Etiqueta: Policías

No se ha cumplido la meta del gobierno de tener una fuerza policial estatal y municipal de 15 mil efectivos

A casi dos años de que el gobierno del estado proyectó conformar una fuerza policial estatal y municipal de 15 mil elementos, para cumplir con los estándares internacionales, un diagnóstico del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), revela que las metas no se van cumpliendo.
En el último corte realizado en mayo pasado el Registro Nacional Policial de Seguridad Pública (RNPSP) fue de 3 mil 937 elementos de la policía estatal, en tanto que el RNPSP de la policía municipal fue de 4 mil 582.
El número de elementos de la Policía Estatal se mantuvo casi igual que al inicio de la administración estatal, mientras que la fuerza municipal disminuyó de 6 mil a 4 mil 582, a pesar del compromiso del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, de que a partir del 2016 aumentarían 3 mil elementos por año hasta alcanzar los 15 mil proyectados.
Además, de los 4 mil 582 policías municipales, mil 500 elementos aproximadamente hasta julio pasado carecían de la licencia colectiva, por eso no participan en los operativos. Este dato lo dio a conocer la secretaria ejecutiva del CESP, Nybia Solís Peralta en una entrevista el 28 de julio pasado.
El diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del CESP, con corte de información al 17 de mayo, establece que el estatus de evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, cuenta con una fuerza en el Registro Nacional Policial de Seguridad Pública (RNPSP) de 3 mil 937 policías, de los cuales fueron evaluados 3 mil 842 y aprobaron 3 mil 122, mientras que 611 no, y 109 estaban en proceso de dictaminación.
En cuanto a la fuerza municipal, en el último corte del 17 de mayo, el RNPSP era de 4 mil 582, de los cuales 4 mil 50 fueron evaluados, 2 mil 590 aprobaron y mil 379 no, mientras que 81 estaba en proceso su dictaminación.
En este caso, apenas el 28 de julio, la secretaria ejecutiva del CESP Solís Peralta, reconoció que de los aproximadamente 4 mil policías municipales mil 500 no estaban armados porque no se había tramitado la licencia colectiva 110.
Las cifras del diagnóstico del CESP revelan el incumplimiento de las proyecciones del gobierno estatal en cuanto a la contratación de más elementos policiacos tanto estatales como municipales para cumplir con los estándares internacionales.
En octubre del 2015 el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, informaron que recibieron la administración estatal con 4 mil policías estatales y que se necesitaban 8 mil. Mientras que policías municipales se necesitaban una fuerza similar, y que para cumplir con lo que estable la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tendría que alcanzar una fuerza estatal y municipal de por lo menos 15 mil elementos.
En una entrevista con este medio en enero del 2016, el secretario de Seguridad Pública explicó entonces que para calcular la necesidad de la fuerza policiaca que se requiere de acuerdo a los estándares internaciones se toma en cuenta la extensión territorial, la cantidad de policías por habitantes y los índices internacionales que marca la ONU.
Añadió que para cumplir con estos estándares internacionales, el gobierno estatal se proponía a partir de enero de ese 2016, contratar a 3 mil policías por año hasta a completar los 15 mil que se requieren.
Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico del CESP el número de policías estatales es ligeramente menor pues es de 3 mil 937 y al inicio de la actual administración se informó que eran 4 mil.
Mientras tanto el número de las policías municipales que era de 6 mil disminuyó a 4 mil 582.
Aunado a la disminución de la cantidad de policías municipales, la secretaria ejecutiva del CESP Solís Peralta, declaró el 28 de julio después de la presentación de la destrucción de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las instalaciones de la 35 Zona Militar, que hay por lo menos mil 500 policías municipales que hasta ese día no habían sido evaluados para obtener la licencia colectiva que los faculta a portar un arma.
“Estamos en un trabajo para renovar la licencia colectiva, estamos evaluando a los policías”, dijo entonces y culpó a los presidentes municipales que no envían a sus elementos a realizar sus evaluaciones.
“El gobernador me instruyó a que realicemos una caravana para ir a los municipios y estamos yendo a las regiones para que podamos regularizar a los policías porque es algo que reiteradamente sucede con los alcaldes, no le dan la importancia. Ellos tienen necesidades en materia de seguridad pública pero no se acercan al Consejo”, se quejó la funcionaria.
La necesidad se vio luego de que se descubrió que los cinco policías del municipio de Ahuacuotzingo que fueron asesinados en una emboscada cuando resguardaban a personal de Bansefi que transportaba los recursos del programa federal Prospera para beneficiarios de comunidades de ese municipio, no estaban certificados, evaluados, y según Solís Peralta tampoco estaban registrados en el RNPSP.
“Ahora con esta situación, (el asesinato de los policías) y aprovechando que estamos acercándonos con los municipios, estamos cruzando información con la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad (SNS) para asegurarnos que los policías que participan en los operativos estén registrados como policías”, declaró ese día la secretaria ejecutiva. Aseguró que cada 72 horas se actualiza la base de datos del RNPSP.
En el diagnóstico del CESP, se incluye que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con una fuerza en el RNPSP de mil 393 elementos de los cuales mil 287 fueron evaluados, 852 fueron aprobados y 319 no, mientras que 116 estaban en espera del  proceso de dictaminación.

