Sube la siembra de enervantes en la sierra, dice la Sedena tras decomiso en Coyuca de Catalán

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el viernes, militares que hacían recorridos en el municipio de Coyuca de Catalán decomisaron unos 68 kilogramos de semilla de amapola, lo que pone en evidencia el incremento de la siembra de enervantes, principalmente en la parte alta de la sierra.
En un comunicado se informó que la semilla decomisada tenía como finalidad la siembra de unas 20 hectáreas en la sierra de Guerrero.
Según el comunicado, el decomiso pone en evidencia el incremento de la siembra de enervantes, principalmente en la parte alta de la sierra y en algunos municipios de la Tierra Caliente, lo cual paradójicamente se suma a la intensa lucha que mantienen las autoridades y la población en general para disminuir la producción y el consumo de enervantes. (Redacción / Chilpancingo).

 

Entran soldados y policías a pueblos de Ayutla por la emboscada en Ahuacuotzingo, informa la CRAC

La Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció que efectivos de la Marina y del Ejército en ocho patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incursionaron el viernes pasado en cuatro comunidades en busca de delincuentes.
Según las autoridades comunitarias, el viernes los marinos encabezados por policías del estado, llegaron a las comunidades na’ savi de Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, Ocote Marillo y El Charco, buscando a quienes el 25 de julio en un asalto a trabajadores del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que iban a pagar dinero del programa federal Prospera, en Ahuacuotzingo, mataron a cinco policías municipales y a dos custodios de esa empresa bancaria.
En una llamada a esta redacción el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García, informó que luego de una reunión el lunes con los comisarios de las cuatro comunidades, solicitaron al gobierno del estado y federal dejar de hostigar a las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres.
“Quieren seguir intimidando a los pueblos, pero la CRAC está muy organizada y ha sido muy respetuosa, como representantes hemos respetado a los tres niveles de gobierno, no nos metemos con ellos, pero sí nos quejamos cuando ellos se meten con nosotros”, expuso.
Indicó que los comisarios dejaron claro que no quieren ver a los soldados en su territorio, y tampoco a los marinos en las comunidades donde opera la Policía Comunitaria de la CRAC.
Indicó que la presencia de los agentes causa miedo y temor entre las mujeres y los niños, “lo que llegue a pasar vamos a responsabilizar al gobierno del estado”.
El coordinador también llamó a las autoridades del estado a verificar la falta de obras en las comunidades de la zona mixteca de Ayutla, donde la actual alcaldesa del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana no ha hecho obra social.

Sólo 49 de los 244 policías municipales de Zihuatanejo tienen permiso para portar armas

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Zihuatanejo cuenta con 244 policías preventivos, de los cuales sólo 49 están en la licencia oficial colectiva 110 que les autoriza portar armas de uso exclusivo para las fuerzas armadas, informaron fuentes de la dependencia.
Revelaron que la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública del estado entregaron para el primer semestre del año sólo 54 credenciales, de las cuales cinco pertenecen a puestos administrativos y 49 para portación de armas, “hay 15 credenciales más que no sabemos por qué están retenidas desde enero de este año en la Subsecretaría de Seguridad Pública del estado”.
El 10 de abril militares y policías estatales llegaron a las oficinas de la dependencia a revisar el armamento de los policías preventivos y encontraron varias irregularidades, en dos armarios ubicados en los dormitorios hallaron un chaleco táctico y una fornitura que debían de estar bajo resguardo, y a tres uniformados les encontraron armamento que no pertenece a la corporación.
La incursión de este martes a las instalaciones por soldados y policías estatales no era algo desconocido para el presidente municipal perredista Gustavo García Bello, pues un día antes el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, le envió el oficio 1392/2017 en el que le informó que esa acción se llevaría a cabo, pero no le avisó cuándo.
En ese documento cuya copia tiene El Sur, Montesinos Baños dice que por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y “con base en los resultados asentados en el acta administrativa de fecha 10 de abril del año en curso, levantada con motivo de la revista al armamento, cargadores y municiones realizada por personal de esta Secretaría (…) en la que se detectaron diversas irregularidades respecto al uso del armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 y que para evitar darle un mal uso a dicho arsenal”, los policías estatales harían “una revisión extraordinaria” del armamento.
Según el oficio ese 10 de abril se encontraron siete irregularidades: Los policías municipales portaban armamento con las credenciales vencidas. Al verificar el armamento con la identificación de su portador ésta se encontraba vencida. No coincidían las características de las armas de fuego con las asentadas en la identificación. El encargado de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio tenía en su poder las credenciales vigentes y aún no las entregaba. Se expidieron indebidamente credenciales de identificación a los policías municipales que utilizaban para acreditar la portación del armamento. El personal cuenta con 246 policías municipales, de éstos 223 estuvieron incluidos en la licencia oficial colectiva 110 por lo que sólo 54 elementos se encuentran aptos para portar armamento. Faltó armamento y municiones, el municipio presenta armamento robado y/o extraviado así como relacionado a causas penales.
El documento señala que “existe un informe de hechos de la puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común con sede en Zihuatanejo de Azueta, con fecha 13 de mayo, realizado por policías estatales en el que se informa de la detención de una persona por usurpación de funciones y uso indebido de uniforme oficial, el cual conducía a exceso de velocidad una unidad oficial de la Policía Municipal de Zihuatanejo con número 030, quien en ese momento manifestó que no pertenecía a la Policía Municipal”.
Continúa: “Por lo anterior y para evitar el mal uso que se le pueda dar al armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 de la cual esta Secretaría es titular (…) informo a usted que personal de esta Secretaría procederá a realizar una revisión extraordinaria del citado armamento para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que se deben observar para el uso y portación del armamento oficial”.
El martes policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante nueve horas las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y detuvieron a 60 policías municipales, corporación que según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, está infiltrada por criminales.

