Trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil estatal inspeccionaron el sábado y domingo los juegos mecánicos de la Feria de Navidad y Año Nuevo en la capital y detectaron irregularidades pues no están instalados adecuadamente, los cables están visibles y deteriorados y algunos extintores están caducados, informó el titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus.
Por teléfono dijo que en la revisión los brigadistas de Protección Civil observaron que algunos soportes de los juegos mecánicos no eran apropiados, sin embargo, los propietarios presentaron evidencias de que cuentan con seguro de vida para usuarios y terceros.
Comentó que los cables de energía eléctrica están visibles y deteriorados, además de que algunos extintores ya están caducados.
Arroyo Matus dijo que recomendaron que los pasillos para caminar dentro de la zona de juegos debe ampliarse y lo mismo aquellos que ubicados cerca de la Plaza de Toros. (Luis Blancas / Chilpan-cingo).
El secretario de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que, con la estrategia de prevención de incendios por pirotécnica que inició este mes, se logró un decomiso de 400 kilogramos de cohetes en el mercado de Taxco, que representaba un riesgo muy alto para la población.
Además de los recorridos en los mercados en todos los municipios para detectar la venta de estos productos con el apoyo militares, indicó que tienen vigilados alrededor de 322 polvorines, o sitios donde se guarda la pirotecnia, los cuales tienen permisos, generalmente emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en zonas aisladas.
Consultado en la sesión del Consejo de Desarrollo Rural, en el Auditorio Sentimientos de la Nación, explicó que es difícil la vigilancia de los polvorines porque cambian fácilmente de posición, sin embargo, “la denuncia ciudadana ayuda bastante, lo de Taxco fue gracias a una denuncia ciudadana”.
Precisó que en otros puntos han recopilado “bolsitas” de cohetones y chispitas que no son tan peligrosos como los polvorines, pero representantes riesgos altos, como en la temporada pasada que provocaron incendios de vehículos.
Se prevé temperaturas de 5 grados en enero
En otro tema, informó que hace 2 días comenzó un recorrido en 9 comunidades de la Sierra y la Montaña que están a 2 mil 100 metros sobre el nivel del mar, con la organización judía que apoya cada año con despensas, ropa de invierno y kid de aseo, a través de la organización Cadena, por el frío de la temporada. Esperan llegar a 4 más.
Adelantó que este año se esperan 51 frentes fríos en el país, y alrededor de la mitad llegarían e Guerrero, por lo que se prevé un invierno crudo “probablemente en enero”, con temperaturas de unos 5 grados centígrados con sensaciones térmicas hasta de 3 grados.
El secretario explicó que son temperaturas por debajo de congelación del agua, “lo que significa que puede haber una condición importante de solidificación del rocío, y va a haber temperaturas muy bajas”.
Se le recordó que son cientos las comunidades en la Sierra sobre esa altura, y confirmó que “en Filo Mayor son bastantes, ahora estamos apoyando en punto de concentración con los que se les pueda apoyar.
Reconoció también donaciones de la población en general en centros de acopio, pero estimó que 70 por ciento del volumen es aportado por la comunidad judía de México. El gobierno del estado lleva colchonetas.
Hará PC supervisión a juegos y locales de la feria
Por otra parte, adelantó que antes del domingo, fecha en que inicia la Feria de Navidad y Año Nuevo con el Paseo del Pendón en Chilpancingo, Protección Civil estatal hará el recorrido en recinto ferial para emitir recomendaciones al Ayuntamiento sobre la operación de juegos mecanismos y locales comerciales que se instalan cada año.
Reconoció que se iba a hacer el jueves pasado, pero Protección Civil municipal les pidió esperar mientras terminaban los trabajos de adecuación, “nos quedaron de llamar, obviamente antes de que inicie la feria vamos a ir para tratar de dar una inspección y hacer las recomendaciones pertinentes”.
Aclaró que buscan una supervisión de manera conjunta con el municipio, pero sino lo llaman, el estado irá sólo antes del domingo. Estimó que puedan realizar la diligencia el viernes o sábado, casi en la víspera de las actividades.