Se apoyará a las familias de los policías de Ahuacuotzingo, informa el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que dio órdenes para atender a las familias de los policías asesinados en la emboscada en Ahuacuotzingo para robarles 977 mil pesos del programa Prospera.
“Nos enteramos ayer que no tenían seguro de vida, yo creo que el gobierno del estado debe ser sensible y ver cómo ayudar”, agregó.
Consultado al concluir el acto de destrucción de armas, Astudillo Flores informó que durante todo el miércoles estuvo en contacto con el Fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, para pedirle en que estuvieran pendientes las áreas sociales para atender a las familias de los policías municipales.
Reconoció que hubo una serie de problemas en la entrega de los cuerpos de los policías, el cual se resolvió poco a poco para evitar problemas a las familias.
Señaló que ante la noticia de que los policías asesinados en la emboscada no tenían seguro de vida, hace pensar que no sea el único caso en el estado.
“Yo creo que es un buen momento para revisar los casos y las condiciones sociales en las que están, creo que es un tema que se debe de retomar, lamentablemente derivado de este acontecimiento”.
Insistió que este hecho obliga al gobierno estatal a revisar los casos de los policías municipales a través del secretario Técnico de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública para determinar el tamaño de la ausencia de las prestaciones sociales de los policías.
Dijo que en dos ocasiones ha hablado con el alcalde, Gerzaín Hernández Casarrubias pero no se abordó el tema de los seguros de vida, aunque señaló que el estado apoyará a las familias en ese tema.
“Hay que conocer exactamente el porqué se está contratando policías sin ninguna prestación social, hay que recordar que hay un fondo que es precisamente el Fortamun, que funciona para todo este tipo de acciones”, agregó.
Recordó que cuando él ha convocado y demandado la participación de los alcaldes con los cuerpos policiales para enfrentar a los grupos delincuenciales es dentro de sus responsabilidades.
“La fiscalía viene realizando una serie de acciones de investigaciones apoyados también por la policía del estado y en lo que puede hacer la Secretaría de la Defensa Nacional para intentar lograr capturar a los asesinos de estas personas”, agregó.
Comentó que hay datos importantes sobre la investigación, pero debido al sigilo del proceso no puede compartirlos por el nuevo sistema penal acusatorio.
Asimismo, Astudillo Flores informó que ante los hechos de violencia registrados en Chichihualco, donde murió un policía federal, se determinó continuar con un operativo de seguridad.
“Hay un operativo en este momento, derivado de esos acontecimientos”.
Recordó que ayer platicó con el presidente Enrique Peña Nieto, quien le dijo que esta atento a los hechos de Guerrero y sobre todo solidario.

Matan a 5 policías y a 2 custodios de Bansefi en Ahuacuotzingo; roban 977 mil pesos de Prospera

Ayer cinco policías municipales y dos custodios del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que llevaban dinero del programa federal Prospera, fueron asesinados en una emboscada entre las localidades de Tecolcuautla y Rincón de Cozahuapa en el municipio de Ahuacuotzingo.
Según fuentes policiacas los asaltantes se robaron 977 mil pesos y asesinaron a los siete agentes en la brecha que conduce a la comunidad de Zompazolco.
El reporte policiaco dice que minutos antes de las 10 de la mañana se difundió la primera versión de la emboscada a policías municipales. Se dio a conocer el asesinato de cinco policías y la desaparición de dos empleados de Prospera, que más tarde se supo que eran custodios y fueron asesinados en el ataque.
El vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que a las 9 de la mañana llegó el primer reporte a la Secretaría de Seguridad Pública, y se movilizaron Ejército, Policía Federal y Estatal.
La versión oficial dice que la emboscada sucedió en el camino de terracería que comunica a la cabecera municipal de Ahuacuotzingo con la comunidad de Zompazolco, en donde se pretendía hacer el primer pago de Prospera.
Saliendo de una curva la patrulla 003 de la Policía Municipal fue recibida a balazos desde diferentes ángulos, principalmente de frente. En el cofre y el parabrisas se contaron 45 impactos de bala de diferentes calibres, entre éstos de AK-47 conocidos como cuerno de chivo.
La camioneta quedó del lado izquierdo de la carretera sobre una zanja llena de maleza. Tres policías municipales quedaron en la batea de la camioneta, mientras que los otros dos quedaron dentro de la cabina en el asiento del chofer y del copiloto.
En fotografías difundidas por el vocero de seguridad se observan impactos de bala en la carrocería del lado del copiloto, el toldo y las puertas traseras de la patrulla doble cabina de la camioneta marca Toyota.
En el asiento trasero quedaron los cuerpos de los dos custodios de Bansefi que recibieron impactos de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo, quienes llevaban chalecos antibalas y se les notan los impactos de las balas sobre las placas.
Según la versión del vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, los dos empleados de Bansefi habían sido retenidos y llevados a otro lugar lejos de la emboscada y los ejecutaron. Sin embargo, en una foto difundida por la misma fuente oficial aparecen los custodios acribillados dentro de la misma patrulla.
Afirmó que la empleada que sirve de enlace entre la comunidad y Bansefi recibió un balazo en el brazo izquierdo durante el ataque, y caminó a un lugar donde tenía señal celular para llamar a sus jefes inmediatos y pidió auxilio.
Al lugar llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes encontraron en el piso del lado derecho de la patrulla sobre la tierra cuatro terminales bancarias.
De los cinco policías preventivos municipales asesinados tres eran originarios de la cabecera municipal de Ahuacuotzingo, uno de Mitlanzingo y uno más de Santa Catarina.
Según las fuentes consultadas, Zompazolco, donde ocurrió el ataque, queda a dos horas de la cabecera municipal rumbo a Rincón de Cozahuapa.