No se presentaron órdenes de detención, se llevaron a los policías que tenían anotados en una lista

Sin embargo la fuente de Seguridad Pública manifestó que “sí llevaron a cabo la revisión como dice ese oficio, pero en ningún momento mostraron una orden de detención o de arresto de los compañeros que se llevaron, sólo traían una lista y empezaron a nombrarlos porque se los iban a llevar”.
De estos detenidos, inicialmente Álvarez Heredia informó que tres de ellos son presuntos delincuentes que desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal y están vinculados a grupos delictivos.
Uno de ellos, Javier, según los policías municipales es ex director de Seguridad Pública de Petatlán y tenía dos semanas de haber llegado a la corporación como coordinador operativo, sin que conocieran quién o cómo fue que obtuvo el cargo.
Los otros dos detenidos, Víctor y Martiniano son reconocidos por sus compañeros como comandantes de la Policía Municipal y ambos tienen más de 10 años de antigüedad en la corporación.
El vocero agregó que, “otros 42 individuos, sin estar debidamente acreditados como elementos policiales, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza portaban armamento de la licencia oficial colectiva 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.
Ese martes en la tarde el alcalde perredista, Gustavo García Bello ofreció una conferencia de prensa en la que informó que los policías municipales tomaron el armamento luego del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido el 25 de abril en Ixtapa, y que él no pudo hacer nada al respecto.
El miércoles 13 de abril de 2016, después de un año y cuatro meses cuando el Ejército regresó el armamento que decomisó a la Policía Preventiva Municipal de Zihuatanejo, y luego de que la actual administración cumpliera los requerimientos de los militares, éstos entregaron el armamento, accesorios y municiones que tenían bajo su custodia desde el 23 de diciembre de 2014, cuando el ex director municipal de Seguridad Pública, Benjamín Monares Vargas entregó todas las armas al Ejército con el argumento de que ese día los policías municipales tenían un paro de labores y tenían sitiadas las instalaciones de Seguridad Pública con las armas, lo que no fue cierto.
Otro de los argumentos que dio el ex director para desarmar a la policía municipal fue que sólo el 40 por ciento de los elementos aprobaron las pruebas de control de confianza que indican que están calificados para portar un arma.
Dos meses atrás, el 10 de febrero de 2016, el alcalde Gustavo García declaró que en la Dirección de Seguridad Pública había 28 policías municipales que hacían actividades administrativas porque no pasaron los exámenes de control de confianza y que sólo el 80 por ciento de los agentes estaba certificado.
Agregó que los policías reprobados no podían ser dados de baja de la corporación porque su administración carece de recursos económicos para liquidarlos, lo que sigue diciendo.

