En la primera reunión mensual de este año de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), los empresarios expresaron su preocupación por la extorsión y la falta de transporte público en Acapulco, derribado por amenazas, ataques y homicidios cometidos por parte de los grupos criminales.
La reunión se llevó a cabo la mañana de este martes en la Ciudad de México, y fue encabezada por el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Sha, con la representación de los presidentes de todos los estados del país, informó el presidente de la Canaco-Servytur en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney.
El representante empresarial informó que en el encuentro sus compañeros de otras partes del país preguntaron por la situación que atraviesa Acapulco luego del impacto del huracán Otis, por la violencia, como el cobro de piso y la parálisis en el transporte público.
A petición del presidente de la Concanaco, Martínez Sidney dijo que explicó la situación que prevalece en la ciudad, y señaló que la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado y resultados en las investigaciones ha generado desconfianza hacia la institución.
“Se tienen que hacer cambios profundos en la Fiscalía del Estado, tenemos una fiscal que no ha dado resultados en materia de investigación en delitos de alto impacto, como la extorsión, y los últimos asesinatos que han perjudicado a muchas familias, pero también a la imagen de Acapulco”.
Agregó que “no hay detenciones, no hay un proceso en contra de ellos (los delincuentes), y desde la Secretaría de Seguridad
Pública se están atendiendo ocho casos de extorsión contra empresas en la avenida Costera, y la Secretaría la tiene que estar haciendo de Fiscalía ya que no hay confianza en ellos, porque no hay acciones contundentes en contra los grupos que están extorsionando en Acapulco”.
El líder empresarial señaló que no hay detenciones por parte de la Fiscalía de los delincuentes que acuden a los negocios a exigir “cuotas” y reclamó que cuando se denuncia un caso, la víctima es la investigada, y no el victimario, lo que ha terminado por alejar a los empresarios y comerciantes de la Fiscalía.
“En Guerrero hay impunidad porque no hay justicia para las víctimas, porque la fiscal, Sandra Luz Baldovinos, no está dando resultados, por eso hacemos un llamado a la Comisión de Seguridad y de Gobierno del Congreso local a que citen a comparecer a la titular de la Fiscalía, y que muestre los resultados que está dando, y que el Congreso tome una determinación sobre la continuidad de la fiscal en la institución”.
A pregunta expresa sobre el aumento de la extorsión en Acapulco, Martínez Sidney respondió: “la extorsión se vino en cascada a la apertura de Acapulco después del huracán Otis. Restaurantes que estaban en plena remodelación fueron observados por gente que estaban al acecho de estos inversionistas, y el día que inauguraron ya tenían ahí la nota de la extorsión”.
Dijo que esto está inhibiendo la inversión de los empresarios en Acapulco y agudiza aún más la reactivación económica “y si la Fiscalía no está haciendo su trabajo, estos grupos van a estar por toda la ciudad haciendo de las suyas”.
Madres y padres de los 43 normalistascon su abogado Vidulfo Rosales en la conferencia de prensa en la sede del Centro Pro Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron que el gobierno federal busca dividirlos y generar una confrontación entre ellos, además de informar que se negaron a sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ).
Minutos después de retirarse de la reunión con la Comisión, los padres junto con sus representantes ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para presentar una posición.
El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, señaló que se decidió suspender la primera reunión formal del 2024 en la CoVAJ debido a que, por parte del gobierno, existió “una provocación muy desafortunada”, buscando una división entre los padres.
Mario González, padre de César Manuel González, aseguró que el gobierno federal intenta confrontarlos y señaló a otro grupo por ser quienes han entorpecido las investigaciones.
“Es un pequeño grupo de padres que fueron los que asistieron a una marcha por la liberación de José Luis Abarca. Para nosotros han sido ellos los que nos han puesto un poco el pie, por lo tanto no estábamos de acuerdo en estar en la misma sala que ellos”.
Añadió que integrantes de la Secretaría de Gobernación viajaron desde Chilpancingo con el otro grupo de padres de los normalistas desaparecidos, a sabiendas de que el grupo mayoritario no puede reunirse con ellos. Acusó que mantienen prácticas de la administración federal de Enrique Peña Nieto.
“Muchos mexicanos pensamos que se iba a dar un cambio. Desafortunadamente vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres de familia”. Añadió que “es una porquería lo que están haciendo de gobierno, que puercos son”.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez, indicó que el grupo de padres con ideales contrarios a los de los 38 familiares que exigen la presentación con vida de los normalistas recibieron una remuneración económica.
“Ex compañeros que abandonaron la lucha por un dinero, por un billete, no le tienen amor a sus hijos, nosotros aquí estamos con digna lucha, no hemos recibido un peso del gobierno. No nos hemos vendido y no nos vamos a rajar. Estamos con la frente en alto y hasta que aparezcan nuestros hijos sea como sea”.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, indicó que la semana pasada sostuvieron un encuentro con el subsecretario de Gobernación Félix Arturo Medina Padilla.