Lamenta el ataque el delegado de Prospera

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, Armando Soto Díaz dijo al mediodía vía telefónica que la responsabilidad de hablar al respecto es del delegado del programa Prospera en Guerrero, José Antonio Abad Mena.
En breves declaraciones Abad Mena desmintió que estuvieran desaparecidos trabajadores de Prospera, como se había dado a conocer en el primer reporte policiaco.
Agregó que los que viajaban a la comunidad eran trabajadores de Bansefi, y sin entrar en detalles lamentó el ataque.
A las 12:50 de la tarde se buscó a la síndica del Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, Teresa García Casarrubias, quien dijo que el único autorizado para dar información sobre la emboscada era el encargado de Seguridad Pública del municipio, quien en ese momento se trasladó al lugar de los hechos donde no hay señal de celular.
En la tarde se buscó al alcalde panista Gerzaín Hernández Casarrubias quien informó que el Cabildo tenía una reunión al respecto del ataque y que no podía hacer declaraciones.

Reforzará su seguridad, Bansefi

Desde la Ciudad de México Bansefi emitió un boletín de prensa en el que lamenta el ataque, y dice que reforzará la seguridad, que firmará un convenio con la Comisión Nacional de Seguridad, para que la Policía Federal resguarde el traslado de dinero del programa Prospera.
En otra versión de los hechos se da a conocer que los trabajadores de Bansefi tenían como destino Tecozajca, porque es la comunidad más grande de la región y sede para el pago en efectivo de las cuatro localidades y rancherías de la zona.
Tecozajca se localiza a una hora y media de la cabecera, entrando por el crucero de Tepoztlán, ubicado en la última desviación de la carretera Chilapa- Ahuacuotzingo.
Reportes oficiales indican que esa es una zona ganadera y agrícola, pero a pesar de esto la identifican como zona complicada por la presencia de grupos armados –se desconoce si son autodefensas o grupos que de dedican a asaltar con armas de alto poder– en donde no hay presencia del Ejército, ni la Policía Federal o estatal.
El primero de junio en un hecho similar tres policías municipales de Cualac fueron asesinados, otros tres y una empleada de Bansefi resultaron lesionados en una emboscada de hombres armados que los asaltaron y les robaron 3 millones de pesos, los que pagarían a beneficiaros del programa federal Prospera de la comunidad de Coatlaco.

Acapulco es una ciudad segura, defiende Evodio en la CDMX, al informar de las acciones para vacaciones

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre reiteró que la seguridad está garantizada en el puerto durante la temporada vacacional, con 3 mil 400 elementos de las policías, Ejército, Marina, además de Protección Civil y Cruz Roja; sin embargo, no respondió porqué los habitantes, según la encuesta del Inegi, pese las operaciones coordinadas se siguen sintiendo inseguros.
“Acapulco es una ciudad segura”, defendió en varios momentos el edil perredista.
En conferencia de prensa ante una treintena de reporteros en el salón Fuentes del hotel Presidente Intercontinental en la exclusiva colonia Polanco, el alcalde volvió a presentar su convenio de hermanamiento con la ciudad de Eliat, Israel, con el que se pretenden replicar modelos de abastecimiento de agua, seguridad y que ambas ciudades compartan experiencias; en el caso de Acapulco, la de la Policía Turística, que el alcalde consideró modélica y precursora en el país.
Velázquez Aguirre subrayó que habrá “cero tolerancia a la violencia”.
Dijo que Acapulco tiene una necesidad de fortalecer políticas públicas y garantizar la inversión de la comunidad judía.
En las últimas dos décadas, los judíos-mexicanos han invertido mil 500 millones de dólares, aseguró el alcalde, quien coordinó la conferencia de prensa, y sostuvo que con el acuerdo de hermandad se pretende atraer y reforzar la inversión judía y otra iniciativa privada.
Aseguró que durante estas vacaciones de verano se calcula una derrama económica de 2 mil 500 millones de pesos, y dijo que el socavón del Paso Exprés, en Morelos, sucedido hace una semana, no inhibió ninguna reservación en el puerto, sólo les privó de los “espontáneos”, como definió a los turistas que de último momento y sin reservación visitan Acapulco.
Aún con ello, aseveró, se espera a más de un millón de turistas, al menos, dijo, un 70 por ciento de ocupación hotelera.
“Acapulco es una ciudad segura”, defendió en varios momentos el edil,
Ante la insistencia de reporteros de medios como El Universal, Uno TV, Once Tv, Televisa, Milenio, Notimex, Grupo Radiocentro, Reforma, La Crónica, La Razón y El Economista, dijo que además del operativo de reforzamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) cuyo anuncio hizo hace unos días el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macera, hay 400 cámaras de seguridad para salvaguardar el puerto.
Precisó que mil 700 elementos de seguridad están dispuestos para la seguridad de Acapulco. La policía municipal se capacitó para el uso de cinco drones que serán manejados para vigilar colonias conflictivas. Los operativos estarán coordinados entre el Ejército y la Marina para seguridad de los visitantes y habitantes durante el periodo.
El alcalde aseguró que la principal actividad económica de Acapulco es el turismo y a pesar de que en colonias como la Progreso, cercanas a la franja turística, han ocurrido hechos de violencia, los operativos y colaboraciones para replicar modelos de combate a la violencia, en el caso de Israel, ayudarán a disminuir los homicidios; en el puerto se han registrado más de 500 en lo que va del año.
Dijo que Acapulco “recertifica las playas con un distintivo internacional que se llama Blue Flag. Acapulco tiene cuatro banderas azules. Nos comprometimos a una quinta en Pie de la Cuesta, que sea destino sustentable. Hoy tenemos las 23 playas limpias y cuatro banderas: Icacos 1, Icacos 2 Revolcadero 1 Revolcadero 2”.
El presidente del comité de México-Israel, Fabián Yáñez, consideró que el acuerdo bicultural traerá beneficios, como la edificación de la sinagoga en Acapulco, que da apertura a otras religiones y a más relaciones comerciales.
Al final de la conferencia de prensa, el alcalde aventó cilindros para contener agua, además de folletos y gorras con la imagen de Acapulco.
A la rueda de prensa asistieron el secretario de Turismo Municipal, Alejandro González Molina y el diputado local y presidente de la Comisión de Turismo, el perredista Ernesto González (PRD).

