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Cierran la autodefensa de Totolapan y vecinos el paso de soldados y policías a La Gavia

Debido a una serie de confrontaciones entre militares y policías y la autodefensa de San Miguel Totolapan se mantiene tenso el ambiente en la zona ante un posible choque, porque las autodefensas cerraron las entradas a la cabecera municipal, pues no quieren permitir el ingreso de más efectivos con el argumento de que ayudan al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y se mantienen cerca del puente de la entrada unos 300 uniformados en espera de órdenes para ingresar a la zona que controla el Movimiento por la Paz.
Desde las 4 y media de la madrugada, llegaron policías ministeriales, estatales y peritos con militares de la base de San Miguel Totolapan, intentaban acudir al pueblo de La Gavia, para hacer las diligencias a los ocho muertos, que según el gobierno del estado dejó un enfrentamiento entre la banda de Los Tequileros y de La Familia Michoacana el miércoles.
Integrantes de la autodefensa Movimiento por la Paz y vecinos bloquearon el paso más de cuatro horas a soldados, policías ministeriales, estatales y peritos del MP que se dirigían La Gavia.
Fuentes del pueblo informaron que el hecho ocurrió porque la autodefensa acusa al Ejército de que ayer, cuando resguardaba la población de La Gavia tras el enfrentamiento, dio servicio médico y trasladó a dos heridos del grupo delincuencial que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, a una clínica fuera de Totolapan.
Cuando llegaron los policías comenzó el bloqueo en las entradas con unidades del transporte público. Policías y personal que iba a la diligencia comentó que “entendieron eso como un encierro y que no los dejarían salir”, pero además esperaban un acuerdo para que les autorizaran entrar a La Gavia.
A las 9 de la mañana líderes de la autodefensa se dieron cuenta que los ministeriales se decían “retenidos”, y acudieron a decirles que se podían salir cuando quisieran, y acordaron que para evitar confusiones el convoy saldría del municipio.

Se reagrupan más de 300 soldados y policías

Más de 300 agentes entre militares, policías estatales y ministeriales se reagruparon en la tarde, se instalaron en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, a 2 kilómetros del puente de entrada a San Miguel Totolapan en espera de órdenes de ingresar, y al anochecer se mantenían en sus puestos.
Los militares encabezan el grupo más grande, con más de 200 efectivos, siguen cerca de 10 patrullas del estado con unos 50 elementos y 5 patrullas más de la Policía Ministerial con otros 50.
Los integrantes del Movimiento por la Paz al enterarse del grupo que intentaba ingresar reunió a cerca de 100 personas en el puente, entre mujeres y hombres, con intenciones de impedir el ingreso del convoy.
Había vehículos particulares, tractores y del transporte público listos para cerrar el paso. Solamente permitían el paso a particulares y vecinos de la localidad.
Vecinos y choferes del transporte público se sumaron al movimiento luego de que les pidieron apoyo, y bloquearon la carretera estatal en el poblado de Poliutla del municipio de Tlapehuala, a un kilómetro de la carretera federal.
El bloqueo comenzó antes de las 2:30 de la tarde en la carretera estatal, luego de que los pobladores se enteraron de que en el poblado de Santa Ana del Águila, entre Totolapan y Tlapehuala, hay unos 300 soldados y policías estatales y ministeriales.
En Poliutla se observaron unas 30 combis del transporte público de la ruta Tlapehuala-Arcelia bloqueando la carretera.
Cerca de las 5 de la tarde llegó otro grupo de 30 taxistas de Arcelia y bloqueó la entrada al pueblo del Escondido, en Santo Niño municipio de Tlapehuala, que es una localidad entre Altamirano y Arcelia, a 3 kilómetros de este último municipio. Esta es otra entrada de camino rural que tiene acceso a rutas que llevan a Santana del Águila.
La intención de los bloqueos es impedir que lleguen refuerzos a los militares y grupos policiacos en la zona.
Cerca de las 5 y media de la tarde llegaron al crucero de Poliutla tres patrullas cargadas con escudos y equipo antimotines, que al parecer intentaban llevar a Santana del Águila, pero no alcanzaron a cruzar.