“Hoy íbamos a tener una reunión, nos llevó la sorpresa de que nuestros representantes legales no les avisaron ni a nosotros, que iba un grupo pequeño de padres que iban a estar presentes. Que es lo que está haciendo, aunque le duela al presidente de la República decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar”.
Añadió que le indicaron a Medina que si querían sostener una reunión con el otro grupo de padres lo hiciera, pero que no lo harían en conjunto por no tener los mismos intereses.
“Ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a trabajar con Abarca, va a trabajar con Ángel Aguirre Rivero, va a trabajar con Pedro Segura”, comentó el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra remarcó que la presente administración sostiene prácticas que están relacionadas con el sexenio anterior y busca reunirse con un grupo que aseguró es minímo en comparación con el que estaba presente.
“Son prácticas que se empiezan a ver parecidas al Gobierno anterior. Hoy nos traen este grupo de padres que tienen toda la legitimidad, todo el derecho, pero lo que se pidió en la reunión, ‘atiéndalos por separado’. Ellos están más bien solicitando los temas económicos, temas de una reparación, los temas que tienen que ver con otros aspectos de carácter, la canasta básica (…) esta mesa es otro tema, es un tema que tiene que ver con verdad y justicia”, expuso.
“En su desesperación, en su intento de dividirnos, en su intento de no dar respuesta a lo medular que es la información que está pendiente, pues va a trabajar con este grupo, un grupo minúsculo, y va a hacer a un lado a los padres que mantienen la llama de la lucha por los 43 y lamentablemente un grupo de padres que tienen un interés económico”.
Afirmó que la actitud del gobierno fue romper y “dinamitar” la reunión que se buscaba sostener con los padres y por eso decidieron no continuar y solicitaron una encuentro directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se está terminando la confianza”, dijeron sobre relación con el presidente, “la pelota está en su cancha”.
Rosales comentó que decidieron relatar esto a la prensa para evitar que el otro grupo de padres sea utilizado por el Gobierno de López Obrador para posar frente a militares y acompañar sus acciones o ingresar a abrir archivos del Ejército y legitimar su opacidad, cuando el resto de los que han mantenido la lucha por más de 9 años se ha negado al pedir la intervención de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además, acusó al Presidente López Obrador de abrir una campaña de descalificación en contra del GIEI, padres de normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana, la Organización de los Estados Americanos, organizaciones y defensores que le han exigido cuentas, lo que, consideró, pretende desviar la atención para no cumplir con la resolución, explicación, hallazgo de los desaparecidos, y sanción a los responsables.
Los padres de los 43 normalistas aceptaron que la relación directa con el presidente López Obrador se ha ido maltratando, incluso por parte de algunos padres ya hay desconfianza para el mandatario.
“Desafortunadamente ese vínculo que se tenía con el presidente con la confianza de decir los vamos a encontrar, todas las cosas que nos prometió y que pensabamos se iban a estar solucionando hasta que llegamos al Ejército y desafortunadamente desde ahí empezamos a batallar. Se mete con los equipos, con otras personas para separar. (En) la mayoría de los padres sí se está terminando la confianza muy pronto o ya se terminó”, declaró el señor Mario González.
El abogado Vidulfo Rosales aclaró que el responsable de dar con la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos es el gobierno y es un compromiso que López Obrador hizo en campaña.
“No tenemos con quien más acudir, este gobierno es responsable de dar la verdad, la justicia, esclarecer los hechos, es un compromiso que él hizo al inicio de su gobierno entonces debe cumplir con ese compromiso”.
Remarcó que la responsabilidad recae en la administración federal, pero aceptó que el tiempo del sexenio de López Obrador se acaba y es alarmante que lo utilice en lo que calificó como distracciones.
“Ha inventado enemigos externos, otra vez, como los gobiernos anteriores y descalificando a las organizaciones que asesoramos a los representantes en términos constitucionales. El Presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información –que tiene obligación de entregarla–, lo que está haciendo es descalificarnos, intenta medrar y dividir a los padres de familia a través de esta estrategia de decir que nosotros ahora somos responsables.
“Efectivamente, cada día está en su cancha, la pelota está de su lado para que él ofrezca verdad y justicia y cada vez se acorta más el tiempo. Nos preocupa que ese tiempo que resta lo esté utilizando el Presidente en distracciones, lo esté utilizando el Presidente en confrontaciones, en confrontarnos, en intentar dividir y ahí se nos agota el tiempo”, insistió.
La señora Cristina Bautista añadió que al presidente López Obrador le queda poco tiempo en la presidencia, pero esperan que antes de que termine su periodo, pueda entregar resultados.
“Aunque le duela al Presidente de la República, decimos que es lo mismo que el Gobierno anterior”, externó Cristina Bautista Salvador, madre de otro de los desaparecidos.