Acuerda el Grupo de Coordinación reforzar la seguridad en las zonas Norte y Tierra Caliente

 

Un día después de la emboscada contra policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de la banda criminal Los Tequileros, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó reforzar la seguridad en las regiones Norte y Tierra Caliente.
La tarde de este martes en la Octava Región Naval de Acapulco se reunieron el comandante de la misma, Francisco Fierro Rocha y el de la Novena Región Militar Germán Javier Jiménez Mendoza con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Vía telefónica el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia dijo que el gobierno estatal tenía conocimiento de los trabajos de investigación e inteligencia que hacía la PGR en San Miguel Totolapan.
Detalló que el gobierno estatal no estaba enterado de la operación de este lunes en la comunidad de La Gavia, donde fueron asesinados tres agentes de esa institución y siete más resultaron heridos.
En la reunión de hoy dijo que se abordó el reforzamiento de la seguridad en las regiones críticas del estado principalmente la Tierra Caliente en el municipio de San Miguel Totolapan, para proteger a la población e intensificar la coordinación.
“Hay un asunto que es el trabajar con los mismos elementos que tienen ya las instituciones en las regiones, por eso no podemos hablar de mayor número, porque para esto se debe hacer primero una gestión ante la federación”, agregó.
Comentó que uno de los acuerdos del Grupo de Coordinación es adquirir un terreno que sirva para construir el cuartel militar en el municipio de Teloloapan, ya que es un compromiso del gobierno federal.
“No habíamos podido superar el tema del terreno, ya se tiene dinero para la adquisición sobre el cual se construirá el cuartel militar del municipio de Telolopana”, agregó.
Dijo que se reforzará el corredor de Chilapa a Tixtla, así como otras zonas críticas donde actúa la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Detalló que se planteó reforzar la seguridad principalmente en municipios de la región Centro, Norte, Tierra Caliente y Acapulco así como modernizar la infraestructura en distintos lugares del estado.
En un boletín de prensa el vocero lamenta la muerte de personal militar el 10 de junio por las lluvias, además de la de los policías de la PGR que fueron atacados en La Gavia.
En la reunión participaron el coordinador de la Policía Federal David Portillo Menchaca, el Delegado de la PGR José Juan Monroy García y el delegado de Gobernación Ramiro Ávila Morales, el secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame, el fiscal general Javier Olea Peláez, y el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, entre otros funcionarios federales. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

No se desalojó a los policías de Zihuatanejo; se impidió que usaran armas, dice el vocero

 

Los policías de Zihuatanejo no fueron desalojados de sus instalaciones, la Policía Estatal les impidió tomar sus armas a los 31 que fueron detenidos la semana pasada y liberados posteriormente, porque siguen bajo investigación por la Procuraduría General de la República (PGR), dijo el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario aclaró que la PGR investiga la legitimidad de las armas y las municiones que usan.
Los policías municipales de Zihuatanejo denunciaron el domingo que policías estatales los desalojaron de su cuartel en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal, quienes asumieron la seguridad de ese municipio desde el 16 de mayo, luego de que militares y policías estatales detuvieron a 51 municipales (el gobierno estatal dijo que fueron 60 y que nueve fueron liberados de inmediato, pero éstos afirmaron que nunca estuvieron detenidos) acusados de estar infiltrados por la delincuencia organizada.
“Toda la policía (de Zihuatanejo) está desarmada porque hay una investigación federal en curso. Se trata de una revisión minuciosa, administrativa y operativa”, dijo.
Informó que la investigación es del armamento y las municiones de los elementos municipales, “porque tiene que cuadrar el arma con las municiones que se autorizaron por la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la investigación es porque pudiera ser que un arma que utiliza algún policía es legal, pero con municiones que no se sabe de donde salieron. “O sea, hasta ese punto está llegando la investigación que se realiza”, informó el vocero.
Aclaró que aunque fueron liberados los 31 que habían sido detenidos el 16 de mayo, junto con los 20 que están a disposición de la PGR, siguen siendo investigados sus documentos y el armamento y balas que utilizan, al igual que el resto de los agentes que están en funciones.
“Toda la policía sigue sujeta a una investigación, porque hay que recordar que hay 20 elementos que están en el Cereso de Acapulco y se le pidió al juez de control la ampliación del término constitucional hasta 144 horas, para hacer el acopio de pruebas que puedan comprobar que hay una vinculación con la delincuencia organizada, por esa razón se sigue la investigación”, dijo Álvarez Heredia.
Insistió en que no se trató de un desalojo como lo denunciaron los policías municipales, “los policías estatales simplemente les pidieron que no tocaran las armas y que se hicieran un lado mientras se hacían las investigaciones”.
Informó el domingo que de un total de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que de 82 está en proceso su dictamen pero ha evadido responder por qué en algunos municipios los policías que ya se encuentran certificados no han recibido su armamento.
Cuando menos el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores y el perredista de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes han denunciado que a pesar de que los elementos de su corporación han pasado los exámenes de control de confianza no les han regresado sus armas que les quitaron desde 2014, tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