Van 40 quejas de guerrerenses en la CNDH; la mayoría contra la PF, el Ejército y el IMSS

 

De acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos, de las mil 265 quejas que se han presentado en los primeros meses del año contra autoridades federales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guerrero está en el décimo lugar con 40.
La información disponible en el portal de la CNDH señala que de las 40 quejas presentadas en enero y febrero de este año, siete han sido contra la Policía Federal, destacan dos casos de tortura además de tres por trato cruel y dos detenciones arbitrarias.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también tiene siete quejas, dos por trato cruel e inhumano, dos detenciones arbitrarias, una por incomunicación, una por ejercer violencia desproporcionada durante la detención y una por retención ilegal.
Otras siete quejas son para el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), del que resaltan dos casos por negligencia médica, uno por omitir atención médica, además de tres por faltar a la imparcialidad y eficiencia en el empeño de las funciones.
Otras cuatro quejas son contra la Secretaría de Marina (Semar), tres contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y tres contra la Procuraduría General de la República (PGR).
También hay dos quejas contra la Fiscalía General del Estado (FGE), una contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otras contra el Fovissste, una más contra la Procuraduría del Consumidor y la Secretaría de Cultura.
De las mil 265 quejas en el país, 465 se han presentado en la Ciudad de México, 117 en el Estado de México, 77 en Aguascalientes, 76 en Veracruz, 69 en Chiapas, 56 en Jalisco, 45 en Morelos, 42 en San Luis Potosí, 41 en Michoacán y 40 en Guerrero.
En el año 2016 Guerrero se colocó en el lugar 18 con 184 quejas contra autoridades federales, de las que 83 fueron contra la Policía Federal, 22 contra la PGR, 19 contra la Sedena y 15 contra el IMSS.

 

Se reúnen jefes de la SSP y militares en Chilapa; se enviaron 100 policías más, informa el vocero

Después de un violento domingo que dejó 10 muertos, cinco de ellos calcinados, en distintos hechos en el municipio de Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió 100 policías más para contener e inhibir la violencia de la región.
El miércoles en la tarde en Acapulco el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo Coordinación Guerrero, para abordar principalmente el repunte de la violencia en Chilapa, luego de que cinco personas fueron encontradas calcinadas en un automóvil en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Ajacayán.
El sábado en un boletín de prensa se dio a conocer que se intensificaría la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los municipios de Chilapa y Chilpancingo. El documento se difundió un día después de que el presidente de la organización de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro reveló que los integrantes del grupo criminal Los Ardillos tienen una ruta en la que se trasladan desde Chilapa a Chilpancingo “de Chilapa a Atzacoaloya, San Ángel y Xiloxuchican. Después enfilan a Juxtlahuaca y Colotlipa, municipio de Quechultenango, pasan por la cabecera municipal y siguen hacia Mochitlán, para después llegar a Petaquillas que ya tienen como bastión y de allí entran a Chilpancingo”.
Ese día Díaz Navarro dijo que las actividades de ese grupo criminal cuentan con la complicidad del gobierno, “porque todo les acepta y permite a ese grupo”.
Pese a la “intensificación” de las acciones de las dos corporaciones, la noche de este domingo se encontró otro carro calcinado con cinco personas en el interior, el hecho violento se registró en la colonia Miguel Hidalgo, en esta ocasión fueron quemados en un taxi y ese día hubo otros cinco ejecutados en distintos hechos en Chilapa.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia subrayó que la determinación de enviar a 100 policías estatales más fue una decisión que tomó únicamente el gobernador, para sumarlos a los 30 que ya están activos en aquel municipio.
Reconoció que desde la semana pasada antes de la calcinación de los primero cuerpos se tenían indicios de que la violencia estaba resurgiendo, ya que el numero de homicidios dolosos de Chilapa iba en aumento.
La zona comprendida entre los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Tixtla, Zitlala y Chilapa está considerada como prioritaria por el enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas por el control de ese territorio, agregó en un comunicado.
Dijo que del primero de enero al 12 de marzo iban 35 homicidios dolosos, aunque en un recuento de lo que se ha publicado en El Sur de los crímenes en los que al parecer estuvo involucrada la delincuencia organizada, suman 45 en ese periodo, más otros tres ejecutados ayer en una base del transporte público.