“Estamos enojados”, dicen; exigen información de Sedena
Los padres presentaron y difundieron un oficio en el que se dirigieron a López Obrador para exigir una comunicación completa en la que se refiere que 17 normalistas son llevados a un lugar “para privarlos de la vida”, misma que está en posición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Señor presidente no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos. Sus dependencias políticas y el Ejército son culpables de esa desaparición, por eso nosotros estamos enojados, desilusionados de este tipo”, exclamó Mario González.
Clemente Rodríguez comentó que han remarcado que hace falta información relevante del caso, concretamente 800 tomos en posesión de Sedena, pero que el presidente López Obrador en sus conferencia de prensa matutina se limita a decir: “ya están todos los tomos”.
Vidulfo Rosales mencionó que exigen la infomación entregada en una reunión con la CoVAJ y sea cotejada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esos folios existen, ya ha sido admitido por Alejandro Encinas, por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente en la mañanera se dice otra cosa”, detalló Rosales.
Defienden a organizaciones sociales y de derechos humanos y se lanzan contra el Ejército
Ante los señalamientos en contra de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos por parte de López Obrador en el caso Ayotzinapa, los padres y representantes defendieron a las mismas.
“Lejos de dar respuesta, lejos de entregar esos 800 folios, lo que hace es abrir inicia una campaña de descalificación contra el Grupo de Expertos Independientes, contra la Comisión Interamericana, ahora contra la OEA, inventando enemigos externos como los gobiernos anteriores”, opinó Rosales.
Mario González aseguró que el presidente ha dicho “pura barbaridad” en contra de las organizaciones que les acompañan y mantienen la exigencia de conocer la verdad del caso.
“Es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad de nuestros equipos a sabiendas que él tiene la información sobre la documentación de la Sedena. Es una exigencia que nos pertenece para saber la verdad”.
Mario González exigió a López Obrador dar la cara y responder con acciones, y pidió el cese de descalificaciones.
“¡Qué puercos son!, ¡qué cobardes! De verdad, querer manipular así a los padres por la necesidad, hasta por la ignorancia. Defender a alguien que atacó a mi hijo y eso es lo que el Gobierno defiende, ¡qué desagradable Gobierno tenemos!”.
Clemente Rodríguez adelantó que continuarán con la lucha hasta dar con el paradero de sus hijos, culpando al Ejército por su participación activa en el país.
“El Ejército lleva el control del país, el presidente nada más lo maneja. Queremos decirle al señor presidente que asuma los compromisos, que nos dé la cara y que toque a los militares. Falta mucha investigación” (Con información de Agencia Reforma)
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los avances de la reactivación de Acapulco tras el huracán Otis Foto: Jesús Trigo
Juan Luis Altamirano Uruñuela
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, informó que a 77 días del impacto del huracán Otis, se tienen 95 embarcaciones recuperadas, 74 en la bahía de Acapulco y 21 en la zona de Puerto Marqués.
En la exposición durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Acapulco de este miércoles, Ojeda indicó que en total se localizó un total de 458 embarcaciones, 438 en la bahía de Acapulco y 20 en Puerto Marqués.
“En Acapulco se estima que se extraviaron 438 embarcaciones, en Puerto Marqués 20. En total 458, de las cuales se han localizado 74 en Acapulco, en Puerto Marqués 21” comentó.
Mostró que en 15 embarcaciones se determinó que había personas desaparecidas, de las que ya localizaron 11 embarcaciones y cuatro quedan pendientes por localizar.
“En lo que se refiere a embarcaciones con personas desaparecidas son 15, se han encontrado 11, se siguen buscando cuatro. Personas desaparecidas a la fecha 24; cuerpos recuperados a la fecha han sido 17”, expresó.
Agregó que todas las acciones en mar son acompañadas por representantes de la Policía Ministerial, la Fiscalía General del Estado de Guerrero y en algunos casos, familiares de las personas desaparecidas. Indicó que el 4 y 5 de enero se hicieron acciones de búsqueda, encontrando restos óseos, pero resultaron ser de animales.
“Del 4 al 5 de enero se efectuaron operaciones de búsqueda en la mar en la Marina de Acapulco en los condominios Cocos, Punta Diamante, isla La Roqueta. Fueron familiares de las personas desaparecidas, nos acompañaron y también tripulaciones de los buques desaparecidos como es el Litos, el Sereno y el Bacchus. Se localizaron restos óseos ahí, pero se les dio al Semefo y resultó que eran de origen animal”, declaró.
Añadió que el 6 y 7 de enero se efectuaron barridos de ecosondas en distintos puntos, acompañados de familiares de Marco Antonio Franco Cipriano quien lo identificó como “desaparecido del yate Tourbillón” pero sin resultados positivos.
Indicó que utilizan cinco drones submarinos, dos ecosondas Multihaz, siete embarcaciones con ecosonda Multihaz, además de 70 buzos que han hecho 2 mil 430 inmersiones.
