una camioneta Toyota gris, placas XWK-9748.
Agregó que se aseguraron tres armas largas AR-15 calibre .223 milímetros, una granada de fragmentación, tres chalecos antibalas, cuatro chalecos tácticos, cargadores y cartuchos útiles.
Mientras que policías estatales mantienen vigilada esa y otras comunidades cercanas, para localizar al resto de los civiles armados que se dieron a la fuga.

Temen mineros de Media Luna en paro un desalojo ante el aumento de vigilancia de policías y militares

Trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de Torex Gold, de capital canadiense, denunciaron este martes que la presencia de marinos dentro de las instalaciones, y los constantes patrullajes del Ejército cerca del plantón, son preparativos para un desalojo de trabajadores de la empresa minera, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal.
El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Indalecio Pérez Morones advirtió que los trabajadores no van a caer en provocaciones, pero que si las fuerzas federales intentan desalojarlos van a oponer resistencia, y que llamarán a los pueblos a que defiendan el derecho de los trabajadores.
Declaró asimismo, que los desplegados en los que la empresa canadiense menciona prestaciones a los trabajadores y beneficios a los pueblos vecinos, es sólo una parte de una campaña que ha iniciado para legitimarse, pero que en los hechos no ha cumplido las acciones que menciona.
Ayer, a 12 días de iniciado el paro con el que los trabajadores exigen el cambio de su contrato laboral de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al SNTMMSRM, los paristas, con el respaldo de habitantes de las comunidades vecinas, permanecieron a la expectativa en dos plantones, uno que se encuentra en el acceso 3, a unos 5 kilómetros de Nuevo Basas, en la carretera Valerio Trujano-Nuevo Balsas, y otro al extremo sur del cerro donde la minera explota oro y plata, cerca de la comunidad de Mazapa, municipio de Eduardo Neri.
Los trabajadores comenzaron su movimiento laboral a las 2 de la tarde del 3 de noviembre y a partir del sábado y el domingo pasado, comenzaron a recibir el apoyo de habitantes de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, municipio de Cocula, así como de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, y de Colonia Valerio Trujano, de Tepecoacuilco.
Este martes, el ambiente se percibió tenso entre quienes participan en el primer plantón, ante el temor a un posible desalojo de las fuerzas federales, luego de que la tarde del lunes entraron a las instalaciones de la mina 70 o 80 policías de la Gendarmería, a bordo de seis patrullas y un autobús. Además, durante el transcurso de este martes se vio patrullar cerca del plantón a soldados del Ejército mexicano en dos camionetas Pick Up.
La presencia de la Marina y el Ejército se dio a la par de llamadas de la minera a trabajadores para que regresen a sus labores. En mensajes de texto les dicen que los patrullajes del Ejército y la presencia de la Marina son para “proteger a nuestra gente y a nuestras instalaciones”.
El delegado del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones, denunció que los representantes de la minera no han dado la cara directamente a los trabajadores en paro, “no ha querido presentarse a buscar una solución a la demanda de los trabajadores, que es un derecho legítimo”, pues sólo quieren decidir qué sindicato los va a representar.
Declaró que la inconformidad de los empleados se debe a que empresa y sindicato “coludidos”, han estado cometiendo una serie de atropellos y violado sus derechos laborales, así como también sus derechos humanos.

No cumple la empresa su obligación de dar seguridad laboral, se quejan

Dijo que una de las situaciones más grave es que la empresa no cumple su obligación de observar las normas más elementales de seguridad, y ejemplifico que los trabajadores están obligados a laborar dentro de la mina en condiciones inseguras, “la empresa no les da el equipo de protección personal que se requiere, aun cuando sabemos que la minería es un trabajo de alto riesgo”, acusó.
Aseguró que desde que comenzó sus trabajos de explotación la minera Media Luna, en enero de 2016, dos trabajadores han muerto por la falta de medidas de protección, cuando ocurrió la volcadura de un camión.
Denunció que los trabajadores no reciben equipos de seguridad en condiciones óptimas, y que los caminos no son adecuados para que transiten ese tipo de camiones, porque están en pésimas condiciones.
“La empresa está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, y nosotros como representante de los mineros, siempre hemos dicho que la seguridad no puede estar por debajo de la producción, tienen que ir de la mano, y para que la empresa tenga una producción segura, debe de tener un trabajador seguro, y es la empresa la que tiene que darle la seguridad”, explicó.