Cerraron el paso a las autoridades

En un primer momento la tarde de este jueves la autodefensa consideraba permitir el ingreso de los policías estatales y ministeriales, pero no del Ejército, a quienes señalaron de estar coludido con El Tequilero, pero luego de la visita del vocero a La Gavia por aire, y ante la falta de diálogo con el movimiento de autodefensa acordaron que no permitirían la entrada a ningún grupo policiaco.
En la tarde se mantuvo en el poblado de Santana el grupo militar y policiaco pero tampoco se movieron los bloqueos, lo que dejó prácticamente cercadas las salidas para ellos.
Las autodefensas pidieron la salida del grupo militar que se ubica en la cabecera municipal, al considerar que no combatió a El Tequilero, sino que incluso le prestó auxilio a su gente para escapar.

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

Balean una patrulla de la PF en la Autopista Siglo XXI en La Unión

La mañana de ayer hombres armados atacaron a balazos una patrulla de la Policía Federal del sector Caminos, en la Autopista Siglo XXI, en el municipio de La Unión, dos policías que iban a bordo salieron ilesos.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública informaron que el ataque ocurrió a las 9:30 de la mañana, en el kilómetro 266 de la carretera federal Feliciano-Las Cañas, cerca de la barranca de San Diego, en el límite del municipio de La Unión con el estado de Michoacán.
Las fuentes dijeron que los policías federales a bordo de la patrulla 12611 del sector Caminos, hicieron la parada a un automóvil Jetta blanco, pero los tripulantes atacaron a balazos a los agentes identificados como Leonardo Daniel y Marco Ulises, que resultaron ilesos.
Las autoridades comunicaron que las balas impactaron en el parabrisas de la patrulla, y que los agresores huyeron en una brecha de la autopista. Al lugar llegaron policías estatales, ministeriales y militares que acordonaron la zona. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes.

 

Se dará de baja a 24 policías de Chilpancingo que no pasaron el examen, informa el alcalde

El alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena informó que están en proceso de notificar a 24 policías municipales sobre su baja de la corporación al no pasar el proceso de certificación.
“Fueron dados de baja por instrucción federal, tendremos que darlos de baja y tenemos el recurso para hacerlo”, agregó
Ante la falta de interesados para pertenecer a la corporación, así como las nuevas reglamentaciones sobre el nivel educativo, el alcalde capitalino señaló que se pretende establecer un nuevo programa que consiste en captar a los que prestan su servicio militar.
Detalló que la tardanza en notificar a los policías (porque operaban desde principios de año) fue por un retraso por parte de la autoridad federal para entregar los resultados.
“Para que tengan un conocimiento de eso cada vez que hay una convocatoria se inscriben policías o los que quieren ser policías, por cada uno los ayuntamientos pagan unos 7 mil pesos”, agregó.
Añadió que en este año se inscribieron 124 candidatos de los cuales pasaron 12, lo que representa una complicación por que los que no pasaron se les debe de pagar.
“Estamos tratando de ver un mecanismo que podamos aumentar el número de personas que quieren ser policías tengan las capacidades mínimas, una de las posibilidades es la contratación de los muchachos del servicio militar nacional”, comentó.
Dijo que ésta podría ser la opción porque ya están capacitados en el uso de armas y estrategias, con lo que se puede solventar que de 124 policías logren pasar unos 40.
Agregó que para echar andar este proyecto sería en cuanto saliera la convocatoria de policías, ya que hablaron con el Ejército.
A pregunta expresa sobre la congruencia de la federación en hacer más rigurosos los parámetros para aceptar a los policías y que luego responsabilicen a los municipios de no mejorar el esquema de seguridad, respondió que en el caso de Chilpancingo se está consiente de la certificación.
“Nos hemos metido a un asunto de que cada policía recibirá entre 40 a 45 mil pesos por gestiones de bonos, primas y una serie de cosas, están bien pagados, el Ayuntamiento cumple, el de la capital hace lo que le corresponde”, agregó.
Insistió en que si se esta falta en cumplir algo el gobierno federal debe de informar a los ayuntamientos sobre que hace falta para que se haga y se logre la estabilidad en la seguridad de los municipios.