Dado que las obras de remodelación del parque no estarán concluídas antes del inicio de la feria, el funcionario aclaró que el Ayuntamiento es el único responsable de emitir permisos y clausurar negocios que no cumplan con la norma.
“Respetamos su autonomía, el Ayuntamiento es el primer responsable de los eventos que surjan; el estado coadyuva con otras secretarias”.
El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil; Roberto Arroyo en la comparecencia ante los diputados del Congreso del estado en el momento en el que explica la falla geológica de la Zona Norponiente de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, compareció ante el pleno del Congreso local, donde informó que en el estado únicamente se tienen dos fondos para atender desastres, en los que a pesar de que el gobierno anterior no aportó su parte, el federal continuó dando su parte, por lo que Guerrero “no está desprotegido”.
En su comparecencia ante diputados locales como parte de la glosa por el primer informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, el secretario destacó que se trabaja en los municipios para que puedan tener su atlas de riesgo, los cuales son caros y responsabilidad de los ayuntamientos.
Agregó que sólo cuentan con esos instrumentos Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Arroyo Matus informó a los diputados que en el primer año de gobierno se invirtieron 2 millones 960 mil 860 pesos para la adquisición de uniformes que, desde hace más de tres años el personal no había recibido.
Y que la Secretaría brindó atención a 58 familias desplazadas de cuatro localidades, otorgándoles insumos básicos como cobertores, colchonetas y kits de aseo personal, hecho del cual no se tiene antecedente, ya que sólo se atendía a damnificados por fenómenos naturales.
Dijo que ya están trabajando con el Congreso local para la actualización de la Ley 455 de Protección Civil, con la que se podrá incidir en el ordenamiento territorial, esto en respuesta a la diputada Beatriz Mojica, quien cuestionó sobre la gravedad de que las ciudades estén creciendo sin planeación y en zonas de riesgo.
Roberto Arroyo Matus comentó también que no se tienen contratadas aseguradoras por desastres porque no son funcionales, al no cubrir todas las contingencias. Sin embargo, apuntó que el estado no está desprotegido porque se tienen dos fondos “que permiten cubrir en caso de que hubiese un problema serio en nuestro estado, lo va a poder cubrir justamente el aporte de esos fondos”.
Pero también “en administraciones pasadas, pues parte de ese fondo que debe aportar el gobierno del estado no aportó en dos años, los dos años anteriores no se aportó de tal manera que tiene un adeudo el gobierno del estado” que está estimado por “alrededor de unos 70 millones de pesos”, y destacó que el gobierno federal no ha dejado de aportar a pesar de que no lo ha hecho así el estado.
Julieta Fernández Márquez reconoció el trabajo “titánico” que se realiza en la dependencia “con tan pocos recursos y herramientas para la labor que lleva a cabo el personal de esa Secretaría”.
La diputada priista dijo ante el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que lamenta que siga habiendo funcionarios, presidentes municipales, diputados y líderes de partidos políticos y organizaciones sociales que fomentan la invasión de áreas de riesgo para construcción de vivienda, sin que se les regule.
El funcionario dijo que hay municipios en los que apenas cuentan los 2 ó 3 elementos de protección civil, y que con una camioneta y un atienden los incendios, “así de precario es en ocasiones el presupuesto en los ayuntamientos, hay algunos que apenas tienen con dos o tres personas en su área de protección civil y no cuentan con vehículos y menos con presupuesto para equipamiento, para sus tareas de aL
También la diputada perredista Jennifer García Lucena preguntó sobre las condiciones laborales de los trabajadores de esa área, de quienes recordó recientemente se movilizaron para exigir el pago de viáticos, el funcionario estatal respondió que con el apoyo del Congreso local y del gobierno del estado se logró que les incrementarán de 170 pesos a 250 pesos el monto de sus viáticos, y también informó que recientemente recibieron 70 equipos de bombero de uso, que fueron donados por corporaciones de ciudades de Estados Unidos.
El secretario de Protección Civil Roberto Arroyo es entrevistado por reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Existen dos dictámenes de Protección Civil estatal sobre la biblioteca del Congreso del Estado emitidos en la administración del priista Héctor Astudillo Flores, en el que sólo se señalaban deterioros “debido al paso del tiempo” que estaban provocando algunas “filtraciones de humedad”, afirmó ayer el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus.