Discriminan a trabajadores locales, denuncian

Destacó que la minera incurre en discriminación porque tiene clasificados a los trabajadores en “trabajadores locales y trabajadores foráneos”, y que los foráneos ocupan los mejores puestos, y tienen los mejores salarios y las mejores prestaciones, “les dan alojamiento, comida, viáticos para su traslado, y a los trabajadores de las comunidades los hacen trabajar jornadas de hasta 12 horas en actividades que son las más pesadas con salarios que van de mil 500 a 2000 pesos semanales.
El martes, la minera Media Luna publicó un desplegado en la prensa en el que asegura que el 99 por ciento del personal es de origen mexicano, el 66 por ciento es guerrerense y el 52 por ciento es de las localidades cercanas a la minera, pero consultado al respecto, el dirigente sindical aseguró que esto “es falso” y que, al menos en cuanto a trabajadores sindicalizados, 50 por ciento son foráneos y 50 por ciento son locales.
En cuanto a los salarios y prestaciones a los que se refiere la empresa en el mismo desplegado, en el que destaca que cuenta con las mejores remuneraciones, Pérez Morones, declaró que pudiera ser, pero que estos beneficios son sólo para el 50 por ciento, de la gente foránea, que es el que ocupa los mejores cargos, y los mejores salarios y prestaciones, “lo cual consideramos que no es justo, porque el trabajo debería de ser preferentemente para la gente de las comunidades, que es de donde se están llevando esas empresas extranjeras la riqueza que existe aquí”.
Aseguró que en la región hay personal calificado para ocupar esos puestos, pero que la empresa simplemente no los contrata, tampoco capacita, como es su obligación, a los trabajadores locales ya contratados para que tengan oportunidad de ascender a mejores cargos.
Según el desplegado de la empresa, 450 millones de pesos fueron destinados a la adquisición de bienes y servicios en las comunidades vecinas, lo que desmintió el dirigente local, que dijo que esa es otra de las inconformidades, porque la empresa y la dirigencia de la CTM acapararon las concesiones del servicio de transporte y de maquinaria.
Dijo que también incumplió el compromiso de que sus directivos y empleados consuman los productos de las localidades, porque la empresa les construyó zonas habitacionales a los trabajadores foráneos, en donde tienen todos los servicios y productos, que traen de fuera de la región.
“Estamos ante una empresa extranjera que viene a México a invertir, y que debe de respetar las normas y las leyes de nuestro país, pero no lo hace. Mientras el gobierno se debería de encargar de que esta empresa respete las leyes, a los trabajadores y a los pueblos, pero que tampoco lo hace”, criticó.
Pérez Morones denunció que, frente a las justas demandas que están planteando los trabajadores, la empresa está contestando de otra manera. “Tal parece que le quiere apostar al enfrentamiento, tal parece que lo que quiere es un desalojo, y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que en este lugar vuelva a suceder lo del 20 de abril del 2006 en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo un intento de desalojo y perdieron la vida dos trabajadores, y más de 100 fueron heridos”, advirtió.
Advirtió que los trabajadores no quieren eso, “porque esa no es la forma de solucionar los problemas, pero si la empresa quiere apostarle a eso, nosotros también vamos a responder defendiéndonos. Estamos dentro del marco de la legalidad, estamos participando en este movimiento pacíficamente y la empresa nos quiere provocar”, denunció.
Pérez Morones aseguró que cuentan con el respaldo de los pueblos vecinos, porque la empresa tampoco les ha cumplido los compromisos, y que se han involucrado en el movimiento. Advirtió que, ante un posible desalojo recurrirían al apoyo de los pobladores para defender sus derechos.
Mientras tanto, entre los trabajadores que participan en el paro, se percibió el temor tanto por la presencia de la Gendarmería que llegó la tarde del sábado y permanece dentro de las instalaciones, como por los patrullajes constantes de los militares cerca de donde se encuentran en plantón, pero también a causa de las advertencias que la minera les ha enviado a través de mensajes.
Este martes, ninguno de los trabajadores que participan en el movimiento quiso declarar, salvo el dirigente del SNTMMSRM, “es lógico, los tienen amenazados”, dijo Pérez Morones cuando ninguno de los trabajadores respondió las preguntas del reportero.
El domingo y el lunes, les hicieron llegar un comunicado membretado de Torex Gold, en el que les advierte que el bloqueo es “ilegal” y que la empresa “está haciendo planes para llevar a cabo el reinicio eficaz de la planta, una vez que se levante el bloqueo”.
“El ejército está patrullando el área y la operación periódicamente”, dice el texto, y agrega que, “Le avisaremos cuando hayamos programado las reuniones en persona para los empleados en el sitio y tratar los asuntos de carácter laboral y los planes para regresar a trabajar”, y los conmina a regresar a su trabajo, “una vez que el cuerpo de seguridad esté en el sitio”.
A pesar de que la empresa ha insistido en que los trabajadores están bloqueando el acceso a la minera, el plantón no obstruye la entrada. Las carpas y lonas con las que se protegen del sol se encuentran a la orilla del acceso principal, y el paso de vehículos está libre; incluso, en el módulo de seguridad, después del plantón, hay policías estatales y policías auxiliares de empresas, que controlan el paso e impiden la entrada más allá del módulo.