 

Siguen impunes los asesinos de los normalistas en el desalojo a la autopista, denuncia Felipe de la Cruz

 

El plan de acción de fin de año de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos comienza el próximo sábado, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en la Normal Rural en Tixtla, y continúa con la conmemoración del desalojo a balazos de una manifestación de normalistas en la Autopista del Sol ocurrida el 12 de diciembre de 2011, informó el vocero Felipe de la Cruz.
En Chilpancingo a donde acudió a invitar a organizaciones magisteriales y sociales a que vuelvan a participar en la ANP de Ayotzinapa, el activista añadió que el 20 de diciembre comenzará una caravana que llegará el 26 de diciembre a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí los padres participarán en una misa de 27 meses de los crímenes de Iguala.
Señaló que algunos de los puntos de la caravana serán Taxco y Cuernavaca, y que se tiene previsto un mitin en la caseta de cuota de Tlalpan el día que lleguen a la Ciudad de México, y de ahí ir a la basílica.
Como de costumbre el día 27 llevarán una ofrenda floral a los sitios donde fueron asesinados los normalistas César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en los ataques de la fuerza pública en Iguala.
De los hechos del 12 de diciembre donde policías estatales, federales y ministeriales desalojaron a balazos el bloqueo de los normalistas, asesinaron a dos estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexander Herrera Pino e hirieron a tres más de bala, De la Cruz denunció que sigue la impunidad y los perpetradores materiales e intelectuales siguen “como si nada paseando por las calles, como si no hubieran matado, sigue el encubrimiento (de los políticos) entre ellos mismos”.
Mencionó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando ocurrió la agresión a los estudiantes, así como la noche en que fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas en Iguala, en 2014.
Agregó que con los padres de los desaparecidos están visitando las regiones para llamar a la unidad el 12 de diciembre, para que las muertes de Gabriel y Alexis no queden impunes, aunque es una fecha dolorosa para sus padres, consideró que debe ser también un día de dignidad y de rabia.

Encubrimiento político y militar

Por otro lado, informó que el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de salir del país, particularmente de la participación de los policías de Huitzuco y del personaje identificado como El Patrón, a quien se presume fueron llevados un grupo de los 43 normalistas desaparecidos.
También la participación de los militares, que se negaron a ser entrevistados por los expertos independientes, y que nuevas investigaciones periodísticas los colocan en los ataques a estudiantes, así como en los escenarios de la desaparición.
Aclaró que aún mantienen la posición de no reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras no sean investigados y sancionados los funcionarios responsables de graves irregularidades cometidas durante la primera fase de la investigación, principalmente, el anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio
Desde que los padres se levantaron de la mesa ha habido rotaciones en los cargos federales relacionados con el caso Iguala. De entrada Zerón de Lucio fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad nacional. En octubre la procuradora Arely Gómez se fue presidir la Secretaría de la Función Pública y fue sustituida en la PGR por Raúl Cervantes Andrade. Hace un mes el subprocurador de Derechos Humanos, y responsable de la oficina de investigación del caso Iguala, Eder Omar Betanzos, fue nombrado subsecretario de la Función Pública, y en su lugar en la PGR quedó Sara Irene Herrerías Guerra.
De las actuaciones de la Oficina de Investigación, De la Cruz aclaró que no están de acuerdo en que todos los esfuerzos están dirigidos a buscar a los 43 normalistas muertos, “son dos años y meses de los crímenes y la PGR no pueden demostrar que están fallecidos. Por eso la insistencia nuestra de que los busquen en vida”.
Insistió en que se abran los cuarteles, ya que los militares también son protegidos, dijo en relación con el nombramiento del exjefe militar de Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, que fue nombrado inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Atacan a balazos 12 sicarios a un hombre en Chilpancingo; hay una mujer herida