En la detención de policías de Zihuatanejo no hay nada político, responde el vocero

El juez de control federal que tiene en sus manos el caso de los 20 policías municipales de Zihuatanejo, acusados por los delitos de delincuencia organizada, portación y acopio de armas de uso exclusivo Ejército, así como uso de estupefacientes, resolverá la vinculación a proceso o su libertad aproximadamente hasta el próximo miércoles.
El proceso se prolongó debido a que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la defensa de los policías solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 48 hasta 144 horas para aportar pruebas, informó el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario rechazó “totalmente” que haya tintes partidistas o políticos en la revisión y la detención de los policías de ese municipio, como lo denunciaron la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga, y el ex alcalde de Zihuatanejo, el perredista Amador Campos Aburto, pues insistió en que “hay elementos suficientes que determinaron que los policías están vinculados con la delincuencia”.
Aseguró que la federación y el estado están revisando la situación de las policías de los 81 ayuntamientos y que están dando prioridad a los municipios más importantes y en donde hay mayor incidencia delictiva.
Consultado vía telefónica, el funcionario no detalló qué juez de control de Acapulco tiene en sus manos el caso y en qué sala se desahogará la audiencia de vinculación a proceso o la libertad de los 20 policías, vencidas las 144 horas, “entiendo que por motivos de seguridad no me dan el dato”, justificó Álvarez Heredia.
Informó que en este lapso de tiempo, lo que está haciendo la PGR y la defensa de los policías es aportar todos los medios de prueba para poder probar que sí son responsables de los delitos que se les imputa, mientras que la defensa aporta los suyos para demostrar que son inocentes.
En cuanto al reclamo de la secretaria general del CEN del PRD, Mojica Morga, para que la revisión de las policías municipales se realice sin tintes partidistas y la acusación del ex alcalde de Zihuatanejo Campos Aburto, de que hubo trasfondo político en la detención de los agentes de ese municipio, el vocero respondió que “rechazo totalmente esos señalamientos, se está cuidando el debido proceso, la presunción de inocencia y se hace a partir de una realidad que también comparten otros municipios del color que sea”.
Explicó que el eslabón más débil de la estrategia de seguridad son las corporaciones preventivas municipales y que en el caso de Zihuatanejo, de acuerdo con los elementos con los que se contaban “fue necesario hacer un operativo conjunto de las instituciones federales y estatales para poder proceder a un desarme y a la revisión de cada uno de los elementos, sus documentos y antecedentes”.
Añadió que de esa revisión se definió que en 20 elementos “existe la probable responsabilidad de que sean responsables de los delitos de delincuencia organizada y portación de armas, y en esto no hay ninguna valoración de tipo político o partidista. Se está cuidando el debido proceso, la presunción de inocencia y salvaguardando los derechos humanos que tienen los detenidos”, dijo.
– Pero primero acusaron a 60 de estar infiltrados por la delincuencia organizada, y resultó que nueve nada tenían que ver y los liberaron, luego también no se les comprobó nada a 31, y los 20 que siguen detenidos aún no se define si son responsables o no –cuestionó el reportero.
– Pero insisto, existían elementos que propiciaron que actuaran las instituciones federales y estatales en materia de seguridad, por la posibilidad de que existiese colusión entre un grupo delictivo con la operación de la corporación policiaca que hasta este momento ya está en manos de un juez, para poder determinar la probable responsabilidad.
“Sobre estos temas tan delicados no puede caber la parte política ni partidista, sino que se tienen que cuidar los derechos humanos de los detenidos, el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo.
El vocero reveló que la misma revisión se está haciendo a los 81 ayuntamientos, pero que se está dando prioridad, “y se le da una doble atención a aquellos municipios más importantes o en donde ocurre el mayor número de homicidios”, entre estos mencionó a Teloloapan, Chilapa y Acapulco, en los que, dijo, “se está buscando la manera de reducir cualquier situación de que exista una colusión entre cuerpos de seguridad municipales con la operación de grupos delictivos”.
Insistió que la revisión en todos los ayuntamientos se realiza recordando lo que pasó en Iguala, “donde un grupo delictivo recibió de un cuerpo policiaco municipal a 43 estudiantes que actualmente siguen desaparecidos y que mataron a otras 6 personas”.
Anunció que en breve se dará a conocer la valoración que resultó de esta revisión en los otros municipios.
Álvarez Heredia dijo que también actualizará la información con el Consejo Estatal de Seguridad, respecto a cuándo serán entregadas las armas a los policías municipales que ya han sido certificados, luego de que los alcaldes de los municipios de Taxco y Eduardo Neri se han quejado que hay policías en sus corporaciones que ya están certificados y aún no han recibido las armas que les recogieron desde 2014.
El vocero proporcionó un reporte respecto al status del control de confianza de los policías estatales, ministeriales y municipales.
Informó que en cuanto a los policías estatales, de un total de 3 mil 937 elementos, 3 mil 842 han sido evaluados, de los cuales 3 mil 122 aprobaron y 611 no aprobaron, mientras que 109 está en proceso su dictamen.
El reporte indica que el estatus para la evaluación de 2016 es de no evaluados 95, mientras que 2 mil 137 tienen su vigencia vencida y 2 mil 232 elementos están por evaluar.
Con respecto a Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que de un total de mil 396 agentes, mil 287 han sido evaluados de los cuales aprobaron 852 y no aprobaron 319, mientras que 116 está en proceso su dictaminarían.
El estatus de avaluación de 2016 fue de 106 no evaluados, 85 tienen su vigencia vencida y 191 elementos están por evaluar.
Mientras que las policías municipales, de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que 82 está en proceso su dictamen.
El estatus de evaluación de 2016 es de 532 no evaluados, 636 tienen su vigencia vencida y mil 168 elementos están por evaluar.
En cuanto a la evaluación concretamente del municipio de Zihuatanejo de un total de 245 policías han sido evaluados 244, de ellos 115 fueron aprobados y 129 no fueron aprobados.
En tanto que el status de 2016 es de un elemento no evaluado, 16 elementos tienen su vigencia vencida y hay 17 elementos por evaluar.