En lo referente a ayudas, indicó que en total han entregado 370 mil 715 despensas y 515 mil 411 cantas básicas, 268 mil 548 raciones de comida, 9 mil 780 kilogramos de tortillas y la repartición de un millón 086 mil 148 litros de agua para consumo, junto con más de 2 millones de litros producidas por plantas potabilizadoras y 19 millones 460 mil litros de agua por medio de pipas.
Comerciantes del Mercado Central que piden ser censados, integrantes de la organización Guerreros Verdes en contra de la construcción del hospital del ISSSTE en el Centro de Convenciones, trabajadores del IMSS que no han sido basificados y estudiantes de la Universidad Americana de Acapulco (UAA) que piden concluir sus estudios, se manifestaron este miércoles afuera de la Base Naval, donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su conferencia matutina.
La estudiante de la UAA, Yadira Gómez, comentó que el 23 de diciembre les avisaron que iban a cerrar la universidad, por lo que consideró que es un “fraude” su lema Excelencia para el desarrollo, “deja mucho que desear”, comentó.
Indicó que la UAA no ha hecho una actualización del plan de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde hace 13 años y las autoridades pretenden trasladarlos a otras instituciones, donde “nos ponen mala cara”.
Señaló que son 400 alumnos de la UAA que son afectados por el cierre de las instalaciones y que pagan una colegiatura de 6 mil pesos, “entonces queremos una solución, para no perder el ciclo escolar, además no hay ningún argumento válido para que cierre la universidad, podemos tener clases en línea”.
Acompañada de otros estudiantes de la misma escuela, Yadira Gómez aseguró que simple y sencillamente las autoridades de la UAA no tienen disposición para llegar a un acuerdo, “toda la situación que pasamos con Otis, más aparte échale este desgaste”.
Minutos antes, el profesor José Manuel Vargas entregó un documento a un “Servidor de la Nación” con el que solicitan la intervención del mandatario federal en el conflicto laboral suscitado por el cierre de la UAA, a pesar de que les piden cerrar el presente ciclo escolar.
En concreto, le piden a López Obrador que intervenga para que no les violen sus derechos laborales en el despido masivo que llevaron a cabo las autoridades de la UAA e instruya a quien corresponda para que supervise la contratación de trabajadores en las escuelas privadas.
A un costado de los estudiantes de la UAA se encontraban algunos integrantes de la organización ambientalista Guerreros Verdes, quienes desplegaron dos grandes mantas, una de ellas decía: “Hospital sí, pero no en el Centro de Convenciones, drenaje colapsado”, y la otra dictaba que el Centro de Convenciones se convirtiera en una “reserva ecológica”.
Una de las integrantes que se manifestaron, Luisa González de la Vega, comentó que se manifestaron “para hacer patente nuestra inconformidad con la construcción del hospital del ISSSTE en donde era el Centro de Convenciones, creemos que es una barbarie el poner un hospital en plena zona turística con los servicios que va a demandar el hospital”.
Aseguró que la zona “va a colapsar, empezando con el drenaje, todo lo que es el agua ya se colapsa sin necesidad de tener un hospital, ahora imagínese el tráfico que va a generar, el ruido de las ambulancias en una zona turística residencial”.
Expuso: “creemos que hay muchos otros lugares, sí queremos el hospital, por supuesto, pero creemos que hay lugares mucho más adecuados que estos, la gente que va a venir va a ser de los estados colindantes y van a tener que entrar a hacer más tráfico”.
Otro grupo nutrido de comerciantes del Mercado Central se manifestó este miércoles con una gran manta que pedía que fueran entregados los apoyos que prometió la Secretaría del Bienestar a los damnificados del incendio del 5 de junio pasado.
Al respecto, la comerciante de plantas medicinales, cuyo puesto se ubica en la sección de jardineras, pero pertenece a la nave mayor porque colinda con ésta, María de la Luz García Solís, especificó que a raíz del siniestro fueron censados, pero hasta la fecha no han recibido ningún apoyo.
“Y ahorita se vino lo del Otis, yo sé que no es culpa del gobierno que se haya venido esto, pero volvimos a perder muchos de nosotros e igual no fuimos censados”, comentó la comerciante junto con otros compañeros del Mercado Central que también fueron afectados.
En cuanto a la construcción del mercado, dijo que “no hay mucho avance, de hecho, no hay avance, pasó lo de Otis y pararon; yo sé que no es culpa del gobierno, verdad, pero no ha habido avance”.
A las 9 de la mañana de este miércoles, 78 días después del paso del huracán categoría 5 que devastó el municipio, María de la Luz García Solís remató: “económicamente estamos mal porque no hay ventas”.
Una hora después llegaron algunos trabajadores de unidades móviles pertenecientes al IMSS-Bienestar que se manifestaron con pequeñas cartulinas al igual que otros ciudadanos con sus respectivas demandas mencionadas en una de las conferencias matutinas en Acapulco con menos protestas.
Uno de ellos, el trabajador Víctor Tapia, expuso de manera enfática que son empleados contratados por honorarios, lo que quiere decir que no tienen prestaciones médicas ni las dictadas por la ley.