Dijo que los dos documentos los entregó hace un mes y medio a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, en los que entonces se recomendaba que debía intervenir un “director de obra”, quien establecería si era necesario una demolición o no.
Se le preguntó si Protección Civil estatal emitió algún dictamen en el que se recomendara la demolición o solamente una reparación, Arroyo Matus manifestó que sí realizó dictámenes la dependencia, pero en la administración de Astudillo.
“Nosotros revisamos lo que logramos encontrar, porque nos lo pidió el Congreso justamente para revisarlo ellos también, y lo que se nota es que había un poco de deterioro en la biblioteca, pero normalmente la Secretaría de Protección Civil nunca emite dictámenes de demolición, no lo hacemos porque eso le corresponde a un director responsable de obra, son los únicos facultados para emitir dictámenes de demolición”, contó.
“De la biblioteca había deterioros, sobre todo debido al paso del tiempo se estaban provocando algunas filtraciones de humedad, básicamente era eso”, precisó.
Se le reiteró la pregunta de si ameritaba la demolición y reconstrucción o solamente una remodelación, pero manifestó que “lo que yo pude ver en los dictámenes, es que se recomendaba que participara un director de obra para establecer si era necesario llevar a cabo una demolición”.
Aunque destacó que los “directores de obra” son entes autónomos y privados que debió contratar el Congreso local.
Comentó que normalmente Protección Civil no está facultado para emitir dictámenes de demolición, se hacen dictámenes de opiniones técnicas de la seguridad estructural, pero no puede recomendar demoliciones, eso le corresponde a un director responsable de obra por ley.
Afirmó que entregó al Congreso del Estado a solicitud de la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, y otros diputados locales que “signaron un oficio”, –hace un mes y medio– dos documentos justamente emitidos por la dependencia en la administración de Héctor Astudillo, donde se hacía un recuento de lo que tenía la biblioteca demolida.
El pasado 10 de noviembre, Yoloczin Domínguez Serna reveló que el presupuesto etiquetado para la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso local fue para rehabilitar el edificio, no para su demolición y la construcción de uno nuevo, y consideró que el anterior presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, “solicitó recursos para la rehabilitación de la biblioteca, más no para su reconstrucción” y que “se cometió una falta muy grave al querer darle otro cauce al recurso que se etiquetó”.
También señaló que Protección Civil le informó que no existía un dictamen en el que se plantee contruir un nuevo edificio, como lo indicó Arroyo Matus.
Cambia de nombre la Secretaría
Ayer al concluir la inauguración del último Foro Regional de Consulta Ciudadana de la zona Centro que se celebró en el auditorio José Joaquín de Herrera, en Palacio de Gobierno, Roberto Arroyo Matus informó que el pasado viernes 11 de noviembre la Secretaría de Protección Civil cambió de nombre a Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero se publicó el 11 de noviembre la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Número 242, en la que se contempla el cambio de denominación de la Secretaría de Protección Civil por Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Esta modificación se realizó para adaptar las acciones y estrategias de trabajo del gobierno del estado en materia de prevención de riesgos, con base a las nuevas demandas y necesidades de la población guerrerense, para transitar a un nuevo esquema de trabajo que busca obtener ciudades y comunidades mayor resilientes ante cualquier contingencia.
Arroyo Matus severó que la decisión obedece a que a nivel mundial se está manejando así, añadir la “gestión” que significa que todos los entes que participan en la protección civil como las entidades gubernamentales, las fuerzas armadas, los grupos voluntarios y la sociedad civil intervengan en conjunto para proponer las políticas para salvaguardar la vida de las personas y de sus bienes.
“La idea también es de que pasemos de una Secretaría completamente reactiva a una Secretaría donde se puedan llevar a cabo más acciones preventivas”.
Aseguró que no cambiará mucho la estructura organizativa y sólo le darán énfasis a la prevención, es decir, que acelerarán los trabajos para que la mayoría de los municipios empiecen a contar ya con “capas que puedan ser subidas al Sistema Nacional de Protección Civil, que es propiamente el Atlas de Riesgo”.