Otra reunión por la seguridad de Chilapa

El 28 de diciembre de 2016 con la presencia del secretario de la defensa, general Salvador Cienfuegos se hizo la evaluación de la región de Chilapa y Zitlala para reforzar la seguridad.
En ese mismo año pero el 21 de enero fue la reunión de seguridad en el restaurante Casa Pilla, ahí estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y se determinó la construcción de un cuartel militar en Chilapa.
Ayer el comandante de la 35 Zona Militar José Francisco Terán Valle, el secretario de Seguridad Pública del Estado Pedro Almazán Cervantes, así como el responsable de la Policía del estado con destacamento en Chilapa se reunieron en la tarde en Chilapa para supervisar las tareas de seguridad.
La presidencia municipal de Chilapa, en un boletín de prensa, indica que los mandos llegaron en la tarde a esta ciudad azotada por la violencia y la inseguridad.
En la reunión, agrega el documento, el general Almazán Cervantes dio a conocer que se enviaron 100 nuevos agentes de la Policía del Estado para contener e inhibir la violencia, el general Terán Valle confirmó que 500 soldados del Ejército resguardan el municipio.
Al encuentro asistieron el alcalde priista Jesús Parra García y el segundo síndico Esteban García García.
Según la presidencia municipal, Jesús Parra “reconoció” al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores por “el apoyo en materia de seguridad” y solicitó “una mayor atención a este municipio”.
Apenas el pasado jueves el alcalde evadió responder del recrudecimiento de los hechos delictivos en el municipio.
En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dice que “los mandos policial y militar escucharon los planteamientos de las autoridades municipales con el objetivo de identificar sus necesidades en materia de seguridad, durante su estancia en Chilapa el secretario de Seguridad Pública y el Comandante de la 35 Zona Militar supervisaron también el despliegue de la Policía Estatal y militar, así como la instalación de puestos de vigilancia conjunta ubicados en puntos estratégicos de la cabecera municipal para prevenir e inhibir la comisión de delitos”.

No se negoció con nadie, sólo se ejerció la fuerza del Estado, dice Astudillo Flores

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que las autoridades fueron intermediarias en la liberación del ingeniero secuestrado de San Miguel Totolapan, Isauro de Paz Duque pero “no se negoció con nadie, sólo se ejerció la fuerza del Estado”.
Puntualizó que se debe de esperar a que las “cosas se destensen, ya dimos un paso importante que podríamos decir era un punto central, hay otras personas que merecen atención de ambas partes”.
En una entrevista en Milenio Televisión, el gobernador dijo que el gobierno del estado encabezó una operación conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal y la Policía Estatal.
“A raíz de la presión que se ejerció, yo calculo que llegaron a tener alrededor de 350 elementos, entiendo que se liberó primero al ingeniero y después liberaron a la señora”, agregó.
La conductora del noticiario, Azucena Uresti le preguntó de la custodia de la madre de El Tequilero, ya que se tenía la información de que fue entregada directamente a Policía del Estado.
“Entiendo que ella se dirigió hacia algún lugar que no es San Miguel Totolapan, salió del pueblo hacia otro lugar”, contestó.
Ante la respuesta la conductora insistió sobre quien recibió a la madre de El Tequilero, el gobernador dijo que posiblemente estuvo con un grupo de policías del estado.
Reiteró que es importante destensar el “asunto”, aunque después reconoció que no se ha solucionado del todo por lo que primero se debe de liberar a las personas retenidas antes de que él visite San Miguel Totolapan. “Yo creo que se avanzó y los que están allá en el pueblo deben serenarse, y buscar la manera de que quienes quieren secuestrar o violentar los derechos de otros podamos actuar”, agregó.
De los 19 detenidos dijo que no se tiene una investigación que confirme que tienen vínculos con el crimen organizado, por lo que la Fiscalía General del Estado tendría que investigar.
“Nosotros ejercimos presión a efecto de que se entendiera que había un problema y que se tenía que resolver, entiendo que las partes lo vieron y liberaron al ingeniero, sin pagar rescate de por medio”, señaló.
De las garantías de que no habrá represalias señaló que se debe de entender que hay una crisis, que está siendo atendida.
“Yo creo que es importante que se digan las cosas con objetividad, entiendo que se dicen cosas por supuesto hay policía del estado, no los liberaron por cosa graciosa”, agregó.
Subrayó que se intervino con la fuerza del Estado y hará todo lo necesario para que haya garantías de seguridad para los pobladores, porque primero se debe de avanzar en dar seguridad y cuando las condiciones lo permitan él acudirá.
En una segunda entrevista en Televisa, el gobernador fue cuestionado por la reportera Denisse Maerker sobre si el hecho de negociar con la banda de El Tequilero significaba debilidad de su gobierno, a lo que insistió en que no negoció nada con el grupo criminal, sino que se trató de la aplicación de la fuerza del Estado.
El gobernador dijo que está convencido de que las personas que aún se mantienen retenidas serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Aún hay 19 retenidos por la autodefensa, informa el vocero