Comentó que han sido trabajadores del Bienestar desde hace 6 años y algunos desde hace 8, “y hasta ahorita no se han mejorado nuestras condiciones laborales, entonces ésa es una petición”.
“Todo personal de salud a estas alturas ya está basificado y contratado por honorarios o por contrato estatal, federal; ya ha sido basificado en el año anterior, hace dos, tres meses, y nosotros seguimos quedando en el olvido siendo pertenecientes al programa y no hemos tenido ninguna solución”, señaló.
Indicó que los trabajadores de la salud que se manifestaban este miércoles por sus “condiciones precarias” laboran en varios municipios de la región Costa Chica, como son Tecoanapa, Ayutla, Xochistlahuaca y Ometepec, al igual que en algunas zonas de Acapulco donde están ubicadas las unidades médicas móviles.
Trabajadores de las unidades medicas del IMSS Bienestar protestan a las afueras de la Base Naval mientras se desarrollaba la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El diputado local y presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, en entrevista en el Congreso del estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, informó que ese partido recomendó a los aspirantes de su partido, que ante posibles intimidaciones o amenazas se retiren de la contienda.
Aclaró que no tiene, a la fecha, información ni denuncias de amenazas hacia sus aspirantes.
En consulta en el Congreso local sobre la violencia desatada en las regiones, el también diputado local llamó: “ojalá el órgano electoral reúna a las dirigencias (de partidos) y busquemos un plan conjunto para que el proceso electoral se desarrolle en paz”.
A pesar de que en información de los pocos interesados en participar en los municipios de la región de Tierra Caliente, como en San Miguel Totolapan, González Varona afirmó que tienen aspirantes inscritos en todos los distritos y municipios del estado.
Sobre la cantidad que es menos que en otras regiones, explicó que en Tierra Caliente “se registraron quienes tienen firmes sus aspiraciones, quienes consideraron que no les alcanzaba decidieron declinar. Sólo en algunos casos hay disparidad entre hombres y mujeres”.
Indicó que en Arcelia y San Miguel Totolapan hay mujeres registradas, y en Ajuchitlán sólo se apuntó una mujer que fue candidata en 2021.
Reconoció la diferencia de municipios de Tierra Caliente respecto a Chilpancingo, Acapulco y Benito Juárez, donde hay más mujeres inscritas, “porque ven el apoyo al género de la población”.
Descartó que haya menor participación política de Morena en Tierra Caliente por los hechos de violencia.
Consideró que estos eventos son consecuencia de que la mayor parte de las fuerzas de seguridad se desplazó a Acapulco para atender la contingencia del huracán Otis.
Pidió reforzar la presencia del Estado en la región con programas de desarrollo y de seguridad, además de buscar estrategias con las autoridades para blindar el proceso electoral.
Aspirantes deben separarse de sus cargos en tiempos fijados
Gonzalez Varona informó que su partido no establece plazos de precampaña en el proceso de selección de candidaturas, pero envió el aviso de las fechas de separación de los cargos para servidores públicos que manejan recursos públicos o programas sociales que aprobó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Esto, a fin de que se ajusten a ellos. Para la elección de diputaciones es el 1 de enero, y para la elección de ayuntamientos, el 15 de enero.
“Si no pidieron licencias o permisos en sus cargos y funciones, no tienen nada que hacer (en el proceso interno)”, declaró.
De los aspirantes que provienen de otros partidos, como los alcaldes de Tecpan de Galeana, Petatlán y Copala, aclaró que fueron invitados a unirse al proyecto, lo cual no les garantiza una representación en Morena ni una candidatura, “eso debe tenerlo claro la militancia”.
Integrantes del Colectivo Memoria Verdad y Justicia durante su exposición fotográfica en el Zócalo Foto: Aurora Harrison
Aurora Harrison
La representante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, declaró que las más de 40 familiares de las madres buscadoras de la organización no aparecen en el registro de personas desaparecidas que fue presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidió que dé cifras reales.
El sábado los integrantes del colectivo hicieron la 21 exposición fotográfica, primera de este año, se llevó a cabo en el kiosco del Zócalo de Acapulco, ahí se hizo un recuento de todas las acciones que llevaron a cabo el año 2023 para concientizar a la sociedad sobre las desapariciones de personas, las cuales indicaron “no son hechos aislados”.
Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, detenido y desaparecido por policías municipales el 5 de diciembre del 2018, declaró que en el censo que hizo el gobierno federal de personas desaparecidas, “para mí no se ha concluido, porque a mí no me han censado, a nadie del colectivo somos más de 40 familias y ninguna ha sido censada”.
“Algunas compañeras conocidas dicen que ya entraron, buscaron a mi hijo y que no aparece en la lista, muchas compañeras alegan que sus hijos han sido desaparecidos por segunda ocasión, ahora por el censo que mando a hacer el presidente de la República”, denunció la madre buscadora que pidió “no desaparecer a nuestros hijos y que den cifras reales”.