Mencionó que el Atlas de Riesgo trata de involucrar los peligros que hay, la vulnerabilidad y obviamente el costo que puede tener para la población si hay alguna emergencia o desastre.
De la marcha de integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Secretaría de Protección Civil Guerrero este martes para exigir la reinstalación de un trabajador y el pago de un bono de riesgo, Roberto Arroyo respondió que le parecen justas las demandas.
Detalló que él trabajador José Luis González Castro “estaba bailando en un evento público con el uniforme, por eso se le despidió en una administración pasada y consideramos que cada quien tiene sus criterios, pero que no fue una falta tan grave y creemos que se le puede reinstalar, ya estamos en eso justamente”.
Del bono de riesgo, afirmó que los trabajadores están en pláticas con la Secretaría de Finanzas del estado para llevar a cabo el ajuste y que “ojalá que se les pueda aportar, la verdad es que sí se lo merecen, es una actividad de riesgo que llevan a cabo y es complicado asegurar a una persona que realiza labores de riesgo”.
De 3 mil 500 bocinas de alarma sísmica actualmente sólo funcionan mil 200 en todo el estado, de las cuales 500 están en Acapulco y 600 en Chilpancingo, informó ayer el secretario de Protección Civil estatal, Roberto Arroyo Matus.
Además, afirmó que buscan reactivar estos “radios” que reproducen la señal que se envía desde la Ciudad de México, pero necesitan una inversión de más de 3 millones de pesos en una primera fase.
Este jueves, antes de iniciar el acto oficial de la celebración el décimo aniversario del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (Icategro), en el Zócalo de Chilpancingo, Roberto Arroyo Matus sostuvo que el sismo de 6.9 se registró a la 1:16 de la madrugada de ayer a 81 kilómetros al sur de Coalcomán, en el estado de Michoacán, donde el lunes pasado se registró otro sismo de 7.7.
Afirmó que al mediodía de ayer personal de Protección Civil estatal ya había hecho recorridos y además con información del número de emergencia 911 no tenía reporte de daños en Guerrero por el sismo registrado en la madrugada.
“Nos reportaron solamente que de manera afortunada se sintió de manera un poco más moderada en la zona de Tierra Caliente y en la zona de la Costa Grande, en regiones como la Costa Chica no fue percibido, aquí en la capital fue moderado”, dijo.
Pidió a la población estar atenta porque Guerrero es una zona sísmica, aseguró que en el estado todos los días hay en promedio 14 sismos entre magnitud 3 y 4 grados, aunque “la mayoría de ellos son imperceptibles”, y agregó que en lo que va del año tiene registrados 3 mil 500 sismos de estas magnitudes.
Arroyo Matus manifestó que en escuelas del estado no le han reportado daños asociados al sismo de ayer, aunque aclaró que hay edificios de escuelas deteriorados por el paso del tiempo.
Mencionó que en Acapulco, personal de Protección Civil estatal ha revisado los hoteles donde sólo hay caída de plafones y que “afortunadamente no ha pasado a mayores”.
De los daños por el fenómeno de “marea de tormenta” en Pie de la Cuesta que afectó restaurantes, contó que de forma coordinada se colocaron costalillas con arena para proteger los cimientos que estaban siendo socavados por las olas.
Expuso que es un fenómeno común que todos los años se registra, “el mar se pica, le llamamos nosotros, tiene un oleaje bastante elevado que hace que se provoquen socavones, pero esto se recupera conforme va pasando la temporada de lluvias”.
De cuántas bocinas de alerta sísmica hay en Guerrero y cuántos están en funcionamiento, Arroyo Matus mencionó que desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, se adquirieron 3 mil 500 y sólo están funcionando mil 200, de las cuales 500 están en Acapulco y 600 en Chilpancingo.
Detalló que son radios pequeñitos que captan la frecuencia que se envía desde la Ciudad de México, para alertar a la población, agregó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le instruyó tratar de reactivar o adquirir radios nuevos para reemplazar los que están en desuso o deteriorados.
