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Pegan en Iguala listas de presuntos delincuentes vinculados a la desaparición de los 43 normalistas

En nuevos mensajes colocados la madrugada de ayer en postes y bardas del centro de Iguala, se dio a conocer otra lista de presuntos miembros de la delincuencia organizada de la organización Guerreros Unidos vinculados con el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace 15 meses, entre ellos aparece Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, de quien también aparece su fotografía.
Este lunes, en dos narcomantas halladas en distintos puntos de la ciudad y dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto, al gobierno federal, al Ejército y al alcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, se dan a conocer nombres de personas presuntamente vinculadas con el grupo Guerreros Unidos, al que responsabilizan del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de las ejecuciones, secuestros y extorsiones en la ciudad.
Entre la noche del lunes y los primeros minutos de ayer, en distintos puntos de la ciudad fueron colocados mensajes acompañados de una fotografía en hojas de papel, las cuales fueron pegadas en bardas y postes de luz en el centro de la ciudad.
En el texto se lee: “Filtran información agentes de la policía federal de peligrosa banda de secuestradores, extorsionadores y responsables de la ola de violencia que se vive en Iguala, Taxco y Huitzuco, piden denuncien de forma anónima al 086”.
Y sigue, “elementos de las fuerzas federales, inteligencia de la secretaria de la defensa nacional y Procuraduría General de la República (PGR), dan a conocer información de peligrosos delincuentes que opera en la ciudad de Iguala, Taxco y Huitzuco, la cual es liderada por el último de los hermanos Benítez Palacios mejor conocidos como Los Peques o Tilos el cual responde al nombre de Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo o Tay, de esta peligrosa banda la policía ha logrado desarticular gran parte, y debido a esto, han golpeado la economía de la agrupación, por lo que se han convertido en los secuestradores, extorsionadores y ejecutores más sanguinarios y peligrosos de la región.
“En sus registros de investigación tienen a Eduardo Joaquín Jaimes (a) El Choky, mano derecha del Tilo o Tay, el cual es señalado como uno de los actores materiales de la ejecución de los normalistas de Ayotzinapa, mismo que es señalado como el más sanguinario de la organización por la manera de ejecutar y descuartizar a sus víctimas, del cual por primera vez se da a conocer una fotografía de este”.
En el texto de una cuartilla señalan también al ex director de la policía de Taxco en el periodo del ahora diputado federal Salomón Majul González, Erubiel Salado y 12 ex policías de Taxco, que siguen en nómina y dan protección a un hombre de nombre Rany y sus hijos, dedicados al robo y extorsiones.
“Más abajo del organigrama está el conocido representante de montadores mejor conocido como ‘Soroa’ el cual es compadre del Alejando Benítez mejor conocido como El Cholo Palacios el cual fue detenido por secuestro y extorción, este representante es el encargado de los secuestros y extorciones en los municipios de Tepecuacuilco de Trujano, Huitzuco y poblados aledaños”, cita el texto, y agrega, “por otra parte, aparece el multi citado joven Marco Andrei León Meléndez, el cual hace escaso 15 días fue agredido por agentes de la policía federal el cual logro escarpar de las manos de la ley y actualmente se encuentra prófugo, este último en mención esta apadrinado por los hermanos Benítez Palacios el cual junto con su tío Ignacio Meléndez, quien actualmente está preso en el Cereso de Iguala, se dedican a las mismas actividades ilícitas que el resto de la peligrosa banda”.
“Finalizaron informando que la esposa de Víctor Hugo Benítez, El Tilo, tiene un tío que es un alto mando del Ejército mexicano, pero que ya están investigando para procesarlo conforme a la ley lo marca, agregaron que cualquier información, o que de casualidad los lleguen a ver, denuncian de manera anónima al número de emergencia 066 o 089, para que en cuanto antes se detengan y regrese la tranquilidad a la región norte del estado de Guerrero”.
Los textos y la fotografía en la que supuestamente aparece Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, fueron retirados y decomisados por policías estatales. Se desconoce quien los colocó.