Tras la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque quien fue secuestrado el domingo por el grupo criminal que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, fue entregada a personal de la secretaría de Seguridad Pública María Félix de Almonte Salgado.
En un comunicado de cinco párrafos se informó de la liberación y que permanecen retenidas por pobladores de la comunidad 19 personas, que en las próximas horas se determinará su libertad ya que serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
El boletín describe que luego de la liberación del ingeniero, el grupo de ciudadanos de San Miguel Totolapan entregaron a policías de la Secretaría de Seguridad Pública a la madre del líder de la banda de secuestradores.
Ante los hechos registrados en la comunidad se informó que permanecerán soldados del Ejército, policías federales, estatales y ministeriales para garantizar la seguridad en la cabecera municipal.
En el comunicado de prensa se menciona que se trasladaron a San Miguel Totolapan funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General el Estado y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, “para atender la problemática de seguridad en ese municipio”.
A las 8 de la noche en su cuenta oficial de Twitter el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que “es satisfactorio dar a conocer que el ingeniero Isauro de la Paz Duque, quien estaba secuestrado, ya se encuentra con su familia”. Seguido por otro tweet en el que informaba que también fueron liberadas las personas retenidas en San Miguel Totolaopan, con la intervención de la Fiscalía.

 

Se acordó con la autodefensa cambiar a la mamá de El Tequilero por el ingeniero, dice el gobierno

El gobierno del estado informó que el equipo negociador que envió a San Miguel Totolapan acordó, con la autodefensa que se creó en esa cabecera municipal, un intercambio entre el ingeniero levantado Isauro de Paz Duque y la madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, además de la liberación y poner a disposición de las autoridades a los retenidos por los ciudadanos armados.
En el comunicado no dice cómo se logrará que la banda de Los Tequileros libere al ingeniero, para que se pueda hacer el intercambio, o si alguna de las partes ya tiene comunicación con esa organización delincuencial.
Ayer en la mañana el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) integrado por policías federales, estatales, el Ejército y el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que fue un equipo negociador a San Miguel Totolapan y que se enviaron 220 agentes de diferentes corporaciones para una operación de búsqueda. 120 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 60 policías federales y 40 estatales.
En un boletín del gobierno del estado se informó anoche de los acuerdos entre una comisión de funcionarios y de personal de la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos (Codehum) con siete vecinos de San Miguel Totolapan.
El comunicado fue distribuido anoche a los medios de comunicación. A algunos les llegó mediante la Secretaría de Seguridad Pública, a otros por la Secretaría de Gobierno o por la oficina de comunicación del gobernador.
Según el boletín la mesa de trabajo concluyó con el acuerdo con los pobladores de San Miguel Totolapan de “liberar y poner a disposición de las autoridades correspondientes a una veintena de prsuntos integrantes del grupo delictivo Los Tequileros, ahora retenidos por autodefensas, así como a la madre de Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero”.
Agrega: “se hará un intercambio entre el ingeniero Isauro de la Paz Duque por la señora Felix de Almonte, madre del presunto delincuente apodado El Tequilero, ante esta acción los funcionarios de gobierno y policías estatales permanecerán en el lugar hasta que se concreten esos resultados”.
Agrega que trasladará a los retenidos al Ministerio Público de Arcelia, “bajo la observancia de todas las medidas de seguridad”, “respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Se informó que la reunión fue en la Secundaria Técnica No 38 de San Miguel Totolapan y que participaron el director de Gobernación del estado Jesús Vargas, el vicefiscal de Prevención Alejandro Santos, la primera visitadora de la Codehum Violeta Carolina Parra, así como siete pobladores de esa localidad de la región Tierra Caliente.
Antes al mediodía el gobierno estatal envió otro boletín en el que informó que acordó la integración de un equipo de negociación que “establezca contacto inmediato con familiares de un ingeniero reportado como desaparecido y con la autodefensa que se conformó en su búsqueda en la cabecera de San Miguel Totolapan”.
En este comunicado el gobierno estatal dice que la fuerza conjunta de 220 agentes busca que no lastimen a las personas reportadas como desaparecidas, “ni tampoco a la madre del jefe de la banda de Los Tequileros que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”.