Afirmó que se requiere de una inversión de más de 3 millones de pesos en una primera fase, pero se requiere más recursos para adquirir repetidores de la señal, mencionó que en Chilpancingo hay alrededor de 35 repetidores de señal en funcionamiento y en Acapulco hay 42.
Destacó que el resto de las bocinas de alerta sísmica están distribuidas en otros municipios, pero cuando se entregaron no hubo un registro adecuado y no saben dónde están exactamente, añadió que los aparatos que están sin funcionar no tuvieron el mantenimiento necesario.
El titular de Protección Civil estatal sostuvo que diciembre estadísticamente es el mes con más actividad sísmica, y no septiembre como se cree.
“Malos procesos constructivos, vicios ocultos mucho muy graves y daños generalizados moderados y graves”, es la conclusión del dictamen a cargo del equipo encabezado por el especialista Roberto Arroyo Matus, en la unidad habitacional Infonavit de Taxco dañada tras el sismo del 19 de septiembre pasado.
El también responsable en Seguridad Estructural de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra (CADROC), Arroyo Matus afirma que en tanto no se ejecute un proceso de reparación y refuerzo en los 24 edificios, “estos no son habitables y representan un riesgo grave para sus ocupantes, debido a que su seguridad estructural actual es muy inapropiada y puede deteriorarse en caso de la ocurrencia de un evento sísmico importante”, por lo que reitera que debe aplicarse de manera urgente ese proceso para subsanar “las graves deficiencias y vicios ocultos detectados”.
Uno de los puntos del dictamen refiere que en el conjunto habitacional de unos 32 años de antigüedad, ubicado en la parte alta de Taxco, se hicieron calas en los muros de mampostería, donde detectaron que en el refuerzo vertical no se rellenó de concreto, lo que representa “un vicio inadmisible en el proceso de construcción”, y viola las normas establecidas.
Aunque aclara que en la inspección no se pudo establecer el grado de desplome o pérdida de verticalidad de los edificios, recomienda la medición topográfica para establecer las medidas preventivas y correctivas en caso de que se presenten desplomes iguales o mayores al uno por ciento.
Otro daño es el gran deterioro, “debido al bajo o nulo mantenimiento, ya que existe un alto nivel de filtración de humedad, la que produce corrosión en el acero de refuerzo, principalmente en losas de azotea”, que se observan prácticamente en todos las casos, en entrepisos, cadenas de cerramiento, cubos de escaleras y trabes, e incluso en muros de colindancia expuestos a la lluvia porque no cuentan con recubrimiento.
Derivado de sismos históricos y recientes se asienta la existencia de “fisuras diagonales muy generalizadas” en los muros de mampostería, prácticamente en todos los entrepisos, pero sobre todo en el primer nivel de los edificios, en los que hallaron fisuras desde leves hasta graves.
Arroyo Matus menciona en el dictamen que la delegación del Infonavit Guerrero ya aplicó el proceso de reparación y refuerzo en los edificios de la tercera sección en Chilpancingo, y cuenta con la memoria de cálculo y los planos estructurales para efectuar esas estrategias, como en el caso de la unidad habitacional de Taxco.
Apunta que no es necesario invertir y rehacer un nuevo proyecto, sino adecuar el existente y, “sin duda alguna, mejorar el deficiente desempeño estructural actual, pero sobre todo, corregir los graves vicios ocultos detectados y recuperar el nivel de seguridad estructural que por respeto a los derechos humanos debe ofrecerse”.
El dictamen fue entregado al secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador, el 7 de octubre, quien lo remite a su vez al delegado del Infonavit en Guerrero, Gerardo Ballinas Mayés, el 13 de mismo mes, con un escrito en el que detalla parte de las conclusiones y solicita su “urgente intervención” para que impulse las acciones para mitigar los riesgos.
Consultado sobre el caso durante su visita a esta ciudad, el delegado federal de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reiteró que, de acuerdo con el dictamen citado, los edificios no son habitables.
Expresó que se tomará una decisión coordinada, “y si el dictamen confirma que los edificios tendrían que ser reconstruidos o reestructurados estaremos planteando un proceso en el mismo sitio en el que se encuentra” la unidad Infonavit, que es un caso distinto al de las colonias Martelas y Ruffo Figueroa, que se determinó que son “inhabitables”.