Colombia, un país que cuenta con el modelo de Mando Único, destaca Evodio

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre destacó que Colombia es un país que cuenta con el modelo de Mando Único, con una Policía Nacional, y que les explicaron cómo funciona la policía y como se desarrolló en el país.
Informó que gastó 100 mil pesos en el viaje de cinco días, y sostuvo que fue a trabajar.
En conferencia de prensa en la sala de Cabildo, acompañado por el secretario general Daniel Meza Loeza y el secretario técnico de la Presidencia, Arturo Martínez Núñez, Velázquez Aguirre contó que estuvo en Bogotá, Cartagena y Medellín.
El Cabildo autorizó que el alcalde se ausentara del municipio por cinco días, del 15 al 19 de mayo.
Durante esos días Velázquez Aguirre estuvo en Colombia acompañado de su esposa Perla Edith Martínez Ríos, el secretario de Turismo Municipal, Alejandro Molina González, y el secretario técnico de la Presidencia.
El alcalde indicó que los temas que trató con los alcaldes de Cartagena y Medellín fueron el intercambio de experiencias exitosas en seguridad, acuerdos de cooperación para la reconstrucción del tejido social, espacios públicos y fortalecer el turismo, movilidad en la ciudad y prevención social de la violencia.
Agregó que su visita a Colombia fue también en calidad de vicepresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
Aclaró que no fue por manuales sobre las acciones que deba hacer en Acapulco, sino a conocer experiencias para adecuarlas a las condiciones de Acapulco, Guerrero y México.
“Fui a trabajar, fui a hacer lo que me competía hacer, fui a llevar el nombre de Acapulco a una ruta internacional, y de ninguna manera el alcalde se arrepiente de lo que está haciendo, lo estamos haciendo con visión, en los próximos días estarán viendo cómo estos esquemas los vamos a transitar en acciones territorialmente que sean aptas para Acapulco”, aseguró.
El recorrido comenzó en Bogotá, capital de Colombia, donde se reunió con el general brigadier Fabián Lorenz Cárdenas. De esta reunión destacó que se trata de un país que cuenta con el modelo de Mando Único, con una Policía Nacional, y que les explicaron cómo funciona la policía y como se desarrolló en el país.
Agregó que el Mando Único en México “debería ser una prioridad” en el Congreso de la Unión para determinar la estrategia policial en el país.
Después visitó Cartagena, donde se oficializó el hermanamiento de Acapulco con esa ciudad. Con el alcalde de esa ciudad, Manolo Duque, quien fue suspendido de sus funciones por la autoridad federal el 17 de mayo, Velázquez Aguirre informó que entregó manuales sobre el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), la Policía Turística y Zonatur.
También dio una conferencia a hoteleros y prestadores de servicios turísticos, a quienes habló sobre Acapulco y la repunte de la ocupación hotelera.
En Medellín, dijo, se reunieron con el alcalde Federico Gutiérrez y funcionarios de Planeación, que es el área de desarrollo urbano de la ciudad.
En esta ciudad tuvieron una reunión con la Red de Ciudades Seguras de la ONU-Hábitat, a quienes les compartió la problemática de Acapulco y con quienes estableció “un lazo” para el caso del puerto, lo que, dijo, “es muy importante porque ese sector de la ONU se encarga del estudio de las ciudades y fenómenos de la violencia”.
También conoció los sistemas de transporte público en Medellín como el metro cable, las escaleras eléctricas públicas, los parques biblioteca y las unidades deportivas.
De Cartagena y Medellín, Velázquez Aguirre indicó que conoció las políticas sociales que se aplican en esas ciudades para resarcir el tejido social luego de la violencia que afectó a las mismas en la década de los 90’s.
Agregó que también conversó con representantes de Organizaciones no Gubernamentales, como Casa Italia, quienes los ilustraron en cómo atender a niños en riesgo que viven en colonias con problemas de violencia, y una escuela taller para jóvenes de la calle para enseñarles oficios e incorporarlos a las actividades económicas.