Al menos 12 civiles que portaban armas de grueso calibre atacaron a balazos a un hombre que circulaba por el bulevar en la colonia Galeana en esta ciudad.
Fuentes policiacas informaron que a las 6:25 de la tarde de este sábado se reportó un enfrentamiento a balazos entre civiles en esa colonia, frente a la tienda comercial Aurrerá y a la unidad deportiva.
Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), agentes de la Policía Federal y del Ejército, quienes encontraron abandonado un vehículo modelo Seat Toledo con placas HCW-58-77 con cuatro impactos de armas AK-47 o Cuerno de Chivo y AR-15.
Según reportes policiacos, el conductor del Seat se encontraba en el carril de norte a sur del bulevar, frente a la unidad deportiva de la colonia Galeana, cuando al menos 12 civiles fuertemente armados le dispararon desde el otro carril.
El conductor huyó a pie en dirección a la colonia PPS, que colinda con la Galeana, luego de abandonar su vehículo frente a un puesto de tacos ubicado en la esquina de la unidad deportiva, donde resultó herida en una pierna una mujer identificada como María de la Luz, de 43 años, quien estaba cenando cuando ocurrió la balacera y fue trasladada a la clínica del ISSSTE.
Las detonaciones provocaron zozobra en los vecinos y que los clientes de Aurrerá pidieran a los trabajadores que los dejaran salir por las puertas de emergencia, una mujer embarazada a quien se identificó como Sandra Hernández Gómez y se encontraba en la tienda tuvo una crisis nerviosa que le provocó un parto prematuro, según fuentes policiacas que no precisaron a qué hospital fue trasladada para su atención médica.
Pese a que los hechos provocaron la movilización del Ejército y la Policía Federal, cuyos agentes instalaron retenes de vigilancia en distintos puntos del bulevar, una hora después se observó que frente a la unidad deportiva de la colonia Galeana, unos siete hombres estaban tomando cerveza a pocos metros de los agentes que acudieron a resguardar la zona.
Los trabajadores de la taquería se disponían a continuar el montaje de su puesto para seguir vendiendo.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

El estado pide el desarme de la Tecampanera para llevar policías a Teloloapan, dice el alcalde

El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que el gobierno del estado le pide a la Policía Comunitaria Tecampanera que deje las armas para que la seguridad esté a cargo de las corporaciones policiacas, luego de que esa organización pidió a las fuerzas federales que brinden seguridad en el municipio.
La mañana de este jueves el perredista se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero donde se planteó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) integradas por policías estatales y militares, para atender el problema de inseguridad.
“El compromiso es mandar tres bases operativas, estamos hablando de más de 150 elementos que estarían en Teloloapan, aparte de los que ya hay para garantizar la seguridad”, detalló.
Consultado en la inauguración de la feria empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el gobierno del estado solicitó a las “fuerzas federales” brindar mayor seguridad.
“Hemos tenido una constante comunicación (con el gobernador) para resolver este tema de Teloloapan, espero que hoy por la tarde se tenga un diálogo con el secretario general de Gobierno y se pueda resolver el problema”, agregó.
Sostuvo que no hay una parálisis total en ese municipio a pesar de que confirmó que estaban cerradas las sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
“Yo quiero clarificar que Teloloapan no está paralizado, porque las instituciones educativas, el transporte público está funcionando, sí existe temor y sicosis”, agregó.
Insistió en que ante la situación debe ser franco, que hay temor de la población sobre lo que pueda pasar, porque la ciudadanía “no está acostumbrada a ver gente armada caminando” por la ciudad.
“No pretendemos acostumbrarnos, por eso pedimos que la federación se haga ya cargo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que se haga un compromiso concreto de que sí habrá seguridad para la ciudadanía tecampanera”, enfatizó.
Insistió en que su municipio ha sido “fuertemente golpeado” por la delincuencia organizada, y lo que pide la Comunitaria Tecampanera es seguridad para sus pobladores.
De las acusaciones de que tiene vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, el perredista lo negó y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen.
En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana dicen que financiaron su campaña electoral pero no cumplió los acuerdos pactados.
“Que sean las autoridades competentes las que hagan el esclarecimiento de lo que se está imputando, yo nuevamente muestro mi rechazo a esas acusaciones, por lo que quien me acuse tendrá que comprobarlo”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo de difundir el video es “manchar” a su gobierno, aunque desconocía de quién eran las intenciones y bajo qué encomienda.
Recordó que Teloloapan sólo hay cinco policías certificados de 20, los cuales deben de cuidar a una población de 54 mil habitantes. Su gobierno enfrenta además la falta de interés en formar parte de la corporación, a pesar de las convocatorias para unirse a la Policía Municipal.