En los tres casos, dijo, todos los afectados fueron incorporados en el censo y hay un tiempo para corroborar esos dictámenes a fin de tomar las decisiones correspondientes.
En el municipio de Taxco dio a conocer que son más de mil 100 viviendas las que presentan daños.
A ocho meses de la liberación de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa en la capital, las instalaciones no han sido rehabilitadas y sigue su deterioro ante la falta de mantenimiento.
En un recorrido por las oficinas centrales, que El Sur hizo en compañía del secretario general de la delegación sindical D-III-(16)-02, Jorge Antonio Cisneros Salinas, se observó que las instalaciones no han sido limpiadas ni rehabilitadas, como se comprometió la SEG en febrero pasado.
Son cuatro los edificios que alojan las oficinas centrales de la SEG, que forman 12 áreas de la administración, hay documentos oficiales regados en el piso, sillas, computadoras, escritorios y almacenes cubiertos por una capa de polvo. Es lo primero que salta a la vista al ingresar a las instalaciones que fueron tomadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) el 15 de abril de 2015, como apoyo a los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos.
Desde esa fecha, las oficinas no han recibido el mantenimiento correspondiente, aunque en distintas áreas hay lámparas que iluminan parte de la penumbra en las instalaciones, lo que significa que por lo menos este servicio no ha sido suspendido, contrario al del agua, por problemas en las tuberías.
El aire se vuelve denso conforme se avanza entre los pasillos de las instalaciones hasta llegar al sótano, donde debido a inundaciones la humedad dificulta la respiración y es evidente el moho en el piso, mientras que en la explanada y las áreas verdes de las instalaciones, creció maleza, otro signo del abandono en el que se encuentran.
De acuerdo con Cisneros Salinas, la SEG no ha hecho nada por rehabilitar las oficinas centrales, pese que tiene un convenio con la empresa Seguridad y Limpieza (Selim). Aunque hay guardias de seguridad de manera permanente en las instalaciones, ningún trabajador ha sido enviado para comenzar con los trabajos de limpieza que fueron prometidos como primer paso.
Señaló que en lugar de comenzar con las acciones de mantenimiento, trabajadores de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Administración de Personal, la Subdirección de Pagos y la Subsecretaría de Planeación, acudieron para extraer documentos oficiales y mobiliario en buen estado, que fueron enviados a las oficinas alternas de las áreas ubicadas en distintos edificios y casas particulares en las colonias Tribuna Nacional, 20 de noviembre, Infonavit y la avenida Miguel Alemán, en la capital.
Las oficinas centrales de la SEG fueron liberadas por trabajadores de base el 13 de octubre de 2016, ese día el director general de Recursos Materiales, Jaime Camp Ramírez, dijo que era necesario limpiar las instalaciones y fumigar las áreas verdes, debido al deterioro causado por la falta de mantenimiento, acciones que se llevarían a cabo en un mes y medio, pero no ocurrieron.
El 3 de febrero pasado, el coordinador de Investigación y Estudios de Postgrado de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus, presentó ante los trabajadores de las oficinas un proyecto que le fue comisionado por la SEG, al respecto de la rehabilitación de las instalaciones.
De acuerdo con Arroyo Matus, las oficinas centrales fueron construidas antes de 1985, por lo que ya no cumplen con las normas vigentes de la estructura de los edificios y recomendó demoler uno de ellos, que tiene daños que podrían poner en riesgo a los trabajadores, pero a la fecha la SEG no ha hecho ninguna acción para rehabilitar las instalaciones y tampoco siguió las recomendaciones hechas por el universitario.
El dirigente de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), Gumaro Guerrero Gómez, aseguró que las 60 familias que habitan en el sitio aledaño a la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador, donde serán demolidas 32 casas ante las afectaciones que presentan sus estructuras, no han sido notificadas de que tendrán que dejar sus viviendas.
El lunes pasado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello aseguró que la dependencia federal cuenta con “todos los elementos necesarios” para demoler al menos 32 viviendas de la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador, declarada como zona inhabitable.