Explicó que ella no ha podido entrar a la plataforma por fallas en el Internet, que prevalecen desde el impacto del huracán Otis¨ “no puedo decir si es cierto o no es mentira, pero muchas compañeras aseguran que sus hijos no están apareciendo en las listas del registro de la base de datos”.
Solicitó al presidente de la República “que sea realista con las cifras, que no esté diciendo mentiras, que no sea un mentiroso porque está mintiendo, yo estuve presente en el movimiento que se hizo el 18 de diciembre, estuvimos en la conferencia mañanera y mandaron policías antimotines a no dejarnos pasar, ni siquiera nos dejaron acercar para nada y nos mandaron muchos antimotines; nos trataron como delincuentes”.
Por otra parte, sobre los capitanes y marineros del sector náutico que están desaparecidos desde el impacto del huracán Otis, Gil Guzmán dijo que las autoridades no deben de dejar de buscar en el mar o fuera; deben seguir con las búsquedas.
“No debemos perder las esperanzas de encontrarlos, y creo que todos deben de tener una carpeta de investigación, creo que sí todos deben de tener, todos los desaparecidos tienen el derecho de ser buscados, ese es un derecho principal, creo que se debe exigir a las autoridades que se les siga buscando”, puntualizó la madre buscadora.
En su actividad en el Zócalo, en su mayoría las integrantes del colectivo leyeron un comunicado de prensa donde se enumeran las acciones que hicieron durante el año pasado entre ellas las búsquedas, las exposiciones fotográficas, la develación del muro de la memoria.
Antes el representante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, Julio Mata Montiel, recordó que en Guerrero se tienen más de 600 personas desaparecidas desde la época denominada como guerra sucia y son más de 100 mil desapariciones en México, a pesar de que se “quieran maquillar las cifras, son más de 100 mil las personas desaparecidas”.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Guerrero, Carlos Sevilla Rodríguez, opinó que el decreto publicado por el gobierno del estado impacta en los desarrolladores privados y no en quienes se dedican a la obra pública.
“Son lineamientos que sí se pueden cumplir, se necesita nada más verificar que en ciertas condiciones habrá ciertas construcciones que si se necesite reforzar o hacer algo diferente, pero la mayoría sí se puede cumplir, la mayoría de lo que viene ahí sí se pude realizar”.
Indicó que ahora las edificaciones devastadas por Otis deberán contar con un Director Responsable de Obra (DRO) quien deberá evaluar si la estructura mayor a cinco pisos resiste la carga de materiales como tabique o block.
En el caso de los desarrolladores de obra pública, dijo que están acostumbrados a trabajar con materiales de concreto como escuelas, hospitales porque son espacios que en caso de contingencia se habilitan como refugios.
En el caso de la CMIC, precisó que el 90 por ciento de los socios se dedican a la obra pública y el 10 por ciento a la obra privada.
El pasado 15 de diciembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicó el Decreto por el que se expiden los lineamientos para la construcción y reconstrucción integral de la franja Costera del Estado de Guerrero, en el que se establecen nuevas condiciones para los edificios de más de cinco pisos como que los paneles ligeros, tablas de yeso y tabla de cemento “no podrán ser utilizados para fines estructurales principales”; ventanas, vidrios, canceles, fachadas integrales deberán resistir vientos de 200 a 300 kilómetros por hora; la cancelería de aluminio deberá estar certificada para resistir huracanes.
Concreto contra material ligero
En declaraciones por teléfono, Sevilla Rodríguez indicó que uno de los primeros impactos en los desarrolladores será el costo de las obras, “pues no es lo mismo construir con material ligero que con materiales pesados, no es lo mismo un muro de tabique o de tabicón que uno de Durock o de tabla roca”.
Sobre el incremento en las obras con el uso de materiales resistentes a huracanes categoría 5 como Otis, el presidente de la CMIC dijo que no podía dar estimaciones sobre el posible costo; de entrada, dijo que en la obra pública no habrá incrementos salvo aquellos relativos a la inflación, pues se construyen a base de muros de concreto o tabicón como escuelas, hospitales o edificios de gobierno, en cambio los privados sí lo hacen con material ligero.
Sobre la pertinencia de usar materiales pesados en edificaciones de más de cinco niveles, el presidente de la CMIC dijo que en esos casos es necesario el DRO para que se cuente con dictamen estructural que valide que puede soportar el peso con los nuevos materiales, pues el edificio fue diseñado para soportar material ligero, por eso corresponde a los especialistas dictaminar en esas construcciones.
Precisó que el decreto no establece que debe ser tabicón o tabique, sino que establece que deben ser materiales que resistan la fuerza del viento o que estén reforzados para resistir fenómenos como Otis, “tienen que ser materiales que puedan resistir y si usaran ese tipo de material que estuvieran reforzados, no deja a que sean nada más de tabicón o tabique, preferentemente lo que sí dice es que los baños deben ser indudablemente, servir como refugios dentro de las casas, esos sí tienen que ser de un material de concreto”.