Tiene la autodefensa de Totolapan a 18 retenidos; se armaron ante la violencia, justifica el alcalde

 

La recién formada autodefensa de San Miguel Totolapan mantuvo retenidas ayer a 18 personas incluyendo a la mamá del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, con la intención de intercambiarlas por el ingeniero secuestrado Isauro de Paz Duque, con vida, lo que se asentó como acuerdo en una mesa de negociación con representantes del gobierno del estado que acudieron al punto del conflicto para dialogar.
Ayer cerca de las 10 y media de la mañana llegaron agentes del gobierno del estado a San Miguel Totolapan para dialogar con el movimiento que se levantó en armas este lunes, y para pedirles la liberación de las 18 personas que mantienen retenidas.
Por otra parte según un informe oficial, la noche del lunes, los integrantes de las autodefensas soltaron a seis personas de las 24 que mantenían retenidas en la comandancia, a quienes acusan de nexos con la delincuencia organizada y de trabajar para el grupo criminal Los Tequileros.
Entre los retenidos acusados de vínculos con criminales está la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro y la madre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, la señora Félix de Almonte.

Los acuerdos

La mesa de negociación se canceló casi al mediodía y se retiró el grupo del gobierno una vez que escuchó las inconformidades.
La postura de la autodefensa fue clara desde el principio: no liberar a ningún otro retenido hasta que estuviera libre el ingeniero.
Cerca de las 4 de la tarde se reanudó la mesa de negociación y las demandas de la autodefensa quedaron como acuerdos: Primero que se hará el intercambio de la señora Félix de Almonte, madre de El Tequilero a cambio de la vida del ingeniero Isauro de Paz.
El resto de los retenidos serán puestos en manos del agente del Ministerio Público de Arcelia para su investigación una vez que se haga el intercambio, se respetará la integridad de cada uno y se mantendrá la policía en el lugar como refuerzo a la seguridad.
En la reunión estuvieron Jesús Vargas Vargas director general de Gobernación del Estado, Alejandro Santos González vicefiscal de Prevención, Violeta Carolina Parra Reyna primera visitadora general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, además de una comitiva de siete vecinos de San Miguel Totolapan.
La autodefensa se mantuvo armada, en la tarde hubo reportes de camionetas con civiles armados de El Tequilero muy cerca del centro y eso puso en alerta a todo el grupo que resguarda dos cuadras a la redonda de la comandancia de la policía, donde están los retenidos, pero no hubo ningún enfrentamiento.
Ayer en la reunión hubo versiones de que hay negociaciones con El Tequilero para el intercambio.

“Dónde está mi marido”; se suman al movimiento familiares de víctimas de secuestrados

La presencia militar y policiaca en la cabecera municipal es intermitente, los agentes salen y entran. El argumento es que están buscando al ingeniero en recorridos foráneos.
San Miguel Totolapan está desierto, todos los negocios están cerrados, las casas cerradas, casi no se ve gente en las calles sólo patrullajes de las autodefensas. Algunas viviendas lucen banderas blancas del mismo grupo.
A la zona están llegando personas a sumarse desde muy temprano al movimiento.
Sonia es una mujer de 30 años de edad aproximadamente, acudió con familiares a sumarse al movimiento y expresó, “quiero que me digan dónde está mi marido, lo secuestró El Tequilero”.
Informó que recientemente secuestraron a su esposo, pagó 40 mil pesos por él cuando le pedían 200 mil.
“Estoy embarazada y me hicieron subir una loma para dejar el dinero y a la fecha no sé nada de mi marido, quiero que me lo entreguen por eso estoy aquí, porque quiero que ellos me ayuden a encontrar a mi marido”, dijo la mujer mientras lloraba.

Si el gobernador no atiende San Miguel habrá un enfrentamiento, advierte el alcalde

El presidente municipal Juan Mendoza Acosta, de extracción perredista, dijo a la prensa nacional y estatal que acudió al lugar que si el gobernador Héctor Astudillo Flores no atiende San Miguel Totolapan podría haber un enfrentamiento.
“El pueblo está haciendo su deber, el pueblo se está levantando porque la gente está cansada, mi postura es que lleguemos a un diálogo y que reine la paz, a un término bueno pero que al pueblo se le haga justicia”, dijo.
También expresó que “el tema es la inseguridad, quieren paz, quieren tranquilidad, si el gobierno les garantiza eso desistirán pero además que los tequileros se entreguen”.
“Yo no me he acercado al movimiento pero la situación es así hace 15 días que se levantaron a dos contadoras de aquí, (empleadas municipales), hace ocho días mataron a un tránsito municipal, el domingo se levantan a un ingeniero, eso derramó la gota, la gente se levantó”, relató.
“Yo le pido al gobernador que mire a San Miguel Totolapan porque puede haber un enfrentamiento”.