Comparecen ante un juez de Tlapa comunitarios de la Casa de Espino Blanco acusados de privación de la libertad

 

Policías comunitarios de Tototepec, Tlapa, y de la Casa de Justicia de Espino Blanco, con sede en Malinaltepec, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) comparecieron ante el Juzgado Primero de Tlapa ante una demanda de privación ilegal de la libertad, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
En consulta telefónica, informó que el agente del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas, sometido a reeducación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia a principios de agosto, se amparó y presentó una demanda por secuestro, pero el juez del fuero común reclasificó el delito y liberó órdenes de aprehensión a 18 comunitarios.
En el proceso penal, dijo Rosales Sierra, los policías comunitarios también se ampararon para decir ante la justicia federal que tienen facultades de seguridad y justicia respaldada por distintas leyes y tratados. Asimismo, este martes y miércoles ofrecieron pruebas documentales ante el juzgado penal en Tlapa para confirmar que la Policía Comunitaria es legal y está facultada para hacer tareas de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad.
En consulta telefónica, confió que el lunes, cuando se vence el plazo para definir la situación legal de los implicados, el juez dicte el auto de libertad.
El abogado de Tlachinollan explicó que la Casa de Justicia de Espino Blanco ha tenido un periodo inestable, en dos meses ha retirado a cuatro coordinadores, y en este contexto la comunidad de Tototepec, con una historia larga de división intracomunitaria, llevó a juicio a Fidel Villegas.
Del conflicto en la comunidad, añadió que hay dos grupos contrarios, uno en el que participa Villegas y otro que es parte de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Debido a que los hijos del funcionario comenzaron a cometer agravios contra vecinos con la venia de su papá, los comunitarios retuvieron a Villegas y lo trasladaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Rosales Sierra destacó que con dos amparos en proceso, el juez se enfrenta a una controversia y debe definir la legalidad de la institución comunitaria este lunes, cuando termina el plazo para definir su situación legal.
Recordó que los juzgados y ministerios públicos locales han evadido analizar los caso de la CRAC que llegan al sistema judicial, aunque existe el precedente de sentencias federales que reconocen a la institución de los pueblos como parte del cuerpo de seguridad pública del Estado, que se establece en la Ley 701.
Por ejemplo, señaló que en la apelación a favor de los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrero, entre otros acusados y presos por delitos del fuero común, un Juez de Distrito determinó que no podrían ser acusados de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, porque sus acciones se enmarcan en sus funciones como policías comunitarios.
Indicó que el juez, dijo que actos de la CRAC deben ser asemejados a actos de autoridad, porque están reconocidos. Incluso, dijo que hay sentencias por la portación de armas de fuego, donde establece que pueden usar armas que no sean del uso exclusivo del Ejército. Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tramitó un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el uso de armas de bajo calibre.
No obstante, todos los jueces locales y el Ministerio Público han sido renuentes, “sí han sido cerrados para aceptar un criterio más garantista, analítico donde digan si la Policía Comunitaria es legal o no”, explicó.

Recibe la CNDH 213 quejas contra autoridades federales en Guerrero de enero a octubre de 2015

 

La sede en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió de enero a octubre de este año 213 quejas contra autoridades federales; 95 de ellas son contra la Policía Federal por trato cruel, denigrante, tortura y exceso del uso de la fuerza durante detenciones.
El coordinador de la oficina de la CNDH en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés informó, vía telefónica, que hasta ayer no se había presentada ninguna queja en la dependencia por la violencia en la sierra del estado.
Indicó que sólo se puede iniciar una queja de oficio cuando el hecho “trasciende a nivel nacional”, pero que la institución está atenta al caso de las comunidades de la sierra, donde vecinos han denunciado que el Ejército protege a delincuentes.
El viernes 8 de noviembre hubo un enfrentamiento a balazos de siete horas entre policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sicarios, que dejó tres delincuentes muertos en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo.
El jueves 12 de noviembre en la comunidad de El Naranjo, municipio de Iguala, habitantes reportaron que 500 delincuentes se enfrentaron a policías ciudadanos de la UPOEG. El Ejército detuvo a 60 policías ciudadanos y los desarmó, en respuesta los habitantes retuvieron a los militares y los acusaron de dejar escapar a los delincuentes. Inicialmente se reportó el asesinato de 15 policías comunitarios, pero el domingo el promotor, Bruno Placido informó que 13 de sus compañeros fueron localizados, uno estaba desaparecido y uno fue encontrado asesinado.
El representante de la CNDH en el estado indicó que Guerrero se encuentra en la posición décimo quinta a nivel nacional en quejas contra autoridades federales. Indicó que la Ciudad de México registró en los últimos 10 meses 2 mil 3 quejas situándose en el primer lugar, Tlaxcala con 24 quejas ocupa el último puesto de las 32 entidades.
Dijo que los “casos emblemáticos” son 42 quejas contra la Procuraduría General de la República (PGR); 22 contra la Secretaría de la Defensa Nacional; 15 contra el IMSS; 10 hacia la Marina; 10 contra el ISSSTE, y ocho contra la Comisión Federal de Electricidad.
Lugo Cortés informó que, a nivel nacional hay 93 expedientes de casos que se siguen por oficio, mismos que tienen que ser de trascendencia nacional y de graves violaciones a los derechos humanos, pero no supo precisar.