Informó que en la UNAM hay un túnel de viento y ahí se hacen pruebas de los materiales que resisten la fuerza del viento, indicó que en Cancún se usa una “cortina anticiclónica” para que los vientos no afecten la cancelería o ciertos muros “yo creo que debe haber un material que pueda resistir eso”.
Carlos Sevilla informó que la CMIC y otros colegios de profesionistas ya han sido convocados por el gobierno municipal de Acapulco para empezar con la revisión al Reglamento de Construcción.
Del cumplimiento de los lineamientos dictados por el estado por parte de los desarrolladores privados, dijo que eso será responsabilidad de los municipios de contar con un DRO que verifique y avale que las obras mayores a cinco pisos cumplen con las nuevas disposiciones, “se tiene que cumplir, tiene que estar supervisado, y si no de acuerdo a la ley habrá una consecuencia para las personas que estuvieran involucradas en eso”.
A pregunta expresa sobre la calidad de los DRO en Acapulco luego de que en el desarrollo de Casas Paquimé en Pedregal de Cantaluna donde se señaló que el DRO fue quien permitió materiales y cambios en los planos que provocaron que el sismo del 7 de septiembre de 2021 causara daños irreparables en las viviendas, el presidente de la CMIC dijo que un Director Responsable de Obra debe pasar varios filtros, ser técnico, con cédula profesional, tomar cursos especializados en estructuras; “debe haber corresponsables de instalaciones, de cimentación, de estructura y de todo y si deben ser estrictos, por ética lo debemos de ser por eso se pasan ciertos filtros no cualquiera puede ser DRO”.
Agregó que el DRO que firma como responsables es el responsable de la vida de los demás y si siguen las normas y lo que se indica y se construye con lo que se dice, si pasa algo ya no hay responsabilidad, pero si no lo hacen de acuerdo con lo que se especifica y alguno lo aprueba pues sí va a haber alguna responsabilidad”.
Se tienen que tomar medidas
De las críticas al decreto publicado por el gobierno del estado, Sevilla Rodríguez opinó que después del huracán y los efectos que causó en la ciudad de Acapulco es obvio “que se tiene que hacer algo” y el decreto es necesario porque se empieza con la reconstrucción y la discusión sobre de quien es atribución o no; “era necesario sacar los lineamientos”.
Añadió que ahora corresponde a los municipios hacer un reglamento de construcción apegado a ese decreto, pues ahí se habla de materiales y de refugios “no le veo nada malo, al contrario, se busca hacer las cosas para que esto vuelva a la normalidad y no vuelva a pasar lo que nos pasó con el huracán Otis”.
“Se tienen que hacer las medidas, ya lo vimos nosotros, si volvemos a reconstruir de la misma manera y si viene otro huracán y pasa lo mismo, van a decir ‘¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué no se actuó ya sabiendo que está pasando esto?’, creo que se están tomado las medidas que se deben realizar, creo que está bien, falta cambiar el Reglamento de Construcción porque el decreto es un lineamiento que sugiere que se tiene que hacer y ya en los municipios donde se tiene que modificar el reglamento”.
Sevilla Rodríguez informó que los socios de la CMIC serán convocados para enero a una mesa donde se ampliará y se aclararán dudas sobre el decreto emitido por el gobierno del estado, la información dijo se ha difundido por vía electrónica, pero por las fechas de fin de año es difícil reunirse por eso será el próximo mes cuando sean convocados para hablar en específico del tema.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las organizaciones sociales dominaban y contaban con una gran influencia en la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador habló sobre el censo de personas desaparecidas en el país, comparando la situación con la de los normalistas de Ayotzinapa.
De igual forma mencionó de manera directa al senador Emilio Álvarez Icaza como jefe de las organizaciones sociales, asegurando que tiene influencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es un poco lo de Ayotzinapa. Las organizaciones sociales eran los que dominaban, tenían una gran influencia. Este senador Álvarez Icaza, el jefe de organizaciones sociales, una gran influencia en el Prodh, una gran influencia en las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, de la ONU”.
El presidente aseguró que lo que debe hacer el gobierno federal es asumir la responsabilidad que tiene a pesar de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a lo que agregó que “nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”.
Ante las declaraciones de López Obrador, el senador Álvarez Icaza respondió con un video en X, donde afirma que el presidente López Obrador ha traicionado a las víctimas, atacado a las organizaciones, “desaparecer a los desaparecidos” y un pacto de corrupción e impunidad.
“Para tener legitimidad para hablar del tema, dígale a las familias, incluidas las de Ayotzinapa, dónde están sus seres queridos desaparecidos. Mientras usted no avance en justicia, en verdad, en reparación y no repetición, usted será sólo un encubridor” comentó en el video.
En el texto que acompaña al video señaló que se ha vuelto incapaz de “cumplir con su palabra”, preguntando sobre el paradero de las personas desaparecidas y el de los 43 estudiantes normalistas, reiterando que el gobierno es una “simulación y traición” para madres y padres de los estudiantes.