A causa de los daños en el predio, ese día acudió el doctor en estructuras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus, para evaluar los daños y reconocer alguna otra zona de riesgo dentro del fraccionamiento.
En su diagnóstico, Arroyo Matus recomendó que los habitantes de manzanas aledañas a la 2-B, debían evacuar cuanto antes el fraccionamiento.
Consultado por teléfono, el dirigente de la Cocoarha, del que son miembros 107 familias que habitan el fraccionamiento, externó que no tienen información sobre la posible evacuación de las manzanas aledañas a la zona afectada.
“Solamente sabemos lo que hemos leído en los medios, que serán demolidas 32 viviendas en la manzana afectada, pero de una reubicación o evacuación no sabemos nada hasta el momento”, dijo.
De la manzana 1-A, donde habitan unas 60 familias, Guerrero Gómez externó que “prácticamente no cuentan con grandes problemas estructurales” en los edificios, y las casas no corren riesgo de derrumbarse.
Señaló que en el fraccionamiento se está avanzando con las pruebas hidrostáticas para la introducción del servicio de agua potable, y que en unos 10 días todo el predio cuente con el suministro.
El dirigente recordó que el doctor Arroyo Matus acudió al fraccionamiento el lunes pasado, “y nosotros permanecemos esperando el dictamen para conocer lo que ocurrirá en la manzana 2-B, pero el problema no es en nuestras viviendas”.
Reiteró que, por el momento no hay información oficial para una reubicación temporal o una evacuación, “pero habrá que ver lo que ocurre los días siguientes, y analizarlo con toda la gente porque es nuestra integridad”, concluyó.
Las obras para la construcción de viviendas para familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en el fraccionamiento El Mirador, al sur de la capital, siguen suspendidos debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) emitió una sanción porque la obra carece de un estudio de impacto ambiental.
Mientras tanto, un grupo de ingenieros civiles revisa las viviendas ya construidas y el terreno para verificar el riesgo, tras la denuncia de los beneficiarios de las casas ya entregadas ante la inestabilidad del suelo.
A dos años y medio de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, no han sido terminadas las mil 200 viviendas que se comprometió a construir la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para igual número de familias damnificadas, y por el contrario, las que ya fueron construidas están siendo valoradas por ingenieros encabezados por el universitario Roberto Arroyo Matus.
Consultados al respecto, los ingenieros se negaron a adelantar los resultados del trabajo, pues argumentaron que no están autorizados hasta que concluyan la revisión.
Mientras tanto, cientos de familias siguen en espera de que se les asigne su casa, pues de las mil 200 viviendas que se comprometió a entregar allí la Sedatu, a las familias damnificadas, sólo unas 300 han sido reubicadas.
Sin embargo, tras la denuncia del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, en el sentido de que las familias beneficiadas con las casas corren riesgo por la inestabilidad del terreno, se comenzó una revisión de las casas y del terreno, pero aún no se ha concluido el trabajo.
La denuncia también motivó que la Profepa suspendiera la obra, debido a que no encontró que se haya hecho un estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó la suspensión de la entrega de viviendas a las familias damnificadas, según fuentes oficiales de la dependencia.
En estas circunstancias, a dos años y medio de la devastación ocasionada por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, el resto de las casas que se construyen en ese predio podrían no entregarse, pues se ha determinado que el suelo no es factible para la construcción, según insistió el dirigente de la APPG Chávez Adame.
Y es que el predio en el que se edifican las casas para las más de mil familias afectadas por los fenómenos de 2013, presenta deficiencias, y corren el riesgo de deslaves y grietas que afecten a las familias, por lo que las casas ya no serán entregadas en ese lugar.
Actualmente están habitando sólo unas 300 familias de las mil 200 que serían reubicas allí, según informó inicialmente la Sedatu.
El dirigente cuestionó, que si tardaron casi tres años en construir las viviendas, entonces qué tiempo requerirán ahora para iniciar desde cero las casas para cientos de familias que perdieron sus hogares.
Mientras tanto, los vecinos que ya habitan algunas de las casas informaron que no tienen conocimiento de cuál es el siguiente paso de las autoridades luego del anuncio sobre la inestabilidad del predio. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