“No tenemos preocupación”

A Velázquez Aguirre se le preguntó sobre la detención de 20 policías municipales en Zihuatanejo por presuntos nexos con la delincuencia, y respondió que su gobierno está abierto a cualquier tipo de investigación.
Agregó que el gobierno municipal mantiene coordinación con el Ejército para las labores de seguridad, y puso como ejemplo el Grupo Coordinación Acapulco, el secretario de Seguridad Pública, Max Lorenzo Sedano Romano, que fue puesto por el gobierno federal y los 20 agentes de la Policía Vial que serán sometidos a proceso administrativo por actos de corrupción.
“Nosotros no tenemos preocupación de ello, aquí se aplica la ley, se aplica la reglamentación”, reiteró.
Agregó que está a favor de que se haga cualquier investigación “de manera responsable, que no tenga ningún tinte político”, y que los alcaldes deben apoyar esas acciones para darle certeza a los ciudadanos.
Recordó que 170 policías municipales fueron dados de baja porque no aprobaron los exámenes de control de confianza, por edad avanzada o discapacidad.
Destacó que en su reciente visita a Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mencionó que en el municipio los homicidios van a la baja.

La Policía del Estado y el Ejército están a cargo de la seguridad en Zihuatanejo

 

Ayer policías municipales instalaron un plantón en el Ayuntamiento de Zihuatanejo para exigir que el gobierno municipal envíe a Acapulco los expedientes para comprobar que los 60 policías municipales detenidos trabajan en la corporación.
Los agentes se retiraron a las 2 de la tarde luego de que vieron que el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca salió al puerto de Acapulco con la documentación de sus compañeros.
Desde el martes en la tarde la Policía del Estado tomó el control absoluto de la Dirección municipal de Seguridad Pública y junto a los soldados son los encargados de la seguridad en el puerto y en el resto del municipio. Se han visto patrullajes continuos.
Ayer antes de las 11 de la mañana unos 30 policías uniformados llegaron al Ayuntamiento para buscar al presidente municipal perredista, Gustavo García Bello, para pedirle que se dé prisa en la integración de los expedientes de sus compañeros detenidos el martes por policías estatales y militares del 75 Batallón de Infantería, pues aseguraron que tenían pocas horas para presentar las pruebas de que son agentes municipales en activo.
Los policías aseguraron que no se retirarían del Ayuntamiento hasta que los expedientes de sus compañeros fueran enviados a la Procuraduría General de la República (PGR), y a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el puerto de Acapulco.
Se quejaron de que sus compañeros detenidos están en “condiciones inhumanas”, pues a los que ya se encontraban en el interior de las dependencias como los que todavía estaban arriba del autobús en el que fueron trasladados, “no les han dado de comer ni les arriman agua, no se han bañado. El martes sólo les dieron un bolillo y un vaso de agua, fue todo, no les permiten ni ir al baño, eso va en contra de nuestros derechos humanos”.
Aseguraron que el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia miente porque sus compañeros no son delincuentes y pretenden incriminarlos con algún grupo delincuencial, pues afirmaron que ellos los conocen porque tienen años trabajando como policías.
Antes del mediodía una comisión se reunió con el secretario particular del alcalde, Arturo Arzeta Serna, a quien le exigieron que el gobierno se dé prisa en la integración de los expedientes y que no se retirarían hasta que fueran enviados al puerto de Acapulco. El servidor público les aseguró que estaban trabajando en ello y que el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca, acudiría a dejar la documentación de 31 policías que estaban declarando en la Fiscalía.

Un mando del Ejército autorizó que se armaran, dicen los policías

Los policías comentaron a Arzeta Serna que luego del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido el 25 de abril en el módulo de Ixtapa, tomaron las armas con la autorización verbal de un alto mando del 75 Batallón de Infantería, “nos dijo que no había problema, que nos armáramos porque le dijimos que queríamos organizarnos para buscar y dar con los que mataron a nuestros compañeros, por eso agarramos las armas, porque además no teníamos con qué defendernos”.
Mientras esperaban a un costado del estacionamiento del Palacio Municipal, los policías dijeron a los reporteros que la última vez que supieron del director municipal de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón, fue cuando éste se reunió con los familiares de sus compañeros detenidos, “no nos ha dado la cara, así como tampoco nos ha dado la cara el encargado del Fortaseg (Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios), Armando Castro Taboada, que son los responsables directos de no tener a nuestros compañeros registrados en la licencia colectiva 110 (que permite el uso de armamento)”, por lo que exigieron la destitución de ambos servidores públicos.
A pregunta expresa los policías dijeron que desde el martes en la tarde la Policía del Estado tomó el control total de la Dirección municipal de Seguridad Pública y con militares del 75 Batallón de Infantería recorren este puerto y el resto del municipio, “nosotros permanecemos en las instalaciones pero no estamos trabajando, no salimos a recorridos porque no tenemos armas y ellos son los que están encargándose de la seguridad. Sí podemos entrar y salir de las instalaciones, pero no estamos trabajando”.

Ya entregó el Ayuntamiento la documentación de los policías

Vía telefónica, el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca dijo que a las 8 de la mañana de ayer, la Fiscalía solicitó con un plazo de 5 horas a la presidencia municipal de Zihuatanejo los documentos que demuestren que los 31 detenidos sí son policías preventivos municipales, y agregó que esos documentos fueron entregados ayer a las 2 de la tarde, “entendemos que estos policías, con esa información que se dio, van a salir libres”.
Amador Abarca se refirió a 31 policías porque dijo, esa fue la cantidad de personas de las que la Fiscalía solicitó a la presidencia municipal que presentaran documentación que pruebe que son agentes municipales.
“No tenemos otros datos de las otras personas (detenidas), no sabemos inclusive en estos mismos (31) si se les atribuye algún delito o si solamente fueron presentados, no sabemos porque el oficio nada más nos requería documentación”, dijo.
Indicó que hay certeza de que con las pruebas que presenten a la Fiscalía queden en libertad “porque lo que decían era que no eran policías y con esto se está acreditando que sí son policías y no son policías que fueron contratados en esta administración, hay algunos que tienen hasta 15 años de antigüedad”.
Agregó que sólo llevaba las pruebas “porque por parte de la PGR no nos han solicitado ninguna documentación, sabemos que en esa dependencia hay otra cantidad de policías, pero no nos han requerido todavía nada”.