El pasado 14 de diciembre López Obrador aseguró que tiene asuntos pendientes con el Centro Prodh, añadiendo que la organización se ha ido “echando a perder” además de que calificó a Emilio Álvarez Icaza como un “farsante” respecto a su participación en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Ese mismo día afirmó que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de 60 supuestos involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, están relacionados con Álvarez Icaza y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La alcaldesa Abelina López Rodríguez se reunió con empresarios ayer en la mañana en la oficina de Presidencia Foto: Cortesía del Ayuntamiento de Acapulco
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, pidió a representantes de las cámaras empresariales que sus agremiados paguen sus contribuciones y ser “solidarios” con el Ayuntamiento porque no tiene dinero, porque el gobierno federal y del estado la han dejado sola.
Este miércoles la alcaldesa se reunió en su oficina con los presidentes de cinco cámaras empresariales “a fin de trabajar de manera conjunta para aumentar la recaudación y mejorar la imagen y los servicios del destino turístico”, se informó en un boletín.
El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, indicó que la alcaldesa López Rodríguez dio un informe de las actividades que se hicieron por parte del municipio luego del impacto del huracán Otis, como la contratación de camiones pesados por un monto de 200 millones de pesos para retirar la basura.
En el encuentro la edil señaló que tanto el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador como del gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado Pineda, la han dejado sola y que no tiene dinero para terminar el año, por eso solicitó a los presidentes de las cámaras que sus agremiados ayuden pagando las licencias de funcionamiento y el predial, dijo Martínez Sidney.
La alcaldesa subrayó en el encuentro que es una mujer honesta y que todo el dinero del presupuesto se ha usado para lo que se requiere, e informó que hay varios proyectos para continuar con la reactivación económica de la ciudad.
El presidente de la Canaco, dijo que en la reunión no se habló de algún incentivo para los empresarios locales, sin embargo la cámara a su cargo presentará una contrapropuesta porque la mayoría de los negocios tiene grandes pérdidas y no tienen las condiciones para pagar las contribuciones.
“Vamos a hacerle una contrapuesta, las licencias siguen altas, y que se han pagado. También hemos visto que sí invierte en la ciudad”, expresó Martínez Sidney.
En el boletín del Ayuntamiento se indicó que en el encuentro también se definió la instalación del Comité de Fomento a la Inversión, con el propósito de otorgar posibles apoyos y programas, dicho comité estará integrado por las cámaras empresariales y áreas del gobierno de Acapulco. Este comité tendrá reuniones entre cada 15 días y un mes para dar seguimiento a las estrategias en favor de la vida económica del municipio.
A la reunión asistieron el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Javier Saldívar Rodríguez; el presidente electo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Acapulco, Ignacio Rendón Romero; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Guerrero, Enrique Castro Soto, y la presidenta de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Pie de la Cuesta, Nelly Mejía Cienfuegos, a quienes se les llamó pero no respondieron el teléfono.
El presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del estado de Guerrero A. C., Alfredo Felipe Avilés, declaró que el gobierno del estado no tiene porque emitir un decreto de lineamientos de construcción, que eso le corresponde a los municipios, con esto último dijo que se revisa el reglamento para hacer las adecuaciones necesarias.
Ayer en declaraciones telefónicas, el arquitecto dijo que el gobierno del estado no tomó en cuenta la opinión de los colegios de ingenieros y arquitectos, que nada más tomaron en cuenta la opinión de líderes de cámaras constructoras y empresariales.
Sostuvo que el decreto que emitió la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, deben ser tomados como recomendaciones, “porque el estado no tiene facultades, son los municipios”, por lo que coincidió con el comunicado que emitió la asociación civil Grupo ACA, que en días pasados dijo que es competencia del municipio y no del estado emitir el decreto.
Explicó que los puntos que plantea el estado deben tomar ser recomendaciones, para los municipios, por ello es que desde hace varias semanas profesionistas de colegios, funcionarios, regidores se revisa el Reglamento de Construcción para hacer adecuaciones correspondientes para determinar las nuevas normas de construcción.
“Van dos mesas de trabajo para hacer las adecuaciones al reglamento, en la tercera que se va a llevar en enero próximo se dará a conocer las propuestas, basándonos en los artículos de material de construcción y las fachadas de los inmuebles, para que estos puedan soportar vientos mayores a los del huracán Otis”, declaró el presidente del colegio.
Agregó que el gobierno del estado debe dar las pautas para que sean consideradas para la actualización del nuevo Reglamento de Construcción, el cual se está revisando con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio y los colegios para tener los nuevos lineamientos que se tomarán en cuenta para la construcción.
“Tiene que ser el Ayuntamiento que emita el decreto, para que la gente construya en base a los nuevos lineamientos y decirle la forma de cómo hacerlo, y el constructor tiene que avalarlo por un director de Responsable de Obra”, puntualizó el arquitecto.