Reforzarán las autoridades la seguridad en cinco municipios tras el “desafío” de criminales al Estado, dice el vocero

 

 

Ante el “desafío” de la delincuencia al Estado que hizo repuntar la violencia en la entidad, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó la tarde de este lunes en una reunión urgente, “reforzar” y “fortalecer” el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa, informó el vocero único en materia de Seguridad y delegado de la Secretaría de Gobernación, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario reconoció, consultado vía telefónica, que la violencia repuntó en algunas partes de la entidad, por lo que el Grupo de Coordinación Guerrero “revisará lo que tenga que revisar, fortalecerá lo que se tenga que fortalecer y corregirá lo que se tenga que corregir”.
Cuando menos dos ciudades en donde ha repuntado la violencia en los últimos días, Acapulco y Chilpancingo, están dentro de los cinco municipios con más violencia en el estado y en donde se supone que existe una operación especial del gobierno federal, para disminuir el índice delictivo en las 50 ciudades más violentas del país.
Mientras que Tixtla, en donde fueron encontrados 9 cuerpos desmembrados la noche del domingo, es un punto cercano a Chilpancingo e intermedio con Chilapa, que también es considerada una ciudad de alta incidencia delictiva y con una operación especial del gobierno federal.
–¿Cuál es la visión de los gobiernos federal y estatal cuando se supone que en Chilpancingo y Acapulco existe un operativo especial porque son de los cinco municipios considerados con más violencia, y, sin embargo, siguen ocurriendo casos extremos de violencia?– se le preguntó.
–La delincuencia desafía la acción que realiza la autoridad. Esta es una lucha que se libra todos los días y de manera constante. Hay días en donde el propio interés de los delincuentes por el control de su territorio, el trasiego y la venta de drogas genera un desafío constante a la autoridad. La autoridad realiza su trabajo de coordinación entre las dependencias federales y estatales, pero el desafío de la delincuencia continúa–, respondió.
Del caso del secuestro masivo en San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán, Álvarez Heredia precisó que fueron 10 los plagiados.
Explicó que en las primeras horas de cometido el secuestro, cuando llegaron los agentes de la Policía Ministerial adscritos a la agencia del Ministerio Público de Arcelia, recibieron la información de vecinos que fueron entre 12 y 14 las personas secuestradas pero que cuando tuvieron contacto directo con los familiares de las víctimas precisaron que son 10.
El funcionario informó que la mayoría de las víctimas son de San Jerónimo el Grande y de condición humilde. La mayoría de ellos campesinos y los dos menores de edad son estudiantes. Afirmó que ya regresaron tres.
–¿Se confirma que los responsables son integrantes del grupo de Los Tequileros?
–Todo hace indicar que sí, se trata del grupo de Los Tequileros, de acuerdo a los testimonios de los propios familiares de las víctimas que están detenidas.
En la noche el gobierno del estado informó de los acuerdos asumidos por el Grupo de Coordinación Guerrero la tarde de ayer en el puerto de Acapulco.
“Ante los acontecimientos violentos del fin de semana, el Grupo de Coordinación Guerrero, en reunión convocada de carácter urgente acordó reforzar la intervención de la federación para fortalecer el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa”, se dijo en el comunicado.
Agregó que las acciones de reforzamiento de la seguridad en esos lugares, acordadas con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y el coordinador de la estrategia de seguridad en el estado, el general Alejandro Saavedra comandante de la Novena Región Militar, son para los municipios de Teloloapan y Arcelia en donde se acordó reforzar los operativos de vigilancia y la instalación de tres bases de operaciones mixtas, integradas por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Asimismo se informó que se instalarán tres puestos de control en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano para la revisión de personas, vehículos y el transporte público.
De los municipios de Tixtla y Chilapa, se acordó la instalación de tres bases de operaciones mixtas integradas por 150 elementos, reforzar las acciones de inteligencia para detectar a los grupos delictivos y lograr la consignación de los criminales.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, dice el boletín del gobierno estatal.
Informó que continuará la búsqueda de los secuestrados en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y que se hizo el compromiso de “cerrar filas con los instrumentos de la ley de las instituciones para detener a los responsables”.