 

Cierran la autodefensa de Totolapan y vecinos el paso de soldados y policías a La Gavia

Debido a una serie de confrontaciones entre militares y policías y la autodefensa de San Miguel Totolapan se mantiene tenso el ambiente en la zona ante un posible choque, porque las autodefensas cerraron las entradas a la cabecera municipal, pues no quieren permitir el ingreso de más efectivos con el argumento de que ayudan al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y se mantienen cerca del puente de la entrada unos 300 uniformados en espera de órdenes para ingresar a la zona que controla el Movimiento por la Paz.
Desde las 4 y media de la madrugada, llegaron policías ministeriales, estatales y peritos con militares de la base de San Miguel Totolapan, intentaban acudir al pueblo de La Gavia, para hacer las diligencias a los ocho muertos, que según el gobierno del estado dejó un enfrentamiento entre la banda de Los Tequileros y de La Familia Michoacana el miércoles.
Integrantes de la autodefensa Movimiento por la Paz y vecinos bloquearon el paso más de cuatro horas a soldados, policías ministeriales, estatales y peritos del MP que se dirigían La Gavia.
Fuentes del pueblo informaron que el hecho ocurrió porque la autodefensa acusa al Ejército de que ayer, cuando resguardaba la población de La Gavia tras el enfrentamiento, dio servicio médico y trasladó a dos heridos del grupo delincuencial que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, a una clínica fuera de Totolapan.
Cuando llegaron los policías comenzó el bloqueo en las entradas con unidades del transporte público. Policías y personal que iba a la diligencia comentó que “entendieron eso como un encierro y que no los dejarían salir”, pero además esperaban un acuerdo para que les autorizaran entrar a La Gavia.
A las 9 de la mañana líderes de la autodefensa se dieron cuenta que los ministeriales se decían “retenidos”, y acudieron a decirles que se podían salir cuando quisieran, y acordaron que para evitar confusiones el convoy saldría del municipio.

Se reagrupan más de 300 soldados y policías

Más de 300 agentes entre militares, policías estatales y ministeriales se reagruparon en la tarde, se instalaron en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, a 2 kilómetros del puente de entrada a San Miguel Totolapan en espera de órdenes de ingresar, y al anochecer se mantenían en sus puestos.
Los militares encabezan el grupo más grande, con más de 200 efectivos, siguen cerca de 10 patrullas del estado con unos 50 elementos y 5 patrullas más de la Policía Ministerial con otros 50.
Los integrantes del Movimiento por la Paz al enterarse del grupo que intentaba ingresar reunió a cerca de 100 personas en el puente, entre mujeres y hombres, con intenciones de impedir el ingreso del convoy.
Había vehículos particulares, tractores y del transporte público listos para cerrar el paso. Solamente permitían el paso a particulares y vecinos de la localidad.
Vecinos y choferes del transporte público se sumaron al movimiento luego de que les pidieron apoyo, y bloquearon la carretera estatal en el poblado de Poliutla del municipio de Tlapehuala, a un kilómetro de la carretera federal.
El bloqueo comenzó antes de las 2:30 de la tarde en la carretera estatal, luego de que los pobladores se enteraron de que en el poblado de Santa Ana del Águila, entre Totolapan y Tlapehuala, hay unos 300 soldados y policías estatales y ministeriales.
En Poliutla se observaron unas 30 combis del transporte público de la ruta Tlapehuala-Arcelia bloqueando la carretera.
Cerca de las 5 de la tarde llegó otro grupo de 30 taxistas de Arcelia y bloqueó la entrada al pueblo del Escondido, en Santo Niño municipio de Tlapehuala, que es una localidad entre Altamirano y Arcelia, a 3 kilómetros de este último municipio. Esta es otra entrada de camino rural que tiene acceso a rutas que llevan a Santana del Águila.
La intención de los bloqueos es impedir que lleguen refuerzos a los militares y grupos policiacos en la zona.
Cerca de las 5 y media de la tarde llegaron al crucero de Poliutla tres patrullas cargadas con escudos y equipo antimotines, que al parecer intentaban llevar a Santana del Águila, pero no alcanzaron a cruzar.

Cerraron el paso a las autoridades

En un primer momento la tarde de este jueves la autodefensa consideraba permitir el ingreso de los policías estatales y ministeriales, pero no del Ejército, a quienes señalaron de estar coludido con El Tequilero, pero luego de la visita del vocero a La Gavia por aire, y ante la falta de diálogo con el movimiento de autodefensa acordaron que no permitirían la entrada a ningún grupo policiaco.
En la tarde se mantuvo en el poblado de Santana el grupo militar y policiaco pero tampoco se movieron los bloqueos, lo que dejó prácticamente cercadas las salidas para ellos.
Las autodefensas pidieron la salida del grupo militar que se ubica en la cabecera municipal, al considerar que no combatió a El Tequilero, sino que incluso le prestó auxilio a su gente para escapar.