 

Advierte Tlachinollan el riesgo de que se apruebe una ley para que el Ejército siga en las calles


El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que hay un grave riesgo de que en lugar de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal haga una ley a modo para dar facultades constitucionales al Ejército para mantenerlo en las calles en acciones de seguridad pública.
Afirmó que es evidente en las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y en la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el primero dijo que los militares no están obligados a combatir el crimen organizado y si les piden que regresen a los cuarteles lo harán.
La respuesta pública del Presidente ante los secretarios de la Defensa y la Marina fue que por lealtad las fuerzas armadas van a continuar en labores de apoyo a autoridades civiles en materia de seguridad, pese a que reconoce que la tarea corresponde a las procuradurías y secretarías de seguridad pública.
Consultado en el mitin político que encabezaron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes y activistas en la capital, a cinco años del desalojo policiaco en la Autopista del Sol en Chilpancingo, señaló que es una campaña “para impulsar una ley que entendemos está siendo cocinada entre grupos políticos, para hacer una ley a modo”.
Aseguró que hay un grave riesgo de retrocesos legales y sobre todo, peligro de que se haga lo contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que piden que sean las autoridades civiles las que se encarguen de la seguridad e investigación y no los militares.
Consideró que hacer pública esta discusión es con el fin de dar señales de que las fuerzas políticas y sectores sociales tienen que avalar la propuesta.
La discusión “comenzó con un reclamo del Ejercito, ‘ya les hicimos el trabajo, ya pusimos la cara, hubo muertos, ahora queremos ley para que nosotros podamos tener legitimidad y la fuerza y sobre todo el uso de instrumentos jurídicos para poder actuar’”.
Insistió en que la intervención del Ejército no es más que un atentado al Estado democrático, para impedir que las policías cumplan las atribuciones que les corresponden.
En el mitin en la carretera en el sitio conocido como El Parador del Marqués, cuestionó la calidad moral de las corporaciones policiacas y a los mandos del Ejército “que hacen pactos diabólicos con los grandes capos del narcotráfico”.
Afirmó que por esta relación criminal, “fracasó la política represiva del Ejército” en seguridad pública, y los militares tendrán que rendir cuentas de las ejecuciones que han perpetrado desde la guerra sucia de la década de 1970 a la fecha.
A pesar de las graves violaciones que han cometido, denunció que “ahora piden una ley a modo para poder seguir patrullando las calles, para poder tomar en sus manos la seguridad y ahora sí colocar a los ciudadanos contra el paredón, para poder reprimir y sobre todo hacer realidad estas reformas estructurales donde se le niegan los derechos básicos a los pobres”.
Recordó que esta es la lucha de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa: por los pobres, porque no haya más tragedias ni desaparecidos, por el porvenir y por la justicia.
Así los policías “comparsas” del crimen, no tienen calidad moral para encararlos, “solamente con las armas es lo único que les da la fuerza y sobre todo el valor para enfrentar a una ciudadanía combativa como estos jóvenes de las normales rurales de nuestro país”, dijo sobre los agresiones contra los normalistas en los últimos cinco años.
Consideró que la historia de la Normal “es la historia de Guerrero, de rebeldía, que no sucumbe ante la represión caciquil, es la historia de los pobres que bajaron de la Montaña y de la Costa para tomar las calles y para desnudar este poder impune”.
Como referencia mencionó el ataque del 12 de diciembre, y en particular de la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), “que dio la orden de asesinar a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, en el desalojo hace cinco años.
“Aquí -dijo en el mitin sobre la carretera-, enfrente de Liverpool la sangre de los estudiantes no podrá ser borrada nunca, por más que arranquen la cruces, la memoria seguirá viva como fuego ardiente para dar la pelea contra gobiernos impunes, ejércitos que quieren ahora la seguridad pública para seguir reprimiendo y causando terror a la población que levanta la voz”.