Hay 20 millones del Fortamun para liquidar a 170 policías que no pasaron la certificación: Ilich

 

El síndico procurador de Gobernación, Ilich Lozano Herrera, informó que hay 20 millones de pesos de recursos del Fortamun para liquidar a otros 170 policías que no pasen la certificación, y en dos o tres meses se va a empezar a notificar.
Consultado por reporteros, Lozano Herrera declaró que el año pasado el Ayuntamiento no tuvo demandas masivas de policías, que hubo ocho amparos pero que no procedieron porque se hizo el procedimiento correspondiente de notificarlos para que presentaran pruebas.
Explicó que el alcalde Evodio Velázquez ha dicho que el Ayuntamiento tiene 900 policías certificados: “estamos en proceso de liquidación porque eso nos permite por un lado certificar a los agentes y quienes no estén aptos son dados de baja”.
Recordó que en febrero, con recursos del año pasado se liquidó a 171 policías “y esperamos que en dos o tres meses más, depende de la llegada de los recursos federales, tener el dinero para liquidar a otros 170 agentes, y el año que viene se contemple otro número similar, que liquidemos muchos más de 500 policías y nos permita hablar de una depuración muy seria”.
Al preguntarle si el municipio cuenta con recursos para liquidar a esos efectivos, respondió que “hay 20 millones de pesos de Fortamun, que es ramo federal, y que se van a destinar para esa área. Y para los 170 será suficiente”.
“Estamos en proceso, espero que en dos o tres meses se pueda notificar y el policía tendrá derecho a defenderse, presentar pruebas y desahogar todo el tramite jurídico”, declaró el síndico.
Explicó que de la certificación pasada se hizo en buenas circunstancias, “no hubo demandas masivas, sólo ocho amparos que no procedieron porque el Ayuntamiento hizo de manera adecuada la liquidación y estamos cuidando de que no ocurra de nuevo”.
Lozano Herrera dijo que el gobierno federal a través de Fortaseg hizo un ajuste en todo el país, porque trabaja por metas pero “hay muchos municipios como Tlapa que ya perdieron los recursos y hoy nosotros propusimos un programa de metas para acceder a ellos”.
Admitió que el año pasado el municipio tuvo una complicación en el ingreso de nuevos policías, por eso ahora están en capacitación constante y ya se contrató a 50 que se llaman “cadetes” y pasaron los exámenes de control y confianza.