Matan a balazos a un hombre y una mujer en la parte alta de Costa Azul

Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos en la colonia Hermenegildo Galeana, ubicada en la parte alta del fraccionamiento Costa Azul.
El doble crimen ocurrió a las 3:39 de la tarde en la calle 15 de Junio, de la colonia referida. En esa zona la mayoría de las viviendas están construidas de madera y de lámina de cartón.
Una versión policiaca indica que al parecer dos hombres armados primero mataron a la mujer y después persiguieron a balazos al hombre, hasta alcanzarlo para quitarle la vida.
Los cuerpos fueron hallados a cinco metros de distancia, tendidos en la terracería de la vialidad. El hombre estaba atrás de una piedra.
La mujer vestía un short de mezclilla y blusa negra. El hombre usaba una playera y short blanco.
Los peritos encontraron 18 casquillos percutidos dispersos de un arma .9 milímetros.
Después de las diligencias, los policías ministeriales ordenaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a las instalaciones de Semefo.
La zona fue resguardada por marinos, policías estales, ministeriales y municipales. No hubo detenidos.
En lo que van del año van hasta ayer 894 muertes violentas presuntamente relacionadas con el crimen organizado, de acuerdo con un recuento de El Sur.

Hallan muerto a un maestro de Xolapa

Un maestro de la comunidad de Xolapa, ubicada en la zona rural, fue hallado muerto y en descomposición en la colonia Teconote, asentada en la comunidad referida.
De acuerdo con la información recabada, el cuerpo fue hallado el pasado domingo en la comunidad mencionada, dentro de un arroyo. El viernes pasado viernes sus familiares respotaron la desaparición ante el Ministerio Público de Chilpancingo.
El comisario de la comunidad de Xolapa, Misael Bellos, avisó del hallazgo a la funeraria Acapulco para hacer los trámites, sin embargo los familiares manifestaron su inconformidad con la policía ministerial porque quería conocer la causa de la muerte de su familiar.
La víctima se llamó Arquímedes, de 50 años, y era maestro de la comunidad de Xolapa.

Identificados

Eran un chalán de camión urbano y un albañil dos de las víctimas asesinadas entre el sábado y domingo pasado.
La primera víctima se llamó Rufino, de 36 años, y era chalán de un camión urbano. Tenía cuatro días de haber salido de la cárcel, ubicada en Las Cruces. Él murió ejecutado el domingo en esa colonia.
La otra víctima se llamó Bulmaro, de 19 años y era albañil. En este caso el joven fue asesinado a balazos en la colonia Revolución el sábado en la noche.