Exige justicia el Centro Morelos

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió justicia y alto a la criminalización de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a cinco años del asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
En un comunicado el Centro Morelos manifestó que este caso sigue en la impunidad y recordó que esa protesta de 2011 en la Autopista del Sol en la salida de la capital hacia Acapulco fue para solicitar una audiencia con Aguirre Rivero por un pliego petitorio que contenía solicitudes para mejorar la calidad de la educación, el entonces gobernador prometió recibirlos desde mayo de ese año cuando acudió a la normal.
“Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país”, detalló el escrito.
Además señaló que con el asesinato de estos normalistas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la elaboración de un juicio político del entonces procurador, Alberto López Rosas, a quien no se le fincó responsabilidad.
El boletín añadió que tres años después, en Iguala fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo, uno de ellos fue desollado y 43 más fueron desaparecidos a manos de policías municipales, donde también estuvo involucrado el Ejército y la Marina, esto motivó la renuncia de Ángel Aguirre Rivero.
El Centro Morelos acusó en el comunicado que “Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas son dos de los policías judiciales que accionaron sus armas, (son) responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder acceder a la justicia”.
Ante la impunidad, manifestó su preocupación por “la profunda crisis” de derechos humanos que se vive en el estado y en el país. Recalcó que hay una clara criminalización a la normal de Ayotzinapa, que se ha visto reflejado también en otros hechos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

 

Está paralizada la construcción del cuartel en Teloloapan y aún no llega la PF, informa el alcalde

 


El proyecto para la construcción del cuartel del 41 Batallón de Infantería del Ejército en Teloloapan, anunciado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está “paralizado” y sólo se cuenta con la donación de un terrero de 60 hectáreas donde está proyectada su construcción, informó ayer el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño.
Vía telefónica ayer en la mañana el alcalde de Teloloapan explicó que en la administración del alcalde Jesús Valladares Salgado el municipio donó el terreno de 60 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante un notario público, “ya se hizo y estamos en espera de que se puedan etiquetar recursos para que se dé la construcción del cuartel en Teloloapan”.
Dijo que ha estado pidiendo información de cuándo inicia su construcción pero le han dicho que se espera que se etiqueten recursos, aunque por el momento no hay.
Agregó que hace unos días platicó al respecto con el gobernador Héctor Astudillo Flores y éste le respondió que también insiste ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que inicie la construcción de los cuarteles de Teloloapan y de Chilapa.
Mencionó que el municipio donó 30 hectáreas de terreno y se compraron 30 más con el apoyo del gobierno del estado que aportó tres millones de pesos, y otra parte el municipio. El predio está ubicado al oriente de la cabecera municipal en la carretera Teloloapan-Apaxtla, antes de llegar a la comunidad de Acatempan.
En febrero de 2014 cuando el ex mandatario Ángel Aguirre entregó el terreno a mandos militares de la Sedena, anunció la entrega de un cheque de 10 millones de pesos para el inicio de su construcción y que se habrían dado al ex alcalde Ignacio Valladares Salgado.
Al respecto el alcalde, quien fue tesorero en la pasada administración, dijo que “no se entregó nada, hicieron la entrega simbólica de un cheque pero el recurso nunca pudo llegar a las cuentas (del municipio) porque se tenían que esperar a que la Sedena pusiera su parte. Fue un cheque que se entregó de manera simbólica por 10 millones de pesos pero nunca se hizo efectivo, hasta donde yo sé”.
El 13 de febrero de 2014 tras una sesión del Grupo Coordinación Guerrero que sesionó en Teloloapan, el ex gobernador Ángel Aguirre entregó a mandos militares el predio de 60 hectáreas en el que se construiría el 41 Batallón de Infantería, el cual daría seguridad a los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco, Cuetzala y parte de Tierra Caliente.
El lunes de la semana pasada y de la misma manera tras una sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informaron del reforzamiento de la seguridad en cinco municipios del estado, entre estos Teloloapan.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, decía el boletín del gobierno estatal.
En otro tema ante la pregunta, el alcalde Robell Urióstegui informó que hasta la tarde de ayer la Policía Federal no había llegado a Teloloapan como anunció la semana pasada el vocero de seguridad.
Dijo que el municipio estaba en calma y en espera del arribo de los agentes, “no han llegado a Teloloapan y desconocemos el motivo por el cual no han hecho acto de presencia”, pero confió que en los próximos días lo hagan.
Se le preguntó si es por la petición del gobierno de que se repliegue la comunitaria Tecampanera, y respondió que no porque quien hace la petición de que la comunitaria se repliegue es la Policía Militar.